El Tribunal Supremo ha rebajado a dos años y un mes de prisión la condena a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, en el caso de la denominada "mafia policial", en el que conseguía datos reservados de agentes, como matrículas, que luego usaba para hacerse pasar por miembro del Gobierno, informa EFE.

El Alto Tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por el conocido como Pequeño Nicolás y rebaja la condena inicial, de 4 años y tres meses de cárcel, como inductor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y como autor de un delito de cohecho activo, al aplicarle una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada.

Además, el Supremo absuelve a Gómez Iglesias como inductor de un delito de violación de secretos oficiales, puesto que también ha absuelto al que fue condenado como autor de dicho ilícito, el que entonces era coordinador de seguridad municipal, Emilio García Grande.

En este caso, el de la causa principal abierta a Gómez Iglesias tras ser detenido en octubre de 2014 por hacerse pasar por miembro del Gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), también fueron condenados los dos policías municipales que le facilitaron los datos, a quienes también se les rebaja a la mitad, a dos años, un mes y 15 días, la pena como autores de delitos de revelación de secretos y cohecho activo.

Noticia en ampliación

El Tribunal Supremo ha rebajado de tres años y cinco meses a dos años de prisión la condena a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, en la causa por engañar al empresario Javier Martínez de la Hidalga, al absolverle de un delito de usurpación de funciones por el que había sido condenado.

La Sala de lo Penal confirma la condena por delito continuado de falsedad documental, con la atenuante de dilaciones indebidas, por la confección de documentos que atribuía falsamente a altos organismos del Estado, pero le absuelve de un delito de usurpación de funciones, por unos hechos ocurridos en octubre de 2014.

Se trata de la segunda condena firme contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que ya lo fue a un año y nueve meses de prisión por falsificar un DNI para que un amigo se hiciese pasar por él en la prueba de selectividad de 2012.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado absolver a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás, de los delitos de usurpación de funciones y cohecho por los que fue condenado a tres años de cárcel por la Audiencia Provincial de Madrid por presuntamente hacerse pasar por un enlace entre Gobierno y Casa Real en un viaje a Ribadeo (Lugo) en 2014, informa Europa Press.

Según ha informado el TS, los magistrados han concluido que la conducta de Gómez Iglesias consistió en una única acción de suplantación: la organización y presencia en una comida con un empresario haciéndose pasar por enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real.

El alto tribunal ha explicado que la acción del acusado, según el relato de la sentencia, carecía de la nota de pluralidad que demanda el Código Penal. Y ha insistido en que se trataba de "una comida sin contenido político o económico que no encaja en el concepto de acto oficial y se decía ostentar un cargo inexistente".

Los magistrados han concluido que la conjunción de estos factores no posibilita el encaje del hecho en el delito de usurpación de funciones públicas. "Se realizó un simple acto de jactancia, atípico penalmente", ha señalado la Sala Segunda.

En relación con el delito de cohecho, el tribunal ha considerado que, atendidas las concretas circunstancias de este caso, dar una retribución a un agente de policía local por organizar un servicio de escolta ajeno a toda función pública "no es constitutivo de delito de cohecho, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en el ámbito administrativo".

En este sentido, el Supremo ha recordado que el delito de cohecho exige que la retribución que se ofrezca o entregue al funcionario lo sea por actos relativos al ejercicio del cargo que desempeñe y en este caso tanto quien dio la retribución como quien la recibió sabían que no se realizaba ningún acto vinculado con la actividad del funcionario.

Según el tribunal, en los hechos probados de la sentencia impugnada se declaró que ambos sabían que lo que se iba a hacer era una mascarada, un simulacro y el acto se desarrolló fuera de la localidad en que presta servicios el agente policial y fuera de sus horas de servicio.

Así las cosas, han determinado que "no hubo compromiso alguno para la función pública y no hubo, por tanto, afectación alguna del bien jurídico protegido por el delito de cohecho".

Gómez Iglesias de momento no se encuentra cumpliendo pena de cárcel, ya que la única condena firme que tenía era la del 'caso del DNI', de un año y nueve meses, que al ser inferior a dos años no conllevaba su ingreso. Al conseguir la absolución por el 'caso Ribadeo', podrá seguir en libertad.

La defensa del joven había acudido al Supremo al considerar que la Audiencia Provincial vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, su derecho a la presunción de inocencia, la inviolabilidad de su domicilio, su intimidad personal y virtual y el principio de proporcionalidad.

En el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, el equipo jurídico de Gómez Iglesias defendía que el registro que se hizo en casa del joven al inicio de la investigación debe declararse nulo porque, entre otras cuestiones, "no se hizo ningún tipo de distinción o discriminación a la hora de apoderarse de todos los datos que se encontraron" en los dispositivos móviles, ordenadores y tablets que había en el domicilio.

La defensa insistía en que en este caso "se concluye que la actuación del acusado, un joven de 19 años, consistió en disfrutar de una mariscada con un empresario, al cual había trasladado que era un enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real -cargo inexistente-, y con el fin de impresionarle contrató vehículos de alta gama y personal de seguridad que reforzasen la imagen de ser alguien importante, sin que conste que le solicitase ni plantease nada con razón de su ficticio cargo".

"¿Constituyen dichos hechos una conducta típica? Indudablemente no. Nuestro Código Penal no conoce el delito de jactancia", apuntaba la defensa.

Cabe recordar que, al margen, El Pequeño Nicolás tiene pendiente otras dos sentencias que aún no son firmes: la condena de cuatro años y tres meses de prisión y multa de 4.200 euros por haber accedido en 2014 a información "confidencial" en bases de datos policiales; y la condena de tres años y cinco meses por hacerse pasar por un miembro del Gobierno en la compraventa de la finca de La Alamedilla.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás, a 4 años y 3 meses de prisión por acceder a información "confidencial" en bases de datos policiales. En concreto, le ha condenado como inductor de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos oficiales, así como autor de un delito de cohecho en el denominado caso mafia policial, en el que la Fiscalía le pedía hasta 9 años y 9 meses de cárcel, informa Europa Press.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda han acordado absolver al joven del delito de pertenencia a organización criminal que le atribuía el Ministerio Público.

La sentencia se ha dado a conocer casi mes y medio después de que el juicio quedara visto para sentencia. En la última sesión, Gómez Iglesias recalcó que era su "último juicio" y que el inspector Rubén Eladio López --a cargo de la investigación que se siguió en su contra--, le había denunciado "reiteradamente" por "una enemistad manifiesta".

El Ministerio Público acusaba a El Pequeño Nicolás de facilitar a varios investigados matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación para que éstos -aprovechando su condición de agentes- accedieran a información y se la dieran a cambio de promesas y/o dinero.

El fiscal aseguró en el juicio que el joven era el "jefe" de los dos policías municipales con los que conformaba un grupo criminal que accedía bases de datos. "Quien inició, quien era el jefe de todos ellos, era indudablemente el señor Gómez Iglesias", insistió.

La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, ha acordado absolver a El Pequeño Nicolás y al resto de acusados del delito de pertenencia a organización criminal y le ha condenado por los de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

Al margen, los magistrados han condenado también a 4 años y 3 meses de prisión al policía municipal Jorge González Hormigos por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y cohecho pasivo. Ha impuesto la misma pena al agente municipal Felipe Gallego Santos por descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y cohecho pasivo. La Fiscalía pedía 8 años y 6 meses para ambos.

