Son las once de un miércoles a mitad de enero y en el bar Florida de Víznar está desayunando en un descanso rápido el equipo científico de la Universidad de Granada que sigue trabajando en las fosas del barranco. De la última que abrieron emergieron los restos de veintiocho personas. Es la más numerosa de todas las que ya ha exhumado este grupo, un comando joven y resistente al frío, al calor y a otros envites, dirigidos por el profesor Francisco Carrión, profesor de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. En total, la cifra de individuos exhumados se acerca ya a las 200 personas en los años que han durado las varias campañas de los trabajos. 

No debe ser fácil manejar, a la vez, la ciencia, lo que es tu trabajo diario y el saber, con las emociones que revuelven estas revelaciones de la tierra. Tratar con la violencia, aunque sea cada vez más alejada en el tiempo, pasa factura. Algo así nos dice Carrión. Y cómo no. El momento más emocionante del proceso llega con la entrega de los restos identificados a los familiares: cuesta hablar, cuesta tragar y decir algo que pueda condensar todo ese espacio de tiempo, la estrecha relación que el equipo establece con los restos encontrados, ya son sus muertos también, y ocho décadas de silencio bajo tierra y de silencio en todas partes. 

En el laboratorio, que han situado en el antiguo molino del pueblo, limpian y clasifican los restos. En una pila de cajas de plástico están reunidos los huesos de cada uno de los individuos que han encontrado, agrupados estos dentro de las cajas en bolsas de plástico por partes del cuerpo: acierto a leer en una de las bolsas la palabra “costillas”. En la planta de arriba, dos mujeres jóvenes se encargan de limpiar con extrema delicadeza y uno a uno los restos en unos barreños. Están sentadas una frente a la otra, abrigadas con forros polares de la universidad, con guantes de látex y en silencio. Otra revisa las fotografías y el trabajo de campo. Hablo con una de ellas sobre si es consciente todo el tiempo de lo que tiene entre manos. 

En la planta baja del molino, otras dos mujeres ordenan los objetos que han salido de la fosa: botones, restos de un cinturón, un broche con un pequeño timón o un montón de suelas de zapatos identificadas en bandejas blancas que parecen fósiles de barro, pero que una vez fueron las pisadas de alguien. Alguien que fue arrastrado hasta allí, que fue ejecutado de uno o varios tiros en la cabeza. Personas asesinadas. 

Álvaro es bombero forestal de la Sierra de Víznar, es parte del retén que vigila esos barrancos. Les advierte sobre el estado de algunos de los árboles, que tengan cuidado, les dice, pueden caer. Han creado un grupo de WhatsApp en el pueblo para contarse los avances y compartir las noticias sobre los trabajos. Más arriba, desde las trincheras nacionales de la guerra civil que defendían el frente de Granada, se ve la reforestación de toda la zona. Todos esos valles fueron replantados con pinos durante la dictadura, camuflando los crímenes que esconden los pozos del camino que va de Víznar a Alfacar. 

Allí nos encontramos también con Luis, que fue el alcalde que se empeñó en la dignificación del barranco. Imagino que, cuando miras hacia atrás –le digo–, es bonito haber llevado a cabo esa resignificación. Dice que sí, por supuesto. Fue entonces cuando se hizo el graderío del barranco y la piedra que dice: Lorca eran todos. Porque fue ahí, en el camino de algo más de un kilómetro que va de La Colonia al barranco, donde asesinaron al poeta un mes después de que empezara la guerra. 

No deja de ser bonito y también esperanzador, a pesar de la naturaleza de lo que tienen entre las manos, el empeño en hacer comunidad que tienen todas estas personas, la vocación por resolver, por desenterrar, por devolver, por poder pasear por esos montes sin sentir que estás pisando ecos de muerte y de violencia.

Esa tarde, Francisco Carrión hijo, quien se encarga de las relaciones del equipo con las familias, me envía algunas fotografías que ha tomado de los trabajos. Las ha hecho con una lente antigua, una óptica de entonces, en blanco y negro, y son impresionantes. La sensibilidad con la que están tomadas es enorme. Son duras, pero en ellas se hace visible, sin necesidad de palabras, la historia del terror y de la represión, a la vez que se intuye el trabajo invisible que realizan en las exhumaciones ellos y otros equipos como el suyo en otras zonas del país. 

Todos sabemos que, si la derecha gana las siguientes elecciones –sean cuando sean–, los presupuestos para las exhumaciones podrían vaciarse. Todos sabemos que estos trabajos pudieron hacerse mucho tiempo antes. Pero la memoria no es sólo políticas o ideas, es conocimiento. Es nuestro derecho a saber y relacionarnos con el pasado de forma sana y no abstracta. La memoria no debe ser un lugar para la intuición. No es una palabra manipulada por unos y por otros. Va más allá. La memoria es ciencia y, a veces, la ciencia también está llena de historias y de emociones. De personas que se manchan de tierra las manos. De familias represaliadas que son hoy –y muy poco a poco– reparadas. La memoria son silencios que se van llenando de palabras.

