Desde el pasado 1 de abril, la Xunta permite de nuevo la pesca de la anguila en las rías de Arousa y Vigo pese al progresivo deterioro de esa especie en los ríos gallegos, al igual que ocurre con la lamprea o el salmón, que también deja capturar. Ese mismo día, el 1 de abril, el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, firmaba una respuesta oficial en la que advertía de que “no hay indicios de recuperación de la anguila” y que “es necesaria una mayor ambición para hacer frente a la mortalidad debida al medio ambiente y, al mismo tiempo, seguir adoptando medidas en materia de pesca”.

Sin embargo, el Gobierno gallego, pese a admitir su “declive”, viene rechazando elevar la protección de la especie. El año pasado se pescaron 37.000 kilos en Galicia.

Este año la anguila puede capturarse durante medio año, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, en las rías de Arousa y Vigo, y entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en la de Ferrol. Con todo, el comisario de Pesca, a preguntas del eurodiputado socialista César Luena, acaba de insistir, en una respuesta al Parlamento firmada ese mismo 1 de abril, en que la anguila está “en peligro crítico”. Así lo declaró la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La respuesta del comisario señala que “la conservación y la gestión de la anguila europea, una especie en peligro crítico, deben basarse en consideraciones en materia de pesca y medio ambiente para abordar la mortalidad provocada por el ser humano”. Según dice, sin identificar zonas geográficas, los planes de gestión de la especie “no se cumplieron en su mayoría” y “no hay indicios de recuperación de la anguila”. Por eso pide a los Estados que mejoren la protección de la anguila y revisen sus planes de gestión.

El comisario europeo de Pesca añade que “algunos Estados miembros adoptaron medidas más estrictas mediante la inclusión de la anguila europea en la lista de especies estrictamente protegidas o la prohibición de la pesca de la anguila durante todo el año”.

Eso es lo que quiere hacer el Gobierno de España, pero varias comunidades, entre ellas Galicia, lo rechazan. Hace dos meses la Xunta se jactó de “frenar” la intención del Estado de prohibir la pesca de la anguila al tiempo que subrayaba que el año pasado se pescaron 37.371 kilos. Según el Gobierno gallego, supusieron un volumen de negocio “próximo a los 800.000 euros” para 93 barcos, de los que no detalla si pescan también otras especies ni el porcentaje de negocio que supuso la anguila en relación con otras capturas.

La respuesta del comisario no solo pone el foco en la pesca, sino también en el deterioro ambiental como causa del declive de la especie. Un “declive” que admite la Consellería do Mar, pero para decir que “no está vinculado al tipo de captura, sino a causas estructurales ampliamente documentadas por la comunidad científica”. Causas que no cita, pero que podrían ser los embalses, la contaminación o el cambio climático.

Sin embargo, cuando se le pregunta por sus actuaciones para frenar el deterioro en los ríos gallegos de especies migratorias como la anguila, la lamprea o el salmón, la Consellería de Medio Ambiente, en respuesta a Praza.gal, se limita a hablar de cuotas de captura decrecientes en lugar de otras iniciativas de mejora ambiental. Esto es, al tiempo que el departamento con competencias en pesca dice que la pesca no es la única causa del declive de la anguila sino también otros problemas ambientales, el departamento con competencias en medio ambiente pone el foco solo en la pesca justificando que las cuotas de capturas son cada vez menores.

Mientras, cocineros y entidades ecologistas piden más protección en los ríos gallegos no solo para la anguila —para la que Adega insiste en pedir una veda total y su catalogación como especie en peligro crítico de extinción—, sino también para la lamprea y el salmón.

Los peces migratorios de agua dulce son una de las poblaciones de vertebrados más amenazadas debido a la construcción de presas, la pesca furtiva, la sobrepesca, el cambio climático y la degradación de los hábitats. En un informe publicado este martes, Naciones Unidas estima que su población se ha desplomado en un 81% desde la década de 1970 y docenas de especies están en peligro de extinción, entre ellas medio centenar de especies europeas y 13 que habitan en España.

La conclusión principal del análisis es que estos peces migratorios de río, que a lo largo de su vida atraviesan cuencas fluviales de dos o más países, son extremadamente vulnerables a los cambios en el ecosistema porque necesitan recorrer largas distancias para completar su ciclo de vida. Construir una presa, modificar el cauce de un río, un vertido contaminante o atravesar una zona de pesca intensiva es suficiente para reducir drásticamente su población, y recorrer distancias tan grandes, bajo diferentes jurisdicciones, multiplica las posibilidades de que se enfrenten a estos fenómenos y dificulta su protección.

"Muchas de las grandes migraciones de fauna silvestre del mundo tienen lugar bajo el agua. Este estudio pone de manifiesto que los peces migratorios de agua dulce se encuentran en grave peligro, y que para protegerlos será necesario que los países colaboren con el fin de mantener los ríos conectados, productivos y llenos de vida", opina en un comunicado Zeb Hogan, el investigador líder del informe.

El estudio ha sido realizado por el comité de Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS, en inglés) para evaluar si hace falta añadir a su lista de especies en peligro nuevos integrantes, e identifica en total 325 especies, de las que 24 ya estaban hasta ahora incluidas. 50 de ellas habitan en Europa, 205 en Asia, 55 en Sudamérica, 42 en África y 32 en Norteamérica. Para llegar a esta conclusión, han analizado el estado de más de 15.000 especies de peces.

El convenio CMS es vinculante y obliga a los más de 150 países adscritos, entre ellos España, a adoptar medidas de conservación. De las 325 especies que proponen incluir en la lista de protección, 13 viven en ríos y lagos españoles: el sábalo, la lamprea de arroyo, el salmón del Atlántico, el jarabugo, el pejerrey, la lisa dorada, el corcón, el morragute, la lubina, el barbo de Graells, el múgil y la madrilla. La anguila europea también se encuentra en la lista desde la versión anterior de 2011.

La mayoría de las especies en riesgo en España habitan en el Guadiana, el Miño y el Bidasoa, y los tres primeros peces citados –el sábalo, la lamprea y el salmón– figuran además entre 30 especies prioritarias que requieren "una inclusión inmediata" dentro de la lista difundida este martes por la ONU.

Graciela Gómez, profesora en el departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid, opina que la migración de estas especies es esencial para que puedan alimentarse o desovar, y que estas barreras rompen su ciclo y ponen en peligro la alimentación humana, la pesca y la salud de los ecosistemas. "Es una crisis de biodiversidad silenciosa, mucho más grave de lo que la sociedad percibe. Su desaparición amenaza seriamente la salud de nuestros ecosistemas locales y la seguridad alimentaria de muchas comunidades, que dependen históricamente de estas migraciones", escribe Gómez en Science Media Centre.

En función de la situación de urgencia de cada especie, la lista CMS tiene dos rangos de protección. El Apéndice I incluye especies migratorias en peligro de extinción en la totalidad o en una parte significativa de su área de distribución y obliga a los Estados a prohibir su captura –o reducirla al mínimo imprescindible– y a tratar de rehabilitar su hábitat. El Apéndice II supone que una especie necesita de cooperación política entre dos o más países a la hora de protegerla porque las amenazas se suceden a lo largo de toda la cuenca. Algunos animales pueden formar parte de los dos apéndices, si es necesario.

Los autores concluyen también que en el último medio siglo la población de peces migratorios de agua dulce ha caído un 81% en todo el mundo, "lo que los convierte en uno de los grupos de especies silvestres más amenazados del planeta". Los que más han sufrido han sido las variedades de mayor tamaño, conocidas como megapeces, cuya población se ha desplomado en un 94%. Esta última cifra incluye tanto a los migratorios de agua dulce como de agua salada.

Entre los problemas que afectan a estos animales, destacan las barreras fluviales en forma de presas o azudes, que impiden el paso de los peces que remontan el río, o hieren o matan a los ejemplares que se cuelan en las turbinas. La anguila europea es un ejemplo: necesita remontar los ríos para alimentarse antes de regresar al Mar de los Sargazos para desovar. En el caso de las presas hidroeléctricas, alteran drásticamente el caudal de los ríos en función de si descargan o recargan agua, afectando también al movimiento de los peces.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar al capitán del buque pesquero Villa de Pitanxo y a dos directivos de la empresa armadora por su presunta responsabilidad en la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido en febrero de 2022 a 250 millas de Terranova (Canadá), asegura EFE.

El magistrado ha dictado este viernes un auto de pase a procedimiento abreviado —equivalente al procesamiento— en el que propone juzgar al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, y al capitán del barco, Juan Enrique Padín, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Moreno sigue así el criterio expuesto por la Fiscalía en su escrito, en el que consideró que el capitán y los armadores mostraron un "grosero desprecio por la vida" de la tripulación. Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín S.L. y a la entidad aseguradora como responsable civil directo.

El auto que pone fin a la investigación llega cuando están a punto de cumplirse cuatro años de la tragedia que dejó 21 fallecidos: 12 de ellos no aparecieron y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Otros tres, entre ellos el capitán, fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.

En su auto, el magistrado Ismael Moreno apunta que el capitán dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación y que impidió una salida más ordenada de la nave que hubiera podido ser exitosa. "Cuando la dio, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas", afirma.

Algo en lo que coincide con la fiscal que ha investigado el naufragio, que cuestionó en su escrito que el capitán diera la orden de abandono "demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación".

En su relato de los hechos, el juez señala diferentes factores que contribuyeron a que se produjera la inundación y hundimiento del buque. La sobrecarga no controlada, la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo son algunos de ellos.

También el hecho de que solo existiera una escalera desde la cubierta hasta los puntos designados para embarcar en las balsas salvavidas y que era inaccesible en el momento en el que se ordenó el abandono, lo que obligó a los tripulantes a utilizar otras vías.

El juez menciona las condiciones físicas de los tripulantes, con ocho de ellos contagiados con covid-19, según informó el capitán, y señala que la tripulación no estaba familiarizada con los medios de salvamento del buque ni tenía la suficiente formación sobre riesgos de hipotermia. Ni los trajes de inmersión habían sido revisados ni el Villa Pitanxo estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo, añade el magistrado.

Tras este paso, el juez da diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. 

La estafa en la venta de atún rojo sigue vigente en Europa después de años de denuncias. La ONG Oceana ha analizado el atún rojo que se sirve en numerosos restaurantes en Bruselas y ha detectado que solo el 9% de los platos analizados eran realmente de esa especie, mientras que el resto eran otras variedades de atún e incluso otros pescados más baratos.

El estudio, publicado este lunes, no ha sorprendido a nadie en el sector pesquero. El atún es el pescado más propenso a las estafas y desde hace más de una década se han denunciado redes dedicadas a tintar el atún para que sea aún más rojo o a sustituirlo por variedades más baratas y ganar un buen pellizco.

En este caso, Oceana ha analizado 30 platos de 26 restaurantes de la capital europea y solo el 9% del atún rojo estaba correctamente etiquetado. El resto se trataba en realidad de atún de aleta amarilla (68%) y atún patudo (14%), e incluso de salmón del Atlántico (5%) y pez espada (5%). Los resultados son similares a los de un estudio de Oceana mucho más grande de 2015 en el que analizaron 280 restaurantes en Bruselas, y el 95% de los platos que supuestamente eran atún rojo resultaron ser otras variedades.

El problema radica, según los autores de la investigación, en que los restaurantes no están obligados a aclarar qué están vendiendo, por lo que en la carta pone "atún", y al preguntar al camarero, este dice que es rojo. En la mayoría de los casos, incluso el restaurante cree que vende atún rojo porque la estafa proviene del mercado de abastos. 

"Se dan las dos situaciones", aclara Marine Cusa, investigadora de Oceana. "Unas veces hay un fraude a propósito, pero la mayoría es un genuino desconocimiento del restaurante. Ni siquiera le sacan beneficio porque te venden el falso atún rojo a un precio más barato, pero te dicen que es rojo porque no saben qué decirte lo que es en realidad". La inmensa mayoría de los platos que pagaron para la investigación costaron alrededor de 15 euros, un precio inferior a lo que costaría cenar atún rojo en la capital europea.

Aunque el estudio se haya realizado en Bruselas, hay evidencias de que esta estafa está presente en todo el mercado europeo, incluida España. El Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) analizó en 2017 el tráfico de atún en Cataluña, desde el mercado de abastos hasta el consumidor final, y concluyó que el 58% del atún rojo de pescaderías y el 62% en restaurantes, es sustituido por otros atunes más baratos.

Ana Gordoa, la ecóloga que lideró la investigación, subraya que el 40% de ese producto es falseado en el mercado mayorista –estudiaron Mercabarna, Mercamadrid y Mercamálaga– , por lo que aquel estudio describía el problema como un efecto dominó que se va amplificando a lo largo de la cadena. 

El estudio español analizó también la estructura de costes del atún y detectó que el fraude es muy rentable. "El origen del fraude está en los mercas y la razón es evidentemente económica. Si haces pasar por atún rojo un atún patudo, puedes ganarle 10 u 11 euros por kilo, y algo menos si lo sustituyen por aleta amarilla", afirma. "De todas formas, si la estafa sucede es porque el etiquetado en España es malo o directamente inexistente", añade.