Ha condenado a 1 año y 6 meses de cárcel al guardia civil Javier Sánchez López por un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público. Ha Emilio García Grande le ha impuesto a una multa de 12 meses a razón de 10 euros al día como autor penalmente responsable de un delito de violación de secretos oficiales.

El tribunal ha estimado pertinente absolver a José Luis González Cervera de todos los delitos de los que se le imputaba.

Cabe recordar que esta es la quinta sentencia que se dicta sobre El Pequeño Nicolás, que hasta ahora acumulaba penas por 8 años y 2 meses de cárcel.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', a 3 años y 5 meses de prisión por un delito de usurpación de funciones públicas y un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular al hacerse pasar por un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy en una operación de compraventa de un inmueble.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Séptima han considerado pertinente absolver a Gómez Iglesias del delito de estafa por el que fue acusado.

La decisión tiene lugar después de que el pasado 7 de noviembre el tribunal dejara visto para sentencia el juicio en el que 'El Pequeño Nicolás' negó que se hiciera pasar por un miembro del Gobierno para estafar al empresario Javier Martínez de la Hidalga en la venta de una finca situada en Toledo llamada 'La Alamedilla', tal y como sostenía la Fiscalía en el escrito de acusación en el que reclamaba seis años de prisión para el joven.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que este martes se sienta en el banquillo por presuntamente ordenar grabar y difundir una reunión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre El Pequeño Nicolás, ha acusado a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy, de utilizar este organismo estatal como si fuera una agencia privada de detectives, según informa Europa Press.

A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid y en declaraciones a los medios, Villarejo ha achacado a Santamaría que usara al CNI, "un cuerpo tan importante y fundamental para la seguridad del Estado, para perseguir y pincharle el teléfono a un jovenzuelo", en referencia a Francisco Nicolás Gómez Iglesias. "Lo más aberrante es que esta señora haya utilizado el CNI como si fuera una agencia de detectives privados porque un jovenzuelo estaba hablando de ella", ha asegurado.

Antes de cargar expresamente contra la exvicepresidenta, Villarejo ha afirmado que afronta este juicio con "mucha ilusión", ya que entiende que "por fin" va a haber una "catarsis" con la que se va a "demostrar" que una institución como el CNI fue utilizada por "un individuo que ya no está afortunadamente, en su venganza personal", en una velada alusión al exdirector del centro Félix Sanz Roldán.

"Solicito la nulidad de toda la causa por vulneración de derechos, porque se ha contaminado toda la causa. Se ha vulnerado su derecho a defensa desde el principio", ha señalado el abogado del excomisario Antonio García Cabrera.

El letrado ha insistido en que se han vulnerado los derechos de Villarejo porque este procedimiento es "un ejemplo paradigmático de una investigación exenta de control judicial". "Se coloca al frente de la investigación a los propios policías que intervienen en la grabación", ha asegurado.

La defensa ha cuestionado, además, la legitimidad de la Abogacía del Estado para participar en el juicio como acusación. "Se presenta en esta pieza con un escrito genérico en el que no justifica la acusación particular. ¿En interés de quién se presenta?", ha señalado.

La Fiscalía pide para el comisario una pena de cuatro años de prisión por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, el Ministerio Público solicita tres años de cárcel como cooperadores necesarios para la mujer del comisario y titular del medio Información Sensible, Gemma Alcalá, y para el periodista Carlos Mier. La Abogacía del Estado solicitó las mismas penas por los mismos delitos.

La acusación ejercida por Podemos eleva a cuatro años de prisión su petición por revelación de secretos para Alcalá y Mier y a cinco años la pena que insta para Villarejo. Además, acusó a los tres de un delito de estafa procesal por el que reclama ocho meses de cárcel a cada uno.

Por su parte, la acusación que ejerce la Plataforma x la Honestidad solicita seis años de prisión para Villarejo y cinco para Mier y para Alcalá por revelación de secretos y por pertenencia o integración en grupo criminal. Añade, además, un delito de estafa procesal por el que pidió ocho meses de cárcel para cada uno, y otro de injurias y calumnias a funcionarios públicos en el que reclamó seis meses más de prisión.

Los hechos se remontan a una reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 entre el comisario entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y unos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los que iba a informar sobre la investigación en curso sobre El Pequeño Nicolás, a quien tenían bajo sospecha por presuntamente hacerse pasar —ante varios empresarios— como enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real, y como agente de Inteligencia.

Según la Fiscalía, Villarejo tuvo conocimiento de la convocatoria para aquella reunión "y planeó grabar la conversación" con el propósito de difundirla posteriormente en 'Información Sensible' y otros medios de comunicación "y lograr así obstaculizar, entorpecer o bloquear la investigación en curso" sobre Gómez Iglesias.

El contenido de la reunión fue grabado y posteriormente difundido en dicho portal, del que era titular Alcalá, y en el que trabajaba Mier. La Fiscalía sostiene que fue la mujer de Villarejo quien ordenó al periodista grabar aquel encuentro.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este martes a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', por presuntamente haberse hecho pasar por un miembro del Gobierno para estafar al empresario Javier Martínez de la Hidalga en la venta de una finca situada en Toledo llamada 'La Alamedilla'', según informa Europa Press.

En este juicio, que empezó a las 10.00 horas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Asociación de Policía Municipal Unificada --que ejerce la acusación popular en la causa-- piden para Gómez Iglesias la pena de seis años de prisión por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas. El acusado ha dicho en declaraciones a la prensa "Todo bien", a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid. Asimismo, ha expresado su deseo de que todo "acabe cuanto antes", haciendo hincapié en que es un caso que comenzó en 2014. En la misma línea se ha manifestado su abogado, el cual ha asegurado que las acusaciones formuladas contra de su cliente "no se mantienen".

El fiscal, además, pide inhabilitación especial para el sufragio pasivo y multa de 18.000 euros. La acusación popular de Podemos, por su parte, reclama 12 años de cárcel.

'El Pequeño Nicolás' se sentará en el banquillo por unos hechos que se remontan a octubre de 2014. Según el Ministerio Público, en aquel entonces Gómez Iglesias se puso en contacto con el empresario Javier Martínez de la Hidalga, que estaba interesado en vender la finca 'La Alamedilla'.

En su escrito de acusación de 2018, la Fiscalía sostiene que 'El Pequeño Nicolás' se habría hecho pasar por un miembro del equipo de trabajo de la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría y como miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Así, mantuvo varias reuniones con el empresario en las que le persuadió del interés del Gobierno en ayudarle a vender la finca ubicada en Toledo a algún comprador extranjero.

Según el Ministerio Fiscal, Gómez Iglesias mencionó como posible comprador a una autoridad de Guinea Ecuatorial y llegó a pedir 300.000 euros a Martínez de la Hidalga en concepto de intermediación en la venta del inmueble.

Durante las negociaciones, 'El Pequeño Nicolás' tuvo conocimiento de que la Agencia Tributaria había dictado una propuesta de liquidación de 5 millones de euros contra el empresario y la sociedad Petraxarquia. El fiscal del caso considera que Gómez Iglesias "con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico" se aprovechó de esta situación e ideó un plan para apoderarse de los activos financieros --más de medio millón de euros-- de Martínez de la Hidalga y de su esposa.

