Si este inminente domingo de Pascua, Jesucristo resucitara y escuchara la intervención del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, el pasado lunes con ocasión de la firma del acuerdo con el Estado para el resarcimiento de las víctimas de violaciones y abusos sexuales de la Iglesia Católica, se liaría a latigazos como hizo con los mercaderes del templo o directamente le daría un soponcio y volvería a su sepulcro.

La paciencia que han debido tener el ministro Bolaños y el Defensor del Pueblo, y las tragaderas de las víctimas con los jefes de la Iglesia son antológicas. Recordemos que esos señores jefes de la Iglesia católica han ocultado sistemáticamente la conducta asquerosa de los sacerdotes, empezando por los propios papas y terminando por los compañeros de parroquia de los criminales. Escondieron a los guarros. Les dieron cobijo a los pederastas. Negaron sus crímenes. “Solo son pequeños casos”, dijo el propio Argüello hace cinco años. Se negaron a entregar la documentación necesaria para esclarecer los casos conocidos. Dilataron los procesos o los obstaculizaron. Si el infierno existiera, los encubridores arderían eternamente en su fuego.

La respuesta al escándalo de los casos de abusos de niños por parte de miles de sacerdotes depravados de la Iglesia Católica es la constatación más siniestra de los desafueros de una institución reaccionaria, la Conferencia Episcopal. Basta con oír un cuarto de hora su emisora de radio, la COPE, o ver un rato alguno de los programas de su canal de televisión, 13TV. Sin embargo, la Conferencia Episcopal sobrevive sin sobresaltos notables. ¿Cómo es posible?

Los vestigios históricos de la existencia de Jesús son escasísimos y discutibles. A penas un par de anotaciones en escritos de la época. La versión más verosímil es que probablemente existiera un predicador judío rebelde que llamara a levantarse contra el poder romano. Y que a partir de ese momento, décadas después, fuera generándose el relato mítico de su vida y organizándose en la práctica la religión más exitosa del mundo: la más llevadera, la más adaptable, la que admite ocho y ochenta, la que ensalza la pobreza y justifica la riqueza, la que puede inspirar a los seguidores del Che Guevara tanto como a los de Trump.

Esa paradigmática plasticidad del cristianismo y su enorme descentralización, que admite liturgias y creencias tan heterogéneas como la de los coptos, los ortodoxos o los calvinistas, permite a la Iglesia Católica superar barbaridades como la de los curas violadores sin apenas sufrir rasguños. De ser una institución normal, centralizada, digamos que con un solo NIF y una única responsabilidad, la Iglesia Católica se habría disuelto o habría cambiado de nombre ante las aberraciones conocidas. Pongamos por caso que se supiera que miles de funcionarios de la ONU hubieran violado a menores en sus misiones por el mundo. No uno ni dos, sino miles. Reconocidos e identificados con nombres y apellidos, hay unos 1.500 casos, pero la encuesta promovida por el Defensor del Pueblo calculó que son unos 440.000 los españoles que han sufrido algún tipo de abuso de sacerdotes. Ni la ONU ni ninguna otra organización que tuviera los reaños de la Iglesia Católica aguantaría tamaño escándalo.

Pero con la Iglesia hemos dado. Ahí en las pantallas puede aparecer ufano Argüello con su alzacuellos, posando junto a las autoridades y a un representante de las víctimas, para pedir perdón y anunciar la penitencia, y ponerse a los pocos días en la cabecera de las procesiones de la Semana Santa, delante del Cristo clavado en la cruz. Y sin que se les caiga la cara de vergüenza.

La inspectora que denunció por presunta agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha vuelto a solicitar que se prohíba al ex mando policial comunicarse con ella, al entender que el auto en que denegó esta petición no está motivado e incurre en errores de interpretación.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Jorge Pidrafita recurre al auto del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid en el que rechazó imponer a González, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado el letrado de ésta.

Lo hizo, siguiendo el criterio de la Fiscalía, al término de la declaración de ambos el pasado 17 de marzo, en un auto en el que argumentó que no aprecia "riesgo" suficiente para concederla. "El investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante, máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial", concluía el auto.

Ahora el letrado de la denunciante pide que se revoque ese auto y se otorgue la protección, o de forma alternativa que se acuerde la realización de una valoración policial de riesgo actualizada y luego se vuelva a valorar la adopción de la medida. Para esta parte, el auto del juez omite valorar de forma completa uno de los dos requisitos legales que permiten otorgar la protección; "contrae indebidamente el concepto de riesgo", y "deniega una medida cautelar limitada sin una motivación suficiente de necesidad y proporcionalidad".

El extenso recurso incide en que la resolución impugnada "no exterioriza una valoración completa de las circunstancias del caso, sino una apreciación parcial que conduce indebidamente a negar la protección interesada". Y pone de relieve que "el riesgo relevante no se agota en evitar presiones sobre la prueba, sino que comprende también la prevención de contactos no deseados, intimidaciones, perturbaciones y revictimización durante la instrucción".

En las declaraciones del pasado día 17 la inspectora ratificó ante el juez su querella por agresión sexual contra el que era número dos del Cuerpo y que dimitió tras la denuncia, mientras que él negó los hechos y atribuyó esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de su subordinada.

La defensa del exDAO, ejercida por los letrados José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fúster-Fabra, presentó luego un escrito en el que se sostiene que la agente solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una pensión. Lo hizo en un escrito en el que solicita que se aperciba al letrado de la acusación particular por revelar públicamente el contenido de las actuaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otorga este martes a Gisèle Pelicot la Orden del Mérito Civil, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo. Pelicot, que este lunes presenta en Madrid sus memorias, Un himno a la vida, sufrió violaciones y agresiones por parte de su marido y de decenas de hombres. Pelicot será recibida este martes en el Palacio de la Moncloa por el propio Sánchez, que le hará entrega del reconocimiento.

Esta condecoración tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil, no solo de ciudadanos españoles sino también de nacionalidad extranjera "que hayan prestado servicios distinguidos a España o una notable colaboración en todos aquellos asuntos que redunden en beneficio de la nación".

Señala el reglamento que serán méritos a tener en cuenta para la concesión de condecoraciones de esta orden la prestación de relevantes servicios, de carácter civil, al Estado; la realización de trabajos extraordinarios de indudable mérito; la laboriosidad o la capacidad extraordinaria, puestas de manifiesto en bien del interés general; y las grandes iniciativas de influencia nacional y, en general, los hechos ejemplares que, redundando en beneficio del país, deban premiarse y estimularse.

Gisèle Pelicot consiguió en un juicio, que quiso que fuera público, que su marido, junto a otros 50 agresores, fueran condenados por haberla sedado de forma continua durante 10 años para que más de 80 hombres la violaran mientras su entonces marido lo filmara. Su objetivo al conseguir que el juicio fuera público fue lograr, como ella misma explicó, que la vergüenza cambiara de bando.