En principio, opina Gordoa, este cambio no supone un problema de salud pública porque todos los atunes se tienen que congelar en barco, y las otras especies de atún no son peores. "Todos los atunes son rojos, y sinceramente, ni yo soy capaz de diferenciar un atún u otro si los cocino", reconoce. "La única particularidad del atún rojo de cercanía tiene una cadena de frío perfecta para su conservación y características adaptadas a nuestro paladar, como el porcentaje de grasa", comenta la experta.

Tanto Marine Cusa como Ana Gordoa señalan que esta estafa –o malentendido, en algunos casos– está permitida en la Unión Europea por la laxitud que tiene la ley de información al consumidor.

Los restaurantes no están obligados a detallar el origen ni el nombre completo del animal, lo que abre la puerta al engaño. En el caso del pescado (o la carne) envasado, sí tiene que aparecer el nombre comercial y científico del animal, el área de captura y la técnica de pesca. Si se compra fresco en un supermercado, esta información debe estar visible en carteles o etiquetas, pero es un requisito que rara vez se cumple.

Sustituir un atún por otro no supone un riesgo para la salud, pero en los últimos años sí se han detectado estafas peligrosas en las que el atún es tratado químicamente o con aditivos naturales para intensificar el color de la pieza y dar una apariencia de mayor frescura. Gordoa afirma que en las 375 muestras de atún que analizaron no encontraron este problema, pero son muchos los casos denunciados en Europa.

Roberto Sáez y María Luisa Cervera, investigadores de la Universitat de València, publicaron un artículo sobre ello a raíz de la incautación de 80 toneladas de atún en Bélgica procedente de Asia, de los que una parte habían sido tratados con monóxido de carbono para aumentar la rojez y ocultar el deterioro de la carne.

"Al descongelar y filetear el atún, la mioglobina queda expuesta al aire. Esto provoca una transformación del color desde el rojo intenso inicial (debido a la oxihemoglobina) a un marrón rojizo mucho menos atractivo para el cliente", explicaron los expertos. Hay tres maneras de adulteración: añadir sales de nitrato y nitrito, tratar con monóxido de carbono o añadir extractos vegetales.

Las tres técnicas son ilegales en Europa, aunque solo el nitrito es realmente peligroso, porque "es capaz de generar reacciones de formación de nitrosaminas, compuestos relacionados con la aparición de distintos tipos de cánceres", añaden.

La organización Oceana también publicó un estudio similar hace un mes sobre cómo la industria del calamar aprovecha el agujero legal del etiquetado para vender mayoritariamente productos capturados en lugares donde abundan las flotas de pesca ilegal o barcos con trabajadores prácticamente esclavizados.

A través de análisis de ADN a productos de calamar comprados en restaurantes y tiendas de Bruselas y Milán, descubrieron que más del 90% se importaba de las lejanas aguas de los océanos Índico, Pacífico y Atlántico Suroccidental.

"Además, el análisis de ADN reveló que alrededor del 71% de las muestras cuyo lugar de captura geográfico declarado era el océano Atlántico nororiental o el mar Mediterráneo, pertenecían en realidad a especies originarias del océano Pacífico o del océano Atlántico sudoccidental, lo que indica casos de etiquetado erróneo o deliberadamente incorrecto", concluye el informe.

En el caso del atún, sin embargo, es extremadamente difícil averiguar si las variedades que se venden en Europa proceden de mares lejanos o de flotas pesqueras chinas o indonesias, donde es habitual encontrar casos de pesca ilegal. Según detalla Marine Cusa, la pesca del atún es global y una misma especie está presente en diferentes océanos, de manera que solo se puede averiguar su origen si lo etiqueta el pescador. Mientras que en las especies de calamar están muy acotadas geográficamente, un análisis de ADN permite averiguar con alta precisión el lugar de la captura.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) cerraron en la madrugada del sábado el acuerdo de las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico y los días de capturas en el Mediterráneo para 2026, que finalmente se estableció en 143 días.

"Después de dos días de trabajo (...) hemos logrado 143 días para nuestros barcos pesqueros del Mediterráneo", dijo en un vídeo compartido en redes sociales el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, añadiendo que este año había sido una negociación "francamente difícil" ya que se partía de 9,7 días para la pesca de arrastre en la propuesta inicial de la Comisión Europea.

"Creo que es un éxito evidente que quiero compartir con todos los armadores y pescadores que han hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de su trabajo y también de la sostenibilidad de todos los stocks, a través de las medidas selectivas que fueron aplicadas el año pasado", recalcó.

El ministro también adelantó que "este año no habrá nuevas medidas selectivas" y que "únicamente con las vigentes desde el año pasado se podrán alcanzar estos 143 días".

Desde la mañana del jueves, los ministros de Pesca de la UE intentaron alcanzar un acuerdo sobre las posibilidades pesqueras de 2026 en aguas del Atlántico y los días de pesca en el Mediterráneo.

En el Mediterráneo, el Ejecutivo comunitario había propuesto originalmente que cada buque de la flota pesquera española saliera a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025.

En el acuerdo del año anterior, se permitía elegir una serie de medidas de compensación - por ejemplo, medidas respetuosas con el ecosistema marino, como el uso de redes específicas que provocan menos daños en el mar - y escogiendo unas u otras, pero no todas, se podía elevar la cifra de días de pesca similar a la del año pasado.

No obstante, en la propuesta inicial para la pesca en 2026, para alcanzar una cifra de días de pesca algo por encima de las 100 jornadas era necesario aplicar todas las medidas propuestas.

"En lo que respecta al Mediterráneo occidental, los ministros acordaron mantener el nivel de esfuerzo pesquero para los arrastreros en aguas españolas, francesas e italianas para 2025", según informó el comunicado del Consejo de la UE.

En cuanto a los límites de capturas en el Atlántico, el comunicado apunta a una reducción en los de lenguado, jurel, abadejo o rape, y a un incremento para el gallo o la cigala. 

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido han llegado a un nuevo acuerdo por el que reforzarán su relación en un amplio número de ámbitos, desde la defensa al comercio o la pesca, anunció este lunes el Gobierno británico. Los nuevos pactos fueron anunciados durante la primera cumbre bilateral entre la UE y el Reino Unido tras la salida británica del bloque comunitario en 2020, que reúne este lunes en el palacete de Lancaster House en Londres al primer ministro británico, Keir Starmer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Según un comunicado difundido por Downing Street (oficina del primer ministro británico), Londres y Bruselas han alcanzado un nuevo acuerdo pesquero por 12 años, como pretendía la UE, que a cambio reducirá las cargas administrativas para que la industria agroalimentaria británica pueda exportar a los Veintisiete.

Ese pacto sanitario y fitosanitario, de duración ilimitada, obligará al Reino Unido a alinear sus estándares con los de la UE y permitirá eliminar controles a productos animales y vegetales y reducir los tiempos de espera en las aduanas.

El primer ministro recuerda en la nota que las exportaciones británicas a la UE han caído un 21% y las importaciones un 7% tras el Brexit, algo que el acuerdo prevé paliar con más facilidades para productos británicos como salchichas o hamburguesas.

También se ha llegado a un entendimiento para "cooperar" en un programa de movilidad juvenil, que contemplaría la introducción de cuotas y sería limitado en el tiempo, según el comunicado de Londres, que pese a todo no ofreció más detalles sobre este punto, uno de los que más interés levantaba en los Veintisiete.

Como estaba previsto, la UE y el Reino Unido han cerrado una nueva Asociación en Seguridad y Defensa, que permitirá a la industria militar británica participar en el fondo de defensa comunitario. De igual forma, el Reino Unido abrirá conversaciones para acceder por primera vez a la base de datos faciales comunitaria y se permitirá a los viajeros británicos acceder por las puertas electrónicas de acceso en los aeropuertos.

El Ejecutivo agregó que el Reino Unido iniciará conversaciones sobre el acceso a los datos de imágenes faciales de la UE por primera vez, además de los acuerdos existentes para los datos de ADN, huellas dactilares y matriculación de vehículos. Esto mejorará la capacidad para atrapar a delincuentes peligrosos y garantizar que comparezcan ante la justicia con mayor rapidez.

Los turistas británicos podrán utilizar más puertas electrónicas en Europa, poniendo fin a las filas en los controles fronterizos, mientras que las mascotas también podrán viajar con mayor facilidad gracias a la introducción de "pasaportes para mascotas" para perros y gatos del Reino Unido.

Según el gobierno, una cooperación más estrecha en materia de emisiones mediante la vinculación de los respectivos Sistemas de Comercio de Emisiones mejorará la seguridad energética del Reino Unido y evitará que las empresas se vean afectadas por el impuesto al carbono de la UE, que entrará en vigor el próximo año. En conjunto, se prevé que los Sistemas de Comercio de Emisiones añadan casi 9.000 millones de libras (10.710 millones de euros) a la economía del Reino Unido para 2040.

Las exportaciones británicas de acero están protegidas de las nuevas normas y aranceles restrictivos de la UE.

"Es hora de mirar hacia adelante. De dejar atrás los debates obsoletos y las luchas políticas para encontrar soluciones prácticas y de sentido común que beneficien al pueblo británico. Estamos dispuestos a colaborar con nuestros socios si eso significa mejorar la vida de las personas aquí en casa", dijo el primer ministro. "De eso se trata este acuerdo: de salir al mundo una vez más, siguiendo la gran tradición de esta nación. Construyendo las relaciones que elijamos, con los socios que elijamos, y cerrando acuerdos en beneficio de la nación. Porque eso es lo que hacen las naciones independientes y soberanas".

ClientEarth y Oceana han presentado una demanda ante la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Dirección General del Pesca del Ministerio de Agricultura por no investigar ni sancionar ni supervisar "eficazmente" a barcos de pesca que desactivan su Sistema de Identificación Automática (AIS) en Guinea Bissau y Senegal. Ambas organizaciones ecologistas ponen el foco tanto en embarcaciones españolas como en empresarios españoles beneficiarios de barcos con banderas de terceros países que apagan el radar durante periodos prolongados ante el grave riesgo de pesca ilegal en África Occidental.

"Lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales públicas de identificación, quedándose a oscuras durante periodos tan largos. Esta falta de transparencia podría estar relacionada con el fraude", explica el abogado Nils Courcy de ClientEarth que apunta que han pedido a las autoridades españolas que investiguen más a fondo estos barcos aunque "se han negado a hacerlo": "Ahora vamos a acudir a los tribunales para exigir que cumplan sus obligaciones legales".

Las autoridades españolas, según detallan desde ambas ONG, se aferran a un "supuesto varío legal" para eludir sus obligaciones ya que alegan que carecen de jurisdicción para investigar y sancionar a sus ciudadanos y empresas potencialmente involucrados en pesca ilegal fuera de las aguas de la UE, a menos que figuren en listados oficiales de buques implicados en actividades de pesca ilegal.

Un análisis de Global Fishing Watch muestra que varias embarcaciones con bandera española que operan en Senegal y Guinea Bissau parecen desactivar su AIS durante periodos de tiempo significativos, lo que supondría una clara infracción de la normativa pesquera de la Unión Europea (UE). Las mismas prácticas también se han detectado en barcos galos pero, por ahora, no se plantean acciones legales contra Francia.

Los buques de propiedad extranjera, incluidos los españoles, representan el 73% de la flota industrial de África Occidental y preocupa que la falta de control en el mar y en los puertos pueda estar permitiendo la pesca ilegal. Según detallan ClientEarth y Oceana, las comunidades locales de la región se enfrentan a consecuencias desastrosas derivadas de la reducción de los stocks pesqueros, como riesgos para la seguridad alimentaria, pérdida de empleo y migración forzosa.

En mayo de 2024, la Comisión Europea ya amonestó a Senegal con una "tarjeta amarilla" como muestra de su preocupación por la falta de capacidad del país para prevenir la pesca ilegal. Pero no es solo responsabilidad de Senegal evitar esta práctica: los países europeos también tienen la obligación legal de supervisar sus flotas y operadores que faenan en aguas de terceros países, detallan ambas ONG.

España ratificó este martes el Tratado de Alta Mar de Naciones Unidas y se convirtió en el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Este pacto global pretende proteger un 30% de las aguas del mundo que no tienen jurisdicción, donde la pesca ilegal y el vertido de residuos actúa con impunidad. En este momento, menos del 2% de las aguas de alta mar están protegidas, y la creación de estos santuarios permitirá salvaguardar especies en riesgo de plantas y peces. El problema es que hace falta que ratifiquen el tratado al menos 60 países para que entre en vigor y por ahora solo se cuentan 16, incluyendo a España.

Los defensores de la naturaleza han apodado a este tratado 'la Constitución de los Océanos', o 'el Acuerdo de París de los Océanos', por la enorme relevancia que tiene para la conservación marina. Supone que decenas de países se unan para controlar y proteger la mitad de la superficie de la Tierra, donde hasta ahora solo estaban presentes algunas agencias gubernamentales con una capacidad de vigilancia ínfima.

