La Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid ha aprobado por unanimidad abandonar el Gobierno municipal de Arroyomolinos, del que formaban parte junto a otros grupos, después de la decisión del alcalde, Carlos Ruipérez (Ciudadanos), de mantenerse en el cargo pese a su implicación en la operación 'Enredadera', conducida por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, informa Europa Press.

Según ha informado el PSOE de Arroyomolinos en un comunicado, ayer por la tarde se reunió la Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid para tratar, entre otros puntos del orden del día, la situación política que vive este municipio y la decisión del PSOE de Arroyomolinos de "aplicar en todos sus términos el acuerdo de Gobernabilidad y la aplicación del pacto antitransfuguismo".

Desde la Ejecutiva Local del PSOE, transmitieron a la Ejecutiva Regional del PSOE que, por un lado, se está "vulnerando" el pacto antitransfuguismo,  pues el pasado 28 de junio José Vicente Gil Suárez, concejal de Hacienda, abandonó el Grupo Municipal Socialista pasando al grupo de no adscritos.

"El Equipo de Gobierno Municipal no le ha quitado sus competencias ni exigido que entregue su acta", ha destacado, al tiempo que recuerdan que el PSOE de Arroyomolinos "no gobierna con tránsfugas".

Por otro lado, destacan que el acuerdo de Gobernabilidad sobre el Compromiso de Regeneración Democrática que se firmó por Ciudadanos, Partido Independiente de Arroyomolinos y PSOE, en su punto uno, dice "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados −ahora investigados− por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".

Incumplimiento del Acuerdo

"Han pasado siete días y formalmente, según la diligencia previa del Juzgado número 2 de Badalona (Barcelona), siguen teniendo la condición de investigados Carlos Ruipérez y Juan José González, y dado que forman parte del equipo de gobierno, en calidad de alcalde y concejal respectivamente por el grupo de Ciudadanos, se está incumpliendo el Acuerdo de Gobernabilidad que les obliga a dejar el cargo hasta que se resuelva el procedimiento judicial", subrayan.

Para el PSOE, esta situación "es insostenible" dado su "compromiso de tolerancia cero con la corrupción". "El PSOE de Arroyomolinos no puede más que ser coherente con los acuerdos firmados y sobre todo con sus votantes y vecinos de Arroyomolinos y tomar la decisión de abandonar el Equipo de Gobierno y pasar a la oposición", señalan.

Esta decisión ha sido trasladada a la Ejecutiva Regional, que la votó ayer y que fue aprobada por unanimidad. A primera hora de hoy registrarán su salida en el Consistorio.

Ciudadanos mantiene la expulsión de Ruipérez

El alcalde se encuentra de baja tras sufrir hace una semana un problema cardiaco cuando se encontraba en el Ayuntamiento en una reunión de trabajo. Hacía solo dos días que había sido detenido en el marco de la operación 'Enredadera' y que su propio partido le había pedido que abandonara el cargo.

Le suspendió de militancia y le advirtió con la expulsión del partido si no dejaba el cargo en las siguientes horas. El alcalde aseguró que se mantendría en el cargo hasta que se aclarara su situación procesal. A día de hoy, y con este episodio médico en medio, desde la formación naranja mantienen que se continúa con todo el proceso de expulsión.

Afectos a la cúpula del PP nacional de Pablo Casado, y afines –herederos– de Juanvi Herrera –Antonio Silván y Suárez-Quiñones y algunos más– en C y L, se ven implicados en los contactos y manejos con el cabecilla de la operación Enredadera, JL Ulibarri, ahora en prisión. Las conversaciones telefónicas de esta trama constatan el gran poder del empresario JL Ulibarri y sus hombres sobre el PP de Castilla y León, gracias a sus medios de comunicación y a sus pagos pecuniarios de "favores".

Eso es lo que sigue investigando actualmente la unidad policial de la UDEF. Prebendas como adjudicaciones para construcción de residencias tercera edad, ambulatorios, "pacificación del tráfico", carreteras, viviendas sociales, polígonos industriales y muchas más... Los directivos del empresario presionaban a políticos y a funcionarios y técnicos, a la vez que hacían de recaderos para informarse sobre concesiones administrativas.

Por esas lindes castellano-leonesas ya sabíamos cómo actuaba Ulibarri y cómo conseguía sus beneficiosas adjudicaciones de medios de comunicación y de construcciones, entre otras cosas. Ha sido un as en este tipo de chantajes mediáticos durante más de 25 años. Los vínculos e influencias de Ulibarri en C y L son, no solo con el Ayuntamiento y la Diputación de León, sino también con los de Soria, Palencia y otros ayuntamientos y diputaciones de la región. Sus garras de corrupción se extienden a casi todos los partidos, aunque especialmente sus grandes transacciones son con gente del PP.

