No hace falta volver a Lorca porque Lorca siempre ha estado ahí, como un espectro, en toda la literatura española desde su asesinato hasta hoy. Quiere uno decir que la actualidad se vive como un pelotón de fusilamiento, una guerra en las pantallas, un intento de llegar al fogonazo genial que otorga la palabra escrita antes de que estalle la próxima guerra civil, en la columna diaria o semanal que uno podría hacer porque este país no te lo acabas. Federico nos entrega un mito, un arquetipo, una manera de ser, alegre, desprejuiciada y roja, entre la tragedia y la jácara que fueron, mayormente, esculpiendo la mitología conquistada del poeta maldito, ganando más gloria, si cabe, que la de otro maldito, Rimbaud, espectro perdido en la noche oscura de la sabana africana, entre la sangre y la pólvora.

Lorca anticipó la modernidad en Europa escribiendo del lado de los homosexuales, los negros y los gitanos, contra el fascismo, el capitalismo y el heteropatriarcado. La marginalidad humana, la homosexualidad y la muerte por asesinato, a los 38 años, hacen del poeta un maudit, un hombre que nunca estuvo en su sitio, un transterrado en Madrid, en Nueva York, en Granada y en todas partes. "Entre los juncos y la baja tarde/ qué raro que me llame Federico".

Toda la psicología del poeta que nos ha legado la literatura francesa principia desde Poema del cante jondo, pasando por Diván del Tamarit, Sonetos del amor oscuro o Poeta en Nueva York. Fue un hombre trágico, "de la raza de los acusados", como de sí mismo dijo Jean Cocteau. Lorca vive en el punto de mira de un fusil desde sus primeros versos. Claro que el fusilamiento de Lorca es político y conviene recordarlo siempre y, sobre todo, ahora cuando la burguesía del Madrid D.F. trata de diluir su muerte en la etérea imagen de la España bipolar, falsaria y equidistante.

No hace falta volver a Lorca porque está ahí, en Ceuta, entre la negritud y la marroquinería, entre los enfermos y las mujeres sexualmente agredidas, se hace soluble en la sangre negra de la migración, en el dolor y la alegría, en la kashba montada entre la alambrada y la playa del Trampolín. No hace falta volver a Lorca porque camina por Maspalomas, baila en Chueca y bebe por L’Example. Sigue ahí, luminoso y oscuro, como el misterio último de una vela.

Acaso su canonización, entre laica y literaria, no es sino una manera de dar por cerrado un crimen y no volver a preguntarse por los asesinos del poeta. Sería muy injusto que a Lorca se le haga justicia “poética” (que en este caso no vale) y se le envuelva después en el manto de olvido y perdón que los albaceas de la Santa Transición exigieron para los gerifaltes del pasado, llamando "pasado" a una Guerra Civil que no se termina ni tiene otro destino que ser siempre presente, ya que España vuelve a ver ondear la amenaza de la guerra en cada telediario. Y sin embargo, España continúa siendo un país estable que celebra a Lorca en cualquier momento y a cualquier hora. Y en esto, Federico es también un recuerdo inmanente que no permite la buena voluntad de olvidar aquello. Esa buena fe está llena de mala por parte de quienes salen ganando siempre con el olvido.

Afortunadamente, Lorca es mucho más. Era una enorme disonancia en aquella España de los años 20 y 30. Lorca nos da una Andalucía teórica, lírica y trágica, toda una nación opuesta al producto que venden los Quintero, los Romero de Torres y el folclorismo/casticismo de que gusta y gustaba el Madrid de los terratenientes. Lorca, para la buena burguesía, para el motor inmóvil del Madrid vigente, siempre fue un maldito que anticipó la España plural, progresista y plurinacional. Su muerte trae causa de su vida, subrayada por el crimen. Su sangre en el Barranco de Víznar es la rúbrica final del rencor y la inquietud que suele despertar el genio en los sonámbulos. Qué raro que se llame Federico.

Hace hoy 84 años, en 1942, la Irmandade Galega de Buenos Aires instauraba el 17 de agosto como el Día da Galiza Mártir. Ese mismo día, pero de 1936, hace 90, a las 5:15 de la madrugada, Alexandre Bóveda se dirigía así a su hermano: “Quise hacer el bien, trabajé por Pontevedra, por Galicia y por la República, y el equivocado juicio de los hombres —que yo perdono y todos debéis perdonar— me condena”. Pocas horas después sería asesinado por los franquistas, que cuatro días antes habían escenificado su disposición a fusilarlo en lo que presentaron como un juicio por traición. La fecha del asesinato del político y economista galleguista es conmemorada cada año y sirve no solo para recordar la figura del político galleguista, sino la de todas las personas que sufrieron la represión franquista en Galicia.

Su asesinato fue de los que los fascistas consideraban ejemplares por no acabar solo con la vida de un hombre y extender el terror desde el primer día del golpe de Estado, sino por hacerlo con un líder intelectual del galleguismo y de las ideas republicanas. Un reconocido economista, primer director de la Caixa de Aforros de Pontevedra, número uno en las oposiciones a jefe de Hacienda en el Estado, miembro de la comisión redactora del Estatuto de Autonomía, motor del Partido Galeguista y candidato de la formación en el Frente Popular en las elecciones de 1936.

“Mi patria natural es Galicia. La amo fervorosamente como puede amar un hijo a su madre. Jamás la traicionaría aunque se me concediesen siglos para vivir. La adoro hasta más allá de mi muerte. Si entiende este tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada la pena de muerte, la recibiré como un sacrificio más por mi tierra. Hice cuanto pude por Galicia y haría mucho más si pudiera. Si no puedo seguir trabajando más por ella, me gustaría morir por mi patria. Bajo su bandera deseo ser enterrado”, dijo Bóveda ante el tribunal que lo condenó en un juicio farsa, en unas palabras que se convirtieron en emblema del galleguismo. Las pronunció antes de una sentencia simulada, firmada por los golpistas el 13 de agosto para asesinarlo y que hace menos de dos años fue declarada “ilegal y nula” por el Gobierno de España.

Con la instauración de la fecha de su asesinato como el Día da Galiza Mártir se pretendió no solo recordar la figura del político galleguista, sino la de todas las personas que sufrieron la represión franquista en Galicia. Una ola de asesinatos y violencia que, solo en el primer impacto de la sublevación que acabaría con la II República, trajo consigo en el país casi 15.000 personas represaliadas, unas 4.000 de ellas asesinadas. Así lo acredita la base de datos resultado de la investigación del proyecto Nomes e Voces, el más completo al respecto en nuestro país y cuyos responsables, ahora desde el grupo de investigación Histagra de la Universidade de Santiago, siguen siendo claves en el estudio y recuperación de la memoria democrática, desde las pesquisas y exhumaciones hasta la elaboración del censo estatal de víctimas.

La fecha, pese a su cada vez mayor significación, sigue sin ser institucionalizada y oficializada por parte de la Xunta, pese a los intentos de, sobre todo, el BNG. Hace solo unas semanas, el pasado mes de junio, el Bloque llevó de nuevo a la Cámara una petición oficial para fijar y reconocer institucionalmente el día, una iniciativa que coincidió con la llegada a Pontevedra del cuadro A derradeira leición do mestre, de Castelao, símbolo de la represión franquista que el político e intelectual rianxeiro realizó en homenaje a su compañero y amigo Bóveda y a todas las víctimas de la represión franquista.

El PP rechazó la iniciativa acusando al BNG de usar la fecha “para confrontar” y apostando por “espacios de encuentro y no división”. El PSdeG, por su parte, criticó la actitud de los populares pero presentó una enmienda a la totalidad por considerar que la propuesta del Bloque partía de un “relato partidista”.

Solo una semana después, Amalia Bóveda, hija de Alexandre Bóveda, decidió no acudir, pese a la invitación, a la inauguración de la exposición dedicada al cuadro en el Museo de Pontevedra. Lo justificó, en un comunicado, por “motivos de dignidad y coherencia cívica y política”. Señaló que la cuestión no debería ser su “ausencia”, sino la presencia en la inauguración y en el Día da Galiza Mártir de quienes “niegan políticamente los derechos de las víctimas y sus familias”, poniendo el foco en la “incongruencia política” de participar en un acto así y, al mismo tiempo, negar la memoria democrática.

“Resulta de una profunda hipocresía institucional ir ante el cuadro más simbólico de nuestro exilio y represión y votar en contra de institucionalizar el 17 de agosto como el Día da Galiza Mártir”. Asimismo, considera “intolerable” el “blanqueamiento político de aquellos que hoy se autoproclaman galleguistas mientras defienden pactos y acuerdos con partidos de extrema derecha”, en referencia a los acuerdos del PP con Vox.

Aunque la institucionalización de la fecha sigue esperando, en los últimos años fue asumida por instituciones diversas, incluso algunas gobernadas por los populares, y con presencia de la propia Xunta en algún homenaje a Bóveda. Este año, como siempre, el epicentro de los actos será ante el monumento en A Caeira —Poio— que recuerda dónde fue asesinado el político galleguista, así como después en el cementerio de Santo Amaro, donde reposan sus restos.

Será un homenaje a Bóveda y a los miles de represaliados tras un golpe militar que acaba de cumplir 90 años. Solo en la primera semana desde el inicio de la sublevación contra la República, entre el 18 y el 25 de julio, Nomes e Voces pudo documentar más de un centenar de asesinatos en el país. La mayoría, víctimas de disparos en las calles de ciudades como A Coruña y Vigo, aunque también en villas de menor dimensión. En esos días, no obstante, también fueron documentadas víctimas de bombardeos en Marín o Vigo y los primeros asesinatos sistemáticos, las primeras ejecuciones “en aplicación del bando de guerra” en A Coruña o Pontedeume. También comenzaron enseguida los primeros paseos, los asesinatos de paramilitares afines a los golpistas previo secuestro de las víctimas en sus casas o lugares de trabajo.

Atendiendo solo a la documentación de Nomes e Voces, a finales de julio las personas asesinadas en Galicia ya superaban las 150. A finales de agosto, mes en el que se generalizaron los paseos, ya eran más de 700. En aquel mes también aumentaron las ejecuciones tras juicios simulados en los que las víctimas eran acusadas, precisamente, de los delitos que habían cometido los sublevados, tales como rebelión militar. Fue este el caso de Alexandre Bóveda —Alejandro Bóveda en la base de datos por ser una transcripción de los registros de la época—, asesinado aquel 17 de agosto tras el juicio escenificado para calificarlo como culpable de “traición”.

Cuando finalizó 1936, las personas asesinadas por los golpistas en Galicia entre ejecuciones, paseos y muertes formalmente por otras causas ya superaban las 2.000. Al terminar 1937 eran unas 700 más. Los últimos asesinatos documentados están datados una década después, en 1947, en un contexto en el que, no obstante, la represión fue mucho más extensa y tuvo muchas más formas que las de la muerte.

Nomes e Voces acreditó cómo las erigidas como nuevas autoridades encarcelaron solo en Galicia a más de 4.000 personas con diferentes pretextos tras los correspondientes procesos judiciales simulados, por los que pasaron otras 4.000 personas más. Más allá de los procedimientos judiciales, las investigaciones acreditaron más de medio millar de personas víctimas de sanciones de diverso tipo por razones políticas, desde la pérdida del empleo público, inhabilitaciones o destierros hasta cierres e incautaciones de negocios y bienes o importantes multas económicas.

Las diversas acciones a favor de la memoria democrática, tanto estatales como privadas, buscan precisamente seguir arrojando luz sobre aquellos sucesos que documentó de manera pionera Nomes e Voces. En esa estela se encuadrará también desde el próximo otoño un nuevo proyecto de la Fundación Praza Pública, editora de Praza.gal, inmersa ahora en la producción del podcast Falamos de memoria, una producción multimedia que, apoyada por el comisionado especial España en Libertad. 50 años, dependiente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, buscará acercar al público gallego, especialmente a las generaciones más jóvenes, a lugares cotidianos en los que sucedieron algunos de estos hechos de los que ahora se cumplen 90 años.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración como Lugar de Memoria Democrática del pazo de Meirás, un edificio construido a finales del siglo XIX en Sada (A Coruña) que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco.

La resolución, tramitada conforme a la Ley de Memoria de Democrática, destaca que Meirás, también conocido como 'Torres de Meirás', constituye "uno de los espacios más significativos" para comprender la historia contemporánea de Galicia y de España.

La publicación oficial recuerda que la dictadura franquista convirtió este inmueble, que mandó construir Emilia Pardo Bazán y donde escribió parte de su obra, "en uno de sus principales símbolos de poder" de la dictadura.

Según el BOE, fue un "lugar esencial" para la memoria democrática durante la Guerra Civil. Así, recuerda que en marzo de 1938 se creó la 'Junta Pro-Pazo del Caudillo' para comprar este inmueble y entregárselo a Franco.

La compra, que se formalizó el 3 de agosto de 1938, se financió mediante aportaciones forzosas de ayuntamientos, funcionarios y particulares. Además, los terrenos se ampliaron mediante expropiaciones realizadas sobre propiedades vecinas.

El inmueble se le entregó a Franco en diciembre de 1938. En 1941 se simuló una escritura de compraventa para poder registrar el pazo a su nombre pero décadas después los tribunales declararon esta operación fraudulenta, tras acreditar que la Junta ya había adquirido la propiedad y se la había donado como jefe de Estado.

El pazo de Meirás funcionó entre 1938 y 1975 como residencia oficial de verano del jefe del Estado y como uno de los principales escenarios del poder franquista. En sus dependencias se celebraron consejos de ministros, audiencias oficiales, recepciones diplomáticas y reuniones políticas de relevancia.

Como residencia oficial, el inmueble fue utilizado por la propaganda del régimen para proyectar la imagen pública del dictador y escenificar la adhesión popular al franquismo.

El pazo se convirtió así en "uno de los espacios más representativos del ejercicio del poder durante la dictadura", concluye el BOE.

En una nota informativa, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señala que la declaración establece que cualquier uso del inmueble deberá ser compatible con la preservación de la memoria, la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento y la reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación.

La resolución reconoce asimismo la relevancia de Emilia Pardo Bazán como figura esencial de la literatura española y pionera en la reivindicación de los derechos de las mujeres, otorgando a Meirás una dimensión vinculada a la historia de la creación literaria femenina y al avance hacia la igualdad.

Indica además que el Estado impulsará en este lugar recursos audiovisuales y digitales explicativos, promoverá la instalación de placas, paneles o distintivos memoriales interpretativos y desarrollará mecanismos institucionales para integrar Meirás en circuitos internacionales relacionados con experiencias de construcción de memoria democrática.

En Madrid, las noches de agosto de hace 90 años no eran tan diferentes como las de ahora. En aquel entonces, los madrileños enfrentaban los desafíos de la canícula cómo podían. Las humildes casas de la clase obrera retenían el calor durante el día, así que por la noche era difícil conciliar el sueño. En una sociedad en la que apenas había ventiladores, y que tampoco gozaba de las ventajas del aire acondicionado, una de las pocas soluciones era resignarse a dormir tarde y pasar las primeras horas de la noche en los balcones, en los grandes establecimientos abiertos y en la calle, a la fresca.

Sin embargo, el verano de 1936 iba a ser diferente: la guerra civil acabó súbitamente con esta costumbre. Las tropas sublevadas avanzaban de forma imparable hacia Madrid, confiando en que la conquista de la capital de la República facilitaría su victoria. A principios de agosto de 1936, esta creciente amenaza empezó a hacerse visible en las esporádicas expediciones de aviones enemigos volando sobre la ciudad. En estos primeros tiempos de la guerra área, eran los propios pilotos quienes lanzaban pequeñas bombas desde la cabina. Los primeros objetivos fueron los aeródromos de Cuatro Vientos, de Getafe y de Barajas: la intención era desbaratar las posibilidades de contrataque aéreo en la gran batalla que se avecinaba.

Durante el día, estos aviones eran perseguidos por los cazas republicanos; por la noche, sin embargo, la ciudad estaba desamparada. Se tuvo que organizar la defensa civil empezando por lo básico: grupos de personas pintaron de azul las farolas, el Ayuntamiento restringió la circulación del transporte público y los vehículos privados, dejando el metro abierto para que sus estaciones pudieran ejercer de refugio. Y los grupos de personas que disfrutaban de la tregua que daba el calor veraniego por las noches en los balcones, los bares y las plazas, tuvieron que dispersarse y volver al sofocante calor del interior de los edificios. "Madrid es hoy un espectro del pasado. Las calles solo están alumbradas por algunos faroles de gas, cuyos fanales han sido pintados en colores oscuros", señaló María Guijarro, testigo de los hechos.

La prensa de la época fanfarroneaba con que las incursiones de estos aparatos, que entonces volaban sobre la ciudad individualmente o en parejas, apenas inquietaban a los madrileños. Muchos de ellos apodaron a estos aviones "el churrero", porque aparecían al final de la madrugada, cuando la oscuridad aún les protegía de los cazas, pero sus objetivos empezaban a distinguirse mejor. Sin embargo, la serenidad estaba lejos de reinar. Durante estas primeras incursiones, grupos de milicianos subían a las azoteas para disparar con sus armas a los aviones: una estrategia completamente ineficaz y que sembraba el pánico entre la población al unir al estruendo de los motores enemigos y la explosión de las bombas el eco de múltiples disparos al aire. Las sirenas, que en estos primeros momentos recorrían las calles desde los camiones de bomberos y motocicletas de las fuerzas de seguridad, empezaron a interrumpir el descanso de unos ciudadanos que, presas del pánico, corrían a refugiarse en sótanos de edificios o en las propias estaciones de metro.

Y es que, precisamente, sembrar el miedo y hacer decaer la moral eran el principal objetivo del enemigo. El día 25 de agosto, los aviones sublevados lanzaron sobre Madrid unas amenazadoras proclamas:

“Se ha dado principio ya a las operaciones aéreas precursoras de la ocupación de Madrid, que se hará en fecha muy próxima. Si se persiste en una suicida terquedad, si los madrileños no obligan al Gobierno y a los jefes marxistas a rendir la capital sin condiciones, declinamos toda responsabilidad por los graves daños que nos veremos obligados a hacer para dominar por la fuerza esa resistencia suicida. Saber madrileños que cuanto mayor sea el obstáculo más duro será, por nuestra parte, el castigo".