RTVE y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática elaborarán el primer mapa audiovisual de las exhumaciones del franquismo en España, un proyecto multimedia que lleva por título El país de las 6.000 fosas y con el que sus responsables pretenden "vertebrar la memoria".

Se trata de un proyecto ambicioso al que se comprometen ambas instituciones, tras la firma del convenio que han suscrito este lunes, para elaborar y difundir este mapa multimedia interactivo sobre las fosas de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo.

Para Jon Ariztimuño, director de informativos de TVE, "es muy importante poner nombre a los que alguna vez lo perdieron, a los que quisieron borrar". "Queremos ayudar a restaurar las historias de los asesinados en la Guerra Civil", ha señalado durante el acto de presentación del proyecto en el que es clave el archivo de RTVE.

En ello ha incidido Maribel Sánchez-Maroto, directora de contenidos informativos de la Corporación, quien ha acudido junto con Ariztimuño y Pilar Bernal, directora de contenidos digitales informativos del ente público, y los periodistas Xabier Fortes y Ángela Gallardo, directora del documental A flor de tierra.

También, ha asistido Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática, quien ha incidido en que las dos instituciones han unido sus esfuerzos "en favor de la verdad".

Será un proyecto con tres patas porque al mapa audiovisual se suma el documental, que narra "dolor, pero también valentía y dignidad en un momento en el que no se hablaba de memoria histórica” según ha precisado su directora, y también un pódcast.

Este mismo martes y para tratar la situación de las exhumaciones, RTVE Play, La 2 y el Canal 24 horas emitirán un especial informativo presentado por Xabier Fortes, que arrancará a las 22:00 horas y que incluirá la emisión del corto documental.

A flor de tierra, realizado por el equipo de vídeo y audio digital de RTVE Noticias, se sitúa en 1978, tres años después de la muerte de Franco. Según avanza la corporación, cuenta la historia de familiares de republicanos desaparecidos de la Ribera navarra que se unieron para recuperar a los suyos, asesinados por los franquistas y enterrados en fosas comunes cuarenta años antes.

La mañana del 21 de octubre del 2000, en una ladera a las afueras de Priaranza del Bierzo (León), un puñado de familiares, arqueólogos y vecinos rompió el silencio de seis décadas al abrir una fosa común. Por primera vez en España se exhumaron con método científico los restos de víctimas de la represión franquista. Hasta entonces, muchas fosas se habían abierto con una azada, un pico y una pala, sin herramientas forenses ni posibilidad de identificación, solo para llevar los restos al cementerio.

Un cuarto de siglo después, la historia de aquella exhumación —la de uno de ‘Los Trece de Priaranza’, Emilio Silva Faba, asesinado en 1936— sigue marcando el movimiento por la memoria. Su nieto, Emilio Silva, quien encabezó esa primera excavación y es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), recuerda en conversación con infoLibre cómo fueron esos primeros pasos y qué desafíos permanecen en un país donde la memoria, según Silva, aún se disputa en las aulas, en las familias y, sobre todo, en las instituciones.

¿Cómo empezó a investigar la desaparición de su abuelo después de tantos años?

En 1999 dejé mi trabajo de periodista para escribir una novela y empecé a viajar al Bierzo, la tierra de mi familia, para hablar con gente mayor y recopilar historias de la guerra y la posguerra. Un día quedé con Arsenio Marcos, un amigo de mi padre y antiguo preso político que había pasado por la cárcel en 1962. Fuimos a visitar a un conocido suyo y, por la tarde, en medio de una conversación surgió el nombre de mi abuelo. Yo le conté lo poco que sabía y que lo habían matado en 1936. De repente, me contestó con total naturalidad, que creía saber dónde estaba enterrado.

Fuimos hasta el pueblo y, preguntando a los vecinos, un paisano nos señaló el lugar exacto de la fosa. Aquel instante fue como abrir una puerta cerrada durante más de sesenta años. A los pocos días escribí un artículo en La Crónica de León titulado Mi abuelo también fue un desaparecido. Lo firmé con mi nombre y dejé mi teléfono al final.

¿Qué le contaban en casa sobre él?

Sabía que había sido militante de Izquierda Republicana, que había escrito en prensa y que lo asesinaron los falangistas, pero todo con mucha discreción. Si mi padre me contaba algo, me pedía que no lo repitiera fuera y mi abuela jamás habló de él. Murió en 1997 sin contar nada, ni cómo se conocieron, ni cómo fue su vida, ni cómo murió. Si en alguna conversación mi padre y sus hermanos se acercaban a esos tiempos, mi abuela daba un golpe en la mesa y todos sabían que había que cambiar de tema.

¿Cómo surgió la iniciativa de hacer la exhumación de manera científica?

