Establecer una fiscalidad específica para las Sociedades Laborales es fundamental, ya que estas desempeñan un papel único en el ecosistema empresarial y en la economía social. Este tipo de empresas, en las que la mayoría del capital pertenece a las personas trabajadoras y donde estas participan activamente en la gestión, representan una forma avanzada de participación en los beneficios y en la toma de decisiones empresariales.

Las Sociedades Laborales no solo generan empleo y fomentan la estabilidad laboral, sino que también promueven la cohesión social y el compromiso con la empresa. Este modelo responde al mandato constitucional español, que en su artículo 129.2 insta a los poderes públicos a facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Este marco constitucional, sumado al impulso de la Unión Europea por fomentar la participación financiera de los empleados en las empresas, justifica la necesidad de políticas fiscales favorables para las Sociedades Laborales.

Actualmente, la fiscalidad de las Sociedades Laborales en España es limitada, cuando no inexistente, y carece de incentivos suficientes para fortalecer su modelo. Aunque existen beneficios específicos, como la bonificación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, estos resultan insuficientes para cubrir las necesidades y particularidades de estas empresas. La falta de incentivos fiscales específicos limita su capacidad de crecimiento, debilitando la integración de las personas trabajadoras y, por ende, su participación activa en la empresa.

Un sistema fiscal más favorable para las Sociedades Laborales no solo cumpliría con los objetivos de justicia y equidad, sino que también incentivaría la creación y consolidación de estas entidades, fortaleciendo el tejido empresarial y la economía social en su conjunto. La experiencia europea y la investigación respaldan que los incentivos fiscales ayudan significativamente a las empresas a ser competitivas y a mantener el compromiso de las personas trabajadoras, generando una empresa participada, equitativa y productiva.

Creo necesario realizar un llamamiento al Gobierno de España para implementar una reforma fiscal que contemple las particularidades de las Sociedades Laborales. Es fundamental para impulsar este modelo empresarial sostenible, participativo y democrático. Una reforma de este tipo permitiría que las Sociedades Laborales prosperen en un mercado competitivo, contribuyendo significativamente a una economía más inclusiva, equitativa y resiliente.

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Francesc Abad es gerente de AMUSAL y miembro de la Junta directiva de la Federación de Sociedades Laborales y Participadas de España (LABORPAR).

Frente a esta realidad, la economía circular emerge con vigor como un paradigma alternativo y, crucialmente, regenerativo. Su propósito fundamental no es otro que desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos finitos y de la generación de impactos ambientales negativos. Para alcanzar tal fin, se hace imprescindible un rediseño de los sistemas productivos, de los modelos de consumo y de las propias cadenas de valor. Este rediseño se orienta estratégicamente a minimizar la generación de residuos y, simultáneamente, a maximizar la utilización y el valor intrínseco de los recursos que ya se encuentran en el sistema económico, promoviendo para ello un abanico de estrategias que incluyen la reutilización, la reparación, la renovación, la remanufactura y el reciclaje de alta calidad.

Es importante subrayar que este cambio de paradigma no responde únicamente a una necesidad ambiental perentoria, sino que, además, se configura como un potente motor de innovación, un catalizador para la mejora de la competitividad empresarial y una fuente tangible de creación de valor económico y social a largo plazo. En este contexto, la Directiva sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD) de la Unión Europea, junto con sus correspondientes Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS), y en particular la Norma Europea de Información sobre Sostenibilidad E5 (NEIS E5) relativa al uso de los recursos y economía circular, impulsan una mayor transparencia, rigor y comparabilidad en la manera en que las empresas informan sobre sus estrategias, las acciones que acometen y el desempeño que alcanzan en este ámbito vital.

La buena noticia es que el compromiso de las empresas españolas con la economía circular va en aumento. Muchas compañías ya no ven este modelo solo como una obligación para gestionar residuos, sino como una fuente de valor y una parte clave de su negocio a largo plazo. Cada vez más empresas cuentan con políticas claras sobre el tema, e incluso están creando puestos directivos y comités dedicados específicamente a la sostenibilidad y la economía circular.