Dicho y hecho. La noche del 27 al 28 de agosto un Junker 52, un avión que podía lanzar bombas de hasta 500 kilos y que había sido entregado al ejército rebelde por los alemanes, atacó la ciudad entre el Palacio de Buenavista y la estación de tren de Príncipe Pío, dejando un reguero de muerte y destrucción a su paso.

Mientras el ejército de Franco se acercaba a Talavera de la Reina, estos bombardeos nocturnos se repitieron. Los aviones ya no aparecían en solitario, y las bombas que lanzaban eran cada vez más pesadas. Las víctimas empezaron a multiplicarse. Muy pronto, con la llegada del otoño, Madrid iba a convertirse en la primera gran ciudad europea bombardeada sistemáticamente, un banco de pruebas en el que ensayar una nueva forma de guerra que aterrorizaría a sus habitantes, destruiría sus edificios y se convertiría en una amenaza de lo que estaba por venir en la Segunda Guerra Mundial.

*Ainhoa Campos Posada es graduada y máster en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid.

En algún lugar de España, una mujer sostiene entre las manos una pequeña caja con unos restos óseos. Son los de su abuelo. Nunca llegó a conocerlo. Nació varias décadas después de que aquel hombre fuera asesinado durante la Guerra Civil o la represión franquista. Sin embargo, llora. Lo hace con la intensidad con la que se despide de alguien cuya ausencia ha estado siempre presente en su vida.

La escena se ha repetido cientos de veces durante las últimas dos décadas. Las imágenes de las exhumaciones han pasado a formar parte del paisaje público de la democracia española. Hemos visto arqueólogos abrir fosas comunes, antropólogos identificar esqueletos y familias recuperar, por fin, los restos de sus seres queridos. Habitualmente interpretamos esos momentos desde la historia, la política o los derechos humanos. Hablamos de verdad, justicia, reparación o memoria democrática. Todo ello es cierto. Pero quizá hemos pasado por alto una pregunta mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más profunda.

¿Por qué una persona puede sufrir por una pérdida ocurrida casi 90 años antes de su nacimiento? ¿Cómo es posible que una guerra siga dejando una huella emocional en quienes nunca la vivieron? ¿Qué ocurre psicológicamente cuando una familia permanece durante generaciones sin saber dónde está un padre, un abuelo o un hermano, sin haber podido celebrar un funeral, despedirse o simplemente colocar un nombre sobre una tumba?

Sorprendentemente, la historiografía española apenas había abordado estas cuestiones desde una perspectiva empírica. Durante décadas hemos reconstruido con enorme precisión la violencia de la Guerra Civil: conocemos los mecanismos de la represión, la lógica de las desapariciones forzadas, el funcionamiento de los consejos de guerra, la dimensión de las fosas comunes y las políticas de memoria desarrolladas desde la democracia. Sin embargo, sabemos mucho menos sobre las consecuencias psicológicas que esa violencia produjo en las familias y, sobre todo, sobre la forma en que esas consecuencias pudieron proyectarse sobre las generaciones posteriores.

Durante los últimos años hemos intentado responder a esa pregunta combinando dos disciplinas que rara vez habían dialogado de manera sistemática en el caso español: la Historia y la Psicología. El resultado no consiste únicamente en una nueva interpretación del pasado. También propone una forma distinta de estudiar las guerras. Porque los conflictos no terminan necesariamente cuando cesan los combates. En ocasiones, continúan viviendo en las emociones, los silencios y las relaciones familiares de quienes nacieron mucho después de que desaparecieran los últimos disparos.

Lo que hemos encontrado obliga a ampliar nuestra mirada sobre la Guerra Civil española. No se trata solo de comprender cómo se ejerció la violencia o cómo se construyó la memoria de aquel conflicto. Se trata también de preguntarnos si es posible medir científicamente la herencia humana de una guerra. Nuestros resultados sugieren que sí. Y que hacerlo no solo cambia la forma de interpretar el pasado, sino también el papel que una democracia puede desempeñar en la reparación de sus consecuencias más profundas.

En otros escenarios marcados por la violencia política esta línea de investigación lleva décadas desarrollándose. Los estudios sobre supervivientes del Holocausto, las dictaduras del Cono Sur, los Balcanes o Ruanda han mostrado que determinados acontecimientos traumáticos pueden proyectar sus efectos durante mucho más tiempo del que tradicionalmente imaginamos. No únicamente porque quienes los vivieron conserven secuelas psicológicas, sino porque esas experiencias transforman la vida familiar, las relaciones afectivas, las formas de educar, los silencios y las narrativas que se transmiten entre generaciones. La pérdida deja entonces de ser únicamente un hecho histórico para convertirse en una experiencia que continúa organizando la vida cotidiana mucho después de que desaparezcan sus protagonistas.

En España, sin embargo, esta dimensión permanecía prácticamente inexplorada desde una perspectiva empírica. La mayor parte de las investigaciones sobre memoria se han ocupado de los discursos públicos, las políticas memoriales, las asociaciones de familiares o los procesos de exhumación. Han sido trabajos imprescindibles para comprender cómo una sociedad recuerda su pasado. Pero recordar y elaborar psicológicamente una pérdida son procesos diferentes. La memoria pertenece al ámbito colectivo, político y cultural. El duelo pertenece, ante todo, al ámbito de la experiencia humana, aunque inevitablemente se vea condicionado por el contexto social e histórico.

Esta diferencia resulta fundamental. Una sociedad puede reconocer oficialmente a las víctimas y, al mismo tiempo, muchas familias pueden continuar viviendo un duelo inacabado. Del mismo modo, una familia puede mantener viva la memoria de un desaparecido durante décadas y seguir experimentando una profunda incertidumbre derivada de no saber dónde está enterrado, de no haber podido despedirse o de no haber contado nunca con un espacio social donde expresar ese dolor. La literatura psicológica denomina a esta situación pérdida ambigua o duelo desautorizado, conceptos que describen precisamente aquellos procesos en los que la ausencia permanece abierta porque nunca llegó a existir una confirmación, un ritual o un reconocimiento suficiente para integrar la pérdida en la propia biografía.

Con esa idea comenzamos nuestra investigación. Nos preguntamos si era posible estudiar la Guerra Civil desde un lugar diferente. No únicamente analizando la violencia que produjo, sino observando las huellas psicológicas que esa violencia ha dejado en quienes la heredaron. Para ello reunimos una muestra de familiares de víctimas pertenecientes a distintas generaciones y analizamos de forma conjunta variables relacionadas con el duelo, el estrés postraumático, las estrategias de afrontamiento, el estrés percibido y la recuperación de los restos humanos. Nuestro objetivo no era demostrar una hipótesis política ni confirmar un relato previo. Era responder, mediante herramientas procedentes de la psicología científica, a una pregunta histórica que apenas había comenzado a formularse: ¿qué ocurre cuando un duelo permanece interrumpido durante casi un siglo?

Hasta este punto solo habíamos planteado una pregunta: ¿puede una guerra seguir produciendo consecuencias psicológicas casi 90 años después de haber terminado? La respuesta que ofrecen nuestros datos es afirmativa. Pero no en el sentido más intuitivo. No estamos hablando únicamente de personas que sobrevivieron al conflicto o padecieron directamente la represión franquista. Hablamos, sobre todo, de hijos y nietos. Personas nacidas en democracia que nunca escucharon un disparo, que no conocieron a los familiares cuya ausencia marcó la historia de su casa y que, sin embargo, continúan organizando parte de su experiencia emocional alrededor de aquella pérdida.

Este hallazgo obliga a matizar una idea muy extendida. A menudo se afirma que "el tiempo lo cura todo". Sin embargo, desde la psicología sabemos que el tiempo, por sí solo, no constituye un agente terapéutico. Lo que permite elaborar un duelo es la posibilidad de aceptar la pérdida, dotarla de sentido e integrarla en la propia biografía. Cuando ese proceso queda interrumpido, la herida no desaparece simplemente porque transcurran las décadas. Puede permanecer latente, reorganizarse y expresarse de formas diferentes a medida que cambian las generaciones. Eso fue precisamente lo que observamos.

Las familias de las víctimas de la Guerra Civil española no solo perdieron a una persona. En miles de casos también perdieron la posibilidad de despedirse. Muchos nunca recibieron una confirmación oficial de la muerte, nunca recuperaron el cuerpo y nunca pudieron celebrar un funeral o disponer de un lugar donde recordar a su familiar. Esa ausencia convirtió la pérdida en una experiencia permanentemente abierta. La literatura internacional define esta situación como pérdida ambigua, una forma de duelo especialmente compleja porque la incertidumbre impide cerrar el proceso emocional. En España, además, esa situación se vio agravada por décadas de silencio, miedo y ausencia de reconocimiento público, configurando lo que diversos autores denominan un duelo desautorizado, es decir, un duelo que no encontraba legitimidad social para expresarse.

Lo más llamativo es que esa experiencia no desaparece necesariamente con quienes la vivieron. Durante mucho tiempo, la idea de una transmisión intergeneracional del trauma permaneció ligada al ámbito del psicoanálisis o a estudios desarrollados tras el Holocausto y otras experiencias de violencia extrema. En el caso español apenas existían evidencias empíricas. Nuestros resultados aportan precisamente esa evidencia. No porque demuestren que el trauma se transmite de forma biológica o inevitable, sino porque muestran que las consecuencias de una pérdida no elaborada pueden proyectarse sobre las siguientes generaciones a través de los vínculos familiares, las narrativas compartidas, los silencios y las formas cotidianas de relacionarse con el pasado.

Conviene insistir en esta idea porque suele simplificarse con facilidad. Los nietos no "heredan la guerra". Lo que heredan es una determinada manera de convivir con una ausencia que nunca pudo integrarse plenamente en la historia familiar. Crecen escuchando relatos fragmentarios o, en ocasiones, sin escuchar ninguno. Perciben emociones difíciles de nombrar, observan silencios persistentes alrededor de determinadas personas o acontecimientos y participan en rituales familiares que mantienen viva una ausencia cuyo origen pertenece a otra época. Como señalan diversos estudios sobre transmisión familiar del trauma, los hijos y nietos no reciben únicamente información sobre el pasado; también aprenden modos de sentirlo y de interpretarlo.

Esta constatación cambia también nuestra forma de entender las exhumaciones. Frecuentemente se ha preguntado por qué son precisamente los nietos quienes lideran la búsqueda de muchos desaparecidos. Desde una perspectiva exclusivamente cronológica podría parecer paradójico. Ellos no conocieron a quienes buscan. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica el fenómeno resulta mucho más comprensible. No intentan reconstruir únicamente un episodio histórico. Intentan resolver una ausencia que ha condicionado la vida emocional de su propia familia durante décadas.

Otro de nuestros resultados cuestiona una imagen igualmente simplificadora: la idea de que todas las familias reaccionan del mismo modo ante una pérdida traumática. No ocurre así. Las estrategias para afrontar el duelo son extraordinariamente diversas y dependen del contexto, del grado de parentesco, de la comunicación familiar y de las oportunidades de reconocimiento social. Mientras algunas familias mantuvieron viva la memoria mediante asociaciones, homenajes o la búsqueda activa de los restos, otras optaron por el silencio como mecanismo de protección o supervivencia. Ninguna de estas respuestas puede entenderse como universal. Todas forman parte de las múltiples formas en que las personas intentan adaptarse a una pérdida que nunca llegó a resolverse plenamente. Nuestros análisis sobre las estrategias de afrontamiento muestran precisamente esa diversidad de respuestas frente a una misma experiencia traumática.

Quizá el resultado más novedoso de nuestra investigación aparece cuando dejamos de observar cada síntoma de manera aislada y analizamos cómo se relacionan entre sí. Tradicionalmente, la psicología ha tendido a estudiar el duelo, el estrés o los síntomas postraumáticos como fenómenos independientes. Sin embargo, el análisis de redes empleado en nuestro estudio permite observar algo distinto: el sufrimiento psicológico funciona como un sistema interconectado. Las emociones no aparecen de forma aislada; se alimentan mutuamente y forman una estructura dinámica en la que cada elemento influye sobre los demás.

Esta forma de comprender el trauma tiene importantes implicaciones. Si el sufrimiento constituye una red de relaciones emocionales, cualquier acontecimiento que modifique uno de sus elementos principales puede transformar también el conjunto de la experiencia psicológica. Esa observación nos condujo hacia la última gran pregunta de nuestra investigación: ¿qué ocurre cuando una familia consigue, por fin, recuperar los restos de su ser querido?

Ese interrogante nos llevó al hallazgo que, probablemente, resulta más innovador de todo nuestro trabajo. Porque las exhumaciones no solo recuperan cuerpos. También parecen transformar la manera en que las personas organizan emocionalmente una pérdida que llevaba décadas suspendida. Ese cambio no elimina el dolor. Pero sí modifica profundamente la forma en que ese dolor se experimenta y adquiere significado. Y esa transformación, como veremos, permite comprender las exhumaciones desde una dimensión que hasta ahora apenas había sido explorada: la de la salud mental.

No se trata de afirmar que una exhumación borre el sufrimiento acumulado durante décadas. Ninguna investigación seria podría sostener algo semejante. El dolor por la pérdida de un padre, una madre o un abuelo asesinado nunca desaparece completamente. Lo que muestran nuestros datos es algo distinto y, quizá, más importante. Cuando una familia recupera los restos de su ser querido, identifica un lugar donde descansar, celebra un funeral o encuentra un espacio de reconocimiento social, no solo recupera una parte de su historia. El duelo deja de construirse alrededor de la incertidumbre para empezar a construirse alrededor del recuerdo. La ausencia deja de definirse por una pregunta sin respuesta y puede comenzar a integrarse en una narrativa familiar donde, por fin, existe una despedida.

Este hallazgo invita también a reconsiderar el significado de las políticas de memoria. Con frecuencia se presentan como instrumentos destinados exclusivamente a esclarecer el pasado o a reparar una injusticia histórica. Todo ello sigue siendo cierto. Pero la evidencia que hoy empezamos a reunir indica que también pueden desempeñar una función menos visible y profundamente humana: contribuir a que familias enteras completen procesos de duelo interrumpidos durante generaciones. Desde esta perspectiva, la memoria democrática deja de ser únicamente una cuestión de archivos, monumentos o legislación. Se convierte también en una forma de cuidar las consecuencias que la violencia sigue proyectando sobre el presente.

Hoy disponemos de herramientas que permiten aproximarnos a esa dimensión con el mismo rigor con el que estudiamos otras consecuencias de la guerra. No para sustituir la historia por la psicología, sino para hacer dialogar ambas disciplinas y comprender mejor un fenómeno que ninguna de ellas puede explicar por separado. Porque las guerras terminan cuando cesa la violencia, pero sus consecuencias humanas pueden prolongarse mucho más allá de la vida de quienes las combatieron.

Durante años pensamos que las exhumaciones recuperaban únicamente cuerpos, nombres e historias. Hoy sabemos que pueden devolver también algo mucho más difícil de cuantificar: la posibilidad de concluir un duelo interrumpido durante tres generaciones. Comprender esa dimensión no modifica únicamente nuestra forma de interpretar la Guerra Civil española. Nos obliga también a replantear qué significa reparar el pasado en una democracia. Tal vez la reparación no consista solo en hacer justicia a quienes murieron, sino también en ofrecer a quienes viven la oportunidad de transformar el silencio en conocimiento, la incertidumbre en memoria y la ausencia en una despedida posible.

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Raquel Martín-Ríos forma parte del departamento de Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos.

Francisco J. Leira-Castiñeira forma parte del departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid.

El 30 de enero de 1937, mientras las tropas franquistas lanzaban su enésima descarga de artillería sobre Madrid y las tropas italianas del fascista Mussolini bosquejaban el asedio de Málaga, el Ministerio de Instrucción Pública (MIP) del Gobierno republicano se armaba para combatir en otro de sus frentes más urgentes: la lucha contra el analfabetismo. 

Ese mismo día, el ministerio dirigido por el comunista Jesús Hernández Tomás dio la orden de crear las Milicias de la Cultura. Formadas por intelectuales, profesores y estudiantes voluntarios, estas milicias tenían por misión instruir a las filas republicanas entre los estruendos de los cañones y los silbidos de las balas. 

Un auténtico cuerpo militar docente cuyo objetivo no era conquistar ni defender ninguna plaza, sino dotar al combatiente de una herramienta de emancipación personal y social que sigue siendo básica hoy, 90 años después del estallido del conflicto: la educación.

No era una cuestión baladí: la enseñanza pública fue uno de los caballos de batalla de los gobiernos republicanos desde 1931. Para 1936, antes del estallido del conflicto, el índice de analfabetismo en España ascendía al 28%, un dato especialmente alto en comparación con los demás países europeos, según recoge el historiador Juan Manuel Fernández Soria.

En el frente, las cifras era más alarmantes. La extracción mayoritariamente campesina de las filas del Ejército Popular provocaba que, en algunas unidades militares, el analfabetismo alcanzara el 80%. Específicamente, en el frente del Centro, se calculaba que el 60% de los combatientes eran analfabetos. 

Esta fue la realidad que motivó la creación de las Milicias de la Cultura, que nació como una iniciativa dentro del Quinto Regimiento, pero se extendió a todo el Ejército Popular. Se estima que más de 2.200 milicianos batallaron contra el analfabetismo entre febrero de 1937 y abril de 1939.

Entre ellos, destacados artistas e intelectuales como el poeta Miguel Hernández, que lanzó sus versos entre las trincheras como comisario de cultura en el frente. Otros escritores, dramaturgos y poetas como José Herrera Petere, María Teresa León y Rafael Dieste fueron cruciales en la labor cultural de estas milicias.

Así, mientras los obreros abastecían de armas y municiones a los soldados y el campesinado alimentaba su cuerpo; las Milicias de la Cultura alimentaban su mente. Organizados como un cuerpo militar y bajo la supervisión de los comisarios políticos del Ejército Popular, las Milicias tenían su propia jerarquía. 

Sin embargo, el principal cometido de este cuerpo era enseñar a leer y escribir a los soldados, además de impartir otras lecciones básicas de matemáticas, geografía e historia.