En el artículo de La Crónica de León dejé mi teléfono y me llamó un arqueólogo, Julio Vidal. Su madre era del pueblo de la fosa y de niño pasaba por allí sabiendo que había muertos. Se ofreció a excavar con su pareja y un grupo de arqueólogos y antropólogos forenses. Antes hubo exhumaciones en los 70 hechas por familias sin técnicas, por valentía. En Priaranza supimos, por ejemplo, que faltaba un cuerpo porque una familia lo había recuperado en 1936 poco después de que fueran fusilados.

¿Por qué cree que tardó tanto en instaurarse este método en España cuando en otros países como Chile estaba muy asentado?

Fue una decisión política. En España hubo una voluntad deliberada de no mirar hacia adentro. Durante años, el Estado se interesó más por las desapariciones de otros países que por las propias. El Congreso y el Senado, por ejemplo, llegaron a crear comisiones para investigar la desaparición de súbditos españoles en América Latina, en países como Argentina o Chile, mientras aquí seguían miles de cuerpos en las cunetas. La justicia española fue incluso capaz de detener a Pinochet en Londres, pero nunca ha abierto una investigación judicial sobre los crímenes del franquismo. Y luego estuvo el miedo. En los años 70 hubo gente muy valiente que, sin medios técnicos ni apoyo institucional, exhumó fosas con un pico y una azada. Pero tras el golpe del 23F, aquel intento de sacar los cuerpos se frenó en seco. 

¿Creía en ese momento que la exhumación de su abuelo iba a iniciar un camino para la reconstrucción de la memoria en España?

No nos dimos cuenta realmente de la dimensión del problema hasta el verano de 2002, cuando organizamos un campo internacional de trabajo con voluntarios y voluntarias de nueve países distintos para realizar tres exhumaciones en la provincia de León y tuvo cierta visibilidad mediática. De repente empezaron a llamarnos de todas partes. Ese verano pasaba entre cinco y seis horas diarias hablando por teléfono con familiares que querían saber si podíamos ayudarles a encontrar a su abuelo, su padre o su hermano. 

Ahí comprendimos que lo que habíamos hecho en Priaranza no era una excepción, sino el inicio de un movimiento. En 2002 cargué en mi coche los primeros 64 casos documentados y los llevé hasta Ginebra para entregarlos al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. 

¿Qué supone que una familia encuentre a un desaparecido y acabe con esa duda?

Yo soy nieto de un desaparecido y, de algún modo, hijo de un trauma. Mi padre dejó la escuela con diez años, nunca volvió a un aula y eso te marca, te educa y te atraviesa sin que te des cuenta. Cuando creces con alguien que ha vivido algo así, también heredas sus silencios y sus miedos. En mi casa, el dolor estaba siempre ahí, aunque no se nombrara. Por eso, cuando encontramos la fosa e identificamos genéticamente a mi abuelo, aquello fue una forma de cerrar un círculo de dolor que había permanecido abierto durante más de sesenta años.

Para mis tías y para mi padre fue una reparación emocional enorme. No borró sus infancias truncadas ni las décadas de silencio, pero les permitió poner nombre y lugar a una ausencia, llevar a su padre junto a su madre, compartir un duelo que durante toda su vida les había sido negado. En ese momento entendí que recuperar los restos no solo tiene un valor simbólico. 

¿Sigue existiendo ese temor o resistencia que lleva a las familias a no buscar a sus desaparecidos?

Es curioso que la mayoría de quienes se vinculan a la asociación no son las propias familias a las que hemos ayudado. Interpreto que hay un resquemor, una herida que aún supura. Muchas familias salen a la vida pública para resolver su caso, pero después vuelven al silencio. Es comprensible porque durante décadas nadie les ofreció protección ni justicia

En el mundo rural ese miedo se multiplica. En los pueblos todos saben quién fue el que delató, quién disparó, quién se quedó con la casa o con las tierras del vecino, pero se calla. Hay una especie de pacto tácito de silencio, una conciencia colectiva de que abrir la boca puede alterar los equilibrios heredados. 

¿Qué opinión le merecen los intentos de PP y Vox de tumbar las leyes sobre memoria?

La pelea de la derecha ya no está tanto en las exhumaciones. Saben que van a ocurrir fuera de los juzgados. Como no se va a investigar a los asesinos ni se les va a juzgar, ahora su batalla es simbólica y cultural. Buscan declarar bienes de interés cultural a monumentos que exaltan ese pasado y disputar el relato en las escuelas para mantener una idea benévola del franquismo. 

Por ello, no es casual que haya jóvenes fantaseando con dictaduras como solución, aunque en el caso de muchos es pura ignorancia sobre lo que significa vivir sin libertades. Cuando voy a institutos a hablar de memoria, les pregunto a los estudiantes si se imaginan cómo sería vivir en una dictadura. Les digo que lo primero que haría un régimen autoritario sería quitarles el móvil de las manos y prohibir el 95% de los contenidos que consumen en Internet. 

¿Qué desafíos tiene todavía por delante la lucha por la memoria en España?

