El expresidente peruano Alberto Fujimori ha sido puesto en libertad este miércoles tras la orden de liberación emitida por el Tribunal Constitucional del país. Así, el exmandatario ha salido de la cárcel de Barbadillo a las 18.30 horas (local), según ha informado el diario peruano El Comercio, y a pesar de que una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se oponía a ello.

Tras su excarcelación, ha sido trasladado a la vivienda de su hija y excandidata presidencial Keiko Fujimori, que en principio será su residencia permanente.

Fujimori estaba cumpliendo una sentencia de 25 años por las matanzas de civiles en Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, en diciembre de 2017 se benefició de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero que la Justicia tumbó apenas unos meses más tarde, en verano de 2018. Tras varios años de trabajo del equipo de abogados del expresidente alegando problemas de salud por su avanzada edad, el Constitucional ha acabado dando luz verde a su excarcelación.

Keiko y Kenji Fujimori, hijos del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), se han desplazado hasta el centro penitenciario donde se encontraba su padre ante los rumores previos sobre su liberación. Hasta el lugar también se trasladaron numerosos parlamentarios. Asimismo, decenas de simpatizantes del expresidente peruano se habían concentrado en los exteriores de la cárcel a la espera de que Fujimori saliese de prisión, un objetivo perseguido por él y su equipo de abogados desde hace años, pero que la Justicia ha impedido en varias ocasiones.

Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.

Para la directora de la oficina de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, "la liberación de Fujimori es una bofetada a las víctimas de atrocidades", por lo que ha planteado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que examine su alcance, teniendo en cuenta "el contexto de la gravísima erosión del Estado de derecho y de la protección de los Derechos Humanos en Perú".

"Perú ha liberado a Fujimori sobre la base de un indulto humanitario que presenta vicios y en contra de las órdenes del principal tribunal de derechos humanos de las Américas", ha señalado Goebertus, que sitúa a Perú al nivel de Nicaragua y Venezuela en cuanto a ignorar el sistema interamericano. Por este motivo, la responsable de HRW ha señalado que "la comunidad internacional debe presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana".

El Tribunal Constitucional de Perú ha concedido este jueves la libertad al expresidente Alberto Fujimori, después de fallar a favor del recurso presentado contra la sentencia que anuló su polémico indulto humanitario de diciembre de 2017. El juez Augusto Ferrero ha hecho valer su voto de calidad para dirimir el empate a tres que se habría producido durante la votación, informa el diario La República. En la actualidad, Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.

Fujimori recibió el indulto humanitario por su delicado estado de salud en diciembre de 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en lo que fue un intento desesperado por evitar los votos de Fuerza Popular en la moción de censura que se presentó contra él por corrupción.

El perdón fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta para la cual no cabe indulto humanitario al tratarse de delitos de lesa humanidad. A su vez, en el fallo del juez Supremo Hugo Núñez Julca también se hizo mención a las irregularidades que Kuczynski cometió al otorgar el indulto al expresidente, con su hijo Kenji Fujimori y otros congresistas de Fuerza Popular medrando en esa operación.

La Justicia de Perú también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el expresidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.

La candidata a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, y su partido, Fuerza Popular, han anunciado este jueves que interpondrán el recurso de habeas data contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para tener acceso a las listas de electores, habeas data y han avanzado que enviarán la documentación relacionada a las presuntas "irregularidades" que denuncian en el proceso electoral a organismos internacionales, según informa Europa Press.

Fujimori y su equipo han ofrecido una nueva rueda de prensa en la que han reiterado sus denuncias de fraude en la segunda vuelta de las presidenciales, en las que, con el total de los sufragios escrutados, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se impone a la aspirante conservadora.

El abogado de Fuerza Popular Domingo García Belaunde ha indicado que ya se ha solicitado a la ONPE las listas electorales, si bien no se les ha remitido esta información, que es necesaria para la "minuciosa revisión de los votos", y de "la manera cómo se han emitido", que esta realizando la formación.

"Solo se puede hacer eso en la medida y en cuanto se tenga la lista de electores de mesa", ha precisado García Belaunde, para incidir en que "ante esta violación de un principio elemental de independencia", el partido ha pensado "en la acción constitucional de habeas data".

Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, el habeas data es "una acción constitucional que puede ejercer cualquier persona incluida en un registro de datos para acceder al mismo y recabar la información que le afecte, así como para solicitar su eliminación o corrección si tal información fuera falsa o estuviera desactualizada".

"Es una acción para defender la información a la cual tiene derecho el ciudadano", ha continuado el abogado, para añadir que esta "protege, entre otros derechos, el acceso a la información que obre en cualquier entidad pública". "Esto es un derecho y la ONPE lo está negando", ha reiterado.

