Los cursos de recuperación parcial de puntos del carné de conducir tendrán una duración de 10 horas lectivas frente a las 12 actuales que permitirán obtener 4 puntos (dos menos que ahora) y la parte específica que se realiza de forma individualizada en función del perfil del conductor se podrá seguir online, según informa EFE.

Estas son las principales novedades recogidas en la orden ministerial por la que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia que han perdido parcial o totalmente los puntos, que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que realiza una revisión completa de los mismos tras 20 años de vigencia del carné por puntos.

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial establece dos tipos de cursos: los de recuperación parcial de puntos y los de recuperación del permiso o licencia de conducción.

En el primer caso, la duración mínima de estos cursos será de 10 horas, 7 de ellas para la parte común: 4 destinadas a formación general, una de dinámica de grupo dirigida por psicólogos-formadores, otra para testimonios de víctimas y una última hora de contenido variable. El tiempo destinado a las dinámicas de grupo se ha aumentado por considerar que los alumnos interiorizan mejor los mensajes, mientras que la participación de víctimas se establece con carácter preceptiva.

El motivo de la reducción de horas lectivas tiene que ver con la próxima aprobación de los cursos de conducción segura y eficiente que permitirán recuperar también puntos y que tendrán un carácter mucho más práctico, han precisado a EFE fuentes de la DGT. Las 3 horas restantes hasta 10 son para la formación específica, que será individualizada en función del perfil infractor del conductor y se podrá seguir online mediante teleformación o aula virtual.

Se establecen nuevos perfiles relacionados con las distracciones o las conductas imprudentes en motoristas, pero también con la velocidad, el alcohol y otras drogas. La realización de este curso permitirá al conductor recuperar 4 puntos, sin que en ningún caso pueda obtener más de los que haya perdido.

Solo se puede realizar una vez cada dos años, excepto los conductores profesionales que pueden hacerlo una vez al año, periodicidad que no ha cambiado. Respecto a los cambios en el curso de recuperación del carné, la duración mínima será de 20 horas frente a las 24 actuales: 16 para la parte común (9 de formación general, 4 de dinámica de grupo, 1 para una víctima y 2 de contenido variable).

La parte específica tendrá una duración de 4 horas, que también es individualizada en función del perfil infractor de cada conductor.

La DGT recuerda que están obligados a realizar este curso los conductores que han perdido su saldo de puntos y los que han sido condenados por sentencia judicial con privación del derecho a conducir. Además, deberán superar un examen para volver a obtener el carné.

La orden ministerial entra en vigor el 4 de noviembre y los cursos anteriores a esta fecha se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse. A día de hoy, ya hay más de 900 centros, dentro del ámbito de DGT, que imparten estos cursos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha suspendido temporalmente, hasta nuevo aviso, los exámenes teóricos y prácticos –de todas las categorías de vehículos– para la obtención del permiso de conducción en todas las Jefaturas provinciales de tráfico a partir del lunes 16 de marzo.

La medida ya se adoptó este 12 de marzo en las jefaturas de las Comunidades de Madrid, La Rioja y de la provincia de Álava, por lo que este viernes no se están realizando exámenes en estas regiones, como señala la DGT que precisa que, con esta decisión, ha decidido ampliar las medidas de prevención en aplicación del protocolo de actuación frente a la exposición al covid-19.

Por ello, se han suspendido también los cursos de sensibilización y recuperación de puntos, medidas que se han tomado de común acuerdo con el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, (CNAE).

En cuanto a la atención presencial a los ciudadanos en las Jefaturas provinciales y locales de tráfico, la DGT detalla que se realizará manteniendo servicios esenciales, en función de las necesidades particulares de cada una de las jefaturas.

Trámites por otras vías

Mientras, el servicio público al ciudadano se seguirá realizando a través de la atención telefónica y telemática, ya que un número importante de gestiones administrativas relacionadas con vehículos y conductores se pueden realizar a través del teléfono 060, la sede electrónica del organismo y a través de colaboradores terceros, como precisa la DGT.

En relación con el permiso de conducir, no es necesario acudir a una Jefatura para poder tramitar la renovación, el duplicado, el permiso internacional, el cambio de domicilio (para notificaciones) y la consulta de saldo de puntos.

También hay alternativas a la hora de realizar trámites relacionados con vehículos: matriculaciones, duplicados de permiso de circulación, cambio del domicilio fiscal del vehículo (personas físicas), informe de vehículos, designación de conductor habitual y baja definitiva de vehículos.

Igualmente, por otros medios se puede tramitar el pago de multas y la presentación de alegaciones y recursos para la identificación del conductor en denuncias, así como la adquisición de distintivos ambientales y la solicitud de cita previa.

Por último, se ha decidido levantar las restricciones a la circulación de vehículos de transporte de mercancías desde el 14 al 28 de marzo, prorrogable en función de la evolución de la situación, como medida para garantizar el suministro de bienes esenciales y abastecimiento a las ciudades.