El gran desafío es que la lucha por la memoria ocurra en la Justicia y en las escuelas, pero los juzgados están cerrados para las víctimas del franquismo. Nosotros hemos tenido que irnos hasta Argentina para denunciar los crímenes del franquismo porque en España los juzgados estaban cerrados para las víctimas. En 2010 pusimos allí la primera denuncia y todavía hoy esa causa, a miles de kilómetros, es la única abierta en el mundo contra los crímenes franquistas. 

Aquí, en cambio, la Ley de Amnistía de 1977 sigue impidiendo que se investigue, pese a que los tratados internacionales firmados por España dicen que estos crímenes no prescriben jamás. Por eso digo que cada día que pasa sin justicia es, en realidad, una prolongación de la desaparición.

La fosa común del cementerio de Montcada i Reixac (Barcelona), la mayor de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil y donde murieron fusiladas 1.200 personas de derechas o creyentes, se ha incorporado oficialmente este sábado a la Red de Espacios y Memoria Democrática de Cataluña, según recoge EFE. 

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el alcalde de Montcada, Bartolomé Egea, han presidido hoy un acto celebrado en el cementerio para escenificar la incorporación de la fosa a la Red de Memoria.

El cementerio de Montcada alberga la mayor fosa común de represaliados de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil, de la que solo se conserva un parte: entre julio de 1936 y mayo de 1937 fueron enterradas en ella cerca de 1.200 víctimas de la violencia política y social desatada tras el golpe de estado.

Los ejecutados que fueron enterrados en esta fosa fueron, en su mayoría, personas represaliadas por sus creencias religiosas, su militancia en formaciones catalanistas de derecha o centroderecha o por pertenecer a familias acomodadas. 

Entre 1937 y 1938, la propia Generalitat republicana nombró a un juez especial encargado de investigar los hechos. Fueron exhumados entonces 450 cuerpos, 155 de los cuales pudieron ser identificados.

Posteriormente, entre abril y julio de 1940, el régimen franquista reanudó los trabajos de exhumación y recuperó otros 748 cuerpos, mientras que el resto de cadáveres no identificados fueron enterrados de nuevo en la fosa común.

Durante su intervención en el acto, Espadaler ha destacado que la incorporación del cementerio de Montcada a la red de espacios de memoria constituye un "acto de justicia, de reparación", que pretende "curar heridas y no dejar caer en el olvido ese espacio de dolor".

Las familias de cinco víctimas fusiladas hace 89 años en Nigüelas (Granada) han recibido los restos exhumados de una fosa común en un acto en el que han reclamado justicia para los represaliados, según informa EFE. 

Cerca de dos centenares de personas han arropado a los familiares durante la entrega de los restos de las víctimas efectuada este sábado en la Casa de la Cultura de Nigüelas, un acto en el que los familiares han reclamado su derecho a enterrar y recordar a las víctimas "para que el fascismo no vuelva a asesinar la democracia". 

El laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada (UGR) identificó el pasado marzo los restos de cinco asesinados hace 89 años, víctimas y enterrados en una fosa común. 

Se trata de Juan Antonio Pérez Ortega, Francisco Tito Mingorance, Francisco Ruiz Pérez, Ángel Matarán Muñoz y su hijo, Alfonso Matarán de Vicente, que fueron secuestrados, asesinados y hechos desaparecer por el fascismo.

En el acto han participado dos de los responsables de la exhumación de la fosa, el historiador e investigador Alfredo Ortega López y el arqueólogo miembro del proyecto multidisciplinar ArqueoAntro, Alejandro Calpe Vicente, encargados de explicar el trabajo desarrollado en la fosa. 

También ha participado la periodista y escritora Nieves Concostrina, que ha reclamado el reconocimiento de las víctimas de la ultraderecha y la recuperación de la memoria histórica en los centros educativos. 

El equipo ArqueoAntro ha actuado en esta fosa común con veinte víctimas, una zanja de metro y medio de profundidad en la que todos los represaliados presentaban signos de violencia, muchos maniatados y con impactos de proyectil, y algunos de entre 14 y 18 años.

Entre las víctimas identificadas están el maestro de Alhendín Ángel Matarán, fusilado junto a su hijo Alfonso el 13 de agosto de 1936, acusado de mantener una actitud antirreligiosa por cerrar los balcones de la escuela cuando pasaba una procesión.

El maestro también fue acusado de retirar los crucifijos de su escuela, tal y como ordenaba una circular del Ministerio de Instrucción Pública en pos de una enseñanza laica.

Cuando fueron asesinados, el maestro tenía 49 años y su hijo 19, un episodio que hizo que la viuda, maestra que fue apartada de la enseñanza, se refugiase en el barrio granadino del Albaicín. 

El acto de entrega de los restos a sus familiares contó además con la música del cantaor Juan Pinilla Martín, acompañado a la guitarra por Pablo Escudero; y del cantante de Niños Mutantes, Juan Alberto Martínez Yáñez, acompañado al piano por Toni Jiménez, con una composición inédita dedicada a las víctimas.

