La guerra civil española no se dio solo dentro de nuestras fronteras. Muchos más sufrieron las consecuencias. Los españoles que estaban fuera tuvieron que ver como sus familias pasaban por una guerra que perdió la mayoría de la población. Pero, de los alejados de su tierra, solo unos pocos vivieron la fractura en carne propia: el cuerpo diplomático español. Las embajadas y consulados tuvieron que luchar por la legitimidad internacional de la República, mientras que Franco avanzaba en la península. Ahora, el historiador y columnista de infoLibre Ángel Viñas reconstruye las trayectorias de aquellos diplomáticos que permanecieron leales al Gobierno constitucional, en su nuevo libro Al servicio de la democracia: Los diplomáticos de la República y la factura de la lealtad, que salió a la venta este martes 29.

infoLibre ofrece un fragmento del octavo episodio del libro, que salió a la venta este martes 29, a través de la Editorial Crítica. El autor del mismo es el también historiador y experto en la guerra civil Enrique Moradiellos.

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En vísperas de la guerra civil española, las representaciones diplomáticas y consulares de España en Gran Bretaña eran de las más importantes de todas las mantenidas en Europa y en el extranjero (un conjunto de 42 diplomáticas y 152 consulares). Las razones para ello eran evidentes y obedecían a dos factores correlativos e incontestables. Por un lado, un factor de política internacional: durante los años treinta del siglo xx, al igual que desde hacía más de un siglo, el Reino Unido era una gran potencia económica y militar, constituía la metrópoli de un vasto imperio colonial expandido por los cinco continentes y gozaba de una relativa estabilidad social y política en medio de un mundo todavía convulsionado por la Gran Depresión de 1929. Por otro lado, un factor de política interna española: en 1935, un año antes del inicio de la contienda, en términos económicos Gran Bretaña seguía siendo, como casi siempre desde mediados del siglo xix, el primer país importador de productos españoles, uno de los principales proveedores del mercado hispano y la nación con mayores inversiones directas en España.

Además, en el ámbito geoestratégico, era un país fronterizo en virtud del dominio británico del peñón de Gibraltar, base naval principal en la ruta mediterránea desde la metrópoli al canal de Suez y la India y el Extremo Oriente. Y, por último, el Reino Unido era también, junto con Francia, uno de los principales referentes diplomáticos de España desde los lejanos tiempos de la Cuádruple Alianza de 1834 y de los más cercanos de los Acuerdos de Cartagena de 1907. En definitiva, la plaza de Londres, a muy poca distancia de la de París, era uno de los principales centros neurálgicos de la diplomacia española contemporánea y así se demostraría durante toda la guerra civil.

En gran medida por ese carácter central y decisivo, los avatares de la representación española en Gran Bretaña tras la sublevación militar de julio de 1936 fueron un nítido reflejo de lo sucedido en el conjunto del Cuerpo Diplomático y Consular encargado de la representación de los intereses españoles en el exterior. Ante todo, como resultado del estallido de la guerra civil, esa representación sufrió una profunda e irreversible fractura, al igual que todos los órdenes de la administración estatal española y tal y como sucedió en casi todas las embajadas y consulados del exterior. Además, lo sucedido en el Reino Unido no se diferenció básicamente de la tendencia general dominante en esos círculos, puesto que, si bien el bando insurgente ganó la batalla en cuanto a las adhesiones mayoritarias del personal de plantilla, fue sin embargo el bando republicano el que mantuvo la titularidad jurídica de las representaciones, procediendo a sustituir las vacantes causadas por los desafectos con nuevos nombramientos de emergencia. Como recordaría el periodista socialista Julio Álvarez del Vayo, convertido en septiembre de 1936 en ministro de Estado del nuevo gobierno republicano, para entonces «el 90 % del Cuerpo Diplomático había desertado». No era una exageración impostada, como demuestran los estudios básicamente concurrentes de José Luis Pérez Ruiz y Ángel Viñas.

Entre el 18 de julio y el 27 de agosto de 1936, casi todos los diplomáticos de la embajada española en Londres (incluyendo al propio embajador, Julio López Oliván, recién incorporado hacía pocos meses) presentaron la dimisión de sus cargos y, la gran mayoría, pasaron a actuar abiertamente a favor de las autoridades insurgentes. La representación de estas en Gran Bretaña estaba en manos de una Junta Nacionalista dirigida por dos notables exponentes del monarquismo alfonsino: el ingeniero aeronáutico Juan de la Cierva y Codorníu, hijo mayor del político conservador homónimo, y Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, el duque de Alba, muy apreciado en los círculos oficiales y conservadores británicos por su supuesta doble condición de duque de Berwick y par de Inglaterra. Ambos habían participado de manera activa en la trama civil de la conjura antirrepublicana puesta en marcha por el general Mola desde la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936.

Desde el inicio de la sublevación militar, esa Junta Nacionalista estuvo en contacto directo y confidencial con el embajador, Julio López Oliván, y con sus principales colaboradores: Pedro García-Conde Menéndez, consejero; Fernando Valdés Ybargüen, primer secretario; José Fernández-Villaverde y Roca de Togores, segundo secretario; capitán Manuel Medina Morris, agregado naval; comandante Emilio Velo, adjunto al agregado naval; y Antonio Vidal Tolosana, adjunto al agregado comercial. También establecieron contacto con los representantes insurgentes en Gran Bretaña cuatro de los seis cónsules acreditados en el país: José Gimeno Aznar (Cardiff), Eduardo María Danís Maranges (Glasgow), Ignacio de Muguiro y Muñoz de Baena (Liverpool) y Álvaro Seminario Martínez (Newcastle). Por el contrario, el cónsul general en Londres, Vicente Álvarez-Buylla y Lozana, así como el agregado comercial, Daniel Fernández-Shaw Iturralde, y el cónsul en Southampton, Roger de Fuentes Bustillo y Cueto, se mantuvieron en sus respectivos cargos con plena lealtad al gobierno republicano. También permaneció en el consulado de Liverpool Tomás Bordallo Cañizal, pero jugando «a dos bandas» hasta su cese en julio de 1937.3 El expediente informativo y depurador incoado por las autoridades franquistas con posterioridad reconocería la importancia de las gestiones hostiles de López Oliván y sus ayudantes haciendo constar «la poca actividad, si así puede llamarse, de la embajada en ese período comprendido entre el 18 de julio y el 28 de agosto, que contrasta con la desplegada con posterioridad».

Así pues, en Gran Bretaña, como en tantas otras partes, la defección de la mayoría del personal diplomático y consular acreditado supuso un duro revés para el gobierno republicano y un abierto triunfo para las autoridades insurgentes. No en vano, ese fracaso republicano reduplicaba otras penalidades aún más importantes puesto que, desde el inicio de la guerra, la suerte de las armas en el interior y la búsqueda de apoyos en el exterior se habían decantado decisivamente a favor de los militares insurgentes y en contra de las autoridades republicanas.

En vista de la debilidad gubernamental francesa y de la apenas encubierta simpatía británica por los insurrectos, tanto Hitler como Mussolini habían accedido a prestar un apoyo militar que podría reportarles indudables ventajas político‑estratégicas en el área mediterránea occidental a bajo riesgo y pequeño coste. En esas circunstancias, la adhesión a fines de agosto de 1936 de todos los gobiernos europeos al Acuerdo de No Intervención en España, patrocinado tenazmente por Francia y Gran Bretaña, sentenció la derrota diplomática de la República por un doble motivo. Primeramente, porque supuso su equiparación de facto a los insurgentes en términos operativos y en una cuestión crucial (la posibilidad de adquirir armas y municiones en los mercados continentales, facultad hasta entonces reservada al gobierno legal reconocido internacionalmente). En segundo orden, porque, desde el principio, la forma de aplicación de dicho acuerdo acentuó esa derrota jurídica dando origen a un sistema asimétrico de ayudas e inhibiciones: mientras los restantes gobiernos europeos cumplían estrictamente el compromiso de embargo e impedían el abastecimiento de la República en sus fuentes de suministros bélicos tradicionales (sobre todo los mercados francés y británico), Alemania e Italia (y en menor medida Portugal) continuaron sus envíos encubiertos de armamento para Franco a pesar de las prescripciones del acuerdo.

Precisamente la magnitud de ese descalabro diplomático sufrido, junto con la conciencia de la importancia de Gran Bretaña en el contexto internacional, motivaron a finales de agosto de 1936 una decisión crucial del gobierno de la República: el 29 de agosto solicitó formalmente el plácet de las autoridades británicas para un nuevo titular de su embajada en Londres: Pablo de Azcárate y Flórez (Madrid, 1890 – Ginebra, 1971).

La aceptación por parte de Azcárate de su nombramiento supuso una gran sorpresa en los círculos diplomáticos continentales porque el recién designado embajador era uno de los más notables funcionarios internacionales españoles en Ginebra y ejercía desde 1934 el influyente cargo de secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones (segundo puesto ejecutivo de importancia en el organismo internacional, al que hubo de renunciar de inmediato). Sin embargo, la decisión de los gobernantes españoles respondía a una indudable coherencia política y diplomática: el nuevo y reputado representante de la República en Gran Bretaña iba a ser un genuino exponente de la tradición liberal krausista que había servido a los ideales políticos del republicanismo democrático. Así lo acreditaban los antecedentes familiares del embajador (sobrino de Gumersindo de Azcárate), su formación académica (discípulo de Francisco Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza), su categoría intelectual (catedrático de Derecho Administrativo desde los veintitrés años) y su doble y dilatada experiencia política (diputado por el Partido Reformista en 1918) y administrativa (funcionario de la Sociedad de Naciones desde 1922).

Por supuesto, la decisión del gobierno republicano al nombrar a Pablo de Azcárate como nuevo embajador en Londres, tomada en una coyuntura realmente crítica y dramática, estaba basada en un certero cálculo político y diplomático: la esperanza de que su reconocido prestigio y talante liberal podrían contribuir a paliar el efecto dañino de las deserciones y dimisiones producidas, a la par que reforzaría la imagen democrática de la España republicana y evitaría el supuesto deseo oficial británico de negar el plácet a un nuevo embajador (para reducir así la representación republicana en el país y amortiguar la ausencia de representación formal insurgente). El 31 de agosto de 1936, López Oliván prestó su último servicio encubierto a los insurgentes advirtiendo al Foreign Office que su sucesor en el cargo era «una personalidad destacada y sincera con bastante tendencia hacia el comunismo teorético». Pocos días después, para ayudar a Azcárate en su labor, fueron nombrados los restantes cargos diplomáticos vacantes: Antonio de la Cruz Marín (ministro‑consejero), el comandante Fernando Navarro Capdevila (agregado naval) y el escritor Antonio Ramos Oliveira (agregado de prensa y propaganda). De este modo, tras la llegada del embajador y su nuevo equipo a mediados de septiembre de 1936, la República comenzó a desarrollar una intensa actividad política y diplomática en Gran Bretaña, de la que había carecido en las transcendentales semanas previas.

En sus memorias publicadas póstumamente en 1976, Azcárate describió con precisión los dos objetivos prioritarios de su misión diplomática en Gran Bretaña durante toda la guerra civil: «ganar para la república el mayor apoyo y comprensión posible entre las clases conservadoras inglesas que eran las que en aquel momento gobernaban el país»; y a la par, «extender todo lo posible, dentro del mundo político y social de Inglaterra, y particularmente de Londres, la simpatía y el apoyo moral hacia la causa de la república». Para alcanzar ambos fines, la actuación política y diplomática del embajador se concentró en «dos puntos fundamentales» que recapitularía casi al final del conflicto con las siguientes palabras:

a) Hacer patente la realidad y extensión de la intervención italiana y alemana en favor de los rebeldes; mostrar que lo que está ocurriendo en España es resultado del designio de esas dos potencias de dominar políticamente a España; subrayar los inmensos peligros que esto representa para Inglaterra en el caso de un triunfo de los rebeldes.

b) Destruir la idea de que la república era el comunismo y el bolchevismo en acción; demostrar la inexistencia del influjo decisivo y preponderante de la URSS en la política republicana; sacar el máximo partido de los inmensos progresos realizados por la república, no solo en el orden militar, sino en la reconstitución de toda su vida civil.

Ciertamente, la labor de Azcárate se atuvo a esas directrices con notable constancia y coherencia durante toda la guerra, tratando de lograr el «apoyo y comprensión» de las autoridades conservadoras británicas y la simpatía y solidaridad de las restantes fuerzas políticas y sociales del Reino Unido. Sin embargo, si bien sus éxitos serían considerables en la realización de este segundo objetivo, no puede decirse lo mismo respecto del primero. Hasta el mismo final de la contienda, los círculos gubernamentales británicos preservaron intacto su compromiso de no intervención incondicional y rechazaron con mayor o menor frialdad las tentativas republicanas de aproximación y búsqueda de un apoyo moral o material. De hecho, la pretensión de Azcárate representaba un ideal de muy difícil realización, una misión casi imposible habida cuenta de los fundamentos y propósitos de la política exterior  británica frente a la crítica coyuntura de los años treinta en Europa y el mundo.

La política neutralista del gobierno conservador británico ante el conflicto español estuvo determinada desde el primer momento por dos motivos esenciales y complementarios que se reforzaban mutuamente. En primer lugar, los gobernantes del Reino Unido abrigaban la convicción de que España, desde las elecciones de febrero de 1936, estaba inmersa en una crisis similar a la de Rusia en 1917 y creían que dicha crisis había desembocado en un choque frontal entre un Ejército meramente contrarrevolucionario y unas milicias obreras revolucionarias a las que servía de pantalla legitimadora un impotente gobierno reformista. Así lo habían advertido los diplomáticos británicos residentes en el país desde los primeros días de la sublevación: «La verdad sobre España era que hoy no existía ningún Gobierno. De un lado estaban actuando las fuerzas militares y de otro se les oponía un Soviet virtual» (21 de julio). Esa naturaleza subversiva real —ya que no formal— del bando republicano vedaba de facto cualquier ayuda directa o indirecta británica al gobierno español y hacía preferible la victoria, cuanto primero mejor, de las fuerzas militares insurgentes para salvaguardar el orden y la propiedad en España (incluyendo las cuantiosas inversiones británicas en el país y la seguridad de la base naval de Gibraltar).