La herencia de Juan Vicente Herrera se ve también salpicada por las dudas sobre Fernández Mañueco, el actual alcalde de Salamanca, presidente del PP castellanoleonés y aspirante a sustituirle al frente de la Junta de C y L.

La agrupación de electores Ganemos Salamanca ampliará su querella relativa al ya denominado “caso Aceinsa”, al considerar indicios suficientes para presumir la comisión de un delito de malversación de caudales públicos, además del presunto delito de prevaricación administrativa. Ganemos se ha querellado por esto contra el alcalde de Salamanca, Mañueco, contra varios de sus concejales, y contra el jefe de la Policía Local, Fernández Martín (JM). Estas son las principales acusaciones de la oposición charra a las políticas de Mañueco, ente otras su posible implicación en el “caso guardería Mis Pollitos" (extensión de la operación Lezo), por claras sospechas de trato de favor.

Dicen que corren malos tiempos para el futuro político de Fernández Mañueco en Castilla y León, pues llevará una repleta mochila: “caso Hotel Corona Sol”, sin licencia urbanística; “caso El Corte Inglés”, construcción ilegal, reduciendo suelo para servicios públicos de los salmantinos, favoritismos en adjudicaciones.

El nuevo secretario general pepero, Teodoro García, justifica a Silván y a Suárez Quiñones diciendo que ellos han manifestado que están limpios y que el juez aún no les ha imputado. Pero, señor Teo, ¿y esas graves, bochornosas y obscenas declaraciones en los pinchazos telefónicos con Ulibarri y con los hombres de su emporio, "cazadas" por la UDEF? En servidores y cargos políticos, ya con eso sería más que suficiente para fulminarles como alcalde a uno –y como miembro de la ejecutiva nacional pepera–, y al otro como consejero de la Junta. La decencia política va más allá de la vía penal –que vendrá más pronto que tarde–, porque la ética no la marca solo la ley. Pero el cachorro de Aznar, ahora ya convertido en presidente nacional del PP, olvida que existe la decencia política además de la vía penal que vendrá más temprano que tarde. Insiste Casado en que los valores de la ética van con los demás y no con él. Y se reafirma que la ética en la política es cosa de otros.

Los politicastros se desacreditan porque incumplen sus promesas repetidas veces. Muchos de ellos se "dopan" para llegar a sus metas, no cumpliendo con la ética y la decencia política, que las consideran un obstáculo. Pero siempre –o casi siempre– acaban "pillados" por la ley. Pablo Casado (secretario general del PP), Juanvi Herrera y Fernández Mañueco (ambos responsables del PP en C y L) están tardando ya demasiado tiempo en cesarles. A no ser que su amistad con el clan de JL Ulibarri, o la intimidación de sus hampones, se lo esté impidiendo. ____________________

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre

El alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, ha sido trasladado al Hospital Clínico San Carlos en estado reservado tras haber sufrido, probablemente, un infarto, han informado a Europa Press fuentes próximas al dirigente municipal.

Un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado que el servicio de emergencias ha recibido una llamada a las 11.16 horas alertando de que un varón de 56 años se encontraba en mal estado. Hasta el lugar ha acudido una UVI del SUMMA, que ha atendido al alcalde con un posible infarto y que le ha trasladado al Hospital Clínico en estado reservado.

Se da la circunstancia de que el alcalde, que se presentó en las elecciones por Ciudadanos, fue detenido el pasado martes en el marco de la operación 'Enredadera' sobre amaños en contratos de gestión policial, y posteriormente, quedó en libertad con cargos.

Tras lo ocurrido, desde Ciudadanos anunciaron su suspensión de militancia y le pidieron ayer que dimitiera porque si no, le expulsarían del partido. Sin embargo, el regidor sostuvo ayer que continuaría en el cargo "en tanto su situación procesal" no quedara "perfectamente definida".

Esta misma mañana, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, le ha pedido que reflexionara sobre lo ocurrido y que dimitiera. También ha recordado que el partido estaba tramitando su expulsión.

El Juzgado de Instrucción 2 de Badalona (Barcelona) ha ordenado la madrugada de este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del empresario José Luis Ulibarri, tras ser detenido en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía por el presunto amaño de contratos de aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios, según ha informado Europa Press.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del Juzgado ha finalizado a las 3.00 horas las comparecencias iniciadas sobre las 19 horas de este miércoles de cinco detenidos en la operación, con domicilios en Madrid, Fuenlabrada, Majadahonda y Villanueva de la Cañana.