Juan Antonio Pérez Ortega fue asesinado de varios tiros en la nuca delante de sus hijos, mientras que Francisco Tito Mingorance, guardia civil, fue secuestrado y ejecutado por sus compañeros y su rastro se borró de los registros de este cuerpo armado.

Las han intentado impedir una y otra vez. De todas las maneras y con todas las artimañas posibles. Pero por más palos puestos en las ruedas, no lo han conseguido. La ofensiva de la ultraderecha para detener el proceso de exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros ha naufragado completamente en los tribunales. Hasta tal punto que, incluso, se ha llegado a acusar a colectivos y demandantes de actuar con mala fe. El último en hacerlo fue el abogado memorialista Eduardo Ranz, que en una de las últimas causas a las que se ha dado carpetazo ha acusado a la parte demandante de actuar con mala fe al ocultar durante meses el fallecimiento de su representado para continuar con el proceso.

Las maniobras ultras se iniciaron al poco de conocerse que se ponían en marcha los trabajos de exhumación en Cuelgamuros. Como ya hicieran con la salida de los restos del dictador del complejo monumental, algunos colectivos –Fundación Nacional Francisco Franco o la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica– decidieron acudir a los tribunales. La jugada no les salió mal. Un juzgado de lo contencioso-administrativo de la capital paralizó de forma cautelar la licencia urbanística y los trabajos en Cuelgamuros se frenaron. Y así estuvieron más de un año, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) primero y el Supremo después dieron luz verde a las exhumaciones.

Pero para entonces, la ofensiva ultra ya se extendía por otros órganos judiciales. Uno de ellos era el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de San Lorenzo de El Escorial. Allí, a finales de 2022, un particular, representado por un abogado estrechamente vinculado a la Fundación Franco y a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, interpuso una demanda contra la nieta y sobrina nieta de Antonio Ramiro y Manuel Lapeña, los dos primeros represaliados por el franquismo cuya exhumación del Valle de Cuelgamuros fue ordenada judicialmente hace algo más de ocho años. Unos meses después, dicha acción fue admitida a trámite.

El particular relataba en la demanda que su tío se encontraba inhumado en la misma cripta y en el mismo nivel en el que se cree que están los restos de los hermanos Lapeña. "Mi representado es uno de los muchos familiares de enterrados en dicho cementerio que se oponen a que los restos mortales de sus antecesores sean removidos y manipulados en modo alguno", recogía el escrito, en el que se solicitaba la suspensión cautelar de las "obras de exhumación" y la notificación a familiares de otros inhumados en el mismo lugar de las labores a realizar, solicitando expresamente a los mismos "permiso".

Dos años después de aquella demanda, el juzgado ha dado carpetazo al asunto. Y lo ha hecho a raíz del fallecimiento del demandante. Una defunción que su representación legal ha tardado meses en comunicar al juzgado. Aunque el hombre murió en marzo, su abogado no informó de ello hasta finales de octubre, cuando se había celebrado tanto la audiencia previa como el propio juicio. Es más, en dicha vista oral, que se desarrolló tan solo cuatro días antes de que comunicara al juez el fallecimiento, el abogado habló en todo momento de su cliente en presente, llegando a decir que el mismo tenía un "absoluto ataque de nervios" por los trabajos de exhumación.

En cuanto se enteró de la defunción, Ranz, abogado de los Lapeña, pidió el archivo de la causa si ningún sucesor se personaba. Pero no solo eso. También que se condenase a la parte rival al pago de las costas y a una multa de 6.000 euros por "temeridad" y "mala fe procesal". "[La muerte] era sabida por la representación y defensa de la parte demandante, en tanto en cuanto es obligación deontológica trabajar la posición procesal con quienes estamos defendiendo", alegaba Ranz. Es más, recordaba el abogado que en el juicio el letrado rival ni siquiera propuso la testifical de su cliente, limitándose a pedir la del presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

"[La actuación] supone un insulto a la sala, a la memoria del fallecido y a la propia demandada", sentenciaba Ranz. El decreto por el que se dio carpetazo al asunto, no obstante, rechazó la imposición de costas o multas por temeridad. Pero el abogado memorialista piensa llegar hasta el final. "Presentaré una queja ante la comisión deontológica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Colegio de Procuradores", asegura en conversación con infoLibre.

No es, sin embargo, el único caso en el que se han denunciado malas artes por parte de colectivos ultras. Algo similar ocurrió con el último caso que frenó las labores de exhumación. Todo comenzó el 14 de diciembre de 2023. Aquel jueves, la Audiencia Nacional acordó suspender los trabajos en el complejo monumental a raíz del recurso contencioso-administrativo que interpuso la nieta de una persona inhumada en Cuelgamuros. La mujer, representada por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, alegaba que las exhumaciones vulneraban el derecho a la digna sepultura.