El segundo motivo de esa neutralidad absoluta e incondicional radicaba en la política general de apaciguamiento (Appeasement Policy) en Europa practicada por Gran Bretaña desde el inicio de la grave crisis económica de 1929. El objetivo esencial de dicha política consistía en evitar cualquier nuevo conflicto entre el extenso y disperso Imperio británico y las tres potencias revisionistas del statu quo que amenazaban su seguridad: Japón en el Extremo Oriente, la Alemania nazi en Europa central e Italia en el Mediterráneo. Aterrados por la sangría humana y económica de la primera guerra mundial, los gobernantes británicos pretendían negociar con esas potencias reajustes en el statu quo como mal menor siempre preferible a una nueva confrontación general. La aguda conciencia de vulnerabilidad estratégica, debilidad económica y desventaja diplomática respecto a 1914‑1918 (ya no cabía contar con la ayuda de Estados Unidos, replegados en el aislacionismo, ni de Rusia, convertida en una amenazante Unión Soviética) aconsejaba transitar la vía del apaciguamiento de Italia (la potencia más débil) y Alemania (la más cercana y poderosa) para evitar así su potencial confluencia hostil. No en vano, los dirigentes británicos creían que incluso si esa guerra pudiera ser librada y ganada (con ayuda de una debilitada Francia), también provocaría irreversibles pérdidas para la posición económica, militar e imperial del Reino Unido. Sin excluir, además, las posibilidades que se abrirían con el conflicto bélico a la expansión del comunismo y la revolución por todo el mundo (propósito atribuido en Londres a los dirigentes soviéticos a pesar de su reciente política de cooperación con las democracias iniciada en 1934).

Habida cuenta de las sólidas razones de esa política de apaciguamiento y de la interpretación oficial sobre la crisis española, no resulta sorprendente que las esforzadas tentativas de Azcárate apenas lograran modificar la actitud gubernamental británica. Entre otras cosas, porque la política de no intervención británica en la guerra española constituía en realidad la aplicación regional y específica de su política general de apaciguamiento en Europa y se acoplaría sistemáticamente a los parámetros establecidos por dicha política hasta su mismo desplome en vísperas de la segunda guerra mundial. Por eso, de nada servían frente a ese fundamento las reiteradas denuncias de Azcárate sobre los peligros de la intervención italogermana o las repetidas garantías de contención del comunismo y voluntad de independencia de la República respecto a la URSS (cuyo crucial apoyo militar comenzó a llegar en octubre de 1936). En esencia, los gobernantes británicos consideraron que esa intervención de Italia y Alemania, aparte de favorecer el deseable triunfo de un bando contrarrevolucionario, no pondría en cuestión a largo plazo los intereses políticos, estratégicos y económicos del Reino Unido en España. No en vano, los hipotéticos riesgos al respecto siempre podrían contrarrestarse por los abrumadores recursos disponibles en caso de emergencia: el poder de atracción de la libra esterlina para encabezar (o frustrar) la necesaria reconstrucción económica posbélica española; y el poder de disuasión de la flamante Royal Navy, con capacidad dual para bloquear y estrangular las costas y archipiélagos españoles o para protegerlas y garantizar sus comunicaciones internas y externas. Mientras llegaba el momento de poner en práctica ambos recursos (el clásico dúo conocido como the carrot and the stick: el palo y la zanahoria), el Acuerdo de No Intervención y su Comité correspondiente establecido en Londres permitían salvaguardar los principales objetivos diplomáticos británicos en el conflicto: confinar la lucha dentro de España y, a la par, refrenar la intervención del aliado francés en apoyo a la República, evitar el alineamiento con la Unión Soviética y eludir el enfrentamiento con Italia y Alemania por su apoyo a Franco. Así lo había definido muy tempranamente el anciano primer ministro, Stanley Baldwin, en su única directriz política a su joven secretario del Foreign Office, Anthony Eden: «De ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país [léase: Italia o Alemania], debe meternos en la lucha al lado de los rusos».

La llegada de Azcárate a Londres como embajador (tomó posesión de su cargo el 13 de septiembre de 1936) coincidió con la primera protesta del gobierno republicano ante su homólogo británico contra los dañinos efectos que el Acuerdo de No Intervención estaba causando a su esfuerzo bélico. El gabinete de Giral había aceptado a regañadientes las cláusulas de dicho acuerdo plegándose al requerimiento de las autoridades francesas y como supuesto mal menor para atajar el apoyo italogermano a los insurgentes. Sin embargo, desde principios de septiembre de 1936, en vista de su fracaso para lograr ese fin primordial, el nuevo gobierno frentepopulista presidido por Francisco Largo Caballero comenzó a exigir su anulación y la restitución de su derecho exclusivo a comprar armas en los mercados continentales. Pero la fuerza de su argumentación legal no lograría modificar la actitud oficial británica ya cristalizada. El funcionario encargado de los asuntos españoles en el Foreign Office reconoció en privado el 10 de septiembre:

... las consecuencias políticas de conceder al gobierno legal las facilidades que indudablemente le corresponden habrían sido demasiado graves para exponerse a ellas. Varios gobiernos de países pequeños han apreciado que «No Intervención», de hecho, significa denegar al gobierno legítimo los medios para combatir una rebelión.

Corroborando ese juicio, sir George Mounsey, subsecretario adjunto encargado de Europa occidental, apuntó igualmente los motivos que habían dictado el desahucio del gobierno republicano y la preferencia furtiva por la victoria insurgente:

Aunque es verdad que desde un punto de vista legal el gobierno español tiene razón, es innegable que, de hecho, si bien no en teoría, se trata de un gobierno que había dejado de gobernar desde mucho antes del inicio de esta rebelión. Lo único que hacían era ceder constantemente a las demandas extremistas de una clase obrera desenfrenada, y eran incapaces de mantener el orden a menos que satisficieran esas demandas. Además, no fue un estímulo para que las potencias civilizadas ayudasen al gobierno español el hecho de que este, cuando estalló la rebelión, procediese inmediatamente a armar a todos los obreros y chusma, incluyendo a jóvenes irresponsables, con las consecuencias que estamos viendo: brutalidades salvajes y contrarrepresalias.

Azcárate pudo comprobar pronto las insuperables dificultades con que se enfrentaba en los ámbitos oficiales británicos. El 21 de septiembre tuvo su primer contacto formal de envergadura. En aquella ocasión, expuso ante lord Cranborne, subsecretario parlamentario del Foreign Office, los fines de su misión en Londres:

... eliminar los malentendidos con respecto al carácter del gobierno español y, si es posible, inducir al gobierno de Su Majestad a revocar su política de no intervención y ejercer su influencia contra los rebeldes.

El juicio reservado anotado en el Foreign Office sobre esa declaración de intenciones refleja la honda desconfianza británica hacia la causa de la República y la naturaleza casi imposible del objetivo diplomático del embajador:

El señor Azcárate pronto se dará cuenta de que no hay ninguna esperanza de que pueda inducir al gobierno de Su Majestad a revocar su política de no intervención para tomar partido por el gobierno español.

El embajador reiteró infructuosamente sus argumentos ante el propio Anthony Eden, titular del Foreign Office, el 15 de octubre, en su primera entrevista oficial. Para entonces, la decisión soviética de apoyar militarmente a la República había acentuado las prevenciones británicas respecto a la naturaleza revolucionaria del bando gubernamental. De igual modo, había hecho más urgente para Londres la preservación del confinamiento del conflicto logrado por la no intervención, a fin de evitar todo alineamiento con la URSS, atajar cualquier posible enfrentamiento con Italia y Alemania, y posibilitar así la ejecución inalterada de la política de apaciguamiento en curso. Azcárate trató de apaciguar esos temores y modificar esa neutralidad incondicional. Durante los meses de octubre y noviembre de 1936 repitió en varias ocasiones a Eden y Cranborne que la República luchaba por preservar un régimen democrático sin veleidades revolucionarias ni dependencia de la URSS. También insistió en que el recurso de la República a la ayuda soviética era «su última carta» para evitar la inminente derrota militar y estaba motivado por la ausencia de apoyo directo anglo‑francés. Sir Robert Vansittart, subsecretario permanente del Foreign Office, anotaría la siguiente impresión sobre las reiteradas gestiones del embajador negando el carácter revolucionario de la causa republicana:

Es inútil que el señor Azcárate recolecte información para desmentir la acusación de actividades de la Comintern en España antes de la insurrección. Las hubo en abundancia y a gran escala.

Significativamente, los contactos del embajador con las autoridades británicas quedaron reducidos durante la guerra a aquellos cargos oficiales a los que tenía acceso potencial en virtud de su condición de legítimo representante diplomático acreditado. Azcárate señala en sus memorias que nunca tuvo oportunidad, ocasión o invitación para entrevistarse con el premier del Reino Unido:

Ni con Stanley Baldwin, primer ministro durante los primeros meses de mi misión, ni con su sucesor, Neville Chamberlain (primer ministro desde mayo de 1937), tuve ninguna clase de contacto, ni relación oficial ni personal.

El embajador también subraya que esa falta de relaciones no era privativa de los medios oficiales no estrictamente diplomáticos, sino que se extendió en gran medida por todo el ámbito político conservador británico. Al respecto, es ilustrativa una anécdota relatada en sus memorias y relativa a uno de los más prestigiosos parlamentarios y exministros del Partido Conservador, Winston Churchill:

Un signo inequívoco de esto lo tuve en el incidente que se produjo a los pocos días de mi llegada a Londres, cuando, al final de uno de los innumerables banquetes a que tiene que asistir un embajador en Inglaterra, lord Cecil of Chelwood, a quien me unían lazos de respetuosa amistad creados en la Sociedad de Naciones, intentó presentarme a Winston Churchill; al oír que se trataba del embajador de España, rojo de ira y sin estrechar la mano que yo instintivamente le tendía, Churchill declaró que no quería tener relación alguna conmigo y se alejó murmurando entre dientes: «sangre, sangre...».

Ambos hechos no pueden ser más reveladores de la deliberada voluntad oficial británica de marcar distancias con el representante de un gobierno sospechoso y perturbador. Así lo demuestra, por otra parte, la facilidad con la que paralelamente el duque de Alba logró acceso a las más altas instancias políticas y oficiales de Gran Bretaña, a pesar de su condición de representante informal de las autoridades insurgentes (estatuto oficializado en noviembre de 1937). Entre otros interlocutores de Alba en distintas reuniones privadas o fiestas sociales de la aristocracia cabe mencionar al propio rey Jorge VI, a Neville Chamberlain y a un amplio abanico de ministros, exministros, diputados y lores del mundo político y social del conservadurismo británico de la época.

El Ateneo de Madrid acoge el próximo jueves 30 de abril una conferencia centrada en la figura del escritor y político francés André Malraux y su implicación en la Guerra Civil española, bajo el título “Malraux en España (1936-1939): el compromiso de un intelectual ante el fascismo”. El acto, organizado por la Sección ateneísta de Literatura, tendrá lugar a las 19:00 horas en la Sala Ramón y Cajal.

La sesión propone una reflexión sobre el papel de los intelectuales en contextos de crisis democrática, tomando como referencia el posicionamiento activo de Malraux frente al avance del fascismo en Europa durante los años treinta. El autor de La esperanza, profundamente vinculado a la causa republicana, no solo narró el conflicto español, sino que participó directamente en él, convirtiéndose en un símbolo del compromiso político y cultural de una parte de la intelectualidad europea de la época.

La conferencia correrá a cargo de Antoni Cisteró García, un perfil marcado por la interdisciplinariedad: ingeniero químico de formación, licenciado en Filosofía y diplomado en Ciencias Sociales, ha orientado su trayectoria hacia el análisis del contexto social de los acontecimientos históricos. Es autor de ensayos como Confluyendo o Participar hoy, así como de novelas históricas como Campo de esperanza —galardonada con el Premio Film-Historia de la Universidad de Barcelona— e Hijo de la memoria, ambas traducidas al francés. También ha desarrollado una amplia producción en otros géneros, incluyendo teatro y reflexión histórica a través de distintos espacios digitales.

La presentación del acto estará a cargo de Ángel Viviente Core, también escritor y activista en distintas causas cívicas. La cita se enmarca en la programación cultural del Ateneo, una institución histórica que sigue funcionando como espacio de debate y pensamiento crítico en torno a cuestiones políticas, sociales y culturales de relevancia contemporánea. En un contexto europeo en el que resurgen discursos autoritarios, la recuperación de figuras como André Malraux invita a repensar el papel de la cultura y la intelectualidad ante los desafíos democráticos actuales.

El titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este martes que su obligación como ministro es garantizar la protección del patrimonio, para lo que “hay que escuchar siempre a los técnicos” y garantizar que el Guernica de Pablo Picasso “pueda cumplir 90 años más”.

“En cuestiones como esta, hay que escuchar siempre a los técnicos y particularmente a aquellos que llevan más de 30 años cuidando la obra para conservarla como es debido”, ha dicho Urtasun en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Urtasun ha asegurado que su “obligación como ministro es garantizar el acceso a la cultura, pero también garantizar la protección del patrimonio” y preservar la integridad del cuadro para que “pueda cumplir 90 años más y que siga explicando a las generaciones futuras el horror de la guerra y del fascismo que Picasso quiso denunciar”.

El ministro ha señalado que su intención es “mostrar respeto institucional y empatía”, y ha reconocido que la petición “representa para Euskadi una demanda importante”, así como ha señalado que es partidario de “acercar el patrimonio a la ciudadanía cuando eso es posible”.

Pero ha subrayado que el Guernica “no es un cuadro cualquiera, es probablemente una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX” y que “todos los técnicos y restauradores coinciden en el diagnóstico: no someter la obra a más estrés”.

Por eso, ha zanjado el debate asegurando que “los técnicos del museo que llevan más de 30 años custodiando el cuadro tienen, como comprenderá, toda mi confianza”.

El ministro ha respondido así en la sesión de control al Gobierno en el Senado a la petición del PNV de que se permita el traslado de la obra al Museo Guggenheim de Bilbao con motivo de la exposición por los 90 años del primer Gobierno vasco y del bombardeo de la localidad vizcaína.

El senador Igotz López ha asegurado que el Gobierno vasco no está pidiendo el traslado definitivo del Guernica, sino una “cesión excepcional y temporal de nueve meses” de una obra que ya ha tenido “más de 40 traslados, que ha viajado por todo el mundo y que nunca jamás ha aterrizado ni en Guernica, ni en Euskadi”.

López ha asegurado que su grupo no pone en duda los informes técnicos de los conservadores del Museo Reina Sofía, que desaconsejan el traslado, sino que piden la creación de un grupo de trabajo entre los técnicos del Reina, del Guggenheim y expertos internacionales que puedan determinar “realmente si es posible o no el traslado y en qué condiciones se debería hacer para garantizar siempre la seguridad y la integridad” de la obra.

“Para este análisis, señor ministro, lo único que hace falta es voluntad política”, ha subrayado ante la negativa del ministro.