Se están realizando esfuerzos importantes en el diseño ecológico de los productos, buscando que duren más o se puedan reciclar mejor al final de su vida útil. También se observa un interés creciente en utilizar más materiales reciclados y de origen renovable en la producción. La gestión de los residuos que generan las empresas también ha mejorado significativamente. Muchas empresas se esfuerzan por reducir la cantidad de residuos que envían al vertedero, y algunas incluso han logrado obtener certificaciones de "residuo cero a vertedero" para algunas de sus instalaciones. Además, se está invirtiendo en innovación para encontrar nuevas soluciones, como el desarrollo del reciclaje químico para tratar plásticos que antes eran difíciles de reciclar.

Pero a pesar de estos avances, el camino hacia una circularidad total es todavía largo y presenta bastantes barreras. Uno de los grandes retos para las empresas es mirar más allá de sus propias fábricas y oficinas. Es fundamental que analicen y actúen sobre toda su cadena de valor: desde cómo y dónde obtienen sus materias primas hasta qué ocurre con sus productos una vez que los consumidores dejamos de usarlos.

Con frecuencia, el enfoque principal sigue estando en gestionar los residuos que ya se han generado, en lugar de adoptar estrategias verdaderamente proactivas para prevenir que esos residuos se produzcan en primer lugar. Aunque muchas empresas establecen objetivos, estos a menudo no son lo suficientemente ambiciosos o no cubren todos los aspectos importantes de la economía circular, como por ejemplo, la reducción significativa del consumo de materias primas vírgenes.

Por otro lado, la información financiera en materia de economía circular también es una asignatura pendiente. Resulta prácticamente imposible conocer cuánto dinero se invierte realmente en iniciativas de economía circular y qué beneficios económicos concretos se están obteniendo gracias a ellas. Y aunque se informa sobre el uso de materiales reciclados, a menudo falta detalle sobre el origen exacto y la cantidad total de estos materiales en todos los productos que se comercializan.

Para acelerar esta transformación, la Unión Europea ha puesto la lupa sobre las empresas. Se han desarrollado nuevas normativas, como la Norma Europea de Información sobre Sostenibilidad (NEIS), y más concretamente la NEIS E5, que está específicamente dedicada al uso de los recursos y la economía circular. Estas reglas exigen mucha más transparencia y un mayor nivel de detalle en la información que las entidades deben proporcionar. Las empresas tendrán que informar con más rigor sobre sus políticas, las acciones que llevan a cabo, los objetivos que se marcan y cómo la economía circular afecta o podría afectar a sus resultados financieros. Este nuevo marco ayudará a que se puedan comparar mejor las actuaciones entre diferentes empresas y a asegurar que los compromisos se traduzcan en acciones concretas y medibles.

En definitiva, el viaje de las empresas españolas hacia la economía circular está definitivamente en marcha. Se observan avances, pero también una necesidad clara de acelerar el ritmo y profundizar en los esfuerzos realizados. Los próximos años serán cruciales. Con el impulso de las nuevas regulaciones europeas y una creciente conciencia por parte de la sociedad, la transformación hacia un modelo donde nada se desperdicia y todo se aprovecha no es solo una opción, sino un imperativo estratégico para asegurar un futuro más sostenible y mantener la competitividad. La tarea es grande, pero las oportunidades para innovar, ser más eficientes y crear valor también lo son.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿nos referimos sólo a ser menos dañinos para el medio ambiente? ¿Cómo sería un modelo turístico sostenible? Cuestiones como estas se debatirán este miércoles a las 18:00 horas en el foro Sostenibilidad, una cuestión más allá de la ecología que acogerá infoLibre en Santiago de Compostela. Un acto conducido por el director de infoLibre, Daniel Basteiro, que se podrá seguir de manera presencial en la Casa das asociacións, antigua estación de Cornes (Rúa de Manuel Beiras, 3, Santiago de Compostela) previamente consiguiendo la entrada gratuita en este enlace. También en streaming a través de nuestra web y de YouTube.