El juez acordó prisión para Ulibarri, también investigado dentro de la trama del caso Gürtel, y otra persona, y para los otros tres que pasaron a disposición judicial quedaron en libertad con medidas cautelares como retirada de pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial.

Durante este jueves la Policía Nacional continuará con la puesta a disposición judicial del resto de detenidos pendientes de comparecer ante el magistrado instructor, ha precisado el TSJC, que ha explicado que de la cincuentena de detenidos en esta operación, está previsto el pase a disposición judicial de una quincena.

Este miércoles el juzgado ya decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para un detenido, tras tomar declaración a los cuatro detenidos este martes en la provincia de Barcelona y decretó libertad con medidas cautelares para los otros tres –un quinto detenido en Lleida quedó en libertad el mismo martes tras declarar ante la Policía–.

'Operación Enredadera'

Los hechos investigados en la operación Enredadera, según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona, que ha ordenado 55 entradas y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.

El Juzgado de Badalona autorizó la entrada y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet de Vallès, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

El alcalde de Arroyomolinos (Cs), Carlos Ruipérez, continuará en el cargo y con las mismas responsabilidades en el Consistorio "en tanto su situación procesal no quede perfectamente definida y aclarada", informa Europa Press.

Además, el regidor ha puesto de manifiesto "el daño sufrido contra su persona en medios, con datos filtrados y no siempre contrastados, lo que ha supuesto una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia".

El Ayuntamiento ha reafirmado que, "como no puede ser de otra manera" colabora de forma "activa y transparente" con la UDEF de la Policía Nacional en el marco de la operación anticorrupción 'Enredadera' y "ha colaborado y colaborará con la Justicia con la transparencia como seña de identidad del Consistorio".

Ruipérez también ha querido dar las gracias a los miembros del Equipo de Gobierno, a los funcionarios y trabajadores municipales, así como a muchos vecinos que se han solidarizado "dando sus muestras de apoyo para él y su familia".

Los responsables policiales solicitaron ayer información en relación a los contratos del Ayuntamiento de Arroyomolinos con GESPOL desde el año 2012 hasta la actualidad. Según el Consistorio, en 2012 el municipio suscribió un contrato por exclusividad que se adjudicó el 12 de marzo de 2013 con Bilbomática para el mantenimiento integral del sistema GESPOL con una duración de 2 años con posibilidad de prórroga hasta de 2 años más.

Se realizó por exclusividad "con informes desfavorables". El coste por año de dicho contrato es de 34.165 euros más IVA. La primera prorroga de este contrato fue en febrero de 2015. La siguiente prorroga se realizó en 2016 "por falta de tiempo para tramitar administrativamente un contrato por concurso público".

En 2017 se puso en marcha un procedimiento público y abierto para el servicio de apoyo y asesoramiento al funcionamiento de los expedientes sancionadores por infracciones. A dicho concurso público y abierto se presentaron seis empresas a la licitación por un coste de 28.900 euros más IVA por año y durante cuatro años.

"Tras recibir el proceso los beneplácitos de intervención, secretaría y contratación, se adjudicó el 10 de octubre con la empresa UTEBO-GESPOL que fue la ganadora del concurso público y abierto", ha recalcado el Ayuntamiento en la nota de prensa, donde ha reiterado que "ha colaborado con la máxima transparencia ante todos los requerimientos de documentación solicitados".

El alcalde de Arroyomolinos acudió a declarar ayer por la mañana a dependencias policiales en función de su cargo y volvió a su domicilio por la tarde. "El regidor está a disposición judicial para cuando sea citado o llamado por el juez si lo cree necesario. Se encuentra en condición de investigado y no de imputado", han destacado.

El primer teniente de alcalde, Juan José González, no fue detenido en ningún momento. Según han aclarado desde el Consistorio, cuando aparecieron las primeras informaciones se personó de forma voluntaria en dependencias policiales, puesto que estaba de vacaciones, "y le dijeron que se marchara a su casa tranquilamente y que se le llamaría si se creía necesario".

Por último, el Ayuntamiento de Arroyomolinos ha destacado que no existen semáforos con radar en el municipio y que los de la avenidad de Unión Europea son señales luminosas y no semáforos como tal. Además, han puntualizado, a modo de ejemplo, que en 2013 recaudaron por multas 140.585 euros y en 2017 un total de 48.893 euros, unos datos "que ponen de manifiesto que no ha habido un aumento de la recaudación por estás infracciones".