En el ejercicio de Historia de España de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad de Madrid de junio de 2025, una de las fuentes a analizar era la mítica foto que el fotoperiodista Robert Capa hizo para demostrar al mundo el impacto social y psicológico de los bombardeos nazis y fascistas en colaboración con la aviación franquista a la población de Madrid. Los ciudadanos indefensos, niños, mujeres y ancianos, se convirtieron en un objetivo prioritario para lograr la rendición del Madrid resistente, la ciudad del "No pasarán", como buen ejemplo de guerra total que abrió la Gran Guerra en 1914. De los más de cien exámenes que corregí sólo uno habló de los bombardeos de la guerra civil en Madrid y de sus consecuencias sociales. Y del aula de un colegio concertado que vigilé en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense (UCM) al finalizar todos los exámenes, un grupo de alumnos me preguntó qué había que contestar en esa pregunta, y yo respondí: debía hablarse de los bombardeos de Madrid y su repercusión en la ciudadanía. La contestación de ellos fue desoladora: "Ah, ¿pero es que Madrid fue bombardeada?". Me quedé impresionada y disgustada al comprobar que alumnos de 17 y 18 años no supieran que la capital de España fue masacrada, siendo la primera capital europea que recibió este duro castigo por permanecer fiel a la democracia republicana. Es muy preocupante que nuestros jóvenes de Madrid no conozcan algo tan básico y grave de nuestra historia, de la guerra civil en su ciudad y de nuestro pasado traumático. Pero, por otro lado, no me sorprendió, teniendo en cuenta lo denso de la materia de Historia de España de segundo de Bachillerato en Madrid, que empieza en Atapuerca y llega a nuestros días, porque para las autoridades autonómicas es más importante que conozcan el imperio de la monarquía hispánica que la época contemporánea de la que somos herederos y que tan mal han comprendido las derechas hispanas. Existen muchos colegios concertados y privados que dan lo que consideran del temario y de la manera que quieren, sin ningún control, tal como compruebo cuando llegan los alumnos que deciden cursar Historia o cualquier otro Grado similar a las aulas de la maltrecha e infrafinanciada Universidad Complutense.

La foto de Capa, que retrata a dos niñas sentadas sonrientes junto a un niño de espaldas y a una más mayor en el umbral de una puerta en una casa destrozada por el impacto de la metralla y de las bombas, fue identificada por el fotógrafo José Latova y su colaborador Alberto Martín Escudero, situando el escenario de la imagen en la calle Peironcely, 10, de Vallecas, entonces municipio independiente de la capital. Desde 2017, la plataforma #SalvaPeironcely10, impulsada desde la Fundación Manuel Fernández "Lito"/Anastasio de Gracia, viene trabajando en la protección y conservación del edificio fotografiado por Capa en 1936, aunque solo identificado como el situado en esa calle de Entrevías en el siglo XXI. Desde entonces, el proyecto realizado en torno a Peironcely 10 ha sido objeto de interés académico nacional e internacional, mostrando su interés y siendo visitado tanto desde la universidad española como de universidades extranjeras.

Tras el importante hallazgo, muchas asociaciones vecinales, varias fundaciones como la Fundación Anastasio de Gracia (hoy Manuel Lito) con su director José María Uría Fernández, entidades internacionales como el Goethe Institut, International Center of Photography, o Capa Haus de Leipzig, entre otras muchas, el equipo del arqueólogo del CSIC Alfredo González Ruibal, que ha excavado durante cuatro años en la zona, y un gran número de personas anónimas han trabajado para recuperar el viejo edificio y su entorno. Se desalojó a veinte familias para salvarlo e integrarlo en un centro de interpretación de la Guerra Civil y de los bombardeos de Madrid en la guerra.

Además, en 2025 fue declarado Lugar de Memoria Democrática el conjunto formado por el edificio situado en el número 10 de la calle Peironcely, el espacio conocido como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, la zona ajardinada anexa y la parroquia de San Carlos por la importante significación histórica que tiene. Este complejo refleja el impacto de los bombardeos de una escuadrilla de Savoias fascistas en la ciudad de Madrid durante la Guerra Civil y que el fotógrafo húngaro Endre Ernő Friedmann, más conocido como Robert Capa, inmortalizó con su cámara. La casa de Peironcely 10 se hizo mundialmente famosa mostrando a la opinión pública internacional los estragos físicos, materiales y psicológicos de los bombardeos autorizados por los militares franquistas para tomar la ciudad en noviembre de 1936. Madrid tiene el triste récord de ser la primera ciudad europea donde la población civil fue bombardeada sistemáticamente. La imagen fue difundida por primera vez el 10 diciembre de 1936 en las páginas interiores de la revista Regards y el 18 de diciembre en la portada de la Zürcher Illustrierte, que tituló: “Kinder in Madrid (Niños en Madrid)”. En enero de 1937, la fotografía continuó viajando por todo el mundo y reproduciéndose en nuevos medios de comunicación internacionales. De este modo, el 24 de enero se publicó en The New York Times Magazine.

Después de años de incuria municipal que parecía esperar que el tiempo acabase con el viejo edificio testigo de los brutales bombardeos de Madrid, ahora el Ayuntamiento se decide a crear un edificio que nada tiene que ver con el proyecto inicial, sin ningún vínculo con el estudio de la Guerra Civil con el nombre del famoso fotógrafo para labores sociales, dirigido por la Fundación Padre Llanos. Esta es la derecha de esta ciudad, el Partido Popular de Madrid, que homenajea a los legionarios de infausto recuerdo en la historia del país en el Paseo de la Castellana, en una de las principales vías de la capital. Esos legionarios fueron protagonistas de una cruel guerra colonial en Marruecos y conquistaron Badajoz y Toledo en su avance a Madrid durante la Guerra Civil a sangre y fuego para establecer una dictadura militar brutal. Esta es la memoria que le gusta reivindicar al alcalde Martínez Almeida. La derecha que dice defender la democracia no es capaz de crear un solo centro sobre la Guerra Civil en una ciudad que fue torturada y en la que todavía quedan numerosas cicatrices en sus calles de aquella barbarie como la Ciudad Universitaria, el barrio de Argüelles o tantos edificios y barrios. Es una decisión lamentable, indignante, mezquina y sectaria. El alcalde y su concejala se han ciscado en el trabajo de miles de personas durante muchos años. Quizás esta situación se explica mejor si subrayamos que en España no hay ningún museo digno e importante a nivel nacional sobre la Guerra Civil, mientras en Francia y Alemania habría varios. Este dato objetivo y rotundo siempre se lo recuerdo a mis alumnos al hablar de las políticas públicas de memoria y de la memoria democrática. Hace falta mucha historiografía, pedagogía y difusión del pasado en este país. Luego nos llevamos las manos a la cabeza con el porcentaje de jóvenes que dicen apoyar a la ultraderecha o que piensan que con Franco se vivía mejor. Hace falta más ciencia y justicia. Salvemos Peironcely, 10 con dignidad y rigor. Dignidad para las víctimas de los bombardeos fascistas y rigor científico acorde con las investigaciones historiográficas sobre la Guerra Civil en Madrid.

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Ana Martínez Rus es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.

Pero ahora han pasado unos días y, gracias a su decisión, de la que se sigue hablando, he tenido tiempo para recordar que hoy siempre existen opciones para construir un mañana que no esté limitado por lo peor del ayer y, lo más importante, nunca hay que dejar pasar la oportunidad de ganar una batalla no cruenta, pues son las que casi siempre pierden quienes terminan recurriendo a la violencia porque les gusta más el ruido de los disparos y las bombas que el de los debates que se ganan o se pierden con palabras.

Porque es muy cierto que, desde hace poco más de dos años, la amenaza de golpe de Estado se cierne con más fundamento que antes sobre una sociedad española siempre vigilada porque, para aprovechar la ocasión e ir poniendo nombres a quienes sí ganaron la guerra, ni siquiera dejaron que eligiera por separado la forma del Estado, como si la que restauró el golpista del 18 de julio durante su dictadura fuera la única compatible con una democracia que tras el 20N de 1975 era inevitable, y todos lo sabían. Además, y ya que mientras leemos también tenemos en la cabeza la revalorización de las pensiones, no le voy a prohibir a usted que piense que la Constitución del 78 sea la madre de todos los ómnibus, tan tentadores que después hay que deconstruirlos.

Aprovecharé para abrir un paréntesis entre interrogantes: ¿no será que esa “madre” ya está muerta y es por eso que resulta imposible reformarla?

En cualquier caso, y al margen de que la forma que adopte el golpe de Estado en construcción siempre dependerá de las estrategias de quienes buscan conseguir el poder de forma que parezca un accidente y con urnas para disfrazarlo, seguro que a estas alturas usted ya sabe que estoy hablando de “el que pueda hacer que haga”, seis palabras que son mucho más una consigna que una frase y tan vigentes que si usted le pregunta a su buscador “Cuándo dijo Aznar”, sólo estas tres palabras, lo primero que la pantalla le ofrece para seguir escribiendo es “el que pueda hacer que haga” y, acto seguido, y sin pedirle nada, la IA se despierta para decirnos que “José María Aznar ha realizado diversas declaraciones destacadas a lo largo de su trayectoria, siendo una de las más recientes y polémicas su llamamiento en julio de 2025 a la ‘rebelión nacional’ contra el gobierno de Pedro Sánchez, además de utilizar la consigna ‘el que pueda hacer, que haga’ en el contexto político actual. Otras frases y momentos notables de Aznar incluyen: ‘El que pueda hacer, que haga’ (2023-2025): Una consigna interpretada como una llamada a la acción contra el ejecutivo de Pedro Sánchez.”

El caso es que Uclés estaba convocado a debatir y, ahora que he tenido tiempo para pensarlo, he llegado a la conclusión de que podría haber ganado ese debate por goleada anticipándolo, tanto al marco creado por un título contrario a la verdad histórica como a un Aznar que, al margen de lo franquista que siga siendo, resulta hoy mucho más peligroso cuando anima a golpistas potenciales porque no le gusta el Gobierno nacido de los votos depositados en las urnas.

Por lo tanto, y aunque no es fácil que David Uclés sea tan flexible como un Pedro Sánchez al que no le han dolido prendas por tener que romper en pedazos su último “ómnibus”, creo que él y quienes como Antonio Maíllo o Carmen Calvo siguieron su ejemplo, incluido Pablo Iglesias a quien Pérez Reverte ha dicho que invitará para un nuevo intento en octubre, lo que tienen que hacer es decidir la condición que debe cumplir Aznar para merecer un asiento cerca de ellos en cualquier debate, toda vez que un evento como este no sería posible si hubiera según quienes que decidieran seguir al pie de la letra la más famosa de las consignas lanzadas por Aznar.

Si yo fuera Uclés y los demás, enviaría a Pérez Reverte una carta abierta que, más o menos, diría lo siguiente:

“Ante la nueva convocatoria anunciada por usted, queremos poner en su conocimiento que nuestra condición para participar consiste en que José María Aznar emita un comunicado público en el que manifieste que, cada vez que dijo “el que pueda hacer que haga”, o siempre que vuelva a decirlo en el futuro, o también si recurre a otra versión de la misma consigna, deberá entenderse, sin lugar a la menor de las dudas, que, de las personas a las que convoca para que ‘hagan’, siempre estarán excluidos militares y jueces de cualquier rango o categoría, y que condena y condenará con todas sus fuerzas cualquier acción, omisión, o simple gesto, que se pueda interpretar como actividad contra el gobierno que preside Pedro Sánchez si no respeta el marco legal establecido para la crítica política en la Constitución de 1978”.

P.D. No quiero terminar sin destacar el hecho de que Carmen Calvo también se haya sumado al rechazo a debatir bajo un titular embustero. Ella es, hoy, la presidenta del Consejo de Estado y no la diputada que sólo era el 9 de febrero de 2022, cuando se atrevió a desvelar que Felipe VI, a quien le puso el nombre de “Casa Real”, se había negado a renunciar al privilegio del 56.3 que le permite, tal como a su padre, cometer delitos con total impunidad. Y también nos informó Calvo que Sánchez y Casado –¿sería por casualidad?– tampoco quisieron iniciar la reforma de ese blindaje criminal y contrario a la igualdad de todos ante la Justicia que también disfrutó el dictador que había ganado la guerra. Y eso que Gobierno y oposición son quienes deben plantear las reformas. Sí, la de 1978 es la madre de los ómnibus que agarrotan la democracia.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

Mulleres, homes e homiños es el nombre elegido para una nueva gran base de datos sobre la represión franquista en Galicia. Activa en una web desde este pasado miércoles, incluye información de más de 18.000 personas que fueron represaliadas o represoras durante la guerra civil y la dictadura franquista en Galicia. Una enorme recopilación “activa, viva y en continua actualización”, como destaca Carlos Babío, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, impulsora del volcado en la red de los datos que durante más de una década recopiló Luís Sánchez Rodríguez.

Licenciado en Derecho, empleado público de la administración estatal y gallega y jefe del Gabinete de Normalización Lingüística de A Coruña de la Secretaría Xeral de Política Lingüística en sus últimos años, empezó en 2014 un proceso de recopilación que lo acabó llevando a conformar una enorme base de datos, con 18.280 fichas de personas víctimas —en su mayoría— y represoras de Galicia o con relación con ella. Con su respectiva biografía, historia personal y política o relación familiar para conformar una gran base de datos sobre la represión.

“Es una base de datos viva; os sorprendería la cantidad de gente que contacta para incorporar nuevos datos, detallar o rectificar otros… Ese es el gran valor de esta recopilación”, explica a Praza.gal Carlos Babío, presidente de la CRMH de A Coruña, que advierte de que, pese a su volumen, toda esta cantidad de nombres “son solo una parte ínfima del volumen de la represión que hubo en Galicia”.

Babío destaca, sobre todo, la “funcionalidad” de una web “de fácil manejo”, elaborada por Anxo Sánchez, que permite incorporar diferentes filtros para las búsquedas y “cruzar datos de personas” y comprobar así sus relaciones. Y pone un ejemplo, el mismo que expuso en la presentación del proyecto que tuvo lugar este miércoles en el Circo de Artesáns de A Coruña. “Puedes poner en el buscador Deportivo de A Coruña y tienes una lista de todas las personas vinculadas de algún modo al club que fueron represaliadas o que formaron parte de la represión”, explica. Aparecen más de 15 personas víctimas y tres participantes en la represión relacionadas con la entidad blanquiazul, desde Bebel García hasta Salgado Torres.

Son solo dos nombres de los 19.000 a los que se aproxima una base de datos que Sánchez Rodríguez, como recordó en la presentación, comenzó con Foucellas. A partir de ahí tiró del hilo y de otros proyectos, como el de Nomes e Voces —cuyo testimonio permanece en la actualidad en el trabajo del grupo Histagra de la USC— que reivindica el investigador y la CRMH “pero que quedó totalmente paralizado por la falta de ayuda de la Xunta”.

Sánchez Rodríguez, como explica Babío, partió de ese proyecto, en el que detectó la ausencia de bastantes represaliados, y comenzó a volcar en su base de datos todas aquellas fichas, además de las de los archivos de combatientes de la guerrilla, de las que acoge otra importante base la Diputación de Ourense o de archivos militares y de muchas otras recopilaciones. Y a eso le añadió la consulta de decenas de libros y fuentes documentales, también de las de los represores, en este caso recurriendo a la importante obra de Luís Lamela.