Así, Fuerza Popular ha insistido en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe solicitar la lista de electores a la ONPE para verificar la "autenticidad" de las firmas y resolver los recursos interpuestos.

En la misma línea, Lourdes Flores Nano, del equipo de Fujimori, ha reclamado al JNE que "cumpla su tarea de asegurar que el día que dé resultados sea verdaderamente lo que ha ocurrido en cada una de las mesas" que la formación ha cuestionado con sus peticiones de nulidad.

"Les pedimos que se mantengan con ilusión, esperanza y fe en nuestro país y su futuro. Confiamos en que los miembros del JNE van a cumplir con su deber", ha dicho, por su parte, Fujimori, quien ha repetido sus denuncias de "irregularidades" y "manipulación" por parte de miembros de Perú Libre, informa Agencia Andina.

No obstante, ha hecho hincapié en su "compromiso" de ser "respetuosa con el resultado final y de respetar a los órganos electorales".

Fuerza Popular ha detallado que son 946 los procesos registrados de solicitud de nulidad, lo que implica 1.119 mesas y más de 250.000 votos, por lo que han calificado de "irresponsable" que Castillo se haya proclamado como vencedor.

La formación también ha trasladado que presentará la documentación en la que reúnen sus denuncias de "irregularidades a organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos o la Defensoría del Pueblo.

El JNE ha señalado que anunciará los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales, que se llevaron a cabo el pasado 6 de junio, cuando haya completado la revisión de las peticiones de nulidad presentadas por las formaciones de los candidatos, entre las cuales destaca la solicitud por parte de Fujimori de impugnación de cientos de actas. Mientras, organismos y observadores internacionales han defendido el proceso.

El candidato de la izquierda, Pedro Castillo, lidera estos comicios con el 50,12 por ciento de los votos en unos reñidos comicios que dejan a la conservadora Keiko Fujimori con el 49,87 por ciento de los apoyos al total de las actas contabilizadas.

La líder de la oposición peruana, Keiko Fujimori, ha sido detenida este miércoles tras prestar declaración en la sede de la Fiscalía, en Lima, en el marco de las pesquisas judiciales sobre la supuesta financiación ilegal de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011.

Fujimori debía acudir solamente para declarar pero ha quedado detenida por el conocido como 'caso cócteles', en el que se investiga las presuntas aportaciones que hizo a su campaña electoral la constructora brasileña Odebrecht, epicentro de una red de cobro de sobornos a cambio de obra pública en todo América Latina.

"Estábamos dentro de la Fiscalía, en el primer piso. (El fiscal del caso) Nos cita a las diez de la mañana para declarar, en el primer piso. Sin siquiera llegar al sexto piso, nos detienen", ha relatado a RPP la abogada de Fujimori, Giuliana Loza.

El juez instructor Richard Concepción Carhuancho ha ordenado la detención preliminar durante diez días de Fujimori y otras 19 personas, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Loza ha considerado que, al menos en lo relativo a su representada, se trata de "una medida totalmente abusiva", "un atropello", porque "el único argumento" que muestra la resolución judicial es "ser presidenta de Fuerza Popular durante la campaña de 2011".

Carhuancho sostiene en su escrito que la detención de estas 20 personas, incluida Fujimori, obedece a "fundados elementos de convicción" que vinculan a los sospechosos "con los delitos de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización" de la investigación.

Los investigadores creen que se creó "una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (posteriormente renombrado como Fuerza Popular) que tenía entre sus fines obtener el poder político recibiendo para ellos aportes ilícitos".

El marido de Fujimori, que la había acompañado a la Fiscalía y ha sido testigo de la detención, ha atribuido este movimiento judicial a "una persecución política". "Creo que esta injusticia ha llegado a su punto máximo. Esto no es justicia, esto no es política, esto es un abuso y mi esposa va a salir de esto más fuerte", ha dicho Mark Vito.

Keiko habla de "persecución política"

Por su parte, Keiko ha denunciado en una carta manuscrita publicada en su cuenta en la red social Twitter que ha sido detenida "sin fundamentos jurídicos" cuando se presentó "voluntariamente" ante la Fiscalía".

"La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país. Me han perseguido 18 años y nunca han mostrado una prueba, y así sin pruebas en mi contra estoy privada de mi libertad, con la frente en alto y el espíritu de lucha intacto", ha dicho.

"Ya la semana pasada anularon abusivamente el indulto humanitario a mi padre (el expresidente Alberto Fujimori) y ahora a mí y otros 'fujimoristas' nos detienen. ¡Esto se llama persecución política!", ha denunciado.