Así definió el tratado este martes Sara Aagesen, ministra de Transición Energética: “Es un instrumento global y jurídicamente vinculante que protege la biodiversidad, y es algo que hasta ahora no ocurría más allá de las 200 millas náuticas de jurisdicción nacional. Nos permite enfrentarnos de manera unida a la crisis climática y a la presión enorme que sufren los océanos por la acidificación, por la sobreexplotación y por la contaminación”. También añadió que el compromiso con los océanos del Gobierno español va de la mano con su preocupación por las aguas nacionales: si el año pasado España tenía protegido el 21% de sus mares, en 2025 el ministerio quiere alcanzar el 25%, con la meta de llegar al 30% en 2030.

Según explicó Aagesen, una vez que España ha ratificado el acuerdo, queda a la espera de que otros tantos países se sumen y lo avalen en sus parlamentos nacionales. Más de un centenar de países de todo el mundo han firmado hasta ahora su compromiso con el Tratado de Alta Mar, de manera que el Gobierno español es optimista en que más pronto que tarde se alcance esa cifra mínima de 60 países con el acuerdo ratificado. Una vez que se alcance esa cantidad, el pacto entrará en vigor con un decalaje de 120 días.

La Comisión Europea ya reclamó el año pasado a los 27 estados miembros que ratifiquen este pacto de los océanos antes del próximo mes de junio, cuando tendrá lugar la cumbre de Niza de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Cuatro países europeos ya han aprobado en sus parlamentos la unión al tratado, y solo tienen que entregar la documentación en la sede de la ONU, en Nueva York para ratificarlo de manera definitiva.

Aagesen explicó que una vez que entre en vigor el tratado, la primera obligación que tendrá España y el resto de firmantes será escoger las áreas de alta mar que quedarán protegidas en el acuerdo, equivalentes al 30% de la superficie marina sin jurisdicción. Una parte de las tareas que tendrán los países europeos sobre estos santuarios será competencia de la Unión Europea, no de los gobiernos nacionales, pero la ministra sí añadió que España tendrá el compromiso de aportar conocimiento, equipos y expertos a la comunidad científica que monitoree estos enclaves oceánicos.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace, también compareció junto a la ministra y explicó que el gran paso de este tratado es que por fin la comunidad internacional se une para controlar un área inmensa que estaba abandonada. “Hasta ahora el alta mar estaba supervisada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) y algunas organizaciones regionales pesqueras, pero con la entrada en vigor de este acuerdo pasaremos a un sistema de gobernanza global centrado en la protección. En lugar de que los océanos estén gestionados con la vista puesta en la explotación y la pesquería, cambiamos el diálogo para que se oriente hacia la gestión del ecosistema”, señaló la portavoz ecologista.

Greenpeace ya ha propuesto algunos de los enclaves oceánicos que podrían formar parte de este 30% de los santuarios. El Mar de Sargazos, ubicado en el Atlántico norte, cerca de Cuba. El Monte Emperador, una cadena de volcanes submarinos ubicada en Hawái. Y el Mar de Tasmania, situado en el Pacífico, al este de Australia.

También participó en la presentación Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, que destacó que la península es una potencia pesquera global, y que España haya decidido adelantarse al resto de países vecinos en la ratificación del tratado será un ejemplo para el resto. “Es el tipo de noticias que necesitamos en este momento, cuando la llamada del individualismo suena en todo el planeta, y hay un ataque a las organizaciones internacionales y a la ciencia”, dice en referencia a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, que será efectivo dentro de un año. De hecho, Estados Unidos también firmó en septiembre de 2023 su compromiso con el Tratado de Alta Mar, bajo la administración de Joe Biden, pero no parece que la Administración de Donald Trump vaya a continuar con la ratificación.

La pesca de arrastre ha comenzado este miércoles un proceso de adaptación en tiempo récord a las nuevas exigencias europeas. Los 560 barcos de arrastre españoles que pescan en el Mediterráneo tendrán que cambiar sus redes en las próximas semanas por unas que tengan un diámetro de luz superior para reducir las capturas de especies en riesgo, como la merluza. El desafío está en que las nuevas mallas tendrán que estar instaladas en menos de cuatro meses, antes del 1 de mayo, para lograr que el sector pueda salir a faenar los mismos días que en 2024.

Los portavoces de los pescadores ya avisan de que cumplir con un calendario tan ajustado será muy complicado, o imposible, porque los fabricantes no pueden asumir tantos pedidos en unas pocas semanas, y la instalación y la certificación también generará cuellos de botella. Algunos representantes del sector incluso han pedido extender el calendario para poder cumplir con la ajustada meta, algo que tendrá que aprobar la Comisión. La oportunidad para solicitar este cambio sería el 27 de enero, cuando tendrá lugar un Consejo de Ministros de Pesca en Bruselas.

José María Gallart, vicepresidente de Cepesca, la principal patronal del sector, y encargado de la flota de bajura, afirma que su organización ya ha pedido al Ministerio de Agricultura y Pesca alargar el periodo para renovar las mallas hasta el 1 de julio. "Estamos hablando de como mínimo cuatro mallas por barco y tenemos casi 600 embarcaciones. No hay existencias para cubrir tanta demanda en tres meses", resume. A esto se suma que los rederos trabajan con cinco o seis barcos a la vez, y una vez instalada la malla hay que certificarla. "Sería prácticamente imposible terminar ese trabajo el 1 de mayo. Y desde el ministerio ya nos han reconocido que es razonable extender el plazo", afirma Gallart.

Basilio Otero, presidente de la Federación de Cofradías de Pesca, no ha pedido alargar el periodo, pero sí cree que cumplir con las fechas será un desafío. "Desde luego será difícil porque estamos hablando de más de 500 barcos, la sensación es que vamos a llegar muy justos". "No nos preocupa tanto la coordinación de los armadores y el montaje, sino que se fabriquen a tiempo las mallas y los rederos las cosan.

Desde el sector de los fabricantes de redes, un portavoz contesta que el problema de la producción está en el acceso a las materias primas, porque los proveedores pueden tardar de media dos o tres meses en suministrarlas si no tienen stock. "Después, la confección de cada copo es cuestión de mano de obra, pero por lo general sería posible resolver el tejido de un copo en un par de días", añade.

Las fechas tan apretadas parten de la Comisión Europea y los ministros de Pesca de la UE. En una apretada negociación celebrada en diciembre, Bruselas planteó que los arrastreros españoles que pescan en el Mediterráneo tendrían que recortar un 79% sus días de faena para proteger las poblaciones que habitan en los fondos, como el salmonete, la cigala, la merluza o la gamba roja, muy afectadas por estas artes pesqueras. El Gobierno español consiguió finalmente proteger al sector de estos recortes, pero bajo una serie de condiciones.

Las principales son que la flota de arrastre costera —la que pesca especies como el salmonete o la merluza— debe cambiar sus redes por unas de agujeros cuadrados de 45 milímetros (5 más que hasta ahora); y que la flota de arrastre profundo —la que pesca gamba roja— sustituya las suyas por unas de 50 milímetros. Además, para evitar que los arrastreros no pierdan ni un solo día en su calendario de derechos de pesca, los cambios deben realizarse antes del 1 de mayo en el 100% de los barcos de la flota. 

Entre las organizaciones de pescadores y las administraciones preocupaba que una parte de los profesionales se negasen a cambiar sus redes porque ampliar la luz de malla supone reducir temporalmente las capturas. Los estudios sobre las consecuencias de agrandar las redes en arrastre estiman que en los primeros dos años se pesca entre un 3% y un 5% menos, según afirma Raúl García, de la organización conservacionista WWF, aunque a partir del cuarto año la recuperación del ecosistema ya permite pescar hasta un 30% más en peso porque la edad media de los ejemplares aumenta. José María Gallart, no obstante, subraya que según los cálculos de Cepesca las pérdidas en las capturas alcanzarán el 20% en el primer año con las nuevas mallas.

Para evitar que una pequeña parte de los armadores se quede al margen y haga imposible cumplir con las condiciones de Bruselas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció este miércoles que el cambio de la malla será obligatorio para todos los arrastreros españoles del Mediterráneo. La medida se aprobará en forma de orden ministerial durante el primer trimestre, y en teoría entrará en vigor el 30 de abril -—ara cumplir con las exigencias de la Comisión—, aunque Cepesca ha pedido también que la fecha se posponga hasta el 30 de junio para que el calendario sea realista.

Planas también anunció este miércoles que todos los pescadores afectados recibirán una subvención para la compra de dos redes nuevas por embarcación y de cuatro en el caso de los buques que realizan la pesquería mixta, con un máximo de 1.000 euros de ayudas por barco. De esta manera, el ministerio afirma que los arrastreros no tendrán que gastar un euro en esta transformación.

Las angulas son estos días uno de los productos más exclusivos de la Navidad. En el pasado lo fueron todavía más, pero en este momento se pesca una ínfima cantidad de lo que se capturaba hace apenas una década y su precio supera los 1.000 euros por kilo en los supermercados españoles. La razón es que la pesca abusiva y el deterioro de los ríos han menguado la población de anguilas hasta situar la especie en "peligro crítico", el paso previo a su extinción. Y los expertos confirman que, sin duda, desaparecerá próximamente si no se acaba por completo con su captura. 

Miguel Clavero, investigador del CSIC especializado en biodiversidad y especies en peligro, ha elaborado recientemente un estudio, todavía pendiente de publicación, que calcula que en los últimos diez años las poblaciones de anguilas (y angulas, que son su fase alevín) han caído en el Delta del Ebro más de un 80%. Si se compara con los años 70, el momento previo a su captura masiva, se estima que el número de anguilas ha caído más de un 99% en Europa.

El experto en fauna acuática recuerda que la anguila forma parte de la alimentación europea desde el paleolítico, pero que la afición por las angulas es exclusivamente española, especialmente del País Vasco. Aunque está en riesgo de extinción en toda Europa, en España ha sufrido una persecución doble, ya que se consume en todas las etapas de su vida. Además, a diferencia de otras especies como el lince ibérico —que también estuvo a punto de extinguirse—, no tiene un programa efectivo para su recuperación, y en muchos lugares la población sigue reduciéndose de un año a otro.

"Las restricciones que ha impuesto Bruselas a su captura solo limitan la pesca temporalmente, estableciendo vedas en los periodos del año en los que menos población hay. Pero el resto del tiempo pueden capturarse sin límite, no hay límite de toneladas" explica Miguel Clavero. "A esto hay que sumar que la anguila que se vende en el mercado negro. En Europa está prohibido exportarla al exterior, pero aun así se venden ilegalmente en otros mercados como el japonés", añade.

La captura de anguilas en Europa está acotada por un reglamento de 2007 que obliga a proteger al menos el 40% de las que había originalmente en el continente. En concreto, recoge que cada año deben regresar a desovar al mar el 40% de las anguilas que había en cada territorio antes del declive poblacional. Como esa cifra está en las antípodas de la población que hay en la actualidad, los gobiernos (y en España, las comunidades autónomas) deben establecer programas para su conservación. En Andalucía, por ejemplo, hay desde hace más de diez años una prohibición a la pesca de anguilas y angulas, pero en la cordillera cantábrica, en el Delta del Ebro o en la Albufera de Valencia se siguen capturando, aunque es el río Miño el principal coto de pesca más famosos de la especie en la Península.

En todos estos lugares hay vetos temporales de pesca, pero son muy insuficientes, según los expertos. Elena Barcala, investigadora del Instituto Español de Oceanografía (IEO) cree que esas medidas son un parche que no solucionan el problema, como se ha demostrado. "La única solución es cortar por completo su captura, lo que pasa es que mueve muchísimo dinero. Es cierto que tendría un impacto económico en la pesca, pero las medidas que se han tomado en los últimos años, como imponer vedas, no han funcionado. Yo creo que Europa no tardará en imponer una política de capturas cero", señala.

La ecóloga del IEO, reconoce no obstante, que la sobrepesca de la anguila no es el único motivo que ha condenado a esta especie. Las presas y azudes de los ríos han bloqueado muchas de las rutas tradicionales de las anguilas, como el Tajo, mientras que la contaminación del agua ha reducido su capacidad de reproducción. El cambio climático también tiene un impacto sobre las anguilas porque ralentiza y modifica las corrientes del océano Atlántico, imprescindibles para que las larvas —que nacen cerca de Cuba— lleguen hasta Europa.

Sobre el consumo de estos pececillos en estas fechas, Miguel Clavero aclara que no es mejor comer angulas que anguilas. Es habitual pensar, después de años de campañas publicitarias sobre los pezqueñines, que comer el pescado adulto es mejor que el alevín, pero sería un error. "Precisamente los peces adultos son los que tienen la capacidad para regresar a su lugar de origen a reproducirse, mientras que por cada cien angulas que hay en el ecosistema, solo un pequeño porcentaje llegará a adulta".

La anguila, además de ser una especie en riesgo, es realmente única, según los biólogos. La variante europea se pesca en los ríos de todo Europa, pero pese a su popularidad, su origen es una incógnita. Hace más de un siglo se descubrió que la anguila europea se reproduce en las profundidades del Mar de los Sargazos, una región del océano Atlántico situada a unos 1.400 kilómetros de la costa de Florida, pero no se ha avanzado más.