La DGT recuerda que anualmente establece restricciones de circulación a este tipo de vehículos por razones de seguridad vial, movilidad y de fluidez durante los fines de semana y días de operaciones especiales de tráfico.

Esta medida se ha adoptado en coordinación con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y se ha dado a conocer a las asociaciones de transporte.

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este martes que las mujeres podrán empezar a conducir con permisos oficiales a partir del 24 de junio, una vez puesta marcha la legislación que regula el sistema de autoescuelas y licencias.

El director del Departamento General de Tráfico, Mohamed bin Abdulá al Basami, ha confirmado que todos los requisitos "han sido finalizados", según un comunicado del Gobierno publicado por el Centro Internacional para las Comunicaciones (CIC).

Asimismo, ha resaltado el "apoyo" recibido por el Departamento que encabeza por parte del ministro del Interior, Abdulaziz bin Saud bin Neyef, y por el resto de instituciones, al tiempo que ha dicho que ello "ha permitido superar todos los obstáculos".

El rey Salmán de Arabia Saudí anunció en septiembre de 2017 que las mujeres podrían conducir en el país, tras lo que las autoridades han aclarado que para ello tendrán que tener al menos 18 años, pasar exámenes médicos y pruebas teóricas y prácticas.

El monarca puso fin así a la prohibición de facto que rige sobre las mujeres, ya que las leyes no vetan expresamente que las mujeres conduzcan, pero los ciudadanos del reino están obligados a tener una licencia que las autoridades sólo conceden a los hombres.

En su decreto, el rey Salmán mencionó expresamente que su anuncio no incumple los preceptos de la shariashariao ley islámica y aseguró que cuenta con el visto bueno de las principales autoridades religiosas.

Arabia Saudí se rige por una interpretación estricta del islam que penaliza de forma especial a las mujeres, que quedan supeditadas a la tutela de un hombre y deben ir completamente cubiertas. Los códigos morales en vigor restringen en gran medida su participación en la vida pública.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo advierte en tres recientes sentencias que conducir con el permiso sin vigencia por pérdida de todos los puntos es delito y no una falta administrativa. El alto tribunal explica que el delito contra la seguridad vial, del artículo 384 del Código Penal -que es el que se aplica a estos casos-, no requiere un elemento adicional de poner en un riesgo concreto la seguridad vial, y basta con la puesta en peligro en abstracto que supone conducir sin las condiciones legales para ello.

Las resoluciones dadas a conocer este lunes fijan el criterio que era compartido por la práctica totalidad de las audiencias provinciales, excepto la de Toledo, que consideraba que para que existiese el delito debía exigirse que en la conducción el autor infringiese algún precepto reglamentario que ponga en riesgo la seguridad vial, dado que en otro caso la acción solo constituía una infracción administrativa. Las condenas impuestas en los tres casos van desde 5 meses de prisión, para este último acusado, a multas pecuniarias de entre 2.160 y 6.000 euros.

La cuestión que se planteó el Supremo consistía, por consiguiente, en determinar si el delito de conducción con permiso caducado por pérdida de puntos, es un delito de riesgo abstracto o concreto, esto es, si requiere la puesta en peligro de modo concreto del bien jurídico protegido (la seguridad vial) o es suficiente con la puesta en peligro in abstracto.in abstracto

El Supremo resuelve que se da este segundo supuesto. Así, señala que "la pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas, es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello, y tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido, optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día", dice el alto tribunal.

Permiso portugués

En uno de los tres casos resueltos, el Supremo examina el caso de un conductor que cuando fue sorprendido conduciendo, a pesar de tener cancelado el permiso de conducir español por pérdida de puntos, ostentaba un permiso de conducir portugués que había sido obtenido mediante canje. Los hechos ocurrieron en una carretera navarra, donde el acusado fue interceptado por agentes de la Policía foral.

Para el Supremo, en el caso enjuiciado estamos en presencia de un fraude de ley. "Al amparo de tal disposición, puede obtenerse el canje del permiso de conducción para aquellas personas que residan más de medio año en otro Estado miembro de la UE, pero lo que no puede conseguirse es contar con dos permisos de conducir, uno caducado por pérdida de puntos, y otro perteneciente a país distinto del que se conduce cuando se es sorprendido sin vigencia por pérdida de puntos", indican los magistrados.

El que se haya obtenido el canje no puede impedir las disposiciones sancionadoras de tal manera que aquella que determina la imposición de una sanción de privación de la autorización administrativa de conducir vehículos por pérdida de puntos en uno de los Estados, pueda dejar de aplicarse.

"De todo ello resulta que no pueden detentarse dos permisos, y usar el que convenga en cada momento, sobre todo cuando se circula por un Estado cuyas autoridades impiden tal conducción como consecuencia de las infracciones cometidas, que acarrean la caducidad de su vigencia por pérdida total de puntos", indica la resolución.