El Ministerio Público subraya que el acusado, en su estrategia para hacer creer al empresario que actuaba en nombre del Gobierno, alquiló vehículos de alta gama de color negro y con conductor, y se hizo con un lanza destellos tipo policial para colocarlo en dichos vehículos.

Además, habría elaborado varios documentos oficiales "mendaces" de Presidencia del Gobierno de España, Casa Real y el CNI, entre otros, en los que figuran los escudos de España y de dichas instituciones, así como otros logotipos y anagramas propios de los documentos oficiales, todos ellos obtenidos en Internet.

De igual forma, el fiscal indica que 'El Pequeño Nicolás' publicó en su perfil de Facebook varias fotografías en las que aparecía con personalidades de la política y el mundo empresarial. Entre las imágenes destaca la recepción del Rey el día de la coronación, una foto con el expresidente del Gobierno José María Aznar en la Fundación FAES, otra con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y otras en las que se ve al acusado en reuniones y actos con empresarios.

Según el relato del Ministerio Público, Gómez Iglesias dijo a Martínez de la Hidalga que la Agencia Tributaría había decretado el embargo de sus cuentas y que para evitarlo debía colaborar con una supuesta investigación del Ejecutivo. Tras varias reuniones, y "ante la sospecha de que todo fuera una estafa", el empresario intentó retrasar la operación comercial. El dueño de 'La Alamedilla' llegó a entregar 25.000 euros a 'El Pequeño Nicolás', pero éste luego le devolvió el dinero.

En el momento de la detención, a Francisco Nicolás le fueron incautados un dossier de 49 hojas con membrete de Presidencia del Gobierno titulado "Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia. Comité para la planificación del Plan E-GG" y un dossier encuadernado de 44 hojas con membrete de Presidencia del Gobierno titulado "Informe planificación 31 de julio-Informe Casa Real-Dirección General de Patrimonio del Estado-Informe del Ministerio del interior y Ministerio de Industria, Energía y Turismo". Según la Fiscalía toda la documentación era falsa.

En el registro domiciliario, entre otros muchos efectos y documentos, se le incautó un rotativo policial de color azul, una placa emblema de la Policía Municipal de Madrid y una placa emblema de la Guardia Civil.

Gómez Iglesias, que permanece en libertad, fue condenado en junio de 2021 a un año y nueve meses de prisión como autor de un delito de falsedad en documento oficial por falsificar un DNI para que un amigo le hiciera el examen de Selectividad de 2012.

En julio de 2021, fue condenado a tres años de cárcel por delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho activo, aunque se le ha apreciado una atenuante por "anomalía psíquica", por el viaje que hizo en agosto de 2014 a Ribadeo haciéndose pasar por un enlace entre Gobierno y Casa Real. En 2018, por su parte, fue absuelto de los delitos de calumnias y de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados.

LaSexta ha desvelado este miércoles en Al Rojo Vivo nuevos audios del excomisario José Manuel Villarejo donde se le escucha amenazando a la cúpula policial del gobierno de Mariano Rajoy para que no se le investigara desde el departamento de Asuntos Internos tras la detención Francisco Nicolás, conocido como El pequeño Nicolás. La conversación se produce en noviembre de 2014 en el despacho del entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino. Junto a Villarejo, están presentes Enrique García Castaño (exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo y José Ángel Fuentes Gago, jefe de gabinete y mano derecha de Pino. Villarejo llega a amenazar a sus interlocutores con hacer público el llamado caso Kitchen si no se desaparecía su nombre de la investigación.

Fue el propio excomisario quien grabó la reunión. "Esta mañana me llaman dos periodistas y me dicen, oye, te quieren hacer una entrevista por lo del pequeño Nicolás, sales tú en la declaración", explica indignado Villarejo, ya que Pino, recuerda, le prometió en su día que nunca saldría en esa ni en ninguna otra pesquisa del departamento interno de la Policía.

Villarejo amenaza entonces con desvelar la operación Kitchen, investigación en la que ya estaba implicado Eugenio Pino y el extesorero del PP, Luis Bárcenas, si no se archivaba la investigación interna contra él. "Lo voy a hacer como no aclaremos el tema", advierte.

Los mandos policiales deciden entonces convocar en la misma mesa y en secreto al inspector de Asuntos Internos Ruben Eladio López, es decir el investigador, y al propio Villarejo, el policía investigado. Y todo ello dejando claro que no podía enterarse de esa reunión el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. Ni López ni Villarejo se conocían. "Esta conversación no ha tenido lugar. Si le habla usted a alguien se le cae el pelo…", le advierte Eugenio Pino a López. Comienza así el interrogatorio al policía.

El policía argumenta que el nombre de Villarejo está recogido en la investigación interna porque así lo declaró El pequeño Nicolás ante la jueza. Pino llega a presionar al investigador para que solo le haga caso a él y no a su propio jefe: "Todo aquello que aparezca de un miembro de la Policía… debo saberlo yo antes… No haga usted caso a las órdenes de su comisario. Hágame caso a mí".

La publicación de estos audios en laSexta se produce diez días de que se filtrase la grabación de una conversación entre José Manuel Villarejo y Antonio García Ferreras, el director del Al Rojo Vivo, en la que se desvelaba cómo se gestó la información falsa sobre el supuesto pago de 272.000 dólares realizado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro al por entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a través del paraíso fiscal de Granadinas. Eduardo Inda logró colocar a través de OkDiario esta información sin contrastar en todas las televisiones a nivel nacional, incluida laSexta.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha amparado en la ley de secretos oficiales para evitar informar a la Audiencia Provincial de Madrid sobre si Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás, "prestó servicios" al organismo y si fue "objeto de seguimiento".

En un oficio de 20 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la directora Paz Esteban López le ha trasladado a los magistrados de la Sección Segunda su "imposibilidad" para "comunicar cualquier información que pudiere conducir a las actividades del CNI" sin violentar la protección de las normas que el ordenamiento jurídico dispensan a la "información clasificada".

La Audiencia de Madrid había remitido oficio al CNI para que certificara si El Pequeño Nicolás "prestó servicios laborales o profesionales" entre 2013 y 2014, bien directamente o a través de una empresa. Reclamaba, además, que se informara el concepto y las remuneraciones percibidas por el acusado, así como una "copia de su contrato de trabajo", si lo hubiere.

Asimismo, pedía que se certificara si Gómez Iglesias fue "objeto de seguimiento por parte de los agentes del CNI" en los meses de julio, agosto y septiembre de 2014. Requería copia del expediente, indicación de los nombres de los agentes y los medios utilizados para dichas vigilancias, así como las matrículas de los vehículos utilizados.

Por último, la Audiencia solicitaba una copia de la documentación que autorizara efectuar grabaciones y escuchas del teléfono móvil del acusado.

Esteban López ha recordado que "a las autoridades y al personal del CNI le está vedada legalmente cualquier actuación que, en su caso, de manera directa o indirecta implique transmitir información clasificada con el grado de secreto relativa a este Centro".

Además de ampararse en la ley de secretos oficiales, la directora ha hecho referencia a la propia ley reguladora del CNI y ha subrayado que el ordenamiento jurídico le dispensa de facilitar datos que "puedan conducir indirectamente al conocimiento de las fuentes, medios, organización y estructura interna" del Centro.