"En los últimos cien años poco más hemos aprendido. Solo se sabe que se reproducen en un óvalo dibujado en medio del océano. Es una especie realmente fascinante", comenta Miguel Clavero. De hecho, todavía no se ha conseguido observar el apareamiento de una pareja de anguilas en su entorno natural (sí en piscifactorías), y solo se sabe que tiene lugar en esta zona del Atlántico porque se han encontrado restos de huevos.

Las incógnitas sobre las anguilas van mucho más allá de su nacimiento. Las hembras desovan a grandes profundidades y la corriente del Golfo y del Atlántico Norte arrastran las larvas hasta Europa y el norte de África. Una vez se acercan a la costa, crecen y se convierten en angulas transparentes, de unos 8 centímetros, las que se pescan y se comen en muchos lugares de España. Lo más curioso de esta etapa vital es que alevines de la misma especie, la anguila europea, pueden acabar en cualquier punto de un área inmensa y desarrollarse. Desde las aguas casi polares de Noruega a las costas de Grecia.

Cuando las angulas encuentran la desembocadura de un río, la atraviesan para remontarlo en busca de alimento. En este recorrido, siguen creciendo y cambian a un color amarillento o blanco, pasando a llamarse anguilas amarillas, y cuando alcanzan un lago o un embalse permanecen en él hasta dos décadas para ganar grasa y coger fuerzas para su viaje final, el regreso hasta el Mar de los Sargazos. También hay registros de anguilas que viven toda su vida en lagunas saladas pegadas al mar, como el Mar Menor, otra prueba de que su enorme capacidad adaptativa.

En el último tramo de su vida se encuentra la mayor de las incógnitas de la especie. Su piel se torna tiñe de color plateado y el animal vuelve a recorrer el río en sentido inverso para regresar a mar abierto y viajar después entre 6.000 y 8.000 kilómetros para atravesar el Atlántico y reproducirse. Lo que todavía se desconoce es cómo realiza exactamente este viaje de vuelta porque hasta ahora no se ha logrado capturar ningún ejemplar en el océano. Incluso pescarlo en el Mediterráneo, en su camino de regreso al Atlántico, es prácticamente imposible.

"Llevamos desde 1994 haciendo análisis sobre los recursos pesqueros del Mediterráneo y solo hemos logrado capturar dos ejemplares hasta ahora. Probablemente porque viaja en aguas muy profundas, de unos 800 metros. Es una especie muy desconocida", afirma Elena Barcala. "Tampoco sabemos qué recorrido hace en el momento en que entra en el océano", añade. Algunos expertos también creen que el pez no vuelve a alimentarse desde que abandona el río y que es capaz de cruzar el Atlántico con sus reservas de grasa, aunque no está del todo claro, según la ecóloga del IEO.

Tras una semana de intensas negociaciones, los pescadores que emplean técnicas de arrastre en el Mediterráneo tienen ya sus nuevas cuotas de captura para los próximos años, y las cifras no son buenas. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, celebraba en la madrugada del martes que el acuerdo con Bruselas, pero el optimismo no es compartido por el sector, que tiene apenas cinco meses para modernizar su flota.

La propuesta de la Comisión, que recortaba un 79% los días de faena, ha salido finalmente adelante, aunque con una serie de excepciones que permiten poco a poco incrementar las jornadas en las que se puede salir a pescar. De esta manera, los 557 barcos de arrastre españoles que pescan en el Mediterráneo podrán trabajar los mismos días que hasta ahora si cambian sus redes por unas más selectivas, si instalan unas puertas que no rocen con el lecho marino y si el Gobierno establece zonas de prohibición temporal de pesca para proteger a ciertas especies.

"Por mucho que se diga, la realidad es que a día de hoy los pescadores españoles tienen 27 días de captura a partir de 2025, frente a los 129 días que han tenido este año", aclara Javier López, portavoz de Oceana, una ONG marítima que ha estado presente en las negociaciones de Bruselas. "Es verdad que esas jornadas se pueden incrementar modernizando los aparejos, pero va a ser muy difícil llegar a pescar lo mismo que en 2024", sentencia el ecologista. Normalmente, estas organizaciones aprietan las tuercas a los pescadores para que protejan el ecosistema, pero en esta ocasión defienden que la pesca familiar debe seguir siendo rentable. 

La clave a partir de ahora será en cumplir con la letra pequeña del acuerdo alcanzado entre la Comisión y España, Italia y Francia, los tres países que pescan en el Mediterráneo occidental. La principal medida que otorga a los armadores más días de pesca de arrastre es el recambio de las redes por unas con agujeros más grandes para que los peces juveniles puedan atravesarlas y solo se capture a los ejemplares adultos.

En concreto, si la flota de arrastre costera —la que pesca especies como el salmonete o la merluza— cambia sus redes por unas de agujeros cuadrados de 45 milímetros (5 más que hasta ahora), recibirán un 50% más de días de captura; y si la flota de arrastre profundo —la que pesca gamba roja— cambia sus redes por unas de 50 milímetros, ganarían otro 30%. Esa suma de 80%, en principio, ya compensaría el 79% de reducción de días de faena al que obliga la Comisión.

Pero no es tan sencillo. Primero, porque en ambos casos el cambio de redes tendría que realizarlo el 100% de los barcos, y eso está descartado. Si no cumplen cada uno de los 557 navíos afectados en España, el bonus de días que recibirían sería del 40% y el 25%, respectivamente, y habría que recortar días de pesca de algún lado: o todos los barcos salen menos a faenar, o se reduce el número de barcos en el Mediterráneo español. Y segundo, porque la Comisión obliga a realizar estos cambios antes del 1 de mayo, o los porcentajes se reducirían todavía más.

Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pesca, señala que el reglamento acordado entre los gobiernos y la Comisión —que se cerró de madrugada fuera de tiempo— es muy farragoso y deja en el aire aspectos clave para el sector. "Por ejemplo no está claro si podremos beneficiarnos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para pagar las redes. También tengo claro que el 100% la flota no va sustituir sus mallas porque algún armador ya me lo ha dicho, así que queremos saber qué otras inversiones podemos hacer para alcanzar exactamente ese 79% y no perder días. Estos detalles técnicos van a ser fundamentales", concreta.

José María Gallart, encargado de la flota de bajura de la patronal Cepesca, tampoco confía en que la combinación de medidas vaya a permitir mantener el calendario intacto: "El acuerdo es bastante difícil de entender y sabemos que pescar el 100% de los días que hemos tenido en 2024 va a ser muy difícil".

Además de sustituir sus redes, el reglamento plantea a los arrastreros otras fórmulas para ganar días de faena. Por ejemplo, que instalen las llamadas puertas voladoras, el mecanismo que abre horizontalmente la red para pescar. Estas puertas, a diferencia de las clásicas, no están en contacto con el fondo del mar, por lo que no lo erosionan ni levantan polvaredas. Esta inversión otorga un 3% extra de horas al barco para salir a trabajar al año. El Gobierno también puede tomar medidas y cerrar algunos caladeros de forma temporal, ganando otras tantas horas.

Raúl García, de la organización conservacionista WWF, opina que la Comisión se ha salido con la suya. Lanzó una propuesta extrema que amenazaba con acabar con toda la flota para que los Gobiernos mediterráneos tuviesen que aceptar una reconversión del sector para salvar a sus pescadores. "El comisario de Pesca y la directora general nos dijeron que solo el 20% de los arrastreros europeos han tomado medidas preventivas en los últimos años, por eso se plantaron con una propuesta de máximos", revela.

El experto en pesca de WWF añade que coordinar a más de medio centenar de barcos en tan poco tiempo va a ser una odisea. También hará falta que el Ministerio de Agricultura y Pesca mueva ficha y aporte ayudas económicas, porque la reconversión no va a ser barata. Cambiar la red de un barco oscila entre los 1.500 y 5.000 euros, e instalar puertas voladoras cuesta a partir de 60.000 euros, aunque permite ahorrar alrededor de un 20% de combustible. García añade que habrá que mejorar la llegada de ayudas del FEMPA, que reparten las comunidades autónomas, y que harán falta planes sociales en algunas zonas más vulnerables.

Además de pescar menos días e invertir en modernizar los barcos, el sector pesquero destaca que a corto plazo las medidas van a suponer una caída de los ingresos. "Una armadora bromeaba ayer que con las nuevas redes de 45 milímetros van a pescar agua", cuenta Gallart, de Cepesca. "Evidentemente es una exageración, pero es verdad que durante los primeros años reduciremos las capturas, y ya venimos de una reducción de días de pesca del 40% desde 2020", añade. En el lado contrario, Raúl García, de WWF, reconoce que al principio se pescará menos, "pero en dos años se pueden disparar las poblaciones", ya que el número de peces adultos crecerá a medio y largo plazo.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) lograron este miércoles cerrar por unanimidad un acuerdo sobre las posibilidades de pesca en aguas comunitarias del Atlántico y el Mediterráneo en 2025, según indicaron fuentes diplomáticas y recoge EFE. Entre las medidas acordadas se encuentran herramientas para amortiguar el recorte al arrastre en el Mediterráneo frente la propuesta de la Comisión Europea que quería reducir en un 79% los días de pesca, hasta una media de 27 días de trabajo.

El acuerdo se logró tras dos días de reunión en Bruselas, marcados por la oposición de España al recorte en los días de pesca en el Mediterráneo que había planteado la Comisión Europea (CE) a finales de noviembre. "El acuerdo alcanzado en el Consejo de Agricultura y Pesca (de la UE) permitirá mantener las poblaciones de peces en niveles sostenibles y proteger el entorno marino, al tiempo que se considera también la viabilidad del sector", escribió la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea en su perfil de la red social X.

Las negociaciones se han saldado con un acuerdo para el reparto de la pesca en el Atlántico y el mar del Norte y para las posibilidades de pesca en el mar Negro y el Mediterráneo, que ha centrado los esfuerzos negociadores de los ministros para garantizar la supervivencia de la flota de arrastre que faena en la zona.

Lo que ha complicado el debate ha sido esa reducción del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo, que según denunciaba el sector era una "sentencia de muerte" para los arrastreros, que en los últimos cinco años ya han soportado un recorte de la actividad del 40%, lo que ha limitado sus días de trabajo a unos 130 al año.

Según ha detallado el nuevo comisario de Pesca de la UE, Costas Kadis, en rueda de prensa al término de la reunión, en el acuerdo se incluye "un mecanismo de compensación ampliado que aliviará el impacto socioeconómico de la reducción del esfuerzo" para el arrastre. Recurrir a esta herramienta amortiguará, en parte, el recorte al arrastre que pide Bruselas, ya que permite recuperar días de actividad si se cumplen ciertas medidas medioambientales —a elegir entre 12— como puertas voladoras, la imposición de vedas o el cierre temporal de algunas zonas para proteger a las especies demersales cuya recuperación preocupa a la Comisión: los alevines de merluza y la gamba roja.

En noviembre, el Ejecutivo comunitario publicó una propuesta que habría supuesto una reducción del 79% en los días de pesca para la flota de arrastre española en el Mediterráneo, de modo que esos barcos solo podrían salir al mar 27 jornadas al año. A su llegada al encuentro de los ministros el pasado lunes, el titular de Agricultura y Pesca español, Luis Planas, aseguró que esa propuesta de Bruselas era "claramente inaceptable". "Vamos a intentar en estas próximas 48 horas buscar una solución que sea positiva y constructiva", comentó Planas.

España, Francia e Italia llegaron unidas a la reunión para afrontar la negociación de las posibilidades de pesca en el Mediterráneo. De hecho, Planas dijo el lunes que los tres países estaban trabajando en una alternativa técnica con la presidencia húngara del Consejo de la UE frente a la propuesta de la Comisión.

Recordó que España viene defendiendo "no solo este año, sino en años anteriores que hay medidas alternativas", como exclusiones de zonas de pesca, "que han tenido un resultado positivo".

Hace dos semanas que la Comisión Europea propuso acabar de facto con la mayor parte de la pesca de arrastre española al plantear a los Estados miembros reducir un 79% los días en los que pueden faenar en el Mediterráneo occidental los barcos que emplean redes de arrastre. Se trata de un órdago de Bruselas para garantizar que las especies afectadas por la pesca de arrastre quedan protegidas, pero tan extremo que provocó el enfado de los pescadores, el Gobierno e incluso de los conservacionistas. Más allá de que la medida sea desproporcionada, los análisis demuestran que las poblaciones de peces capturados con arrastre están muy mermadas, y que las medidas preventivas de los últimos cuatro años apenas han mejorado la situación. El consejo científico que asesora a la UE estudia cada año nueve puntos de la costa española, y solo en cuatro ha habido un incremento de los ejemplares entre 2021 y 2023.