Entre investigaciones, correcciones y búsqueda continua dedicó once años de trabajo hasta que la CRMH colaboró con él para plasmar todo ese trabajo en una web “de consulta y actualización constante”. Un volcado en una sola base de datos de un conjunto de bases de datos, con fichas personalizadas y revisión constante. “Y financiado únicamente con las cuotas de las personas socias de la CRMH de A Coruña, sin ningún tipo de ayuda pública”, aclara Babío.

Hasta “nueve o diez horas diarias” llegó a dedicar a este trabajo una vez jubilado, con la idea de poder mostrarlo al público en un libro, una opción que pronto se volvió inviable. “Serían más de 4.000 páginas y una enciclopedia de diez tomos”, recordaba.

Hasta que la CRMH de A Coruña, en la presentación del trabajo de Rubem Centeno sobre las fosas de represaliados en el cementerio de Santo Amaro, Sánchez resolvió la duda sobre el nombre de un asesinado. Ahí descubrieron los responsables de la entidad el enorme trabajo que le propusieron volcar en una web para hacerlo accesible a todo el mundo y permitir que siguiera creciendo con más aportaciones, que son comprobadas y verificadas. Una labor que empezó por curiosidad en abril de 2014 y que fue plasmada casi doce años después. Pero que todavía continúa.

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, organizadores de las jornadas sobre la Guerra Civil que iban a celebrarse en Sevilla entre el 2 y el 5 de febrero, han propuesto su aplazamiento "hasta nueva fecha" tras denunciar amenazas violentas y presiones a los participantes.

"La intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla (“1936: ¿La guerra que todos perdimos?”) la semana próxima nos hace aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados", indican en un comunicado difundido este miércoles.

Los firmantes lo achacan a "una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes" a fin de hacerles renunciar a su intervención, en unas jornadas cuyo contenido estos "conocían perfectamente" y cuya asistencia "habían confirmado hace meses".

La Fundación Cajasol ha confirmado, en otro comunicado, que ha aceptado la propuesta de los organizadores de aplazarlo "al próximo otoño" y ha explicado que "las bajas sobrevenidas han derivado en problemas organizativos" que impiden rearmar el programa con el espíritu "equilibrado, ecuánime y de altura intelectual" con que estaba concebido.

El próximo lunes, está prevista en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla una conferencia de prensa en la que los organizadores y coordinadores darán detalles sobre lo ocurrido.

La polémica en torno a estas jornadas se desató el pasado fin de semana, después de que el escritor David Uclés, que había confirmado su participación, se retractara alegando como principal motivo el no querer compartir cartel con el expresidente José María Aznar y con uno de los fundadores de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Pérez-Reverte y Vigorra tachan de "sorprendente" el anuncio de Uclés, a quien reprochan su "tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia" y expresan sus sospechas de que "estuviera concertado de antemano".

Ese anuncio, afirman, dio lugar a "una serie de intensas presiones personales desde el partido Podemos y sus medios políticos afines de extrema izquierda", en una campaña ejercida "desde las redes sociales y otros ámbitos".

Mencionan expresamente al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y recuerdan que su esposa, la fallecida novelista Almudena Grandes, "participó gustosamente" en la primera edición de las jornadas Letras en Sevilla denominadas 'Literatura y Guerra Civil', en 2017.

Según los organizadores, las "coacciones" a los participantes han sido "públicas y privadas", incluyendo llamadas telefónicas. Como consecuencia, fueron cancelando su participación ponentes como los políticos Antonio Maillo (Izquierda Unida), María Márquez (PSOE) y Carmen Calvo (PSOE) y el escritor Paco Cerdá. Otros, como el ministro Félix Bolaños y "todos los historiadores con excepción de Zira Box", mantuvieron su compromiso y confirmaron su asistencia.

Pérez-Reverte y Vigorra lamentan la imposibilidad de celebrar un debate "donde participen de forma civilizada todas las voces, opiniones e ideologías posibles" y lo achacan a "la cobardía actual de cierta izquierda moderada y el retroceso en términos democráticos y liberales de la izquierda radical española".

"Su progresiva decadencia, su sectarismo, mediocridad intelectual y la necesidad de mantener las heridas abiertas y la confrontación como único recurso político son de una gravedad extrema", subrayan.

Además de los mencionados, el programa de las jornadas incluía al expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro Alberto Ruiz Gallardón, el teniente general Félix Sanz Roldán, el director de cine Alejandro Amenábar, el actor Juan Echanove y los historiadores Juan Pablo Fusi, Enrique Moradiellos, Pilar Martínez-Vasseur, Manuel Álvarez Tardío, Gutmaro Gómez Bravo, Fernando del Rey y Julián Casanova, entre otros.

Inicialmente solo Vox (como ya ocurrió en anteriores ediciones de Letras en Sevilla) y Gabriel Rufián (ERC) se habían negado a asistir, señalan.

Hubo un tiempo en que Miguel Gila visitaba casi a diario mi ciudad, Sagunto. No lo hacía para contar chistes, ni para subirse a un escenario. Venía, como recordaba en sus memorias, para traer munición a los brigadistas checoslovacos encargados de las baterías antiaéreas que protegían su cielo de los ataques de los aviones italianos y alemanes al servicio de Franco. Y es que Sagunto, que albergaba la única siderurgia en suelo republicano y era nudo en las comunicaciones entre Valencia y el frente de Aragón, fue uno de los lugares más bombardeados durante la guerra. Tanto fue así que Juan Negrín la convirtió en ejemplo para su consigna de resistencia en el frente y en la retaguardia: el 5 de junio de 1938, tras más de 130 bombardeos fascistas, el gobierno de la República otorgaba a la ciudad el distintivo al valor y la medalla al deber a los trabajadores siderúrgicos.

Esta anécdota hizo que me resultara especialmente entrañable la mítica imagen de ese Gila con casco y armado con su eterno teléfono, que insistía en comunicar con el enemigo. Aquellas disparatadas antihazañas bélicas suelen presentarse como un alegato contra la irracionalidad de la guerra. El propio cómico, para protegerse del franquismo, favoreció esta lectura al dotar a su personaje con un halo de ingenuidad. Sin embargo, Gila no presentó a su antihéroe con las ropas del paisano, del desertor o del cobarde, sino que lo vistió con el uniforme anónimo del soldado, advirtiendo así al espectador de que, en la absurda guerra que le iba a presentar, el cómico tomaba partido, elegía bando y asumía la trinchera desde la que les hablaba.

Y esa trinchera dejaba poco margen para las dudas en aquella España marcada por la Victoria. Cuando el humorista hablaba de ese enemigo que no dudaba en agredir “a una mujer que no era de la guerra”, los espectadores tenían fresco el recuerdo de los civiles asesinados en Gernika, en Madrid, en Almería, las decenas de muertos que el 22 de diciembre de 1937 provocó el bombardeo de un mercado en Sagunto. Cuando ironizaba sobre las carencias de armamento que sufría su personaje, eran muchos los que evocaban las dificultades de un ejército republicano asfixiado por las políticas de no intervención de las potencias supuestamente democráticas. Por eso, a menudo me he preguntado si aquellas historias que Gila nos contaba sobre ese cañón que le llegó sin agujero o aquel proyectil que debían reutilizar porque no tenían otro, no las habría vivido en persona durante sus viajes a mi pueblo. En suma, toda aquella colección de disparatados chistes bélicos era, sobre todo, un acto de memoria de los perdedores que, con el subversivo recurso de la risa, reivindicaban su dignidad.

La ternura que Gila proyectaba sobre aquel soldado que se sabía derrotado, pero que aun así permanecía en su trinchera, contrasta con la despiadada mirada que el cómico lanzaba contra otro de sus grandes personajes: el paleto. Con él, el humorista no busca tanto ridiculizar el mundo rural como las tradiciones carpetovetónicas de una España profundamente franquista que se autoproclamaba tradicionalista. Supuestas costumbres que el cómico presenta en su absurda brutalidad y que hoy vuelven a ser reivindicadas con orgullo por quienes, frente a los valores ilustrados, se presentan como los defensores de un rancio esencialismo patrio en el que se combina el neoliberalismo trumpista con el regusto a cuartel y sacristía, con el olor a mierda y sangre de los toros y con la religiosidad casposa de los antiguos lanzadores de cabras desde el campanario de Manganeses de la Polvorosa. Eso sí, para actualizar sus espectáculos, Gila debería hoy sustituir la boina calada de su caricaturesco personaje por los pantalones beiges y el chaleco cayetano. O, lo que es peor, por la camiseta negra ceñida de los gimnastas del Núcleo Nacional.

Frente a este avance del atavismo irracional, abanderado por los cachorros de la derecha extrema y la extrema derecha, no caben las medias tintas. Toca cerrar filas y, como Gila, elegir trinchera democrática. Y hacerlo no con la desesperación de la resistencia, sino con la determinación de aspirar a la ofensiva para conquistar derechos y nuevos territorios de justicia social. Para ello, eso sí, habrá que tener cuidado para no caer en la tentación de disfrazar de purismo ideológico o de estrategia de comunicación lo que, en el fondo, no es más que una broma pesada de muy mal gusto político. De lo contrario podríamos acabar parafraseando al cómico eterno: “¡Habéis ‘matao’ a la democracia, pero lo que me he reído!”

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 José Manuel Rambla es periodista.

En el número 10 de la calle Peironcely del madrileño barrio de Puente de Vallecas se tomó una fotografía que ha perdurado en el tiempo como imagen de España durante la Guerra Civil. Se trata de la fachada de una casa llena de marcas de metralla, en cuya acera están sentados unos niños, jugando y riendo. La tomó uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX, Robert Capa, que inició su carrera en nuestro país tras el golpe de Estado de 1936.

La casa protagonista ha seguido milagrosamente en pie, y junto a ella unas excavaciones arqueológicas intentan hacerse eco de la importancia de lo que ocurrió aquí y en sus alrededores. Se trata de la cuarta y última campaña “Tras la pista de Robert Capa”, comandada por Alfredo González-Ruibal, arqueólogo e investigador en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, junto a la Fundación Manuel Fernández “Lito”, que se ha desarrollado hasta este 20 de octubre.

José María Uría, coordinador de la Plataforma “Salva Peironcely 10” y director del Área de Cultura y Centro Documental de la fundación, cuenta que gracias a esa fotografía el lugar se ha convertido en un referente de la vulnerabilidad de la infancia: “Creemos que puede ser importante a nivel internacional”. El proyecto de conservación incluye unos solares cercanos –los únicos no reconstruidos tras la guerra de toda la ciudad–, donde los investigadores encontraron restos de edificios y objetos de antes y después del conflicto, pudiendo hacer un análisis de la vida cotidiana y sus cambios a raíz del franquismo. 

Durante la época de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid, esta institución se sumó a la causa con la expropiación del edificio, que pasó a ser de propiedad municipal junto a los solares. Sin embargo, en la actualidad ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han respondido a las peticiones de convertir estos hallazgos en algo público y musealizado, como solicitan los encargados de las excavaciones. Sí que existe un proyecto de rehabilitación sobre la antigua casa que comenzará en 2027, pero la plataforma no sabe cuál será su finalidad porque no se les ha consultado. Eso sí, saben que no será su propuesta de crear el Centro Robert Capa.

A Uría le parece paradójico que se exponga con mimo la famosa foto en el Museo Reina Sofía mientras observan el desprecio hacia el lugar en el que se tomó. “En cualquier otro lugar sería un monumento”. De hecho, en otras ciudades de Europa han surgido proyectos similares a los que se han hermanado. En Leipzig (Alemania), protegieron el edificio donde Capa tomó la última foto de la Segunda Guerra Mundial: “El último hombre en morir”. En Sicilia (Italia), se ha creado el Museo Robert Capa, y en París (Francia), el estudio fotográfico del mismo está también protegido. 

Por el momento, con su trabajo han conseguido que se reconozca como Lugar de Memoria Democrática, adelantan a infoLibre, lo que les concede algo de reconocimiento. Para celebrar esto, el 8 de noviembre, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Comisionada España en Libertad, quienes financiaron el proyecto, han organizado un acto público junto al edificio de Peironcely, 10. Desde la iniciativa aseguran que quieren “poner en valor los logros y los avances sociales que han ocurrido gracias a los movimientos de base”, y no solo desde las cúpulas de poder.

González-Ruibal, que también fue Premio Nacional de Ensayo de 2024, nos recibe en la excavación. El arqueólogo asegura a infoLibre, pico en mano, que “todo el patrimonio de la clase obrera está desapareciendo”. Con los restos de los edificios previos a 1936 y a las posteriores chabolas podemos observar “la vida antes de la guerra, durante y tras ella”. La mayoría de personas vivieron en las infraviviendas hasta el final de la dictadura, viniendo de pueblos de Andalucía o Extremadura para buscar una vida mejor. La mayoría de estas construcciones eran de unos 12 metros cuadrados en los que había familias enteras de al menos tres hijos, y a veces, hasta 10. “No entra en los intereses del PP la cultura de la clase obrera”, declara González-Ruibal.

El antropólogo asegura que han pasado miles de estudiantes en visitas guiadas, y siente que cuando los jóvenes ven el trabajo que se está realizando, empiezan a darle importancia. “Me parece que es importante porque se está empezando a glamourizar la dictadura franquista”. Y así parece confirmarlo las encuestas del CIS, donde se revela que casi el 20% de las personas de entre 18 y 24 años en España valoran positivamente la dictadura.

Estos escombros ofrecen una imagen de la vida antes del 36. Pese a que hay una parte que no han podido excavar porque no encuentran al dueño, descubren que había mobiliario abundante, diverso. En el laboratorio donde analizan las piezas, un espacio cedido por la parroquia de San Carlos de Borromeo –bautizada como “la parroquia roja”–, la antropóloga Sofía López Velasco asegura que en los restos “se ve el retroceso en la calidad de vida”. Fue en los 40, con el franquismo, cuando se promueve la segregación. 

En otros puntos de España, como Barcelona, ha habido excavaciones similares de chabolas. López cuenta que lo bonito de estos trabajos “es ver que mientras excavamos se acercan los vecinos. Uno nos dijo que enfrente había un castillo, creemos que era un teatro”. 

Al finalizar las labores estos restos se cubrirán, a expensas de que el Ayuntamiento o la Comunidad quieran hacer algo con ellos. La responsabilidad cultural queda en sus manos. Ahora, la vida y obra del fotógrafo que ha dado pie a estas investigaciones alberga una exposición hasta el 25 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Este martes 21 de octubre se cumple el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, impulsada por el Gobierno de coalición en sustitución de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En estos tres años, la normativa ha sufrido distintos reveses con la irrupción de la extrema derecha en autonomías y municipios, en el marco de los gobiernos del PP. Las iniciativas memorialistas, cuyo objetivo es cimentar sociedades más integradas, diversas y libres, están siendo amenazadas por el fanatismo que promueven los que buscan destruir los consensos.