No obstante, su labor no se reducía a la docencia. Las milicias organizaron y administraron bibliotecas en cuarteles, hospitales y en el mismo frente. En sus dos años de actividad crearon unas 1.000 bibliotecas, nutridas a menudo de donaciones privadas e incautaciones. Del mismo modo, organizaban conferencias, sesiones de cine, teatro, recitales poéticos y audiciones de música para el entretenimiento y formación de la tropa. Además, muchos de los milicianos culturales compartían la vida y los riesgos de las trincheras con los soldados. Como los ruiseñores de Miguel Hernández, cantaban entre los fusiles y en medio de las batallas.

Su acción en la retaguardia fue prácticamente igual de intensa. A través de las Brigadas Volantes, creadas en septiembre de 1937, extendieron la alfabetización a las zonas rurales más necesitadas que estaban bajo el paraguas del Gobierno republicano.

El impacto fue notorio: diversas fuentes estiman que entre 75.000 y 105.500 combatientes fueron alfabetizados por las Milicias de la Cultura. En la retaguardia, esta y otras iniciativas lograron que más de 300.000 adultos aprendieran a leer y escribir. 

El cartelismo artístico fue una de las más destacadas funciones de las Milicias de la Cultura. Más allá de la función pedagógica e informativa, los carteles se alineaban con la movilización ideológica y el fortalecimiento de la moral combatiente. 

Son célebres los carteles con proclamas como: “La cultura es un arma más para combatir al fascismo”, “Las milicias de la cultura luchan en el frente con sus libros y un fusil”, “Guerra al analfabetismo”, o “El que sabe leer puede ser mejor soldado”. El libro y el fusil copaban una simbología que pretendía equiparar la lucha contra el fascismo con la lucha contra la ignorancia y la defensa del conocimiento y la cultura.

Para ello, las milicias contaban con una sección de prensa y propaganda, coordinada con el ministerio del ramo. Además, publicaban un órgano oficial cuyo título manifestaba sin rodeos su razón de ser: Armas y Letras. Al estilo de los pasquines y los periódicos murales soviéticos, los milicianos confeccionaban los diarios desde los cuarteles y las fábricas.

Otra particular vía de difusión del arte y la cultura fueron los sellos de ayuda. Emitidos para recaudar fondos, lucían imágenes propagandísticas de soldados leyendo o de figuras literarias históricas, como Miguel de Cervantes.

Las Milicias de la Cultura fueron una de las últimas iniciativas educativas que pusieron en marcha los sucesivos gobiernos de la Segunda República. La universalidad de la enseñanza pública fue una de las banderas del efímero régimen, que batalló contra instituciones como la Iglesia para llevar a cabo su proyecto. Esta educación de guerra fue el último de los esfuerzos de los dirigentes republicanos por mitigar el analfabetismo entre la población española más vulnerable, aunque en el menos favorable de los contextos.

Historiadores como Juan Manuel Fernández Soria cifran en 200.000 soldados los que recibieron clases de los milicianos de la cultura. Además, crearon más de 150.000 materiales didácticos para acercar la cultura al frente, a la tropa, y alejar la actividad intelectual de los círculos elitistas. 

El final de la guerra trajo consigo el final de la labor de las Milicias de la Cultura, cuyas noticias desaparecen a partir de agosto de 1938. La represión franquista, la depuración del cuerpo docente y el exilio hicieron el resto. Para 1940, España seguía anclada en un índice de analfabetismo cercano al 30%. 

Nueve décadas después, la huella de las Milicias de la Cultura permanece indeleble en la memoria colectiva. Sus carteles trasladan al espectador a una época en la que la educación tenía tanto o más valor que las balas en la lucha por la justicia social y la emancipación de la clase trabajadora. 

La II República española sufrió, el 18 de julio de 1936, el golpe de los conspiradores al mando de un grupo de generales que se sublevaron en armas, traicionado a España, su patria, y al Estado que juraron o prometieron proteger y defender. Lo traicionaron sin contemplaciones ni reparos. Los antidemócratas españoles, sin conciencia patriótica ni moral, se levantaron ilegalmente contra la II República.

Sembraron la mentira, el odio y el rencor contra la democracia republicana desde aquel 14 de abril de 1931, simplemente porque el pueblo español proclamó pacíficamente la II República. Continuaron conspirando durante los trabajos para la aprobación de la Constitución republicana, progresista, humanista y laica, así como contra la reforma agrícola, tan necesaria y urgente para el campo español.

La intolerancia, el fascismo de las derechas y la jerarquía eclesiástica, doctrinaria e inhumana, no querían perder sus privilegios económicos particulares ni, mucho menos, el control y el poder del crucifijo clavado en las paredes de las escuelas públicas como guardián de las esencias de la intolerancia irracional católica. Se erigían dueños de los pecados, desde el cinismo y la hipocresía de un discurso político que imponían bajo la intolerancia del catecismo, que ni ellos se creían. No aceptaron la democracia ni la respetaron y no dejaron de conspirar desde los púlpitos contra los diferentes gobiernos de la República para ir minando la democracia y explotarla de forma controlada, como hicieron los cabecillas del alzamiento con armas y sin respeto por la división de poderes del Estado, para imponer su sinrazón y el temor a quienes no obedecieran a aquellos hombres de negro con sotana, que infundían miedo con su presencia y su comportamiento marcial y castrense.

Los antipatriotas, cómplices, compinches y oportunistas no dejaron de sembrar el odio, mintiendo contra el progreso y contra la mejor España. Durante cinco años de democracia, las mejores reglas plurales, diversas y democráticas fueron ninguneadas y mancilladas para imponer la dictadura caudillista y el nacionalcatolicismo. Buscaron el dominio y el sometimiento desde la mala educación para hacerle frente, con el catecismo y la mentira eterna, a la buena educación pública de la II República, que, desde La Institución Libre de Enseñanza, aplicó una experiencia y programa pedagógico avanzado y apostó por la educación razonada en la escuela pública. Su labor se desarrolló por toda España durante más de medio siglo, entre 1876 y 1939. Ahí terminó.

La II República fue un sueño breve, pero intenso, repleto de pluralidad, diversidad y modernidad para salir del pozo de la dictadura de Primo de Ribera. Quienes negaban a las españolas y españoles la democracia se unieron en la conspiración del fascismo y nacismo contra la II República española: la banca, la nobleza terrateniente, los grandes propietarios, el capitalismo salvaje y la jerarquía católica —los obispos, cardenales y arzobispos—, que bendijeron y apoyaron el horror de la Guerra Civil que iniciaron los rebeldes golpistas. Fue bautizada por el cardenal Isidro Gomá y Tomás como una cruzada para matar y asesinar en nombre del dios católico, con los bombardeos de los aviones de la Italia fascista de Mussolini y de la Alemania nazi, que Francisco Franco autorizó y aplaudió mientras asesinaban con bombas a inocentes e indefensos españoles y españolas en Guernica y Durango.

El 1 de abril de 1939 proclamaron el inicio del exterminio y de una limpieza programada por el vengativo caudillo, mediocre e inculto, que, bajo palio de la Iglesia católica, difundió su política fascista desde todos los templos. Así dio comienzo el terrorismo franquista, eliminando a quienes no pensaban como ellas y ellos. Esa fue la solución inhumana que trajo el régimen fascista español de Francisco Franco y sus acólitos, que machacaron a diario a las españolas y los españoles, matándolos y robándoles su identidad, su personalidad, sus bienes muebles e inmuebles, su libertad y su democracia. Impusieron por la fuerza de las armas la obediencia debida y el silencio, dejando mudos, sordos y ciegos a todo un pueblo, el español, bajo la amenaza permanente de las armas y del crucifijo de los hombres de mala fe y de las mujeres con hábito, casadas con el dios católico. Se impusieron la delación, el odio, la venganza y el rencor. Toda esta "mala fe" fue garantizada por los jueces al servicio de Franco, de su dictadura y del régimen militar que sometió a España sin piedad, sin humanidad y de forma salvaje.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

La tarde del 17 de julio de 1936, a las 17:00 horas, tal y como estaba previsto, comenzó la sublevación en las principales guarniciones del Protectorado Español de Marruecos. Sin embargo, la segunda parte del plan, que contaba con el apoyo de la Armada para iniciar el traspaso de las tropas del Ejército de África a la península, no llegó a ejecutarse. La mayor parte de las unidades navales se mantuvieron bajo control gubernamental. El Gobierno ordenó bloquear los puertos de los rebeldes sin provocar incidentes internacionales con los barcos italianos y alemanes, una acción fundamental de la flota republicana, que puso en jaque la logística de los sublevados.

No solo estaba en juego asegurar la cabeza de puente del golpe, la bahía de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Huelva, sino iniciar el avance hacia Madrid, la tercera parte del plan. Las tropas mejor pertrechadas y más experimentadas de todo el ejército seguían esperando cruzar a la península. Para ello, se puso en marcha el primer puente aéreo de la historia entre Tetuán, Algeciras y Jerez de la Frontera, que en diez días y con 102 vuelos permitió pasar 2.300 soldados (dos banderas de la Legión y tres tabores de regulares, las tropas marroquíes) en siete aviones bastante antiguos que hicieron su último servicio.

El siguiente paso fue diplomático. Ante el bloqueo del Estrecho, el general Franco exige que la flota republicana se retire de Tánger por ser un puerto internacional. Italia, que en ese momento preside el control de la entidad portuaria, apoya la petición, al tiempo que Gran Bretaña se niega a que la flota republicana pueda repostar en Gibraltar, obligándola, finalmente, a trasladar su base a Málaga. Acto seguido, Franco recibe el apoyo decisivo de la moderna aviación alemana e italiana, el arma que, sin duda, marcaría la diferencia en la Guerra Civil.

Entre finales de julio y principios de septiembre de 1936 se encadenaron varios envíos de material y técnicos militares en apoyo de las tropas sublevadas en Marruecos, destacando el envío alemán de veinte Junker-52 para transporte de las tropas africanas y seis cazas Heinkel-51, a los que se sumaron nueve bombarderos Savoia-81 tripulados por italianos. Nada más llegar, comenzaron a escoltar a los ferries que transportaron a otros 1.600 soldados a la península. La superioridad aérea que proporcionaban estos modernos aviones fue replicada por la flota republicana, que volvió a asegurar el control marítimo del Estrecho. Situación que obligó a los alemanes a intervenir definitivamente.

Entre finales de agosto y septiembre, el trasvase de las tropas pasó a realizarse a bordo de sus Junkers, que transportaron a la península 13.500 hombres y 500 toneladas de armamento y munición, incluidas 44 piezas de artillería y 90 ametralladoras. Esta operación fue decisiva. El traslado de esta masa de maniobra cambiaría el curso de una guerra que ya empezaba a ser convencional, quedando en manos de Franco la única fuerza armada compacta, moderna y letal de todas las que había en España en ese momento.

Todo se había gestado, en realidad, la noche del 25 julio de 1936, mientras Adolf Hitler se encontraba en el festival de música de Wagner en la localidad de Bayreuth. Allí recibió a dos agentes alemanes que portaban una nota de Franco pidiendo el envío de aviones de transporte y material para cruzar el Estrecho de Gibraltar. La operación se llamaría 'Fuego Mágico' (Feuerzauber) en honor a la ópera Sigfrido del músico alemán que se estaba representando en ese momento. Aquella petición abriría la puerta de algo más que un puente aéreo: estaba en juego la intervención alemana estratégica en España, como manifestaron el ministro del Aire Göring y el ministro de la Guerra Von Blomberg, que también estaban presentes en aquella reunión.

Así, entre el 31 de julio y el 2 de octubre de 1936, se dio forma al entramado empresarial Hisma-Rowak, diseñado inicialmente para gestionar la ayuda militar prestada por Alemania al bando sublevado y organizar el pago de la creciente deuda económica contraída por Franco. No se realizaría con dinero sino a través de materias primas de origen mineral que sirvieran para reforzar la creciente industria de guerra nazi. Al frente de la operación se situó una figura clave: Hisma (Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes) que acabaría transformándose en 1938 en la Sociedad Financiera Industrial (SOFINDUS). Controlada desde el principio por Johannes Bernhardt, miembro del servicio exterior del Partido Nazi (AO), fue quien llevó en persona la carta de Franco a Hitler y el responsable de lograr que se aprobara la ayuda inicial y el decisivo puente aéreo a la Península.

La personalidad de más relieve, responsable de la gestión de toda la operación y principal coordinador de la actuación alemana fue, sin embargo, Hermann Göring, mano derecha de Hitler y personaje que, junto a las directrices del ministerio de Economía y del Banco Alemán, fijaría como objetivo primordial de la guerra convertir a España en una colonia económica del Tercer Reich. A partir de ese momento, la ayuda alemana se haría a través de contratos comerciales privados. La actividad estuvo siempre dirigida por Hisma que centralizó la política alemana de adquirir empresas y derechos de explotación minera en España.

La ayuda militar siguió incrementándose sobre esta fórmula de empresas interpuestas que se aseguraban el control de las materias primas y de la industria pesada española para Alemania. El contingente militar de mayor importancia salió el 6 de noviembre hacia Sevilla, el núcleo de lo que ya sería conocido como Legión Cóndor, al mando del general Von Sperrle y con el coronel Von Richtofen como jefe del Estado Mayor. El envío contenía un suministro progresivo de aviones, así como artillería antitanque, artillería antiaérea y varias secciones de carros de combate. En total, el personal inicial fue de 3.800 hombres, aunque pronto superó los 5.000 efectivos. Su impacto en la Guerra Civil española fue decisivo, afianzando la superioridad aérea e implantando un moderno servicio de inteligencia que potenciaría decididamente el Cuartel General de Franco.

*Gutmaro Gómez Bravo es Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid.

Tras el golpe la República no se rindió. Se distribuyeron armas a las masas populares, excitadas por los rumores sobre las exacciones de los sublevados. La historiografía franquista, en el surco del coronel Martínez Bande y muchos otros, siempre resaltó el rápido progreso de las unidades del Ejército de África. Se mostró parca de datos excepto por la “proeza” del “convoy de la victoria” el 5 de agosto (con unos 1.600 hombres, 6 cañones y 100 toneladas de material).  

Hubo otra realidad. Los aviones nazis, más los aparatos de caza y bombardeo/transporte, contratados por Pedro Sainz Rodríguez el 1º de julio con los fascistas, dejaron en mantillas la aportación del convoy. Salvo escasas excepciones, entre las cuales se cuentan sir Paul Preston y Francisco Espinosa, la incipiente aportación material del futuro Eje se ha desdibujado. Incluso el mes pasado.

La “fuerza aérea” sublevada en Marruecos era de risa. Al 29 de julio ascendía a poco más de una docena de viejos aparatos con 11 capitanes, 10 tenientes y 2 alféreces (según datos del estadillo del capitán Julio García de Cáceres, jefe de la fuerza). Se habían realizado hasta entonces 9 bombardeos, 45 transportes de tropas (con un total de 516) y 22 reconocimientos aéreos.

La intervención nazi-fascista trasladó tantos efectivos y material que posibilitaron al Ejército de África un futuro avance rápido desde Andalucía. El “puente aéreo” fue fundamental entre el 21 de julio y el 31 de octubre. Ahora bien, según el diario de operaciones de las Fuerzas Aéreas de África, llegó hasta el 1º de febrero de 1937.

Hasta finales de octubre se hicieron 1.650 vuelos. Hubo días con 40 o más y otros con menos de 10. Con todo, al terminar diciembre se habían trasladado unos 33.000 marroquíes.

El factor limitativo fue el combustible. Los alemanes e italianos necesitaban gasolina de alto octanaje. Los sublevados apenas si tenían stocks.

Se conocen con exactitud los esfuerzos del Tercer Reich. En los primeros 20 días pasaron unos 2.850 hombres con su impedimenta y material (casi 8.000 kilos). Luego se dio prioridad a estos últimos. En apenas dos meses y medio se transportó a unos 9.500 fieros combatientes y casi 250 toneladas de equipamiento. Son datos alemanes que se detienen pormenorizadamente a finales de septiembre.

El Gobierno republicano se dirigió a suministradores británicos. Su embajador en Londres, Julio López Oliván, empezó a colaborar con los rebeldes a los pocos días de presentar credenciales. Con su actitud robusteció los esfuerzos del Gobierno británico para evitar los abastecimientos a la flota republicana y la adquisición en Inglaterra de aviones civiles que pudieran utilizarse con otros fines.

Mientras tanto, el Duce fue incrementando sus compromisos, que dejaron atrás los contratados el 1º de julio, y se acercó rápidamente al Tercer Reich. La funesta amistad nazi-fascista se cimentó muy pronto en los aires y tierras españoles.

El 2 de noviembre de 1936 el mussoliniano Servizio Informazioni Militare constató que se habían suministrado a Franco un total de 822,5 toneladas de carburantes y lubricantes por parte italiana y 547 por parte alemana. Muy poco todavía, pero la aportación no tardaría en aumentar. La completarían primero los suministros a través de Portugal y luego los aprovisionamientos de la Standard Oil. A finales de año, la Texas Oil Co. Franco y sus paladines pudieron bañarse, de haberlo querido, en piscinas de petróleo.

Sin las armas africanas y el combustible foráneo quizá los sublevados no hubiesen avanzado tanto como en aquel verano de 1936. El 1º de agosto Franco dictó una orden: se excluirían razias y se respetarían mujeres y niños. Pocos historiadores profranquistas la han reproducido, ya que no solió cumplirse. En el verano de 1936 los sublevados se comportaron según las costumbres de las guerras de África. Sin cuartel.

En una revista de historia se han publicado datos inexactos hace unas semanas. Se han bastardeado los compromisos de los conspiradores monárquicos, militares y fascistas españoles con la firma de los primeros contratos el 1º de julio de 1936 (INFO SENSIBLE PERO NO DEL GUSTO DE LAS DERECHAS); se han seguido al pie de la letra las mentiras de grueso calibre de Luis Bolín y se ha presentado la opinión de ciertos autores que recalcaron la novedad del puente. No fue tal. La aviación española volaba a Marruecos desde la mitad del primer decenio de siglo. Los alemanes suministraron gases tóxicos para machacar a las kabilas en vuelos de guerra a principios del segundo decenio. Es literalmente imposible que entre los mandos de la fuerza aérea nazi se ignoraran tales precedentes. La frase atribuida a Göring sobre el “primer puente aéreo de la historia” (entre dos continentes) no está documentada; el mensajero de Franco a Hitler no fue un general sino un modesto capitán y la primera petición la hizo Franco al exagregado militar en España, general Kühlental, a quien él y Beigbeder conocían perfectamente. Todos estos errores históricos, y más, deberían haberse evitado.  