En concreto, este panel de expertos mide la situación de seis especies pescadas por redes de arrastre en cuatro lugares diferentes de la costa española. Entre 2021 y 2023 han crecido en población la gamba blanca, el salmonete de roca (en Baleares), el salmonete (Golfo de León) y la gamba roja (Andalucía y Baleares). Pero paralelamente se ha reducido la población del salmonete (Andalucía y Cataluña) y se ha mantenido estable la de la merluza y la cigala (Cataluña), mientras la gamba roja (Cataluña y Golfo de León) y la cigala (Baleares) han fluctuado.

El problema es que, aunque unas especies evolucionen mejor que otras, la captura con arrastre es muy poco selectiva. Las redes que se arrastran por el fondo en general capturan todo lo que tocan, de manera que la normativa europea ha optado por poner el límite de pesca en el necesario para salvar a la especie más dañada: la merluza. Aunque su número de ejemplares se mantenga estancado desde 2021, los expertos recuerdan que esto no es una buena noticia, puesto que ahora viven en la región unas 1.800 toneladas de merluzas adultas, mientras que en 2010 había más de 4.000.

Con estos datos, el panel de científicos que asesora a la UE planteó en octubre recortar la pesca de merluza mediante arrastre en un 91% a partir de 2025, mientras que para otras especies propuso una rebaja menor. Por ejemplo, del 74% en el salmonete de Cataluña, o del 25% en la gamba roja de Andalucía. En algunos casos donde ha crecido la población, los expertos incluso plantearon incrementar las capturas, como en el salmonete de roca de Baleares (+32%) y la cigala de Baleares (+11%).

El trabajo de los científicos es calcular las poblaciones y recomendar en Bruselas medidas para equilibrar el ecosistema, pero queda en manos de la Comisión proponer un reglamento para hacer frente al problema. Con esa información, la directora general de Pesca, Charlina Vitcheva, planteó el 27 de noviembre a los Estados miembros —antes de que el nuevo Comisario de Pesca, Costas Kadis, tomase el mando— un recorte del 79% de los días de faena para los barcos de arrastre del mediterráneo occidental. 

Tanto el sector pesquero como el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, se opusieron tajantemente a la propuesta. Incluso los grupos ecologistas o los expertos en oceanografía reconocen que la solución no puede ser acabar de un día para otro con la pesca de arrastre. Unas 3.000 personas en España trabajan de forma directa en el sector, y hay 557 arrastreros en el país que pescan en el mediterráneo.

Miquel Ortega Cerdà, experto en pesca del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), explica que la propuesta de Bruselas es exagerada, aunque es cierto que se escuda en la normativa vigente. "La Comisión ha seguido el mandato que establece la Política Pesquera Común de 2013, que fijaba que en 2020 había que alcanzar un rendimiento máximo sostenible de estas especies", señala. El problema es el programa para cumplir con esa meta —el Plan plurianual para las poblaciones de peces demersales del mar Mediterráneo occidental— no se aprobó hasta 2019, y era técnicamente imposible alcanzar el objetivo en 2020.

Por ello, se decidió reducir parcialmente los días de pesca de arrastre a partir de 2020, y se pospuso la meta de alcanzar un equilibrio a 2025. De nuevo, se ha esperado a última hora para establecer los recortes, y la Comisaria de Pesca pretende que de un día para otro —a partir del 1 de enero de 2025— España y sus vecinos empiecen a cumplir con una cuota pesquera inasumible. Pasarían de faenar 129 días al año a apenas 27, una quinta parte.

No obstante, Ortega añade que el Gobierno español y las comunidades autónomas no están libres de culpa: "Durante décadas las administraciones no tomaron medidas adecuadas de planificación para evitar que se fabricaran y trabajasen más barcos de pesca de los que el recurso puede sostener", recuerda el experto.

De hecho, el Gobierno español, junto al italiano y francés, mandó el 18 de noviembre una carta a la Comisión para que congelase durante dos años más el mandato que obliga a alcanzar un equilibrio en la pesca de arrastre, es decir pasarlo de 2025 a 2027. "Esta postura es igual de triste porque no beneficia a nadie. Es como si un paciente que está en la UCI empieza a mejorar y le damos el alta. Aunque estemos mejor, paralizar los objetivos nos devuelve a la casilla de salida", opina el doctor en Ciencias Ambientales.

Desde WWF, una de las ONG más presentes en la política pesquera europea, proponen sustituir la solución drástica de la Comisión por otras que no arruinen a la pesca, ya que la inmensa mayoría de los barcos son familiares. Plantean por ejemplo instalar redes más grandes con cuadrados de 52 milímetros para evitar la captura de juveniles. Sobre el exceso de barcos de arrastre que hay en España, los ecologistas reclaman también un programa de pagos por desguace para que los pescadores reciban una compensación por desmontar su barco. Esto sirve para garantizar que las embarcaciones no se vendan o se cambien de bandera para que sigan pescando en otro lugar del mundo.

Pescadores de todo el litoral mediterráneo, 2.000 según los convocantes, se concentran frente a la sede de la Comisión Europea (CE) en España para protestar contra la propuesta que recorta los días en el mar para los barcos arrastreros un 79%, hasta 27 al año, y que se negocia este lunes en Bruselas, según informa EFE.

Los manifestantes han llegado a Madrid desde distintos puertos del Mediterráneo (Andalucía, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña), que en su mayoría pararán este lunes y este martes para reivindicar que se frene el recorte planteado por la CE, y que negocia el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE).

Con mensajes como "queremos pescar" o "¿te imaginas mantener a tu familia si trabajas 27 días?, los marineros piden que se frene la propuesta de la CE, que reduce los días en el mar para los arrastreros de los 130 anuales actuales a 27 o 28 jornadas. A modo de protesta, los pescadores de todo el litoral del Mediterráneo han iniciado este lunes dos días de paro en sus puertos, que está siendo secundado de forma mayoritaria, según las organizaciones convocantes.

La manifestación ha sido promovida por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la patronal de armadores Cepesca para denunciar que, si sale adelante la propuesta de recorte, desaparecerá el arrastre en el Mediterráneo al que se dedican 556 barcos. Por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería, María Ángeles Cayuela, ha indicado a la prensa que el arrastre es "el pulmón económico" de los puertos del Mediterráneo.

Los pescadores leerán un manifiesto este lunes y este martes frente a la oficina de la CE, donde pretenden acampar durante la noche de este lunes parte de los que han llegado en autobuses a la capital. La protesta coincide con la negociación de las posibilidades pesqueras para 2025 por los ministros de Pesca, en la que la limitación del arrastre el Mediterráneo es el punto más tenso.

Los pescadores reivindican que el Consejo de Pesca de la UE frene la propuesta de la CE que plantea recortar un 79% los días en el mar para los buques arrastreros del Mediterráneo en 2025. Argumentan, al igual que el Gobierno español, que la CE se está basando en informes científicos antiguos, de 2022, que no acreditan la recuperación del caladero.

El sector pesquero ha denunciado que la propuesta, que preparó el equipo anterior de la CE, pero que defenderá en el Consejo el comisario europeo nuevo de Pesca, Costas Kadis, es una "amenaza de muerte". El recorte afecta a 556 barcos arrastreros del Mediterráneo -de Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares-, a 3.000 empleos a bordo (un 10% del total de la flota española) y a 17.000 puestos de trabajo indirectos.

La Comisión Europea presentó el 27 de noviembre una propuesta para recortar drásticamente las salidas de buques de arrastre para pescar en el Mediterráneo. En teoría, la medida busca proteger el fondo del mar de la agresividad de la captura con mallas de arrastre, pero las nuevas reglas planteadas son tan drásticas que ni los ecologistas están de acuerdo con ellas. Los pescadores esperaban que las reglas cambiasen a partir del 1 de enero, pero no de manera tan abrupta, y han convocado manifestaciones a partir de este lunes en Madrid y Bruselas para mostrar su desacuerdo. Según afirman, en juego está el futuro de más de 500 embarcaciones y 3.000 trabajadores en España.

El 1 de enero caduca el plan plurianual que regula la captura de peces de fondo en el Mediterráneo y la Comisión presentó el miércoles de la semana pasada las nuevas cuotas para los barcos que practican este arte de pesca. La propuesta —que tiene que ser ratificada la semana que viene— incluye una rebaja de hasta el 79% de los días que los arrastreros pueden faenar a partir de enero. En concreto, por norma general pasarían de trabajar 129 días a apenas 27, una quinta parte de lo que pescaban hasta ahora

Esta regla, que se aplicaría a los 556 arrastreros españoles que trabajan en el Mediterráneo (el 10% de la flota española) y los 1.500 que hay en Europa, y supondría el fin de su negocio porque trabajarían poco más de un mes al año. La propuesta también recortaría la pesca con trasmallo (podrían capturar como máximo 47 toneladas al año), mientras que los barcos que emplean la técnica del palangre se quedarían como están, ya que sufrieron una rebaja el año pasado. El empleo total directo de estos barcos es de unos 3.000 profesionales, aunque desde el sector apuntan a mínimo 30.000 puestos perdidos porque muchas lonjas y puertos viven casi en exclusiva de estas artes.

No obstante, todavía hay margen para que la propuesta se caiga. Este lunes y martes se reúnen en Bruselas los 27 ministros de la rama en el Consejo de Ministros de Agricultura y votarán la propuesta de la Comisión, que necesita una mayoría cualificada para salir adelante. Esto equivale a al menos 15 países (de 27) a favor que representen un 65% de la población europea. El ministro español, Luis Planas, ya ha reiterado que tiene el apoyo de Francia e Italia para frenarla, pero las minorías de bloqueo necesitan al menos un cuarto Estado, que podría ser Portugal, Grecia o Malta, por ejemplo. 

Planas lleva desde el día 27 realizando una dura campaña contra la propuesta de la Comisión, aunque este jueves reconoció que todavía no hay nada atado. "La negociación del lunes y martes va a ser muy compleja porque la propuesta de la Comisión ha llegado muy tarde y es de máximos. En este momento estamos en contacto con la Comisión para alcanzar un acuerdo, pero la propuesta no ha sido un buen comienzo", aclaró el ministro este jueves desde Bruselas.

A diferencia de disputas anteriores, el sector primario está volcado con Planas, y esperan que su estrategia de bloqueo pueda tumbar las nuevas reglas. Para los pescadores de arrastre no hay otra opción factible que acabar tajantemente con la propuesta de la Comisión, porque supondría reducir a una quinta parte su trabajo.

"En más de 40 años que llevo no había visto algo así, estamos muy, muy preocupados", afirma José María Gallart, vicepresidente de Cepesca encargado de la flota de bajura, la que trabaja en las millas más cercanas a la costa. "Si se cargan el arrastre, todo el sector de bajura va detrás. Puertos como Almería, Cartagena, Santa Pola o Tarragona necesitan el arrastre para funcionar", insiste Gallart.

El portavoz pesquero reconoce que no están cómodos dejándolo todo en manos de una votación en Bruselas, que se puede torcer en el último minuto. "Es verdad que ahora tenemos una minoría de bloqueo, pero jugárselo todo a una votación es confiarlo todo a la pura política. No tengo tan claro que España pueda ganar", añade el alto cargo de la patronal pesquera. 

Un factor que no ayuda es la caída del Gobierno francés de este miércoles, un socio indispensable para España en la votación. Preguntado por si esta condición pone en peligro las negociaciones, Planas respondió este jueves: "Espero que no, el Gobierno está en funciones y estoy en contacto con el ministro francés".

La alternativa a este recorte drástico en los permisos de pesca de arrastre sería un acuerdo entre los países del Mediterráneo y la Comisión en el que se endurezcan las reglas de captura, pero con una cierta laxitud. En los últimos cinco años, los arrastreros españoles ya han reducido un 34% sus días de faena para garantizar que las poblaciones de peces se recuperan, y el Gobierno español tratará de que en esta revisión de la política plurianual se logre una reducción asequible para el sector. El 18 de noviembre, España, Francia e Italia enviaron a la Comisión una propuesta para posponer dos años más el endurecimiento de las cuotas pesqueras (ya se pospusieron de 2020 a 2025), pero la Comisión ha respondido con una negativa tajante. Hasta tal punto, que en lugar de hacer una contraoferta asumible, ha respondido con un endurecimiento exagerado, según el sector.

Incluso las organizaciones ecologistas consideran que el reglamento que ha puesto la Comisión sobre la mesa es inasumible. Un experto en pesca de uno de los grandes grupos ecologistas de España explica que "ni las ONG más radicales han entendido la propuesta de la Comisión".

"Los datos demuestran que las poblaciones de los peces de fondo —como la gamba roja, la merluza, el salmonete o la cigala— se han recuperado en los últimos años. Esperábamos algunos cambios para endurecer la pesca de arrastre, pero no una propuesta desproporcionada", añade el especialista en pesca sostenible, que prefiere no dar su nombre.

La pesca de arrastre ha estado siempre bajo el escrutinio de las organizaciones verdes por el impacto que tiene sobre el fondo marino. Las redes, de hasta 200 metros de ancho, se anclan al fondo marino y capturan a todos los peces que las atraviesan, además de dañar el lecho. Sin embargo, el experto consultado afirma que las medidas radicales para acabar con estas prácticas pesqueras hacen un flaco favor al ecologismo: "Llevamos años trabajando para conseguir una transición equilibrada en la pesca, pero acabar de un día para otro con las flotas solo hace que el sector se concentre en grandes empresas. Cuando hablamos de arrastreros, el 80% son barcos familiares con uno o dos empleados, no estamos hablando de Pescanova".

Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. El Mediterráneo está cambiando muy rápido. Stefano Liberti, periodista de los buenos, ha hecho otro viaje —éste es el sexto— para contar cómo, por qué y qué efectos están teniendo esos cambios. Y sobre todo cómo se las apaña la gente de mar que es la primera que los ha visto y los sufre. Aunque Tropico Mediterraneo. Viaggio in un mare che cambia (Laterza, 2024) tiene dos etapas que tocan la Península Ibérica –Gibraltar y el Mar Menor– aún carece de traducción.

Antes de hablar de tu libro, hablemos de la fatídica actualidad. ¿Qué pensaste al ver los efectos de la DANA en Valencia?

Pensé que vivimos en una especie de disociación colectiva: nos empeñamos en en no ver los efectos inmediatos del calentamiento del mar Mediterráneo. Ver esas imágenes de devastación, sufrimiento y muerte, debidas en gran medida a la subestimación de un fenómeno que había sido incluso previsto, me hizo reflexionar sobre cuánto miedo tenemos de reconocer que el escenario climático en el que vivimos ha cambiado profundamente. El clima mediterráneo, que nos acompañó en nuestra infancia y que siempre fue templado, ya no existe. Ahora estamos en un clima subtropical, en el que eventos como la DANA o los llamados "medicane", o sea, los ciclones mediterráneos, serán cada vez más frecuentes e intensos. El Mar Mediterráneo, que durante siglos fue un gran regulador del clima en nuestra área, se ha convertido en una bomba de relojería, que de vez en cuando lamentablemente estalla. Duele que para tomar conciencia sea preciso pasar por desastres y muertes. Probablemente, la próxima vez a la comunidad valenciana, o igualmente a las comunidades cercanas a lo largo de la costa mediterránea española, no les pillará desprevenidas: prepararán de antemano mecanismos de alerta, cerrarán escuelas, oficinas, tiendas. Evitarán lo peor. Eso es lo que ocurrió en Emilia-Romaña: tras las catastróficas inundaciones de 2023, las de septiembre de 2024 se enfrentaron con mayor cautela, de manera que sólo provocaron una víctima.

Trópico Mediterráneo es fruto de un viaje. En todos los viajes verdaderos, uno cambia. ¿Cómo has cambiado y cómo has visto cambiar al Mediterráneo?

No sé cuánto he cambiado yo. Desde luego, he adquirido una mayor conciencia del papel que tiene el mar en nuestras vidas, así como de lo mucho que depende el bienestar – y en lo venidero, los agobios – de quienes vivimos a su alrededor de este mar cerrado y, a su manera, milagroso. Porque es un mar que existe solo gracias a un canal de apenas 13 kilómetros que lo alimenta. El Mediterráneo está en un déficit permanente de agua y, si no fuera por el estrecho de Gibraltar que deja entrar el agua del Atlántico, se secaría. Este milagro no solo ha regulado el clima durante millones de años, permitiendo el desarrollo de civilizaciones prósperas en sus costas, sino que también es un tesoro de biodiversidad. Aun representando apenas el 0,7% de las aguas globales, el Mediterráneo alberga el 7,5% de las especies marinas. El problema es que todo ello está cambiando: el Mediterráneo se encuentra ante una profunda transformación, una verdadera metamorfosis que se manifiesta tanto en las altas temperaturas como en las cientos de nuevas especies invasoras que lo colonizan, desplazando a las especies autóctonas.

En todo viaje hay etapas que permanecen más grabadas, así como remordimientos por etapas no realizadas.

El viaje que realicé fue largo y fragmentado, y me permitió conocer a muchas personas y comunidades bien distintas, pero unidas por un rasgo común. A pesar de los conflictos entre países y las crecientes dificultades impuestas por los gobiernos para impedir el movimiento de personas entre las dos riberas del Mediterráneo, hay una cultura y una mentalidad mediterránea que sigue siendo muy fuerte. En cada uno de los lugares que visité, me sentí como en casa. Me hubiera gustado viajar más por la orilla sur, pero las guerras y la inestabilidad que afecta a gran parte del norte de África limitaron por desgracia mis desplazamientos en esa zona.

Este es un libro que tiene como protagonistas a diversos científicos. En un contexto en el que proliferan terraplanistas y los ovnis son reales, pero no los pájaros, ¿cómo se defiende la Ciencia?

Durante mis viajes, he conocido a muchos científicos: climatólogos, oceanógrafos, físicos de la atmósfera y un gran número de biólogos marinos. Hay una comunidad científica vivaz que está estudiando los cambios en el Mediterráneo, que hace estudios comparativos y que lanza alarmas preocupantes sobre las consecuencias de estos cambios. Sus proyectos cuentan con el apoyo económico de los gobiernos. Y sin embargo, cuesta mucho tomar decisiones que puedan mitigar estos cambios. Es como si el mar les quedara demasiado lejos y se pensara que su mutación no nos afecta para tanto. Desde este punto de vista, diría que más que negacionismo es cosa de desatención. Nadie niega que los cambios estén ocurriendo, sólo que les cuesta ver el impacto que pueden tener en todos nosotros.

Otra de las columnas de este libro parece la social. Los cambios del Mediterráneo están afectando a enteras cadenas de producción.

Los ejemplos que cito en el libro de la invasión de cangrejos azules en Túnez y la crisis paralela desatada hoy en el Delta del Po debido a una especie parecida que proviene de una zona distinta resultan paradigmáticos. El Portunus segnis, que llegó del Océano Índico, ha ocupado todo el ecosistema marino costero del sur de Túnez y lo ha colonizado, dejando a los pescadores en la ruina. Estos pescadores ya no tenían medios para pescar y vendieron sus barcos a los traficantes de personas. Entonces los jóvenes emigraron en masa hacia Lampedusa. He ahí un ejemplo de una crisis ambiental que se convirtió en crisis social y, a su vez, en una fractura generacional.

Ahora bien, luego sucedió algo: el gobierno tunecino, junto con los científicos y los pescadores, elaboraron una estrategia de gestión. Implementaron un programa de incentivos fiscales para quienes quisieran invertir en la transformación del cangrejo azul, proporcionaron redes especiales a los pescadores y también incentivos económicos. Total: hoy en Túnez hay 51 plantas industriales que procesan cangrejo azul: lo venden cocido, troceado y enlatado por toda Asia. Los pescadores que habían vendido sus barcos los han vuelto a comprar y ahora exigen que la pesca del cangrejo azul sea regulada y sujeta a períodos de veda biológica, porque temen perder la fuente de ingresos. Este es un ejemplo de una adaptación positiva, un cambio de industria logrado mediante la creatividad y la colaboración entre actores públicos y privados, con el aporte fundamental de la ciencia. Lo mismo podría hacerse en Italia, donde la llegada del Callinectes sapidus ha destruido las cosechas de almejas. Probablemente se logrará. Pero para ello es necesaria la colaboración de la que hablaba antes entre agentes públicos y privados, entre los diferentes interesados que se ponen de acuerdo para encontrar un camino común que beneficie a todos.

En el libro se habla de una "segunda revolución copernicana".

La segunda revolución copernicana es una expresión que tomé de una jurista española, Teresa Vicente, quien tuvo la idea innovadora y visionaria de impulsar el reconocimiento de un estatus jurídico al Mar Menor, la laguna salada en la provincia de Murcia que en los últimos años ha sufrido diversos fenómenos de anoxia y degradación ambiental.

Tras un episodio bastante grave en 2019, esta profesora de derecho de la naturaleza lanzó una recolección de firmas para transformar al Mar Menor en un sujeto que pudiera reivindicar sus propios derechos. Al cabo de pocas semanas, y pese a que fue durante el COVID, la profesora y sus colaboradores recabaron 640.000 firmas. Las llevaron a Madrid y la ley de iniciativa popular fue aprobada en las Cortes casi por unanimidad. Hoy el Mar Menor es el primer ecosistema en Europa con un estatus jurídico, siendo sujeto y no solo objeto de derecho. Vicente está convencida de que esta experiencia abrirá nuevas vías de derecho en Europa y, en este sentido, habla de una segunda revolución copernicana. La primera evidenció que la Tierra gira alrededor del Sol y no viceversa, y que, por lo tanto, nuestro planeta es parte y no el centro de un sistema más amplio. La segunda debería referirse al ser humano, el cual no ha de considerarse centro del ambiente en el que vive, sino un mero habitante que, al igual que todas las demás especies animales y vegetales, debe contribuir al mantenimiento y la regeneración de este ecosistema y no a su destrucción.

¿Es utópico pensar que el Mediterráneo pueda un día llegar a ser igual que el Mar Menor un sujeto jurídico?

Creo que esta es la única vía. Extender el ejemplo del Mar Menor a toda la cuenca mediterránea. Por lo demás, en la laguna de Murcia presenta se hallan todas las criticidades que se encuentran a mayor escala en el Mediterráneo: sobreexplotación, contaminación, calentamiento y depósito de residuos de actividades antrópicas tales como la agricultura industrial o el exceso turístico. La esperanza es que no se haya de esperar a sufrir un colapso ecológico como ocurrió en el Mar Menor para cambiar de rumbo en el Mediterráneo. Tan sólo estableciendo una nueva relación con nuestro mar, que tienda al equilibrio y a la tutela de los ecosistemas en vez de a su explotación, podremos transformar esta crisis en una oportunidad.

Hemos tratado de la crisis ecológica y social. ¿Y la política? ¿Existen instituciones multilaterales que tengan al Mediterráneo como objeto de trabajo?

Existe la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), establecida en 1949 entre los distintos países que bordean el Mediterráneo y el Mar Negro. Es una institución importante que debe afrontar todas las dificultades de los organismos multilaterales, al verse obligados a lidiar con los intereses divergentes de sus diferentes miembros. Pese a ello, la CGPM ha logrado establecer algunas zonas de restricción total de la pesca, particularmente en el mar Adriático, lo que marca un punto de inflexión importante en el enfoque extractivo que caracteriza la relación de los estados con el mar. Tanto la fosa de Pomo entre Croacia e Italia, establecida en 2017, como la del Canal de Otranto entre Italia y Albania, establecida hace solo unos días, son ejemplos halagüeños de un nuevo enfoque.

Además, ambas decisiones fueron el resultado de un proceso participativo que involucró a los principales interesados: no solo a los gobiernos, sino también a los científicos y, sobre todo, a los pescadores, que hoy son quienes con más ahínco apoyan el área de restricción de la fosa de Pomo, puesto que han visto que no pescar en esa zona protegida ha acarreado una regeneración rápida de las especies de la que han salido beneficiados enseguida.

Uno podría pensar antes de leer el libro que se encontrará con el clásico texto alarmista y apocalíptico que lo dejará deprimido. Sin embargo, siempre relatas casos tal vez minoritarios pero virtuosos de resistencia.

Creo que siempre es necesario tener un enfoque constructivo. Es cierto que hoy nos encontramos en medio de una crisis climática que pone en tela de juicio muchas de nuestras certezas. Pero también es cierto que esta crisis puede y debe ser una señal para cambiar nuestro modelo de desarrollo, para tener una relación más armónica con los ecosistemas y protegerlos. En cierto sentido, debemos considerarla una oportunidad para revisar muchos de nuestros comportamientos. El mar Mediterráneo, de alguna manera, es la avanzadilla de esta crisis, porque la crisis se manifiesta de forma muy llamativa. A lo largo de sus costas he conocido a mucha gente que se esmera para que se les ocurran soluciones de adaptación, y que pelea para fortalecer las zonas de restricción de la pesca industrial y para promover un uso más sostenible de los recursos. A esta gente la considero pionera, ejemplos que anuncian un camino que, tarde o temprano, tendremos que emprender también la mayoría.

Impacta esta visión que ofreces del Mediterráneo como un cuerpo contaminado que lucha por respirar. ¿Es un bioma en estado terminal? ¿Qué cuidados necesita de inmediato?

El Mediterráneo está en una crisis profunda, esto es innegable. Pero no está en estado terminal. El mar tiene una gran capacidad regenerativa, y eso es alentador. El estado degradado de nuestro mar es el resultado de varios factores: por un lado, el calentamiento global, que afecta de manera más radical a un mar cerrado; por otro, la sobreexplotación humana y la contaminación, que son factores más locales. Creo que hay que actuar sobre todos ellos. Es preciso reducir las emisiones que alteran el clima para frenar el calentamiento global, pero, sobre todo, hay que reducir a nivel local la sobreexplotación y la contaminación. Creo que limitar al máximo la pesca industrial en nuestro mar debe ser un punto de partida necesario.

He visto cangrejos azules en la pescadería, pero nunca los he comprado. ¿Se podría hablar de una especie de xenofobia hacia las variedades que vienen de lejos?