En suma, "no puede pretenderse por el hecho de detentar el referido permiso portugués mediante canje, al ser residente en el extranjero, ser de mejor condición que el resto de ciudadanos nacionales que tienen únicamente el permiso de conducir español; si pierde, como perdió, la vigencia del permiso de conducir en España no puede su conducta quedar impune, máxime teniendo en cuenta que el acusado conocía perfectamente cómo funciona el sistema de pérdida de vigencia, al habérsele retirado en dos ocasiones anteriores, y en esta tercera sencillamente se adelantó a la resolución de la Jefatura de Tráfico", añade.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha alertado este martes sobre el déficit de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que podría "llevar al colapso el sistema de Formación Vial en España con el cierre de empresas y el despido de miles de trabajadores", ha informado Europa Press.

Tal y como afirma la Confederación, el sistema de obtención del permiso de conducir está sufriendo retrasos que bloquean la actividad de las autoescuelas debido a que la actual plantilla de examinadores de la DGT lleva congelada desde al menos los últimos cinco años.

"La situación es especialmente grave en doce Jefaturas Provinciales de Tráfico, que suponen el 48% de los permisos expedidos en España (Alicante, Baleares, Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Girona, La Rioja, Lleida, Madrid, Navarra, Tarragona y Valencia), en las que llegan a acumularse retrasos para realizar el examen de hasta un mes, además de cambios de fecha de última hora", denuncia CNAE.

En cambio, fuentes de la DGT han señalado a Europa Press que lo que sostiene la CNAE es "exagerado". Si bien reconocen que verano es una época donde hay una mayor demanda –como Navidades, por ejemplo–, este tema "no es nuevo".

En este sentido, las mismas fuentes señalan que los medios "son los que son" y que en muchas jefaturas no existen problemas ni demoras, sino que son "cosas muy puntuales" que intentan solventar. Además, estas fuentes destacan que el tema de falta de reposición de personal público no se trata de una "cuestión de la DGT como tal", sino de toda la administración.

Por su parte, la CNAE critica que los retrasos y los cambios de fecha provocan interrupciones en los procesos de formación de los alumnos, así como parones de actividad de los profesores, lo que genera "una pérdida de calidad formativa y pone en riesgo, en primera instancia, el empleo del profesorado, un colectivo integrado por 17.975 personas".

Por este motivo, las autoescuelas consideran "urgente" la ampliación de la actual plantilla a 943 examinadores, cuando en la actualidad, según datos de DGT, la institución cuenta con 756 funcionarios.

"Desde que se congeló la oferta de empleo público, la DGT ha hecho esfuerzos para mantener y aumentar el número de examinadores", dicen desde la institución, que recuerda que ha perdido más de 800 plazas de empleo público y que ha intentado solventar ese déficit con la oferta de cursos de examinadores y con la creación de la figura del "examinador itinerante", que es enviado a provincias donde hay más demoras.

Así, la CNAE exige una solución ante la falta de examinadores. "Lo hemos repetido por activa y por pasiva: cuando vuelva la temporada alta y aumente considerablemente la demanda de los permisos de conducir, un número importante de jefaturas sufrirá un colapso en las pruebas de circulación", afirma el presidente de la CNAE, José Miguel Báez.

"Éramos conscientes de eso y en todo momento hemos intentado tomar medidas para que eso no suponga un perjuicio para los ciudadanos", expresan desde la DGT.

El príncipe saudí Al Waleed Bin Talal ha abogado por permitir a las mujeres que conduzcan en su país aunque imponiéndoles una serie de condiciones, como que no puedan salir de los límites de las ciudades y que tengan servicios de asistencia en carretera específicos.

En un extenso artículo publicado en su página web, el multimillonario, que es miembro de la Familia Real saudí, ha argumentado que hay que poner fin a la prohibición de conducción para las mujeres tanto por motivos económicos, como por razones financieras, sociales y económicas. "Es hora de que pasemos de página en este tema", ha asegurado.

Sin embargo, ha dejado claro que el derecho a conducir tiene que venir acompañado de "restricciones y condiciones", como llevar teléfonos inteligentes para casos en que sean necesarios y para que sus familias puedan saber siempre dónde están, garantizar que tienen servicios de asistencia en carretera específicos, prohibirles que salgan de los límites de las ciudades y limitar sus carnés para que solo puedan conducir coches.

El príncipe saudí ha dicho que el derecho a conducir de las mujeres saudíes "es ahora considerado una necesidad" por diversos factores. En el plano "financiero", ha dicho que permitir a las mujeres conducir coches supondría "un enorme ahorro" porque ya no dependerían para trasladarse de conductores extranjeros.

Unos 7.500 millones de euros de ahorro

Según sus cálculos, Arabia Saudí podría ahorrarse unos 30.000 millones de riales (7.500 millones de euros) que ahora destinan las familias a pagar a conductores extranjeros, unos profesionales que luego envían esos salarios en gran parte a sus países de origen. "¿No sería mejor que una cantidad tan grande continuara dentro de Arabia Saudí para ayudar a impulsar la economía saudí?", ha planteado.

El príncipe ha asegurado que la medida permitiría "deportar a más de un millón de conductores extranjeros" y que reduciría los "accidentes de tráfico". "Esto reduciría los accidentes de tráfico y los atascos en aeropuertos, bancos, hospitales, permitiendo, por tanto, un mejor acceso a varios servicios por parte de la ciudadanía saudí", ha considerado.