*Ángel Viñas es economista e historiador especializado en la Guerra Civil y el franquismo.

Días después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, solo allí donde llegaba la cobertura de las emisiones vía radio y las líneas telefónicas y/o telegráficas, fundamentalmente las grandes ciudades y pueblos importantes de España, se podía tener, al menos, una idea del desarrollo y situación general de la guerra. No así en la mayor parte del país, sumido, sobre todo en zonas rurales, en la incertidumbre y el miedo.

Ya destaqué en mi anterior libro sobre La Radiodifusión en la República, el Golpe de Estado y la Guerra Civil Española que los franquistas, a pocos días del golpe, todavía no habían triunfado en la mayor parte del territorio nacional y mucho menos en las capitales más importantes: Madrid, Barcelona y Valencia. Pero esta situación se fue revirtiendo debido a la intervención de los cuatro ejércitos aliados contra la República: el franquista afín de la península; el de las tropas africanas de regulares y legionarios, que era un contingente de unos 30.000 soldados muy entrenados para la lucha; el apoyo del nazi alemán y el fascista italiano.

Además, aunque menos importantes, fueron las tropas portuguesas de los “Viriatos”, voluntarios promovidos subrepticiamente por la dictadura salazarista de Portugal (1). Por otra parte, con ayuda de la instalación de equipamientos de radiodifusión de gran potencia procedentes de la Alemania nazi y la Italia fascista, el bando rebelde fue acaparando el relato del éxito golpista. Es notorio que, de los aproximadamente 400.000 receptores de radiodifusión existentes en España en esas fechas, por su gran costo, en su mayoría eran propiedad de familias de mejor poder adquisitivo, entre ellas las organizaciones de los “quintacolumnistas”.

Este término fue inventado por el general franquista Emilio Mola en una locución radiofónica. Las cuatro columnas eran las agrupaciones militares del bando sublevado que avanzaban hacia Madrid de forma simultánea desde diferentes puntos geográficos, en el otoño de 1936. Según la documentación histórica consultada, los frentes de avance correspondían a los siguientes ejes: la columna de Toledo, tropas que subían desde el sur tras haber tomado Toledo y el Alcázar; la columna de la carretera de Extremadura, fuerzas compuestas en gran parte por tropas coloniales —regulares y legionarios— que avanzaban por el suroeste de la península; la columna de la Sierra, tropas procedentes del norte que presionaban a través de los pasos de la Sierra de Guadarrama y Somosierra; y la columna de Sigüenza, contingentes militares que empujaban desde el noreste, en el eje de la provincia de Guadalajara.

Estas fuerzas operaban bajo la dirección del general Mola en el norte y la ejecución en el terreno de comandantes, como el general José Enrique Varela, rodeando de forma progresiva los accesos principales a Madrid. La quinta columna era una red civil y clandestina de saboteadores que, en contacto vía radio, ayudaban al bando nacional ocultándose en la retaguardia enemiga. En la zona republicana se adoptó rápidamente el término para alertar a la población sobre el “enemigo interior”; sin embargo, esto también supuso una gran paranoia colectiva.

Además de requisar las emisoras privadas de radiodifusión, que disponían de la concesión del Estado desde 1924, el Gobierno de la República intentó controlar a los ciudadanos que eran titulares de aparatos receptores sin licencia y a aquellos que, aun con ella, fueran sospechosos de estar en contacto con las tropas golpistas. Pero esto no pudo conseguirse totalmente, y a veces aparecían por Madrid y otras ciudades pasquines y octavillas anunciando el avance franquista y animando a la rebelión.

La prensa privada como tal desapareció por completo en la zona republicana tras el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936. Los periódicos de propiedad particular e independiente fueron incautados por el Gobierno republicano, por comités obreros o por sindicatos gráficos —como la UGT y la CNT— para convertirse en órganos de propaganda de partidos políticos y milicias. Por ejemplo, ABC y La Voz —la edición de Madrid— (2), El Debate, Ya, El Siglo Futuro, El Sol e Informaciones.

Aun con las dificultades de la escasez de papel, las organizaciones populares republicanas editaban, en su zona de influencia, revistas informativas, culturales, TBO, etc., que procuraban distribuir por el territorio todavía fiel a la República. La distribución abarcaba diferentes géneros y audiencias, adaptándose a las necesidades de la guerra y la retaguardia:

Prensa de frente y miliciana: editada por batallones, brigadas y sindicatos —como el 5º Regimiento—. Servía como órgano de propaganda, arenga y moral combativa.

Revistas culturales y literarias: destacaba Hora de España, financiada por el Ministerio de Propaganda, donde escribieron destacados intelectuales y poetas de la época.

Revistas ilustradas y de retaguardia: publicaciones como Mi Revista o Espectáculo —del Sindicato de Industrias del Espectáculo—, destinadas a mantener la actividad cultural y dar soporte a los refugiados y heridos.

Sátira política: cabeceras como La Traca y L'Esquella de la Torratxa, orientadas a la crítica ideológica de izquierdas y anticlerical.

Buena parte de estas publicaciones han sido recopiladas y digitalizadas. Para investigar los números originales o buscar artículos, el lector puede consultar los catálogos digitales de la Hemeroteca del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona o al catálogo del Kiosco Digital de la Guerra Civil Española del Ministerio de Cultura. 

Por último, hay que resaltar que la gran mayoría de los poetas, escritores y artistas de vanguardia españoles, junto a destacadas figuras internacionales, ejercieron como intelectuales activistas de apoyo a la Segunda República, organizándose para divulgar documentos a través de colectivos culturales y mítines en los frentes de batalla para combatir el ascenso del fascismo. (1)

Intervinieron ya en julio de 1936. No respetaron su firma del Pacto de No Intervención. Y tampoco la Unión Soviética, que ayudó a la República en octubre de 1936. (2)

La edición de Córdoba, en la que luego fui suscriptor y colaborador a principios de los años ochenta durante la dirección de Francisco Solano Márquez, fue requisada y su director, Pablo Troyano, ejecutado por los fascistas.

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Nicolás Puerto Barrios es Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Escritor y Periodista. Miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones Córdoba.

Las guerras no caen sobre los pueblos como un manto. Esto no es realismo mágico. Las guerras son evitables, interesadas e injustas; una decadencia que se multiplica especialmente cuando hablamos de la Guerra Civil española.

Desde el 18 de julio de 1936 han transcurrido exactamente 90 años. El paso del tiempo es ineludible. Son ya muy pocas las personas que pueden rememorar aquellos años desde la experiencia vivida —y recordada—. Pero aún así, nosotras seguimos leyendo, haciendo vídeos, comentando, escribiendo artículos y debatiendo sobre el tema. No serán pocas las personas que a la llegada de estas líneas se lamenten: "¿Otra vez?", "¿Pero acaso quedan todavía cosas que decir sobre la Guerra Civil?". Otras, atrapadas en la falacia del falso dilema, insistirán en que debemos dejar de mirar atrás y centrarnos en el futuro (como si proyectar lo venidero no implicara necesariamente revisitar el pasado).

El caso es que sí. 90 años después seguimos hablando de la Guerra Civil. Como apuntaba Nicolás Sesma en ¿Hasta cuándo seguiremos hablando de la Guerra Civil?, lo excepcional sería que no lo hiciéramos. ¿Por qué deberíamos renunciar a su relectura? ¿Cómo vamos a dejar de mirar una de las experiencias más cruentas y trágicas del pasado reciente de nuestro país? ¿Cómo someter al ostracismo un episodio que fue alterado, enaltecido y convenientemente silenciado durante décadas?

Lo justo es, para nuestra memoria común e incluso, nuestra calidad democrática, que lo recordemos. No con rabia, no con nostalgia, sino con pedagogía, para plantearnos "qué no queremos ser". Pero no creáis que su venida al presente como lectores y espectadores debe ser sencilla, unívoca y poco problemática. A la vista está que todo lo contrario. Si bien la Historia ya es poliédrica, compleja y ambivalente; cuando se trata de recientes episodios traumáticos las opiniones se disparan y sus aristas se vuelven mucho más puntiagudas; la memoria acucia. No en vano a inicios de este año saltaba a la palestra nuevamente el debate sobre responsabilidades, narrativas y omisiones en el marco del polémico foro 1936: La guerra que todos perdimos, coordinado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

A pesar de que la memoria colectiva tiene mucho de individual, a pesar de que el relato histórico nunca cae de un solo pie, cuando hablamos de la Guerra Civil sería importante llegar a ciertos consensos que nos brinda la propia historiografía. Porque lo que ocurrió en este, nuestro país, no fue una tragedia inevitable, fue un capricho de golpistas.

El 17 de julio de 1936 un grupo de oficiales se sublevó en Melilla. Pero su intentona fracasó, el golpe no triunfó en todo el país, el pueblo se defendió y desencadenó una cruenta guerra que se extendería durante casi tres años. Pero este sector del Ejército no representaba a la mayoría, se levantaron contra un régimen democráticamente elegido en las urnas, atentaron contra la soberanía popular. Así, frente a la violencia, la ciudadanía defendió los derechos y libertades que tanto esfuerzo y sacrificio colectivo habían costado. Por eso, lo que estalló a partir del 18 de julio de 1936 —pero que venía granjeándose desde antes— no fue un destino trágico del pueblo español sino un capricho injusto de unos pocos. Tal vez esta sea la primera premisa de la que debamos partir: que lo que llegó con esperanza y celebración en las calles, se marchó con sangre, armas y la ayuda internacional del fascismo europeo. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón.

"Pero luego llegó la paz", o lo que es lo mismo, la institucionalización de la represión y la violencia. El 1 de abril de 1939 España anocheció con vencedores y vencidos. Y los vencedores llenaron las calles y las plazas. Y los vencidos llenaron las cárceles y las cunetas. Por eso, la guerra no la perdieron todos; porque algunos la ganaron; y obtuvieron honores y recompensas. Pero quienes la perdieron, perdieron sus vidas, su país, sus libertades, sus derechos, sus conquistas durante cuatro décadas. Después vino la omisión, la "reconciliación", el "consenso". Librarnos de la herencia de la "memoria de Franco" está siendo uno de los mayores retos para la memoria democrática.

Así que sí, a grandes rasgos, la memoria es plural, diversa, incluso se puede encontrar dividida. En la experiencia cotidiana —e histórica— conviven multitud de narraciones y vivencias. Por eso, no es un ejercicio sencillo el de memorar la Guerra Civil. Probablemente no traerá consigo el consenso unánime; pero sí traerá la praxis democrática siempre que sea el rigor, el respeto y la justicia lo que motive nuestro debate. El pasado no deja de apelarnos; nosotras elegimos cómo escucharlo.

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Josefa Mesa es graduada en Historia y divulgadora en redes sociales (@josefinetable).

El 18 de julio se conmemora el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil española, el evento más devastador de nuestra historia reciente. A pesar de haber pasado casi un siglo, sus secuelas psicológicas siguen afectando a miles de personas, supervivientes o descendientes, con un impacto equiparable a un problema de salud pública, sin que exista un registro exhaustivo de estos síntomas ni una atención especializada.

Lejos de ser una cuestión exclusivamente política, la psicología tiene mucho que decir sobre este fenómeno.

En tan solo tres años, la Guerra Civil dejó cerca de 500.000 muertos –aunque la cifra varía, según las fuentes consultadas, entre las 380.000 y 700.000 víctimas–.

La posterior dictadura de cuatro décadas sometió a "una de las dos Españas" –en versos de Antonio Machado– a violencia, persecución y humillación, impidiendo además cualquier ritualización de las despedidas a los seres queridos. Esto dio lugar a una auténtica "epidemia" de estrés postraumático, con síntomas como la hipervigilancia, las pesadillas y los pensamientos intrusivos.

Cuando llegó la Transición, el "pacto del olvido" tampoco trajo la paz que tantos esperaban: las familias se vieron obligadas a guardar silencio sobre su sufrimiento, en lo que se conoce como "el grito de Hilda", un homenaje a las víctimas de la represión de la recientemente fallecida Hilda Farfante, hija de dos maestros fusilados, que se convirtió en el himno de los desaparecidos del franquismo.

Como respuesta nace el proyecto BENITA (Bienestar psicológico ante la exhumación y duelo no resuelto: influencia del trauma y la pérdida ambigua en familias de víctimas de la represión franquista). Se trata del primer estudio terapéutico con víctimas del franquismo en España y cuenta con la colaboración de la Asociación Comisión de la Verdad San Sebastián de los Reyes (ACVSSR). A través de él, y a partir de este mes de julio, un equipo interdisciplinar de especialistas en victimización e intervención en duelo entrevistará durante cuatro años a familiares de segunda a cuarta generación de víctimas del franquismo para detectar los síntomas.

Para quienes vivieron directamente la represión, no saber dónde se encuentra su familiar da lugar a lo que Pauline Boss, catedrática emérita de la Universidad de Minnesota, define como "pérdida ambigua": un duelo sin un cuerpo al que llorar. A ese malestar, el miedo a las represalias del régimen pudo sumarle un duelo congelado –a la espera de un momento en que poder expresarlo– y desautorizado, no reconocido por toda la sociedad.

Para las generaciones más recientes, la desautorización adopta otra forma: la falta de una defensa unánime de la necesidad de atención emocional. Sin esa validación, el duelo no puede elaborarse, independientemente de cuándo se haya nacido, como ya se ha documentado en familiares de distintas generaciones en otros países que atravesaron dictaduras, como Chile.

La conjunción de estos fenómenos explica la transmisión intergeneracional del trauma: en un estudio con descendientes de quienes padecieron el genocidio de Ruanda se observó que el dolor de las primeras generaciones afectaba a las siguientes, que mantienen los síntomas psicológicos asociados al trauma.

Es más, personas de tercera y cuarta generación en España, incluso sin haber conocido a quienes faltan, pueden seguir sufriendo por el mismo motivo que sufrieron sus antepasados. ¿Podemos permitirnos las sociedades democráticas que existan personas con trauma sin brindarles atención?

En España hay registradas 4.922 fosas en el mapa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. De ellas, casi el 17% han sido dignificadas, pero el 40% todavía no se han intervenido. Este mapa interactivo eleva el número a 6.000, indicando que en España no es posible estar a más de 50 kilómetros de una fosa común.

Esto significa que hay decenas de miles de familiares buscando los restos de sus allegados o esperando a que sean identificados como única forma de paliar el abismo del olvido al que se enfrentan.

Naciones Unidas articuló, en 2004, el marco de referencia internacional para abordar estos contextos: la Justicia Transicional. Se trata de un marco de intervención para países donde finaliza un conflicto, y se basa en cuatro pilares: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

La evidencia muestra que cuanto antes se aplica este marco, mayor es su eficacia. En países como Argentina, Chile o Sudáfrica, que han sufrido enfrentamientos civiles y dictaduras, las intervenciones que combinaban reconocimiento institucional e intervención psicológica en torno a esos cuatro pilares han aportado evidencia sobre el potencial reparador.

En ese sentido, las leyes de Memoria Histórica (2007), de Memoria Democrática (2022) y la Recomendación de la ONU en 2014 –que instaba a España a considerar la "búsqueda de desaparecidos como obligación estatal"– han sido pasos valiosos hacia algo similar a la justicia transicional. Entre otras cosas, han ayudado a validar a las familias, a dignificar la memoria de las víctimas y a impulsar la búsqueda de desaparecidos.

Pero, como hemos mencionado, el dolor acumulado persiste durante generaciones, como acreditan los bancos de voces que digitalizan horas de testimonios de supervivientes de toda España (Banco Audiovisual de Testimonios; HISMEDI; Vencidxs); libros con testimonios sobre duelo y exhumación (Lloros vueltos puños, de Ignacio Fernández de Mata; Remover cielo y tierra, de Zoe de Kerangat, o Las exhumaciones por Dios y por España, de Miram Saqqa). Todos son de un valor histórico incalculable.

El proyecto Benita es un compromiso científico, humano y social que pretende entender ese sufrimiento intergeneracional y ofrecer mecanismos de intervención basados en la evidencia para paliarlo antes de que pase más tiempo.

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Nereida Bueno Guerra es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Psicología, Universidad Pontificia Comillas. José Gamoneda Larripa es investigador en Universidad Pontificia Comillas-UNINPSI .Pablo Cortina Rodríguez es candidato a PhD en la Universidad Pontificia Comillas. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El golpe militar iniciado en Melilla en la tarde del 17 de julio de 1936 no pudo lograr de entrada la conquista del poder. La confianza en un rápido triunfo de la rebelión se desvaneció cuando los militares sublevados fueron derrotados en la mayoría de las grandes ciudades. La sublevación, al ocasionar una división profunda en el ejército y en las fuerzas de seguridad, debilitó al Estado republicano y abrió un escenario de lucha armada, de rebelión militar y de revolución popular allí donde los militares no pudieron conseguir sus objetivos. España quedó partida en dos. Y así siguió durante una guerra de casi tres años.

Al conocerse la noticia del inicio de la sublevación militar en Marruecos, el jefe de Gobierno, Santiago Casares Quiroga, temeroso de la revolución y del desorden popular que podía estallar, ordenó a los gobernadores civiles que no repartiesen armas entre las organizaciones obreras. Y además quitó importancia a lo que estaba sucediendo.

Casares Quiroga, incapaz de hacer frente a los acontecimientos, dimitió el 18 de julio por la noche. En la mañana siguiente aceptó la difícil tarea de formar gobierno José Giral, otro amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña. Giral dio el paso decisivo de autorizar el reparto de armas entre los militantes obreros y republicanos más comprometidos, que salieron a las calles a combatir a los sublevados, allí donde la fidelidad de algunos mandos militares y de las fuerzas de orden, o la indecisión de otros, lo permitió.