En un segundo oficio de la misma fecha, al que también ha tenido acceso Europa Press, Esteban López ha utilizado la misma fórmula para desestimar una petición de información relativa a una consulta de matrículas.

En concreto, la Audiencia Provincial de Madrid -en virtud de lo solicitado por la defensa del policía nacional Jorge González Hormigos- pedía esclarecer si un agente del CNI llamó por teléfono al policía municipal Óscar de Santos Tapia en septiembre de 2014.

A raíz de la respuesta del CNI, la defensa de González Hormigos ha remitido este jueves un escrito a la Sección Segunda para que "se exhorte a dicho servicio de inteligencia español, a través de su Secretaria, para que remita la información que le ha sido solicitada sin censuras".

La defensa ha insistido en que "no se trata de materia clasificada por no afectar a intereses generales del Estado". A su juicio, "no está justificado que el CNI se escude" en la ley de secretos oficiales.

El Pequeño Nicolás tiene pendientes tres juicios en la Audiencia Provincial de Madrid. Hasta ahora ninguno tiene fecha señalada. En uno de ellos, conocido como el caso mafia policial, se le acusa -junto a varios policías- de acceder "en varias ocasiones" a "información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales", según recoge el auto de procesamiento.

En esta causa la Fiscalía pide nueve años y nueve meses de prisión para Gómez Iglesias por integración en grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos como inductor y un delito de cohecho activo.

En el segundo juicio pendiente se sentará en el banquillo de los acusados al comisario jubilado José Manuel Villarejo a su mujer, Gema Alcalá, y al periodista Carlos Mier por grabar y difundir una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia relativa a la causa de El Pequeño Nicolás.

El tercer juicio será relativo al intento de estafa que habría cometido El Pequeño Nicolás en 2014 contra el empresario Javier Martínez de la Hidalga, ante quien se presentó como un asesor de la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría para facilitarle la venta de un inmueble que esta persona tenía en Toledo.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como El Pequeño Nicolás, ha sido condenado a 3 años de cárcel por delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho activo, aunque se le ha apreciado una atenuante por anomalía psíquica, por el viaje que hizo en agosto de 2014 a Ribadeo haciéndose pasar por un enlace entre Gobierno y Casa Real.

En concreto, la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto a Francisco Nicolás una pena de 9 meses de prisión como autor de un delito de usurpación de funciones públicas con las atenuantes de anomalía psíquica y dilaciones indebidas, y de otros 2 años y 3 meses de cárcel por cohecho activo, apreciando las mismas atenuantes.

Durante el juicio, Gómez Iglesias sostuvo que su objetivo no era fingir que era una autoridad oficial, sino aparentar que era "una persona importante" para impresionar al presidente de ALSA, Jorge Cosmen, con quien había programado una reunión que tuvo lugar el 13 de agosto de 2014 en el Club Náutico de Ribadeo. "Quería tirarme el pisto", dijo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás, a 1 año y 9 meses de cárcel como autor de un delito de falsedad en documento oficial por falsificar un DNI para que un amigo le hiciera el examen de Selectividad de 2012, ha informado Europa Press.

La Sección Séptima de la Audiencia de Madrid también ha condenado al amigo, identificado como Manuel A.S., a 1 año de cárcel como cooperador necesario en el mismo delito, mientras que la funcionaria policial acusada de falsificar el DNI, Olivia P.R, ha recibido una pena de 9 meses de multa con una cuota de diez euros diarios como autora de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público por imprudencia grave.

La sentencia, que cuenta con un voto particular, aún no es firme, ya que puede recurrirse en apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El fiscal ha elevado a definitiva su petición de cuatro años y medio de cárcel y una multa de 36.000 euros para Francisco Gómez Iglesias, conocido como Pequeño Nicolás, Pequeño Nicoláscomo inductor y cooperador necesario en la falsificación de su DNI para que un amigo pudiera suplirle en la selectividad de 2012. El joven ha rechazado utilizar el turno de última palabra y el juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid, según recoge Europa Press.

Durante la última sesión del juicio por estos hechos, el representante del Ministerio Público ha interesado igualmente penas de prisión y multa para los otros dos acusados, que son el joven que presuntamente hizo el examen en sustitución de Gómez Iglesias, Manuel Avelló, y la funcionaria de la comisaría de Tetuán que elaboró el DNI que resultó falso.

Se pide para ellos también cuatro años de prisión y multa e igualmente se solicitan penas de prisión para los tres acusados las acusaciones populares ejercidas por Podemos y una asociación de policía municipal.

Según la Fiscalía, los hechos que entiende delictivos precisaron la intervención de varias personas. La participación de Gómez Iglesias y de su amigo la tiene por acreditada por las declaraciones que realizaron en su día los compañeros de instituto del Pequeño Nicolás, con independencia de que, con una excepción, la mayoría de ellos se limitara a señalar en el juicio que los hechos ocurrieron ya hace ocho años y no los recordaban claramente.

Para el fiscal, también tiene especial importancia el hecho de que el Pequeño Nicolás sacara en el examen dos puntos y medio más que su media en Bachillerato, y que la nota obtenida, un 8,25 fuera muy similar al 9 que su amigo Avelló sacó en la convocatoria de junio, ya que el fraude se produjo en la de septiembre.

El informe del fiscal, no obstante, se ha centrado en la actuación de la funcionaria, en la que ve una clara "connivencia de hecho" con los planes del Pequeño Nicolás, pese a no poder demostrarse una connivencia directa o conocimiento entre ambos. En este punto, ha subrayado el hecho de que Gómez Iglesias se vanagloriara en público de tener "amigos comisarios de la Policía".

Pese a reconocer ciertas contradicciones entre los testigos sobre el sistema que se empleaba en 2012 cuando en la expedición de un DNI por extravío se cambia la foto, como es el caso, el Fiscal destaca para acusar a esta persona el hecho de no se guardara el talón foto, como declaró un oficial de Policía dijo que debería haberse hecho. Ha calificado de "absurdo" que se quiera mantener el argumento de que el sistema no asegure que queda constancia del cambio de fotografía en un documento nacional de identidad.

"No revisó a conciencia la foto aportada cuando el DNI se hacía dos días después haberse expedido el anterior y además se cambiaba la foto y la firma, y no dejó constancia de ninguna forma de estos cambios, ni en el programa informático ni mediante talón-foto.", ha explicado el fiscal. Ha añadido que, al no quedar esta constancia, el delito de falsedad habría quedado impune si una periodista (Patricia López, de Público) no hubiera aportado el documento falso años después.

Argumentos de la defensa

El abogado de Gómez Iglesias, Juan Carlos Navarro, ha defendido durante su informe de conclusiones definitivas la falta de prueba para acusar al joven, así como la ausencia de argumentos de las acusaciones para demostrar la connivencia entre éste y la funcionaria que presuntamente fue autora de la falsificación.

Para el letrado, justificar esta inducción en el hecho de que Gómez Iglesias dijera que tenía "amigos comisarios" mediante la figura de una "connivencia deductiva" no es suficiente. Igualmente ha rechazado que el resto de pruebas presentadas contra su cliente tengan virtualidad para enervar su presunción de inocencia, como es el hecho de que ningún testigo sitúe a Avelló dentro del centro universitario en el momento de realizar la prueba.