Nueve años después de que en febrero de 2009 trascendiera que había sido uno de los principales empresarios beneficiados por los manejos de la trama Gürtel, el leonés José Luis Ulibarri aparece ahora situado en el centro de una segunda red de corrupción, esta dedicada a manipular adjudicaciones sobre seguridad vial en ayuntamientos de toda España y gobernados por PP, PSOE y Ciudadanos.  Entre los detenidos hay alcaldes y concejales de esos tres partidos.

Bautizada como Enredadera, la operación que bajo el impulso de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF dirige un juzgado de Badalona desencadenó este martes una treintena de detenciones, registros a 21 ayuntamientos, requerimientos a otros 18 y entradas en una docena de empresas, cinco de ellas al menos pertenecientes o vinculadas al conglomerado societario de Ulibarri.

Aunque la Operación Enredadera permanece bajo secreto, ya ha trascendido que la empresa Aplicaciones Gespol SL se presenta como la principal receptora de los contratos investigados. Aplicaciones Gespol perteneció a la compañía Bilbomática hasta que en 2016 fue adquirida por la división ambiental de Sacyr, Valoriza. Tanto la sede de Aplicaciones Gespol como la de Bilbomática y la de Valoriza figuran entre las instalaciones que ha registrado la Policía. Sus responsables constan asimismo entre los principales investigados. Los contratos investigados se extienden desde 2010 hasta ahora.

Entre los ayuntamientos bajo la lupa hay ocho de capitales de provincia. Seis de ellos se vieron alcanzados por la oleada de registros: Lleida, León, Palencia, Huesca, Oviedo y Teruel. Y a dos más –Logroño y Vitoria–, la Policía les entregó sendos requerimientos de documentación al igual que hizo con la Diputación de Alicante.

Promotor inmobiliario y propietario de varios periódicos y de la cadena de televisión privada autonómica que gestiona la concesión otorgada por el Gobierno de Castilla y León, José Luis Ulibarri se encuentra pendiente de juicio en el caso Gürtel por la denominada pieza separada de Boadilla.

En esa vista, para la que la Audiencia Nacional aún no ha fijado fecha, se enfrenta a siete años de prisión por varios delitos de corrupción derivados de la adjudicación de suelo a bajo precio que en 2005 logró del Ayuntamiento de Boadilla su empresa Begar para construir 139 viviendas.

Otra de las mercantiles con que en aquella época operaba Ulibarri y cuyo nombre afloró durante la investigación de Gürtel, Peñalba Servicios Inmobiliarios, está ahora también investigada aunque su actual denominación es otra: Enantar SA.

Todo apunta a que el empresario se sitúa en el vértice de esta red. Una de las empresas sometidas a registro es Aralia Servicios Sociosanitarios, adjudicataria de contratos públicos en diferentes comunidades y una de las compañías señeras de Ulibarri. Otras cuatro comparten domicilio social con la anterior: Utebo, Anento, Enantar y Arcor.

Entre los detenidos, además del propio Ulibarri y su hombre de confianza, Miguel Hernán Manovel, hay alcaldes, concejales y mandos de las distintas Policías Locales que encomendaron a Aplicaciones Gespol distintos servicios relacionados con la seguridad vial previo amaño presunto de los contratos. 

Fuentes jurídicas aseguraron este martes no obstante que ahora solo pasarán a disposición judicial una quincena de los arrestados. Y que lo previsto era que los restantes quedasen en libertad el martes por la noche y sean llamados a declarar ante el juez en una segunda fase.

Suspensiones de militancia y arrestos de policías

Entre las 14 personas cuyo arresto ordenó el juez de Badalona –las restantes detenciones se produjeron como consecuencia de los registros– se cuenta el alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, así como sus correligionarios Sadat Maraña, asesor en la Diputación de León, y Juan Carlos Fernández, concejal en el también municipio leonés de San Andrés del Rabanedo. El partido de Albert Rivera ya los ha suspendido de militancia.

Idéntico anuncio lanzó la dirección federal del PSOE. De ese partido están investigados, al menos, la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Eugenia Gancedo, y Juan José Simón, administrador de una de las compañías investigadas y que fue concejal en la también leonesa localidad de Astorga. 

En Villanueva de la Cañada (Madrid) fue detenida la concejal del PP Julia Tortosa.

A lo largo de la jornada se sucedieron los arrestos y registros a manos de distintas Policías Locales. La primera detención que trascendió fue la del jefe de ese Cuerpo en el municipio madrileño de Fuenlabrada, feudo histórico del PSOE y uno de los 16 que en Madrid están siendo objeto de investigación. En la lista madrileña se integran localidades de importancia como Alcobendas, Parla, Torrelodones y Pinto.

Los jefes de las Policías Locales de Oviedo, Huesca, Tiana (Barcelona) y Vélez Málaga figuran en la lista de investigados.