El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, fue hospitalizado este viernes tras sufrir una bronconeumonía en la prisión en Brasilia en que está recluido y no tiene previsión de alta, informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha brasileña, trasladado al hospital tras presentar escalofríos y vómitos en la madrugada de este viernes, fue diagnosticado con bronconeumonía, es decir con líquido en los pulmones, como consecuencia de una broncoaspiración, afirmó su primogénito en una rueda de prensa en la puerta del centro sanitario DF Star de Brasilia.

"Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones. Nunca sus pulmones se llenaron de tanto líquido, proveniente de la broncoaspiración de líquidos en su estómago", afirmó.

Según el senador, esa condición está considerada como muy peligrosa debido a que puede generar una grave infección.

El problema le provocó fiebre alta, reducción del oxígeno en la sangre y escalofríos, según le explicaron los médicos a Flávio Bolsonaro, elegido por el exmandatario como su sucesor político y candidato de la ultraderecha a las presidenciales del próximo octubre próximo.

El boletín médico divulgado poco después por el hospital DF Star confirmó lo dicho por el senador. Según sus médicos, los exámenes iniciales de imagen y de laboratorio "confirmaron bronconeumonía bacteriana bilateral", provocada posiblemente por broncoaspiración.

El informe agrega que el expresidente fue ingresado en una unidad de terapia intensiva, en donde es sometido a un tratamiento con antibióticos por vía venosa y soporte clínico no invasivo.

Flávio Bolsonaro aprovechó para insistir en que, por razones humanitarias, la Corte Suprema le conceda la prisión domiciliaria, algo que el Supremo ha negado en diferentes oportunidades.

"Están jugando con la vida de mi padre". No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse", afirmó el senador, considerado como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones.

Jair Bolsonaro padece desde 2018 problemas de salud relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen.

Desde entonces ha sido sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de la agresión.

Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que el 15 de enero comenzó a cumplir su condena por intento de golpe de Estado en el Complejo Penitenciario de Papuda.

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia. En esa ocasión fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por el Supremo por "liderar" un complot para intentar "perpetuarse en el poder", luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por Lula.

Además de la condena, Bolsonaro, de 70 años, está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

Viernes, 23 de diciembre. Una dotación del Samur irrumpe, a media mañana, en la Plaza de las Cortes. Allí, a escasos metros de la estatua de Miguel de Cervantes que se alza frente a los leones del Congreso de los Diputados, varios efectivos sanitarios atienden a un hombre de mediana edad en una suerte de campamento improvisado. Se llama Honorio Gómez Alfaro. Pope para los amigos. Está desde la pasada semana en huelga de hambre y quiere mantenerla, como mínimo, hasta el día 30. Lo hace para denunciar el desmantelamiento de la sanidad penitenciaria. Una falta de médicos que está obligando al Ministerio del Interior a recurrir a empresas privadas para intentar garantizar el acceso de los presos a un derecho fundamental.

"Me veo en la obligación moral de hacerlo. Muchos enfermos no están siendo atendidos", lanza en conversación telefónica con infoLibre. No es la primera vez que emprende un ayuno. Ya lo hizo en numerosas ocasiones estando en prisión. Porque Pope, como todos esos "chavales" para los que pide atención, sabe bien cómo es la vida a la sombra. Curtido en las protestas estudiantiles de finales de los ochenta, aquellas que hicieron famoso al Cojo Manteca, Gómez, que con nueve años huyó de casa y de su padre, ha pasado más de dos décadas tras las rejas. Media vida. "No por delitos de sangre ni terrorismo, sino por delitos comunes", explica. Trapicheo, atentado contra la autoridad o algunos robos "para sobrevivir".

Apasionado de la artesanía, Pope salió de la cárcel sin el dedo meñique, que le fue amputado junto a una parte de la mano. El terrible desenlace no fue consecuencia de la enfermedad degenerativa que padecía, sino que se debió a los múltiples retrasos a la hora de someterle a una intervención quirúrgica que lo hubiera evitado. De hecho, así lo sentenció la Audiencia Nacional en enero de 2020, cuando condenó a Instituciones Penitenciarias a indemnizar con 10.000 euros al hombre: "Los medios sanitarios para paliar la referida enfermedad sufrieron un notorio retraso, por lo que su efectividad quedó enervada por la demora en su aplicación".

Una década después de que Pope volase, al fin, libre, la sanidad penitenciaria continúa teniendo serios problemas. En las cárceles, al igual que ocurre en los centros de salud y hospitales de todo el país, faltan médicos. Y así se plasma en numerosos informes elaborados por los propios centros penitenciarios. "De un tiempo a esta parte se ha venido produciendo una falta paulatina de profesionales médicos", expone, por ejemplo, la directora del Centro Penitenciario de Algeciras para justificar la contratación de una empresa privada que se haga cargo de la asistencia y atención médica de urgencias de los internos.

La licitación, publicada la pasada semana en la Plataforma de la Contratación, tiene un presupuesto base de 59.700 euros. Y permite hacerse una idea del estado en el que se encuentra la prisión gaditana. "La relación de puestos de trabajo consta de nueve efectivos, pero estando solo tres plazas cubiertas", explica el pliego de prescripciones técnicas. E insiste: "Mediante la contratación de asistencia sanitaria externa se pretende paliar la falta paulatina de profesionales médicos en los centros penitenciarios, situación agravada por la epidemia de covid-19 que ha empeorado la situación ya de por sí precaria".

No se trata de un problema puntual. Es un agujero del sistema que el Ministerio del Interior va parcheando a través de la privada. En el último año se han formalizado, por ejemplo, contratos similares de asistencia sanitaria para las cárceles de Alicante, Málaga o Valdemoro –en esta última, solo dos de los diez puestos estaban cubiertos, si bien en ambos casos los profesionales se encuentran de baja–. También se ha buscado externalizar dicha asistencia en el Centro Penitenciario Puerto de Santa María III, donde sólo disponían de tres de ocho efectivos. Aunque en este caso la adjudicación quedó finalmente desierta.

Pese a esta realidad, desde Instituciones Penitenciarias se esfuerzan por dejar claro que los más de 60.000 presos y presas "tienen garantizada la atención sanitaria". Incluso en las situaciones más "complejas", cuando son "derivados a los hospitales de referencia". Y recuerdan que la oferta de empleo público para facultativos de Sanidad Penitenciaria es "constante". El problema, sin embargo, es que muy pocos apuestan por dicha oposición. "Es de las pocas en la que se presenta menos gente que plazas se ofertan", explica en conversación con este diario José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. En alguna convocatoria, han llegado a quedar desiertas hasta un 91% de las plazas.

La clave está, según Antón, en las condiciones de trabajo. "¿Quién va a ir a la cárcel para ganar menos dinero?", asevera. De media, en los centros penitenciarios los médicos pueden estar ganando 1.000 euros menos al mes que en los de salud. Una desigualdad que se debe, fundamentalmente, a la diferencia de pagadores. En el primer caso los facultativos dependen de la Administración General del Estado. En el segundo, de las propias comunidades autónomas. La Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003 dio a las regiones 18 meses para asumir las competencias de sanidad penitenciaria. Veintidós años después, sin embargo, solo Euskadi, Cataluña y Navarra lo han hecho.

"Si lo hiciesen, ¿habría problemas para contratar? Pues seguramente sí, nadie tiene ahora superávit de médicos. Pero al menos estarían todos jugando en las mismas condiciones", asevera Antón, quien insiste en que fuera de esos tres territorios la sanidad penitenciaria es, en estos momentos, "un calvario". Mientras tanto, una lona blanca atada frente al Congreso de los Diputados recuerda, al igual que Pope, que "el abandono médico es tortura". Sea en la calle o tras los barrotes, donde en la última década han fallecido, según los datos de Instituciones Penitenciarias, 1.749 reclusos.

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción, confirmó su exministra de la Presidencia María Nela Prada.

Arce pertenece al partido político Movimiento al Socialismo (MAS), el cual gobernó el país durante 20 años, hasta 2025. El expresidente estuvo en el poder de 2020 a 2025, sucediendo a Evo Morales.

"Él (Arce) estaba solo, lo han metido a un minibús con vidrios negros, es lo que tenemos conocimiento", dijo Prada a los medios en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en La Paz, a donde la exministra llegó para obtener más información sobre la aprehensión del exmandatario. Prada señaló que Arce no fue notificado, ni convocado formalmente a declarar, "simplemente lo han agarrado, lo han subido a un minibús" y trasladado a la Felcc.

Según medios locales, es posible que la detención se deba a una investigación abierta por presunta corrupción en los manejos del Fondo de Desarrollo Indígena cuando Arce era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el Gobierno de Morales (2006-2019). El mandatario también tiene una causa abierta por una alta exfuncionaria que le acusa de haberla embarazado y abandonado, aunque por el momento no se ha confirmado por qué caso fue detenido.

Prada dijo a los medios que si es por el caso del Fondo Indígena, Arce presentó "todos los descargos" correspondientes en su momento, cuando era ministro y recordó que como expresidente, le correspondería un juicio de responsabilidades.

La exministra consideró que "se ha cometido un abuso por completo" con la detención de Arce e insistió en que no fue notificado para declarar.

Según una ley vigente desde diciembre de 2020, las altas exautoridades bolivianas deben permanecer en territorio boliviano por al menos tres meses una vez concluido su mandato, con el fin de que "rindan todos los informes necesarios" y para "evitar la impunidad ante un posible hecho o acto de corrupción".

La gestión de Arce, terminó el pasado 8 de noviembre, cuando fue investido presidente el centrista Rodrigo Paz Pereira. Antes de concluir su mandato, Arce aseguró varias veces que no se iría del país y que iba a retornar a dar cátedra en la universidad. Por el momento, ninguna autoridad del Gobierno, Policía ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre la detención de Arce. 

Noticia en ampliación.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir este martes la condena a 27 años de prisión en una pequeña sala de doce metros cuadrados de la sede de la Policía Federal en Brasilia. El expolítico, que ya se encontraba en prisión domiciliaria por incumplimiento de diversas medidas cautelares impuestas en el marco del proceso, fue detenido el pasado sábado condenado por intento de golpe de Estado. Según el grupo Globo, la Corte Suprema brasileña decretó la prisión preventiva del exmandatario para "garantizar el orden público".

El espacio en el que habita Bolsonaro tiene una cama individual, una pequeña mesa, un televisor y unas estanterías de madera, con paredes pintadas de color blanco y sin ningún cuadro ni adorno, según unas imágenes que ha difundido la propia Policía Federal del país. El líder de la ultraderecha ya había sido transferido a esa sala el pasado sábado, tras intentar dañar una tobillera electrónica que era parte de esas restricciones.

Este martes, el juez Alexandre de Moraes, relator del juicio que cursó en la Primera Sala del Supremo, determinó el fin del proceso tras considerar que se han agotado las posibilidades de recursos. En esa decisión, también estableció que el expresidente (2019-2022) empiece a cumplir la pena de 27 años y tres meses de prisión en esa misma sala y que se le garantice al reo la debida atención médica.

Bolsonaro, de 70 años, acarrea diversos problemas de salud y llegó a atribuir su intención de dañar la tobillera electrónica con una soldadora casera a unos remedios antidepresivos que le habrían generado "unas alucinaciones". El líder de la ultraderecha achaca su frágil estado de salud a las secuelas de una puñalada que le asestó un enfermo mental en la región abdominal en medio de la campaña electoral para las elecciones de 2018, en las que fue elegido presidente.