Sobre la expedición del DNI, ha llamado la atención de que la normativa aplicable en 2012 fuera tan confusa que a día de hoy no ha podido aclararse escuchando a los testigos que han venido a este juicio, y que la única conclusión es que no se emitió talón-foto para acreditar el cambio de fotografía en el documento, aunque no se han probado las razones. Ello lo considera insuficiente para imponer las penas tan graves que se solicitan.

La defensa de la funcionaria, ejercida por el abogado José María de Pablo, ha interesado igualmente la absolución de su representada basándose en la irrelevancia de la destrucción del denominado talón-foto en el sistema utilizado en 2012 para expedir nuevos DNI y ha defendido la dificultad del reconocimiento facial de la foto aportada dado el parecido entre los dos acusados. Para ello se ha basado en un informe pericial aportado a la causa sobre el alto nivel de errores en la identificación de las imágenes de estos documentos.

Igualmente ha solicitado absolución el abogado de Avelló, que es el exfiscal y ex secretario general de Seguridad Antonio Camacho, que ha defendido la falta de "rigor" de las acusaciones contra su cliente. Ha afirmado que se le imputa una participación en hechos cometidos por terceros y ha rechazado la validez como prueba, entre otras, de las fotocopias con "pantallazos" de un chat compartido entre los estudiantes donde se habría hablado de la supuesta sustitución, ya que no se cuenta con la conversación íntegra.

El presidente de ALSA, Jorge Cosmen, ha declarado este miércoles, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como El Pequeño Nicolás, por el viaje que hizo en 2014 a Ribadeo, que el joven se identificó como un enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real, e incluso afirmó que asistiría un miembro de Casa Real, si bien ha subrayado que finalmente fue "mucho ruido y pocas nueces". Desmienta así la versión que ofreció este martes el propio Gómez Iglesias que aseguró que "nunca" fingió ser una autoridad, sino que solo pretendía "tirarse el pisto" aparentando ser "alguien importante", se enfrenta a 7 años de cárcel y a una multa de unos 81.000 euros por delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo.

Gómez Iglesias está siendo juzgado, junto a dos policías que le habrían ayudado en la farsa, por supuestamente hacerse pasar por dicho enlace en la reunión que mantuvo con Cosmen el 13 de agosto de 2014 en el Club Náutico de Ribadeo, a donde se trasladó desde Madrid con una comitiva de coches alquilados, siendo escoltado por la Policía Municipal de la localidad gallega a su llegada a la misma.

Sin embargo, el presidente de ALSA, que ha declarado como testigo, ha refutado la versión del joven. Según el relato de Cosmen, conoció a Francisco Nicolás unos días antes del encuentro por medio de "un amigo". Posteriormente, Gómez Iglesias se puso en contacto con él para invitarle a comer en Ribadeo, una propuesta que no le apetecía pero que aceptó por no ser "descortés" con el amigo que les había presentado. "Supongo que no me vio muy convencido o con muchas ganas y me llamó para decirme que vendría alguien muy importante de Casa Real", ha recordado. Al empresario le sorprendió e intentó confirmar esa información en el Club Náutico, donde le ratificaron que "había llamado alguien de Gobierno y Casa Real para decir que iría alguien a comer". "Entonces pensé, 'igual es verdad'", ha confesado.

"Ya en la comida de Ribadeo es cuando (El Pequeño Nicolás) menciona el término 'enlace entre Vicepresidencia y Casa Real'", ha aseverado. De hecho, ha detallado que en un momento dado una de las personas que acompañaban a Gómez Iglesias les interrumpió porque tenía una llamada telefónica, a la que el principal investigado respondió diciendo: "Vicepresidenta", en una supuesta alusión a Soraya Sáenz de Santamaría. Tras ello, "se fue" dando por finalizada la cita con Cosmen.

Sobre este suceso, uno de los dos policías investigados, Carlos Pérez, explicó el martes que el otro agente juzgado, Jorge González, se le acercó en un momento dado para que le diera el móvil a Gómez Iglesias, indicándole que tenía una llamada telefónica, sin concretar de quién. En cambio, González sostuvo que solo se aproximó a El Pequeño Nicolás para avisarle de que se estaba armando un "gran revuelo" El Pequeño Nicolás en torno al restaurante porque se rumoreaba que había alguien de Casa Real.

"Mucho ruido y pocas nueces"

Interrogado sobre el contenido de la charla que tuvieron en el Club Náutico, el presidente de ALSA ha comentado que fue "una conversación grandilocuente, muchas veces inconexa". "No había hilo común" entre los temas que sacaba Gómez Iglesias, que iban desde la crisis del ébola, las políticas del Gobierno de Barack Obama en Oriente Próximo, las obras del Canal de Panamá o "el conflicto catalán"."Todo muy rimbombante", "sin fundamento", pero lo cierto -ha declarado- es que el joven no le pidió nada y tampoco le mostró ningún informe ni documento que simulara un carácter oficial.

Como la situación le pareció "un sinsentido", intentó confirmar con los medios a su alcance quién era Francisco Nicolás. Así, se puso en contacto con Gobierno y Casa Real para saber si ese enlace existía. La respuesta fue negativa. "Me enfadé, me indigné bastante", ha admitido. Hasta el punto de enviarle un mensaje en el que decía: "Mucho ruido y pocas nueces".

El empresario ha explicado que dio "la voz de alarma" porque le llamó la atención el gran despliegue que se había realizado para recibir a Gómez Iglesias en Ribadeo. Incluso el alcalde se desplazó al restaurante creyendo que acudiría algún miembro de Casa Real o alguna autoridad gubernamental.

Gómez Iglesias reconoció el martes que alquiló cuatro coches porque quería recrear "pomposidad" para hacerse pasar por alguien con poder y que ideó unos carteles para los vehículos imitando los de "las comitivas de los equipos de fútbol y la UEFA", si bien defendió que no se llegaron a usar. De acuerdo con Fiscalía, El Pequeño Nicolás avisó a la Policía de Ribadeo para que le escoltara,El Pequeño Nicolás algo que él negó. "Había coches y motos" de las fuerzas locales, ha aseverado Cosmen. "Me pareció todo un circo (...) porque esas caravanas no se ven ni en Madrid cuando viene un jefe de Estado", ha expuesto.

Los dos policías que habrían ayudado a Gómez Iglesias también están siendo juzgados, en su caso por delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo. El Ministerio Público reclama para ellos cinco años y medio de cárcel y una multa de quince meses.

Francisco Nicolás Goméz Iglesias, más conocido como El Pequeño Nicolás, ha declarado este martes, en el juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid por el viaje que efectuó en 2014 a Ribadeo, en el que se habría hecho pasar por un enlace entre Casa Real y Gobierno, que su objetivo era aparentar que era "una persona importante" pero no una autoridad oficial. "Quería tirarme el pisto", ha dicho, según ha recogido Europa Press.

Gómez Iglesias, que se enfrenta a siete años de cárcel y a una multa de unos 81.000 euros por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo, ha contado que su única intención era impresionar al presidente de ALSA, Jorge Cosmen, con quien había programado una reunión que tuvo lugar el 13 de agosto de 2014 en el Club Náutico de Ribadeo.

"Lo que yo quería era tirarme el pisto con el empresario y hacer un viaje pomposo porque, con la edad que yo tenía entonces, con esa inmadurez, lo que quería era asemejarme a los mayores, tener más poder, por así decirlo, creerme poderoso", ha justificado. No obstante, ha incidido en que "nunca" pretendió fingir que era una autoridad, aclarando incluso al fiscal que le interrogaba que el cargo que le imputa haber usado, enlace entre Casa Real y Gobierno, no existía. Y lo sabe, ha explicado, porque en esos años "estaba al corriente del organigrama del Estado".