La memoria es un elemento que se apoya en el civismo y en la cultura de la democracia, buscando un futuro distinto para un país que ha estado demasiados años mirando para otro lado en lo que respecta a las víctimas de la Guerra Civil. En ningún caso debe entenderse como una conducta basada en la nostalgia. La sociedad española tiene derecho a saber la verdad. La ley otorga a las víctimas un necesario reconocimiento que cimenta el entendimiento de la historia reciente de España, de su pasado como base para un futuro en plena consciencia de lo que ocurrió, con muchas familias que aún desconocen el paradero de sus familiares ejecutados o exiliados.

Núñez Feijóo ha dicho, en su obsesión por frenar la sangría de votantes hacia Vox, que si llega a la Moncloa eliminará la Ley de Memoria Democrática –también la de amnistía, por cierto, otra de las normas que la extrema derecha más aborrece–. La memoria pretende rescatar lo que supuso la guerra y la dictadura franquista para el pueblo español, el alto precio que éste pagó y lo difícil que fue terminar con ella. Es preocupante que el PP siga todavía poniendo palos en las ruedas a esta normativa, condicionado por unos ultras que cuando han entrado en los gobiernos autonómicos han exigido su derogación como primera medida. En Italia, Alemania o Francia sería inconcebible que la derecha tradicional y democrática impidiera que la gente supiera lo que significó la lucha contra los fascismos europeos; o que existiera una fundación dedicada a un dictador como Francisco Franco.

Las últimas encuestas muestran que la formación de Feijóo hace aguas ante el miedo que le genera la pérdida de más de un millón de votos en dirección a Vox, debido al grave error de abrazarse a las mismas políticas xenófobas y reaccionarias. Algunos dirigentes populares expresan en privado su inquietud ante las próximas citas electorales –el ciclo arranca en Castilla y León en marzo– y su malestar con Génova por seguir al dictado el discurso de los de Abascal.

La memoria democrática ha de tener un objetivo pedagógico. Desgraciadamente, sorprende la profunda desmemoria sobre la historia de España en los centros docentes. No son pocos los profesores y alumnos que afirman que los contenidos que se imparten hablan sobre todo de la Guerra Civil, mientras la trágica posguerra queda en el limbo del olvido.

Este recurrente olvido en las escuelas ha generado décadas de amnesia en generaciones que han llegado a su edad adulta sin saber, con rigor y concisión, lo que supuso la dictadura, su terrible represión y la oposición al franquismo que se originó dentro y fuera de España. Los manuales han ignorado o falseado aquel periodo, y los alumnos han pasado de puntillas por él.

La memoria no es revanchismo ni reabrir viejas heridas, como dicen algunos interesados en eludir el pasado, pero el hecho de promover el desconocimiento podría parecer o, al menos, acercarse mucho, a un ejercicio de manipulación política y mediática auspiciado por el franquismo sociológico que perdura a día de hoy en la sociedad española, cincuenta años después de la muerte del dictador. 

Este franquismo sociológico lleva todo ese tiempo lanzando el mensaje de que la República fue culpable del golpe de Estado, y que la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre hermanos con una responsabilidad por igual para ambos bandos. Muerto el dictador, tanto unos como otros hicieron lo posible por enterrar el legado republicano y la barbarie franquista con el objetivo de asentar la democracia, mientras que la Ley de Amnistía (1977), desgraciadamente, sirvió para dejar impunes los crímenes de la dictadura. Como bien dice el catedrático de Educación Enrique J. Díez-Gutiérrez, “mientras que otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, la española lo hizo sobre el de la superación del pasado”.

En estos momentos, el gran desafío es tener la valentía suficiente para acometer con franqueza, tanto en aulas como en libros de texto, la incorporación de la memoria democrática como componente fundamental del aprendizaje en la educación obligatoria y en etapas posteriores, toda vez que la LOMLOE la introduce en el currículo educativo nacional. Esto, a pesar del torpedeo permanente que la normativa viene sufriendo en las autonomías donde gobierna la derecha, y en las que la ultraderecha pretende negar la dictadura a través de su esperpéntica ley de concordia.   

La no repetición de un pasado traumático, en un momento crítico en Europa con el auge del neofascismo, depende de la educación y de un planteamiento audaz que proponga una batalla cultural sin complejos para evolucionar hacia una sociedad más tolerante e inclusiva, desterrando ideas perniciosas aún hoy muy arraigadas, como la que lanzó hace no mucho Esperanza Aguirre en El País: “La dictadura fue mejor que la República”.  

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Daniel Leguina Casas es responsable de Comunicación de Fundación Alternativas.

La guerra civil española fue el resultado de la conjunción de dos evoluciones: la primera, interna; la segunda, exterior. Las dos están hoy bien documentadas merced a los avances registrados por la historiografía extranjera y española. La primera progresó más que la segunda, porque los archivos foráneos se abrieron antes que los españoles, cerrados por la dictadura a casi cal y canto, excepto para algunos autores proclives a la misma que eludieron los temas controvertidos, en general de naturaleza política o ideológica.

Ahora bien, incluso en esta historiografía pro-franquista no faltó el vector internacional. Se omitió todo lo que no podía fácilmente fagocitar la dictadura, en especial la temprana petición de ayuda de los monárquicos a la Italia fascista. La sobredimensionada dimensión falangista tampoco se quedó atrás. El golpe de Estado del 18 de julio lo prepararon los dos grupos. El 1º de aquel mes se firmaron cuatro contratos en Roma que detallaban la ayuda inicial. El primero debía cumplimentarse, y así ocurrió, antes de finales de julio con aviones y tripulaciones fascistas. Las peticiones de ayuda monetaria se ocultaron. Como Franco ordenó, en la “preparación” del “Movimiento” jamás se pidió ayuda al extranjero. ¡Ja, ja, ja! En la última versión de dos autores pro-franquistas, uno un otrora respetado historiador, de una biografía de Franco se omite toda referencia al caso. El “Movimiento” debía ser nacional y solo nacional.

El lector de nuestros días puede tirar igualmente a la papelera la leyenda de que la sublevación fue necesaria para impedir una revolución comunista. Mucho de lo que ocurrió en algaradas, encontronazos e incluso asesinatos en la primavera de 1936 fue en gran medida resultado de mecanismos para excitar al Ejército y a las derechas. El vector anticomunista sirvió para excitar aún más los ánimos.

Las potencias democráticas optaron por la “no intervención”. Inglaterra para cercenar la supuesta revolución “comunista” que temían. Francia porque no se atrevió a entrar en tierras movedizas para sus ciudadanos y la dependencia con respecto a los británicos para contener la temida expansión nazi. Los Estados Unidos se mantuvieron neutrales, pero en la práctica inclinados a favor de Franco, como demostraremos Guillem Martínez y un servidor en un libro (EL ORO NEGRO DE FRANCO) que saldrá, no es casualidad, el 19 de noviembre próximo.

Anulada la posibilidad de actuación de la Sociedad de Naciones (que ya se había manifestado en los conflictos de China y Abisinia), el destino de la República dependió de la posterior intervención soviética. Se manifestó en octubre de 1936, cuando el gobierno legítimo se encontraba en una situación dificilísima. El interés de Stalin estribaba en no dar una victoria fácil al fascismo y en lograr un entendimiento con las potencias occidentales frente a la común amenaza nazi.

El colapso de los organismos de seguridad del Estado y las rápidas victorias en campo abierto –con la imposición del terror en las zonas en las que ejército y falangistas hicieron causa común con los grandes matarifes que fueron Franco, Mola, Cabanellas o Queipo de Llano, entre otros– abocaron a los republicanos a una situación límite. El mismo Azaña en septiembre de 1936 no daba un céntimo por la supervivencia de la República.

La no rendición republicana se hizo más fácil gracias a la intervención soviética y, en paralelo, de las brigadas internacionales y voluntarios fuera de ellas. Un abigarrado conglomerado de unos 36.000 hombres procedentes de casi todos los países. En general bajo el amparo organizativo de los partidos comunistas, se aprestaron a defender con las armas en la mano a aquellos españoles víctimas de la conspiración monárquica, militar y fascista. Los soviéticos enviaron un total aproximado de entre 2.000-2.150 personas.  Se conocen los nombres o seudónimos de casi todos ellos que el añorado Ricardo Miralles relacionó en el catálogo de una exposición que celebró hace años la Fundación Pablo Iglesias.

Por el contrario, en el lado franquista combatió un total aproximado de 187.000 extranjeros (marroquíes, italianos, alemanes, portugueses y otros). En cuanto a elementos de combate pesados y ligeros y aprovisionamientos para la guerra (petróleo, grasas, aviones, camiones) también la balanza se inclinó del lado de Franco. Los autores no están del todo acordes sobre las cifras y la batalla por los números sigue encendida.

Las grandes aportaciones de los brigadistas al combate directo contra los sublevados tuvieron lugar en el primer año de la guerra. Pagaron un amplio tributo de sangre. Después, con el progresivo fortalecimiento del Ejército Popular, a pesar de todos sus percances, su importancia empezó a disminuir. A finales de 1937 el general Vicente Rojo ya sopesaba si no sería conveniente retener a los especialistas e inducir a quienes no lo eran a regresar en lo posible a sus países de origen o de adopción.

Esta idea fue haciendo su camino a lo largo del siguiente año. Se materializó en septiembre de 1938 por razones de política exterior.

Los gobiernos de la democracia (no hay que señalar de qué color) llenaron de honores a los brigadistas y terminaron concediendo a los supervivientes la nacionalidad española. El caso que mejor conozco es el británico. Esparcidos por el Reino Unido se encuentran monolitos, bien en grandes ciudades o en pequeños villorrios, pequeños y no tan pequeños monumentos que atestiguan el recuerdo que en sus lugares de origen dejaron los combatientes por la España republicana y la contención del fascismo.  

Con el sacrificio de su sangre, los brigadistas testimoniaron que su empeño en tierra extranjera podría, quizá, lavar la mancha que la historia ha colgado del cuello de los gobiernos de la época, incapaces de entender lo que estuvo en juego en España. Hoy algunos historiadores ingleses todavía reivindican la política de Chamberlain, una continuación en los años treinta de la diplomacia palmerstoniana del siglo XIX. Cabe resumirla en la frase: Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes. Tiene intereses permanentes.  Ya está un poco ajado.

Es de lamentar que el sistema democrático español no haya logrado imponer una versión sobre la guerra y la dictadura que se base en hechos y no en mitos. Más aún que uno de cada cinco estudiantes jóvenes se crea lo que el franquismo hizo tragar por el embudo a sus padres y abuelos. Son datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. 

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Ángel Viñas, investigador y autor de numerosos ensayos sobre la guerra civil y el franquismo, publicará en noviembre junto con Guillem Martínez Molinos 'El oro negro de Franco' ,en Ed. Crítica.

El viernes fui al Teatro Valle-Inclán para ver 1936, un espectáculo en el que INAEM y el Centro Dramático Nacional han convocado a la cultura contemporánea y al público para recordar el presente, es decir, para buscar en la memoria una mirada sobre la realidad definida por la violencia, los discursos del odio, las identidades falsificadas y las estrategias de los poderes económicos que intentan liquidar una política democrática dispuesta a poner límites a sus ambiciones. Bajo la dirección de Andrés Lima, un grupo amplio de dramaturgos y actores nos ponen delante de los ojos y del corazón una fecha que los españoles tenemos cercana todavía, aunque pasen los años: 1936, aquel momento de quiebra en el que un golpe de Estado desató una guerra cruel, y 40 años de dictadura. Los que se presentaban a sí mismos como amantes de España, a las órdenes silenciosas de los caciques y los millonarios, fueron capaces de romper España por la mitad con su barbarie para hundirla en la desolación y la miseria.

La función sobrecoge al recordar una serie de actos históricos bien elegidos, el bombardeo de Guernica, la masacre de Badajoz o la matanza del Ebro, no sólo por el recuerdo de lo que supuso la crueldad militar de nuestra guerra incivil, sino porque el presente se enreda con los días que vivimos. Resulta difícil escuchar las alocuciones de radio de Queipo de Llano sin pensar en los líderes contemporáneos que han perdido el pudor y llenan los televisores y las redes sociales de bulos para crispar, señalar enemigos e invitar a la venganza. Resulta difícil vivir por dentro la defensa de Madrid sin pensar en el hambre, el terror y la desesperanza de las personas que sufren en Gaza el genocidio provocado por Israel. Y resulta difícil asistir a las componendas de Franco, Hitler y Mussolini sin pensar en las maniobras que han dinamitado el derecho internacional y el respeto a los Derechos Humanos.

Lo bueno del arte es que se mete dentro de la vida y nos interpela a la hora de vivir las palabras de los verdugos y las víctimas. El contexto histórico es importante, por supuesto, como son importantes las dinámicas económicas y políticas, pero al final se llega a la conciencia del ser humano, a su propia responsabilidad, al sentido de la persona que se convierte en personaje y decide ser y representar la crueldad, el odio, el asesinato sin escrúpulos o la indiferencia y el lavarse las manos. En el mundo de hoy, Judas es un buen ejemplo para comprender que quitarse de en medio es una forma de participar en la barbarie.

Por eso se agradece el compromiso artístico de 1936. Se agradece el poder de la dramaturgia de Albert Boronat y Andrés Lima que mantiene durante 4 horas un escenario y una emoción en movimiento. Se agradece el acierto de un coro que refuerza el sentido colectivo de la historia y acerca los recuerdos a los jóvenes para salvarnos de los abismos del olvido y de las fosas. Y se agradece el trabajo de actores como Guillermo Toledo, Cristina Arias, Juan Vinuesa, Natalia Hernández, Morris…, y todo un elenco que nos permite escuchar y ver el horizonte humano e inhumano que conformaron Franco, Queipo de Llano, Azaña, el general Miaja, Yagüe, La Pasionaria, Norman Bethune o Clara Campoamor… 

¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? Observar el pasado que desembocó en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial nos interpela y nos invita a salir del sometimiento a la injusticia por culpa de la complicidad directa o la indiferencia. Tomemos la palabra, salgamos a las calles y las plazas, vamos a comprometernos en la responsabilidad de nuestras vidas y nuestros trabajos, vayamos al teatro a ver propuestas como 1936 y recordemos a quien nos dejó una herencia de Paz, Piedad y Perdón.

Mi abuela nació en 1885 en un lugar entonces remoto, Hernán-Valle, en un entorno rural puro. Aunque su familia no era pobre, su padre decidió que ninguna de sus hijas fueran a la escuela para que nunca pudiesen mantener correspondencia con los novios, así que mi abuela era analfabeta.

Me contaba que desde que cumplió diez años se ocupaba de preparar la comida de la familia y de los mozos que ayudaban en las faenas del campo: eso sumaba más de veinticinco personas para los diez años de aquella niña.