Cuatro años después, en octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección, perdió en las urnas por el actual mandatario progresista, Luiz Inácio Lula da Silva. Tras la derrota, intentó "perpetuarse" en el poder con el apoyo de antiguos ministros y mandos militares tras la derrota, tal y como indicó la Primera Sala del Supremo el pasado 11 de septiembre al hacer firme su condena.

“Es duro, muy duro, sin duda lo es para todos los reclusos, diría incluso que es agotador”, declaró Nicolas Sarkozy el lunes 10 de noviembre en una videoconferencia desde la prisión de La Santé. “Nunca hubiera imaginado que tendría que esperar hasta los 70 años para conocer la cárcel”, añadió.

El expresidente de la República, condenado el 25 de septiembre a cinco años de prisión firme con mandato de reclusión diferida por asociación ilícita en el caso de la financiación libia, solicitó y obtuvo este lunes su puesta en libertad ante el magistrado Olivier Géron, ya elegido oficialmente para presidir el juicio de apelación, que se celebrará en marzo de 2026.

El presidente del tribunal aceptó los argumentos de la defensa de Nicolas Sarkozy sobre la inexistencia de riesgo de ocultación de pruebas y de fuga, considerando que, por lo tanto, se podía levantar su detención. Su decisión fue comunicada inmediatamente a la prisión de la Santé, de la que salió a las tres de la tarde.

No obstante, el presidente Géron acompañó esta puesta en libertad de numerosas reservas, sometiendo al expresidente a un estricto control judicial. El magistrado destacó que varios acusados y testigos residían en el extranjero. “Como expresidente, el acusado dispone, como es natural, de facilidades para ponerse en contacto, no tanto con estas personas, sino con los dirigentes de los países en los que residen o han encontrado refugio”, señala el tribunal. Y añade: “Por lo tanto, no se puede descartar totalmente el riesgo de presión o concertación, no solo sobre los acusados implicados en los hechos imputados a Nicolas Sarkozy, sino también sobre los testigos clave”.

“Parece justificado por lo tanto prohibir la salida del territorio nacional”, estimó el presidente.

Olivier Géron recordó además que, durante la investigación del caso libio, Nicolas Sarkozy se puso en contacto personalmente, en 2013, con el director de los servicios de inteligencia franceses en relación con un testimonio potencialmente incómodo para él de un antiguo responsable libio. “El mero hecho de que se produjera ese contacto plantea interrogantes al tribunal”, afirmó Olivier Géron.

El presidente del tribunal también señaló la condena en firme por corrupción de Nicolas Sarkozy en el caso Bismuth, “un procedimiento que implicaba a un fiscal general del Tribunal de Casación condenado en firme”.

Estos elementos convergentes llevaron al tribunal a considerar que, “para la serenidad de los debates” y para preservar “la independencia de la justicia”, era conveniente prohibir a Nicolas Sarkozy ponerse en contacto con una treintena de personas, acusados o testigos. Al final de esa lista, incluyó al propio ministro de Justicia.

“Teniendo en cuenta los antecedentes del acusado, que demuestran su capacidad para activar diferentes servicios del Estado”, y a pesar de que ya no ejerce “ninguna actividad oficial”, “el tribunal considera necesario prohibir al acusado ponerse en contacto de cualquier forma con una serie de responsables del ministerio de Justicia”.

La medida de control judicial impuesta a Sarkozy le prohíbe “recibir o reunirse y entrar en relación de cualquier forma [...] con el ministro de Justicia en ejercicio [Gérald Darmanin], los miembros de su gabinete y cualquier directivo del ministerio de Justicia”.

El actual ministro de Justicia, infringiendo todas las normas, había visitado a Nicolas Sarkozy en la prisión de la Santé, lo que provocó la inquietud de varios altos magistrados, entre ellos el actual fiscal general del Tribunal de Casación, Rémy Heitz, y su predecesor, François Molins.

A las 9:30 de la mañana, Sarkozy apareció en las pantallas de la sala Dario del tribunal, sentado frente a una mesa escolar, junto a sus dos abogados, Jean-Michel Darrois y Tristan Gautier. Con el rostro pálido y una chaqueta azul, también tenía la mirada puesta en la pantalla y en las imágenes de la sala del tribunal. Solo su camisa azul abrochada sin corbata delataba su condición de detenido. Y en la imagen, esta precisión: “PARIS LA SANTÉ – SALA DE VISITAS 3”.

“Sé que este no es el lugar para defenderme, nunca se me ocurrió la locura de pedirle al Sr. Gadafi ningún tipo de financiación, y eludir la justicia sería confesar”, aseguró con el rostro demacrado. “Nunca confesaré algo que no he hecho.”

Con el fin de disipar los temores de una concertación con los demás acusados, Sarkozy certificó no haber tenido ningún “contacto”” con Claude Guéant y Brice Hortefeux durante los cuatro meses que duró el juicio. También “acudió puntualmente a todas las citaciones”. Y no huiría “después de tres semanas en La Santé”. “Soy francés, amo a mi país, a mi familia, a mis hijos. Lucho para que triunfe la libertad”. Rindió “homenaje al personal penitenciario””, “que ha sido de una humanidad excepcional, lo que ha hecho soportable esta pesadilla”.

En la audiencia, la familia estaba presente, representada por Carla Bruni y dos de sus hijos, Jean y Pierre Sarkozy. Con un abrigo negro y aspecto cansado, la esposa besa a los colaboradores del expresidente y luego se sienta con tristeza. “¿Cómo estás?”, le pregunta la jefa de prensa Véronique Waché. Carla Bruni baja la cabeza con un gesto amargo.

Para evitar cualquier filtración de imágenes, se pidió a los periodistas, al público y a los familiares que apagaran sus teléfonos móviles y los guardaran en un sobre cerrado, bajo la atenta mirada de los numerosos gendarmes repartidos por la sala.

“Estamos aquí para examinar su solicitud de libertad”, declaró el presidente Olivier Géron, dirigiéndose a la pantalla de videoconferencia.

“Responderé a las preguntas, señor presidente”, le respondió Nicolas Sarkozy.

Olivier Géron recordó todo el proceso, desde las primeras detenciones preventivas hasta las últimas imputaciones y el juicio. Enumeró los cargos políticos que había ocupado el detenido, desde los partidos RPR hasta la UMP, pasando por la alcaldía de Neuilly-sur-Seine, el consejo general de Hauts-de-Seine y la presidencia de la República. Mencionó las condenas que ya se le habían impuesto.

Tres años de prisión, dos de ellos en condicional, en el caso Bismuth, condena definitiva, cumplida con brazalete electrónico este año. Su condena a un año de prisión, del cual seis meses en condicional, en el caso de la financiación ilegal de su campaña de 2012. “Y, además, está usted imputado por soborno de testigos contra Ziad Takieddine, que estaba siendo procesado en este caso y que falleció el pasado mes de septiembre”, señala el presidente.

Olivier Géron da lectura a los ingresos declarados por el acusado: 638.000 euros en concepto de salarios, 153.000 euros en concepto de pensión, 2,3 millones en concepto de ingresos no comerciales y 1,3 millones en concepto de intereses por bienes muebles.

“¿Cuál es exactamente su actividad profesional?”, pregunta el magistrado.

— “Señor presidente, tengo dos actividades profesionales. Soy abogado y propietario de un bufete de abogados, y la segunda es conferenciante, por así decirlo. Me invitan a dar conferencias.”

— Aquí pone 638.000 euros en concepto de salarios, no lo entiendo...

— Es mi bufete de abogados”.

Nicolas Sarkozy precisa que viaja mucho para dar esas conferencias, pero “por lo general, solo uno o dos días”.

Una magistrada asesora le pregunta por los beneficios no comerciales que también aparecen en su declaración. “Ejerzo funciones de asesor para varias empresas”, añade Nicolas Sarkozy. “¿Cuántas? —Cuatro”, precisa.

El tribunal debe pronunciarse sobre los riesgos de presión en el futuro juicio de apelación. El presidente, Olivier Géron, señala el episodio de las presiones ejercidas sobre el exdirector de inteligencia interior, Patrick Calvar, en relación con el embarazoso testimonio de un alto cargo libio.

“En junio de 2013, usted se puso en contacto con el Sr. Patrick Calvar, cuando usted ya solo era miembro del Consejo Constitucional. ¿No le parece un poco sorprendente ponerse en contacto con el director central de los servicios de inteligencia interior, que debe estar sujeto al secreto?

— En 2013 yo no estaba bajo investigación ni bajo control judicial”, se defiende Sarkozy. “En aquel momento me informaron de que un libio, el Sr. Missouri [que fue intérprete de Muamar el Gadafi, ndr], había hecho declaraciones sobre mi campaña. Llamé al Sr. Calvar para decirle que, en caso de que se produjera una nueva manipulación, no dudaría en presentar una denuncia.

— Es decir, quería transmitir el mensaje de que temía una manipulación, si lo entiendo bien...

— No temía una manipulación, estaba seguro de que se produciría una manipulación. Circulaban informaciones sobre el hecho de que los amigos del Sr. Gadafi habrían obtenido documentos si testificaban contra mí.”

El presidente Géron continúa con el caso de la falsa retractación de Ziad Takieddine.

“También está siendo investigado por un caso de soborno a un testigo. ¿En qué punto se encuentra?”.

Nicolas Sarkozy aclara que solo está siendo investigado en ese caso por “encubrimiento” de dicho soborno, y no por soborno directo.

“Pero, ¿en qué punto se encuentra?

—Los jueces no han dictado sentencia. Quiero precisar que niego haber obtenido jamás la más mínima información sobre la forma en que la Sra. Marchand realizó esa entrevista.

—¿Se ha enviado la notificación de finalización de la instrucción?

—Sí. Es solo para indicar que la instrucción ha concluido.

— ¿Cuándo terminó la instrucción?

— En febrero de 2025”.

En la sala del tribunal, el abogado de Sarkozy, Christophe Ingrain, dice estar “muy impresionado” por solicitar la puesta en libertad de un expresidente que también es un “amigo”, al que ha visto “todos los días en aislamiento”. Defiende a “un recluso que se ha enfrentado a la cárcel”, “a amenazas de muerte”, “a los gritos de un recluso que se autolesionó”. Descarta los riesgos de concertación fraudulenta y, por supuesto, de fuga de su cliente.

El abogado general Damien Brunet, equivalente al fiscal del tribunal de apelación, toma la palabra para presentar sus peticiones.

Precisa el marco: “Hoy evalúan ustedes la puesta en libertad de un acusado que se beneficia de la presunción de inocencia [Sarkozy ha recurrido la sentencia, ndr], y no la solicitud de puesta en libertad de un condenado.” Para el tribunal, los criterios para mantener la prisión preventiva no son los mismos que los que justificaron el encarcelamiento del expresidente, es decir, la “excepcional gravedad” de los hechos juzgados por el tribunal de primera instancia.

Según el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal, la prisión debe ser el “único medio”” para que la justicia se asegure de que las pruebas y los indicios materiales del caso no desaparezcan, para impedir presiones sobre los testigos y/o una concertación fraudulenta con los demás acusados, para proteger al imputado y para evitar cualquier riesgo de fuga.