La "inmadurez" de los 19 años

A lo largo de su intervención, El Pequeño Nicolás ha aludido varias veces a su "inmadurez" de aquella época, haciendo hincapié en que solo tenía 19 años. Preguntado sobre cómo valora hoy lo ocurrido, ha contestado tajante: "Un despropósito". A este respecto, tanto él como su abogado, el hijo del magistrado del Supremo Manuel Marchena, han puesto de relieve que sigue un tratamiento psiquiátrico con medicación por diferentes trastornos.

El joven, ahora de 27 años, ha señalado que, precisamente por su edad, creía que Cosmen, como "uno de los empresarios más importantes del sector" de los transportes, no le haría caso. De ahí, su empeño por recrear esa "pomposidad".

Ha reconocido que ya había visto al presidente de ALSA una vez, pero lo ha enmarcado en el círculo social del que disfrutaba. "Con 15 años empecé a hacer conferencias con empresarios y políticos", ha destacado. "Me veía siempre muy rodeado", ha apostillado.

La intención con Cosmen, conforme al relato de Gómez Iglesias, era esa: "Hacer más conferencias". Sin embargo, la conversación entre ambos, al ser "una comida de verano", transcurrió sobre temas generales, de política.

Como las comitivas de la Uefa

De acuerdo con Fiscalía, El Pequeño Nicolás habría contactado con un policía municipal de Madrid, Jorge González, para que le ayudara a aparentar el carácter oficial del viaje, con su presencia como escolta y con el uso de rotativos luminosos, aparatos de transmisión y pinganillos que el agente local habría extraído de dependencias policiales. A su vez, González habría contactado con un policía municipal de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez, para formar parte de la escolta.

Además, Gómez Iglesias habría alquilado cuatro coches para simular una comitiva oficial y habría contactado con la Policía Municipal y con el Club Náutico de Ribadeo para que le dieran el trato oportuno. Así, las fuerzas locales les escoltaron desde su entrada en la localidad gallega hasta el restaurante, a donde fue el alcalde de Ribadeo creyendo que El Pequeño Nicolás era una autoridad.

Gómez Iglesias ha confirmado que gestionó el alquiler de vehículos. "Yo quería darme aires de grandeza, con lo cual, cuantos más coches mejor", ha admitido. De hecho, ha confesado que su intención era simular "las comitivas de los equipos de fútbol y de la UEFA" y que, con ese fin, ideó unos distintivos que -ha subrayado- no llegó a usar. Eran un mero "folio plastificado donde ponía 'coche 1' y abajo la matrícula en grande". "Era lo único que ponía", ha expuesto.

Estos papeles han centrado parte de la vista de hoy. El Ministerio Público mantiene que Gómez Iglesias hizo unas acreditaciones falsas del Ministerio de Interior para reforzar esta fachada oficial. Dos policías nacionales han testificado que, durante las vigilancias que realizaron, le vieron en una tienda de reprografía en un ordenador donde después comprobaron que había un documento abierto con un membrete del Gobierno.

Versiones opuestas de los policías

Los dos policías locales están acusados de delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo por los que se enfrentan a cinco años y medio de cárcel y una multa de quince meses.

González ha declarado que El Pequeño Nicolás contactó con él porque tenían "una relación de amistad". Le conocía de haberle visto en "multitud de actos" organizados por todo tipo de "instituciones", entre las que ha mencionado Gobierno y Casa Real.

El policía ha reivindicado que Francisco Nicolás "no era el friki que aparenta". Según había observado, se sentaba "en mesas de trabajo con empresarios, ministros, embajadores y secretarios de Estado". "No me hace falta saber qué cargo tiene cuando le veo participar en eso", ha esgrimido González. Esa misma asunción, ha razonado, es la que habría llevado a la Policía, al Club Náutico y hasta al alcalde de Ribadeo a darle ese trato especial.

En cuanto a su rol en los hechos, ha planteado que se habrían desarrollado igual si no hubiera participado porque no los organizó. Lo ha descrito como un favor a un amigo en un día libre a punto de coger vacaciones, motivo por el cual se acercó al Ayuntamiento de Madrid, donde trabaja como jefe de seguridad, para retirar el "macuto" que llevaba consigo por "protección personal" cuando no estaba de servicio.

Sobre el uso de dispositivos oficiales, González ha negado que se llevara luces y aparatos de comunicación de las dependencias policiales. Sí aportó unos "transmisores pequeños" suyos, como los usados por senderistas, para que los conductores pudieran coordinarse. En este punto su versión ha diferido de la ofrecida por el otro agente juzgado, que ha detallado que su compañero sí se llevó indicativos luminosos.

Asimismo, Pérez ha dicho que González le llamó días antes del viaje para que le ayudara con la escolta a una "autoridad". Según este agente local, en todo momento creyó que Gómez Iglesias era un cargo oficial y se dio cuenta de que no lo era "por el telediario". "Me engañaron", ha denunciado.

La (no) llamada de Sáenz de Santamaría

Otro de los detalles que han aflorado es la llamada que El Pequeño Nicolás habría simulado recibir de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para poner fin a la comida con el empresario.

El policía de Torrijos ha indicado que González se le acercó para darle un móvil con una llamada para el joven, sin concretar de quién. El municipal de Madrid, por contra, ha defendido que solo se aproximó a Gómez Iglesias para advertirle de que se estaba armando un "gran revuelo" en torno al restaurante porque se rumoreaba que había alguien de Casa Real.

Aunque Fiscalía dice que El Pequeño Nicolás pagó a González 2.000 euros y éste le dio 400 al otro policía, los tres han negado que hubiera remuneración, coincidiendo en que se hizo cargo de algunos "gastos", como la gasolina del viaje, que hizo en su mayor parte "dormido".

La vista también ha estado marcada por las cuestiones previas, que han servido para que las defensas reclamaran la nulidad de la causa por diversas razones. La de Gómez Iglesias, alegando que el registro de la casa de su cliente no estuvo lo suficientemente justificado, y la abogada de González, argumentando que los acusados han sido víctimas de una "investigación prospectiva" enmarcada en la "guerra de comisarios" y dirigida por el "sentimiento de venganza" hacia uno de sus protagonistas: José Manuel Villarejo.

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes por agredir a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el pequeño Nicolás en el paseo de la Castellana de Madrid, ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Todo comenzó a la altura del número 40 del paseo de la Castellana, junto al Puente de Juan Bravo, a las 23 horas del sábado. Francisco Nicolás iba por la calle junto a dos amigos caminando para coger un taxi cuando un grupo de jóvenes se acercó a él para pedirle una foto de muy malos modos.

Como este se negó, empezaron a golpearle y patearle y a otro de los amigos, mientras que el tercero pudo escapar y parar a una patrulla de la Policía Nacional, que localizó a los agresores y arrestó a tres personas, dos hermanos valencianos y un malagueño de 19, 20 y 21 años. Fueron trasladados a la comisaría de Salamanca acusados de un delito de lesiones.