No lo llamaría xenofobia, sino falta de conocimiento. Cada nuevo hábito alimenticio es un cambio cultural que requiere tiempo. Piensa que el tomate fue traído a Europa por Hernán Cortés en el siglo XVI y hubo que esperar doscientos años para que entrase en la gastronomía. Creo que, al final, nos adaptaremos. Y si ya no hay almejas porque han sido devoradas por los cangrejos azules, comeremos cangrejos azules.

Hay un hilo muy coherente en tu trabajo. De las migraciones a la tierra, de la tierra a la comida, de la comida al cambio climático en la tierra, y luego en el mar. ¿Próximo viaje?

Diría que el hilo conductor de mi trabajo es contar historias de personas: cómo impactan en la vida de la gente los grandes movimientos de la globalización, cómo la transforman y desencadenan a su vez otros fenómenos. No sé adónde me llevará el próximo viaje, pero de algo sí que estoy seguro: seguiré contando cómo vive la gente.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este viernes los acuerdos comerciales de 2019 entre los Veintisiete y Marruecos en materia de pesca y de productos agrícolas, y alegó que el pueblo del Sahara Occidental no prestó su consentimiento y que se celebraron vulnerando los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, según informa EFE.

No obstante, en el caso del convenio relativo a las medidas de liberalización en materia de productos agrícolas, la corte con sede en Luxemburgo decidió mantenerlo en vigor durante doce meses a partir de este viernes, habida cuenta de las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica.

En 2019, el Frente Polisario interpuso ante el Tribunal General de la UE, primera instancia judicial del club comunitario, una serie de recursos de anulación contra los acuerdos comerciales sobre pesca y agricultura cerrados entre Marruecos y los Veintisiete. Al considerar que la Unión y Marruecos habían celebrado acuerdos aplicables al Sahara Occidental sin haber obtenido el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental, el Tribunal General en 2021 anuló los acuerdos, aunque mantuvo temporalmente sus efectos.

La Comisión Europea y el Consejo de la UE (los Estados miembros) recurrieron esa decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la instancia judicial superior del club comunitario. En la sentencia dictada este viernes, el TJUE desestimó los recursos de casación de la Comisión y del Consejo en su totalidad.

El tribunal afirma que habida cuenta del objeto de los acuerdos y de su incidencia en el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, el Frente Polisario cumple los requisitos para poder impugnarlos ante el juez de la Unión, en interés de dicho pueblo. La corte consideró condición para que los acuerdos puedan ser válidos que el pueblo del Sahara Occidental dé su consentimiento a su aplicación en dicho territorio no autónomo.

Aunque reconoció que la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) llevaron a cabo consultas antes de la aprobación de los acuerdos, precisó que no iban dirigidas al pueblo del Sahara Occidental, sino a las poblaciones que se encuentran actualmente en el territorio, con independencia de si pertenecen o no a ese pueblo. No obstante, al encontrarse en la actualidad una parte considerable del pueblo saharaui fuera de dicho territorio, esas consultas no podían acreditar que hubiese dado tal consentimiento.

Además, recalcó que ese consentimiento no debe ser explícito en todos los supuestos. Puede presumirse cuando el acuerdo no crea obligaciones a cargo del pueblo tercero y le confiere una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de las explotación de los recursos naturales de ese territorio, y proporcional a la importancia de dicha explotación. Si se cumplen esos requisitos, el hecho de que un movimiento que se presenta como el representante legítimo de dicho pueblo se oponga a ese acuerdo no puede, como tal, bastar para cuestionar la existencia del consentimiento que se presume.

El TJUE precisó, no obstante, que esa presunción de consentimiento puede ser destruida. Así, puede ser examinada por el juez de la Unión si los representantes legítimos del pueblo en cuestión demuestran que un acuerdo no cumple los requisitos expuestos, o también a petición de las instituciones o de los Estados miembros, con anterioridad a la celebración de un acuerdo en el marco de un procedimiento de dictamen sobre la compatibilidad de este con los tratados europeos.

En este caso, el TJUE constata que los pactos no crean obligaciones jurídicas que recaigan sobre el pueblo del Sahara Occidental, pero añade que tampoco confieren ningún derecho ni ventaja en favor de los saharauis, en particular en la medida en que no se beneficia de ninguna contrapartida financiera por las explotación de los recursos naturales de ese territorio o de las aguas adyacentes al mismo en virtud de los pactos.

En consecuencia, la corte considera que el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental a la aplicación de los Acuerdos en ese territorio no puede presumirse. Contra la sentencia dictada este viernes ya no cabe recurso, por lo que la decisión del TJUE es definitiva. 

Además, los tomates cereza y los melones charentais recolectados en el Sáhara Occidental deben incluir en su etiquetado una mención que precise su procedencia de ese territorio y no de Marruecos, según dictaminó este viernes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La corte con sede en Luxemburgo indicó que cualquier otra indicación "sería engañosa y podría inducir a error al consumidor".

Como productos importados en la Unión Europea, los melones y los tomates recolectados en el Sáhara Occidental deben indicar su país de origen en virtud de la normativa de la Unión, indicó el Tribunal de Justicia de la UE en un comunicado.

La obligación de esa referencia se aplica no solo a los productos originarios de un "país" como sinónimo de "Estado", sino también a los que son originarios de "territorios", palabra que se refiere a entidades distintas de los "países", precisó la corte.

Añadió que, aún encontrándose bajo la jurisdicción o la responsabilidad internacional de un Estado, dichos territorios disponen, según el Derecho internacional, de un estatuto propio y distinto.

De esa manera, el Tribunal de la UE considera que mencionar Marruecos en vez del Sáhara Occidental para identificar el origen de los melones y los tomates recolectados en este último territorio "induciría a error al consumidor por lo que respecta a su origen real".

La sentencia se refiere a una pregunta prejudicial francesa, que pone el acento en las denominaciones de origen saharauis, tras pedir el sindicato agrícola Confederación Paisana que se prohíba su importación como marroquíes. El sindicato agrícola Confederación Paisana solicitó en particular al Gobierno francés prohibir la importación de tomates cereza y melones de la variedad charentais recolectados en el territorio del Sáhara Occidental, por considerar que este territorio no pertenece a Marruecos.

El mismo sindicato argumentó que el etiquetado de estos productos, en el que se indica que son originarios de Marruecos, infringe la normativa europea relativa a la información facilitada a los consumidores sobre el origen de las frutas y hortalizas comercializadas.

El Tribunal de Justicia dictaminó este viernes que los Estados miembros no pueden adoptar unilateralmente medidas que prohíban la importación de determinados productos agrícolas que sistemáticamente no se atengan a la normativa europea sobre la indicación del país de origen o territorio de origen.

Precisó que solo la Unión puede legislar y adoptar actos vinculantes en el ámbito de la política comercial común y que, por tanto, correspondería a la Comisión Europea intervenir en el marco establecido por los mecanismos de cooperación previstos en el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. No obstante, insistió, la indicación del país de origen que debe figurar en los tomates y los melones de que se trata únicamente podrá designar el Sáhara Occidental, ya que dichos productos se recolectan en ese territorio.

Ese territorio es distinto del de Marruecos y, para el Derecho europeo, es "un territorio aduanero". Cualquier otra indicación podría hacer pensar al consumidor que esos melones y tomates proceden de un lugar distinto del territorio en el que se recolectaron. 

Queda menos de un mes para que comience el momento más crítico del año para el Mar Menor -la segunda quincena de agosto- y los colectivos vecinales de la zona han aprovechado para presionar al presidente de la Región de Murcia para que cumpla con sus obligaciones recogidas en su propia ley autonómica. Medio centenar de organizaciones de toda España, principalmente murcianas, acusan en una carta a Fernando López Miras de no estar comprometido con la recuperación de la mayor laguna salada de Europa, que sufre desde hace décadas el vertido de aguas urbanas y agrícolas que contaminan la balsa. Además de incumplir la ley estatal de recuperación, las asociaciones creen que el barón del PP "bloquea" los proyectos impulsados por el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene actuaciones en la zona por valor de 670 millones de euros.

Nuria Velázquez, miembro de la plataforma Con Todo Derecho, el colectivo que encabeza la carta, afirma que las consejerías de la Región están ralentizando artificialmente los permisos ambientales que necesitan las obras planificadas por el Gobierno, como la de la construcción de un cinturón verde alrededor de la laguna para filtrar el agua arrastrada por las avenidas. "El Gobierno de Murcia está teniendo una actitud desleal. Por un lado, lanza titulares de que quiere colaborar en la recuperación del Mar Menor, pero a la hora de la verdad está retrasando las obras", denuncia la portavoz. Junto a ellos hay decenas de colectivos firmantes, como asociaciones de vecinos, sindicatos y grupos ecologistas.

El Gobierno de López Miras también incumple desde hace cuatro años el mandato de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, aprobada por el propio Gobierno murciano en julio de 2020. En ella se dan tres meses para aprobar el Programa de la Zona Vulnerable por Nitratos del Campo de Cartagena y se dan tres años para redactar un nuevo plan de ordenación del territorio para reestructurar las tierras de cultivo, las principales culpables de la contaminación de la laguna. Ninguna de estas medidas ha sido todavía aprobada, ni se han creado dos órganos de apoyo que recogía la ley: el Consejo del Mar Menor y la Comisión Interdepartamental del Mar Menor. En marzo de 2023 también se declaró la masa de agua como "zona sensible", pero no se han redactado medidas de protección adicional, como marca la normativa.

El tercer frente que denuncian las organizaciones critican es la intención del Gobierno murciano de rehacer la Ley del Mar Menor que hasta ahora no han cumplido, una exigencia de Vox en su campaña electoral. El pasado mes de mayo PP y Vox votaron a favor de reformar la normativa, que se encuentra ahora en fase de escucha a los diferentes colectivos implicados, un movimiento interpretado por la oposición como un intento de revertir las medidas acordadas hace cuatro años. Sin embargo, el futuro de la norma es ahora incierto tras la ruptura del pacto de Gobierno entre el PP y Vox de la semana pasada debido al choque de ambos partidos a nivel nacional debido a la política migratoria.

Precisamente este martes, días después de la salida de Vox del Gobierno autonómico, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visitó la Región para reunirse con el el consejero de Medio Ambiente y Mar Menor, Juan María Vázquez, del PP, y estrechar los lazos entre el Gobierno central y el autonómico. Ambos mandatarios prometieron que la reforma de la Ley del Mar Menor no rebajará su protección, sino que en todo caso la mejorará. "Confiamos en encontrarnos una ley que no solo no retrocede ni un paso en la protección, sino que va más allá", dijo Morán.

El encuentro también sirvió para hacer borrón y cuenta nueva del enfrentamiento público que vivieron el mes pasado López Miras y la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La ministra afeó al presidente que haya incumplido buena parte de su propia Ley del Mar Menor mientras el Gobierno central está ya ejecutando su plan de actuaciones en la zona, un programa presentado por el ministerio en 2021. De hecho, este año incluso el Ejecutivo incluso elevó la partida presupuestaria del proyecto de los 484 millones originales hasta los 675, de los cuales ya se han ejecutado 82 millones.

Hugo Morán, sin embargo, obvió este martes el choque y declaró que hay muy buena sintonía entre su ministerio y el Gobierno murciano. "No hay una semana en la que el Consejero y yo no intercambiemos una llamada", afirmó. También aprovechó su visita para comentar el estado del Mar Menor de cara al verano, el momento más crítico para la fauna y la flora por la caída del nivel de oxígeno. "El estado del Mar Menor es… saludable. Digámoslo así, y siempre sin bajar la guardia", dijo, mandando un mensaje de relativa calma.

Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y líder del Grupo de Ecología que asesora al Gobierno murciano sobre el Mar Menor, explica a infoLibre que estos días los niveles químicos de la laguna están más o menos equilibrados, aunque el futuro cercano es incierto. "La situación del Mar Menor demuestra su gran capacidad de autorregulación. Los niveles de clorofila y nutrientes son bajos, pero en realidad las entradas de aguas cargadas de nitratos y fósforos siguen intactas", apunta. El experto ve con buenos ojos las actuaciones que está llevando a cabo Transición Ecológica, pero afirma que es indispensable que junto a las inversiones en barreras naturales y en el cierre de regadíos ilegales, se debe reducir el nivel del acuífero subterráneo. "En este momento el nivel freático del acuífero está unos 15 metros por encima del nivel del mar, por lo que las aguas contaminadas del subsuelo -que durante décadas han recibido fertilizantes y residuos de la agricultura y la ganadería, y fósforos de las ciudades- están brotando sobre el mar menor. Si no se reduce el nivel freático, no conseguiremos nada", resume Ruzafa.

En todo caso, el ecólogo descarta por ahora que este verano vaya a producirse una muerte masiva de peces y moluscos, como las que ocurrieron en 2016, 2019 y 2021, por falta de oxígeno, el proceso conocido como hipoxia. "Ahora mismo estamos a expensas de la climatología, especialmente a si se viven semanas de poco viento y mucho calor. Unas temperaturas muy altas dificultan que el oxígeno del aire se disuelva en el agua, al tiempo que los animales aceleran su metabolismo y consumen mucho más oxígeno, acelerando la posibilidad de una mortalidad elevada", resume.