Los desafíos que afronta Santiago entroncan con la propia dimensión cultural de la ciudad, así como encontrar un modelo de gestión del turismo sostenible para la ciudad, que en 2023 recibió hasta 9,45 turistas por habitante, según el INE, más que en ciudades como Sevilla o Barcelona, que ya protestan en contra de sus modelos turísticos.

La llegada masiva de turistas –900.000, en 2023– supone perjuicios para vecinas y vecinos, cuya vida en la ciudad y, concretamente, en el casco histórico, cada vez es más cara. En apenas cinco años –de 2018 a 2023– los alquileres sufrieron una subida del 33%.

Con los datos sobre la mesa, el evento –que se celebra gracias a la colaboración con Aena– arrancará con una entrevista a la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín Rei, que expondrá los retos que enfrenta su ciudad en materia de sostenibilidad, como el conflicto entre el turismo y el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos o el papel que desempeña el aeropuerto en la dinamización de la ciudad y en su industria.

Cuestiones como las mencionadas también se tratarán en la mesa redonda que tendrá lugar tras la entrevista, que estará compuesta por varias voces expertas de la ciudad que analizarán problemas concretos del territorio y propondrán soluciones para ello.

Finalmente, se dará paso a una conversación sobre periodismo e información en la que participarán Belén Regueira, decana del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Xosé Manuel Pereiro, codirector de la revista Luzes, David Reinero, periodista de Praza.gal y Sonia Vizoso, periodista de El País. La mesa se cerrará con un turno de preguntas donde los asistentes al evento podrán plantear dudas e ideas relacionadas con el tema a debate.

Te invitamos a poner nota a tu ciudad de cero a diez en cada uno de los diez puntos siguientes. Luego calcula la media sumando todos los puntos y dividiendo entre diez. Así podremos ver (más o menos) si tu ciudad es "sostenible". ¡Empecemos!

¿Cómo serían las ciudades sostenibles?

Si tras calcular la nota media entre los puntos anteriores, la nota sale por debajo de 7, debes escribir a tu ayuntamiento mandando este artículo y demandando lo que consideres pertinente. Que lo sepan.

Nuestra ciudad la hacemos los ciudadanos. No toda la responsabilidad la tienen los ayuntamientos y no olvidemos que ellos hacen lo que los ciudadanos les dejan hacer.

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Más información:

Blackstone culmina este lunes la OPA que lanzó a la socimi Hispania, una operación valorada en casi 2.000 millones de euros con la que el fondo estadounidense se convertirá en el mayor propietario de hoteles del país al sumar unos sesenta establecimientos.

El plazo de aceptación de la oferta concluye este lunes, después que fuera ampliado al mejorar el fondo el precio de la OPA un 4,5% y situarlo en los 18,25 euros por acción.

Blackstone ya es primer accionista de Hispania, dado que compró el 16,6% de su capital a George Soros antes de lanzar la oferta, que garantiza con un aval de BNP Paribas y financiará con "recursos propios procedentes por los distintos fondos de inversión que gestiona".

El precio que el fondo pagará por la socimi que preside Rafael Miranda, la más veterana del país, arroja una prima del 5,6% respecto a la cotización de la firma la víspera de que el pasado 3 de abril trascendiera el interés del fondo por la socimi.

Esta prima es de hasta un 82% en el caso de comparar con el precio de 10 euros por acción al que Hispania se constituyó y salió a Bolsa en marzo de 2014 como socimi promovida por la gestora Azora para invertir en el mercado inmobiliario español.

A pesar de ello, el importe de la operación es inferior al valor de la cartera de activos de la socimi, que asciende a 2.811 millones de euros, según la última valoración realizada por CBRE.

Hispania cuenta con 46 hoteles, ubicados en las principales zonas turísticas del país, que se sumarán a la docena con que el fondo estadounidense ya tiene en España.

La compra de esta firma aporta además a Blackstone 25 edificios de oficinas repartidos entre Madrid y Barcelona, que el fondo sopesa vender, y viviendas en alquiler que actualmente están ya a la venta entre particulares. En el lado del pasivo, Hispania soporta una deuda neta de 894,8 millones.