Además, ha explicado que la autorización para que las mujeres puedan conducir también se traduciría en que habría mujeres que se encargarían de llevar a aquellas que no deseen ponerse al volante. "Crearía más empleos para las mujeres saudíes", ha dicho, antes de poner como ejemplo que una mujer saudí podría "ahorrar dinero" pidiéndole a su "asistenta" que le llevara en coche.

"Una urgente demanda social"

Desde el punto de vista social, el príncipe Al Waleed Bin Talal ha asegurado que se ha convertido en "una urgente demanda social" que las mujeres puedan conducir por "las actuales circunstancias económicas" aunque también ha admitido que habrá en la sociedad saudí personas que se "nieguen" a aceptar que las mujeres se pongan al volante y que el Gobierno no podrá "obligar" a ningún hombre a que deje conducir a su mujer si no quiera hacerlo.

Al Waleed ha argumentado que, desde el punto de vista religioso, permitir conducir a las mujeres también tendría consecuencias positivas porque no les dejaría expuestas a "los peligros inherentes de que sean trasladadas por hombres extranjeros".

Por último, se ha mostrado confiado en que se tomará una "decisión" para que las mujeres puedan conducir, una medida que igualará a Arabia Saudí "con el resto de países del mundo, incluidos los musulmanes". "Arabia Saudí no debería continuar siendo el extraño", ha concluido.

La Dirección General de Tráfico (DGT) decidió suspender cautelarmente el procedimiento de adjudicación de los cursos del carné por puntos, mientras esté siendo objeto de investigación, según informaron a Europa Press fuentes del órgano.

Las citadas fuentes detallaron que así se recoge en una resolución del secretario general de la DGT. De este modo, el organismo esperará a que finalice la investigación y, a la vista de las conclusiones, se adoptará una decisión al respecto. "No parecía razonable adjudicar definitivamente un concurso que se halla bajo una investigación", aclararon.

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Asimismo, aseguraron que mientras esté la investigación en curso no hay un vacío, sino que se mantiene el servicio público de los cursos por puntos con el adjudicatario actual hasta que haya una resolución del nuevo concurso.

Esta decisión se produce después de que la Dirección General de Tráfico abriese una investigación ante posibles irregularidades en las adjudicaciones de cursos a las autoescuelas para recuperar puntos del carné de conducir, y de que el organismo cesara a la subdirectora adjunta de Conocimiento Vial, Marta Carrera, tras las denuncias presentadas por las autoescuelas sobre el supuesto amaño de concesión de los cursos para recuperar puntos del carné de conducir.

Fue el pasado 8 de julio cuando Tráfico cesó a Carrera, a raíz de la investigación interna abierta como consecuencia de unas escuchas entre la subdirectora adjunta y el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez. En dichas grabaciones se escucha a ambos pactar las condiciones que serían exigidas a las autoescuelas y que, posteriormente, aparecen en los pliegos técnicos firmados por la subdirectora.

Las autoescuelas que denunciaron a la Dirección General de Tráfico (DGT) el amaño de la concesión de los cursos para recuperar puntos, ya alertaron de irregularidades, tanto al departamento que dirige María Seguí como a los ministerios del Interior y de la Presidencia, "hace 3 o 4 meses", según explicó uno de los impulsores de esta denuncia y portavoz de la plataforma de afectados José Luis Iniesta.

Según explicó, se enviaron cartas y documentos a la directora general de Tráfico, María Seguí, a la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera, --protagonista de las grabaciones filtradas junto al presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)--, la subdirectora adjunta de Administración Económica, María Luisa Alonso y el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, de los que no obtuvieron respuesta "de ningún tipo".

Iniesta explicó a Europa Press que Seguí llegó a convocarles en dos ocasiones para una reunión, pero ambas fechas terminaron por anularse días antes de que se produjera el encuentro.

Junto a las misivas, los denunciantes incluían pruebas, documentales y gráficas, de que había centros que no cumplían con las condiciones impuestas para su adjudicación, como por ejemplo, tener cerca una parada de autobús. "Denunciábamos que algo raro estaba pasando con este concurso, era rara la valoración que se estaba dando para adjudicarlo, con centros y paradas que no existían", según explicó el portavoz de la plataforma.

Precisamente, el pasado jueves 30 de junio se filtraron las grabaciones en las que se escuchaba cómo Carrera y el presidente de CNAE, José Miguel Báez, pactaban las condiciones que serían exigidas a las autoescuelas y que posteriormente aparecían en los pliegos técnicos, firmados por Carrera.

Según cuenta Iniesta, estas grabaciones llegaron a varios compañeros y decidieron hacer "lo que había que hacer, denunciarlo ante la directora general" junto con un correo en el que solicitaban que CNAE fuera excluida del concurso.