Damien Brunet insiste en las “garantías de representación” del exjefe del Estado, que siempre ha acudido a todas las citaciones (detención preventiva, imputación y juicio). Sin embargo, si se concede la libertad, debe estar estrictamente controlada, según el magistrado. Este recuerda a su vez que Sarkozy ya ha sido condenado en firme por corrupción en el caso Bismuth y también condenado en firme por financiación ilícita de campaña en el caso Bygmalion, dos delitos también relacionados con el escándalo libio.

“Por lo tanto, hay que prestar la máxima atención al riesgo de reincidencia”, expone Damien Brunet, quien también recuerda la imputación de Nicolas Sarkozy por encubrimiento de soborno de testigos y asociación ilícita en el caso de la falsa retractación de Ziad Takieddine.

El magistrado destaca “el riesgo de concertación” con los demás acusados, entre los que destacan Brice Hortefeux y Claude Guéant, sus dos colaboradores más cercanos, quienes, según la sentencia de primera instancia, negociaron en 2005 con el régimen libio, bajo la autoridad y en nombre de Nicolas Sarkozy, un pacto corrupto con vistas a la financiación oculta de la campaña presidencial de 2007. Todos los acusados niegan los hechos.

El abogado general solicita, en consecuencia, que Nicolas Sarkozy sea sometido a un control judicial “estricto”, con la prohibición de reunirse “de cualquier forma” con los otros acusados y con los testigos del juicio de apelación.

Por fin el tribunal ha ido más allá.

Este artículo se ha actualizado con extractos de la sentencia del tribunal de apelación de París.

Traducción de Miguel López

Cuatro reclusos liberados por error de prisiones en Inglaterra y Gales siguen en libertad, lo que aumenta la presión sobre el Gobierno británico por la crisis en el sistema penitenciario, informó este sábado la BBC.

Dos de estos presos salieron accidentalmente en 2024, mientras que los otros dos fueron liberados el pasado junio, según la cadena pública.

Un portavoz del Ministerio de Justicia dijo a la BBC que "la gran mayoría de los delincuentes liberados por error son rápidamente devueltos a prisión" y aseguró que se hará "todo lo posible para capturar a los pocos que aún se encuentran en libertad".

El Partido Conservador y el Liberal Demócrata, en la oposición, denunciaron ante la emisora la "incompetencia" del Ejecutivo laborista y criticaron que el público deba enterarse de la situación por los medios de comunicación.

"El ministro de Justicia, David Lammy, debe aclarar de una vez por todas cuántos presos han sido liberados por error y cuántos siguen en libertad", declaró el portavoz conservador del ramo, Robert Jenrick.

La revelación de que hay cuatro delincuentes todavía sueltos eleva la presión sobre el Gobierno, después de que en las últimas semanas fueran excarcelados accidentalmente un solicitante de asilo etíope condenado por delitos sexuales que iba a ser deportado y un inmigrante argelino previamente condenado por exhibicionismo cuyo visado había caducado y que afronta también una eventual repatriación.

Un tercer preso, el británico William Smith, liberado por error el lunes de la prisión londinense de Wandsworth debido a un fallo administrativo, se entregó el jueves para completar su condena por fraude.

El etíope Hadush Kebatu, llegado irregularmente al país en junio y condenado en septiembre por agresión sexual, fue liberado por error el 24 de octubre y capturado el día 26, tras lo cual fue devuelto a Etiopía.

Brahim Kaddour-Cherif, argelino de 24 años, fue excarcelado accidentalmente el 29 de octubre y devuelto el viernes a la prisión de Wandsworth, donde cumple una pena por allanamiento con intención de robar tras haber sido sentenciado previamente por exhibicionismo, según los medios británicos.

Además de poner de manifiesto las deficiencias del sistema penitenciario, la liberación de los dos extranjeros avivó el debate sobre la gestión de los inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido por vías irregulares.

Lammy, por su parte, sigue bajo presión después de que el pasado miércoles no aclarara ante el Parlamento el asunto de los presos liberados por error.

En un comunicado recogido por la BBC, el ministro señaló que el Gobierno laborista heredó de los anteriores Ejecutivos conservadores "un sistema penitenciario en crisis" y advirtió de que "el problema no se puede resolver de la noche a la mañana".

Lammy recordó que ha ordenado "nuevos controles más estrictos para las liberaciones, una investigación independiente sobre los fallos sistémicos y la modernización de los arcaicos sistemas en papel que todavía se utilizan en algunas prisiones".

Según datos oficiales, unos 262 presos fueron liberados por error en el ejercicio hasta el pasado marzo en Inglaterra y Gales, un 128 % más que en el periodo anterior y en torno al 0,5 % de la población penitenciaria de esas regiones del Reino Unido. Escocia e Irlanda del Norte gestionan sus propios sistemas carcelarios.

Por otra parte, desde la llegada al poder del Gobierno laborista en julio de 2024 se ha liberado antes de tiempo -al cumplir el 40 % de la pena fija, frente al 50 % habitual- a unos 40.000 reclusos condenados por delitos menores, con el fin de aliviar la saturación de las cárceles inglesas y galesas mientras se construyen nuevas instalaciones.

Israel mantiene detenidos a decenas de palestinos procedentes de Gaza, aislados en una cárcel subterránea donde nunca ven la luz del día. A los presos se les niega una alimentación adecuada y se les prohíbe recibir noticias de sus familias o del mundo exterior, informa The Guardian.

Entre los detenidos se incluyen al menos dos civiles que han permanecido meses encarcelados sin cargos ni juicio, un enfermero y un vendedor de comida, según informaron abogados del Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI), que representan a ambos hombres.

Ambos fueron trasladados al complejo subterráneo de Rakefet en enero y describieron golpizas regulares y actos de violencia compatibles con las formas de tortura ampliamente documentadas en otros centros de detención israelíes.

La prisión de Rakefet fue inaugurada a comienzos de la década de 1980 para alojar a un pequeño número de criminales de alta peligrosidad en Israel, pero cerró pocos años después por considerarse inhumana. El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, ordenó su reapertura tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Las celdas, un diminuto patio de ejercicios y la sala de reuniones con abogados se encuentran todos bajo tierra, por lo que los reclusos viven completamente privados de luz natural. La cárcel fue diseñada originalmente para un número muy reducido de prisioneros de alta seguridad, con celdas individuales, y albergaba 15 internos cuando fue clausurada en 1985. Sin embargo, en los últimos meses, unas 100 personas han sido encarceladas allí, según datos oficiales obtenidos por PCATI.

En virtud del alto el fuego acordado a mediados de octubre, Israel liberó a 250 prisioneros palestinos condenados por tribunales israelíes, así como a 1.700 detenidos de Gaza que habían permanecido retenidos indefinidamente sin cargos ni juicio. El joven comerciante detenido en Rakefet estuvo entre los liberados.

No obstante, la magnitud de las detenciones ha sido tan grande que, incluso tras esa liberación masiva, al menos 1.000 personas siguen recluidas por Israel en las mismas condiciones. Entre ellas, el enfermero representado por PCATI.

"Aunque la guerra ha terminado oficialmente, [los palestinos de Gaza] siguen encarcelados bajo condiciones de guerra violentas y legalmente impugnadas que violan el derecho humanitario internacional y equivalen a tortura". señaló el PCATI.

Los dos hombres que se reunieron con los abogados de PCATI en septiembre eran un enfermero de 34 años, detenido mientras trabajaba en un hospital en diciembre de 2023, y un joven comerciante arrestado en octubre de 2024 al pasar por un control israelí.

“En los casos de los clientes que visitamos, estamos hablando de civiles”, explicó la abogada de PCATI Janan Abdu. “El hombre con quien hablé tenía 18 años y trabajaba vendiendo comida. Fue detenido en un control de carretera”.

Itamar Ben-Gvir había declarado a medios israelíes y a un miembro del parlamento que la prisión de Rakefet estaba siendo rehabilitada para albergar a combatientes de Nukhba —que significa “élite”—, es decir, miembros de Hamas que lideraron las masacres en territorio israelí el 7 de octubre, así como a fuerzas especiales de Hezbolá capturadas en Líbano.

Funcionarios israelíes aseguraron que ningún palestino implicado en los ataques de 2023 fue liberado bajo el acuerdo de alto el fuego que permitió el retorno del joven prisionero a Gaza.

El Servicio Penitenciario de Israel (IPS) no respondió a las preguntas sobre el estatus ni la identidad de otros prisioneros recluidos en Rakefet, cuyo nombre en hebreo significa “flor de ciclamen”.

Datos clasificados del propio gobierno israelí indican que la mayoría de los palestinos capturados en Gaza durante la guerra eran civiles. El Tribunal Supremo de Israel dictaminó en 2019 que era legal retener los cuerpos de palestinos como moneda de cambio en futuras negociaciones, y organizaciones de derechos humanos han acusado al Estado de aplicar esa misma práctica con detenidos vivos procedentes de Gaza.

Las condiciones para los palestinos eran “horribles por intención” en todas las prisiones, afirmó Tal Steiner, director ejecutivo de PCATI. Tanto detenidos actuales y antiguos como denunciantes del ejército israelí han detallado violaciones sistémicas del derecho internacional.

Sin embargo, Rakefet impone una forma de abuso única. Mantener a las personas bajo tierra, sin luz natural durante meses, tiene “implicaciones extremas” para la salud psicológica, explicó Steiner. “Es muy difícil mantenerse íntegro cuando se está retenido en condiciones tan opresivas y difíciles”.

También afecta la salud física, alterando funciones biológicas básicas, desde los ritmos circadianos necesarios para dormir hasta la producción de vitamina D.

A pesar de trabajar como abogado de derechos humanos y visitar prisiones en el complejo de Ramla, al sureste de Tel Aviv, donde se encuentra Rakefet, Steiner no había oído hablar de la cárcel subterránea antes de que Ben-Gvir ordenara volver a ponerla en funcionamiento.

Estaba cerrada antes de que se fundara PCATI, por lo que el equipo legal recurrió a archivos mediáticos antiguos y a las memorias de Rafael Suissa, jefe del IPS a mediados de la década de 1980, para conocer más sobre la cárcel.

“[Suissa] escribió que entendía que ser retenido bajo tierra las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es simplemente demasiado cruel, demasiado inhumano para que cualquier persona lo soporte, sin importar cuáles hayan sido sus acciones”, explicó Steiner.

Este verano, los abogados de PCATI fueron invitados a representar a dos hombres detenidos en la prisión subterránea, por lo que Abdu y un colega pudieron visitarla por primera vez.

Fueron conducidos bajo tierra por guardias de seguridad enmascarados y fuertemente armados, bajando por una escalera sucia hasta una sala donde los restos de insectos muertos salpicaban el suelo. El inodoro estaba tan sucio que, en la práctica, era inutilizable.

Las cámaras de vigilancia en las paredes violaban el derecho legal básico a mantener conversaciones confidenciales, y los guardias advirtieron que la reunión se interrumpiría si hablaban sobre las familias de los detenidos o la guerra en Gaza.

“Me pregunté: si las condiciones en la sala de los abogados son tan humillantes —no solo personalmente para nosotros, sino también para la profesión—, ¿cuál será la situación de los presos?”, dijo Abdu. “La respuesta llegó pronto, cuando los conocimos.”

Los clientes fueron traídos encorvados, con los guardias obligándolos a mantener la cabeza hacia el suelo, y permanecieron esposados de manos y pies, explicó.