La sublevación fracasó en Madrid y Barcelona, las dos ciudades principales de España, pero tuvo éxito en otras ciudades muy importantes estratégicamente, como Sevilla o Zaragoza, desde donde se podían controlar vastas extensiones de territorio. Es muy importante subrayar, para comprender por qué se inició una guerra civil, que no fue el ejército “en bloque” el que se sublevó contra la República y tampoco fue una “rebelión de generales”, como divulgó posteriormente la propaganda. De los dieciocho generales que controlaban las unidades de intervención más importantes, sólo se sublevaron cuatro: Cabanellas, Queipo de Llano, Goded y Franco. Además, los militares sublevados no permitieron ninguna indecisión o resistencia de sus propios compañeros y quienes lo intentaron, lo pagaron, empezando por varios jefes y oficiales pasados por las armas sin dilación ni juicio en el Marruecos español.

La parte más activa de la sublevación la llevó el cuerpo de oficiales. Los sublevados contaron inicialmente con unos 120.000 hombres armados, de los 254.000 que había en ese momento en la Península, en las Islas y en África, incluyendo las fuerzas de orden público. Pero, sobre todo, dispusieron desde el principio del ejército de África, de la casi totalidad de unos 1.600 jefes y oficiales y de los 40.000 hombres bajo su mando. Su tropa más afamada y mejor adiestrada era el llamado Tercio de Extranjeros, la Legión, fundada por José Millán Astray y Francisco Franco en 1920 y compuesta de prófugos, delincuentes, marginados y fugitivos, a quienes se les formaba en el culto a la virilidad y a la violencia. Al lado de la Legión estaban además las Fuerzas Regulares Indígenas, formadas por mercenarios marroquíes y algunos españoles.

Para los jefes militares sublevados, existía una larga lista de agravios causados por la República que había que vengar. Algunos de ellos se habían visto afectados por la revisión de los ascensos concedidos por méritos de guerra por la dictadura de Primo de Rivera y anulados por el Gobierno de Manuel Azaña por un decreto de enero de 1933.

La revisión de los ascensos, la Ley de Reforma Militar de Azaña y las destituciones de algunos de los jefes más comprometidos con la dictadura de Primo de Rivera estimularon la hostilidad de muchos militares contra la República. Los motivos por los que decían sublevarse, en julio de 1936, si hacemos caso a los bandos en los que proclamaban el estado de guerra, eran la “ausencia total de Poder Público” y la necesidad de mantener el orden y la unidad de la Patria. Pero aunque no constaban de forma explícita, ocupaban también un lugar destacado los agravios acumulados frente a los políticos a los que despreciaban y odiaban como lacayos del izquierdismo y del bolchevismo.

Al general Sanjurjo le habían nombrado sus compañeros golpistas jefe de la sublevación, pero murió el 20 de julio al intentar despegar con la avioneta que tenía que trasladarle a España desde su exilio en Portugal. Lo fue a recoger, enviado por el general Mola, el aviador falangista Juan Antonio Ansaldo. El avión, un frágil Puss Moth de dos plazas, se estrelló nada más despegar y se incendió cerca del aeródromo de Cascais. Ansaldo salió ileso del accidente.

Ese accidente mortal de Sanjurjo obligó a los sublevados a reorganizar sus planes. Cuatro días después, a propuesta de Mola, crearon en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Cabanellas. Fue el primer órgano de coordinación militar en la zona sublevada e iba a durar el resto del verano, hasta que el general Franco fue investido por sus compañeros de armas el 1 de octubre como único jefe político y militar.

Porque, muerto Sanjurjo, Franco, desde su privilegiada posición de mando de la guarnición de Marruecos, comenzó a labrar su ascenso al poder supremo. El problema que se le planteaba a Franco era cómo pasar esas tropas de África a la Península, dado que el estrecho de Gibraltar estaba controlado por las tripulaciones de la escuadra republicana que se habían amotinado contra los oficiales sublevados.

Franco pidió entonces ayuda a Adolf Hitler y Benito Mussolini. Para llegar hasta el líder de la Alemania nazi, utilizó a un ejecutivo alemán residente en el Marruecos español, Joahnnes Bernhardt, quien se entrevistó con el Führer el 25 de julio y le informó de los acontecimientos en España y del carácter derechista y antibolchevique de la sublevación. Hitler decidió apoyar inicialmente esa causa con el envío de 20 aviones de transporte Junkers Ju 52, 6 cazas Heintel 51, 20 cañones antiaéreos, municiones y personal de vuelo y de tierra, que comenzaron a llegar al Marruecos español el 29 de julio, apenas diez días después del inicio de la rebelión militar contra la República.

Mussolini decidió hacer lo mismo, tras recibir reiteradas demandas de ayuda por parte de Franco a través del cónsul italiano en Tánger y de su agregado militar. El 28 de julio envió una escuadrilla de doce bombarderos Savoia SA-81 y dos buques mercantes con cazas Fiat C.R.32. El uso de esos aviones permitió a Franco eludir el bloqueo naval de la marina republicana, pasar las tropas desde África a Andalucía y comenzar así el avance sobre Madrid. El 7 de agosto, Franco estaba ya instalado en Sevilla. En unas semanas, más de 13.000 soldados habían cruzado el estrecho de Gibraltar. De esa forma, el golpe de Estado se convirtió en una sangrienta y larga guerra civil.

A finales de julio, el éxito o fracaso de la sublevación militar había partido a España en dos. Había triunfado en casi todo el norte y noroeste de España: en Galicia, León, la vieja Castilla, Oviedo, Álava, Navarra, y en las tres capitales de Aragón; en las Islas Canarias y Baleares, excepto en Menorca; y en amplias zonas de Extremadura y Andalucía, incluidas las ciudades de Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y Huelva. En la zona republicana habían quedado las principales ciudades, los grandes focos industriales y mineros, Cataluña, el País Vasco y Asturias, y las sedes de las principales empresas y entidades financieras. La ventaja financiera de la República era al principio muy clara. Contaba con el Banco de España y su reserva de oro, unas 700 toneladas, y su territorio controlaba aproximadamente el 70 por cien del presupuesto estatal.

La sublevación militar no logró su principal objetivo, hacerse con el poder y echar abajo a la República, pero el Gobierno tampoco pudo dominar la rebelión. La ayuda ítalo-germana permitió a los militares rebeldes continuar en su empeño y el Gobierno buscó también de forma urgente el auxilio internacional. Ante el acoso nazi y fascista, la solución estaba en las democracias. O eso pensaban las autoridades republicanas que tenían que hacer frente al golpe de Estado.

Según contó el socialista Léon Blum, presidente del Gobierno de Francia, el 19 de julio, José Giral, recién nombrado presidente del Gobierno de la República, le envió un telegrama: “Hemos sido sorprendidos por un peligroso golpe militar. Solicitamos que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente para suministrarnos armas y aviones”.

La reacción inicial del Gobierno francés fue, en palabras de Blum, “poner en marcha un plan de ayuda, en la medida de nuestras posibilidades, para proporcionar material a la República española”. Pero no fue posible. Un agregado militar en la embajada española en París, agente de los sublevados, filtró la información sobre esa decisión del Gobierno francés al diario derechista Echo de Paris, que inició “una campaña fortísima revelando al público todas las decisiones tomadas de la forma más precisa y generando una conmoción considerable, particularmente en los medios parlamentarios”.

La opinión pública se dividió, como iba a pasar también en Gran Bretaña, entre quienes mostraban simpatía a la causa republicana, representados por la izquierda, y la derecha política, amplios sectores católicos y de la Administración, que rechazó ese plan de ayuda. El miedo a la revolución, a que el conflicto de España se extendiera a Francia, muy presente en la prensa derechista y en las fuerzas armadas, convenció también a los dos principales ministros del Partido Radical, Édouard Daladier, de la Guerra, e Ybon Delbos, de Asuntos Exteriores, de echar marcha atrás.

Las noticias que los representantes diplomáticos de Gran Bretaña en España transmitían a su gobierno tampoco iban a ayudar a la República. Desde el primer momento describieron a los que defendían la causa republicana como comunistas al servicio del bolchevismo. Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores, le pidió a Léon Blum el 24 de julio que fuera “prudente”. Y Stanley Baldwin, el primer ministro conservador, le transmitió a Eden, dos días después, que “de ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país, debe meternos en la lucha al lado de los rusos”. Los conservadores británicos, en el poder desde 1931, temían que cualquier intervención en España obstaculizase su política de apaciguamiento con la Alemania de Hitler. El Gobierno francés siguió los consejos de su principal aliado en Europa y el 25 de julio anunció la decisión de “no intervención de ninguna manera en el conflicto interno de España”.

Ese fue el punto de partida de la política de No Intervención que se pondría en marcha desde el mismo verano de 1936. Las autoridades francesas, con Blum a la cabeza, creían que eso era la mejor forma de calmar y controlar la división interna del país, de mantener la alianza vital con Gran Bretaña y de evitar el peligro de internacionalización de la guerra civil española. Aunque esa propuesta fue inmediatamente asumida por el Gobierno británico, la extensión del conflicto español al escenario internacional no pudo evitarse porque Hitler y Mussolini ya habían comenzado a enviar ayuda militar a Franco y además la Alemania nazi y la Italia fascista nunca respetaron esa política de No Intervención. En consecuencia, la República, un régimen legítimo, se quedó inicialmente sin ayuda, hasta que la Unión Soviética comenzó a intervenir en el otoño de 1936. Los militares rebeldes, por el contrario, carentes de legitimidad, recibieron casi desde el primer disparo el auxilio indispensable para hacer frente a una guerra provocada por ellos.

Mientras todo eso ocurría, el Estado republicano se tambaleaba, el orden quebraba y una revolución radical y destructora se extendía como la lava de un volcán por las ciudades donde la sublevación había fracasado. Allí donde triunfó, los militares pusieron en marcha un sistema de terror que aniquiló físicamente a sus enemigos políticos e ideológicos. En apenas dos meses, las ansias de purificación revolucionaria y contrarrevolucionaria se habían llevado a mejor vida a decenas de miles de ciudadanos.

La guerra civil comenzó cuando una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicanos para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que rompieron el juramento de lealtad a ese régimen en julio de 1936. La división del Ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. En ese momento, y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó la guerra civil.

Muy pronto quedó claro que ese camino que llevaba de la sublevación a la guerra, de las tensiones sociales al exterminio del contrario, iba a tener repercusiones de largo alcance.

Los grupos de poder tradicionales habían minado la República, pero fueron incapaces de imponerse a ella por medios políticos y necesitaron de Franco y de los militares, en un pacto de sangre establecido en una cruel guerra civil, para destruir lo que tanto aborrecían. Así comenzó la historia de Franco dictador, que durante años corrió paralela a la de Mussolini, Stalin y Hitler, los tres dictadores que cambiaron el destino de Europa durante el siglo xx.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de 'Franco’ (Crítica, 2025).

Para un demócrata es difícil hablar del 18 de julio sin que un escalofrío recorra la espalda. Esta fecha abrió las puertas a la barbarie y la ignominia. Fue el arranque de una guerra sangrienta y de cuatro décadas de terror de Estado y ausencia de libertades. La rendija por la que se coló el germen del totalitarismo, la arbitrariedad y la indefensión en nuestro país.

Aquella jornada para la vergüenza, conmemorada año tras año por el franquismo como el glorioso día del alzamiento nacional, fue todo lo contrario, fue un descendimiento a los infiernos del fascismo; y una ruptura traumática y violenta del periodo más democrático vivido en España hasta aquel momento: la II República.

Es inevitable preguntarse cómo hubiese sido nuestra historia si los planes de los sublevados aquellos 17, 18 y 19 de julio de 1936 se hubieran torcido. La etapa republicana había traído avances que situaban a nuestro país a la vanguardia de Europa. Avances en igualdad, avances laborales. Derechos. Libertades. Sufragio universal, divorcio, aulas mixtas y laicas. Reforma agraria. Un país de hombres y mujeres libres e iguales. Demasiado para las viejas estructuras de poder, acostumbradas a sus privilegios centenarios. Iban a dar lo que fuera por no ceder ni un ápice de terreno a la mayoría social.

Y así lo hicieron. Los planes del general Mola, uno de los principales muñidores del golpe, no dejaban lugar a la interpretación. En una de sus Instrucciones reservadas escribía:

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

Estrangular, asfixiar, ahogar. Arrasar. Aniquilar.

Un rodillo inmisericorde que echó a andar en mi tierra. En Canarias. Franco se encontraba en Las Palmas de Gran Canaria la víspera del golpe, asistiendo al sepelio del general Balmes. A la mañana siguiente, aquel sábado 18 de julio, salía del hotel donde se alojaba, el Hotel Madrid, y se dirigía a la Comandancia Militar, donde proclamaba el Estado de Guerra en el archipiélago. Fue el comienzo del fin de la legalidad democrática.

Las islas no serían escenario de batallas, pero fueron, sin duda, el laboratorio de la represión de la maquinaria golpista. Miles de personas detenidas, torturadas, fusiladas, asesinadas y arrojadas al mar, a pozos o a simas. Un terror sistemático que luego exportarían a la Península y Baleares, convirtiendo nuestro país en una fosa común de incalculables dimensiones.

Pero hoy, 90 años después, nuestro país es otro. Un país moderno, locomotora de Europa, punta de lanza de la consolidación de libertades y de la defensa de los derechos humanos.

Hoy, miramos al pasado con rigor, en una especie de terapia democrática colectiva, que nos ayuda a cerrar heridas que nunca debieron abrirse y a resarcir a las víctimas.

Ya son más de 9.000 los cuerpos recuperados, gracias a la Ley de Memoria Democrática. Cada uno con una historia irrepetible sepultada en el tiempo, cada uno con una lección de vida que nos inspira.

Como la de los tres amigos cántabros, de Castro Urdiales, Luis, Alejandro y Cecilio, que volvían del frente a su pueblo y fueron interceptados, golpeados y fusilados en Mirones por un grupo de Falange. Ocho décadas después, encontramos sus cuerpos abrazados en una fosa junto al cementerio. El pasado 3 de junio entregamos sus restos a las familias. “Por fin”, decían los descendientes, entre lágrimas, “volvían a casa”.

O como la historia del cabo Godoy, de Minas de Riotinto, en Huelva. La propaganda del régimen surgido del golpe militar lo había catalogado como un cobarde. Las crónicas periodísticas contaban que se había escondido, que había sido fusilado en pijama y que no había mirado de frente a sus verdugos. Todo mentira. Su cuerpo fue hallado con su uniforme y con el tricornio entre las manos. Fue fiel a la legalidad republicana y mantuvo su honor intacto hasta el final.

Y qué decir de la navarra Maravillas Lamberto. Con solo 14 años fue sacada de casa, con su padre. Fue violada repetidamente, torturada y asesinada frente a su progenitor, que también sería fusilado. El cuerpo de la niña fue entregado a los vecinos, que quemaron sus restos. La violencia no tuvo límites. Su hermana Josefina pasó toda su existencia reivindicando la memoria de Maravillas y dejó una frase para la posteridad: “Los mataron, pero no tuvieron en cuenta que los muertos tenían vivos y los vivos tenían memoria”. Hoy, es un símbolo del tesón y el empuje de las familias, verdaderas garantes de la Memoria Democrática hasta que se aprobaron las leyes de 2007 y 2022.

Esas vidas —esas muertes— hay que contarlas. No seremos cómplices, nunca más, del silencio, ni permitiremos que se blanquee el pasado. Los demócratas debemos ser firmes ante quienes entonan, de manera interesada, ese mantra perverso de que “con Franco se vivía mejor”.

No, ninguna dictadura es mejor que una democracia, por muy imperfecta que esta sea. Menos, cuando el autoritarismo se impone a sangre y fuego. Porque cuando las garantías civiles y los derechos humanos se ponen en peligro —como está sucediendo en Gaza, Ucrania o Irán— hay dos opciones: resistir y defender la paz y el orden democrático, o unirse a la infamia y la sinrazón.

Aquel 18 de julio, del que hoy se cumplen nueve décadas, muchos españoles y españolas eligieron la primera opción, y lo pagaron muy caro. Fueron héroes y heroínas. No podemos permitir que su sacrificio haya sido en vano. Continuemos su senda y hagamos honor a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Nos jugamos mucho. Nos lo jugamos todo.

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Ángel Víctor Torres Pérez es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

"El grito agudo de la sirena pone en conmoción toda la Base. Son las seis y media de la tarde. Otro grito de auxilio sale de los labios de los soldados, clases, obreros, marineros y obreros, todos trabajadores de la Base. Es el nombre de un capitán de aviación".

Con estas expresivas palabras la escritora y periodista Carlota O’Neill de Lamo inicia la crónica Cómo tomaron las fuerzas de Regulares la Base del Atalayón. [En la siguiente imagen, podemos leer sábado, 17 de julio, cuando en realidad el 17 de julio de 1936 fue viernes].

Escrita el 19 de julio de 1936 y en el mismo lugar de los hechos, es la primera sobre de la guerra de España. Convertida en improvisada reportera de guerra, en esta primicia, O’Neill nos habla de los sucesos bélicos acaecidos, a partir del 17 de julio de 1936, en dicha Base, situada a medio camino entre Melilla y Nador. El capitán a quien piden auxilio no es otro que su propio marido, Virgilio Leret Ruiz, jefe accidental de la Base de Hidroaviones del Atalayón.

Este escrito, que marcó como hierro candente la vida de Carlota O’Neill, permaneció en su causa judicial sin que la propia autora volviera a verlo en su vida. Fue su hija menor, Carlota Leret O’Neill (Lotti) —a la que Melilla le concedió la medalla de oro de la ciudad en 2020— , gran luchadora por recuperar la buena imagen de sus padres, quien consiguió recuperarlo en 2003, ya que estaba entre todos los legajos del expediente judicial de su madre en el Archivo de Ceuta. La crónica le supuso un consejo de guerra, como veremos. Sobre lo vivido en la cárcel de la Fortaleza Victoria Grande de Melilla, nuestra autora escribió uno de los primeros libros sobre la represión franquista durante la guerra civil e inmediata posguerra: Una mujer en la guerra de España (1977). La secuela de esta obra es Los muertos también hablan (1964), pero ambas fueron originalmente publicadas en 1964 en el exilio; la primera con el título Una mexicana en la guerra de España.