De esta manera, ha indicado que "no van a truncar" el "proyecto político" de su partido, al tiempo que ha pedido a sus seguidores "reforzar el trabajo en las bases". "Siempre orgánicos, levantemos nuestra voz", ha agregado.

"El 'fujimorismo' es un sentimiento que crece en momentos de adversidad. Esto será sólo un capítulo más de persecución. Saldremos más fortalecidos de esta injusticia. Fuerza, mucha fuerza"; ha remachado.

Fujimori padre, en "shock"

Por su parte, el expresidente Alberto Fujimori, "está en 'shock'" por la detención de su hija, según ha contado a RPP una fuente cercana al antiguo mandatario. Fujimori padre está en un hospital a la espera de volver a prisión tras la revocación de su indulto esta misma semana.

Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, está "muy afectado en su salud", ha asegurado la misma fuente. El ex jefe de Estado sufre un cáncer de lengua, así como dolencias propias de su edad, 80 años. Su debilidad es precisamente su principal argumento para pedir el perdón presidencial.

Keiko Fujimori es la líder de Fuerza Popular, la primera formación política en el Congreso, aunque situada en la oposición debido a la coalición parlamentaria que sostiene al presidente, Martín Vizcarra, y a su Gobierno.

Kenji asegura que se trata de un "triste momento" para su familia

El suspendido congresista Kenji Fujimori ha afirmado por su parte que la detención preliminar de su hermana Keiko representa "otro momento triste y duro" para su familia, según informaciones del diario local El Comercio.

El menor de los Fujimori Higuchi ha aseverado en su cuenta de Twitter que justo después de enterarse de la noticia acudió junto a su madre, la ex parlamentaria Susana Higuchi, y después visitó a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, que permanece internado en una clínica de Pueblo Libre desde hace una semana tras la anulación de su indulto.

"Otro momento triste y duro en una semana. Duro para la familia. Apenas me enteré de la noticia estuve al lado de mi mamá y después con mi papá. Lamento profundamente la situación que atraviesa mi hermana y su familia", ha manifestado el parlamentario, que dejó Fuerza Popular en febrero debido a sus diferencias Keiko.

Un juez del Tribunal Supremo peruano ha anulado el indulto humanitario concedido en diciembre de 2017 al expresidente Alberto Fujimori y ha ordenado que sea detenido de nuevo, después de aceptar los recursos presentados por familiares de víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Según informa Europa Press.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, presidido por el magistrado Hugo Nuñez Julca, ha considerado "fundado" el recurso de la parte civil. El juez ya ha emitido "órdenes de ubicación y captura" contra Fujimori, para que "sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria", informa el Poder Judicial en Twitter.

El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, ha asegurado en declaraciones a Canal N que su cliente está "bastante consternado" por una resolución que considera "cuestionable". Por este motivo, ha anunciado que impugnarán la decisión del juez Nuñez Julca.

Horas después de la decisión del juez, Kenji Fujimori, hijo del exmandatario, ha afirmado que su padre se encuentra "en una ambulancia". "Como hijo de Alberto Fujimori es mi deber humano estar con él en sus momentos más difíciles. Hoy nuevamente estoy contigo en una ambulancia, te amo y si tengo que dar mi vida y hasta mi libertad por ti, así lo haré. Siento mucho dolor", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

Fuentes cercanas a la familia han indicado que el expresidente ha sido trasladado a una clínica de Lima tras sufrir una afección cardiaca, horas después de que el juez anulara el indulto.

Su hija, Keiko Fujimori, ha calificado el fallo como un acto de "persecución y ensañamiento" de sus enemigos políticos. "Es extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la libertad a mi padre señalando que porque no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario", ha aseverado Keiko entre lágrimas.

El antiguo mandatario, condenado por delitos de lesa Humanidad, fue indultado el pasado 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuzcynski, que libraba entonces un pulso político en el Parlamento contra una oposición encabezada precisamente por dos hijos de Fujimori.

Kuzcynski, que entonces fue acusado de utilizar el indulto como carta política para salvar la moción de Fuerza Popular, terminó dimitiendo en marzo de este año por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht.

El papel de la CIDH

Los familiares de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigara el indulto, que Kuzcynski atribuyó únicamente a razones humanitarias y no políticas. La CIDH estableció que el indulto fuera revisado constitucionalmente.

El exministro de Justicia Enrique Mendoza, que firmó el indulto otorgado por Kuczynski, ha defendido la legalidad la medida otorgada en diciembre. "Me ratifico que es un indulto netamente constitucional y legal y además atiende razones humanitarias", ha subrayado este miércoles, según la emisora RPP.