Dos comisiones del Parlamento Europeo retomaron este miércoles el intento de que toda la Unión Europea (UE) tipifique de la misma forma el delito de violación, en base al consentimiento explícito y no por el uso de la fuerza, algo que el bloque se quedó a las puertas de hacer en 2024, informa EFE.

Las comisiones de Igualdad y Libertades Civiles de la Eurocámara aprobaron una resolución sobre el asunto, que había quedado pendiente de revisión antes de 2029.

El texto pide a la Comisión Europea "que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable", en base a un artículo del Convenio de Estambul que sitúa el consentimiento como eje en este tipo de violencia sexual.

"Sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca de consentimiento (...). El silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento; ni el consentimiento previo ni la conducta sexual pasada ni ninguna relación pasada o presente con el agresor (...) implican el consentimiento actual o futuro para cualquier acto sexual", inciden.

El texto, negociado por una docena de eurodiputadas de todos los grupos políticos, salió adelante por 75 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

La resolución apunta a que el consentimiento "debe evaluarse en el contexto de las condiciones circundantes" y no puede darse en casos de violencia, amenaza, abuso de poder, coerción, vulnerabilidad o incapacidad resultante de una intoxicación, una pérdida del conocimiento o la edad, entre muchos otros casos.

La ausencia de una definición armonizada de violación basada en el consentimiento en toda la UE "da lugar a marcadas disparidades en la protección de las personas supervivientes en toda la UE y socava el acceso a la justicia y el enjuiciamiento efectivo de la violencia sexual". señalan las eurodiputadas.

Tanto el Parlamento como la Comisión quisieron incluir la homologación penal del delito de violación en la directiva europea pionera sobre violencia de género, aprobada en 2024, pero un grupo de Estados miembros -con Francia y Alemania a la cabeza- lo vetaron.

La directiva incluía una cláusula por la que los delitos bajo su paraguas se revisarían en cinco años. Si bien no es vinculante, el texto aprobado este miércoles por la comisión de Igualdad es un paso en esa dirección, señalan fuentes parlamentarias.

No obstante, el pleno del Parlamento Europeo que tendrá que dar el visto bueno final a esta resolución está más escorado a la derecha que el que en 2024 (antes de las últimas elecciones) estaba plenamente a favor de la igualar la tipificación penal de la violación.

Fuentes cercanas a la negociación explican a EFE que para llegar al texto final han hecho falta casi una docena de reuniones técnicas, más de lo habitual, y que el grupo socialdemócrata habría cedido en varios puntos clave -como una mención a la cultura de la violación- para asegurarse el voto a favor del Partido Popular Europeo, sin los cuales es inviable alcanzar una mayoría.

Fuentes del PP en el Parlamento Europeo aseguraron que su voto a favor refleja "el apoyo a la protección de las víctimas y el principio de consentimiento como puntos vectores", su defensa del Convenio de Estambul y el esfuerzo por "garantizar la formación especializada de todos los actores implicados, como policía, jueces, fiscales, servicios sociales y el personal sanitario que atiende a las víctimas".

No obstante, recalcan que respaldar la definición de consentimiento en este informe "no es en ningún caso apoyar la ley del 'solo sí es sí'" española, de la que lamentan lo que describen como sus "consecuencias devastadoras".

Podemos, por su parte, incidió en que el texto que ha salido adelante "va en consonancia a la legislación española impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023".

"El Parlamento Europeo aprueba hoy que solo sí es sí, que el consentimiento debe ser siempre explícito y que la ausencia de un no jamás constituye un sí", celebró la delegación morada.

El servicio doméstico es un microcosmos privilegiado para observar las diferencias de clase. También, como nos recuerda estos días el caso Julio Iglesias, es un espejo donde se reflejan las estructuras patriarcales y, en ocasiones, las manifestaciones más brutales de violencia machista. Si a ello le sumamos la variable temporal, las vidas anónimas de algunas de estas criadas pueden llegar a contener la historia de un país. Es lo que ocurre con la biografía de María Alivio Menéndez, violada por su “amo” en la casa donde servía en la Asturias de los años veinte del siglo pasado. Como consecuencia de aquellas continuas agresiones sexuales nació su hija Carmen, quien décadas más tarde, se convertiría en la pareja del futuro secretario general del PCE, Santiago Carrillo.

Aquella violación fue una tragedia íntima que María Alivio guardó en secreto durante décadas. Ahora, su nieto, Jorge Carrillo Menéndez, recupera la historia de su abuela con el libro Luchadoras, publicado por la editorial Almuzara. Fue su propia abuela quien le contó aquella traumática experiencia pocas semanas antes de morir en el verano de 2001, a la edad de 104 años. “Mi abuela me dijo: ‘Te lo cuento porque quiero que se sepa’. Aunque entonces no sabía que se convertiría en un libro, una cosa me quedó clara: mi abuela quería que se supiera", recuerda. Además ha querido también reivindicar con este trabajo la figura de su madre. “En la dirección del PCE de los últimos 40 años prácticamente nadie conocía su historia; Carmen no dejaba de ser ‘la mujer de Santiago’. Y a mí me jodía que su imagen fuera esa, porque ella fue mucho más que eso y creía que era una historia que había que dar a conocer”, afirma.

La vida de María Alivio recorre tres siglos. Nació el 26 de septiembre de 1899 en el caserío de Santullano, en el valle asturiano de Somiedo, en el seno de una humilde familia rural. Desde bien pequeña, la niña tuvo que trabajar en las faenas domésticas y agrícolas. Aunque su padre emigró a América en varias ocasiones para intentar mejorar la economía familiar, los frutos no fueron tan generosos como para permitirle regresar convertido en un rico indiano. Su afición al juego tampoco le ayudó a conservar el poco dinero reunido. En ese contexto de dificultad, a María Alivio no le quedó más opción que tomar una de las pocas alternativas que tenía una joven en aquel mundo rural: entrar como criada de familia adinerada.

Fue así como la muchacha comenzó a servir en la casa que el cacique local tenía en Aguasmestas. A Jorge Carrillo Menéndez se le quedaron grabados los comentarios que, muchas décadas más tarde, hizo su abuela en una ocasión al pasar cerca de aquella casa durante un viaje en coche: “Los días eran largos, el trabajo duro. Para la mujer del dueño, yo no existía, era como un mueble; ninguno de los dos era una buena persona”. Pero en aquel lugar María Alivio no solo iba a sufrir desprecio y explotación laboral; también viviría la pesadilla de la violencia sexual el día que el “amo” la violó por primera vez. Y no sería la última. La joven soportó aquellas agresiones con vergüenza y en soledad, sin el respaldo siquiera de unos padres que le exigían resignación para no perder el trabajo.