Antes de avanzar en la crónica de guerra, vamos a acercarnos a la tensa situación política y militar de Melilla, ya que en esta plaza militar española se había estado urdiendo una larga conspiración, fundamentalmente después de las elecciones de febrero de 1936, cuya fuerza no supo medir el propio Jefe de la Circunscripción Militar Oriental de Marruecos, el general Manuel Romerales Quintero, tal vez porque estaba rodeado de oficiales y mandos que mayoritariamente formaban parte de dicha conspiración. Tampoco detectó nada el inspector de policía Antonio Lozano, enviado desde Madrid por el director general de Seguridad, Alonso Mallol. Es más, entre el 5 y el 12 de julio, las maniobras militares que cada año se desarrollaban en Llano Amarillo, una planicie al pie de las montañas de Ketama, en el Atlas, a unos 160 kilómetros de Tetuán y 260 de Melilla, sirvieron de tapadera para ultimar detalles del golpe militar. Y el general Romerales no entendió que el 12 de julio, durante el banquete de clausura de dichas maniobras, muchos gritaron "¡Café, café, café…!", cuando realmente estaban aclamando "¡Camaradas, Arriba Falange Española!". El día anterior, el 11 de julio, el avión Havilland DH.89 Dragon Rapide, fletado por el multimillonario mallorquín Juan March, había despegado del aeropuerto de Croydon en Londres con destino a Las Palmas de Gran Canaria para recoger al general Francisco Franco y llevarlo hasta Tetuán.

La misma mañana del 17 de julio de 1936, los conspiradores habían trasladado armas al viejo caserón de Melilla la Vieja que albergaba la Comisión Geográfica de Límites de África, con el fin de repartirlas entre los falangistas a primera hora de la tarde. A las dos y media, Jaime Fernández Gil, Delegado del Gobierno en Melilla, es avisado de dicho reparto. Informado el general Romerales, convoca una reunión con los oficiales y mandos cuya lealtad cree asegurada. Se decide hacer un registro en dicho edificio —donde en esos momentos estaba reunido el Comité de la rebelión militar, que también contaba con falangistas— y envía un grupo de policías protegidos por guardias de seguridad al mando del teniente Juan Zaro Fraguas. Los conspiradores piden ayuda a un Tercio de la Legión, y los policías y guardias civiles son reducidos. A las cinco de la tarde, el general Romerales es destituido por el coronel Luis Solans Labedán. Por las calles de la ciudad hay tiroteos por parte de elementos de la Falange Española y pequeñas manifestaciones de obreros, desarmados, intentando convocar una huelga general. Mientras tanto, se producen los hechos en la Base de Hidroaviones del Atalayón. Así da comienzo una guerra que arrasará España en todas sus dimensiones: social, económica, cultural...

Carlota O’Neill (1905-2000) se encontraba desde el 1 de julio de 1936 en Melilla, porque el capitán de aviación Virgilio Leret (1902-1936) había tenido, en palabras de la propia periodista, "la feliz ocurrencia de un hombre enamorado" de que su mujer y sus dos hijas, Mariela y Lotti, de 9 y 7 años respectivamente, pasaran el verano de 1936 en Melilla. Leret estaba destinado en esta plaza militar temporalmente, al parecer, por propia decisión del propio presidente la República, Manuel Azaña, por ser hombre de su confianza: "En el mes de junio de 1936, Manuel Azaña pidió a Virgilio, como favor especial, fuera a encargarse de la jefatura de Aviación de Melilla, ─norte de África─ solo por tres meses, julio, agosto y septiembre, debido a quién sabe qué cambio de personal".

En septiembre, se probaría el prototipo del innovador Mototurbocompresor a reacción, que había diseñado y patentado el propio Leret, y que revolucionaría el mundo de la aeronáutica. La familia iba a permanecer, como en 1933, en la misma draga anclada a unos cien o doscientos metros de la orilla, en la paradisíaca ensenada de la Mar Chica de Nador, ubicación de la base aeronaval española El Atalayón, a pocos kilómetros de Melilla. Como es bien conocido, en 1936 Nador pertenecía al Protectorado Español de Marruecos, con capital en Tetuán, que abarcaba el norte de Marruecos desde la costa atlántica hasta Argelia, exceptuando la ciudad internacional de Tánger.

Ese aciago 17 de julio, por la tarde, Carlota O’Neill, el capitán Virgilio Leret y sus dos hijas,estaban paseando de regreso a casa después de haber visitado un cementerio antiguo árabe en la zona cuando sonó "el grito agudo de la sirena de alarma" de la Base de Hidroaviones. El capitán Leret se preparó para ir inmediatamente a su base dejando a su familia en la draga.

Cuando llegó a la Base de Hidros, como jefe accidental de la misma se opuso a la sublevación defendiéndola con escasos hombres —recordemos que parte de la tropa y de mandos estaba de permiso veraniego, y otros ya estaban en sus casas para pasar el fin de semana— del ataque de las Fuerzas de Regulares Indígenas de Melilla número 2. Entre ellas estaban la Primera Compañía del I Tabor de Infantería y el Tabor de Caballería. Leret y sus hombres, tras un intenso tiroteo, mataron a dos de los atacantes (un soldado y un sargento marroquíes), aunque otras fuentes indican que las bajas fueron muy superiores. Los sublevados pidieron refuerzos. Llegó, entre otras unidades, la Segunda Compañía del I Tabor de Infantería. Al verse tan superados por las fuerzas enemigas y con escasa munición, los soldados leales al Gobierno se rindieron, siendo trasladados al fuerte de Rostrogordo. Horas más tarde, ya en la madrugada del 18 de julio, lo hicieron el capitán Virgilio Leret, semidesnudo y con un brazo roto , y los alféreces Armando González Corral y Luis Calvo Calavia.

Fueron fusilados por un pelotón que se formó con varios de los mismos soldados de Leret, y posiblemente enterrados en una fosa común. Estos tres militares eran los primeros caídos por el Gobierno legítimo y constitucional de España, fruto de las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936. Carlota Leret O’Neill tiene confirmación de estos hechos gracias a una carta que le envió la escritora Angelina Gatell, viuda de uno de los soldados de la Base de Hidros.

Mientras se producían todos estos acontecimientos, Carlota O’Neill y sus dos hijas, en compañía de Librada Jiménez, una empleada que se había venido con la familia desde Madrid, permanecieron escondidas en la draga. Es entonces cuando la periodista, testigo excepcional, no pudo evitar ponerse a escribir y plasmar en unas cuartillas todo lo que estaba viviendo, es decir, la primera crónica de la guerra, como ya hemos dicho. Desde el navío, O’Neill puede ver, además de la propia base, una barriada obrera, en estos días ya muy dañada por los sucesos, donde viven las familias de los marineros y de los trabajadores de los talleres de la base, "llena de algarabía y alegría de los niños". Sin embargo, el 17 de julio, según constata su crónica:

"Toda esta vida sencilla de alegría y trabajo se paraliza instantáneamente al toque de alarma. ¿Qué pasa? Las mujeres al quedarse solas, los hombres todos como uno solo se fueron a la Base –lívidos los rostros, chillan y gritan desoladas llamando a sus hijos como las gallinas a sus polluelos–. Nosotros nos refugiamos en la cámara del barco, desde las escotillas los ojos llenos de terror, oteamos la Base. Mientras a escasos metros vemos avanzar el ejército de gatos salvajes, las trágicas chichías [o tarbuch, gorro rojo, con forma de cono truncado, del que cuelga una borla negra] y los uniformes de regulares que ensangrentaron Asturias. Hay un silencio espantoso, calma trágica. mientras, estos hombres de (…) manos y ojos de sangre se deslizan".

Por una parte, vemos la brutalidad con que los sublevados tomaron la base, siguiendo la 1ª Instrucción Reservada, del 25 de mayo, del director del golpe militar, el general Emilio Mola: "Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado". Por otra, en su crónica, la autora nos evoca que, durante el llamado Bienio Negro (noviembre 1933-febrero 1936), la revolución de los mineros asturianos de 1934 había sido aplastada por los experimentados generales en reprimir a la población civil, Francisco Franco y Manuel Goded, enviados allí por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux. Los militares trajeron de África a la Legión y a los Regulares, y desplegaron bombarderos y artillería causando miles de víctimas entre muertos, heridos y detenidos, y dejando una sangrienta herida que todavía perduraba en la sociedad española. "Imágenes tenebrosas de los episodios de Asturias surgen en la memoria. Y continúa, a medida que transcurren los momentos, con persistencia feroz a medias, el tiroteo", escribirá la periodista más adelante en esta misma crónica.

Además, en sus cuartillas, Carlota se queja de la falta de personal y también de la falta de medios aéreos en la propia Base de Hidroaviones para parar la rebelión:

"¡Si hubiera siquiera un par de hidros en vuelo! Pero nada, en la Mar Chica flotan desconsoladas las grandes boyas en que hace unos meses amarraban los aparatos hoy encerrados en los hangares con alas estériles y sin motores (…). Si volaran los aeroplanos no estarían los moros (otra palabra ilegible) (...) ¿cómo no los tienen siempre en el agua por si ocurre esto? Entonces haber oído decir que los iban a cambiar los motores… Pero, ¿todos a la vez? ¿por qué no pueden ir mudándolos uno por uno sin dejar completamente huérfana de aparatos de un solo golpe todas las Bases? Solamente hay un solo hidro en vuelo en toda España que, en la actualidad, debe estar en la Base de los Alcázares".

Parece que la autora está dando a entender que no era casualidad que el ejército de España en África no dispusiera de ningún hidroavión en funcionamiento, por lo que los sublevados no encontraron resistencia aérea. De hecho, como ya hemos adelantado, Melilla era una de las ciudades españolas donde la conspiración contra el Gobierno de la República tenía más adeptos, no solo entre los militares sino también entre la población civil, con amplia presencia falangista. Hablaremos más delante de las funestas y falsas acusaciones del jefe de Falange Española en Melilla, Manuel Requena Cañones, que llevarán a Carlota O’Neill a la cárcel.

Entre el 17 y el 22 de julio, mientras permaneció en la draga, la periodista mantuvo discretamente ocultas las cuartillas que había escrito sobre los primeros episodios de la guerra civil, ya que diariamente, un marinero, vigilado por Regulares, le llevaba todos los días agua y algunos alimentos. Cuando el 22 de julio tuvo la posibilidad de trasladarse a una vivienda en Melilla, las guardó en un baúl entre las ropas y enseres suyos, de sus hijas y de la empleada. Ese día, el marinero que le había llevado el agua le pasó secretamente un papelito: "Señora; no siga más tiempo ahí… Trasládese usted y su familia a mi casa, que está situada (aquí la dirección). Yo soy amigo de su esposo". No tiene firma, pero hoy sabemos que se trataba del alférez José Luis Proaño. Antes de mudarse, las dos mujeres y las dos niñas habían ido a conocer a las familiares del alférez amigo de Virgilio Leret que se habían ofrecido a acogerlas, comprobando que eran unas personas muy amables y atentas. Carlota, para tener más sitio en el coche que habían alquilado, dejó a sus hijas con estas mujeres tan cariñosas y se fue a la «casa flotante», en compañía solo de Librada:

─¿Volverás pronto, mamá?

─Dentro de una hora estoy aquí con vosotras.

─Adiós, Mamá...─. Me siguieron sus voces después de haber doblado la esquina.

─¡¡¡Adiós!!!

Recogió sus pertenencias, incluidos dos pollos que tenían en el barco, siempre bajo la vigilancia de los militares sublevados. Sin embargo, cuando Carlota se disponía a reunirse con sus hijas, en el coche puesto a su disposición por el capitán Joaquín Soler, jefe de la Base que había sustituido a Virgilio Leret, vio que dos soldados marroquíes se habían sentado junto al conductor y que estaban custodiados por otro vehículo. El automóvil se desvió de su ruta y dejó a las dos mujeres en la Comandancia Militar de Melilla. Allí permanecieron toda la noche, hasta que la escritora y su criada, tras intensos interrogatorios individuales por parte de militares y falangistas, acabaron con sus huesos en la cárcel de mujeres de la Fortaleza de Victoria Grande. Aunque, en realidad, el delito de O’Neill consistía en ser una mujer moderna, emancipada, "de ideas avanzadas", oficialmente fue acusada de infracción de bando de guerra. El propio capitán Soler reconoce que había sido instigado por Manuel Requeña Cañones, quien hizo unas acusaciones difusas y cargadas de maledicencia contra Carlota O’Neill: "...Conociendo sus avanzadas ideas, suponía que podía estar en contacto con elementos extremistas de la Ciudad (…); la detenida es mujer en extremo peligrosa, comunista de ideología y que ha mantenido también contacto con los demás elementos de aquella idea, sin que pueda concretar a qué acto se ha contraído dicha actividad".

El 21 de agosto, tras innumerables pesquisas e interrogatorios a más de 20 personas, incluido un niño de 11 años, Carlota O’Neill y Librada Jiménez fueron absueltas, pero sin ser liberadas, puesto que permanecieron en presidio como detenidas gubernativas. La escritora recoge muy bien este momento en Una mujer en la guerra de España:

─¡Bien, como faltan pruebas contra Vd., como en las averiguaciones que se han hecho no se ha descubierto que perteneciera a ningún partido político ni tuviera actividades de ninguna clase, vengo a notificarle que tanto usted como su sirvienta, quedan absueltas! (…) Eso no quiere decir que usted y su sirvienta salgan en libertad.

─¿Y… la inocencia?

─Eso no es obstáculo para que queden aquí en calidad de detenidas gubernativas.

Vemos, una vez más, la arbitrariedad del sistema judicial de los rebeldes, que ya había comenzado cuando Librada es conducida a la cárcel con Carlota, simplemente por el hecho de ser su empleada. En febrero de 1937, un juez y un escribano fueron a la cárcel a tomarle declaración sobre unas cuartillas que habían encontrado en el baúl, el cual había sido confiscado por el ejército. O’Neill confiesa que, efectivamente, ella es la autora de esas cuartillas "delatoras".

En mayo de 1937, Librada sale del presidio, pero Carlota allí continuó sin cargos. Durante su cautiverio, sobreponiéndose al hambre, al hacinamiento insalubre, a la enfermedad, a las causas judiciales… escribió Romanza de las Rejas, una colección de bellísimos poemas en prosa donde muy sutilmente, para vencer la censura, describe las crudas penalidades de las internas:

"Mis páginas, olientes a la fortaleza de Victoria Grande, en Melilla, donde nacieron y pernoctaron, con humedad y salitre, también terror, cumplieron su misión entre aquellos hermanos, habituados al trato con los libros".

Durante largos meses, continuaron las indagaciones ─una suerte de investigación prospectiva─ sobre su escrito, hasta que desembocaron en un consejo de guerra, en cuya sentencia del 13 de noviembre de 1937, "segundo año triunfal", podemos leer: "en aplicación del artículo 258 del Código Militar por injurias al ejército ya que «lanza insultos sobre las Fuerzas de Regulares, calificándolas de “tropas salvajes” y de “trágicas chichías que ensangrentaron Asturias», siendo condenada a seis años de prisión correccional".

Dado que ya llevaba desde el 23 de julio de 1936 y aplicándole la Ley de Redención de pena por el trabajo, Carlota O’Neill sale de la cárcel en marzo de 1940, pero bajo libertad condicional, tras casi cuatro años de cruel, e injusto, internamiento. "Mi tía, Carlota O’Neill, la esposa de Leret, (…) pasó cinco (sic: cuatro) años, como aprendiza de muerta, en el penal de Victoria Grande, una prisión medieval donde se amontonaron cientos de mujeres republicanas".

La escritora pasó toda la guerra civil y la inmediata posguerra encarcelada arbitrariamente. Su marido, Virgilio Leret O’Neill, fue fusilado en la misma madrugada del 17 al 18 de julio de 1936, asesinato que frustró una gran carrera científica como ingeniero aeronáutico español. Y sus hijas —recordemos, con tan solo 7 y 9 años— tuvieron que pasar la guerra con unas personas extrañas hasta que Carlos Leret Úbeda, su abuelo paterno, las internó, en 1939, en el inhumano Colegio de Huérfanas de Oficiales de Infantería, en el pueblo de Aranjuez, cerca de Madrid. Una vez liberada, su madre luchó denodadamente para recuperar a sus hijas. En 1949, con ellas se exilió de España, un país donde los barrios obreros "olían a patio de cárcel, con los mismos rostros de cárcel, que es hambre y pánico".

Carlota O’Neill cierra la primera crónica de la guerra civil anticipando, dos días después del golpe de Estado, cuál será el futuro de las dos mujeres y las dos niñas que habían quedado arrumbadas en la bodega de un barco el 17 de julio de 1936:

"…si no fuera porque huimos tenazmente de hacer literatura, diríamos que nos parecían siglos las horas pasadas en la bodega del barco. El crepúsculo se ha iniciado y vamos sumiéndonos en tinieblas".

Y, de alguna manera, también España quedó entre tinieblas durante la guerra civil y la dictadura. Cuando se cumplen noventa años de la destrucción a sangre y fuego de una España nueva que, por fin, se estaba modernizando, de una España repleta de maestros, intelectuales, científicos, artistas, escritores y de obreros y campesinos que quieren una vida mejor, de una España que estaba empezando a construir un Estado social y de derecho y, sobre todo, cuando se estaban intentando desmantelar los poderes fácticos (militarismo, catolicismo y caciquismo) que tanto habían oprimido a nuestro país durante largo tiempo, tenemos que conocer cómo se produjo esa destrucción, y rememorar a los cientos de miles de víctimas que padecieron el zarpazo de los retrógrados. La misma Carlota O’Neill tuvo que publicar sus obras en el exilio. Conocerlas puede ayudarnos a conocer de primera mano y a rememorar a todas aquellas personas, sean célebres o anónimas, que fueron víctimas de un cruento golpe de Estado que trajo la barbarie a España.

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Eulalia Ramírez Nueda es miembro del Grupo de Estudios del Frente de Madrid .

Parece que Trump y muchos más pusieron de moda el neofascismo, que es lo mismo que el viejo fascismo, pero sin llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, quien está feliz con ello no debe ocultar sus objetivos. Por eso, como yo viví el fascismo desde niño, luego como adolescente y hasta que cumplí 34 años, puedo presumir de haberlo visto muy bien en casa y en la calle. Mi padre era falangista y me ilustró sobre lo que suponía aquello, aunque a mí no me llamaba mucho la atención. Pero explico lo que vi.