Primer propietario inmobiliario del país

Con su OPA a Hispania, Blackstone además de erigirse en primer dueño de hoteles del país, también reforzará su posición de primer propietario de activos inmobiliarios en España, dado que pasará a sumar una inversión en activos de distinto tipo por valor de casi 20.000 millones de euros.

Los planes del fondo estadounidense para la socimi hotelera pasan por hacerse con el 100% de la compañía y excluirla de cotización en Bolsa.

Además, levantará la fecha de caducidad que los actuales accionistas habían puesto a la firma para vender sus activos antes de marzo de 2020 y, por contra, los mantendrá entre tres y siete años a través de una filial no cotizada.

No obstante, Blackstone romperá el acuerdo que Hispania mantiene con Azora para la gestión de sus activos, lo que le supondrá pagar a esta firma 173 millones por rescisión anticipada de contrato.

Algunas veces los datos recopilados y su análisis desvelan situaciones lamentables: en España, léase desigualdad social y pobreza, desempleo y calidad del empleo que se crea, política de energías renovables, modelo de planificación territorial, medidas de adaptación/mitigación ante el Cambio Climático… A veces incluso se trata de ocultar esas vergüenzas: ¿Por qué nadie se hace eco de que España se encuentra en el cuarto peor lugar dentro de Europa en el prestigioso Índice de Justicia Social (Social Justice Index / SJI) de Bertelsmann Stiftung, sólo por delante de Grecia, Rumanía y Bulgaria? ¿Por qué nadie dice que España ha pasado de la posición 22 en 2015 a la 25 en 2016 entre 28 países analizados en dicho índice, y que en sólo un año nos han superado Letonia, Italia y Hungría? El SJI es uno de los indicadores elegidos por Naciones Unidas para evaluar el ODS 10 (desigualdad): le suponemos total confianza, merece respeto y atención, maneja 35 subindicadores organizados en 6 dimensiones y es por sí mismo una fotografía de la situación de un país.

Por el contrario, se focaliza y se exalta la increíble recuperación económica española a nivel macro (PIB, renta, comercio, turismo…). Los análisis micro pueden molestar porque definen con precisión la realidad cotidiana de la ciudadanía y permiten evaluar las políticas reales, el tratamiento diferencial, el poder de los grupos de presión, el nivel de codicia y de corrupción, la primacía o no de la consecución del bien común. Hoy en día se puede medir casi todo. En ocasiones, los que saben prefieren que ese conocimiento no se difunda. La Agenda 2030 de Naciones Unidas, en la que se define el sistema de evaluación de la sostenibilidad del desarrollo de los países a partir de ODS, Metas e Indicadores, ha sido creada para que el conocimiento se ponga en valor e influya en las políticas, para abrir los ojos y, al menos, derramar desprecio sobre la mentira o la inacción.

Y la Agenda 2030 no se puede parar: el 12 de Julio, el SDSN de Jeffrey Sachs y Aart de Geus (Naciones Unidas) presenta su SDG Index and Dashboard 2017, en el que se evalúa la situación de casi todos los países del mundo en relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. España salió muy mal parada en el primer informe conjunto del SDSN de Julio de 2016. El Observatorio de la Sostenibilidad (OS) realiza paralelamente un informe de evaluación para España: en 2016 las conclusiones y las valoraciones fueron muy semejantes, casi idénticas, a las del Profesor Sachs. Como es habitual, el OS publica su informe semanas antes que el SDSN. El SOS17 del OS se presentó públicamente el 27 de Junio pasado. Se manejaron nada menos que 104 indicadores, la mayor parte de ellos sugeridos por las Naciones Unidas y por la Comisión Europea, que abarcan todos los aspectos de la sostenibilidad (en 2016, en Informe SOS16 manejó 55). Los resultados no son nada halagüeños. Y no hay por qué esperar mejoras significativas en el SDG Index de este año. Ambos informes, cada uno en su escala y con su capacidad de cuantificación, manejan datos desnudos de fuentes acreditadas, guardándose las opiniones para foros más adecuados. Y los datos desnudos no mienten: simplemente son así.