Hasta que quedó embarazada. Tenía 23 años y la única alternativa que le daban el cacique y el párroco era abortar. Sin embargo, María Alivio rechazó aquella salida por las convicciones religiosas que profesaba entonces y por el miedo a someterse a un aborto en las condiciones precarias y clandestinas de aquella época. Su decisión fue abandonar aquella casa tras arrancar a su dueño el compromiso de pagar los estudios de su futura hija. Y afrontar en soledad aquel embarazo, porque su familia la repudió al conocer la noticia.

Su destierro la condujo primero a Madrid y luego a Barcelona, donde se afincó a finales del verano de 1923. Una semana antes de Navidad nació Carmen. En la capital catalana, María Alivio se ganará la vida y criará a su hija limpiando casas, hasta que en 1929 entra a trabajar en un hotel. Luego, la vida de ambas se vería arrastrada por el vértigo de la historia de España: la proclamación de la República, la Revolución de Asturias y la proclamación del Estat Català, el triunfo del Frente Popular, la guerra civil.

Esta convulsa realidad fue acrecentando su conciencia y su compromiso político. Durante la guerra, la madre soltera compaginó su trabajo en el hotel —donde coincidió con brigadistas internacionales, intelectuales y políticos— con su colaboración en un hospital del Socorro Rojo Internacional. En ese tiempo mantendrá una breve pero intensa relación sentimental con Ivan, nombre de guerra de uno de los asesores soviéticos llegados a España. En enero de 1939, cuando las tropas nacionales están ya a las puertas de Barcelona, madre e hija emprenderán el camino al exilio en Francia. En su huida deberán sufrir los duros bombardeos de la aviación franquista sobre Figueres.

Pero la paz pronto dejará de ser un consuelo para sobrellevar la dura carga de la derrota. La invasión alemana volverá a obligarlas a tomar partido. Muy pronto ambas, junto con Alberto —un veterano comunista asturiano que se convertiría en la pareja de María Alivio—, comenzarán a colaborar con la resistencia. En 1943, en los momentos más duros de la lucha contra las tropas de Hitler, madre e hija ingresan en las filas del PCE. Acabada la guerra, la vida de María Alivio, siempre ligada al servicio doméstico, y la de su compañero Alberto se irán normalizando. No así la de Carmen, que intensificará su compromiso militante asumiendo nuevas responsabilidades en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). A finales de 1946, participó en Toulouse en la Conferencia de Mujeres Antifascistas, donde coincidió, entre otros, con Pablo Picasso. Unos meses más tarde, recibe una carta en la que se le propone trasladarse a París para trabajar en la sede de la JSU. Carmen no se lo pensará.

El trabajo que se le encomienda es muy delicado: fotografiar toda la documentación del Partido que llega clandestinamente desde España para archivar distintas copias en París y Praga. Esta nueva responsabilidad le obligará a pasar a la más absoluta clandestinidad, agravada a partir de 1950 cuando el gobierno francés declara ilegal al PCE e inicia una campaña de detenciones y deportaciones de militantes comunistas españoles. En ese ambiente de persecución, clandestinidad y lucha antifranquista, Carmen iniciará su relación con Santiago Carrillo, con quien se casará en 1949 y con el que tendrá tres hijos: Santiago, José y Jorge.

Es entonces cuando María Alivio decide contarle la verdad a su hija. Hasta los años 60 siempre le había dicho que su padre había muerto antes de que ella naciera. Ahora, cuando Carmen ha formado su propia familia, considera que ha llegado la hora de desvelarle el secreto de su violación. “Creo que mi abuela quiso proteger a su hija, evitarle un trauma que pudiera afectarle antes de consolidar su vida”, señala Carrillo Menéndez. Sin embargo, conocer aquella verdad tuvo un profundo impacto en Carmen. “Mi padre nos contó que ella llegó llorando tras conocer la historia. Él le dijo que María había sido una buena madre y que, aunque comprendía que para ella era traumático, para él aquello, evidentemente, no cambiaba nada”, señala.

Fue así como, por respeto a Carmen, la historia de aquella violación dejó de ser un secreto para convertirse en una losa de silencio. “Para mi madre era un tema inabordable. Yo, en alguna ocasión, después de morir mi abuela, la tanteé. Ella se quedó muy sorprendida de que yo lo supiera, pero no siguió hablando del tema”, recuerda. Jorge Carrillo Menéndez ha sido fiel a la voluntad de su madre y hasta después de su muerte, ocurrida en la madrugada del 19 de noviembre de 2019, no ha querido contar su historia.

Ahora rompe ese silencio con un libro que busca acercar a las nuevas generaciones la dura lucha clandestina antifranquista y reivindicar la memoria rebelde de su madre y de su abuela. También quiere subrayar la necesidad de combatir las agresiones sexuales que, como María Alivio, han sufrido y continúan sufriendo muchas mujeres. “Ahora hablamos de Julio Iglesias, como antes se ha hablado de otras celebridades como Gérard Depardieu. Pero hay un montón de sitios donde esto sigue ocurriendo. Es un tema que no ha desaparecido y es preciso seguir denunciando”.

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a once años y un día de prisión por violar en 2020 a una mujer que sufría una discapacidad intelectual, siendo consciente de esa circunstancia, después de que ambos concertasen una cita a través de WhatsApp, según ha informado EFE.

Según la sentencia, el procesado y la víctima quedaron en torno a las 13:00 horas del 5 de marzo de 2020 y pasaron la tarde juntos hasta que, sobre las 00:30 horas, cuando se encontraban en un descampado próximo a una de las paradas del tranvía de Benidorm, comenzaron a besarse de manera consentida por ambos.

No obstante, el tribunal considera probado que, a partir de ahí, el acusado actuó guiado por un ánimo libidinoso y, a sabiendas de la discapacidad que sufría la mujer, se prevalió de esa situación y de la especial vulnerabilidad que presentaba para violarla.

Y ello a pesar de que ella le manifestó que no quería, hasta que se quedó paralizada y en estado de shock. La víctima permaneció durante toda la noche junto a él. Al amanecer, aprovechó que el procesado estaba durmiendo para marcharse y regresar al centro en el que residía, donde relató lo sucedido.

El tribunal confiere toda credibilidad al testimonio de la mujer, a pesar de la ausencia de testigos de los hechos, al sostener que su relato había sido persistente desde el mismo momento en el que contó lo sucedido al personal del centro donde residía.