Bromeaba cuando hablaba de las fiestas de carnaval, a las que llevaba un disfraz que incluía guantes para que no reconocieran sus manos, tan grandes y bonitas. Con quince años y más de un metro setenta y cinco, conoció a mi abuelo en una de esas fiestas, en las que los mozos buscaban novia en lugares distintos del propio. Se casaron cuando ella tenía dieciséis. Tardó cuatro o cinco años en dar a luz a su primera hija, que murió de difteria antes de cumplir los cinco. Y aún otros cuantos años más para que naciera Juan, el mayor de los ocho que vinieron después.

Sus partos no tenían ginecólogo, obstetra ni comadrona. Si acaso alguna mujer del pueblo con experiencia en ayudar a otras a dar a luz. Los mellizos los parió de pie sobre una espuerta cubierta de inmaculados paños de lino blanco. Sola.

Mi abuelo murió de gripe en 1931 y dejó deudas como para que, unos días después del entierro, vinieran del juzgado a embargar lo poco que tenían, menos los siete hijos, el yerno y los tres nietos. Muchas bocas que alimentar con nada en absoluto. De manera que había que ir a buscar a Juan, el hijo mayor que vivía en Orán, que ahora era el cabeza de familia.

Sigue siendo un misterio para mí cómo mi abuela viajó con toda esa pandilla desde Hernán-Valle hasta Orán, con qué dinero lo hizo, qué comieron, dónde se alojaron en el camino, cómo se lavaron, cuánto lloraron. Pero ella lo consiguió. Orán era entonces Territorio Francés de Ultramar y, al llegar, mi madre y una de sus hermanas fueron escolarizadas obligatoriamente. Mi madre, que ahora tiene cien años y casi dos meses, aún canta las canciones del lycée con un impecable acento y recuerda cada detalle de su profesora.

En 1936, mi tío Juan volvió a España para alistarse en el ejército y defender la República. Mi abuela permaneció en Orán hasta que, supongo, se le acabó el dinero y se las arregló para regresar con todos en el otoño de 1938 por un procedimiento tan misterioso para mí como el trayecto de ida. Solo sé que viajaron en barco a Marsella y, desde allí, en tren hasta Port-Bou. Mi madre cuenta que ametrallaban la estación cuando el tren estaba entrando. Después caminaron todos hasta Barcelona, en donde el otro hijo varón fue a parar a las listas de la Quinta del Biberón. Consiguieron avanzar hasta distintos lugares de la provincia de Valencia, en donde parece que separaron a la familia. Es un milagro que mi madre pudiera estar acogida con mi abuela. Mi abuela nunca volvió a saber del hijo del que se despidió en Barcelona.

Durante todo ese trayecto pasaron hambre, mucho miedo, tuvieron que ponerse en cola para lograr algo que comer, fingir que eran afines a quienes hacían el reparto. Siendo mi madre la menor, mi abuela le vendaba el pecho para que pareciera más niña a pesar de su gran estatura.

Terminada la guerra civil, el hermano mayor cruzó a pie los Pirineos y entró en un par de campos de refugiados. Allí se unió a la resistencia y luchó en el Massif du Vercors, donde el ejército alemán hizo una carnicería. Él sobrevivió y siguió luchando contra los ocupantes. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Juan recibió automáticamente la nacionalidad francesa y fue condecorado como héroe de guerra. Volvió a España en 1956 con pasaporte francés, pero mi madre no salía a la calle con él, no quería que saliera de casa, no lo presentaba a sus amigos.

Mi madre se había casado con mi padre y borró todo cuanto pudo de aquella vida de miseria y angustia, se olvidó del sufrimiento de mi abuela, que vivía con nosotros y que fue quien tuvo el valor y el coraje de hacer posible que tuvieran qué comer y de sacarlos a todos adelante. Así, mi abuela se había convertido en una sombra silenciosa que lloraba a escondidas la ausencia de sus dos hijos varones, que sufría el haber perdido todo para siempre.

Las mujeres africanas que, para venir al primer mundo y poder comer y tener una vida, hoy cargan con sus hijos, a veces fruto de violación, tienen al menos (si no más) el valor que tuvo mi abuela, como también lo tienen las afganas para seguir estudiando y todas aquellas que en esta especie de “consejo de administración” que es el mundo, formando parte del 51% de la población del mundo estamos sometidas al 49% restante, que es quien toma las decisiones de paz y, sobre todo, de guerra, de miseria, de explotación de todo tipo, quien decide quién vive y quién muere, en definitiva.

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Isabel Torné es socia de infoLibre.

La nuestra es una historia de superación de problemas de fondo y largo recorrido muy graves. Sin embargo, es también una historia de ausencias, de vacíos y de silencios, en la que no hemos conseguido desterrar todos nuestros fantasmas. El suelo de nuestro pasado es endeble, pende todavía de un hilo. El recuerdo implica un esfuerzo por ordenar aspectos inconexos, pero también exige una operación de limpieza, de distanciamiento con el relato tradicional. Una operación encubierta en el caso de los historiadores, que, a pesar de todo, no amortigua en nada su dureza. Sabemos lo que pasó o hemos logrado ordenarlo casi todo. Conocemos su evolución, pero no su impacto entre la inmensa mayoría de la gente. Comprender cómo se interiorizó y cómo ha sido transmitido generacionalmente, en su conjunto, el pasado reciente, sigue siendo misión imposible. Se necesita un acercamiento personal, introspectivo, que sitúe el ayer en la comprensión de los problemas de las sociedades actuales. La cuestión radica en la atribución de las culpas, pero también en la dificultad de asumir aspectos de recuerdos enfrentados como muestra claramente nuestro caso. Una gran parte de la culpa sigue oculta, apenas ha salido a la luz. Uno de los significados de la guerra civil más compartidos incide en su ruptura política y social, pero apenas sabemos nada de la reinvención del pasado familiar que aún no ha revelado su verdadero rostro. Por eso es tan terrible que la última generación reciba la versión tradicional de los hechos en formato virtual y la haga suya de forma viral. No es su responsabilidad, es cierto. Se ha transmitido, a lo largo de todo este tiempo, de generación en generación, en el seno familiar y de forma desigual, motivando una clara falta de referentes comunes.

De modo que la historia ha llegado hasta nosotros a través de la transmisión de un relato heredado, estereotipado y compartido. Un relato que se construyó en una época muy difícil y que seguimos renunciando a comprender. La experiencia de la guerra y de la posguerra muestra ese gran vacío colectivo del que procedemos. Su alcance masivo, su prolongación en el tiempo y su potencial destructivo sirvieron como un aglutinante de desgracias, que se han mantenido a través de una visión pesimista de la historia española. Eso y todo lo que la gente tuvo que hacer para sobrevivir fue silenciado por sus propios protagonistas, por culpa, por imposición, por miedo y por vergüenza, además de otras muchas razones, sobre todo, económicas. Ese silencio impuesto, reproducido desde lo familiar, tiene unos efectos que apenas hemos empezado a explorar. Es una condición terrible que afecta y condiciona forzosamente a la memoria actual. Esa es una labor pendiente, otra más, desandar y comprender el camino que deja sin resolver las incógnitas personales. Los primeros recuerdos de aquellos niños, como mis padres o los tuyos, no ha salido del túnel en el que se encontraba hace ya casi un siglo. La cuestión, pasa por saber qué usos hacemos de ella en la actualidad. El silencio con el que se vio obligada a convivir la sociedad española se inició desde el comienzo de la guerra. Las familias fueron implicadas en ella hasta niveles insospechados, hecho que marcó su condición vital en la “posguerra”. Este es un punto crucial para entender por qué la memoria oficial logra confundirse todavía con la familiar. Fue codificada y transmitida en el amplio repertorio de violencias que sufrió la población civil desde el propio golpe de estado. Su rápida extensión se impuso por todas las vías para asegurar la cohesión de la población “propia” al tiempo que se arrebataba la del “enemigo”. 

Sacar del olvido esa parte, con los materiales de archivo que disponemos, nos lleva de nuevo a explicar, a comprender a regañadientes, una versión que no conocemos y hemos dejado pasar. Renunciamos a ello. Si no entendemos esto, nunca sabremos cómo se empezaron a transmitir aquellos recuerdos, cómo se fueron adecuando a las pautas, políticas, sociales y culturales, que no siempre se sincronizaron con la recuperación de la democracia. Hay un eslabón perdido, reconstruido con lo que había a mano en cada momento, testimonios orales, fotos, cartas, audios…..y archivos, por eso son tan necesarios, para mantener la exigencia de recobrar una historia a la que ya no podemos llegar. Sus restos siguen vivos en un presente que agita aún sus claves emocionales. La necesidad de comprender las historias familiares, contra su largo proceso de olvido y apropiación, desactiva su utilización política en la batalla por el relato que nada tiene que ver con ellas ni con su historia. Para ello, primero la sociedad tiene que considerar justo y necesario condenar la dictadura, y superar el modelo de reconciliación impuesto por el franquismo. Comprenderlo, explicarlo, no conmemorarlo. De este modo, el conocido “deber de memoria” puede facilitar el conocimiento de nuestro pasado reciente y su difícil proceso de articulación. Pero también puede ser una trampa, que se enreda políticamente en el presente, bajo la promesa de futuro.

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Gutmaro Gómez Bravo es Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid.

Mis nietos (tres) no sabían nada de Unamuno. El mayor de ellos –apenas tiene once años y medio– me preguntaba quién fue Unamuno, porque me veía constantemente con textos, imágenes y videos sobre él. Los otros dos menos aún le conocen, pues solo tienen dos y siete años. Les enseño varios documentales que realicé hace años y muchas fotos de archivo sobre Unamuno. Claro, todo ello en el ordenador, en la tablet o en el teléfono móvil, sus referencias más apreciadas, sus dispositivos tecnológicos vitales. 

Aunque tienen raíces salmantinas, ninguno de mis nietos nació aquí en tierras charras; viven fuera de Salamanca. Y casi no conocen la escultura (de Pablo Serrano) en la calle Bordadores junto al ábside de las Úrsulas, en nuestra ciudad. 

Por eso me parecía un reto muy difícil cómo explicarles en pocas palabras, brevemente y entendible, quién fue Unamuno y cómo fue su vida intelectual, cultural, familiar y política, etc. Y también sus desavenencias con algunos gobiernos de la II República y sus enfrentamientos y críticas contra la monarquía borbónica y el dictador Primo de Rivera. Y, más complicado aún, contarles cómo Unamuno, posiblemente, murió asesinado. 

Eso sí, nunca les citaré el ´fake´ –edulcorado y falangelizado– relato de su muerte, funeral y entierro, que ha perdurado desde enero de 1937 hasta nuestros días. Todavía hoy hay muchos ´expertos´ historiógrafos, unamunianos y antiunamunianos que siguen defendiendo esta farsa y cuento adulterado como verdad monolítica. Este relato falangelizado ´cocinado´ por Ramos Loscertales y Bartolomé Aragón con la avenencia de la Oficina de Propaganda de la Falange y por el mando militar golpista, es el que se  ha erigido como ´oficialista´. Siempre me pareció esta fábula falangista una especie de novela hagiográfica amañada –un libelo- para servir de libro de edificación a los muchachos ingenuos.

A mis nietos más pequeños les leí –y mostré los dibujos– de los comics infantiles sobre Unamuno. Muchas fueron las preguntas que me hicieron porque no se enteraron de casi nada. Y la verdad, me quedé decepcionado con qué y cómo lo contaban. Así que tuve que narrar “mi libro comic” sobre don Miguel basado en mis conocimientos profesionales. Porque esos comics apenas contaban nada importante, solo hechos convencionales, sesgados… Anulaban la verdad, disimulando  temas y causas como el exilio a París o la guerra civil española y la feroz represión en la retaguardia salmantina por parte de las tropas rebeldes… No citan las circunstancias tan extrañas de su muerte y funeral, ni hablan de la guerra civil entre españoles, ni mencionan el episodio del enfrentamiento en el Paraninfo salmantino con Millán Astray… Es un cuento aún más cuento porque ignora episodios importantes en la vida de Unamuno.

Tenemos que separar el trigo de la paja..., y abstraernos del ruido literario y del relato falangelizado sobre su muerte… Creo que nunca se sabrá qué pasó exactamente esa tarde de nochevieja del 36 en la casa de Bordadores. Pero actualmente, y a pesar de que no estuvimos allí presentes ese lúgubre día, se avanza con cada documento nuevo. Y nos vamos acercando al intento de conocer y entender lo que ocurrió esa tarde. En ese sentido van las investigaciones y publicaciones de los Rabaté, de Paco Blanco, de Menchón y Jambrina, y últimamente las de Carlos Sá Mayoral, en su libro “M. de Unamuno ¿muerte natural o crimen de Estado?”

Hace unos días, cuando les mostré a mis nietos imágenes en vídeo, con la música tradicional del “Gaudeamus Ígitur” de la ceremonia de investidura del “Honoris Causa póstumo” de la USAL a don Miguel, con las palabras como padrino del acto, en su laudatio (discurso sobre los méritos), de su nieto Pablo de Unamuno Pérez, se sorprendieron positivamente. Y, con ello, empezaron a interesarse por el tema, sobre todo el mayor de mis nietos.

Pero ´abito´¿de verdad que lo mataron? ¿Quién, cómo…?

Lo más fácil fue contarles el porqué… Lo demás me llevó su tiempo, aunque con muchas dificultades.

… Unamuno fue espectador impotente de los desastres de la guerra, y víctima, cuando empieza –pronto– de un doloroso examen de conciencia por haber apoyado inicialmente ese golpe de Estado. Y luego lo culmina cuando se enfrenta duramente al general Millán Astray, el 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad salmantina.

Y es así que, a los dos meses del golpe de Estado, las cosas se le complicaron a Unamuno, acusado de traición a la patria, a Franco y a su Movimiento facistoide. Esa apostasía solía llevar pena de muerte o un castigo de cárcel dura, muy dura y una multa desorbitada. Le aislaron socialmente, vigilándole en casa y cuando salía a pasear, controlando su teléfono y las cartas –sobre todo– las del exterior. No le dejaban publicar en prensa, etc., etc. Ya, desde esa fecha, era repudiado –un apestado– por los militares y la derecha más rancia de Salamanca. A parte de los insultos de tertulianos del Casino de esa misma tarde, está la destitución al día siguiente como concejal y Alcalde Honorario del Ayuntamiento Salamanca, y dos semanas después, la destitución de rector vitalicio de la Universidad salmantina.