El pequeño Nicolás llamó al 112 y hasta el lugar llegó a las 23.20 horas una ambulancia del Samur-Protección Civil, cuyos sanitarios le atendieron y le trasladaron con la nariz rota al hospital La Princesa de Madrid, donde ha pasado la noche, ha contado a varios medios de comunicación.

La Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto comenzar a juzgar a partir de la primavera de 2020 las piezas que Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, tenía pendientes y que recientemente han sido enviadas a juicio, más la relativa al viaje a Ribadeo (Lugo) que se suspendió tras quedarse sin defensa, informa Europa Press. Por todas ellas, se enfrenta a más de 27 años de cárcel por delitos de estafa, falsedad, usurpación de funciones públicas, revelación de secretos o integración en grupo criminal, entre otras.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, dictó sendos autos este lunes con los que sentaba en el banquillo al pequeño Nicolás por hacerse pasar en 2014 por un asesor del Gobierno para estafar a un empresario y por, otro lado, por crear una red para obtener datos confidenciales de la base de datos policiales.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, anteriormente la magistrada también remitió a la Audiencia Provincial de Madrid la pieza sobre la falsificación de su Documento Nacional de Identidad (DNI) para que un amigo, al que supuestamente pagó 6.000 euros, le suplantara en el examen de Selectividad.

Las fuentes consultadas han apuntado que este caso ha recaído en la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid, quien aún no ha señalado la fecha de juicio, pero que prevé hacerlo para primavera del año que viene. Una fecha que será cercana a la de la vista oral sobre los hechos que tuvieron lugar en 2014 cuando simuló ser un enlace del Gobierno y de la Casa Real para engañar a un empresario durante una reunión en el puerto deportivo de Ribadeo.

Su abogada denunció "presiones y coacciones" 

Este juicio, en el que Fiscalía pide siete años de prisión por delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad documental y cohecho pasivo, se suspendió el pasado mes de mayo porque Gómez Iglesias se quedó sin defensa después de que su abogada renunciara por "presiones y coacciones" recibidas hacia ella y su familia. Previsiblemente la nueva fecha de celebración no será antes del próximo mes de marzo.

En cuanto a la falsificación del DNI, el Ministerio Público solicita otros cuatro años y medio de cárcel para el pequeño Nicolás, además de una multa de 36.000 euros, por conseguir este documento oficial con la fotografía de un amigo para que éste pudiera suplantarle en la prueba de selectividad de 2012. Para que el engaño fuera efectivo, Gómez Iglesias informó a sus compañeros de clase que se presentaban al mismo examen a través de Whatsapp de toda la trama de suplantación para no levantar ningún tipo de sospechas e incluso envió fotos de su amigo para que le reconociesen y "lo integrasen en el grupo". También tuvo como compinche al jefe de estudios del instituto, que le puso al tanto del profesor que iba a acompañar a los alumnos al examen, a cambio de la promesa de conseguir trabajo a sus hijas y a la pareja de una de ellas.

Intento de estafa a un empresario y obtención de datos policiales

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid también tendrá que poner fecha para juzgarle por el intento de estafa que cometió en 2014 contra el empresario Javier Martínez de la Hidalga, ante quien se presentó como un asesor de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría para facilitarle la venta de un inmueble que esta persona tenía en Toledo.

Por estos hechos, se enfrenta a seis años de prisión que piden para él la Fiscalía y la Abogacía del Estado por los delitos continuados de usurpación de funciones públicas y falsedad en documento oficial en concurso con uno de estafa.

La otra vista oral pendiente es por obtener presuntamente datos policiales a cambio de dinero. Según el auto de procesamiento, el pequeño Nicolás, ayudado por varios policías, "accedieron en varias ocasiones (desde julio de 2013 hasta octubre de 2014, cuando fue detenido) a información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales".

El modus operandi "siempre fue el mismo", señala la resolución, pues Gómez Iglesias "facilitaba a uno o varios de los investigados placas de matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación (...) Acto seguido, éstos, aprovechando su condición de agentes del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid procedían a extraer de dichas bases la información requerida y se la facilitaban a Francisco Nicolás a cambio de promesas y remuneraciones económicas".

La Fiscalía pide para el pequeño Nicolás nueve años y nueve meses de prisión por integración en grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos como inductor y un delito de cohecho activo.

Absuelto por acusar al CNI de pincharle el teléfono

En cuanto a otros casos, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó en julio de 2018 su absolución de haber cometido un delito de injurias y calumnias al CNI en varios medios de comunicación por acusar al organismo de pinchar su teléfono ilegalmente. En este caso, la defensa del pequeño Nicolás alegó trastornos mentales para declarar su inimputabilidad.

Una última pieza que también está a la espera de ser juzgada es la relativa a la grabación y difusión de una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el CNI sobre la investigación que había en curso sobre el pequeño Nicolás. Por ello responderá el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, su mujer, Gema Alcalá; y el periodista Carlos Mier, que afrontan de tres a siete años y dos meses de prisión. En esta ocasión, Gómez Iglesias no se sentará en el banquillo de los acusados pues quedó fuera de la causa por falta de pruebas contra él.

La Policía Nacional ha detenido a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como El pequeño Nicolás, por pegar e intentar apuñalar al camarero de un restaurante de comida rápida de la madrileña zona de Azca, y a un amigo suyo por resistencia y desobediencia a la autoridad, han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Los hechos ocurrieron poco después de las 22 horas de este martes, cuando los dos jóvenes se sentaron a cenar en una pizzería italiana, radicada en el número 10 de la calle Orense, situada junto a una conocida discoteca de la zona. Al parecer, ambos empezaron a increpar a una camarera y ante su persistencia, el dueño decidió entonces expulsarles del local.

En ese momento, El pequeño Nicolás cogió un cuchillo e intentó clavárselo a uno de los camareros, que se protegió pero que finalmente recibió un puñetazo en la cara y cortes en las manos. Tras la llegada de la Policía, los agentes procedieron a detenerles, pero el amigo de Francisco Nicolás se resistió y golpeó a uno de los funcionarios.

Hasta el lugar acudió una ambulancia básica del Samur-Protección Civil, cuyos sanitarios atendieron a las 22.33 horas a los dos heridos por contusiones menores, de las que no requirieron traslado al hospital, ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

Finalmente, el joven, para el que la Fiscalía pide 7 años de cárcel por usurpación de funciones, falsedad en documento oficial y cohecho activo, fue arrestado por un delito de lesiones y su acompañante por un delito de resistencia y abuso a la autoridad. Tras pasar por comisaría, han sido puestos en libertad con cargos.

La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido hoy hasta no antes de marzo de 2020 el juicio que tenía previsto celebrar hoy contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás', por hacerse pasar por un enlace del rey en un viaje a Ribadeo (Lugo) tras renunciar su letrada después de exponer a la Sala las "presiones y coacciones" recibidas hacia ella y su familia.

A su llegada a esta sede judicial, Gómez Iglesias ha defendido su inocencia de la ristra de delitos de los que se lo acusa y ha recalcado que cree que los hechos no son constitutivos de delito. Pero no ha podido ofrecer su versión ante la Sala tras dejar su defensa la letrada que lo ha estado defendiendo estos últimos años durante la instrucción del caso. Los hechos que volvían a sentar hoy al joven se produjeron en agosto de 2014 cuando supuestamente simuló ser un enlace del Gobierno y la Casa Real para engañar a un empresario durante una reunión en el puerto deportivo de Ribadeo. El fiscal pide para él siete años de prisión por delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad documental y cohecho pasivo.