Saja Misherqi Baransi, la segunda abogada de PCATI en la visita, indicó que los dos detenidos llevaban nueve meses en Rakefet, y que la enfermera comenzó la reunión preguntando: “¿Dónde estoy y por qué estoy aquí?” Los guardias no le habían informado el nombre de la prisión.

Los jueces israelíes que autorizaron la detención de los hombres en audiencias muy breves por video, durante las cuales los detenidos no tuvieron abogado ni escucharon pruebas en su contra, se limitaron a decir que permanecerían allí “hasta que termine la guerra”.

“No pido ningún privilegio”, “ninguna ventaja”, “ningún favor”, repitió Sarkozy en numerosas entrevistas concedidas a medios de comunicación afines (Le Journal du dimanche, Le Figaro, La Tribune dimanche) desde su condena el 25 de septiembre por asociación ilícita en el caso de la financiación libia, y antes de su encarcelamiento el 21 de octubre.

Aunque quiere compararse con Edmundo Dantés y el capitán Alfred Dreyfus, el preso Nicolas Sarkozy disfruta, en realidad, de unas condiciones de detención tan privilegiadas como inéditas. Es cierto que es el primer jefe de Estado encarcelado bajo la V República y que el único precedente se remonta a Philippe Pétain.

Acabamos de saber que el expresidente, aunque se encuentra en el módulo de aislamiento de máxima seguridad de la prisión de La Santé, contará con la presencia de dos agentes de seguridad armados en una celda contigua a la suya las veinticuatro horas del día durante todo el tiempo que dure su encarcelamiento. Se trata de dos policías del servicio de protección (SDLP), encargado en particular de la seguridad de personalidades importantes.

Ninguno de los profesionales de la prisión y de la justicia consultados por Mediapart conoce la existencia de un precedente similar. Ni Maurice Papon, ni Alain Carignon, ni Georges Tron, que fueron ministros, tuvieron derecho a un trato tan favorable durante su detención.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, justificó esta medida excepcional por “su estatus y las amenazas que pesan” sobre él. En concreto, el dispositivo de protección habitual —clásico para los expresidentes— “se ha mantenido durante su detención”, prosiguió. “Es una decisión destinada a garantizar su seguridad”.

Según uno de los abogados de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Darrois, la administración penitenciaria y el ministerio de Justicia consideraron que el riesgo dentro del establecimiento parisino justificaba asignarle dos agentes. “No es cuestión de correr el más mínimo riesgo en lo que respecta a la seguridad de un expresidente”, explicó también a la AFP una fuente cercana al caso, sin dar más detalles.

Sin embargo, unas horas antes, el director de la administración penitenciaria había detallado unas medidas de detención que parecían ya más que suficientes sin necesidad de policías. El exjefe de Estado sería recluido en una celda del módulo de aislamiento de La Santé, con el fin de garantizar tanto “la seguridad del Sr. Sarkozy como el buen orden del centro”, había explicado Sébastien Cauwel antes del encarcelamiento, en RTL, precisando: “El objetivo es que nunca se cruce con otros reclusos, ni en su celda, ni en las salas de actividades, ni en el patio, ni en las visitas”.

“La presencia de policías armados en la cárcel es contraria a todas las leyes. ¡Es algo nunca visto, un gran disparate!”, exclama un alto cargo de la administración penitenciaria consultado por Mediapart. En aislamiento, Sarkozy no se cruzará con ningún recluso, siempre habrá dos o tres guardias con él para sus desplazamientos y todo estará bloqueado. Sabemos cómo garantizar la seguridad de los personajes famosos encarcelados.”

Para este responsable, la seguridad del expresidente no es el verdadero problema: “Si hay policías con él, es para mejorar su detención, nada más. Ya puestos, podríamos abrir otra celda para su mujer o sus amigos.”

Contactado por Mediapart, el responsable del sindicato FO Pénitentiaire de la prisión de la Santé no oculta su sorpresa y perplejidad ante esta gran primicia. “Estábamos en total ignorancia y aún esperamos explicaciones”, explica Hugo Vitry. “Esto nunca ha ocurrido en La Santé. Las personas uniformadas sólo pueden entrar como reclusos. No pusieron policías ni a Claude Guéant ni a Patrick Balkany, que ni siquiera estaban en aislamiento, sino en el módulo de vulnerables, y todo transcurrió sin incidentes. No sabemos muy bien si se trata de facilitarnos la tarea o de reprocharnos una falta de profesionalidad. En cualquier caso, no es un mensaje muy positivo”.

Solo hay quince celdas en el módulo de aislamiento de La Santé. Aislado y altamente protegido, este sector está ocupado por miembros de redes criminales, terroristas o personas amenazadas, como lo estaba el policía que mató al joven Nahel Merzouk en Nanterre.

“Los reclusos nunca se cruzan, ni en el gimnasio, ni en la biblioteca, ni en el patio o en la sala de visitas, y van acompañados de un vigilante en todos sus desplazamientos”, añade Hugo Vitry. La gestión de las salas de visitas de Nicolas Sarkozy puede que también sea excepcional. “¿Hará cola Carla Bruni con todos los demás? ¿Estará al mismo tiempo que las demás familias de reclusos en la sala de visitas? Ya veremos”, dice el vigilante.

Según Le Figaro, Carla Bruni ya pudo visitar a su marido el 21 de octubre, “escoltada por su propio equipo de seguridad” y “entrando por una zona disimulada”, mientras que las familias de los reclusos normalmente deben solicitar una visita con antelación. También la visita anunciada del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, a su amigo Nicolas Sarkozy en La Santé es algo totalmente inédito.

¿Es realmente la seguridad de Nicolas Sarkozy lo que está en juego en la asignación de esos dos policías, que ya habían sido asignados a su protección y que se ofrecieron voluntarios para acompañarlo a la prisión? La CGT Pénitentiaire no opina lo mismo. “No hay ningún valor añadido, sabemos hacerlo muy bien. Pertenecemos al ministerio de Justicia, debemos garantizar la vigilancia y la seguridad, y no nos supone ninguna dificultad hacerlo. No veo por qué el ministerio del Interior tendría que intervenir en las detenciones”, declaró Nicolas Peyrin en RMC, en nombre del sindicato.

Esta medida excepcional ha sido muy mal recibida por la administración penitenciaria. ¿Policías en la cárcel? “No tienen nada que hacer allí, no tienen experiencia en el funcionamiento de un centro penitenciario”, declaró Wilfried Fonck, del sindicato Ufap-Unsa Justice, en RTL. “Más bien vamos a tener dos lastres adicionales. […] Es un corte de mangas, un desprecio al personal penitenciario.”

Nicolas Sarkozy está recluido en una cárcel modelo, que fue objeto de una profunda renovación entre 2014 y 2019. Sin embargo, la tasa de ocupación de la prisión roza el 190 %. Sobre todo, tras décadas de políticas represivas, las condiciones de reclusión en las prisiones francesas, superpobladas y vetustas, nunca han sido tan indignas, como recuerdan regularmente el Observatorio Internacional de Prisiones (OIP) o el Controlador General de Lugares de Privación de Libertad (CGLPL). Un tema que no apasiona mucho a los políticos, salvo cuando uno de ellos entra en prisión.

Para la CGT Insertion probation, el concierto de llorones y comités de apoyo a Nicolas Sarkozy oculta una realidad escandalosa. “Es una buena ocasión para recordar que el sistema penal y carcelario que él ha contribuido a endurecer desde los años 2000 está hoy al límite de sus posibilidades. Penas mínimas, caso Pornic, responsabilidad de los agentes del ministerio, severidad, celeridad..., son muchas las órdenes dadas por él desde hace más de veinte años a todos los actores de la justicia penal”.

“La prisión preventiva está lejos de ser una excepción en materia penal, y en este caso, un trato extraordinario”, recuerda la CGT Insertion probation. “Este es precisamente uno de los nudos del problema del hacinamiento carcelario en Francia y debería hacernos reflexionar colectivamente sobre el caso de Nicolas Sarkozy, pero también sobre los otros 22.499 presos preventivos.”

Por otra parte, los privilegios del recluso Sarkozy, como su encuentro en el Elíseo con el presidente Macron antes de su encarcelamiento y antes de la visita anunciada a la prisión de La Santé del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, constituyen una forma inédita y malsana de presión sobre la justicia: en concreto sobre los jueces que tendrán que pronunciarse sobre su solicitud de libertad y sobre los que tendrán que volver a juzgarlo en apelación en el caso libio. El Sindicato de la Magistratura (SM) se muestra indignado en un comunicado por este “atentado contra la independencia de la justicia” y “una confusión de funciones inaceptable en un Estado de derecho”.

En definitiva, los privilegios de todo tipo concedidos al recluso multiconvicto Nicolas Sarkozy deben considerarse como lo que son: favores y prebendas justificados esencialmente por su pertenencia a una élite político-socioeconómica. Nicolas Sarkozy es tratado como un monarca republicano.

Muy lejos del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, el trato de favor del que goza es también la marca de una justicia de clase. El poder actual da así la razón a los políticos y a los ejecutivos que consideran que su lugar no está en los tribunales, y mucho menos en la cárcel. ¿Temen por sí mismos?

Un amigo de Nicolas Sarkozy, el empresario Jean-Claude Darmon, expresó crudamente, el 21 de octubre en Europe 1, lo que piensa su casta: “Es un shock para gente como nosotros, no estamos hechos para la cárcel, no somos animales, ¡es terrible!”.

Traducción de Miguel López

El encarcelamiento de Nicolas Sarkozy es para Francia una experiencia política, mediática y social fascinante. Para el expresidente de la República, condenado a cinco años de prisión firme por asociación ilícita en el caso libio, el martes 21 de octubre significa su primera noche en prisión, y una parte del país parece dividirse sobre el significado que se le debe dar a este acontecimiento histórico.

Una mente racional podría pensar que es un momento especialmente propicio para reflexionar colectivamente —por fin— sobre los atentados contra la probidad en Francia y la amenaza existencial que estos suponen para la democracia. Con más razón en un país que ya ha visto a un expresidente condenado en firme por corrupción (Nicolas Sarkozy, otra vez él), a su predecesor condenado en firme por malversación de fondos públicos (Jacques Chirac) y a sus respectivos primeros ministros (François Fillon y Alain Juppé) también condenados en firme.

Pero no. La mayor parte del tiempo de emisión dedicado al juicio del caso libio en los canales de información está saturada por una melodía muy diferente: Nicolas Sarkozy, que ha recurrido la sentencia y vuelve a gozar de la presunción de inocencia en este caso, es una víctima. Víctima de una justicia cuyos magistrados serían criaturas híbridas entre el inquisidor Torquemada y Robespierre. Víctima de una prensa, con Mediapart en cabeza, que escribiría con un cuchillo entre los dientes y documentos falsos en sus alforjas.

Y él, Nicolas Sarkozy, se habría convertido en la víctima sacrificial de una infame conspiración, sin que el expresidente dudara en convocar a los fantasmas (ficticios) de Montecristo o (muy reales) del capitán Dreyfus para compararse con ellos. Sin ningún pudor.

Desde hace un mes, desde que se dictó la sentencia, una parte importante del mundo político y mediático —con Nicolas Sarkozy, ambos siempre han sido uno— le tiende tiernamente la mano en esta prueba. El último episodio, y uno de los más impactantes, es que el presidente Macron, garante constitucional de la independencia del poder judicial, lo recibió discretamente en el palacio del Elíseo el viernes 17 de octubre, cuatro días antes de la fecha anunciada para su encarcelamiento.