Al ser una medida cautelarísima, la misma se adoptó sin escuchar al resto de partes. Pero en cuanto el Gobierno pudo pronunciarse, todo se vino abajo. La Abogacía del Estado puso de manifiesto que los restos de la abuela de la demandante se encontraban inhumados en un lugar diferente al que se estaban realizando los trabajos y que, además, no había "previsión" de realizar "operación forense alguna" en esa zona. Unas alegaciones que llevaron a la Audiencia Nacional a levantar primero la cautelar y a inadmitir después el recurso contencioso-administrativo de la mujer.

Aquel auto que dio carpetazo al asunto llegó a acusar incluso a la mujer de no haber actuado con buena fe al haber ocultado al órgano judicial una primera actuación que llevó a cabo ante la Administración y en la que no calificó la actuación impugnada "como vía de hecho", algo que luego sí hizo ante la Audiencia Nacional. "Este comportamiento procesal contradictorio y máxime cuando del mismo no se informó al órgano judicial, entendemos que no respetó las exigencias de la buena fe", reprochó el magistrado.

Esas artimañas, precisamente, fueron alegadas por la Fiscalía cuando dio respuesta al recurso de apelación de la mujer contra el alzamiento de las cautelares. Es más, el Ministerio Público solicitó que le fuera impuesta una sanción de 1.000 euros "por ausencia de buena fue procesal y abuso de derecho" al haber "ocultado al juzgado información relevante" y haber insistido "sin fundamento legal alguno" en la suspensión de actuaciones en Cuelgamuros. A mediados de octubre, la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó dicho recurso. E impuso a la mujer el pago de las costas. Sin embargo, no se pronunció sobre la multa.

También la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos se ha llevado algún varapalo en esta continua ofensiva ultra. Ocurrió, por ejemplo, cuando trataron de usar una respuesta que Patrimonio Nacional les había dado a una carta para exigir la paralización de las exhumaciones. Pero sus pretensiones se encontraron, en primer lugar, con el rechazo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº5 de la Audiencia Nacional, que les impuso condena en costas. Y luego, con el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo órgano, que les obligó de nuevo a abonar las costas.

"El escrito de la presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional resulta ser una comunicación de carácter informativo que no cercena ninguna actuación procesal ni de cualquier otra naturaleza que pueda emprender la parte apelante", recogió esta última resolución. En resumen, un acto "no susceptible de impugnación". Cuatro meses antes, esa misma Sala ya había inadmitido otra acción del mismo colectivo contra la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en relación con la concesión de una subvención para llevar a cabo las exhumaciones en Cuelgamuros. "La respuesta a una solicitud de información no tiene contenido decisorio y no constituye actuación administrativa impugnable", sentenciaron los magistrados.

La Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD) presentó el pasado miércoles 2 de octubre una demanda contencioso administrativa ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Defensa, con el objetivo de que los restos de los almirantes franquistas que se encuentran en el Panteón de Marinos Ilustres de la Armada (San Fernando, Cádiz) sean exhumados.

La Asociación lleva reclamando al ministerio dicha exhumación, incluso antes de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en el año 2022, sin recibir respuesta y, por ello, dice, se han visto obligados a presentar un recurso contencioso administrativo.

La falta de explicaciones por parte de la cartera de Margarita Robles ante la inacción sobre esta petición, la cual viene respaldada por la obligatoriedad de la Ley de Memoria, ha hecho que se lleve a trámite una demanda para que, según la asociación, sea la justicia quien obligue a Defensa a actuar en consecuencia, pidiendo además la comparecencia de la ministra Robles.

Por otro lado, el pasado 4 de agosto se llevó a cabo la exhumación del almirante Salvador Moreno Fernández, uno de los tres almirantes franquistas que reposan en el Panteón, pero en este caso fue a petición de la familia y no del Ministerio de Defensa.

La exhumación, según comenta la AMMD, fue publicada en una nota de prensa señalando que "fue un acto restringido a los propios familiares del almirante", sin embargo, desde la asociación aseguran que existen rumores de que el acto se podría haber celebrado con "gran solemnidad", "con la presencia de autoridades militares" y "con la participación de unidades militares rindiendo honores".

Desde la AMMD se preguntan por qué el Ministerio de Defensa no actúa para exhumar a los otros dos almirantes franquistas del Panteón de Marinos Ilustres de la Armada y les urgen hacer todo lo que esté en su mano para eliminar todos los símbolos, vestigios, honores y actos de enaltecimiento y respeto al dictador Francisco Franco y a todos aquellos militares del bando franquista.

Consideran que realizar la exhumación sería una "genuina muestra de voluntad" política real tras anunciarse el Plan de Regeneración Democrática por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 17 de julio.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comunicado este viernes al nieto de Pedro Peralta Gil, que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha identificado los restos de su abuelo, hallados en el Valle de Cuelgamuros, ha informado la Delegación del Gobierno en Aragón en una nota de prensa a la que ha tenido acceso Europa Press.