Los militares sublevados contra la II República, comandados por los generales Franco y Mola, acorralaron al anciano profesor, después de su postura muy crítica contra ellos. Castigado y vigilado por «los hunos» y «los hotros», en medio de un torbellino de violencia y represión y asesinatos, el viejo catedrático vive desde entonces un doloroso y solitario exilio interior en su casa de Salamanca. Solo conseguía escabullirse, escribiendo día a día “El resentimiento trágico de la vida”, una serie de cartas y poemas hasta su fallecimiento el último día del año 1936. Estos textos definen claramente el “enfrentamiento de dos memorias: una, heredada de los valores de la historia cultural republicana, y otra, de la historia oficial franquista”.

Tuvo que soportar la muerte sin ley, las duras represalias y cárcel a amigos y vecinos, y “fue capaz de remontar el estupor que le produjeron” las detenciones de su amigo el médico Villalobos (dos años detenido y recluido en la cárcel, al que se le impuso una cuantiosa multa e incautación de bienes), y los fusilamientos del pastor evangélico Atilano Coco, el del Alcalde Prieto Carrasco –muerte violenta abandonado en las cunetas–, y de su exalumno Vila, rector de la universidad de Granada. Y ver cómo otros tantos amigos, compañeros de universidad y vecinos, fueron cruelmente represaliados, encarcelados sin causa o asesinados. Amén del simbólico cambio de bandera tricolor republicana por la bicolor ´franquista´ en el balcón del Ayuntamiento.

Le sigo narrando a mi nieto mayor: “… Aquel día (31 diciembre de 1936) hacía muchísimo frío en Salamanca, y había nevado de madrugada. En el caserón de Unamuno en la calle Bordadores (enfrente de donde ahora está la escultura), el frío se hacia notar mucho. Por eso la criada de la familia Unamuno –Aurelia– puso un brasero de cisco para que se calentasen. Tenía una visita: el falangista Aragón. Cosa muy extraña en una tarde-noche tan familiar de la Nochevieja”. Además, bien se sabía que Unamuno no podía soportar a los falangistas, sobre todo a los de camisa azulona con correaje y pistola.

Solo Bartolomé Aragón, profesor auxiliar en la Facultad de Derecho y falangista admirador del fascista italiano Mussolini, estaba con el exrector en el momento del deceso. Unamuno había criticado mucho la forma de actuar de los falangistas, y en esta ocasión parece que Aragón se pasó por su casa a charlar un rato acerca de un libro suyo sobre corporativismo económico de matiz fascistoide. Se supone que llegó sobre las cuatro y media o algo más tarde. Poco después, cuando llevaban no más de media hora hablando acerca de la situación de España, según el propio B. Aragón, Unamuno se puso pálido, inclinó su cabeza mareado y él, Aragón, avisó a la familia, que nada pudo hacer ¿Es esto cierto? No lo creo… Lo cierto es que según contó ya de mayor su nieto Miguel (entonces Miguelín de siete años), que en ese momento llegó a la casa con su tía Felisa, vieron el cuerpo tendido sobre la camilla, sin vida y con el falangista dando voces alterado: ¡“Yo no lo he matado; yo no he sido, yo no”…! 

Eran más o menos las cinco y media de la tarde. La conversación pudo no haber sido tan cordial como decían algunos, ya que ambos hombres defendían posturas diferentes. Unamuno estaba muy preocupado por el decadente escenario que sufría España con esa “guerra incivil” –como él mismo la llamó en el Paraninfo–, y censuraba toda acción bélica y fascista. Mientras que Aragón apoyaba incondicionalmente ese nuevo modelo de país al abrigo de la Falange, los requetés y las tropas franquistas.

Aurelia, la asistenta, subió dos veces desde la cocina hasta la habitación donde estaba Unamuno con el visitante falangista Aragón, porque oyó fuertes voces, discusiones y golpes en la mesa.

Hubo muchos chismes sobre su muerte, leyendas, bulos y certezas ocultas. Se sospechó siempre, o al menos se dejó abierta la posibilidad de que don Miguel fuera asesinado alevosamente… Cuentan que si le envenenaron unos falangistas a los que odiaba y repudiaba… Otros pensaron que fue Aragón, el profesor falangista, el visitante de esa tarde, quien lo asesinó. Dicen que Aragón alteró conscientemente el corazón de don Miguel (“parece ser que fue la sangre que hirvió con la charla, alterando su salud y provocándole ese trance circulatorio que lo fulminó”). Eso sucedió en una violenta discusión que le sacó de quicio y le provocó ese “patatús” de tipo cardíaco. Y es que la charleta entre ellos dos no fue, precisamente, una cosa calmada de tomar café y hablar amigablemente ¿O sucedió otra cosa más cruel? Y por supuesto, Unamuno no falleció en paz, ni tranquilo como un ancianito.

Otras investigaciones, más actuales, resaltan que murió asesinado por orden directa de Franco, a través del SIM (Servicio de Información Militar) según Carlos Sá Mayoral en su libro antes citado. 

Mi nieto me preguntó inquieto: ¿Entonces eso sería un asesinato, “abito”? “Sí, le dije, un crimen de Estado. Además, así lo asegura Carlos Sá –y lo demuestra en su libro–, que hay varios documentos que lo acreditan, del SIM y cartas a personajes literarios como H. Miller, Lorenzo Giusso, Mari Garelli, Quintín de Torre, y a otros…

Al concluir mi relato comentando el libro de Carlos Sá, a mi nieto mayor se le quedó un cara de enorme perplejidad y de tristeza, al comprobar cómo acabó Unamuno, asesinado y menospreciado por los rebeldes contra la II República.

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.

Como ustedes ya se habrán dado cuenta, esta columna optó hace un tiempo por mirar al futuro. Poner el foco en lo que va a pasar para aportar instrumentos de análisis con los que entenderlo mejor. Por eso hoy, 30 de diciembre, día apto para hacer balance del año que está a punto de terminar, damos un salto para entrar ya en 2025, año en que, según se ha anunciado, se celebrará medio siglo de la “España en libertad”, tras la muerte de Franco. Que en el anuncio de esta conmemoración se hiciera énfasis en la muerte de Franco ha soliviantado a los conservadores, y ya han corrido ríos de tinta en esa parte de la opinión publicada. Una excusa perfecta para que la derecha enfatice la idea de que Pedro Sánchez necesita a Franco para polarizar, y al mismo tiempo evite tener que entrar así en el fondo del asunto.

La muerte en la cama del dictador difícilmente puede ser motivo de orgullo. La dictadura de Franco no cayó por una revolución progresista ni porque los demócratas en el interior o en el exilio consiguieran torcerle el brazo. Hubo que esperar a que muriera en la cama para que la Historia retomara su andadura. A partir de ahí, las cosas cambiaron. Las fuerzas progresistas en la clandestinidad, los que quedaban en el exilio, quienes siguieron pensando en uno y otro sitio que sería posible, junto con un entorno europeo que empujaba hacia ahí, favorecieron que la democracia, en efecto, llegara, y con ella, esa “España en libertad”.

¿Qué celebrar, por tanto? Que muerto el dictador, España fue capaz de iniciar un camino de libertad y en democracia. ¿Cómo? Con muchas dificultades, y eso debería centrar buena parte de los actos conmemorativos. Contra el relato oficial más extendido, la transición a la democracia que comienza en 1975 no está exenta de polémicas ni hechos crueles. Más de 700 muertes, según la historiadora francesa Sophie Baby, entre 1975 y 1982, la mayoría a manos de ETA, pero casi 200 por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (El mito de la transición pacífica, Akal). ¿Cuáles fueron las claves de esa transición? ¿Qué fuerzas ayudaron a avanzar y cuáles ofrecieron resistencia? ¿Quiénes fueron y qué pasó con aquellos jóvenes que se jugaron su juventud en la clandestinidad primero y en organizaciones izquierdistas después? ¿Qué fue de organizaciones como la Liga Comunista Revolucionaria, el Movimiento Comunista, la ORT u otras? ¿Qué papel jugaron las Asociaciones de Cabezas de Familia –hoy convertidas en Asociaciones de Vecinos– o los sindicatos? Muchas preguntas que, 50 años después, ni siquiera se han formulado, más allá de círculos académicos y militantes.

Para llegar ahí, hay que asegurarse de que el conjunto de la sociedad española conoce qué pasó en 1936, hasta qué punto la dictadura que sumió a este país en las tinieblas durante cuarenta años fue cruenta hasta sus últimos días, y cómo la Transición consiguió vencer muchas resistencias, pero no todas. Bienvenidos sean los debates que enfrenten análisis distintos siempre que sean rigurosos; es hora de desterrar de una vez el silencio que cubre aún muchos aspectos de estas décadas y que ha dado pábulo a revisionismos carentes de consistencia. Duele comprobar, año tras año, cómo sigue siendo muy difícil que los estudiantes de bachillerato lleguen a completar el temario de Historia de España. A duras penas consiguen cruzar el umbral del siglo XX. 

Muy a menudo, tanto la Transición como –de forma especial– la Constitución, se han visto como el punto final de la dictadura, y no como el inicio de un nuevo periodo. Un inicio que necesita avanzar e ir actualizando y gestionando los retos que no se pudieron encarar entonces. La organización territorial del Estado, el desarrollo de un Estado de Bienestar lo más completo posible, y la relación con la iglesia católica son tres de ellos. (Sí, la Corona también, pero no parece que este tema esté hoy en la conversación pública).

50 años, por tanto, de mucho por celebrar, pero con tres objetivos que no pueden faltar: Garantizar que la sociedad española conoce su siglo XX, analizar en profundidad qué fue la Transición más allá de manidas idealizaciones, y aprovechar para dar pasos adelante en los temas que entonces quedaron pendientes.

Dicho lo cual, ¡feliz año nuevo! Que sigamos compartiendo este espacio de encuentro, celebrando el acuerdo y la discrepancia.

El cuaderno de José Sánchez Barrios es fiel testigo de la represión franquista en Jerez. Ahí, entre cuentas y planos, el hombre anotó uno a uno los nombres de más de un centenar de personas asesinadas tras el golpe de Estado. Una larga lista fúnebre de la que afloran los nombres de Máximo Salazar y Carmen Hombre Ponzoa. Él junto al número 18. Ella junto al 19. A ambos les arrebataron la vida en el invierno posterior al alzamiento fascista. Y ahora, casi nueve décadas después, el Estado por fin recupera su memoria. El matrimonio forma parte de la veintena de personas, muchas de ellas anónimas, a los que el Gobierno tiene previsto homenajear en el acto institucional que se celebra anualmente en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Carmen nació el último día de 1898 en San Fernando (Cádiz). Pero pronto se trasladó con sus padres a Jerez de la Frontera. Criada en el seno de una familia protestante, la joven, que en la actualidad da nombre a una calle en el municipio gaditano, dedicó su vida a la enseñanza. Comenzó escolarizando a los pequeños de familias vulnerables en una escuela ubicada junto a la antigua Iglesia Evangélica El Salvador. Entre sus alumnos, María Luisa Cobo, quien años después se convertiría en una destacada activista anarquista y fundadora del Sindicato Emancipación Femenina. Una labor que desempeñó hasta la llegada de la II República. Fue entonces cuando, por fin, pudo presentarse a las oposiciones de Maestra Nacional sin tener que renegar de sus convicciones religiosas.

Obtuvo una de las notas más altas, pasando a formar parte del medio centenar de maestros con los que entonces contaba Jerez. Impartió clases en la Escuela de Niñas del Retiro. Y, poco a poco, las inquietudes políticas y sindicales se fueron sumando a las culturales. Se afilió a la Unión General de Trabajadores (UGT). Y se "implico de lleno en el ambiente social y político" jerezano de la mano de Juan Máximo Salazar, un tipógrafo que terminaría convirtiéndose en su marido. Algunos, incluso, la definían como una gran oradora. "Ambos eran muy visibles en los actos y mítines públicos. Por eso, fueron de los primeros en la carnicería en la que se convirtió la ciudad tras el golpe de Estado", cuenta en conversación con infoLibre Carmen Máximo, su nieta.

Juan, por aquel entonces, ya contaba con una dilatada trayectoria política y sindical. En 1919 era secretario de la Sociedad de Artes Gráficas de la UGT de Jerez de la Frontera y de la Agrupación Socialista. Sin embargo, tras una escisión en 1921, pasaría a formar parte del Partido Comunista. Su nombre aparece desde entonces a los pies de algunos artículos publicados en el semanario La Antorcha. "Para ganar a la causa del comunismo al proletario andaluz, en su mayoría agrícola, hay que hablarles, no solamente de las cuestiones tácticas y de principios, sino también de la 'gañania', del 'aperaor', del 'pan negro'; más claro: no hablarle solamente al cerebro, sino también al corazón", escribía poco antes de celebrarse el II Congreso del PCE desde El Puerto de Santamaría (Cádiz).

Se sabe que en Sevilla, y así lo ha recuperado el investigador histórico portuense Manuel Almisas, ocupó algún cargo directivo, formando parte, entre otros, de la Comisión Organizadora de las Juventudes Comunistas. Y también que el 18 de enero de 1927 fue detenido junto con otros camaradas en El Puerto de Santamaría y trasladado a la prisión municipal. En las primeras elecciones municipales de la II República, Juan fue elegido como concejal "independiente" del ayuntamiento del municipio gaditano dentro de la candidatura de la Conjunción Republicana Socialista. Y también fue apoderado de las elecciones generales de compromisarios para la elección del presidente de la República de abril de 1936. "Siempre con una defensa muy vehemente de la clase trabajadora", cuenta su nieta.

Carmen y Juan, que se conocieron en el verano de 1933, impulsaron con ahínco la Colonia Escolar Obrera Jerezana. De hecho, siempre se le consideró a él como su fundador –hasta se le llegó a entregar un pergamino en "reconocimiento a sus desvelos por la institución–. Dicho proyecto buscaba que los niños y niñas de clase trabajadora pudieran pasar unos días de verano en alguna playa de la costa gaditana comiendo en condiciones. Dicha experiencia se puso en marcha allá por 1920. Y se prolongó hasta 1935. "Una cuota de 10 céntimos semanales desde el 8 de mayo hasta el 17 de julio, y de 5 céntimos desde esta última fecha a julio del año próximo, llevará a los niños a disfrutar de los salutíferos aires de la playa", escribía Juan Máximo en un artículo publicado en El Tribuno.

Pero el 17 de julio de 1936, cuando se estaba ultimando una nueva expedición infantil, estalló el golpe de Estado. Un mes más tarde, y a propuesta del Comandante Militar, Carmen fue destituida como docente junto a otros seis compañeros. Y los golpistas se apropiaron de sus bienes, en concreto de un estanco, una panadería, una lechería y una imprenta. Pero aquello fue lo de menos. Juan, según el relato familiar que consta en la querella interpuesta hace unos años ante la justicia argentina, fue detenido y asesinado a finales de 1936. Y un mes más tarde, en enero de 1937, los fascistas apresaron, torturaron y mataron a Carmen –la misma suerte que correría su hermana–. Entonces, ella estaba embarazada de su segundo hijo. El primero, Juan, quedó huérfano con solo once meses.