La Audiencia de Alicante considera al acusado autor de un delito de violación cometido a sabiendas de la especial vulnerabilidad de la víctima, por lo que le impone la pena de once años y un día de cárcel, además de otros 10 años de libertad vigilada y la medida de alejamiento respecto a la mujer a una distancia mínima de 500 metros durante otros 15 años.

También le condena a una pena de multa de tres meses con cuota diaria de 6 euros, así como al pago de una compensación de 280 euros por las lesiones ocasionadas a la víctima y de 10.000 euros por los daños morales causados. El fallo es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

Un cirujano plástico ha ingresado en prisión tras haber sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente, en el transcurso de una cirugía mamaria que llevaba a cabo en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia

Según ha informado este sábado el centro médico, los hechos ocurrieron el jueves 4 de diciembre cuando dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía.

En el vídeo, que ya obra en poder de la jueza encargada de la causa, se aprecia al médico penetrando, supuestamente, a la mujer, inmóvil al estar sedada, según informa Levante-emv.

Tras proceder al análisis de las pruebas, y dado que el hombre estaba plenamente identificado, los investigadores policiales se ocuparon de localizar al sospechoso, quien se encontraba en el domicilio de su madre, en Alicante.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del cirujano como presunto autor de un delito de agresión sexual. Fue trasladado a los calabozos de dependencias policiales, donde ha estado tres días detenido. La jueza, debido a la gravedad del delito que se le imputa y dados los indicios que había en contra del doctor, ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de agresión sexual, tal y como confirman fuentes judiciales.

El médico alquiló un quirófano para realizar la intervención a una paciente de su consulta privada, situada en Alicante, y no pertenece al equipo médico de IMED Hospitales, aclara la compañía.

En su comunicado, IMED subraya que ha denunciado los hechos, ha mostrado su total apoyo a las profesionales que detectaron este comportamiento delictivo y mantiene una colaboración absoluta con las autoridades y con la justicia para el esclarecimiento de los hechos.

El grupo médico, ante la gravedad de lo ocurrido, estudia personarse en la causa.

El Tribunal Supremo ha ratificado en una sentencia con fecha de 16 de octubre la condena de un marinero alumno de la Escuela de Especialidades de la Armada 'Antonio de Escaño' de Ferrol por agresión sexual a una compañera. La sentencia establece la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio de Defensa en el pago de la indemnización a la víctima por considerar que fuera de las instalaciones de la escuela los alumnos siguen ligados "al ejercicio de sus funciones" y "todo aquello que realicen durante el período de descanso, aun en el exterior de las instalaciones del centro docente, lo harán estando de servicio".

Los hechos ocurrieron a comienzos de 2023 y la sentencia es la tercera del Supremo en dos años por delitos similares cometidos por otros condenados también contra compañeras a principios y finales de 2021, respectivamente. En todos los casos la justicia estableció la responsabilidad subsidiaria del Estado.

La sentencia del Supremo, ahora hecha pública, ratifica como hechos probados que el marinero condenado mantenía una relación de amistad con una compañera cuando a comienzos de 2023 intentó que pasara a más sin que ella así lo quisiera. En ese momento el marinero comenzó a ser "insistente y reiterativo en sus comunicaciones telefónicas", y encontrándose con un grupo de compañeros en un bar le tocó las nalgas "en repetidas ocasiones". 

La víctima se marchó del local, pero el hombre volvió a coincidir con ella y de manera agresiva le dijo "hija de puta, te voy a matar", ante lo que otros marineros la acompañaron a su casa. En meses posteriores, el condenado se dirigió también a la pareja de la víctima con expresiones ofensivas. 

Por estos hechos, el hombre fue condenado por delitos de agresión sexual y coacción, primero por el Tribunal Militar Territorial de A Coruña el 12 de febrero de 2025, sentencia que ahora ratifica el Tribunal Supremo. La condena, de dos años y medio de cárcel por agresión sexual y coacciones, incluye una indemnización por daño moral de 5.000 euros con responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio de Defensa.

Antes de esta sentencia, el 19 de junio de 2023 el Supremo ratificó otra condena por abuso sexual de otro marinero de la misma escuela, Antonio Escaño de Ferrol, por hechos cometidos contra otra compañera en octubre de 2021. La sentencia recién publicada hace referencia a la sentencia anterior para justificar que el Ministerio de Defensa sea considerado responsable civil subsidiario por considerar que fuera de las instalaciones los alumnos también cumplen funciones militares.

En el caso anterior, los hechos probados señalaron que, tras consumir alcohol en un local con otros compañeros, el hombre llevó a la víctima a su casa. Allí tuvo con ella "sin su consentimiento", por su "profunda embriaguez", "un acceso carnal, teniéndola a su merced, consistente en penetración vaginal". 

Por esos hechos, el hombre fue condenado primero por el Tribunal Militar de A Coruña el 1 de diciembre de 2022, sentencia que el Supremo ratificó en junio de 2023. En cuyo caso, además de siete años de cárcel, fue establecida una indemnización de 25.000 euros con responsabilidad subsidiaria del Estado. 

Pero el Supremo ya se había pronunciado también sobre un tercer caso, ratificando el 11 de mayo de 2023 otra condena por agresión sexual de un sargento alumno de tercer curso por violar a una subordinada de primer curso en las propias instalaciones del centro militar en mayo de 2021.

En aquella ocasión, el agresor y la agredida habían iniciado por mutua voluntad un encuentro sexual en un salón común de la escuela militar. Hasta que otro compañero entró en la sala a recoger un ordenador y los interrumpió, momento en el que la víctima "decide poner fin al encuentro". Pero el agresor "no acepta la negativa" y "contra su voluntad, es penetrada vaginalmente". Después el agresor le envió un mensaje amenazante: “Entérate mañana, más te conviene no decir nada, cuanto menos sepa la gente mejor”.

Por esos hechos, el hombre fue condenado a siete años de cadena, primero por el Tribunal Militar de A Coruña el 17 de junio de 2022, sentencia que el Supremo ratificó en mayo de 2023. En aquella ocasión, también se estableció una indemnización de 30.000 euros con responsabilidad civil subsidiaria del Estado. 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles de que denunció al hombre que la acosó el pasado martes mientras realizaba un recorrido a pie por el centro histórico de la capital mexicana. Los hechos ocurrieron cuando la mandataria caminaba y saludaba a ciudadanos a unos metros de Palacio Nacional, en la capital mexicana.

El sujeto, aparentemente ebrio y quien intentó besar por la espalda a la mandataria, fue detenido por el equipo de seguridad de la presidenta mexicana que, según videos, se mostró tensa tras el episodio. “Presenté la denuncia, una querella, que mandé por escrito a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmarla ante Ministerio Público”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Horas más tarde, autoridades federales, que remitieron al Registro Nacional de Detenciones, confirmaron que el sujeto que acosó a Sheinbaum, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Sheinbaum señaló que no fue consciente de lo que estaba pasando hasta que su equipo de seguridad apartó al hombre que iba “totalmente alcoholizado” y posteriormente cuando “veo los vídeos”. “Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie”, sentenció.