Dos ejemplos:

En 2016 España ha conseguido rebajar su tasa por debajo del 20%, pero continúa casi duplicando la que tenía antes de la crisis y se encuentra muy alejada aún de las medias europeas (10% para la Zona € 19 y 8,5% para la UE-28). La tendencia es claramente positiva, pero debe ser matizada con los datos sobre la calidad del empleo creado, el poder adquisitivo de los que trabajan y la precariedad laboral. En estos aspectos, el subindicador de pobreza con empleo (trabajadores que no ganan lo suficiente para vivir con dignidad) del SJI ya mencionado de 2015 sitúa a España en el puesto 26 entre 28 países de la UE (sólo estamos mejor que Rumanía y que Grecia). Pero lo más indignante es que, mientras que en dichos países la tendencia es a la disminución del porcentaje, en España hemos pasado del 8,7% en 2014 al 10,4% de la población con empleo en 2015.

EUROSTAT presenta estadísticas similares y tendencias igualmente negativas. La OCDE afirma que España se sitúa en 2015 en el 2º peor lugar en empleo a tiempo parcial no deseado en mujeres (porcentaje superior al 15%; la media de la UE-28 es del 5,2%) tras Italia, y en el 3º peor en hombres tras Irlanda e Italia. Además, tras Polonia, España se sitúa en la segunda peor posición en prevalencia de contratos temporales tanto en hombres como en mujeres. Las cifras duelen, pero son reales. Honestamente, ¿qué hacemos?: ¿presumimos del descenso del paro, pese a todo el segundo más alto de la UE, u ofrecemos el panorama laboral completo y cuantificamos en consecuencia?

Los aterradores datos de empleo influyen, como no, en los niveles de pobreza (AROPE: población at risk of poverty and exclusion), de desigualdad y de malnutrición. Y es en estos inquietantes temas en los que se echa de menos una actitud valiente y decidida de los decisores. España ostenta una de las tasas AROPE más altas de la UE, tanto antes como después de transferencias sociales, aunque en los años 2015 y 2016 se observa una ligera tendencia a la disminución. Las medidas correctoras contra la pobreza y la desigualdad en España parecen del todo insuficientes. En el ranking AROPE tras transferencias sociales de 2015, España (22,1%) se sitúa por encima de Grecia (21,4%) y ostenta el triste récord de ser el antiguo miembro de la UE con peor tasa AROPE tras Rumanía y dos de los países bálticos antiguos integrantes del Bloque del E.

Resumen del SOS17: el estado de la Nación a partir de los criterios de Naciones Unidas

La crisis, como argumento sin rostro, como hecho generado espontáneamente (simplificación de la realidad o simple mentira), no sirve como tampón ante el panorama actual de degradación que muestran gran parte de los indicadores analizados. El excelente trabajo de la Fundación FOESSA Expulsión Social y Recuperación Económica demuestra las dos velocidades a que se produce la salida de la crisis en los diferentes estratos sociales: la recuperación se produce con un aumento de la desigualdad (índices de Gini y de Palma en ingresos y en consumo con tendencias de aumento). Cáritas, por su parte, ha indicado recientemente que "los hogares en los que menos se está percibiendo la recuperación económica son precisamente aquellos que más sufrieron los efectos de la crisis, es decir: hemos empobrecido la pobreza”.

Relación de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas:

Fuente: Elaboración del OS a partir del Informe SOS17 sobre Sostenibilidad en España www.observatoriosostenibilidad.com

Se han establecido 5 niveles para la caracterización de los indicadores, que se repiten en la valoración del grado de cumplimiento de los ODS. Los colores cálidos representan situaciones deficientes en las que las decisiones de gestión y/o el comportamiento de la ciudadanía y/o la coyuntura económica no muestran un progreso significativo y ponen en riesgo, e incluso llegan a impedir con seguridad, el cumplimiento de las Metas de la Agenda 2030; el color amarillo muestra una situación intermedia en la que existe cierto avance pero a un ritmo insuficiente, siendo necesario intensificar los esfuerzos para alcanzar las metas en los lapsos previstos; los colores verdes indican un progreso más claro hacia el cumplimiento de los objetivos y un punto de partida más ventajoso para establecer medidas funcionales que impidan que la situación se deteriore.