El actual secretario general de la presidencia, Emmanuel Moulin, ya había asistido el 8 de octubre a una fiesta de despedida antes de la cárcel organizada por Nicolas Sarkozy. Por no hablar del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que en las últimas semanas ha mostrado muchas atenciones hacia el condenado, llegando incluso a anunciar en France Inter que iría personalmente a visitar al exjefe de Estado a la prisión de la Santé. Cabe señalar, de paso, que Darmanin ya no considera que la prisión se parezca demasiado al Club Med cuando se trata de encerrar a su antiguo mentor.

El CAC 40, índice bursátil francés, también se mantiene unido. Los grupos Accor (hostelería) y Lagardère —propietario, entre otros, de los medios Le Journal du dimanche y Europe 1 — han anunciado que mantendrán a Nicolas Sarkozy como administrador a pesar de su encarcelamiento, como ya hicieron en el pasado a pesar de su condena definitiva por corrupción en el caso Bismuth y su doble condena por financiación ilícita de campaña electoral en el escándalo Bygmalion —este caso está pendiente ante el Tribunal de Casación, que dictará su sentencia el 26 de noviembre—.

En cuanto al círculo más cercano del expresidente, da la impresión a veces de que Francia se ha convertido en un gigantesco episodio de South Park, la famosa serie de dibujos animados satírica americana. Carla Bruni, su esposa, publica continuamente historias en Instagram (por ejemplo, una versión de Let It Be de los Beatles, rápidamente parodiada como Let Libye); Patrick Balkany, el amigo, da consejos en televisión sobre la cárcel —el exdiputado y alcalde de Levallois-Perret sabe de lo que habla—; y Louis Sarkozy, el hijo, llama a manifestarse junto a la casa de su padre la mañana de su partida hacia la cárcel para mostrarle su apoyo incondicional.

De principio a fin, este espectáculo es deprimente para el común de los mortales. Pero el asunto es mucho más grave. Porque lo que está en juego no es un debate legítimo sobre la ejecución provisional de las decisiones judiciales. Se trata, ni más ni menos, de los últimos estertores de un cártel que, sin asumirlo públicamente, no pide otra cosa que el retorno de los privilegios, abolidos en Francia en la noche del 4 de agosto de 1789. Podríamos llamarlo un poderoso deseo de 3 de agosto. No es casualidad que la periodista Catherine Nay, una de las más influyentes de su generación, calificara en las columnas de Valeurs actuelles la sentencia que condenaba a Nicolas Sarkozy de “regicidio judicial”.

“Los partidarios de Nicolas Sarkozy socavan los cimientos de la democracia saturando el espacio público de ruido, confusión y furia”, afirmó recientemente Philippe Conte, profesor emérito de Derecho Penal de la Universidad Panthéon-Assas, en una notable entrevista concedida a Le Monde.

Para llevar a cabo esta operación de destrucción del espíritu de la República, este pequeño mundo tiene la imperiosa necesidad de borrar la realidad. Es decir, hacer olvidar los hechos por los que Nicolas Sarkozy ha sido condenado junto con sus dos colaboradores más cercanos de siempre, Brice Hortefeux y Claude Guéant. Sin los hechos, que son de una “gravedad excepcional” según la sentencia —de ahí la entrada en prisión inmediata de Nicolas Sarkozy—, la tarea resulta más fácil para dar paso a la indignación. A partir de ahí, solo se mira la consecuencia (la prisión) y se oculta la causa (el delito perseguido).

Así que, repitámoslo: el trío Sarkozy-Guéant-Hortefeux ha sido declarado culpable de asociación ilícita por haber negociado en otoño de 2005 con el número dos del régimen libio, un terrorista llamado Abdallah Senoussi condenado en Francia por organizar el atentado contra el avión DC-10 de la UTA (170 muertos), un pacto de corrupción cuyo objetivo era la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2007. Y, según el tribunal, los libios pagaron efectivamente 6,5 millones de euros para financiar esa campaña, a cambio de lo cual el equipo de Sarkozy se comprometió a examinar la situación penal de Senoussi en Francia y a ayudar al regreso de la Libia de Gadafi al seno de la comunidad internacional.

Este domingo, dos periódicos dieron un ejemplo claro de esta operación de borrado de la realidad. En primer lugar, Le Figaro, que, en un artículo del periodista político Charles Jaigu, afirma que el tribunal “ha establecido” que las pruebas de corrupción “no existen”. “Solo quedan dos reuniones entre dos colaboradores de Nicolas Sarkozy y el entorno de Gadafi”, dice sutilmente el periodista, que evita cuidadosamente las palabras “Senoussi” o “terrorista condenado”.

Falso: no solo el tribunal afirmó por escrito que sí hubo un “pacto corrupto” —Mediapart ya ha explicado aquí y aquí los motivos—, sino que la investigación permitió reunir gran cantidad de pruebas materiales: transferencias bancarias, notas privadas, cuadernos manuscritos, agendas oficiales, cables diplomáticos, rastros de dinero en efectivo, etc.

El director de La Tribune dimanche, Bruno Jeudy, escribió un editorial en el que se podían leer estas palabras: “A base de ejercer una justicia implacable, se corre el riesgo de desnaturalizarla.” A continuación, se emocionaba ante “una severidad espectacular, percibida más como expiatoria que racional”. “La democracia no se engrandece con la humillación de un expresidente, por muy culpable que sea”, concluía, antes de mencionar “un malestar, quizás un paso en falso”, de la justicia, claro está... Ni una sola vez en su texto recordó el director del semanario los hechos que motivaron la condena, medio cuyos periodistas no siguieron el juicio libio.

Al actuar así, todos los nostálgicos del 3 de agosto no hacen más que agravar el perjuicio de las verdaderas víctimas del caso libio: las familias del DC-10, que han sido reconocidas como partes civiles por el tribunal penal de París y a las que los condenados deben pagar una indemnización por daños y perjuicios. Desde la sentencia, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant o Brice Hortefeux no han dicho ni una palabra dirigida a ellas. Gérald Darmanin, que sin embargo juró poner a las víctimas en el centro de su política penal, tampoco les ha dirigido ni una sola palabra.

Es una lástima, porque merecen ser escuchadas. “Este juicio no es una venganza, sino la expresión de una justicia que llevábamos años esperando. Un proceso judicial riguroso enmarcado en nuestras leyes. No, Nicolas Sarkozy no es una víctima. No, Nicolas Sarkozy no encarna él solo a Francia”, respondieron dos representantes de las familias de las víctimas del DC-10, Danièle Klein y Yohanna Brette, en un artículo de opinión publicado en Libération.

“Por desgracia, hemos comprendido hasta qué punto nos ha traicionado quien aspiraba a presidir Francia, Nicolas Sarkozy”, comentó por su parte en Le Nouvel Obs Guillaume Denoix de Saint Marc, miembro de la asociación Familias del atentado del DC-10 de UTA.

Evidentemente, nada de eso habría ocurrido si se tratara de otro tipo de delito que no fuera el de cuello blanco. Si Nicolas Sarkozy hubiera sido condenado por encargar el robo de las joyas del Museo del Louvre o por tráfico de drogas, el presidente de la República nunca lo habría recibido antes de entrar en prisión, y el ministro de Justicia nunca lo habría mimado de esa manera.

Nos encontramos en una situación similar a la de la serie fantástica Stranger Things. Coexisten dos mundos: uno normal y otro invertido, literalmente al revés, poblado de monstruos aterradores. Este mundo al revés es, en Francia, el que se encuentra en la cima de la pirámide social y política, y sobre el que el caso libio acaba de arrojar una fría luz.

Traducción de Miguel López

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron este lunes fuentes judiciales a varios medios franceses, tal y como recoge EFE.

Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, ha comparecido este lunes ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.

Su entrada en prisión se producirá el martes de la semana que viene debido a la orden de prisión emitida en su contra, pese a haber apelado la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Correccional de París hace dieciocho días.

El político conservador, que ejerció de presidente de 2007 a 2012, fue condenado el 25 de septiembre por conspiración para delinquir al permitir que sus allegados solicitaran al régimen libio de Muamar el Gadafi financiación ilegal para la campaña presidencial que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo.

El tribunal justificó esta medida en el caso de Sarkozy, de 70 años, por la "excepcional gravedad de los actos" cometidos por un líder político que entonces aspiraba al máximo cargo de la República francesa.

Una vez en prisión, sus abogados podrán presentar una solicitud de puesta en libertad ante el Tribunal de Apelación, que tendrá un plazo máximo de dos meses para resolverla, es decir, justo antes de las próximas navidades y le permitiría presentarse libre al juicio en apelación previsto, en principio, para el próximo marzo. En caso de ser rechazada, podrán formalizar otras.

Las únicas dos prisiones en la región de París que cuentan con espacios adaptados para presos que necesitan protección son La Santé en París y Fleury-Mérogis en Essonne, ya sea en los llamados "pabellones vulnerables" o en espacios de régimen de aislamiento, en el que, según medios franceses, debería estar Sarkozy.

Armas con motivos relacionados con el narcotráfico, fusiles de toda clase con su munición y mucha, mucha marihuana. Todos esos indicios sirvieron a los tribunales de Sevilla para enviar directamente a prisión a 18 personas, esto es, todos los detenidos en las operaciones Mirra y Black Mamba, minuciosos trabajos del Cuerpo Nacional de Policía en la citada capital del Guadalquivir, además de en Osuna y en Mairena de Alcor. Dicen los expertos que la droga, por donde pasa, se queda, y Sevilla se ha convertido en un punto de gran relevancia ante la pujanza de las mafias que introducen hachís y cocaína por el río desde el Estrecho de Gibraltar y de los que dedican su tiempo a cultivar cannabis.

Precisamente las alertas de las compañías eléctricas en relación con consumos excesivos e injustificados pusieron a los agentes detrás de la pista de los investigados, en una doble operación que se saldó con el hallazgo de un auténtico arsenal, así como de plantaciones de marihuana y unos 170 kilos de cogollos listos para su venta, envasados ya al vacío.

La operación Mirra, en la que se hallaron dos pistolas y cinco escopetas, se centró en el barrio de Los Carteros de Sevilla, donde tres viviendas de una misma familia cultivaban cannabis y vendían cocaína y heroína. Nueve personas fueron detenidas, y a ellas se les intervinieron, además, 38.000 euros en efectivo.

La operación Black Mamba se centró en un grupo criminal con base en Las Tres Mil Viviendas que llevó a la Policía hasta una 'guardería' en la localidad de Osuna, donde se halló abundante armamento y munición militar, así como una pistola dorada con motivos relacionados con el narcotráfico y 230.000 euros producto de la actividad delictiva investigada.

Como en el caso anterior, esta segunda red se dedicaba a producir marihuana, actividad que alternaba y combinaba con la venta de cocaína y de heroína en diferentes puntos de venta de los que disponían los procesados.

A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones como Galicia, donde los jueces difícilmente decretan prisión para los supuestos narcos, como sucedió en el caso de las motos acuáticas submarinas para la recogida de cocaína en mercantes, aquí los tribunales tuvieron mano dura y decretaron el ingreso en centros penitenciarios de todos los investigados.