Por ello, anunció que revisarán si el acoso está categorizado como delito penal en todos los estados, además de lanzar una campaña centrada en “el respeto por la mujer en todos los sentidos”. “Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país”, lamentó Sheinbaum. Asimismo, animó al resto de las mujeres que sufran algún tipo de acoso a denunciar estas cuestiones y no dejarlo pasar. La presidenta expuso que no es la primera vez que sufre este delito y recordó cómo a los 12 años sufrió acoso en el transporte público.

Sobre su protección expresó que "no piensa reforzar la seguridad". "No vamos a cambiar la manera en que vivimos. No podemos estar lejos de la gente. Eso sería negar de dónde venimos. Nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente", reconoció.

Sheinbaum tenía previsto asistir a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo que decidió trasladarse a pie, ya que se encuentra a unas calles del Palacio.

En México, el porcentaje de mujeres que han sufrido acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación es del 15,5%, cinco veces mayor que el de los hombres, 3,2%, según una encuesta de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Más del 70% de las mexicanas mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, como psicológica (52%), física (35%) o sexual (48%), según datos del Inegi. No obstante, organizaciones y autoridades estiman un subregistro o ‘cifra negra’ de más del 90% por casos que no se denuncian. 

El Tribunal de Apelación de Nimes, al sur de Francia, condenó a Husamettin Dogan a 10 años de prisión, uno más que en primera instancia, según ha informado EFE, por haber violado a Gisèle Pelicot aprovechando que su entonces marido, Dominique Pelicot, la había drogado con somníferos la noche del 28 al 29 de junio de 2019.

La corte endureció así la condena de hace un año que ya obtuvo en primera instancia este hombre de 44 años, padre y obrero de profesión, el único que recurrió la sentencia en la que también fueron declarados culpables 50 hombres más por agresión sexual y violación bajo sumisión química. 

El tribunal consideró probada la culpabilidad de Husamettin Dogan al acudir al pueblo de Mazan (sur de Francia), donde residía la victima junto a su entonces marido, violarla y hacerlo bajo sumisión química, aprovechando que la mujer estaba completamente dormida por las grandes cantidades de somníferos y ansiolíticos que le administraba el exmarido, Dominique Pelicot, a escondidas. 

La decisión fue tomada en apenas tres minutos por un jurado popular formado por nueve miembros, cinco hombres y cuatro mujeres, además de dos magistrados profesionales y el presidente, Christian Pasta.

A la salida, Gisèle Pelicot, que no hizo declaraciones a la prensa, fue ovacionada por un grupo de personas que se concentraron en el exterior del tribunal, a la que ella respondió alzando la mano en señal de agradecimiento.

Esta mañana la defensa de Husamettin Dogan reclamó clemencia alegando que su cliente estaba completamente manipulado por el exmarido de la víctima y cerebro del plan, Dominique Pelicot, y que por eso no pudo ser responsable de sus actos.

“El señor Dogan no podía luchar contra Dominique Pelicot, no más que Gisèle Pelicot”, dijo su abogada, Sylvie Menvielle, mientras que su otro letrado, Jean-Marc Darrigade, pidió al jurado que le diesen el beneficio de la duda.

El miércoles por la tarde presentó su alegato la parte civil. Los abogados que representan a Gisèle Pelicot mostraron total confianza en que el violador sería condenado de nuevo.

"No hay ninguna dificultad para constatar el delito en este juicio", afirmó Stéphane Babonneau, quien recordó que la violación quedó documentada por los vídeos y fotografías que tomó el exmarido.

 “Estos vídeos han salvado la vida de Gisèle Pelicot", añadió Antoine Camus.

Fueron 14 vídeos de alrededor media hora en total que resultaron clave para probar la culpabilidad del violador. 

En ellos se ve cómo Husamettin Dogan se sirve del cuerpo inerte de Gisèle Pelicot, completamente anestesiada por los ansiolíticos que le daba a escondidas su exmarido, como si fuera un objeto.

Múltiples penetraciones en la cama de la expareja, que al jubilarse se mudó de la región parisina al pueblo sureño de Mazan, de 6.000 habitantes. 

Los centenares de violaciones que sufrió la víctima de 2011 a 2020 le han dejado secuelas de por vida. Está pendiente de conocer si padece cáncer como consecuencia de las enfermedades de transmisión sexual que contrajo. 

A pesar de la brutalidad de las violaciones, mostradas en público en el tribunal por decisión expresa de la víctima, Babonneau quiso reconfortar a su clienta. “Usted no ha perdido ni la dignidad ni humanidad, sino su consciencia. Quienes han perdido la dignidad son sus violadores".

El delantero Rafa Mir, que esta campaña juega en el Elche cedido por el Sevilla, ha sido procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia y se le impuesto una fianza de 12.500 euros para hacer frente a una eventual condena, según confirmaron este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, según informa EFE.

También ha sido procesado por un delito de agresión sexual el igualmente futbolista Pablo Jara, al que se la impuesto una fianza de cinco mil euros. Ambos están citados para hacer una "declaración indagatoria" el próximo lunes 13 de octubre, aunque en el caso de Mir y a petición de su abogado lo hará telemáticamente.

La instructora entiende que, de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa, existen indicios y no meras sospechas que apuntan a que Mir, que entonces jugaba cedido por el Sevilla en el Valencia, agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos mujeres a las que él, Jara y otro amigo, habían conocido previamente en una discoteca de Valencia.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en el domicilio de Mir en una urbanización de Bétera (Valencia), concretamente en la piscina y en un cuarto de baño.

La juez también aprecia indicios de comisión de un delito de agresión sexual sin acceso carnal y de un delito leve de lesiones por parte de Jara, respecto a una segunda mujer. 

En septiembre de 2024, la Policía detuvo a Mir y a Jara tras la denuncia que presentaron dos mujeres, que aseguraron que se trasladaron a casa del futbolista después de que se conocieron en una discoteca, que Mir agredió sexualmente a una de ellas y que Jara había realizado tocamientos y agredido a la otra tras negarse a tener relaciones sexuales con él.

Mir, que pasó dos noches detenido en el cuartel de la Guardia Civil, reconoció en su comparecencia ante la juez haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante pero defendió que fueron consentidas.

Ambas mujeres denunciaron que, tras esos hechos, y después de conseguir zafarse de los futbolistas, estos les echaron de la casa en ropa interior y les tiraron el resto de sus vestimentas por encima de la valla.