10 años ganando el concurso

Iniesta representa a los denunciantes que pertenecen al paquete adjudicado en el último concurso a la Fundación UNED -Fundación Invesford y que implica a los centros de Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana. En octubre de 2015 se hizo público que, por primera vez en 10 años, se rompía el monopolio de CNAE, ya que, además de este paquete, perdía el correspondiente a Galicia, Asturias y Cantabria, que recayó en la consultora PONS Seguridad Vial.

Sin embargo, Iniesta denunció que CNAE "sigue siendo el beneficiario de los cinco lotes" en los que se divide este concurso porque, aunque en un principio recayó sobre otros adjudicatarios "se ha terminado dándole la vuelta de tal manera" que la confederación sigue impartiendo todos los cursos "por decisión directa de la DGT", según informó Europa Press.

"En nuestro lote teníamos una valoración de 100 puntos, el máximo, lo habíamos hecho perfecto y acaba superándonos CNAE", criticó el portavoz, para insistir en que "todo estaba orquestado" y "daba igual lo que hubieran hecho los demás centros, porque estaba todo predestinado". "Es raro que de 7 licitadores que entran en concurso sólo uno se lleve los 5 lotes", declaró

Sobre la respuesta de la DGT a las grabaciones, anunciando "una investigación interna", Iniesta pide que "se haga pública y rápida" porque, mientras, CNAE sigue impartiendo cursos y "siendo la beneficiada". Además, solicitan la destitución de Marta Carrera y que la confederación sea expulsada de este concurso y que "con la ley en la mano" se valore quiénes deben ser los ganadores.

La Dirección General de Tráfico (DGT) abrió una investigación ante posibles irregularidades en las adjudicaciones de cursos a las autoescuelas para recuperar puntos del carné de conducir, informa Europa Press.

Fuentes de la DGT confirmaron a Europa Press que, tal como adelantaba el diario El Mundo, el organismo estatal de tráfico inició una investigación interna para esclarecer "qué hay de cierto" en las acusaciones.

Según grabaciones a las que tuvo acceso este periódico, se habrían producido amaños en las concesiones de los cursos para recuperar puntos dentro del sistema de carné por puntos (que estos días celebra su primera década de funcionamiento), de forma que estos habrían quedado "monopolizados" por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), presuntamente con la colaboración de la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera.

Las fuentes consultadas en el organismo de tráfico señalan que el sistema de adjudicación de los cursos no contempla que la DGT pueda percibir ningún ingreso por esta actividad y que actúa únicamente como intermediario. "No cobramos nada ni de los entes que imparten los cursos ni de las personas que los realizan", aseguran.

Además, aseguran que el sistema de "concentración" que ha llevado a la situación de monopolio de los cursos para recuperar los puntos del carné de conducir estaba "previsto" en el diseño original del sistema, e indican que la DGT "llevaba intentando cambiar el sistema desde 2012". "El monopolio venía por ley, no es una opción que uno pudiera optar", explican.

De hecho, subrayan que en el texto que el organismo de tráfico propuso para la reforma de la Ley de Seguridad Vial se incluía una modificación en un epígrafe para cambiar el sistema de reparto de los cursos, pero que luego, dicha modificación fue suprimida durante la tramitación parlamentaria del texto. "No sabemos lo que ocurrió", aseguran.

En todo caso, señalan que el concurso para adjudicar los cursos que se lanzó en septiembre de 2015 y que ganaron la UNED y Pons Seguridad Vial (y que luego ha sido recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y ante la Audiencia Nacional para paralizar la adjudicación y cambiar la adjudicación original) pretendía precisamente "romper esa situación de monopolio" que se estaba dando hasta entonces.

Desde esta semana se pueden solicitar las autorizaciones para que los vehículos de hasta 60 toneladas, conocidos como megacamiones, circulen por las carreteras españolas. Desde la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial (Formaster) han marcado unas pautas para que todos los conductores sepan convivir con estos camiones en la vía.

En primer lugar, los expertos recomiendan no ponerse nervioso y actuar como si se estuviera ante cualquier otro vehículo pesado. Sin embargo, apunta que se deberá guardar la distancia de seguridad, sobre todo si se circula detrás de ellos, pues la visibilidad queda notablemente reducida.

A su juicio, el mayor riesgo está en los adelantamientos ya que estos vehículos pueden superar los 25 metros de largo, es decir, seis más que los actuales camiones de transporte. Así, apuntan que se deberá usar más tiempo para su adelantamiento. "Si el adelantamiento debe realizarse en una vía de doble sentido debemos aumentar la precaución y solo adelantar si la visibilidad es buena y tenemos el suficiente espacio y tiempo para realizarlo", indica Formaster.

Del mismo modo, advierte que los adelantamientos con ráfagas de viento lateral son los más peligrosos. En este sentido, recuerda que, como todo vehículo de gran volumen, hace de pantalla principalmente con el viento procedente de la derecha. Por ello, al ponerse en paralelo en un adelantamiento con viento fuerte procedente de la derecha la tendencia es que el coche se aproxime al megacamión. Formaster aconseja en estos casos rectificar la dirección de forma ligera y no con bandazos.