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos−Gogora ha identificado genéticamente los restos de otras seis víctimas de la prisión franquista de Orduña (Bizkaia), recuperadas del cementerio de la localidad en las campañas de 2022 y 2024.

Según ha informado Gogora y ha recogido EFE, los últimos identificados son José Gómez Narváez, Aquilino Flores Bautista, y Manuel Vivas Fernández, de la provincia de Badajoz; Zollo Villar Toledo, de Ciudad Real y Antonio Bootello Negrete, de Málaga. Un equipo se trasladará a las provincias de Badajoz y Málaga para entregar los restos de Narváez, Vivas, Pozo y Negrete a sus familias de forma privada.

Las labores de exhumación en el cementerio de Orduña finalizaron en diciembre de 2024 y en total se recuperaron restos pertenecientes a 93 personas, y ya son 17 los restos identificados y entregados a las familias. El reto actual para Gogora es localizar al mayor número de familiares de prisioneros fallecidos posible para identificar a los 76 restantes.

Según la información de Gogora, el campo de concentración de Orduña comenzó a funcionar en julio de 1937, cuando el bando sublevado puso en marcha una red de campos para concentrar de forma masiva a los combatientes republicanos apresados, ha explicado La arbitrariedad y las condiciones de vida infrahumanas eran el denominador común: hacinamiento, humillaciones, hambre, frío, enfermedades y muertes, ha constatado Gogora.

La mayoría de estos campos se clausuraron en 1939, salvo algunos, como el de Orduña (1939-1941), que pasaron a ser prisiones. Finalizada la guerra, Orduña pasó a ser parte del engranaje de la política penitenciaria del franquismo, especialmente diseñada para quienes perdieron la guerra. La mayoría de las personas que fallecieron cautivas en este centro procedían de Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Cataluña.

Por la documentación histórica existente se conoce que, de los 225 prisioneros fallecidos en esta prisión, más de la mitad (127) eran de origen extremeño (125 de Badajoz y 2 de Cáceres), y que 87 de ellos trasladados desde el penal de Castuera. A estos presos extremeños muertos se unieron 41 castellanomanchegos (34 de Ciudad Real, 4 de Toledo y 3 de Albacete), 22 trasladados desde la prisión de Málaga, 7 de Tarragona y los 28 restantes de otras provincias del Estado.

Por ello, responsables de Gogora tratan de colaborar con responsables de la Delegación de Gobierno de Extremadura y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, para explorar iniciativas que permitan nuevas identificaciones.

Para que la identificación genética sea posible, es necesario cotejar muestras de ADN de descendientes de los fallecidos, con las muestras extraídas de los restos óseos. Por ello, el instituto vasco de la memoria ha vuelto a hacer una llamamiento para que familiares de víctimas contacten con Gogora (gogora@euskadi.eus /+34 944 032845) especialmente en Extremadura, de donde procedían más de las mitad de los reclusos fallecidos, en aras a ampliar el banco de ADN que está confeccionando para facilitar las identificaciones.

Antonio Bootello Negrete era de Pizarra (Málaga), trabajaba en el campo, casado y con dos hijos. En octubre de 1939 fue condenado por rebelión a 20 años de prisión. Pasó por varias cárceles e ingresó en Orduña en diciembre de 1939, donde falleció el 22 de marzo de 1941 de gripe, a los 45 años.

Aquilino Flores Bautista, de Valencia de las Torres (Badajoz), era jornalero, casado y con dos hijos. Condenado por rebelión a 12 años y 1 día de reclusión menor, ingresó en Orduña en diciembre de 1940, donde falleció tres meses más tarde, "de reumatismo", a la edad de 38 años.

José Gómez Narváez, de Castuera (Badajoz), era carpintero, estaba casado y tenía cuatro hijos. Condenado por auxilio a la rebelión a 20 años de prisión, ingresó en Orduña en febrero de 1940, donde murió el 6 de abril de 1941, a causa de "avitaminosis", a los 50 años.

José Pozo García, de Aceuchal (Badajoz), era jornalero, casado y con un hijo. Ingresó en Orduña en marzo de 1940 y falleció un año después, a los 48 años.

Zoilo Villar Toledo, de Torrenueva (Ciudad Real), era carnicero, estaba casado y tenía siete hijos. Llegó a Orduña en diciembre de 1939, donde falleció el 12 de marzo de 1941 debido a una embolia cerebral a los 59 años.

Manuel Vivas Fernández, de Villagonzalo (Badajoz), jornalero, casado y con cuatro hijos. Ingresó en Orduña en diciembre de 1939 y falleció el 14 de abril de 1941, a los 46 años.

A 30 kilómetros de Damasco se encuentra la prisión de Sednaya, conocida como el "matadero humano" de Siria. En la carretera que da acceso a la prisión hay algunos vehículos de guerra abandonados y, ya en la entrada, un cartel en el que se lee "Siria Libre" recibe a todo el que se acerca hasta allí. Tras años de fuerte vigilancia del ejército, hoy el acceso al recinto no está controlado así que en el interior hay periodistas, curiosos y personas que buscan a sus familiares. 

Es el caso de Sami. Es sirio, pero lleva algún tiempo viviendo en Líbano. Hoy, junto a su hermana, recorre la laberíntica prisión en busca de algún rastro de su padre. Según relata, el régimen de Al Asad lo encarceló durante seis años. Fue el castigo que le impusieron cuando descubrieron que quería exiliarse del país en busca de una vida mejor. Seis años después, no saben si está vivo o muerto. Es la situación de miles de familias: se calcula que en todo el país hay hasta 150.000 personas desaparecidas.

Esta prisión hoy abandonada, pero igualmente siniestra fue liberada el mismo día de la caída del régimen, hace tan sólo cinco semanas. En ese momento, 2000 personas fueron puestas en libertad. En el interior se encontraron los cuerpos de 40 personas muertas. Diversas organizaciones han documentado la presencia de espacios subterráneos en los que mantenían en condiciones aún más infrahumanas a algunos de los prisioneros.

Recorrer sus pasillos es pasear por un escenario del horror. En el suelo hay basura, restos de medicamentos o de cajetillas de tabaco e incluso prótesis ortopédicas. En las celdas, casi todas sin ninguna entrada de luz natural, se amontona la ropa sucia de los reclusos. A algunos no les permitieron ducharse en años, así que en cuanto se abrieron los candados se deshicieron de lo que llevaban puesto. El hedor, cinco semanas después, da buena cuenta de cómo era la situación: espacios en los que no podían convivir más de cinco personas estaban ocupados por 30. El frío recorre el edificio. De hecho, muchos de los presos murieron por hipotermia.

Majad Hamdan llevaba catorce años sin pisar Siria. Desde hace ocho vive en Zamora, donde es presidente de la Asociación Siria de España. El sábado aterrizó en Damasco para reencontrarse con su familia tanto tiempo después. Su sonrisa permanente delata la emoción que siente. “Pensábamos que nunca íbamos a volver a nuestro país”, dice aliviado. No olvida, sin embargo, que él mismo estuvo encarcelado por el régimen en diversas ocasiones y que su tío pasó cuatro años en esa misma prisión en la que él hoy grababa imágenes. “Le trataron peor que a un animal”, aunque por suerte, dice, hoy está a salvo.

Es el símbolo del régimen de terror al que el clan Al Asad, primero el padre y luego el hijo, sometieron a la población siria durante el medio siglo en el que estuvieron en el poder. Entre sus muros se cometieron todo tipo de atrocidades. Desde desmembramientos a la utilización de ácido para hacer desaparecer los cadáveres. Amnistía Internacional calcula que más de 30.000 presos fueron ejecutados o murieron de hambre, falta de atención médica o tras ser torturados entre 2011 (cuando empezó la guerra civil) y 2018. Desde entonces no hay registros oficiales.

La ley sobre intercambio de antecedentes penales, que permitirá a los presos etarras descontarse las penas que han cumplido en Francia y adelantar así su salida de prisión, entra en vigor este viernes. Tal y como publicó el Boletín Oficial de Estado (BOE) el pasado 19 de octubre, la norma, que transpone una directiva europea y provocó un fuerte enfrentamiento entre Gobierno y oposición, entra en vigor ahora, de manera que varios terroristas podrán acumular las penas cumplidas en un país europeo y contabilizarlas para salir antes de prisión.

La red de apoyo a los presos de ETA, Sare, ha calculado que 52 presos podrán beneficiarse de la reforma legal, de los cuales 7 podrían salir de prisión antes de que acabe el año. Según sus datos, actualmente hay 140 presos de ETA en cárceles vascas y navarras -en distintos regímenes- más otros 4 en Francia.

Para beneficiarse de la norma, cada preso tendrá, a través de su abogado, que solicitar ante la sala condenatoria -en España, la Audiencia Nacional- que se les aplique la ley para poder salir antes de prisión.

Esta reforma legislativa, sin embargo no aplica para quienes los tribunales ya tuvieron en cuenta el cumplimiento de parte de la pena en Francia. Sería el caso del exjefe de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. La Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta en 2014 la pena impuesta por un tribunal francés al acumular sus condenas, de modo que previsiblemente este reforma legal no implicaría su salida de prisión antes de tiempo.

La aprobación de esta ley provocó un duro enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Fue la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) la que advirtió de que la norma contenía una enmienda, introducida durante su paso por el Congreso por Sumar, que suprimía un artículo y la disposición adicional que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

El texto, con dicha enmienda, fue debatido y aprobado por unanimidad en el Congreso y pasó por el Senado sin que ningún grupo introdujera vetos ni enmiendas. Tras ello, el PP acusó al Ejecutivo de incluir "de tapadillo" dicha enmienda y afirmó que apoyó el texto por error, mientras que desde el Ejecutivo defendieron que el PP conocía lo que votaba y que el texto es el mismo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.

No son casos aislados. Ni percepciones individuales. La droga convive, como un preso más, en las prisiones. Es más, la cárcel es, directamente, un "lugar favorecedor" para su consumo. Así lo ha revelado una investigación enmarcada en la Comunitat Valenciana y publicada en la Revista Española de Drogodependencias bajo el título Drogas en prisiones: una exploración de su presencia desde la perspectiva de los reclusos. Han sido ellos quienes han puesto la cuestión encima de la mesa. Y quienes sostienen las anteriores afirmaciones.

Les han dado voz el criminólogo Alejandro Segura y el psicólogo Xavier Pons. Ambos ya partían de la consideración de que la presencia de sustancias estupefacientes en prisión era algo de sobra conocido y de sobra extendido. Pero querían que ellos se lo dijeran. Y los resultados fueron categóricos: conseguir las sustancias no es más difícil dentro que fuera y la principal vía de entrada son los vis a vis con amigos y familiares, aunque son los propios funcionarios, en ocasiones, quienes las introducen. De hecho, los presos describen su actitud como "permisiva". Tanto, que no es habitual que consumir les suponga un problema. Además, la mayor parte de las veces lo hacen en su propia celda. Y su objetivo no es otro que "evadirse de la realidad frustrante que supone la privación de libertad".

Hasta ahí los resultados eran esperables. "La prisión permite el consumo, y yo creo que lo hace porque es más sencillo. Las personas drogodependientes necesitan la sustancia, así que lo contrario podría ocasionar situaciones caóticas", señala Segura. Sin embargo, más allá de eso sí que hay un aspecto que a priori no consideraron y que resultó ser un factor fundamental para entender la problemática: el uso que se hace de la medicación. "Los exreclusos consideran su regulación uno de los pilares más débiles. Apuntan a que los médicos recetan ansiolíticos o tranquilizantes que muchas veces no se necesitan realmente, por lo que la gente los consume sin control o trapichea con ellos", lamenta.