De niño recuerdo una cartilla de racionamiento que, al parecer, estaba presente en muchas casas, porque la victoria sobre el comunismo no trajo grandes beneficios en aquella guerra entre hermanos. Curiosamente, en el matrimonio de mis padres no existía ese mismo acuerdo: mi madre mantenía una actitud amable con todo el mundo, incluso con quienes eran considerados rojos, como pude comprobar en mi propia casa. Yo vivía entre mi abuela y mi madre, que me cuidaron y me mimaron durante la infancia, aunque con las carencias que ya he mencionado. En la adolescencia ocurrió algo parecido, pero yo me sentía más próximo a mi madre que a mi padre, cuyas ideas me resultaban difíciles de aceptar. No hablar a la señora que venía a ayudar en casa porque su marido estaba en la cárcel por rojo no me sonaba bien, cuando mi madre y ella se trataban como hermanas. Para mí era una excelente persona, de la cual hoy guardo un mal recuerdo porque mi padre no permitía que comiera con nosotros y tenía que hacerlo sola en la cocina. Quizá aquello me provocó lo que hoy es mi pensamiento social.

Ya de mayor me enteré de que hubo dos millones de españoles que habían huido de España porque no eran queridos por el franquismo. Siempre recuerdo, ya trabajando en la aviación, a varios españoles limpiando las letrinas de los WC del hangar de LH en Frankfurt. Recuerdo también españoles en Toulouse, donde acudí al curso de aviación, que me contaban sus penas por vivir fuera del país que creían de ellos. Recuerdo siempre que España no era nada en deporte ni en logros de cualquier tipo, pues ser campeón en algo que no fuera fútbol era difícil de alcanzar por la dificultad del sacrificio con una alimentación no muy cuidada. Además de los fusilamientos sin juicio y los asesinados sin saber hoy en dónde están. Hablo de la posguerra únicamente.

Ahora, cuando Pedro Sánchez ha querido poner este país al nivel de lo que es desde siempre, una nación con catalanes, vascos, rojos, homosexuales y demás personas rechazadas por el fascismo, este se le ha echado en tromba para recuperar aquello que la mayoría detestábamos. Incluso miembros “socialistas” que solo eran contratados para disimular. Lo hemos comprobado ahora. Estas cositas sin importancia, parece ser, las deben conocer muchos jóvenes a los que se les ha ocultado la historia franquista.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

Los dibujos de los niños y niñas de la Guerra Civil española se vendían a un dólar en los grandes almacenes de Estados Unidos. Era una suerte de catálogo editado en Nueva York, en 1938, titulado They Still Draw Pictures!, que contenía las obras de los niños y un prólogo del británico Aldous Huxley, donde el autor recuerda la capacidad moral y de resistencia de la infancia para mantener la imaginación en medio del conflicto. Subrayaba Huxley el doble valor del libro. Histórico, pues registra la barbarie y tiene un alto valor documental, y estético, porque plasma, sin artificio, libre de prejuicio y bajo formas artísticas, el terror a la violencia y el miedo a las bombas, a la muerte, a la separación de sus padres y familias. Las ventas de aquel libro se destinaron a financiar evacuaciones y colonias infantiles.

Todos esos dibujos los habían realizado los niños y niñas que formaron parte de las colonias escolares republicanas, una iniciativa impulsada por la Spanish Child Welfare Assotiation y el American Friends Service Committee, y creadas por el Ministerio de Instrucción Pública. Solo en ocho días, en aquellos meses iniciales de la contienda, habían salido de Madrid 21.000 niños y niñas de entre seis y catorce años, rumbo a Levante y Cataluña. De los bombardeos a los naranjales. Las colonias se sostenían en varias ideas: crear un clima solidario, una enseñanza organizada y sembrar la paz en el corazón de los críos para un futuro mejor para las mujeres y hombres del mañana. Que los niños y niñas conocieran sus derechos y respetar la solidaridad de la infancia eran las claves de la instrucción. La República quería una educación en igualdad, sin distinguir dos tipos de infancia, la de los hijos de los pobres y de los ricos. Una misma educación para todos, sin distinciones de clase o de género. 

Hoy, 617 de esos dibujos están en la universidad de California, en San Diego, y 153 en la universidad de Columbia, Nueva York. En España, en 2018, la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, edita una carpeta titulada ¡Aún dibujan!, con algunos de esos folios y el prólogo de Huxley, un proyecto que se extingue y se deja de difundir con la llegada de la derecha apoyada por la extrema derecha al Ayuntamiento. Qué importaban los niños y niñas si venían de familias republicanas. Qué la memoria. Qué la cultura. Pero una de esas carpetas llega hasta Vladimir Merino, nacido en Rusia, hijo de una niña de la guerra, que organiza una exposición itinerante que lleva por toda España. Este viaje de Vladimir cae entonces en la Secretaría de Memoria Democrática del Gobierno y deciden editar un libro coral con todos los dibujos y textos de expertos en memoria e infancia. Se titula Dibujos para una guerra. 1936-1939 y, aunque no está a la venta, cualquiera puede descargarlo completo en este enlace. 

Es impresionante ver todos esos dibujos en detalle: la aviación negra, las esvásticas, la caída de las bombas como lágrimas mortíferas, los hombres por el suelo, las evacuaciones, los barcos, los trenes, las maletas. Conjugan el trazo infantil de los lápices de madera con episodios explícitos que nunca se debieron vivir. 

A la editora de este libro le han preguntado varias veces dónde están los dibujos de los niños del otro bando. No se sabe. Claro que el terror sería el mismo. La infancia, herida de por vida, una lesión interior repetida a lo largo de las décadas en otras latitudes de la misma forma traumática. Quienes cayeron en territorio nacional vieron cómo se suspendía la educación escolar mientras la república se esforzaba también en aquellos años en mantener la instrucción y la protección de la infancia. Y, si nos acordamos de aquella vieja historia de nuestra guerra, sabemos que esos territorios sufrieron menos bombardeos que la zona republicana. Pero siempre es difícil este país. Cualquier avance con respecto a la memoria se cuestiona con relación a otra parte, se impide nombrar, recuperar, poner el dolor de quienes perdieron en su lugar. Y no ha sido la misma, es evidente, la memoria de un lado que de otro. 

Se perdieron muchos avances, España se detuvo durante años en el lado oscuro de la Historia. También en educación y en protección a la infancia. Todavía hoy no hemos recuperado la modernidad y el respeto que en aquellos años previos a la guerra se tuvo por la educación. 

Escribo esta columna desde Tavernes de Valldigna, el pueblo en el que nació Rafael Chirbes y donde hemos venido para hablar de ese libro, Dibujos para una guerra, una obra que debería estar en todas las escuelas. La casa natal de Chirbes, uno de nuestros mejores narradores, es un solar vacío, cuatro paredes abiertas, detenidas a la espera de presupuesto para levantar lo que también sería un lugar de cultura y memoria. Los profesores de la educación pública de la Comunitat Valenciana siguen en huelga después de tres semanas, pidiendo mejoras, peleando por darles a los estudiantes una educación a la altura de un mundo complejo que necesita mujeres y hombres preparados para entender su progreso. Somos este país que hoy, noventa años después de aquello, desestima el saber universal para afrontar el futuro.  

La guerra civil española no se dio solo dentro de nuestras fronteras. Muchos más sufrieron las consecuencias. Los españoles que estaban fuera tuvieron que ver como sus familias pasaban por una guerra que perdió la mayoría de la población. Pero, de los alejados de su tierra, solo unos pocos vivieron la fractura en carne propia: el cuerpo diplomático español. Las embajadas y consulados tuvieron que luchar por la legitimidad internacional de la República, mientras que Franco avanzaba en la península. Ahora, el historiador y columnista de infoLibre Ángel Viñas reconstruye las trayectorias de aquellos diplomáticos que permanecieron leales al Gobierno constitucional, en su nuevo libro Al servicio de la democracia: Los diplomáticos de la República y la factura de la lealtad, que salió a la venta este martes 29.

infoLibre ofrece un fragmento del octavo episodio del libro, que salió a la venta este martes 29, a través de la Editorial Crítica. El autor del mismo es el también historiador y experto en la guerra civil Enrique Moradiellos.

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En vísperas de la guerra civil española, las representaciones diplomáticas y consulares de España en Gran Bretaña eran de las más importantes de todas las mantenidas en Europa y en el extranjero (un conjunto de 42 diplomáticas y 152 consulares). Las razones para ello eran evidentes y obedecían a dos factores correlativos e incontestables. Por un lado, un factor de política internacional: durante los años treinta del siglo xx, al igual que desde hacía más de un siglo, el Reino Unido era una gran potencia económica y militar, constituía la metrópoli de un vasto imperio colonial expandido por los cinco continentes y gozaba de una relativa estabilidad social y política en medio de un mundo todavía convulsionado por la Gran Depresión de 1929. Por otro lado, un factor de política interna española: en 1935, un año antes del inicio de la contienda, en términos económicos Gran Bretaña seguía siendo, como casi siempre desde mediados del siglo xix, el primer país importador de productos españoles, uno de los principales proveedores del mercado hispano y la nación con mayores inversiones directas en España.

Además, en el ámbito geoestratégico, era un país fronterizo en virtud del dominio británico del peñón de Gibraltar, base naval principal en la ruta mediterránea desde la metrópoli al canal de Suez y la India y el Extremo Oriente. Y, por último, el Reino Unido era también, junto con Francia, uno de los principales referentes diplomáticos de España desde los lejanos tiempos de la Cuádruple Alianza de 1834 y de los más cercanos de los Acuerdos de Cartagena de 1907. En definitiva, la plaza de Londres, a muy poca distancia de la de París, era uno de los principales centros neurálgicos de la diplomacia española contemporánea y así se demostraría durante toda la guerra civil.

En gran medida por ese carácter central y decisivo, los avatares de la representación española en Gran Bretaña tras la sublevación militar de julio de 1936 fueron un nítido reflejo de lo sucedido en el conjunto del Cuerpo Diplomático y Consular encargado de la representación de los intereses españoles en el exterior. Ante todo, como resultado del estallido de la guerra civil, esa representación sufrió una profunda e irreversible fractura, al igual que todos los órdenes de la administración estatal española y tal y como sucedió en casi todas las embajadas y consulados del exterior. Además, lo sucedido en el Reino Unido no se diferenció básicamente de la tendencia general dominante en esos círculos, puesto que, si bien el bando insurgente ganó la batalla en cuanto a las adhesiones mayoritarias del personal de plantilla, fue sin embargo el bando republicano el que mantuvo la titularidad jurídica de las representaciones, procediendo a sustituir las vacantes causadas por los desafectos con nuevos nombramientos de emergencia. Como recordaría el periodista socialista Julio Álvarez del Vayo, convertido en septiembre de 1936 en ministro de Estado del nuevo gobierno republicano, para entonces «el 90 % del Cuerpo Diplomático había desertado». No era una exageración impostada, como demuestran los estudios básicamente concurrentes de José Luis Pérez Ruiz y Ángel Viñas.

Entre el 18 de julio y el 27 de agosto de 1936, casi todos los diplomáticos de la embajada española en Londres (incluyendo al propio embajador, Julio López Oliván, recién incorporado hacía pocos meses) presentaron la dimisión de sus cargos y, la gran mayoría, pasaron a actuar abiertamente a favor de las autoridades insurgentes. La representación de estas en Gran Bretaña estaba en manos de una Junta Nacionalista dirigida por dos notables exponentes del monarquismo alfonsino: el ingeniero aeronáutico Juan de la Cierva y Codorníu, hijo mayor del político conservador homónimo, y Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, el duque de Alba, muy apreciado en los círculos oficiales y conservadores británicos por su supuesta doble condición de duque de Berwick y par de Inglaterra. Ambos habían participado de manera activa en la trama civil de la conjura antirrepublicana puesta en marcha por el general Mola desde la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936.

Desde el inicio de la sublevación militar, esa Junta Nacionalista estuvo en contacto directo y confidencial con el embajador, Julio López Oliván, y con sus principales colaboradores: Pedro García-Conde Menéndez, consejero; Fernando Valdés Ybargüen, primer secretario; José Fernández-Villaverde y Roca de Togores, segundo secretario; capitán Manuel Medina Morris, agregado naval; comandante Emilio Velo, adjunto al agregado naval; y Antonio Vidal Tolosana, adjunto al agregado comercial. También establecieron contacto con los representantes insurgentes en Gran Bretaña cuatro de los seis cónsules acreditados en el país: José Gimeno Aznar (Cardiff), Eduardo María Danís Maranges (Glasgow), Ignacio de Muguiro y Muñoz de Baena (Liverpool) y Álvaro Seminario Martínez (Newcastle). Por el contrario, el cónsul general en Londres, Vicente Álvarez-Buylla y Lozana, así como el agregado comercial, Daniel Fernández-Shaw Iturralde, y el cónsul en Southampton, Roger de Fuentes Bustillo y Cueto, se mantuvieron en sus respectivos cargos con plena lealtad al gobierno republicano. También permaneció en el consulado de Liverpool Tomás Bordallo Cañizal, pero jugando «a dos bandas» hasta su cese en julio de 1937.3 El expediente informativo y depurador incoado por las autoridades franquistas con posterioridad reconocería la importancia de las gestiones hostiles de López Oliván y sus ayudantes haciendo constar «la poca actividad, si así puede llamarse, de la embajada en ese período comprendido entre el 18 de julio y el 28 de agosto, que contrasta con la desplegada con posterioridad».

Así pues, en Gran Bretaña, como en tantas otras partes, la defección de la mayoría del personal diplomático y consular acreditado supuso un duro revés para el gobierno republicano y un abierto triunfo para las autoridades insurgentes. No en vano, ese fracaso republicano reduplicaba otras penalidades aún más importantes puesto que, desde el inicio de la guerra, la suerte de las armas en el interior y la búsqueda de apoyos en el exterior se habían decantado decisivamente a favor de los militares insurgentes y en contra de las autoridades republicanas.

En vista de la debilidad gubernamental francesa y de la apenas encubierta simpatía británica por los insurrectos, tanto Hitler como Mussolini habían accedido a prestar un apoyo militar que podría reportarles indudables ventajas político‑estratégicas en el área mediterránea occidental a bajo riesgo y pequeño coste. En esas circunstancias, la adhesión a fines de agosto de 1936 de todos los gobiernos europeos al Acuerdo de No Intervención en España, patrocinado tenazmente por Francia y Gran Bretaña, sentenció la derrota diplomática de la República por un doble motivo. Primeramente, porque supuso su equiparación de facto a los insurgentes en términos operativos y en una cuestión crucial (la posibilidad de adquirir armas y municiones en los mercados continentales, facultad hasta entonces reservada al gobierno legal reconocido internacionalmente). En segundo orden, porque, desde el principio, la forma de aplicación de dicho acuerdo acentuó esa derrota jurídica dando origen a un sistema asimétrico de ayudas e inhibiciones: mientras los restantes gobiernos europeos cumplían estrictamente el compromiso de embargo e impedían el abastecimiento de la República en sus fuentes de suministros bélicos tradicionales (sobre todo los mercados francés y británico), Alemania e Italia (y en menor medida Portugal) continuaron sus envíos encubiertos de armamento para Franco a pesar de las prescripciones del acuerdo.

Precisamente la magnitud de ese descalabro diplomático sufrido, junto con la conciencia de la importancia de Gran Bretaña en el contexto internacional, motivaron a finales de agosto de 1936 una decisión crucial del gobierno de la República: el 29 de agosto solicitó formalmente el plácet de las autoridades británicas para un nuevo titular de su embajada en Londres: Pablo de Azcárate y Flórez (Madrid, 1890 – Ginebra, 1971).

La aceptación por parte de Azcárate de su nombramiento supuso una gran sorpresa en los círculos diplomáticos continentales porque el recién designado embajador era uno de los más notables funcionarios internacionales españoles en Ginebra y ejercía desde 1934 el influyente cargo de secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones (segundo puesto ejecutivo de importancia en el organismo internacional, al que hubo de renunciar de inmediato). Sin embargo, la decisión de los gobernantes españoles respondía a una indudable coherencia política y diplomática: el nuevo y reputado representante de la República en Gran Bretaña iba a ser un genuino exponente de la tradición liberal krausista que había servido a los ideales políticos del republicanismo democrático. Así lo acreditaban los antecedentes familiares del embajador (sobrino de Gumersindo de Azcárate), su formación académica (discípulo de Francisco Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza), su categoría intelectual (catedrático de Derecho Administrativo desde los veintitrés años) y su doble y dilatada experiencia política (diputado por el Partido Reformista en 1918) y administrativa (funcionario de la Sociedad de Naciones desde 1922).

Por supuesto, la decisión del gobierno republicano al nombrar a Pablo de Azcárate como nuevo embajador en Londres, tomada en una coyuntura realmente crítica y dramática, estaba basada en un certero cálculo político y diplomático: la esperanza de que su reconocido prestigio y talante liberal podrían contribuir a paliar el efecto dañino de las deserciones y dimisiones producidas, a la par que reforzaría la imagen democrática de la España republicana y evitaría el supuesto deseo oficial británico de negar el plácet a un nuevo embajador (para reducir así la representación republicana en el país y amortiguar la ausencia de representación formal insurgente). El 31 de agosto de 1936, López Oliván prestó su último servicio encubierto a los insurgentes advirtiendo al Foreign Office que su sucesor en el cargo era «una personalidad destacada y sincera con bastante tendencia hacia el comunismo teorético». Pocos días después, para ayudar a Azcárate en su labor, fueron nombrados los restantes cargos diplomáticos vacantes: Antonio de la Cruz Marín (ministro‑consejero), el comandante Fernando Navarro Capdevila (agregado naval) y el escritor Antonio Ramos Oliveira (agregado de prensa y propaganda). De este modo, tras la llegada del embajador y su nuevo equipo a mediados de septiembre de 1936, la República comenzó a desarrollar una intensa actividad política y diplomática en Gran Bretaña, de la que había carecido en las transcendentales semanas previas.