El propio Fujimori defendió a finales de agosto, tras acudir a una revisión médica, la legalidad de su indulto, "sustentado médicamente". "Yo tengo fibrilación auricular paroxística, que es una enfermedad riesgosa", declaró a la emisora RPP, al ser consultado por el pronunciamiento de la CIDH.

El expresidente fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.

El fiscal superior de Perú, Luis Landa, ha ordenado reabrir la causa contra el expresidente Alberto Fujimori y varios exministros sobre las esterilizaciones forzosas de cinco ciudadanas peruanas, según ha informado el diario local El Comercio.

En julio de 2016, la fiscal Marcelita Gutiérrez archivó la denuncia penal contra Fujimori y los exministros de Salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga.

Además, Landa ha solicitado que en la acusación se incluya al exdirector del Programa Nacional de Planificación Familiar Jorge Parra Vergara, al exasesor del Ministerio de Salud Ulises Jorge Aguilar y al exdirector general de la Región Salud IV de Cajamarca Segundo Henry Aliaga.

De esta forma el fiscal superior Landa ha resuelto parte de la apelación presentada por Carlos Rivera, el abogado que representa a las víctimas de las esterilizaciones forzosas.

El fiscal superior también ha asegurado que los presuntos delitos atribuidos a Fujimori y sus exministros constituyen "una grave violación a los Derechos Humanos" y son "imprescriptibles", según El Comercio.

El abogado del exmandatario, Miguel Pérez Arroyo, ha indicado que aún no ha sido notificado de la decisión de Landa. "Cuando tenga la notificación o la noticia formal, me pronunciaré", ha señalado.

Por su parte, el exministro de Salud Alejandro Aguinaga ha asegurado que afrontará la nueva causa "con la misma solvencia que siempre". "No es la primera vez que nos denuncian, tenemos siete archivamientos, aunque no he recibido ninguna resolución, pero cuando llegue la veremos", ha aseverado.

Durante la década de 1990, casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados durante un programa dirigido por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori para reducir la tasa de natalidad. El programa se centró en indígenas y habitantes pobres en áreas rurales del país.

Fujimori salió de prisión en diciembre a raíz del indulto concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por motivos humanitarios, un caso muy polémico tanto por la medida como por las denuncias de un pacto entre el mandatario y parte de la oposición para salvar su puesto en la moción de confianza celebrada días antes contra él.

El exdirigente fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.

La liberación del exmandatario conservador suscitó una profunda división política en Perú y dio lugar a protestas de miles de personas en la capital, Lima, y en otras ciudades del país.

El expresidente de Perú Alberto Fujimori, que fue trasladado a finales de diciembre a la clínica Centenario de Pueblo Libre por una bajada de tensión, ha recibido el alta médica este jueves tras permanecer casi dos semanas ingresado.

Fujimori estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser trasladado desde la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Perú (Diroes), donde cumplía condena, según ha informado la agencia de noticias Andina.

El exdirigente, que recibió el indulto humanitario el 25 de diciembre después de que una junta médica recomendara su puesta en libertad debido a que sufre una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable, ha salido de la clínica ubicada en el distrito de Pueblo Libre en una silla de ruedas y acompañado por su hijo menor Kenji Fujimori.

Durante su permanencia en el centro médico, Fujimori, que fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso, ha sido sometido a una serie de análisis y tratamientos.

El exmandatario ya ha tenido ocasión de reunirse con sus hijos, según ha informado la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que ha publicado una fotografía de la familia sonriente en su cuenta de Twitter. "Muy contentos de darle la bienvenida a nuestro padre en esta nueva etapa de su vida", ha segurado. Según la prensa local, el reencuentro de Fujimori con sus cuatro hijos ha tenido lugar en una vivienda en el barrio limeño de La Molina.

Hacía 15 años que el apellido Fujimori no destacaba en la prensa española tanto como lo ha hecho estos últimos meses. Desde que el expresidente de Perú fue encarcelado por crímenes contra los derechos humanos, el apellido japonés no volvió a suscitar especial atención hasta las elecciones del país este año, cuando entró en escena su hija, Keiko Fujimori.

La conversación de dos amigas que deriva en un affaire lésbico, la extorsión a un millonario por parte de un periodista de escándalos que trabaja al servicio del régimen de Fujimori, y un viejo recitador de poemas que termina su prometedora carrera malviviendo en las sombras del mundo de la farándula. Estas son las tres tramas que combina la última novela Mario Vargas Llosa.

La obra se autodefine como “un mural de la sociedad peruana”, un retrato del Perú de los años noventa sobrecogido por el terrorismo del maoísta Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), sometida además a la corrupción del régimen fujimorista que, entre otras tropelías, fue conocido por el uso extorsivo de la prensa sensacionalista para deshacerse de sus enemigos.