La tabla de evaluación muestra un panorama muy preocupante en España a día de hoy:

En relación con los indicadores, la evaluación considera que:

Estos últimos se corresponden en gran medida con adaptaciones de los consumidores a las condiciones económicas adversas (precios altos, economías familiares o empresariales deprimidas…) y cambios en los hábitos de vida hacia una mayor responsabilidad. Es el caso de la magnífica progresión en los consumos de agua (ODS 6), y del descenso en la generación total de residuos y en la de los residuos municipales (ODS 12). A ellos se añade el comportamiento del consumo de energía en los hogares (ODS 7), con situación positiva y tendencia estable. El otro indicador con valoración alta y que, por el momento, no parece degradarse es el de esperanza de vida al nacer (ODS 4). Todos ellos responden a comportamientos adaptativos y a herencias de modos de vida (dieta, hábitos de vida, características étnicas…); su excelencia no es consecuencia directa de la bondad de la gestión administrativa.

Los estados negativos copan un 58,65% de la batería completa de indicadores (104); sólo el 17,30% de ellos muestran estados positivos.

En 19 de ellos la tendencia es de deterioro destacable; en 22, de ligero deterioro; 32 de ellos tienden a la estabilidad; 17 mejoran ligeramente y en 14 de ellos la tendencia es de mejoría destacable. En la valoración de los indicadores son especialmente preocupantes tanto las combinaciones de estados negativos con tendencias al deterioro, como los que en la actualidad presentan resultados medios o buenos pero comienzan a degradarse.

Destacan por su mala situación extrema los ODS 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo), ODS 8 (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos) y ODS 10 (Reducir la desigualdad en y entre los países). En los tres, más de la mitad de los indicadores ofrecen un estado muy negativo, a veces acompañado de tendencias de deterioro.

En el ODS 1 la degradación de algunos indicadores fue tal durante los peores años de la crisis que la existencia de tendencias estables o sólo de ligera mejoría no garantizan una evolución favorable para el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030.

En los ODS de desigualdad y de mercado laboral encontramos indicadores con combinaciones peligrosas de estado muy negativo y tendencia al deterioro: la Tasa de pobreza de personas con empleo (In work poverty), la de empleo no elegido a tiempo parcial y la de temporalidad de contratos son altísimas y tienden a incrementarse, al tiempo que la productividad en el uso de los recursos se presenta positiva y con buenas expectativas. Es un mal síntoma: ¿crece la productividad en parte a costa de las condiciones de trabajo? El indicador que mide el porcentaje de recién graduados que se incorporan al mercado laboral del ODS 4 (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos) presenta una combinación que no anima tampoco al optimismo (estado muy negativo y tendencia de deterioro destacable).

Todos los indicadores de desigualdad están en situación negativa o muy negativa y sus tendencias no son de mejora: el índice de Gini para ingresos se mantiene estable en valores muy elevados, la ratio de Palma para ingresos (para el cual existen menos datos) se deteriora de manera implacable; ambos índices aplicados al consumo demuestran un retroceso de los estratos menos favorecidos; el Índice de Justicia Social (SJI) no evoluciona favorablemente con el despegue económico.

En la misma situación se encuentran los indicadores de Acceso a la vivienda (ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos), el Índice de Felicidad de Naciones Unidas y el de Percepción de la Corrupción de International Transparency (ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles).