Pero esto no sólo ocurre en la Comunitat Valenciana. De hecho, toda la investigación es extrapolable. "Esto es tan sólo un reflejo de lo que ocurre en todos los centros penitenciarios a nivel estatal. Es habitual, es sabido y ocurre desde siempre", señala Pedro Quesada, abogado y portavoz de UNAD (Red de Atención a las Adicciones).

Hay una muestra muy clara de la anterior afirmación: los informes oficiales sobre drogas en España aluden específicamente a las prisiones y los informes sobre prisiones incluyen apartados específicos referidos a la presencia de estas sustancias en las cárceles. Un ejemplo es el estudio del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones de 2023, que reveló que más del 7% de los admitidos a tratamientos por adicciones procedían de ellas. Además, en 2022, recoge el estudio de Valencia, el mismo informe señaló como "muy frecuente" el uso de sustancias en prisión.

Pero hay más documentos. El último informe general de Instituciones Penitenciarias, relativo a 2022, incluyó como siempre varios apartados dedicados, sobre todo, a los programas y herramientas de deshabituación para drogodependientes internos. Y citó también la Encuesta sobre Salud y Consumo de Drogas en Población Interna en Instituciones Penitenciarias 2022 realizada por la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.

Es ahí donde aparecen las principales cifras. Y un resultado muy relevante: el alcohol es la única sustancia que es más consumida en la población general que en la población reclusa previamente a su ingreso en prisión. El resto de ellas —tabaco, cocaína, cannabis, heroína, etc.— está mucho más extendida entre los presos que todavía no han sido encarcelados. De todos ellos, y cuando ya lo han sido, el 75% había consumido en libertad. Y ese dato también es relevante.

Pero vayamos ahora a las causas. A los 'por qué se consume'. Porque es muy diferente el motivo que aluden estas personas cuando están dentro de la cárcel y al que apuntan cuando están todavía fuera de ella. Lo especifica la investigación enmarcada en la Comunitat Valenciana. Según los exreclusos a los que entrevistaron sus autores, hay una diferencia muy palpable "entre el consumo en la cárcel y el consumo social fuera de ella". En concreto, señalan los expertos, este segundo consumo "está causado, mayormente, por la influencia de los amigos". El primero, en cambio, está marcado por la necesidad de evasión. "Obviamente, los efectos psicoactivos de las drogas fundamentan esta justificación", concluye el estudio.

Quesada coincide. "El ingreso en prisión va unido en muchas ocasiones a problemas de salud mental. Si a eso le unimos una convivencia complicada, el resultado es que una gran parte de los presos necesita estas sustancias para calmar su malestar", lamenta.

Y es que la alternativa, critica, apenas existe. Esto nos lleva al principio. Según señala Segura, uno de los resultados más sorprendentes del estudio que llevaron a cabo es la poca "regulación" de la medicación. Pero más allá de eso, dice Quesada, es que en ocasiones esta es excesiva por, fundamentalmente, la falta de profesionales sanitarios. Lo advirtió el Defensor del Pueblo en su informe anual relativo al año 2022. Según sus datos, hay un 80% de plazas de médico desiertas en las cárceles de nuestro país.

La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) también lo ha constatado. Sus cifras hablan de que tan sólo hay unos 170 facultativos de los alrededor de medio millar que serían necesarios para garantizar un mínimo de calidad en la asistencia. Con ese escenario, la consecuencia está clara. "Los servicios sanitarios de los que se dispone ahora mismo son incapaces de absorber toda la demanda, así que recurren a la sobremedicación para mitigar el problema, pero esto no es una solución", señala.

A eso se añade otro problema, a juicio del abogado. Y es que tampoco hay una correcta atención psicosocial. El resultado, otra vez, es el mismo: el uso de fármacos. En concreto, de psicofármacos. El último informe realizado por UNAD, presentado el año pasado bajo el título Situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género, recogió de hecho el testimonio de una persona que aseguraba que no recibía "tratamiento psicológico para hablar o hacer cosas". "Solo nos dan ansiolíticos", dijo. En cuanto a las cifras, este tipo de medicamentos y los hipnóticos son consumidos por el 36,33% de los hombres y por el 48,9% de las mujeres reclusas. De todos, el 83,4% lo toma diariamente. Así alivian ese malestar que referían los reclusos valencianos.

Pero todavía hay más. Y es que según dice Quesada no existen tampoco, al menos no en el grado que deberían, programas destinados a la deshabituación del consumo. El último informe de Instituciones Penitenciarias refiere que tan sólo el 24,1% de los reclusos drogodependientes ha recibido alguna vez tratamiento en prisión. Tan sólo la mitad de los que ingresaron mientras lo recibían fuera, además, lo mantuvo en la cárcel. La otra mitad lo interrumpió.

Todas las cifras y testimonios llevan a una conclusión clara. La prisión no es, ni mucho menos, un espacio libre de drogas. Como mínimo, la cárcel permite su consumo. Y esto, ¿qué implica? Para hablar de las consecuencias, Quesada se detiene primero en uno de los datos: la gran mayoría de reclusos ya consumía sustancias antes de su entrada en prisión. Casi los mismos, además, fueron condenados a una pena privativa de libertad por delitos relacionados con las drogas. Si una vez dentro no pueden acceder a recursos que les ayuden a salir de la adicción es posible que se repare el delito cometido, pero no el hecho que le llevó a cometerlo. Por tanto, él lo ve lo claro: la reinserción está comprometida.

¿Qué propone? Que precisamente estas personas puedan responder por sus delitos con medidas alternativas a la prisión. "Hay que trabajar en la resocialización prestando especial atención a las circunstancias que han llevado a la persona a delinquir. Si ha sido la drogodependencia, no se soluciona nada si no se erradica ese consumo. Cuando salgan de prisión seguirán igual y, por tanto, podrán reincidir", lamenta el experto de UNAD. "La drogodependencia es una circunstancia que influye en los delitos. Y debe abordarse como tal", señala.

Segura, por su parte, opina que es necesario el trabajo contra el consumo en la prisión. Pero matiza: lo que ésta debe reinsertar es el delito, no un comportamiento.

España no tiene un problema de sobreocupación de sus prisiones en comparación con los países del resto de Europa. Pero las cifras de las instituciones penitenciarias de nuestro país sí evidencian dificultades preocupantes en varios indicadores, desde la cifra de presos en proporción a la población del país hasta la escasez de funcionarios de prisiones por recluso, pasando por el número de suicidios, fugas y presos con más de 50 años.

La superpoblación carcelaria sigue siendo un problema “agudo y persistente” en un número significativo de administraciones penitenciarias europeas, según las Estadísticas Penales Anuales sobre Poblaciones Carcelarias (SPACE I) del Consejo de Europa para 2023, publicadas este jueves. En este indicador, en el que España sí sale bien parada, de los países con más de 500000 habitantes, doce informaron tener más reclusos que plazas disponibles en enero de 2023.

En general, en Europa, el número de presos por cada 100 plazas disponibles creció un 2% entre el 31 de enero de 2022 y el 31 de enero de 2023 (de 91.7 a 93.5 reclusos). Siete administraciones penitenciarias reportaron una densidad carcelaria de más de 105 reclusos por cada 100 plazas disponibles, lo que indica una superpoblación severa: Chipre (166 reclusos por cada 100 plazas), Rumania (120), Francia (119), Bélgica (115), Hungría (112), Italia (109) y Eslovenia (107). Cinco administraciones penitenciarias reportaron una densidad carcelaria muy alta: Grecia (103), Suecia (102), Macedonia del Norte (101), Croacia (101) y Turquía (100). Otras administraciones informaron una densidad carcelaria inferior a 100, pero estaban al borde de la superpoblación: Irlanda (99), Portugal (98), Finlandia (97), Dinamarca (97), Inglaterra y Gales (Reino Unido) (97) y Azerbaiyán (96).

La densidad carcelaria en España es cercana al 93%, lo que indica una cierta presión en el sistema penitenciario, aunque no alcanza niveles críticos de superpoblación como en otros países europeos.

Nuestro país, sin embargo, no sale tan bien parado en otros indicadores. España está entre los países europeos que padecen un problema “elevado” de población penitenciaria por habitante. Un problema que compartimos al mismo nivel con, entre otros, Rumania, Portugal y Ucrania. Solamente nos superan, de nuestro entorno, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Chequia y el Reino Unido. España tiene una tasa de población penitenciaria de aproximadamente 126,5 reclusos por cada 100.000 habitantes, lo cual está por encima de la media europea (107).

Esta cifra coloca a nuestro país en una posición alta en comparación con otros países europeos, donde muchas naciones occidentales como Alemania, Países Bajos y los países nórdicos presentan tasas significativamente más bajas.

Donde sí estamos entre los peores es en número de reclusos por funcionario de prisiones, un dato que viene a corroborar una de las principales denuncias de los sindicatos del sector. En España, la proporción de reclusos por cada guardia dedicado exclusivamente a la custodia de presos a 31 de enero de 2023 era de 3,6, cinco décimas por encima de la media. De entre los grandes países de nuestro entorno, únicamente estaban peor Inglaterra (4.1), Polonia (4.6), Hungría (5.9), Grecia (6.3) y Francia (3.9).

Otra de las ratios en la que las cárceles españolas salen peor paradas es la tasa de suicidios. En el periodo analizado por el Consejo de Europa, el 23.3% de las muertes en prisión se debieron a esta causa, prácticamente una de cada cuatro.

El informe tampoco incluye buenas noticias, comparativamente hablando, en relación con la edad media de los presos: tenemos una de las poblaciones de reclusos más envejecidas del continente, con un porcentaje de internos de más de 50 años de casi un 23%. La edad promedio de los reclusos en España es de 41 años, lo que está en el extremo superior del rango de edad promedio en Europa. La mayoría de los países europeos tienen una edad promedio de reclusos de entre 33 y 39 años.

En el retrato que el Consejo de Europa hace de las cárceles europeas, las españolas destacan en dos rasgos: porcentaje de reclusos extranjeros y proporción de presas. Los presos que no han nacido en España son un 30.1% del total en el conjunto de España, pero este porcentaje se eleva al 48.7% en Cataluña. Comparados con los grandes países de nuestro entorno, en este indicador solamente estamos por detrás de Austria (51.3), Bélgica (41.5), Alemania (38.2), Grecia (56.8) e Italia (31.5). La española es una cifra considerablemente más alta que la mediana europea (16%), lo que, según el informe, refleja la diversidad y los desafíos específicos que enfrenta España en cuanto a la gestión de una población penitenciaria multicultural.

Lo mismo sucede en el porcentaje de reclusas: con un 7.5%, España está entre los estados con porcentaje más elevado, junto a países como Islandia, Chequia, Finlandia, Hungría, Eslovaquia, Portugal, Austria, Noruega o Suecia. El porcentaje de mujeres en prisión en España es superior a la mediana europea (5%), lo que, según el informe, sugiere una ligera sobrerrepresentación femenina en el sistema penitenciario español en comparación con la media europea.