La décimooctava novela de la vasta colección de Vargas Llosa mezcla tintes eróticos con el alcance internacional de un movimiento terrorista que alertó a medio mundo, una burguesía asidua a Miami, y su Perú natal, de donde rescata el nombre de uno de los barrios más emblemáticos y decadentes de Lima: Cinco esquinas.

"El Chino" presidente

El contexto histórico-político de la novela se ajusta a los últimos años de la dictadura de Fujimori-Montesinos, que inicia su andadura política en 1990 y que claudica en el año 2000.

En las elecciones generales de 1990, Alberto Fujimori fue uno de los candidatos a la presidencia de Perú al frente del partido Cambio 90, fundado por él, que en la primera vuelta obtuvo el 29% de los apoyos frente al 34% del propio Vargas Llosa, que lideraba el partido Movimiento Libertad.

A partir de entonces, la campaña de El Chino, como también era llamado Fujimori, caló entre la mayoría peruana más desfavorecida. Las zonas rurales e indígenas recelaban de la vinculación de Vargas Llosa con las altas esferas, lo que llevó al pueblo a decantarse finalmente por el programa del peruano-japonés otorgándole el 60% de los votos —la mayoría más contundente de la historia del país—.

Una vez presidente, Fujimori –que disponía de un mandato de cinco años no renovables— tuvo que hacer frente a uno de los peores momentos de la historia del país. Una recesión masiva del 12% del PIB, una inflación anual del 2,7%, y una deuda externa recrecida hasta los 20.000 millones de dólares, con lo que el presidente intentaría crear "una verdadera economía social de mercado".

Pero la división y la limitación de los poderes del Estado encorsetaban las actuaciones de Fujimori, como también lo hacían las decisiones que tomaban los miembros del legislativo y la judicatura. Esta situación le llevó, el 5 de abril de 1992, a anular puntos de la Constitución, detener a rivales políticos, disolver el Congreso y poner en marcha el llamado Gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, con el pretexto de combatir a Sendero Luminoso y a los narcotraficantes, esta última una de las piedras angulares de su programa político.

El año 1992 vino cargado de acontecimientos. En septiembre, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, fue capturado, juzgado y condenado a cadena perpetua; el 13 de noviembre se frustró un intento de golpe de Estado, y el 22 de ese mismo se eligió un nuevo Congreso. El partido Cambio 90 se alió con Nueva Mayoría, adoptando este último nombre y manteniendo a Fujimori en el poder, que además fue investido presidente de nuevo tras las elecciones de abril de 1995 y después de modificar la Constitución para poder repetir mandato.

Audacia o suerte, el éxito de la liberación de unos rehenes que habían sido retenidos en la Embajada de Japón –Operación Chavín de Huantar– el 22 de abril de 1996, uno de los episodios más críticos a los que se enfrentó el gobierno, acrecentó su popularidad. Las tropas del Ejército peruano, encabezadas por el mismo presidente, tomaron por asalto la Embajada y acabaron con la vida de 14 miembros del MRTA consiguiendo liberar a 71 de 72 rehenes.

Desde entonces, los numerosos casos de tortura y amedrentamiento perpetrados por los servicios de inteligencia, el acoso a la prensa independiente y las interceptaciones sistemáticas de conversaciones telefónicas de periodistas, empresarios, congresistas y miembros de su propio gobierno hicieron mella en la imagen mesiánica del fujimorismo.

En abril de 2000 volvió a presentar de nuevo su candidatura a la presidencia y ganó al otro candidato, Alejandro Toledo, que rechazó presentarse a la segunda vuelta al denunciar fraude en el proceso electoral. En medio de todo el caos político, y con la trama de corrupción liderada por su asesor Montesinos, en octubre aprovecha su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para huir a Japón, desde donde anunció su dimisión dos días después. 

Cinco años más tarde, y con la intención de volver a Perú para presentarse a las próximas elecciones, Fujimori viajó a Chile y fue detenido en Santiago. Con 78 años, Fujimori se encuentra preso en Lima y se enfrenta a 25 años de cárcel por corrupción, por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti, por delitos de lesa humanidad, y con responsabilidad penal en delitos de asesinato con alevosía por ser el responsable intelectual de las matanzas de Barrios Altos y de la Universidad La Cantuta, realizadas por el grupo parapolicial La Colina.

El Gobierno peruano admitió a trámite, el pasado 27 de julio, la solicitud de indulto humanitario presentada por Fujimori. No obstante, el actual presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, sostiene que es "altamente improbable" que indulte al exmandatario. 