Un vecino de la urbanización llamó a la Policía de Bétera al oír gritos y ver a las dos chicas desorientadas y en la calle.

Husamettin D., el único de los 51 hombres condenados por agredir sexualmente y violar a Gisèle Pelicot que recurrió la sentencia, negó este miércoles los hechos y las pruebas en su contra, al asegurar que él también es una víctima del exmarido, Dominique Pelicot, el cerebro del plan.

“¡Este hombre es un psicópata, caí en su trampa!”, exclamó el acusado, de 44 años, que declaró este miércoles en la tercera jornada del juicio en apelación que tiene lugar en Nimes, al sur de Francia.

A lo largo de su interrogatorio Husamettin D. mantuvo un discurso contradictorio en sus respuestas ante el tribunal, los abogados de la víctima y el fiscal.

Reconoció como su víctima a Gisèle Pelicot, pero luego lo negó. Igualmente, aseguró que los tres consintieron la práctica sexual, pero más tarde admitió que en ningún momento la víctima accedió a ellas, al estar completamente inconsciente.

Del mismo modo, contestó los 14 vídeos de los hechos -de unos 30 minutos de duración en total- que grabó Dominique Pelicot en la noche del 28 al 29 de junio de 2019, cuando el acusado acudió al hogar de la expareja, en un pueblo de 6.000 habitantes llamado Mazan, del sur de Francia.

Unas pruebas que ya le condujeron en diciembre a una primera condena de nueve años de prisión por el delito de violación.

Las grabaciones permiten constatar que la víctima está completamente inerte en la cama, incapaz de reaccionar a las violaciones a las que fue sometida por ambos hombres.

En ellos se ve cómo Husamettin D. penetra en múltiples ocasiones a Gisèle Pelicot, a la que van moviendo como a un objeto para cambiar de posición. En algunos momentos incluso se la escucha roncar.

Stéphane Babonneau, uno de los abogados de la víctima, le preguntó al acusado si consideraba que estaba en una fase de negación de la realidad, incapaz de asumir los hechos. “No”, respondió simplemente.

Dos encapuchados han asaltado y golpeado a tres menores migrantes no acompañados en las inmediaciones del centro de acogida de Hortaleza, en la ciudad de Madrid, tras la detención de un residente de este centro por una violación a una menor el pasado viernes, según recoge EFE.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado en rueda de prensa de la agresión, ocurrida en la noche de este domingo, y ha explicado que uno de los agredidos tuvo que ser atendido en el hospital, si bien ya ha sido dado de alta. La Policía Nacional está investigando los hechos sin que hasta el momento haya detenido a ninguno de los autores.

El delegado del Gobierno ha aprovechado para alertar del peligro que supone "criminalizar a colectivos vulnerables" porque cree que los "discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio como el de ayer noche" a los menores del centro de Hortaleza.

Martín ha condenado esta agresión, además de la "brutal agresión sexual" que cometió uno de los menores de este centro en el parque Clara Eugenia del distrito de Hortaleza en la madrugada del sábado. El delegado ha calificado de "aberración” la violación de la menor, ha dicho que cuenta con toda su "repulsa" y ha felicitado a la Policía Nacional por la detención inmediata del presunto autor.

La investigación está en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que no ha informado de la edad del agresor ni de la víctima. Martín ha añadido que deben seguir investigando los hechos y ha pedido que se analicen las circunstancias y el hecho de que el menor estuviera fuera del centro a altas horas de la madrugada. En esta línea, el delegado ha dicho que lleva tiempo “señalando las importantes deficiencias” de estos centros, competencia de la Comunidad de Madrid.

Ante esta agresión, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes que la menor víctima de una presuntamente violación este fin de semana en el distrito madrileño de Hortaleza es "víctima" de las políticas migratorias de Pedro Sánchez y del bipartidismo. En rueda de prensa en la sede de su partido, ha adelantado que su partido protestará frente al centro de menores del distrito madrileño de Hortaleza del que procedía el menor detenido este fin de semana como presunto autor de una violación a una menor.

Para el líder de Vox, su partido es el único que está al lado del pueblo que "sufre esta invasión patrocinada por el 'establishment' en España y en Europa". Se ha referido al mensaje en X de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que criticaba a Sánchez por "multiplicar" la llegada de menores inmigrantes "cada vez más agresivos", y ha afirmado que en el asunto migratorio y de la acogida de los inmigrantes "ilegales" en Madrid, el discurso de la líder del PP madrileño ha sido la "estafa perfeccionada".

Ha denunciado además el coste que supone el ingreso en centros de menores inmigrantes y se ha preguntado por qué es más elevado que el de un mayor en una residencia de ancianos. "Son muchas las organizaciones no gubernamentales que dependen de diferentes instituciones públicas y privadas que se lucran con este negocio", ha agregado, antes de referirse, como ejemplo, a Open Arms, al que ha vuelto a calificar como "ese barco negrero esclavista que colabora con las mafias del tráfico de personas para continuar con la invasión islamista de Europa".

Abascal ha anunciado además que su partido está estudiando acciones legales contra todos aquellos que están trabajando para "facilitar" la inmigración ilegal. Acciones que también estudian, ha indicado, para iniciar una "macrocausa" que investigue todas las responsabilidades políticas y criminales ante los incendios que han asolado España este verano.

Un jurado popular halló culpable este miércoles al otrora productor estrella de Hollywood Harvey Weinstein de un delito de agresión sexual en primer grado contra una antigua asistenta de producción, llamada Miriam Haley, que lo acusó de practicarle sexo oral a la fuerza en 2006, según informa EFE.

Weinstein, que ya fue condenado en este Tribunal Supremo del estado de Nueva York hace un lustro, podría enfrentar un máximo de 25 años de cárcel por dicho cargo.

El veredicto de este miércoles fue alcanzado tras una turbulenta sesión que hizo perder los nervios a Weinstein, quien con voz ronca dijo ser víctima de un juicio injusto y pidió en voz alta encontrar un jurado diferente y repetir el juicio.

Y es que, fruto de las profundas diferencias internas, el jurado halló a Weinstein no culpable del otro delito de agresión sexual en primer grado al que se enfrentaba -el relativo a la demanda de la modelo Kaja Sokola- y todavía continuará deliberando este jueves para consensuar un veredicto sobre el cargo restante de violación en tercer grado que también se le imputa. Ese cargo de violación en tercer grado -que implica hasta cuatro de años de cárcel por no conllevar componente de fuerza- involucra a la actriz Jessica Mann, que afirmó ser violada por Weinstein en un hotel de Nueva York en 2013.