Además, apunta que, al terminar el adelantamiento volverá el viento que tenderá a desplazar el vehículo a la izquierda. "Entonces rectificaremos nuestra dirección de forma suave. Este problema lo tendremos muy acuciado en adelantamientos en viaductos y zonas de fuerte viento", señalan los expertos.

Las pendientes ascendentes, los carriles de incorporación o los giros, son otros de los puntos más conflictivos a la hora de convivir en la carretera con estos megacamiones, según Formaster. En estos casos ha pedido precaución extrema.

Normativa de los megacamiones

La circulación de megacamiones se aprobó en diciembre de 2015. Estos vehículos tienen una normativa muy específica y sólo podrán circular con autorización expresa de la Jefatura Provincial de Tráfico o en su caso de la Dirección General de Tráfico (DGT) y siempre deberán ir por autopistas y autovías permitiéndose desplazamientos de tan sólo 50 kilómetros por carreteras convencionales de doble sentido para acercarse o salir de sus puntos de inicio y/o llegada y siempre que estos destinos sean centros logísticos o polígonos industriales.

Además sólo podrán conducir a una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora y nunca podrán adelantar a ningún vehículo que vaya a más de 45 kilómetros por hora. Estos vehículos deberán llevar diversos mecanismos de seguridad como son detectores de ángulos muertos, ESP (Sistema de Control de Estabilidad) y un sistema automático de frenada de emergencia.

La normativa no les permite circular por ninguna carretera española cuando existan condiciones meteorológicas adversas que puedan suponer un riesgo para la circulación como es una visibilidad menor de 150 metros o niveles rojo o naranja debido a la fuerza del viento.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado la instrucción en la que se establecen las condiciones y protocolos por los que se autorizará la circulación por las carreteras de los vehículos conocidos como megacamiones.

Se trata de un conjunto de vehículos –oficialmente llamados EMS (European Modular System)– formado por semirremolque y remolque. Concretamente, la DGT realizó pruebas de circulación real con estos camiones el pasado 2 de marzo en el que las dos tractoras tenían potencias diferentes, 520 CV y 450 CV. La ruta suponía subir el puerto de Somosierra por ambas vertientes, en un recorrido con pendientes de hasta el 8%.

Según indicó Tráfico, el objetivo de este tipo de conjuntos de vehículos es mejorar la eficiencia y la seguridad en el transporte por carretera, a la vez que permitir un funcionamiento más competitivo de los mercados, de acuerdo con el Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado con el Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014.

Esta instrucción, dictada conforme a la Directiva 96/53/CE, desarrolla la Orden Ministerial PRE/2788/2015, de 18 de diciembre por la cual se modificó el anexo IX del Reglamento General de Vehículos. En dicha Orden Ministerial se introdujo la definición de Configuración Euro-modular para referirse al conjunto de vehículos con más de seis líneas de ejes, cuyos módulos separadamente no superen una masa máxima de 60 toneladas y una longitud de 25,25 metros y se otorga a la DGT la potestad para autorizar, previo informe vinculante del titular de la vía, la circulación de este conjunto de vehículos.

La circulación de estos megacamiones ya está permitida en varios países europeos como Países Bajos, Suecia o Finlandia, con resultados satisfactorios, según apuntó el departamento que dirige María Seguí.

Requisitos para solicitar la autorización

Debido a que es un nuevo tipo de conjunto de vehículos circulando por las carreteras españolas, se han establecido varios requisitos para autorizar su circulación.

Así, el interesado deberá hallarse inscrito en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte del Ministerio de Fomento y ser titular del permiso de circulación de los vehículos motrices o contar con una autorización expresa del titular de este para ser utilizado en conjunto euro-modular.

Los módulos utilizados deberán constar en el registro de Vehículos de la DGT y deberán cumplir todos los requisitos establecidos en el Reglamento General de Vehículos para su puesta en circulación por vías de uso público. Además, el conjunto y sus módulos deberán disponer de espejos o detectores de ángulo muerto; sistema de advertencia de abandono de carril o asistencia de mantenimiento en el mismo, entre otros.

Respecto a los itinerarios, la DGT pide un informe favorable de los titulares de las vías en el que se establezca la capacidad física de la misma para soportar el paso de este tipo de conjunto.

Las vías por las que se podrá circular deberán ser autopistas, autovías o carreteras convencionales con calzadas separadas para cada sentido de la circulación. Sólo se podrán incluir vías convencionales de una sola calzada para los dos sentidos de la circulación cuando ello sea necesario para llegar hasta el lugar donde el vehículo realizará las operaciones de carga o descarga.

Por otra parte, la velocidad a la que podrán circular los euro-modulares es la establecida por el Reglamento de Circulación para los vehículos articulados en función del tipo de vía: 90 kilómetros por hora en autovías y autopistas; 80 kilómetros por hora en vías convencionales que dispongan de arcén de 1,50 metros o más; y 70 kilómetros por hora en el resto de vías fuera de poblado.