El discreto Doctor

También conocido como el Doctor o Rasputín, el asesor especial de Fujimori y cabeza del Servicio Nacional de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, ha sido visto en público en contadas ocasiones. A pesar de su discreción, Montesinos –en Cinco Esquinas es el Doctor– era considerado como el hombre más poderoso del país. Montesinos cobró notoriedad a partir de la década de los noventa por su condición de abogado, cuando defendió a Fujimori de acusaciones de fraude fiscal, cuyas pruebas desaparecieron misteriosamente.

A partir de esa fecha, el Doctor se convirtió en el principal asesor del presidente y construyó el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que ayudó al Gobierno a infiltrarse en las filas de Sendero Luminoso, pero también a espiar la vida privada de la élite del país, desde políticos hasta empresarios, pasando por militares y otras personalidades.

Desde entonces, Montesinos dirigió el SIN y ejerció el poder en la sombra. Si bien sus apariciones en público eran escasas, su nombre sí que se relacionó a numerosos escándalos como la matanza de Barrios Altos; el intento de golpe de Estado, la matanza de la Universidad de La Canuta; la tortura y asesinato de la agente del SIN Mariela Barreto; o la tortura de la exagente Leonor La Rosa.

Pero el futuro del Doctor tampoco distó mucho del de Fujimori. El 14 de septiembre de 2000 se difundieron unos videos –llamados coloquialmente "vladivideos"– en los que se podía observar a Montesinos entregando dinero a un diputado de la oposición en la sede del SIN, lo que desató un escándalo político que obligó a Fujimori a renunciar a la Presidencia y convocar elecciones en las que prometió que no participaría.

Montesinos está en prisión por delitos de corrupción, de lavado de dinero procedente del narcotráfico —él era bien conocido por su defensa judicial a narcotraficantes—, tráfico de influencias, fraude fiscal, tortura, y asesinato.

La época del terror

Podría decirse que, si hay algo que no hace distinciones entre la disparidad social, racial y económica de los personajes de la novela, es el terror, la violencia generalizada y la inseguridad típica de la época. Desde el lujoso barrio de Miraflores, donde reside la pareja protagonista Quique y Marisa, hasta Cinco Esquinas, donde vive la Retaquita —sucesora del periodista sin escrúpulos Rolando Garro en la novela—, el miedo por los ataques de Sendero Luminoso y el MRTA es latente por igual tanto en las calles de la élite peruana como en las zonas más humildes.

Las zonas más rurales y la ciudad se convierten en verdaderos campos de batalla para las dos organizaciones. Ambas tienen su origen común en el Partido Comunista Peruano de los años sesenta, que se fragmentó en dos formaciones: una de influencia soviética y la otra china.  Por un lado, la facción pro-China liderada por Abimael Guzmán, adquirió el nombre de Frente Estudiantil Revolucionario por el Sendero de José Carlos Mariátegui, al que se fueron uniendo poco a poco otras formaciones maoístas como Patria Roja, Pucallacta, Bandera Roja, o Vanguardia Revolucionaria, todos ellos de corte comunista.

Este grupo fue responsable del 54% de las 70.000 muertes que se dieron durante la oleada del terrorismo en Perú, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Además de ser considerada una de las agrupaciones más sanguinarias del mundo, Sendero Luminoso está incluida en la lista de organizaciones terroristas tanto de la Unión Europea como en la de EEUU.

El MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), ya inactivo, actuó desde 1985 y tiene sus raíces en la extrema izquierda que quiso importar el fenómeno de la guerrilla revolucionaria de otros países como México, Cuba, Nicaragua o Bolivia; y que además, nace de la unión de la facción marxista-leninista del Partido Socialista Revolucionario y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Atentados con coches bomba, asesinatos de civiles, militares, policías y secuestros. Túpac Amaru acabó con la vida de más de 26.000 personas en los años negros del terrorismo en Perú.

Cinco esquinas muestra, como ya acostumbra a hacer el Nobel, un panorama socioeconómico de Perú desde la ficción; una radiografía de la época del terror, de los toques de queda, de la corrupción, de los chantajes y escándalos que sacudieron los cimientos del país latinoamericano donde, como apuntó Vargas Llosa en una entrevista en El País, “la violencia de Estado fue tan atroz como la terrorista”.

Los dos candidatos peruanos que se enfrentarán el próximo 5 de junio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori y Pablo Pedro Kuczynski, han obtenido un empate Pablo Pedro Kuczynski, técnico en el último sondeo elaborado por Pulso Perú, de la firma Datum, y difundido por Perú21, según Europa Press. 

Con un 50% de los votos válidos, se encuentran en empate técnico en la encuesta de intención de voto. Por su parte, Fujimori cuenta con el apoyo del 41,9% de los votos, sólo tres décimas por encima de su único rival en la contienda.