Pedro Peralta Gil, albañil natural de Añón de Moncayo, fue asesinado el 11 de agosto de 1936, cuando tenía 39 años. Su identificación es la tercera que se logra constatar de los restos mortales que fueron extraídos de una fosa común de Borja (Zaragoza) que, posteriormente, en los años 50, fueron depositados en las criptas del Valle. Las tres personas ya identificadas procedentes de la fosa común de Borja son Esteban Giménez Ezpeleta, Juan Chueca Sagarra y Pedro Peralta Gil.

El ministro Torres ha puesto en valor los avances en la investigación científica alcanzados en las últimas semanas, "que permitirán la identificación de más personas en próximas fechas". También ha destacado el "minucioso y riguroso trabajo" que se está llevando a cabo en el Valle de Cuelgamuros, "teniendo en cuenta que la única pista para hallar los restos de republicanos trasladados desde una zona determinada de España suele ser un cartel deteriorado e ilegible donde se escribió en su momento el pueblo de procedencia de los restos amontonados en esa caja", ha añadido Torres.

Hasta el momento, a través del Plan Cuatrienal de Exhumaciones han sido identificados en el Valle de Cuelgamuros 14 cuerpos, la mayoría procedentes de Aldeaseca (Ávila).

Torres ha reiterado el compromiso del Gobierno de España para seguir trabajando en la identificación estas personas sin más interrupciones, cumpliendo con la ley de Memoria Democrática y dando respuesta a las más de 170 peticiones de familiares. "Es una cuestión de humanidad", ha reafirmado el ministro.

La llamada que llevaba décadas esperando se produjo, finalmente, un tórrido mes de julio. "Tengo una buena noticia que darte. Lo hemos identificado", escuchó Fausto Canales tras descolgar el teléfono. Quien hablaba al otro lado del aparato era el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Y a quien se refería era a Valérico Canales, el padre que una cuadrilla falangista arrebató a Fausto cuando sólo tenía dos años. El plan de exhumación en el Valle de Cuelgamuros, ese mausoleo franquista que acabó convertido en la mayor fosa común de todo el país, empezaba a dar los primeros frutos apenas tres semanas después de su inicio. Unas labores que, un año más tarde, avanzan lentamente sin que las familias sepan aún cuándo podrán volver a abrazar a sus seres queridos.

Los trabajos en las criptas de la Basílica, donde se encuentran inhumados los restos de casi 34.000 personas, se iniciaron en junio de 2023, una vez superada la ofensiva en los tribunales de algunos grupos ultras. Desde entonces, según los datos aportados a mediados de julio por el Ministerio de Política Territorial y Memoria, se ha logrado identificar a trece represaliados. Once de ellos, entre los que se encontraba el padre de Fausto, fueron asesinados en los municipios abulenses de Aldeaseca y Fuente El Saúz. Y los otros dos, últimos en ser localizados, fueron trasladados a Cuelgamuros desde una fosa común ubicada en la localidad maña de Borja. Son Juan Chueca Sagarra y Esteban Giménez Ezpeleta.

El primero de ellos, jornalero de profesión, fue asesinado en el verano de 1936. Tenía entonces 42 años y cinco hijos. El más pequeño, Enrique, falleció unas semanas antes de que se produjera la identificación, por lo que no ha podido cumplir su deseo de volver a reunirse con su padre por última vez. Giménez Ezpeleta, por su parte, era un agricultor de Magallón vinculado al sindicato UGT que tras el estallido de la Guerra Civil fue llamado como tantos otros a comparecer en el consistorio de la localidad por una cuestión aparentemente sin importancia. Pocas horas después, el hombre fue fusilado. "Por fin podrá descansar junto a mi abuela", celebró su nieto y actual alcalde de la localidad maña, Esteban Lagota, tras recibir la noticia.

"Nada nos va a hacer cejar en nuestro empeño de devolver a las familias los restos de sus deudos", aseguró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hace poco más de un mes en la Comisión Constitucional del Senado. Una comparecencia en la que ofreció, además, algún detalle más sobre el avances de los trabajos de exhumación en el complejo monumental ubicado en plena sierra de Guadarrama. Así, señaló que se habían trasladado al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense setenta muestras para proceder a su identificación genética. Las labores en Cuelgamuros arrancaron con la previsión inicial de recuperar los restos de 60 personas. Una cifra que se ha incrementado con el paso de los meses. Ahora, el Gobierno tiene sobre la mesa 170 solicitudes de exhumación.

La ambiciosa operación del Ejecutivo, que está llevando a cabo un grupo multidisciplinar integrado por forenses, arqueólogos o antropólogos, se planteó desde un primer momento por fases. Atendiendo al volumen de peticiones y a que se cree que ahí pueden yacer los restos de los hermanos Lapeña, caso que cuenta con una resolución judicial pendiente de ser ejecutada desde hace siete años, se decidieron empezar los trabajos por la capilla del Santo Sepulcro, ubicada a la derecha del altar mayor a cuyos pies se encontraba hasta hace no mucho el dictador y que cuenta con cinco niveles de columbarios. Y que una vez concluida esa primera fase, se seguiría con la capilla del Santísimo para, por último, abordar todas las que se ubican a los lados de la nave de la basílica.