Se suspenderá la circulación de este conjunto de vehículos por carreteras convencionales de una sola calzada cuando existan en el itinerario fenómenos meteorológicos adversos que supongan un riesgo para la circulación y, en todo caso, cuando no exista una visibilidad de 150 metros como mínimo.

Tráfico también advierte de que en vías de una sola calzada para los dos sentidos de la circulación, no podrá adelantar a los vehículos que circulen a más de 45 kilómetros por hora y deberán llevar alumbrado de cruce encendido o luces de conducción diurna.

¿Dónde presentar la solicitud?

Los interesados deberán presentar la solicitud de la autorización especial en las Jefaturas Provinciales o locales de Tráfico. En los próximos meses estará disponible la aplicación informática que permita la gestión automatizada de la misma.

Las autorizaciones se concederán por un plazo máximo de un año, salvo que algún titular de la vía emita un informe de vigencia inferior, en cuyo caso, el plazo de la autorización será el mismo que el informe de menor vigencia. En los tres meses anteriores al fin de su validez, se podrá solicitar la prórroga de la autorización siempre y cuando no varíe ningún dato de la misma.

Según publica este domingo La Voz de Galicia, el concejal protagonizó un incidente con la Policía Local de Ferrol en la madrugada del viernes al sábado en el se negó a hacer la prueba de alcoholemia, si bien iba ebrio al volante según síntomas evidentes detectados por los agentes, a la vez que fue acusado de atentado tras resistirse.

Por ello, fue condenado en un juicio rápido -tras acuerdo entre defensa y fiscal- a un año de cárcel y la retirada del carné de conducir por 16 meses. Garro no ingresará en prisión ya que carece de antecedentes.

En un comunicado, el PP de Mugardos informa este domingo de que Garro ha pedido disculpas por el incidente protagonizado con la Policía Local, de forma que "asume su responsabilidad como cargo político tras un hecho que entiende que no tiene justificación posible".

Asimismo, los populares sostienen que Garro le presentó su dimisión -que se ha hecho pública en la tarde de este domingo- al portavoz del PP de Mugardos, Domingo de Deus, el pasado sábado, 8 de marzo.

El caso de Pilar Araque (PP) no es una excepción. La concejal de Participación, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), que atropelló en la tarde del pasado martes a una mujer de 78 años y que fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol se suma al listado de políticos que han combinado alcohol y conducción.

Así, en los últimos años, al menos 14 cargos públicos han sido detenidos superando la tasa máxima permitida en controles rutinarios de carretera o al verse involucrados en siniestros y comprobarse que viajaban con más copas de la cuenta. Aunque algunos de ellos han asumido responsabilidades políticas y han presentado su dimisión, no es lo más frecuente.

José Corrales (2010). El exalcalde del municipio asturiano de Siero, José Corrales (PSOE) fue detenido tras sufrir un accidente y dar positivo en el posterior control de alcoholemia. En el juicio, celebrado en noviembre de 2012, su defensa aseguró que el positivo se debió a un jarabe contra la bronquitis y a las condiciones meteorológicas de la mañana de los hechos. Por su parte, los agentes de tráfico aseguraron que "desprendía un fuerte olor a alcohol" y que tuvieron que zarandearlo para que se despertase. "Nos dijo que le dejásemos dormir y acto seguido se quedó roncando", manifestó un policía. Fue condenado a una multa de 3.240 euros y a la retirada por dos años del carné de conducir, y dimitió de su cargo.

Indaura Gil (2009). La concejala de Juventud y Formación de Ayuntamiento de Mahón (Menorca) fue detenida el 12 de diciembre de 2009 por conducir duplicando la tasa de alcohol permitida tras colisionar su vehículo y provocar daños materiales. Gil, que admitió todos los hechos, fue condenada en enero de 2011 al pago de una multa de 366 euros.

Manuel García Torres (2009). El concejal de Gobernación, Inspección Municipal y Tráfico del Auntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Manuel García Torres (PSOE), fue detenido en un control rutinario el 7 de junio de 2009 por conducir con un índice de alcohoemia de 0,51 gramos de alcohol en sangre. García Torres recibió una sanción administrativa de 600 euros y le fue retirado el permiso de conducir.

José Antonio Redondo (2008). El alcalde de Trujillo (Cáceres), José Antonio Redondo (PSOE), fue detenido al volante de su vehículo oficial el 16 de abril de 2008 tras una comida con empresarios de la localidad. Además de conducir mientras hablaba por el teléfono móvil, Redondo arrojó una tasa de alcohol de 0,79 miligramos de alcohol por litro de aire, tres veces superior a la máxima permitida. ¿Su excusa? Aseguró que se había tomado una copa para subirse la tensión. Le fue impuesta una multa de 3.225 euros y la retirada del carné durante 18 meses y, finalmente, dimitió por este motivo tras doce años en el cargo.