Aquella historia, como tantas otras, permaneció enterrada durante décadas. "En la familia en la que se crió mi padre se prefirió guardar silencio", cuenta Máximo, que, como su abuela, también es profesora. Y añade: "Ese fue uno de los grandes triunfos fascistas: dejar a la gente muda". Hasta que un homenaje que hizo la UGT la rescató. "Fue como un shock para todos, algo que entró en nuestra vida de pronto", completa. Entonces, la nieta empezó a reconstruir la historia de una pareja que, según le contó un conserje de la Colonia Escolar Obrera, "dedicó su vida con una enorme pasión a la construcción de otro tipo de mundo mejor". "Era gente luchadora que se creía aquello por lo que luchaba", explica su nieta. A día de hoy, los restos de la maestra y el tipógrafo siguen desaparecidos.

Unos meses antes, prácticamente en la otra punta de la geografía, era detenido por los golpistas Alexandre Bóveda. Hombre de confianza de Castelao, fue uno de los grandes intelectuales de la Galicia de la época. Fue, como secretario de organización, uno de los motores del Partido Galeguista. Y miembro de la comisión redactora del Estatuto de 1932. Tras su arresto, fue sometido a un consejo de guerra sumarísimo. Durante el juicio, asumió su destino. Y pidió ser enterrado bajo la bandera de Galicia, su "patria natural". "La amo fervorosamente, jamás la traicionaría, aunque me concediesen siglos de vida. La adoro más que a mi propia muerte", dijo al juez. El tribunal se negó a cumplir el último deseo del reo. El 17 de agosto de 1936, Bóveda fue asesinado en A Caeira. Dejó una viuda y cinco hijos. Cuando su cadáver iba a ser enterrado en el cementerio San Mauro, un amigo, Xosé Sesto, arriesgaría su vida y le escondió una pequeña bandera de Galicia en el pecho, bajo la chaqueta.

Él será otro de los homenajeados en el acto oficial del Gobierno, que se ha tenido que aplazar por la DANA. Una lista de la que forman parte una veintena de personas y que combina nombres ampliamente conocidos –Miguel Hernández, María Zambrano, Miguel de Molina o Blas Infante, el padre de la patria andaluza– con otros mucho más anónimos. Es el caso, por ejemplo, de Pino Sosa, eterna activista por la memoria canaria cuyo padre, José Sosa, fue asesinado tras el golpe de Estado y arrojado al pozo de Tenoya –sus restos fueron hallados ocho décadas después junto a los de otras 14 víctimas–. O el de Conchita Viera, que también ha podido dar al fin digna sepultura a su padre Amado, alcalde socialista de Valencia de Alcántara cuyos restos habían sido arrojados en la mina Terría.

Entre los homenajeados también se encuentra María Egea, que con solo cinco años embarcó como pasajera 2.388 en el Stanbrook, un carbonero inglés que se convirtió en el último barco en salir desde el puerto de Alicante con miles de republicanos a bordo. O la histórica miliciana Ángeles Flórez, alias Maricuela. La lista incluye, del mismo modo, el nombre de Basilio Blasco, uno de los españoles que perdieron la vida en el campo de concentración de Gusen. Y el de Joaquín Amigo, confidente de Federico García Lorca asesinado por un grupo de milicianos en zona republicana. O el de Francisco Javier Elola, primer fiscal general durante la Segunda República asesinado por los franquistas tras la caída de Barcelona.

Han pasado casi 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, pero la censura franquista pervive a día de hoy en algunos libros y películas de aquella época que todavía circulan con sus versiones censuradas, bien por desconocimiento o bien por falta de recursos para acabar con esta situación, según informa EFE.

Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la mayoría de ciudadanos no son conscientes de que en España sigue habiendo obras culturales con censura franquista en plena democracia.

La asociación para la recuperación de la memoria histórica lleva tiempo alertando de esta situación y ha pedido incluso formalmente al Gobierno que actúe para terminar con lo que considera una "agresión a la libertad de expresión".

Ferrán Alberich, premio nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual 2022, conoce perfectamente esta realidad, ya que está dedicado desde hace décadas a la recuperación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico español a través de su trabajo en la Filmoteca Española y en la Filmoteca de Cataluña.

"Casi todas las películas españolas que fueron censuradas siguen estando censuradas. Es decir, los cortes de censura no se han repuesto en las películas", cuenta en declaraciones a EFE el experto, que pone como ejemplo el caso de Sor Citroën, que sigue emitiéndose sin una escena en la que la actriz Gracita Morales recita el código de circulación junto al resto de monjas en el refectorio en lugar de sus oraciones.

El caso de las películas extranjeras que fueron censuradas es diferente porque, según explica Alberich, lo habitual es que las distribuidoras interesadas en volver a emitirlas importen las versiones completas de sus respectivos países de origen.

Sin embargo, con la mayoría de películas españolas mutiladas en el franquismo la censura continúa, principalmente porque en su momento "no existía la práctica de guardar sistemáticamente las escenas cortadas" y solo en algunos casos sobrevivieron los fotogramas con las escenas originales.

"Habría que hacer un trabajo de reconstrucción, de restauración, que a muchas empresas no les interesa por razones económicas", cuenta el cineasta.

Estas dificultades técnicas y económicas hacen que sea muy complicado poder ver películas censuradas por el franquismo sin cortes, aunque hay excepciones como Furia española, de Francesc Betriú, restaurada recientemente en la Filmoteca de Cataluña por Alberich y su equipo en su versión íntegra.

Fuentes de la Filmoteca Española constatan las dificultades para acabar con las versiones de películas españolas censuradas, ya que en la mayoría de las ocasiones sería necesario hacer una investigación "de meses" hasta lograr dar con los fotogramas originales y recomponer la obra en su totalidad.

Y añaden que la situación es más complicada de revertir teniendo en cuenta que la mayoría de estas producciones cinematográficas afectadas por la censura franquista no son de propiedad del Estado, por lo que "escapan totalmente al control público".

"Es imposible controlar qué versión se emite", reconocen a EFE fuentes de esta institución, que alegan también el desconocimiento de esta realidad entre buena parte del sector audiovisual.

No obstante, en algunos casos las distribuidoras se dirigen directamente a la Filmoteca Española para solicitar determinadas películas de su colección y aquí, al menos, el propio centro trata de evitar facilitar una versión censurada y opta siempre por la original, si existe.

Esto también suele ser complicado porque queda mucho trabajo por hacer al respecto y, por el momento, en la Filmoteca Española tan solo están identificadas una tercera parte de las películas sobre las que conservan cortes de censura.

El filólogo español Jordi Cornellà, que trabaja en la Universidad de Glasgow, ha comprobado cómo la literatura también sigue afectada por esta problemática y, de hecho, asegura que todavía es frecuente encontrar en circulación novelas españolas y extranjeras en su versión censurada por el franquismo.

"Quería ver qué había pasado antes, y me di cuenta de que la censura estaba afectando al presente", relata a EFE.

Su especialidad son los autores de habla inglesa, como Ernest Hemingway y James Baldwin, de los que ha localizado obras con censura franquista tanto en España como en países de América Latina, como por ejemplo las novelas 'Al otro lado del río y entre los árboles' y 'Nada personal', respectivamente.

Cornellà comenta que en algunos casos la censura consistía en eliminar alusiones a la guerra civil o determinados comentarios que se consideraba ofensivos o contrarios a los valores del régimen, pero en otros casos esta intervención podía llegar a cambiar por completo el espíritu de la obra.

Y alerta de que, al igual que en el caso del cine, es muy difícil revertir esta situación, ya que en las bibliotecas públicas siguen disponibles versiones censuradas e, incluso cuando se reedita una obra, suele hacerse a partir de la versión alterada por el franquismo.

Tanto Cornellà como Alberich coinciden en la dificultad de solucionar esta situación, pero el filólogo cree que sería mucho más sencillo si se hubieran tomado medidas en los primeros años de la democracia.

"Hubiera sido necesario un debate público para solventar este tema antes, por ejemplo en los años 80, y estaríamos en una situación bastante mejor (...) pero en la Transición no se discutió", lamenta.

Por su parte, Cornellà cree que en el mundo del cine no hay mucha voluntad para solucionar esta situación porque las películas que se siguen emitiendo en su versión censurada "funcionan perfectamente" entre un público "nostálgico" que no sabe ni siquiera que existe una versión original, por lo que no la echa en falta ni la reclama.

La Ley de Memoria Democrática de 2022 no aborda la realidad de la pervivencia de la censura franquista, una problemática que no está presente en el debate público y sobre la que el Gobierno no tiene previsto adoptar por el momento ninguna medida.

El presidente mexicano Lázaro Cárdenas envió un telegrama al presidente español Manuel Azaña en junio de 1937: “Tengo el gusto de participarle haber arribado hoy sin novedad a Veracruz los niños españoles que el pueblo recibió con hondas simpatías”. Debido a los bombardeos aterradores e indiscriminados sobre las ciudades españolas que desataban los aviones nazis y franquistas, los niños se habían convertido en las víctimas más conmovedoras de la Guerra. Por eso el Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español promovió el rescate de los niños en peligro. El vapor Mexique llegó a Veracruz con un grupo de 457 niños españoles. Se les conoce como Los Niños de Morelia porque fueron trasladados a esa ciudad y albergados en dos edificios de la Escuela Industrial España-México.

Un amigo me regala esta semana la antología Contra el apagón. Voces de Gaza durante el genocidio que acaba de publicar en México el Fondo de Cultura Económica. Se recogen testimonios literarios de hombres y mujeres palestinas que hablan del comportamiento aterrador del ejército israelí, tan parecido ya al ejército nazi. Alguno de los autores antologados han perdido ya la vida, otros siguen luchando por la supervivencia. Y luchar por la supervivencia en poesía no supone sólo la necesidad de salvar la vida, sino el deseo de no caer en el odio. Los enemigos pueden forzar una dinámica de venganza que te haga tan inhumano como ellos. No, no podemos parecernos al enemigo. Cuando te dominan las ganas de matar a quien mató a tu padre, es bueno negarse al odio, pensar que ese canalla tiene madre, padre, quizá hijos, y que la violencia incontrolada no es compatible con la dignidad humana. Ese sentimiento me emociona cuando lo leo ahora en un poeta palestino que sufre un genocidio, igual que me emocionaron las palabras de Hannah Arendt o de Natalia Ginzburg en su oposición al nazismo o al fascismo.

Visité Morelia por primera vez en 2005. Fue emocionante recorrer sus calles, recordar la solidaridad del pueblo mexicano con España, la disposición para recibir con hospitalidad a muchas personas que intentaban refugiarse de la barbarie. Después del triunfo franquista y del estallido de la Segunda Guerra Mundial, los niños de Morelia no pudieron regresar a sus casas y formaron parte del exilio español en México. En el cementerio de la ciudad hay algunas sepulturas con frases que se despiden de la vida a través de la gratitud. Agradecen en la muerte la solidaridad del pueblo que les ayudó a vivir. El amor humano vencía al odio.

Publiqué un poema dedicado a Morelia en mi libro Vista cansada. Contaba en él que la solidaridad, la historia compartida, la ayuda en 1937 a unos niños perseguidos por el espanto, me emocionaron en un viaje realizado muchos años después. Imaginé a niñas bajando por las escaleras bajo los bombardeos, niños muy peinados que se despedían de sus padres y salían a navegar por el mundo con su ropa doblada en una maleta de cartón. Durante estos días vividos en México, he recitado el poema varias veces. Pero he cambiado la fecha. Los versos que hablaban de 2005 se sitúan ahora en 2024 como recuerdo a los poetas palestinos y a los miles de niños que mueren en Gaza.

Todas las víctimas de la guerra, sea cual sea su edad, merecen compasión. Pero los niños representan la crueldad de una barbarie que no puede justificarse nunca en la amenaza o el terror ajeno. Los niños son inocentes, representan un mundo que tiene derecho a vivir más allá de cualquier dinámica de espanto. Rafael Alberti contó en versos inolvidables el sufrimiento vivido en la Guerra Civil española. En un poema dedicado a Niebla, su perro, se fija en un niño inocente que sin comprender nada observa la lucha aérea como si se tratara de un castillo de fuegos artificiales: “ese niño que observan lo mismo que un festejo / la batalla en el aire, que asesinarle pudo”. Esa inocencia, por desgracia, tarda poco en desaparecer bajo el espanto. Queda poco de ella en los ojos abiertos de un cadáver.

Rafael Alberti, pese al peligro de ese niño, pese a la traición y la barbarie, se empeñó en resistir y defender la alegría humana. Es una obligación para seguir viviendo y para defender los valores en los que uno cree. Pero a veces se hace muy difícil. Es desolador que 1937 se mezcle con 2024, Israel con el nazismo y los Niños de Morelia con el apagón de los niños de Gaza.

La escena no está sacada del NODO, ocurrió hace apenas un mes, el 19 de julio, un día después del aniversario del golpe militar fascista que desencadenó la guerra civil. Se trataba del traslado de los restos del capellán de una de las unidades golpistas más sanguinarias, la cuarta bandera de la legión, Fernando Huidobro, al que la iglesia va a canonizar, a un emplazamiento más accesible dentro de la misma iglesia donde está enterrado, la de los jesuitas de la calle Serrano  en Madrid. 

Sin duda, Huidobro es un personaje interesante, y su historia es conocida. Sus quejas por las atrocidades que cometían los sublevados en su avance hacia Madrid, ante los cabecillas de la columna, cayeron, obviamente, en saco roto, pero junto a sus sermones sobre no ir con prostitutas seguramente le costaron la vida si, en lugar del obús gubernamental, fue un tiro por la  espalda el que acabó con su vida. 

Huidobro no era ni el “capellán de la concordia” como le ha llamado alguno de sus hagiógrafos,  ni un “profeta de la reconciliación”, como se ha referido a él el señor Cobo, el “progresista”  arzobispo de Madrid. Era contrario a la represión indiscriminada, pero un entusiasta de la selectiva. Para comprobarlo lo mejor es acudir a las fuentes primarias. Sus escritos a los mandos sublevados lo muestran claramente: no solamente era partidario de la pena de muerte para los  dirigentes “comunistas”, sino incluso para editores de revistas que no le gustaban, como  Estudios. Para los afiliados de base reservaba la tarea de “reconstruir”. 

No he leído que se hayan tomado medidas disciplinarias contra los militares en activo que  participaron en el acto que comentamos, claramente contrario a la Ley de Memoria Democrática, ni, por supuesto, que la Iglesia Católica haya explicado por qué se presta a la mitificación de  personajes como el mencionado capellán, mientras guarda un silencio verdaderamente  estruendoso sobre una de las pocas figuras dignas que ha habido en su seno durante la primera  mitad del siglo pasado: el cardenal Vidal y Barraquer.

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Carlos Ardid-Jiménez es socio de infoLibre.