El magnate audiovisual fue sentenciado en 2020 a 23 años de prisión por las denuncias de Haley y Mann, pero esa condena fue revocada por un estrecho margen de 4-3 hace poco más de un año en un tribunal de apelaciones alegando un error procesal. A este nuevo proceso se sumó Sokola, una mujer polaca que conoció a Weinstein cuando era una joven modelo y que asegura que Weinstein también la obligó a practicarle sexo oral en 2006.

Este miércoles, y como ha sucedido durante la totalidad de este nuevo juicio, Weinstein se mostró calmado desde su silla de ruedas en la sala del tribunal mientras escuchaba los dos veredictos.

El proceso de deliberación del jurado ha estado cargado de incertidumbre y polémica desde el primer día, y a resultas de eso, el jurado no ha consensuado aún un veredicto para el cargo de violación en tercer grado y que tengan que regresar el jueves a la corte para continuar con las sesiones de reflexión conjunta.

Pero el súmum de esta situación se vivió este mismo miércoles, cuando el presidente del jurado, apenas una hora antes de que se alcanzaran los dos primeros veredictos por unanimidad, reportara amenazas a su integridad física y asegurara que se estaban considerando hechos no juzgados en el proceso. "No puedo volver allí con los demás jurados", le dijo el presidente del jurado al juez encargado Curtis Farber.

Entonces se produjo un encuentro en privado, con el juez, fiscales y defensa de Weinstein -quien se ausentó en ese momento- presentes y fuera del alcanza de la prensa. Farber explicó después -todo justo antes del veredicto- que el presidente le había trasladado que "al menos otro miembro del jurado" lo amenazó con violencia física con palabras como "te veré afuera en algún momento".

Ese mismo hombre se había quejado el lunes de que otros miembros del jurado presionaban a la gente para que cambiara de opinión y hablaban de información que no tenía relación con los cargos. "No es la primera vez que esto es denunciado durante el proceso. El juez les dice que vuelvan a reunirse y que no hablen en público en vez de identificar quién es la persona que está amedrentando a los demás. Usted (el juez) debe representar al estado de Nueva York y está permitiendo esto", espetó el polémico abogado defensor Arthur Aidala, en representación de Weinstein, al juez Farber.

Incluso le pidió al magistrado que declarara nulo el juicio, petición que desestimó para expresar que "es normal que pasen estas cosas en un proceso que no es prototípico". "Han sido muchas sesiones de juicio, semanas de tensión con relatos muy diferentes. Esto podía pasar, pero no voy a permitir nada que vaya contra la ley ni contra los derechos del señor Weinstein", aseveró Farber antes de que se pronunciaran los dos veredictos, que extrañamente llegaron apenas unos minutos después de todo ese revuelo.

En esos minutos de caos en la sala, Weinstein tomó la palabra con voz ronca para insistir en que se le permita tener "un juicio justo", que se anule este y que se encuentre un jurado diferente para un nuevo proceso. "Lo que está ocurriendo en esa sala de deliberación no tiene nada que ver con el juicio. No estoy teniendo un juicio justo. Es tiempo de acabar esto, encontrar un jurado diferente sin peleas ni amenazas, y comenzar un nuevo juicio", afirmó el oscarizado productor.

Weinstein ha permanecido todo el juicio -a excepción de su asistencia a las sesiones- recluido en la prisión del hospital neoyorquino Bellevue debido a la leucemia y problema cardíacos que padece.

Más allá de este veredicto, a sus 73 años cumple desde 2022 otra condena de 16 años por violación y agresión sexual en Los Ángeles.

El excirujano Joël Le Scouarnec, considerado el mayor pederasta de Francia, fue condenado este miércoles a 20 años de cárcel por agresiones y abusos sexuales a 299 víctimas, la mayoría menores de edad, según informa EFE.

Le Scouarnec, de 74 años, fue reconocido culpable de prácticamente todos los cargos por el Tribunal de lo Criminal de Vannes (Bretaña, oeste) y sentenciado al máximo posible en Francia por delitos graves de violación. 

La sentencia establece un cumplimiento mínimo de dos tercios de la pena y prohíbe al condenado cualquier tipo de actividad con un menor durante el resto de su vida. 

La presidenta del tribunal, Aude Buresi, argumentó que se impuso la pena más severa por delitos sexuales por la gravedad de los delitos y el "comportamiento obsesivo" del reo, que tenía una forma de actuar "depredadora" y se encarnizaba con sus víctimas

Buresi explicó que, a pesar de la avanzada edad del reo, el cumplimiento de dos tercios de la pena se considera adecuado porque no se puede saber qué ocurriría si estuviera en presencia de niños. 

 El condenado escuchó la pena de pie, mirando a la magistrada, sin hacer comentarios y sin reacción aparente, en una sesión que apenas duró trece minutos para la lectura de las conclusiones del tribunal.

Álvaro Aguado, el futbolista del Espanyol investigado por violación, ha asegurado ante la jueza que supo por el club que una empleada lo había denunciado por agredirla sexualmente en una discoteca, sin que se adoptara ninguna medida contra él ni se activara el protocolo previsto para esos casos, recoge EFE.

Según han informado fuentes jurídicas, el futbolista ha declarado este miércoles como imputado durante algo más de una hora ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la denuncia presentada por una empleada del club que le acusa de violarla en junio de 2024 en el baño de la discoteca Opium de Barcelona.

La mujer, que sigue trabajando en el Espanyol, ratificó la semana pasada ante el juzgado la denuncia por violación que presentó ante los Mossos d'Esquadra, en la que relata una agresión sexual con penetración perpetrada por Aguado en un baño de la citada discoteca, sobre la que sus abogadas informaron al club tras acudir a los Mossos d'Esquadra.

Por su parte, el futbolista, de 28 años, se ha negado a responder este miércoles a la acusación particular ejercida por la víctima y, a preguntas de su defensa, la jueza instructora y la Fiscalía, ha aducido que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la denunciante, a la que asegura conoció en la fiesta de la discoteca ese mismo día.

Según el jugador, tuvo constancia de que la mujer lo había denunciado porque se lo comunicó el club, después de que las abogadas de la denunciante se lo hicieran saber a los responsables del Espanyol.

Asimismo, a preguntas de la jueza instructora, ha reconocido que el club no adoptó ninguna medida en relación con él una vez supo de la denuncia por agresión sexual presentada por una trabajadora ni activó los mecanismos previstos en el protocolo previsto por el Espanyol para casos de acoso o violencia sexual.

La víctima, representada por la abogada Sonia Ricondo, mantiene en su denuncia que el jugador la violó en un baño de la discoteca Opium la noche de 23 de junio de 2024, en el transcurso de una fiesta que el club había organizado de forma informal para celebrar que el Espanyol había logrado el ascenso a Primera División.