La capital, Lima, sigue dando mayoritariamente su apoyo a Kuczynski, éste ha visto caer más de dos puntos porcentuales su apoyo, del 47,5% registrado en abril al 45,3% en este último, elaborado entre el 6 y el 10 de mayo. Por su parte, la hija del expresidente ha visto incrementar su apoyo entre la sociedad de la capital, de 36,9% al 40,2%.

La fujimorista sigue siendo la favorita en las zonas norte y oriental del país, con un 52,4 y un 46,7%, respectivamente. Por su parte, Kucynski continúa teniendo el respaldo mayoritario en el sur, donde alcanza el 49,5%.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ha pasado a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del Perú con una mayoría relativa cercana al 40% de los sufragios. Su adversario, el economista liberal Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio), ha superado con un 21% a la candidata de la izquierda, Verónica Mendoza (Frente Amplio), relegada al tercer puesto con el 18%. El duelo electoral se dilucidará, por tanto, en el terreno de la derecha, donde es previsible que la contienda se polarice una vez más en torno a la vigencia del fujimorismo.

Alberto Fujimori gobernó el Perú durante una década (1990-2000) pero su controvertida figura, bajo la fórmula de distintas candidaturas electorales interpuestas, no ha dejado de estar presente desde entonces en la política peruana. Al final de su mandato y ante las señales de un posible enjuiciamiento penal, Fujimori aprovechó un viaje de Estado al extranjero para refugiarse en Japón, su otro país de origen con el que mantenía la doble nacionalidad. Años después, cuando se encontraba de tránsito en Chile, fue extraditado, juzgado y condenado por los tribunales peruanos a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, corrupción y apropiación indebida de fondos del Estado.

A pesar de encontrarse cumpliendo condena por estos gravísimos delitos, Fujimori mantiene una alta popularidad entre aproximadamente la mitad de los peruanos que valoran todavía sus logros en materia económica aplicando una estricta ortodoxia liberal, en las relaciones exteriores con el arreglo pacífico alcanzado con Ecuador poniendo fin al histórico conflicto fronterizo y en la lucha contra el terrorismo, especialmente el aplastamiento definitivo del sanguinario grupo Sendero Luminoso. Los resultados de su gestión fueron conseguidos con un pragmatismo político sin complejos que no se detenía ante derechos ni controles morales o legales. Nunca antes se afirmó con más convicción que el fin justificaba los medios.

Al poco de estrenar su mandato y ante la situación de bloqueo parlamentario que le impedía poner en práctica sus planes reformistas, el presidente Fujimori, con apoyo expreso y colaboración de las fuerzas armadas, decidió intervenir los poderes legislativo y judicial. El autogolpe se consumó el 2 de abril de 1995. Se aprovechó que era domingo para disolver el Congreso de la República, intervenir los órganos jurisdiccionales e interventores y detener a los líderes de la oposición. Se estableció el llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional con el propósito de convocar un plebiscito nacional que ratificara las medidas de excepción adoptadas. La nueva Constitución Política del Perú fue ratificada en referéndum.

La presidencia de Fujimori está estrechamente unida a la actuación de Vladimiro Montesinos, un personaje siniestro que desempeñó la jefatura de los servicios secretos. Este antiguo oficial del Ejército, abogado defensor de narcotraficantes y agente de la CIA, ejerció en la sombra el poder como consejero de seguridad del presidente llevando al Estado peruano a niveles de máxima degradación moral. El conocimiento público de sus métodos expeditivos causó verdadera alarma. El consejero Montesinos impulsó la creación de escuadrones de la muerte que practicaron la tortura, el secuestro y el asesinato de periodistas y agentes arrepentidos. La oposición política fue controlada mediante el soborno que quedaba registrado en audio y vídeo para utilizarlo como chantaje (vladivídeos).

En el marco de la guerra de baja intensidad contra el terrorismo, el gobierno de Fujimori alentó la guerra sucia con la actuación de los servicios secretos. El destacamento Colima, integrado por agentes militares de inteligencia, realizó numerosas operaciones encubiertas contra las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaro (MRTA). A comienzos de los años noventa se les imputan diversas masacres de civiles y estudiantes, desaparición de campesinos y asesinatos de dirigentes sindicales.

Con estos antecedentes, ya se comprende que el fujimorismo, pese a las protestas de eficacia en la gestión que esgrimen sus partidarios, es visto como una grave amenaza a la propia democracia peruana. El país no se puede permitir el perdón o la amnesia sobre una época presidida por el terrorismo de Estado, el saqueo de fondos públicos y el grave deterioro del funcionamiento regular de las instituciones. Con el regreso al poder del clan Fujimori, dado el grado de organización y pujanza del movimiento fujimorista, no está garantizado que no supusiera también la vuelta de las peores prácticas de los años noventa. La candidata niega esta posibilidad pero no parece que tenga más garantía que ofrecer que su propia palabra.