El primer aerogenerador flotante de uso comercial en España tardará en llegar. Todavía ni siquiera se ha aprobado el real decreto que regula esta actividad, y después el Gobierno tendrá que convocar los concursos para adjudicar los pocos espacios disponibles en la costa española. Sin embargo, el sector ya se ha topado con la oposición de los ecologistas. Las grandes organizaciones verdes pidieron en abril al Ministerio de Transición Ecológica que la futura normativa tenga unos elevados estándares ambientales, y la semana pasada la ONG SEO/BirdLife dio un paso más y anunció que ya ha enviado comentarios para corregir hasta seis proyectos de molinos marinos que diferentes compañías pretenden construir frente a la costa gallega.

Estos seis planes supondrían la construcción de 266 aerogeneradores con alturas de entre 250 y 350 metros en una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados, similar a la isla de Tenerife, aunque son todavía provisionales debido a que no una normativa aprobada que regule la eólica marina. De hecho, es probable que muchos de estos proyectos se caigan y sean sustituidos por otros nuevos en el futuro, una vez que se conozca el real decreto final, que se espera que esté aprobado este verano. 

Paulo Lago, técnico del Programa Marino de SEO/BirdLife en Galicia, explica que su organización ha analizado estos seis proyectos eólicos y no han encontrado ningún estudio en profundidad sobre el impacto que tendrían estos molinos sobre las aves pese a que se ubicarían rozando una zona de paso migratorio por donde circulan numerosas aves protegidas. "Son proyectos muy pobres que no tienen en cuenta el medioambiente y que no incluyen trabajos de campo sobre las aves marinas. En el mejor de los casos solo se menciona qué aves pasan por esa zona basándose en estudios oficiales anteriores", critica el experto.

Según argumenta esta organización defensora de las aves, las zonas habilitadas por el Gobierno para instalar los molinos de viento frente a la costa gallega se encuentran pegadas al corredor migratorio de aves marinas que abarca desde la frontera de Galicia con Portugal hasta Cantabria, y se corre el riesgo de que algunos animales se desvíen y acaben chocando con las aspas de los aerogeneradores. "Las aves no entienden de fronteras y se alejan más o menos de la costa en función del viento. Lo que hace falta son estudios muy concretos para ver dónde se pueden colocar los molinos y dónde no", añade el técnico. Esta ONG también reclama que no saquen de una sola vez a concurso todas las áreas de la costa española delimitadas para la eólica marina, sino que se empiece por una zona pequeña —probablemente la costa de Canarias— y se vaya expandiendo a medida que se conozca mejor el impacto de esta tecnología en las aves marinas.

Desde la patronal del sector, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), piden cautela y opinan que es demasiado pronto para entrar en polémicas cuando todavía ni se sabe cuándo se van a instalar estos molinos. "Es fundamental tener en cuenta que todo lo que se ha propuesto hasta ahora no será definitivo, puede que se construya un 10% de todo lo que se ha dicho. Todo dependerá del marco regulatorio y de las subastas; no tiene sentido ponerse ya la tirita antes de la herida", contesta Heikki Willstedt, director de Cambio Climático de la AEE. En todo caso, el sector es consciente de los problemas que podría acarrear un enfrentamiento directo con las organizaciones ambientalistas, como ya ha tenido con sus proyectos terrestres en Galicia, por lo que en esta ocasión parece que adoptará un perfil más conciliador. "Estos proyectos, de todas formas, pasarán una evaluación ambiental muy exhaustiva y cada construcción será analizada durante un año para conocer las aves que sobrevuelan cada parcela", añade Willstedt.

Los seis proyectos provisionales señalados por SEO/BirdLife en Galicia están ya en manos de Transición Ecológica y se encuentran en un proceso de evaluación ambiental en "consulta previa", un procedimiento anterior al estudio ambiental definitivo en el que las compañías consultan al Gobierno si necesitan ampliar el estudio de la zona afectada por la construcción. Sin embargo, desde SEO/BirdLife interpretan que estos documentos son una forma de hacer lobby sobre el futuro real decreto. "Estos proyectos se han multiplicado en los últimos meses y, como son provisionales, creemos que son una forma de presionar al ministerio de Transición Ecológica para que el real decreto que se publique esté alineado con los intereses del sector", opina Lago, que pide al ministerio que no tramite ningún proyecto hasta que no haya un marco normativo aprobado.

Como los seis proyectos señalados por los ecologistas se enmarcan dentro de un proceso de consulta previa, las organizaciones civiles no pueden presentar por ahora alegaciones contra estas plantas eólicas, sino que pueden participar en el trámite mediante comentarios, que es lo que han presentado hasta el momento. Además de estos seis proyectos frente a la costa gallega, entre 2023 y 2024 se han presentado más de una docena propuestas para construir aerogeneradores flotantes frente a la costa de Cádiz, Málaga, Las Palmas, Baleares, Granada o Girona, entre otras provincias.

No es la primera vez que la eólica marina choca con la voluntad de otros sectores, ya que diferentes agrupaciones de pescadores han cargado en los últimos años contra esta tecnología, liderados por la Plataforma en Defensa de la Pesca. Argumentan que estas zonas amplias ocupadas por los aerogeneradores se ubican en algunos caladeros de pesca que quedarían inutilizados. Estos profesionales también sospechan que podrían alterar los movimientos de algunas especies de peces, pero aún es pronto para saberlo con certeza.

La recogida del mejillón en Galicia lleva cinco años en decadencia y en 2023 tocó fondo. Según los datos de Pesca de Galicia, el año pasado se cosechó la menor cantidad de este molusco de los últimos 25 años, y la caída fue incluso mayor en la captura de almejas o berberechos. En estos dos últimos casos se debió a las lluvias torrenciales ocurridas en la costa gallega, que provocaron una caída de la salinidad del agua y la muerte de los bivalvos. Pero en el caso del mejillón fue debido al cambio en el régimen de vientos, que redujo la riqueza de nutrientes en las aguas y acabó con una parte de los moluscos o redujo sustancialmente su tamaño.

Según explica el oceanógrafo Xosé Antonio Padín, del Instituto de Investigacións Mariñas - CSIC, el año pasado se vivió un verano suave en Galicia que redujo la intensidad del llamado afloramiento, la entrada de aguas del litoral en las rías debido a la fuerza del viento que sopla desde el norte y que rellena de agua fresca y de nutrientes las rías. La reducción de este afloramiento, unido a las altas temperaturas del agua durante el pasado verano y otoño, superiores a los 20 grados, llevaron a una tensión constante al mejillón y le impidieron desarrollarse y crecer. Hasta tal punto que el 53% de los mejillones recogidos el año pasado fueron de tamaño pequeño, y menos del 9% fueron grandes.

"La producción de mejillón depende de su alimento, el fitoplancton, que a su vez depende de los nutrientes que llegan con la emanación del agua. La falta de afloramiento también aumenta la temperatura del agua porque la ría no recibe aportaciones frías de mar abierto y el factor térmico es clave para estos invertebrados. El agua caliente hace que el mejillón intente continuamente reproducirse y desovar, y eso lo lleva a la extenuación", señala Padín. 

La plataforma Pesca de Galicia publicó a finales de abril el Anuario de Acuicultura de 2023 en el que refleja una caída récord de la recogida de bivalvos durante el año pasado. Destaca especialmente el mal desempeño del mejillón, la principal cría marina de Galicia, del que en total se recogieron 178.000 toneladas, un 19% menos que el año anterior, la cifra más baja del histórico. En 2008 y 2013 la cosecha fue parecida a la del año pasado, pero la gran diferencia es que esos años se hundió de manera puntual, mientras que en esta ocasión la tendencia descendiente acumula ya cinco años.

Una solución para la caída de la producción es el incremento de "plantación" de mejillones en las bateas. Para esta cría es indispensable la recogida previa de la mejilla, la larva del mejillón que se desarrolla en las rocas del litoral y que se recolecta para fijarla a las bateas y producir así mejillones a escala industrial. Pero en los últimos doce años ha habido una caída de la recolección de la mejilla en Galicia, por lo que cada vez hay menos capacidad para sembrar mejillón.

La explicación para la reducción de la mejilla en Galicia también está en el viento, según un informe presentado este miércoles por un equipo del Instituto de Investigacións Mariñas - CSIC y del Instituto Español de Oceanografía, liderado por Xosé Antonio Padín. Por primera vez han unificado los registros de captura de mejilla en Galicia durante los últimos quince años y han llegado a la conclusión de que en los años en los que hay más viento es precisamente cuando menos larvas hay disponibles. "En los años en los que hay más afloramiento entre julio y noviembre (los meses de emanación de agua), la mejilla es arrastrada mar adentro y es más complicado de atrapar y criar. Mientras que cuando hay poco movimiento en el agua es cuando se quedan en la costa y se puede recolectar más mejilla", explica el experto.

De esta manera, la naturaleza se autorregula. En los años con poco viento, como en 2023, hubo una recogida muy pequeña de mejillón, pero durante este invierno se recogió una cantidad enorme de mejilla. "Si este año hubiera una abundancia de fitoplancton en la ría, el cultivo se podría recuperar con una población muy buena. Es curioso porque el mejillón se da a sí mismo una segunda oportunidad". Ahora solo falta que el tiempo acompañe este verano y este otoño, y que haya una buena afloración. "Yo, lo único que le puedo decir ahora a un mejillonero es que tenga paciencia", termina el oceanógrafo.

Además del mejillón, la caída de la cosecha fue generalizada en prácticamente todos los bivalvos que se cultivan en bateas de Galicia. La recogida de almeja y berberecho cayó un 80% frente a 2022, la de ostra rizada un 25% y la de almeja fina un 22%. El golpe fue enorme para la acuicultura gallega, que sufrió una caída del 19% en los ingresos por venta de bivalvos, según el Anuario de Acuicultura de 2023. Sin embargo, no todo el marisco se ve afectado por los cambios que sufre la costa gallega, ya que cada variedad tiene su propio ritmo reproductivo, y es más o menos sensible a las temperaturas y la salinidad de la ría. Por ejemplo, la captura de almeja japonesa creció un 25% y la de ostra plana un 7%, aunque no fue suficiente para compensar las pérdidas.

José Manuel Rosas es presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra y afirma que la situación es ahora catastrófica. "La caída de la producción del año pasado en almeja y berberecho es más que exagerada. En años anteriores la recogida había disminuido en la Ría de Arousa, pero el resto tenía buena salud. Hasta que llegaron las lluvias torrenciales de octubre y noviembre, y se produjo una mortalidad de más del 90% en algunos puntos", relata. A diferencia del caso del mejillón, estos bivalvos no murieron por la falta de afloramiento, sino por la caída de la salinidad en el agua por el torrente de agua dulce. "Con una salinidad cero es imposible que sobrevivan", detalla.

En su opinión, el cambio climático es el responsable del hundimiento progresivo de la producción, ya que las lluvias son cada vez más agresivas. Un informe de la Consellería do Mar, elaborado por Meteogalicia y tres instituciones académicas, concluyó que entre el 15 de octubre y el 16 de noviembre llovió un 127% más de lo normal. Además, aportó estudios realizados con anterioridad en la ría de Arousa, que recogieron que las salinidades inferiores de 15 en un período de tres días consecutivos causan mortalidades moderadas en poblaciones de berberecho y almeja babosa. Si la salinidad baja de 5 durante cuatro días consecutivos, la mortalidad será severa, afectando también, aunque en menor medida, a la almeja fina y japonesa. Durante la primera quincena de noviembre se registraron niveles de salinidad menores a 5 e incluso de 0 en seis jornadas, lo que derivó en una mortalidad masiva. Estos niveles de salinidad estuvieron precedidos de un verano y otoño con temperaturas muy altas del agua,que debilitaron a los bivalvos.

Económicamente, afirma José Manuel Rosas, las pérdidas del año pasado han dejado a cientos de mariscadores autónomos sin ingresos. En la región trabajan unos 6.000 por cuenta propia, divididos entre los que recogen a pie y en embarcación, han tenido que recurrir a las ayudas por cese de actividad y los fondos europeos Fempa. La Xunta también ha desbloqueado fondos de ayudas para los mariscadores, pero se queja de que el Gobierno central no ha entrado a apoyar al sector. La Consellería do Mar pidió en diciembre al Gobierno central declarar zona catastrófica a las rías afectadas, pero el Ministerio del Interior rechazó la propuesta principios de mayo porque no se produjo una emergencia de protección civil, ni la Xunta activó un plan de protección civil durante las lluvias.

El mejillón, sin embargo, no se ve afectado por el incremento de la salinidad, ya que se encuentra en el interior de la ría, mientras que las almejas se recogen en la playa. Las bateas del mejillón se sumergen hasta doce metros y la salinidad solo afecta a las primeras capas del agua, especialmente en la desembocadura. Además, el mejillón es un animal enormemente resistente, y las condiciones del agua no le afectan tanto como a otros moluscos.