La mala situación de los indicadores asociados a estos ODS, además de definir la profundidad de la brecha social y de estar interrelacionados, influye en el progreso de todos los demás: su inmovilismo, lenta mejora o degradación pueden resultar un lastre que impida la evolución favorable del conjunto y para la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

En temas más estrictos de sostenibilidad ambiental, encontramos malas coyunturas en los indicadores relativos a la severidad de las evidencias de cambio climático en España (ODS 13), tema en el que no ayudan ni las tendencias al aumento de la intensidad energética de la economía, el repunte del consumo energético, el parón de las renovables, el aumento de la dependencia energética del exterior (ODS 7), el modelo altamente impactante de desarrollo de la costa y la falta de planificación general en el territorio, al que se une la descapitalización de los espacios naturales protegidos y la peligrosa gestión forestal (ODS 15) y, por supuesto, la pésima progresión de la inversión pública y privada en I+D (ODS 9), básica para implementar mejoras en la mayoría de ODS y para asegurar la competitividad y el empleo, que ofrece una situación muy negativa y tendencia de deterioro destacable.

Íntimamente ligados con la evolución del clima y con la funcionalidad de los ecosistemas y de los espacios productivos, encontramos problemas graves en los indicadores de estrés hídrico y de calidad de las aguas (ODS 6), en situación muy negativa y con tendencia a continuar mal. De nuevo la planificación del crecimiento y del turismo amenazan con afectar irremisiblemente a los ciclos naturales (desconexión de ecosistemas, alteración del ciclo hidrológico, banalización de la biodiversidad, contaminación del aire, suelo y agua…) al establecerse flujos unidireccionales hacia los centros urbanos sin ofrecer contrapartidas que garanticen el mantenimiento de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas rurales y en las montañas, que precisan de oportunidades de desarrollo para no despoblarse y empobrecerse, y para controlar hechos cada vez más violentos como son los incendios forestales, la erosión y las avenidas (ODS 15). El colofón a estas inconsistencias sistémicas lo pone la situación negativa y la tendencia al deterioro del indicador de cumplimiento de la Metas de Aichi y del Convenio de Biodiversidad de las Naciones Unidas por parte de España. De poco nos sirve poseer una de las redes de protección de la Naturaleza más importantes de Europa (ODS 15) y unos índices de biodiversidad envidiables si se nos queman y desertizan en 50 años.

Empezamos a conocer en profundidad las causas del deterioro y estamos obligados a reaccionar para conseguir una sociedad más feliz y más justa, que comprenda su entorno, y en la que se reparta equitativamente el sacrificio que va a significar la transición hacia otro modelo de desarrollo más sostenible. Esta es la razón de elaborar este documento y la contribución del Observatorio de la Sostenibilidad (OS) al proyecto de las Naciones Unidas.

Dicen que en épocas de crisis nacen las mejores ideas. En una situación donde la precariedad y el ingenio fluyen a raudales, iniciativas digitales como mecambio.net promueve formas de producción y consumo que buscan la sostenibilidad social y económica.

El objetivo de esta iniciativa es crear relaciones que sean sostenibles, justas y participativas entre iguales. Aseguran en su web que “Mecambio surge como respuesta a una necesidad de alternativas, informando de forma abierta, clara y sencilla de las alternativas a los proveedores tradicionales”. A este proyecto se han sumado colectivos como la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi.

Actualmente tiene tres secciones diferenciadas. Finanzas y seguros, donde podemos encontrar toda la información relacionada con entidades bancarias que trabajan de forma ética y no siguen el camino de la banca convencional. Triodos Bank, COOP57 o Banca Ética Fiare son algunas de las alternativas propuestas por Mecambio También podemos encontrar diferentes opciones en el sector energético. Es posible consumir energía de otras compañías que no sean las grandes corporaciones. Proveedores como Somenergia, Zencer o Goiener son algunas de las propuestas. La tercera pata que promueve la web es la forma de comunicarnos. Iniciativas de software libre como el buscador DuckDuckGo, el sistema operativo Ubuntu o el sistema de videollamadas Jitsi, son algunas de las propuestas. 

Además, ofrece la posibilidad de encontrar otras plataformas que promueven el consumo sostenible como Consumo Colaborativo, Mercado Social, la revista Opcions o la web de Vivero de Iniciativas Ciudadanas, que muestra proyectos gestados desde la sociedad civil.

Incluso han creado el hashtag #MECAMBIO para que sean los propios usuarios quién proponga otras alternativas que puedan ser beneficiosos para los ciudadanos.