Los resultados de las elecciones peruanas han seguido la pauta que marca el deslizamiento de la región hacia los gobiernos de inspiración de centro derecha, tras la victoria de Mauricio Macri en Argentina y de la oposición parlamentaria antichavista en Venezuela. La izquierda peruana, lastrada por su asimilación histórica con el extremismo y por el reciente fiasco del actual presidente Ollanta Humala –elegido con un discurso de izquierda e integrado desde el comienzo de su mandato en el campo neoliberal–, cuenta para volver a la presidencia en próximas citas electorales con la prometedora figura de la joven Verónica Mendoza, que ha conformado con éxito una alternativa social al discurso hegemónico neoliberal.

El fujimorismo resiste en Perú y dominará el nuevo parlamento con 68 de los 130 escaños. No obstante, el próximo 5 de junio Perú tiene la oportunidad de cerrar el paso al poder ejecutivo a los herederos de Fujimori garantizando así la estabilidad del país. Para ello, el candidato alternativo, Pedro Pablo Kuczynski, tiene el reto de agrupar el voto en contra. La clave una vez más estará en el grado de polarización de los electores en torno al fujimorismo con la dificultad añadida en esta ocasión de elegir entre dos opciones del mismo espectro político.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú indicó este domingo que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría obtenido la victoria en las presidenciales con un 39,18% de los votos, según datos correspondientes al 40,31% del recuento y de los que se hace eco Europa Press.

Según los datos publicados en su página web, en segundo lugar se encontraría el candidato de Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo KuczynskPedro Pablo Kuczynski, quien habría obtenido el 24,25% de los respaldos, mientras que la candidata de Frente Amplio, Verónika Mendoza, habría sumado el 16,57% de las papeletas.

De esta forma, Fujimori y Kuczysnki se enfrentarían el 5 de junio en una segunda vuelta en la que se definiría quién será el que suceda a Ollanta Humala en la Presidencia del país sudamericano.

Por detrás figuran el candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea (7,69%); el de Alianza Popular, Alan García (6,19%); y el de Democracia Directa, Gregorio Santos (2,51%).

Por último, el candidato de Frente Esperanza, Fernando Olivera, habría obtenido el 1,38% de los votos, seguido por el expresidente Alejandro Toledo, candidato por Perú Posible, con un 1,24%.

La ONPE ha indicado además que la tasa de participación en las elecciones ha sido del 85,01%, agregando que ha habido un 9,92% de votos en blanco y un 4,48% de votos nulos.

¿Quién es Keiko Fujimori?

La líder de Fuerza Popular es una vieja conocida para los peruanos. Llegó a la política con tan solo 19 años, cuando el divorcio de sus padres la obligó a ejercer de primera dama hasta el ocaso del régimen de Alberto Fujimori.

Este episodio de su vida ha marcado su trayectoria política tanto en sus aspectos positivos como negativos. El imaginario colectivo la vincula irremediablemente con los logros y fracasos de su padre y ve en ella una posible secuela.

Fujimori ha optado por labrarse su propia identidad dentro de la vaguedad ideológica del fujimorismo fujimorismo, para no desprenderse del amplio apoyo popular que aún hoy tiene su padre en ciertos sectores sociales y que le ha servido para escalar en política.

Su primer éxito electoral llegó en 2006, cuando consiguió entrar en el Congreso, desde donde –en contra de los postulados de su padre– fraguó un partido político con miras a la fallida aventura presidencial de 2011, perfeccionado ahora para la tentativa de este domingo.

En esta campaña electoral ha prometido poner en marcha el Plan Perú, que contempla un programa económico liberal que vislumbra "un boom de inversiones en infraestructuras productivas" que tenga "un impacto positivo en la población" en cuanto a pobreza y desigualdad.

Fujimori ha recuperado las líneas maestras de su padre haciendo hincapié en la seguridad para "recuperar un país donde vivamos con paz y sin miedo", haciéndose eco de los escasos "aciertos" de su linaje político.

Sin embargo, ha querido desmarcarse del fujimorismo en términos humanitarios. Así, ha garantizado una "protección efectiva de los Derechos Humanos", que incluye indemnizaciones a las víctimas de abusos pasados y futuros, y ha pedido perdón por los "excesos" de su padre.

La candidata se esforzó durante la campaña en subrayar que, si gana, abrirá una nueva época. "Mirando a los ojos al Perú, firmo este compromiso de honor: sé mirar la historia de mi país, sé qué capítulos se deben repetir y tengo muy claro cuáles no", afirmó.