En sus memorias publicadas póstumamente en 1976, Azcárate describió con precisión los dos objetivos prioritarios de su misión diplomática en Gran Bretaña durante toda la guerra civil: «ganar para la república el mayor apoyo y comprensión posible entre las clases conservadoras inglesas que eran las que en aquel momento gobernaban el país»; y a la par, «extender todo lo posible, dentro del mundo político y social de Inglaterra, y particularmente de Londres, la simpatía y el apoyo moral hacia la causa de la república». Para alcanzar ambos fines, la actuación política y diplomática del embajador se concentró en «dos puntos fundamentales» que recapitularía casi al final del conflicto con las siguientes palabras:

a) Hacer patente la realidad y extensión de la intervención italiana y alemana en favor de los rebeldes; mostrar que lo que está ocurriendo en España es resultado del designio de esas dos potencias de dominar políticamente a España; subrayar los inmensos peligros que esto representa para Inglaterra en el caso de un triunfo de los rebeldes.

b) Destruir la idea de que la república era el comunismo y el bolchevismo en acción; demostrar la inexistencia del influjo decisivo y preponderante de la URSS en la política republicana; sacar el máximo partido de los inmensos progresos realizados por la república, no solo en el orden militar, sino en la reconstitución de toda su vida civil.

Ciertamente, la labor de Azcárate se atuvo a esas directrices con notable constancia y coherencia durante toda la guerra, tratando de lograr el «apoyo y comprensión» de las autoridades conservadoras británicas y la simpatía y solidaridad de las restantes fuerzas políticas y sociales del Reino Unido. Sin embargo, si bien sus éxitos serían considerables en la realización de este segundo objetivo, no puede decirse lo mismo respecto del primero. Hasta el mismo final de la contienda, los círculos gubernamentales británicos preservaron intacto su compromiso de no intervención incondicional y rechazaron con mayor o menor frialdad las tentativas republicanas de aproximación y búsqueda de un apoyo moral o material. De hecho, la pretensión de Azcárate representaba un ideal de muy difícil realización, una misión casi imposible habida cuenta de los fundamentos y propósitos de la política exterior  británica frente a la crítica coyuntura de los años treinta en Europa y el mundo.

La política neutralista del gobierno conservador británico ante el conflicto español estuvo determinada desde el primer momento por dos motivos esenciales y complementarios que se reforzaban mutuamente. En primer lugar, los gobernantes del Reino Unido abrigaban la convicción de que España, desde las elecciones de febrero de 1936, estaba inmersa en una crisis similar a la de Rusia en 1917 y creían que dicha crisis había desembocado en un choque frontal entre un Ejército meramente contrarrevolucionario y unas milicias obreras revolucionarias a las que servía de pantalla legitimadora un impotente gobierno reformista. Así lo habían advertido los diplomáticos británicos residentes en el país desde los primeros días de la sublevación: «La verdad sobre España era que hoy no existía ningún Gobierno. De un lado estaban actuando las fuerzas militares y de otro se les oponía un Soviet virtual» (21 de julio). Esa naturaleza subversiva real —ya que no formal— del bando republicano vedaba de facto cualquier ayuda directa o indirecta británica al gobierno español y hacía preferible la victoria, cuanto primero mejor, de las fuerzas militares insurgentes para salvaguardar el orden y la propiedad en España (incluyendo las cuantiosas inversiones británicas en el país y la seguridad de la base naval de Gibraltar).

El segundo motivo de esa neutralidad absoluta e incondicional radicaba en la política general de apaciguamiento (Appeasement Policy) en Europa practicada por Gran Bretaña desde el inicio de la grave crisis económica de 1929. El objetivo esencial de dicha política consistía en evitar cualquier nuevo conflicto entre el extenso y disperso Imperio británico y las tres potencias revisionistas del statu quo que amenazaban su seguridad: Japón en el Extremo Oriente, la Alemania nazi en Europa central e Italia en el Mediterráneo. Aterrados por la sangría humana y económica de la primera guerra mundial, los gobernantes británicos pretendían negociar con esas potencias reajustes en el statu quo como mal menor siempre preferible a una nueva confrontación general. La aguda conciencia de vulnerabilidad estratégica, debilidad económica y desventaja diplomática respecto a 1914‑1918 (ya no cabía contar con la ayuda de Estados Unidos, replegados en el aislacionismo, ni de Rusia, convertida en una amenazante Unión Soviética) aconsejaba transitar la vía del apaciguamiento de Italia (la potencia más débil) y Alemania (la más cercana y poderosa) para evitar así su potencial confluencia hostil. No en vano, los dirigentes británicos creían que incluso si esa guerra pudiera ser librada y ganada (con ayuda de una debilitada Francia), también provocaría irreversibles pérdidas para la posición económica, militar e imperial del Reino Unido. Sin excluir, además, las posibilidades que se abrirían con el conflicto bélico a la expansión del comunismo y la revolución por todo el mundo (propósito atribuido en Londres a los dirigentes soviéticos a pesar de su reciente política de cooperación con las democracias iniciada en 1934).

Habida cuenta de las sólidas razones de esa política de apaciguamiento y de la interpretación oficial sobre la crisis española, no resulta sorprendente que las esforzadas tentativas de Azcárate apenas lograran modificar la actitud gubernamental británica. Entre otras cosas, porque la política de no intervención británica en la guerra española constituía en realidad la aplicación regional y específica de su política general de apaciguamiento en Europa y se acoplaría sistemáticamente a los parámetros establecidos por dicha política hasta su mismo desplome en vísperas de la segunda guerra mundial. Por eso, de nada servían frente a ese fundamento las reiteradas denuncias de Azcárate sobre los peligros de la intervención italogermana o las repetidas garantías de contención del comunismo y voluntad de independencia de la República respecto a la URSS (cuyo crucial apoyo militar comenzó a llegar en octubre de 1936). En esencia, los gobernantes británicos consideraron que esa intervención de Italia y Alemania, aparte de favorecer el deseable triunfo de un bando contrarrevolucionario, no pondría en cuestión a largo plazo los intereses políticos, estratégicos y económicos del Reino Unido en España. No en vano, los hipotéticos riesgos al respecto siempre podrían contrarrestarse por los abrumadores recursos disponibles en caso de emergencia: el poder de atracción de la libra esterlina para encabezar (o frustrar) la necesaria reconstrucción económica posbélica española; y el poder de disuasión de la flamante Royal Navy, con capacidad dual para bloquear y estrangular las costas y archipiélagos españoles o para protegerlas y garantizar sus comunicaciones internas y externas. Mientras llegaba el momento de poner en práctica ambos recursos (el clásico dúo conocido como the carrot and the stick: el palo y la zanahoria), el Acuerdo de No Intervención y su Comité correspondiente establecido en Londres permitían salvaguardar los principales objetivos diplomáticos británicos en el conflicto: confinar la lucha dentro de España y, a la par, refrenar la intervención del aliado francés en apoyo a la República, evitar el alineamiento con la Unión Soviética y eludir el enfrentamiento con Italia y Alemania por su apoyo a Franco. Así lo había definido muy tempranamente el anciano primer ministro, Stanley Baldwin, en su única directriz política a su joven secretario del Foreign Office, Anthony Eden: «De ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país [léase: Italia o Alemania], debe meternos en la lucha al lado de los rusos».

La llegada de Azcárate a Londres como embajador (tomó posesión de su cargo el 13 de septiembre de 1936) coincidió con la primera protesta del gobierno republicano ante su homólogo británico contra los dañinos efectos que el Acuerdo de No Intervención estaba causando a su esfuerzo bélico. El gabinete de Giral había aceptado a regañadientes las cláusulas de dicho acuerdo plegándose al requerimiento de las autoridades francesas y como supuesto mal menor para atajar el apoyo italogermano a los insurgentes. Sin embargo, desde principios de septiembre de 1936, en vista de su fracaso para lograr ese fin primordial, el nuevo gobierno frentepopulista presidido por Francisco Largo Caballero comenzó a exigir su anulación y la restitución de su derecho exclusivo a comprar armas en los mercados continentales. Pero la fuerza de su argumentación legal no lograría modificar la actitud oficial británica ya cristalizada. El funcionario encargado de los asuntos españoles en el Foreign Office reconoció en privado el 10 de septiembre:

... las consecuencias políticas de conceder al gobierno legal las facilidades que indudablemente le corresponden habrían sido demasiado graves para exponerse a ellas. Varios gobiernos de países pequeños han apreciado que «No Intervención», de hecho, significa denegar al gobierno legítimo los medios para combatir una rebelión.

Corroborando ese juicio, sir George Mounsey, subsecretario adjunto encargado de Europa occidental, apuntó igualmente los motivos que habían dictado el desahucio del gobierno republicano y la preferencia furtiva por la victoria insurgente:

Aunque es verdad que desde un punto de vista legal el gobierno español tiene razón, es innegable que, de hecho, si bien no en teoría, se trata de un gobierno que había dejado de gobernar desde mucho antes del inicio de esta rebelión. Lo único que hacían era ceder constantemente a las demandas extremistas de una clase obrera desenfrenada, y eran incapaces de mantener el orden a menos que satisficieran esas demandas. Además, no fue un estímulo para que las potencias civilizadas ayudasen al gobierno español el hecho de que este, cuando estalló la rebelión, procediese inmediatamente a armar a todos los obreros y chusma, incluyendo a jóvenes irresponsables, con las consecuencias que estamos viendo: brutalidades salvajes y contrarrepresalias.

Azcárate pudo comprobar pronto las insuperables dificultades con que se enfrentaba en los ámbitos oficiales británicos. El 21 de septiembre tuvo su primer contacto formal de envergadura. En aquella ocasión, expuso ante lord Cranborne, subsecretario parlamentario del Foreign Office, los fines de su misión en Londres:

... eliminar los malentendidos con respecto al carácter del gobierno español y, si es posible, inducir al gobierno de Su Majestad a revocar su política de no intervención y ejercer su influencia contra los rebeldes.

El juicio reservado anotado en el Foreign Office sobre esa declaración de intenciones refleja la honda desconfianza británica hacia la causa de la República y la naturaleza casi imposible del objetivo diplomático del embajador:

El señor Azcárate pronto se dará cuenta de que no hay ninguna esperanza de que pueda inducir al gobierno de Su Majestad a revocar su política de no intervención para tomar partido por el gobierno español.

El embajador reiteró infructuosamente sus argumentos ante el propio Anthony Eden, titular del Foreign Office, el 15 de octubre, en su primera entrevista oficial. Para entonces, la decisión soviética de apoyar militarmente a la República había acentuado las prevenciones británicas respecto a la naturaleza revolucionaria del bando gubernamental. De igual modo, había hecho más urgente para Londres la preservación del confinamiento del conflicto logrado por la no intervención, a fin de evitar todo alineamiento con la URSS, atajar cualquier posible enfrentamiento con Italia y Alemania, y posibilitar así la ejecución inalterada de la política de apaciguamiento en curso. Azcárate trató de apaciguar esos temores y modificar esa neutralidad incondicional. Durante los meses de octubre y noviembre de 1936 repitió en varias ocasiones a Eden y Cranborne que la República luchaba por preservar un régimen democrático sin veleidades revolucionarias ni dependencia de la URSS. También insistió en que el recurso de la República a la ayuda soviética era «su última carta» para evitar la inminente derrota militar y estaba motivado por la ausencia de apoyo directo anglo‑francés. Sir Robert Vansittart, subsecretario permanente del Foreign Office, anotaría la siguiente impresión sobre las reiteradas gestiones del embajador negando el carácter revolucionario de la causa republicana:

Es inútil que el señor Azcárate recolecte información para desmentir la acusación de actividades de la Comintern en España antes de la insurrección. Las hubo en abundancia y a gran escala.

Significativamente, los contactos del embajador con las autoridades británicas quedaron reducidos durante la guerra a aquellos cargos oficiales a los que tenía acceso potencial en virtud de su condición de legítimo representante diplomático acreditado. Azcárate señala en sus memorias que nunca tuvo oportunidad, ocasión o invitación para entrevistarse con el premier del Reino Unido:

Ni con Stanley Baldwin, primer ministro durante los primeros meses de mi misión, ni con su sucesor, Neville Chamberlain (primer ministro desde mayo de 1937), tuve ninguna clase de contacto, ni relación oficial ni personal.

El embajador también subraya que esa falta de relaciones no era privativa de los medios oficiales no estrictamente diplomáticos, sino que se extendió en gran medida por todo el ámbito político conservador británico. Al respecto, es ilustrativa una anécdota relatada en sus memorias y relativa a uno de los más prestigiosos parlamentarios y exministros del Partido Conservador, Winston Churchill:

Un signo inequívoco de esto lo tuve en el incidente que se produjo a los pocos días de mi llegada a Londres, cuando, al final de uno de los innumerables banquetes a que tiene que asistir un embajador en Inglaterra, lord Cecil of Chelwood, a quien me unían lazos de respetuosa amistad creados en la Sociedad de Naciones, intentó presentarme a Winston Churchill; al oír que se trataba del embajador de España, rojo de ira y sin estrechar la mano que yo instintivamente le tendía, Churchill declaró que no quería tener relación alguna conmigo y se alejó murmurando entre dientes: «sangre, sangre...».

Ambos hechos no pueden ser más reveladores de la deliberada voluntad oficial británica de marcar distancias con el representante de un gobierno sospechoso y perturbador. Así lo demuestra, por otra parte, la facilidad con la que paralelamente el duque de Alba logró acceso a las más altas instancias políticas y oficiales de Gran Bretaña, a pesar de su condición de representante informal de las autoridades insurgentes (estatuto oficializado en noviembre de 1937). Entre otros interlocutores de Alba en distintas reuniones privadas o fiestas sociales de la aristocracia cabe mencionar al propio rey Jorge VI, a Neville Chamberlain y a un amplio abanico de ministros, exministros, diputados y lores del mundo político y social del conservadurismo británico de la época.

El Ateneo de Madrid acoge el próximo jueves 30 de abril una conferencia centrada en la figura del escritor y político francés André Malraux y su implicación en la Guerra Civil española, bajo el título “Malraux en España (1936-1939): el compromiso de un intelectual ante el fascismo”. El acto, organizado por la Sección ateneísta de Literatura, tendrá lugar a las 19:00 horas en la Sala Ramón y Cajal.

La sesión propone una reflexión sobre el papel de los intelectuales en contextos de crisis democrática, tomando como referencia el posicionamiento activo de Malraux frente al avance del fascismo en Europa durante los años treinta. El autor de La esperanza, profundamente vinculado a la causa republicana, no solo narró el conflicto español, sino que participó directamente en él, convirtiéndose en un símbolo del compromiso político y cultural de una parte de la intelectualidad europea de la época.

La conferencia correrá a cargo de Antoni Cisteró García, un perfil marcado por la interdisciplinariedad: ingeniero químico de formación, licenciado en Filosofía y diplomado en Ciencias Sociales, ha orientado su trayectoria hacia el análisis del contexto social de los acontecimientos históricos. Es autor de ensayos como Confluyendo o Participar hoy, así como de novelas históricas como Campo de esperanza —galardonada con el Premio Film-Historia de la Universidad de Barcelona— e Hijo de la memoria, ambas traducidas al francés. También ha desarrollado una amplia producción en otros géneros, incluyendo teatro y reflexión histórica a través de distintos espacios digitales.

La presentación del acto estará a cargo de Ángel Viviente Core, también escritor y activista en distintas causas cívicas. La cita se enmarca en la programación cultural del Ateneo, una institución histórica que sigue funcionando como espacio de debate y pensamiento crítico en torno a cuestiones políticas, sociales y culturales de relevancia contemporánea. En un contexto europeo en el que resurgen discursos autoritarios, la recuperación de figuras como André Malraux invita a repensar el papel de la cultura y la intelectualidad ante los desafíos democráticos actuales.

El titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este martes que su obligación como ministro es garantizar la protección del patrimonio, para lo que “hay que escuchar siempre a los técnicos” y garantizar que el Guernica de Pablo Picasso “pueda cumplir 90 años más”.

“En cuestiones como esta, hay que escuchar siempre a los técnicos y particularmente a aquellos que llevan más de 30 años cuidando la obra para conservarla como es debido”, ha dicho Urtasun en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Urtasun ha asegurado que su “obligación como ministro es garantizar el acceso a la cultura, pero también garantizar la protección del patrimonio” y preservar la integridad del cuadro para que “pueda cumplir 90 años más y que siga explicando a las generaciones futuras el horror de la guerra y del fascismo que Picasso quiso denunciar”.

El ministro ha señalado que su intención es “mostrar respeto institucional y empatía”, y ha reconocido que la petición “representa para Euskadi una demanda importante”, así como ha señalado que es partidario de “acercar el patrimonio a la ciudadanía cuando eso es posible”.

Pero ha subrayado que el Guernica “no es un cuadro cualquiera, es probablemente una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX” y que “todos los técnicos y restauradores coinciden en el diagnóstico: no someter la obra a más estrés”.

Por eso, ha zanjado el debate asegurando que “los técnicos del museo que llevan más de 30 años custodiando el cuadro tienen, como comprenderá, toda mi confianza”.

El ministro ha respondido así en la sesión de control al Gobierno en el Senado a la petición del PNV de que se permita el traslado de la obra al Museo Guggenheim de Bilbao con motivo de la exposición por los 90 años del primer Gobierno vasco y del bombardeo de la localidad vizcaína.

El senador Igotz López ha asegurado que el Gobierno vasco no está pidiendo el traslado definitivo del Guernica, sino una “cesión excepcional y temporal de nueve meses” de una obra que ya ha tenido “más de 40 traslados, que ha viajado por todo el mundo y que nunca jamás ha aterrizado ni en Guernica, ni en Euskadi”.

López ha asegurado que su grupo no pone en duda los informes técnicos de los conservadores del Museo Reina Sofía, que desaconsejan el traslado, sino que piden la creación de un grupo de trabajo entre los técnicos del Reina, del Guggenheim y expertos internacionales que puedan determinar “realmente si es posible o no el traslado y en qué condiciones se debería hacer para garantizar siempre la seguridad y la integridad” de la obra.

“Para este análisis, señor ministro, lo único que hace falta es voluntad política”, ha subrayado ante la negativa del ministro.