Los delitos relacionados con drogas son la causa principal de encarcelamiento en Europa, representando el 19% de la población sentenciada. España no es una excepción a esta tendencia. Los delitos violentos, incluyendo homicidio, robo, agresión y delitos sexuales, constituyen un 36% de los delitos por los que los prisioneros europeos están cumpliendo condena.

En general, España muestra tendencias similares a la media europea en cuanto a la prevalencia de delitos de drogas, homicidios y tentativas de homicidio, robo, delitos sexuales, robo con violencia y agresión y lesiones.

El juez federal Carl Nichols ha ordenado a Steve Bannon, quien fuera asesor ideológico del expresidente estadounidense Donald Trump, presentarse en prisión el próximo 1 de julio para cumplir con su sentencia de cuatro meses de cárcel por desacato al comité del Congreso que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según informa Europa Press.

Bannon fue condenado en octubre de 2022 a una breve pena de prisión y al pago de una multa de 6.500 dólares (unos 6.600 euros). Sin embargo, Nichols aclaró en aquél momento que Bannon no tendría por qué ingresar en prisión hasta que concluyera cualquier procedimiento de apelación que su equipo legal pudiera presentar.

El pasado mes de mayo un tribunal de apelaciones de Washington D.C. rechazó por unanimidad varios de los recursos presentados por Bannon y los fiscales pidieron de inmediato al juez Nichols que ordenara el ingreso en prisión del exasesor de Trump, según recoge la cadena estadounidense CNN.

El juez Nichols ha señalado que, una vez que la Justicia ha rechazado las apelaciones de Bannon -cuestión por la que dio 'luz verde' a la suspensión de su condena-, no hay argumentos para seguir aplazando la sentencia. La defensa de Bannon ya había señalado días atrás que el magistrado no tenía autoridad para mandarle a prisión sin haber agotado todas las vías de recurso.

"No hay base para considerar la eliminación de la suspensión de la sentencia pendiente de apelación hasta que el proceso de apelación haya seguido su curso", habían declarado previamente desde el equipo de abogados de Bannon.

El pliego de cargos presentados por la Fiscalía en contra de Bannon hace ya más de un año y medio acusaba al exasesor de Trump de "exacerbar" con su negativa a comparecer el espíritu de agresión al Estado de Derecho que representó la insurrección del 6 de enero. El juez Nichols señaló que la sentencia tenía el objetivo de "disuadir a otros de cometer delitos similares".

Pablo González sigue en prisión dos años y tres meses después de su detención en Polonia. El periodista vasco está a la espera de juicio y de la presentación de alguna prueba contra él. En todo su periodo entre rejas se le ha mantenido en un estado de semincomunicación. Solo ha podido hablar con sus familiares a través de cartas y en dos visitas puntuales con sus abogados, el cónsul español y sus familiares más cercanos.

El tercer encuentro llegó el pasado lunes, 13 de mayo. Pablo González recibió la visita de su esposa, Oihana Goiriena, y de su hijo mayor. A esta cárcel de Radom, en las que se encuentra desde hace 27 meses, también acudieron dos amigos cercanos. Es la primera vez que permiten la comunicación con algún miembro que no forme parte de su círculo familiar. Este avance ha despertado las esperanzas en su entorno, que espera que se regularicen las visitas y González pueda llamar por teléfono a su madre y a sus otros dos hijos con los que todavía no ha hablado.

Goiriena ha explicado que la visita ha transcurrido con normalidad y ha encontrado a su marido “bien de salud y de buen ánimo” y con la esperanza de que “las autoridades polacas terminen por definir los hechos que se le atribuyen para así poder defenderse”.

González fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Rzeszów, una ciudad del sureste de Polonia situada a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, a la que se trasladó para realizar un reportaje sobre los refugiados tras el estallido de la guerra en Ucrania. El periodista, que hasta la fecha de su detención trabajaba como freelance para medios como laSexta, Público o Gara, cubría desde hacía una década las relaciones del Kremlin con las antiguas repúblicas soviéticas.

Las autoridades polacas le acusan de cometer un delito de espionaje tipificado en el artículo 130 del Código Penal del país, que castiga con penas de uno a diez años de cárcel a quien "esté involucrado en las actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia".

El Servicio Penitenciario Federal del distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia ha anunciado este viernes la muerte del influyente opositor ruso Alexei Navalni, que se encontraba cumpliendo una pena a 19 años de cárcel por extremismo y llevaba encarcelado desde su regreso a Rusia en 2021. "Navalni se empezó a encontrar mal durante un paseo y, casi de forma inmediata, se desmayó", han indicado las autoridades penitenciarias, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.

Los trabajadores sanitarios de la prisión se han trasladado hasta la zona en la que se encontraba el preso para llevar a cabo "todas las medidas necesarias para intentar reanimarlo", si bien han confirmado que estas no han dado resultado". Así, los médicos han confirmado el deceso a medida que se investiga la causa de la muerte.

El Kremlin ha evitado pronunciarse sobre las causas de la muerte de Navalni. "No sé, depende de los doctores determinarlo", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, tras ser preguntado por las informaciones publicadas por medios rusos sobre que el reo habría fallecido por un trombo sanguíneo, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "En línea con las normas existentes, el Servicio Federal Penitenciario está llevando a cabo todas las aclaraciones y comprobaciones. No hay que dar instrucciones, ya que hay una batería de normas que guían las acciones del Servicio Federal Penitenciario", ha recalcado.

Por su parte, la abogada del opositor, Kira Yarmish, ha señalado en su cuenta en la red social X que "el Servicio Federal de Prisiones del distrito de Yamalo-Nenets está diseminando noticias sobre la muerte de Alexei Navalni en IK-3". "No tenemos ninguna confirmación por ahora", ha recalcado.

El activista de 47 años, que figuraba en la lista de individuos y organizaciones involucradas en activistas terroristas o extremistas en Rusia, fue detenido en enero de 2021 cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose de un envenenamiento que él y los gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad del presidente ruso, Vladimir Putin.

En agosto de 2023, un tribunal de Móscú lo condenó a 19 años de prisión por extremismo, una condena que debía cumplir bajo un régimen especial. A principios de enero, el disidente fue puesto bajo régimen de aislamiento tras ser trasladado de cárcel a una prisión de Yamalia-Nenetsia.

Navalni denunció entonces que las autoridades rusas "aprovechaban cualquier pretexto" para imponerle el aislamiento y denunció las condiciones en las que se encuentra recluido. Su entorno alertó entonces de que el opositor estuvo casi tres semanas en paradero desconocido después de que no compareciera en sucesivas vistas judiciales. Las autoridades rusas, por su parte, acabaron confirmando su traslado desde la región de Vladimir el pasado 15 de diciembre, pero no fue hasta diez días más tarde cuándo se esclareció su paradero.

La Unión Europea ha responsabilizado este viernes a las autoridades rusas de la muerte de Navalni. "Luchó por los valores de la libertad y la democracia. Por sus ideales, hizo el último sacrificio. La UE considera al régimen ruso único responsable de esta trágica muerte", ha señalado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en un mensaje en redes sociales tras conocerse la noticia. En este sentido, ha trasladado sus condolencias a la familia y a los activistas por la democracia que trabajan en "las condiciones más oscuras". "Los luchadores mueren. Pero la lucha por la libertad nunca termina", ha concluido.

Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la muerte del principal opositor a Vladimir Putin es un "sombrío recordatorio" de lo que es el régimen de Moscú.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su conmoción por la muerte en prisión de Navalni, "injustamente encarcelado" por el régimen de Vladimir Putin, según él, por defender la democracia en Rusia. "Conmocionado por la noticia de la muerte en prisión de Alexei Navalni, injustamente encarcelado por el régimen de Putin por su defensa de los Derechos Humanos y la democracia", ha escrito Sánchez en un mensaje en X, antiguo Twitter.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado para hacer llegar sus "condolencias a su familia y amigos" que ha hecho extensibles "a todos los que en Rusia defienden los valores democráticos y pagan por ello el más alto de los precios".

También ha lamentado la muerte del destacado opositor ruso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. "Exigimos la aclaración de las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido durante su injusto encarcelamiento por motivos político", ha reclamado en esta misma red social.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha deplorado que en la Rusia actual "los espíritus libres sean encerrados en el gulag y condenados a muerte". "Ira e indignación. Saludo la memoria de Alexei Navalni, su compromiso, su valentía. Pensamientos para su familia, sus seres queridos y para el pueblo ruso", ha subrayado.

El premier británico, Rishi Sunak, ha condenado las "terribles noticias" que llegan desde Rusia y ha señalado que el disidente mostró un "coraje increíble durante toda su vida". "Mis pensamientos están con su mujer y con el pueblo de Rusia, para quienes esta es una gran tragedia", ha sostenido en un mensaje difundido a través de redes sociales.

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha señalado en declaraciones a la prensa desde Berlín que su muerte refleja la "verdadera naturaleza del régimen de Putin" y ha recordado un encuentro con Navalni cuando se recuperaba del envenenamiento en suelo alemán, según ha recogido la agencia de noticias DPA.

Así, ha recalcado que se necesita "coraje" para volver en esas circunstancias a Rusia. "Ha pagado su coraje con su vida", ha dicho Scholz, que ha alertado de que "aquellos que expresen sus críticas en Rusia y defiendan la democracia arriesgan su seguridad y su vida". "Se mantuvo junto a su familia y sus amigos", ha expresado, al tiempo que ha afirmado que Rusia "no es una democracia".

En la misma línea se ha expresado el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, que ha dicho sentirse "conmocionado" por las noticias que llegan desde Rusia sobre Navalni. "Esto demuestra la brutalidad sin precedentes del régimen ruso".

Asimismo, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha declarado que Navalni "nunca será olvidado" y que ellos "nunca serán perdonados", mientras que la primera ministra estonia, Kaja Kallas, ha apuntado a que su muerte es "otro recordatorio oscuro de que lidiamos con un régimen canalla y de porqué Rusia y todos los responsables deben ser llevados ante la Justicia por sus crímenes". Kallas ha sido declarada en busca y captura por las autoridades rusas.

El ciudadano paquistaní encerrado provisionalmente en la cárcel de Estremera por matar hace unas semanas a tres hermanos mayores en Morata de Tajuña ha matado supuestamente esta madrugada a su compañero de celda, han informado a Europa Press fuentes policiales y penitenciarias. Los hechos han ocurrido entre las 2 y las 4 horas de este jueves, en esa celda compartida y de momento se desconocen más detalles de esta supuesto homicidio y del fallecido. Se ha hecho cargo de la investigación Policía Judicial de la Guardia Civil. El preso se encuentra ahora en aislamiento.

El sospechoso, Dilawar Hussain F.C., de 42 años, llevaba desde el 24 de enero en la cárcel de Estremera tras dictar la orden de ingreso el juez de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arganda del Rey, tras entregarse dos días antes ante el cuartel de la Guardia Civil de esa localidad confesando el asesinato de los tres hermanos porque no le devolvían un dinero que le debían.

El magistrado tomó esta decisión de encerrarle provisionalmente ante el riesgo de fuga y la posible alteración y/o destrucción de pruebas. En el transcurso de la comparecencia, el detenido reconoció la autoría de los hechos. Y le envió a la misma prisión en la que cumplió hace unos meses una pequeña condena por agredir con un martillo y patear a una de las hermanas asesinadas, informaron en su momento fuentes jurídicas.