Tomás Mesa Díaz (2013). El regidor de San Juan de la Rambla (Tenerife), Tomás Mesa Díaz (PP), fue imputado el pasado martes 25 de diciembre por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir ebrio y provocar un accidente en el que resultaron heridas tres personas. El suceso tuvo lugar el día 21 de diciembre en la avenida Tres de Mayo, una de las arterias viarias de Santa Cruz de Tenerife. El dirigente del PP doblaba el mínimo de la tasa de alcoholemia permitida según el control realizado por la Policía Local. Mientras el resultado del juicio contra Mesa Díaz aún se desconoce, el partido ha abierto un expediente informativo al regidor canario. 

Ángel Espadas (2011). El exconcejal del PP en Santiago de Compostela Ángel Espadas fue sorprendido por la Guardia Civil dormido delante de un semáforo en marzo de 2011. Con 0,79 miligramos de alcohol por litro respirado, Espadas triplicaba el máximo legal. Al hacerse público lo ocurrido el concejal del PP presentó su dimisión. Tras un juicio rápido Ángel Espadas fue condenado a la retirada del carné durante 10 meses y a una multa de 1.200 euros. 

Vicent Ferrer (2013). El diputado del PP por Valencia y portavoz del grupo en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Vicent Ferrer, fue condenado al pago de una multa de 720 euros y a la privación del carné durante 8 meses por conducir bajo los efectos del alcohol. El pasado 30 de septiembre el parlamentario admitió haber conducido por una avenida de Valencia haciendo maniobras en zigzag y cambiándose de carril sin señalización alguna. La Policía Local le sometió a una prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,82 y 0,84 miligramos de alcohol por litro espirado de aire.

Nacho Uriarte (2010). El diputado del PP y presidente de Nuevas Generaciones Nacho Uriarte dimitió como vocal de la comisión de Seguridad Vial del Congreso tras dar positivo en un control de alcoholemia realizado el 24 de febrero de 2010. El 17 de enero de 2011 fue condenado por el Supremo a una multa de 2.400 euros y ocho meses de retirada del carné.

Jesús Neira (2010). El expresidente del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género de Madrid, Jesús Neira, dio positivo en el control de alcoholemia que se le practicó cuando conducía dando volantazos por la M-40. Neira, que triplicaba la tasa de alcohol permitida, fue condenado al pago de una multa de 1.800 euros, retirada del carné de conducir durante diez meses y a realizar trabajos en beneficio de la comunidad. El PP, que le ofreció el cargo político que desempeñaba, pidió su dimisión. El expresidente finalmente fue sustituido tras su reticencia a dimitir. 

Arsenio Pacheco Atienza (2010). El diputado del PP por Murcia, Arsenio Pacheco Atienza, fue condenado por un delito de conducción bajo la influencia del alcohol. El Tribunal Supremo le condenó el 7 de diciembre de 2011 con una multa de 2.400 euros y la retirada del carné durante ocho meses. A pesar de la condena Pacheco aseguró que no renunciaría al acta de diputado ya que lo ocurrido no tenía nada que ver con su actividad parlamentaria. 

Miguel Ángel Rodríguez (2013). El exportavoz del Gobierno del PP, Miguel Ángel Rodríguez, fue detenido el 3 de mayo de 2013 tras provocar un choque con tres vehículos que estaban estacionados en el distrito de Retiro de Madrid. El exportavoz cuatriplicó la tasa de alcoholemia permitida. Rodríguez pidió perdón por su "mal ejemplo" al volante y el 20 de mayo fue sometido a un juicio rápido al que no pudo acceder la prensa por decisión del juez. 

Manuel Cercadillo (2009). El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), Manuel Cercadillo, fue detenido el 23 de mayo de 2009 por cuadriplicar el límite legal de alcoholemia. Tras dimitir tuvo que enfrentarse en los juzgados a la acusación de utilización de su cargo para intentar eludir el control de los agentes. 

Manel Montalbán (2010). El alcalde de Mont-ras (Girona), Manel Montalbán (CiU), triplicó la tasa de alcohol permitida el 6 de mayo de 2010. Cuatro días después fue condenado a la retirada del carné de conducir durante 8 meses y a pagar una multa de más de 700 euros, por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol. 

Txema Mauleón (2009). El concejal de Nafarroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona Txema Mauleón fue condenado a 22 días de trabajos en beneficio de la comunidad por conducir bajo la influencia del alcohol. El Juzgado también le retiró el carné durante 244 días y le impuso una multa de 720 euros. 

Y si

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Pozuelo de Alarcón ha condenado hoy al futbolista del Real Madrid Karim Benzema, en el curso de un juicio rápido que ha tenido lugar a las 10:00 horas, a la pena de cuatro meses de multa a razón de 150 euros diarios (18.000 euros).

También se le ha impuesto la retirada de ocho meses y un día del carné de conducir en aplicación del artículo 379. 1 del Código Penal, que sanciona la conducción a más de 80 kilómetros por hora del límite permitido.

El futbolista francés del Real Madrid

, según consta en autos, iba con su vehículo a 194,4 kilómetros por hora. En el mismo acto se le ha requerido para la entrega del permiso de conducción.

De esta forma Benzema, que ha sido convocado por su selección para el partido contra España que se celebrará en el Parque de los Príncipes, podrá disputar el encuentro.