La discoteca no conserva ya las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto, que podrían haber arrojado luz sobre lo sucedido en los momentos previos y posteriores a los hechos denunciados, dado que los vídeos se borraron una vez transcurrido el tiempo prudencial de seguridad. 

Por ese motivo, en la causa resultará clave la declaración de los testigos, la mayoría de ellos asistentes a la fiesta de Opium, que está previsto que la magistrada cite a declarar próximamente.

Consultado por EFE, el Espanyol ha ratificado que comunicó los hechos al jugador cuando fueron informados de la denuncia y ha justificado que no se hayan tomado medidas contra él aduciendo respeto a la presunción de inocencia.

Asimismo, fuentes del Espanyol han recordado que los hechos investigados no ocurrieron ni en el club ni en ninguna actividad organizada por el Espanyol.

Tampoco la discoteca Opium activó los protocolos previstos ante posibles agresiones sexuales ocurridas en el establecimiento, dado que la denunciante no comunicó lo sucedido al personal del local esa misma la noche.

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la absolución del futbolista Dani Alves en un escrito en el que reprocha a la sala que lo exculpó haber "condenado moralmente" a la víctima al cuestionar su fiabilidad, mediante una interpretación "completamente cruel y arbitraria" de una prueba biológica clave, informa EFE.

En su escrito, el fiscal del Supremo Fidel Cadena sostiene que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) interpreta erróneamente una prueba biológica cuando afirma que la denunciante tenía restos de semen -esmegma- de Alves en la boca, lo que contradice la versión de la joven de que no practicó ninguna felación al futbolista.

Para el ministerio público, esa conclusión del TSJC -que fue clave en la absolución de Alves- es equivocada, dado que los informes periciales "dejan claro" que la presencia de ADN del acusado en la boca de la joven "puede deberse a besos, bebida compartida o contacto con células epiteliales distintas del pene".

Según el fiscal, "la valoración de la prueba pericial, la anulación de la fiabilidad del testigo" y la introducción de la hipótesis de la felación "contra cualquier principio científico" es "completamente arbitraria y cruel para la joven, a la que se condena moralmente y se convierte en no fiable".

Seis hombres de entre 21 y 39 años han sido detenidos por su presunta implicación en una agresión sexual grupal denunciada por una joven en el municipio de Telde, Gran Canaria, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Canarias y ha recogido EFE.

Según el comunicado policial, los hechos ocurrieron el pasado 16 de marzo en el interior de una nave industrial situada en la localidad teldense de El Goro, y la investigación comenzó tras la denuncia interpuesta por el padre y la pareja de la víctima, de 19 años, después de que esta les relatara lo sucedido visiblemente alterada y aturdida.

La joven fue atendida en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, que activó de inmediato el protocolo de actuación ante casos de agresión sexual. Hasta allí se desplazó una agente de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) y se entrevistó con la víctima, quien le manifestó que, aunque no recordaba con claridad todos los detalles, ya que había consumido sustancias y estaba semiinconsciente, sí que supo que había sido agredida sexualmente por al menos tres hombres.

Gracias a la declaración de la víctima y a la colaboración de testigos de lo ocurrido, la Policía Nacional pudo identificar a los presuntos autores de esta agresión sexual grupal, deteniendo a seis varones, todos ellos de nacionalidad cubana y en situación irregular en el país. Tras finalizar las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional ha recordado a través de este comunicado la importancia de denunciar cualquier tipo de violencia sexual, así como su firme compromiso en defensa de las víctimas.

La Fiscalía Superior de Cataluña presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que absuelve al futbolista Dani Alves de la violación de una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, en diciembre de 2022. Según ha informado en una nota de prensa, el ministerio público ha formalizado este miércoles ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el anuncio del recurso, que corresponderá presentar a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El recurso se basará en que la sentencia del TSJC que revoca la condena de cuatro años y medio de prisión que la Audiencia de Barcelona impuso a Alves infringe preceptos constitucionales y principios del Código Penal.

La Fiscalía, de hecho, ya había recurrido la condena de Alves pero en el sentido contrario a la resolución del TSJC: pedía que se le elevara la pena a nueve años de prisión al cuestionar que se le aplicara la atenuante de reparación del daño por los 150.000 euros que entregó al juzgado para cubrir una futura indemnización a la víctima.

También la acusación particular, ejercida por la abogada Ester García, anunció el pasado viernes su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, aunque pendiente de valorar si la denunciante está en disposición de sobrellevar el desgaste "emocional" que supone seguir adelante con el caso, teniendo en cuenta que el alto tribunal puede tardar más de un año en resolver.

La Fiscalía fundamenta su recurso de casación en los únicos resquicios legales que le facultan a apelar la sentencia -vulneración de preceptos legales o constitucionales- dado que el Supremo no puede revisar las pruebas de un proceso penal, incluidas las testificales o la documentación.

Precisamente, la documentación del caso -y en concreto el vídeo de los momentos previos a los hechos que muestran a la denunciante y a Alves bailando y charlando en un reservado de la discoteca Sutton- ha resultado clave en la decisión del TSJC de absolver a Dani Alves, dado que la sala estima que el testimonio de la joven no es fiable.

El margen del Supremo para revisar la sentencia de Alves es, sin embargo, limitado: de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no puede imponer una condena a un fallo absolutorio de una instancia inferior. Por ese motivo, en el caso de apreciar que la absolución acordada por el TSJC está basada en argumentos erróneos, puede ordenar que un tribunal de composición distinta dicte una nueva sentencia, han explicado a EFE fuentes jurídicas.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad una declaración en la que muestra su apoyo a todos los jueces implicados en el caso de Dani Alves y advierte a los políticos de que es su responsabilidad preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El órgano de gobierno de los jueces se ha pronunciado en estos términos ante las críticas recibidas por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que han anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó a Alves por violar a una joven, una decisión tachada de "vergüenza" por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

"Es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones", apunta al respecto el CGPJ.

La resolución del CGPJ muestra su confianza en la profesionalidad y capacitación técnica de las magistradas y los magistrados intervinientes en el caso, tanto de la Audiencia de Barcelona como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y les traslada "todo su apoyo con independencia del sentido de sus decisiones".

Montero, además, criticó que "todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos". Sobre estas afirmaciones, el órgano de gobierno de los jueces destaca que "la protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental".

Recuerda, además, que "la revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores forma parte de la normalidad del Estado de Derecho" dejando claro que "el sistema de recursos se establece para buscar el acierto de la decisión última". Y en este caso "la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no escapa a este principio" y también "está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales".

Al margen del Consejo, este lunes todas las asociaciones de jueces y fiscales han pedido respeto a la independencia judicial y han reclamado a los representantes públicos que eviten comentarios que puedan socavar la confianza en el sistema, en alusión a Montero.