Finalmente, la Sala ha acordado aplazar hasta dentro de un año por problemas de hueco la vista oral tras renunciar la letrada, quien ha leído a la Sala la denuncia presentada la pasada semana ante los juzgados en la que detalla las coacciones sufridas durante el proceso. Tras concluir el trámite de suspensión, el acusado se ha mostrado "decepcionado" ante los medios por la suspensión ya que tendrá que esperar un año para que se resuelva la decisión final tras cinco años desde que sucedieron los hechos.

Gómez Iglesias ha destacado que los presentes en la Sala han podido comprobar las presiones recibidas por su letrada, quien ha leído la denuncia remitida a los juzgados por estos hechos. "Me siento triste y decepcionado porque habrá que esperar un año y porque en un estado de derecho haya presiones para que no pueda tener una buena defensa", ha dicho. Asimismo, ha pedido a la Sala que se celebre cuanto antes para que se termine este "calvario", ya que quiere seguir "hacia delante" y seguir con su labor como presidente del partido 'Influencia Joven'.

Se declara inocente

A su llegada, ha afirmado que es inocente y que pedirá un aplazamiento de la vista al querer apartarse del caso su abogada tras denunciar "presiones y coacciones" ante el juzgado instructor. Gómez Iglesias ha indicado que quiere que la vista se celebre cuanto antes, ya que son "muchos años" y está "cansado".

Además, ha recordado que en 2018 fue absuelto de delitos de calumnias e injurias contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También se le han archivado otras causas que tenía pendiente con la Justicia. Estaba previsto que le acompañaran en el banquillo de los acusados el cabo de la Policía Nacional, Jorge González Hormigos, y el Policía Municipal de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez López-Dávila, para quienes se piden cinco años y medio de prisión a cada uno.

A principios del mes de agosto de 2014, según se desprende del escrito de acusación, el 'pequeño Nicolás' propuso organizar una reunión a un empresario al que le hizo creer que actuaba en calidad funcionario público como un enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real.

Después de varios contactos, el 13 de agosto ambos mantuvieron un almuerzo en un restaurante de Ribadeo al que, según el acusado, "asistiría una persona muy importante de la Casa Real". Para llevar a cabo su plan, Francisco Nicolás había contactado previamente con Jorge González Hormigos, un policía nacional destinado en el Grupo de Escoltas y Protección, "a quien le pidió, a cambio de una gratificación por sus servicios, que le proporcionara los medios policiales necesarios para hacerse pasar por un cargo público y aparentar carácter oficial al almuerzo".

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita siete años de prisión para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como pequeño Nicoláspequeño Nicolás, por los delitos usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho pasivo, al tiempo que le reclama una multa que ronda los 81.000 euros, según informa Europa Press. La Audiencia de Madrid acoge este lunes el inicio del juicio contra Goméz Iglesias.

En concreto, se le acusa de haber organizado un almuerzo con un empresario en la localidad gallega de Ribadeo al que acudió haciéndose pasar por enlace entre el Gobierno y Casa Real, para lo que tuvo que falsificar varios documentos oficiales. Junto a él se sentarán en el banquillo de los acusados a partir de este lunes, 20 de mayo, a las 10 horas, el cabo de la Policía Nacional, Jorge González Hormigos, y el Policía Municipal de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez López-Dávila, para quienes se piden cinco años y medio de prisión a cada uno.

A principios del mes de agosto de 2014, según se desprende del escrito de acusación, Gómez Iglesias propuso organizar una reunión a un empresario al que le hizo creer que actuaba en calidad funcionario público como un enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real. Después de varios contactos, el 13 de agosto ambos mantuvieron un almuerzo en un restaurante de Ribadeo al que, según el acusado, "asistiría una persona muy importante de la Casa Real".

Para llevar a cabo su plan Gómez Iglesias había contactado previamente con Jorge González Hormigos, un policía nacional destinado en el Grupo de Escoltas y Protección, "a quien le pidió, a cambio de una gratificación por sus servicios, que le proporcionara los medios policiales necesarios para hacerse pasar por un cargo público y aparentar carácter oficial al almuerzo".

Mientras, Gómez Iglesias, identificándose siempre como enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real, solicitó a la Policía Municipal de Ribadeo que les acompañara en la comitiva, telefoneó al Presidente del Club Náutico para informarle de la visita de una alta personalidad de Casa Real, contrató el alquiler de cuatro vehículos con sus respectivos conductores, reservó tres mesas en el restaurante y hasta confeccionó en un ordenador personal acreditaciones del Ministerio del Interior para los vehículos.

Sobre las 5 horas del 13 de agosto la comitiva partió desde Madrid en la que Jorge González Hormigos y Carlos Pérez López-Dávila se identificaron al resto del grupo como policías que realizaban labores de escolta a una autoridad y colocaron acreditaciones oficiales del Ministerio del Interior en dos vehículos.

Ya en el restaurante el acusado fue recibido por el alcalde de Ribadeo, a quien también se presentó como enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real, y a continuación, dio comienzo el almuerzo con el empresario. Al término de la cita, emprendieron viaje de regreso a Madrid.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido en su día como el pequeño Nicolás, se presenta a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo como cabeza de lista de Influencia Joven, el nuevo partido que ha creado, "sin ideología pero con ideas", y que persigue, entre otras cosas, "empoderar a la juventud": "la llamada generación millenial, una de las más vulnerables de los últimos siglos".

Así se recoge en el manifiesto de presentación de Influencia Joven, un partido de nueva hornada —se registró en el Ministerio del Interior el pasado 4 de abril— pero que suma ya en Instagram con 2,6 millones de seguidores, y eso que sólo tiene colgadas 13 publicaciones. Bien es verdad que la cuenta de la formación procede del perfil personal del propio Francisco Nicolás.

El conocido como pequeño Nicolás se hizo famoso tras ser detenido en 2014 y después procesado por usurpación de funciones públicas al hacerse pasar por asesor del Gobierno de Mariano Rajoy. La Fiscalía le pide seis años de prisión. Ahora, tras haber participado en un reality show, Gómez Iglesias ha saltado a la arena política creando un partido enfocado a la juventud y que ha presentado una lista a las europeas. Para formalizar la candidatura, debe haber reunido 15.000 firmas de aval.

Un partido 'apolítico'

Lo curioso de esta nueva marca política es que se presenta como un partido "apolítico" y que su objetivo no es "gobernar" sino condicionar" con propuestas que creen que pueden ser útiles para los jóvenes. "No existe ni el Ministerio de la Juventud", comenta él mismo en uno de los vídeos publicados en la cuenta de la nueva fuerza política, que nace con la voluntad de "cambiar las reglas del juego" y para "poner en riesgo" a los partidos tradicionales que, en su opinión, "han fallado en proporcionar una respuesta adecuada a los problemas de los jóvenes".

Entre sus propuestas figura promover un sistema impositivo que fomente el emprendimiento, implantar un Bachillerato de Emprendimiento y crear el Ministerio del Emprendimiento; la de crear un Ministerio de Juventud; la de implantar una educación sexual "basada en la igualdad y la aceptación" que sirva para "erradicar lacras y estigmas"; y la de trabajar por la reducción de costes "ineficientes" en las administraciones públicas con la progresiva digitalización del Estado.