Joan Pinyol está a la espera de estas últimas. En concreto, de la del Pilar, donde en la década de los noventa fueron trasladados los restos de su abuelo desde la capilla del Santísimo, en la que habían sido inhumados inicialmente, por unas filtraciones de agua. Se llamaba Joan Colom. "Era un hombre de paz que murió al final de la guerra sin entrar en ella", cuenta su nieto al otro lado del teléfono. Fue movilizado por la República en octubre de 1938. Y estuvo en la retaguardia hasta que el frente se le "echó encima" con la ocupación de Cataluña. Colom fue apresado y trasladado a un campo de concentración en la Seu Vella. Allí, según el acta de defunción que su abuela pagó "seis veces más cara" que la viuda de un franquista, falleció por tifus.

El cuerpo del hombre fue arrojado a una fosa común. Y allí estuvo hasta julio de 1965, cuando las autoridades decidieron, con nocturnidad y alevosía, trasladarlo junto con otro medio millar de personas al Valle de Cuelgamuros. La familia no fue consciente de ello hasta 2008, cuando vieron su nombre en un listado de trasladados publicado por la revista Sàpiens. Más de cuatro décadas en las que estuvieron llevando flores a una "tumba vacía". En cuanto se enteraron de que los restos de Colom estaban en el mausoleo, comenzaron una larguísima batalla para recuperarlos. "Hicimos peticiones y demandamos su exhumación, pero durante años nos la negaron con excusas de todo tipo", relata Pinyol. Una lucha que llega hasta la actualidad.

Doce meses después de su inicio, la familia afronta los trabajos de búsqueda e identificación en el complejo monumental con un torrente de sentimientos encontrados. "Vivimos entre la resignación de la espera y la ilusión por los avances, aunque sean lentos", desliza el nieto en conversación con infoLibre. El tiempo, en estos casos, juega en contra de una generación a la que no quedó más remedio que convivir con el miedo y el silencio. La madre de Pinyol tiene en estos momentos 94 años. "Hace dieciséis que vive con la esperanza de ver regresar el cuerpo de su padre", sostiene el escritor, que acaba de publicar ¡Te sacaré de ahí, abuelo! (Traficantes de Sueños, 2024). Y su tía, otra de las hijas de Colom, falleció hace ahora tres años.

Una espera que nadie sabe cuánto se prolongará. "No nos han dado una estimación de tiempo", explica al otro lado del teléfono Eduardo Ranz. El abogado, que representa a nueve familias que han pedido la exhumación de sus seres queridos, critica la lentitud de los trabajos, que contrasta con la rapidez con la que se sacaron del complejo monumental los cuerpos del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. "Nadie entiende por qué no se trabaja de continuo", completa. Algo en lo que también incide el nieto de Colom. "Igual es necesario un refuerzo con otro equipo que permita acelerar", deja caer el escritor, que para nada critica la labor que realiza el grupo multidisciplinar: "Es muy profesional, trabaja a conciencia".

Las últimas noticias que ha recibido Pinyol es que las labores continúan centradas en el Santo Sepulcro. Una capilla que presenta ciertas dificultades. El plan inicial del Gobierno, de hecho, contemplaba ir apuntalando cada una de las salas de la capilla a medida que finalizasen en las mismas los trabajos. Unas labores que también se han visto ralentizadas por la continua ofensiva judicial ultra. El pasado mes de septiembre, un juzgado de Madrid anuló la licencia de obras sobre la que se apoyan las exhumaciones. La sentencia fue recurrida por la Abogacía del Estado, que alegó que ni el informe del arquitecto estaba mal motivado ni las obras a realizar iban a ser profundas e irreversibles.

La Audiencia Nacional, por su parte, paralizó en diciembre de forma cautelar los trabajos en Cuelgamuros tras recibir el recurso de la nieta de una mujer allí inhumada, representada por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, en el que se alegaba que las labores que se estaban realizando implicaban "cierto grado de profanación". Ocho días después, y tras analizar las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado, el mismo juzgado dejó sin efecto la suspensión al observar que las exhumaciones se estaban realizando en un lugar diferente de aquél donde reposaban los restos que la recurrente decía querer proteger. "Pelearemos en todas las instancias judiciales los intentos de paralizar esta operación", advertía Torres hace poco más de un mes en el Senado.

La nueva Ley de Memoria Democrática prevé, entre otras cosas, convertir el complejo monumental en un "lugar de memoria democrática" cuya "resignificación" irá destinada a dar a conocer "a través de planes y mecanismos de investigación y difusión" las "circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado", a fin de "fortalecer los valores constitucionales y democráticos". Un proceso que ha avanzado lentamente con el cambio de denominación del mausoleo –ha pasado de llamarse Valle de los Caídos a llamarse Valle de Cuelgamuros– o la exhumación y traslado de los restos de Franco y Primo de Rivera, que llevaban décadas inhumados a los pies del altar mayor, un lugar preeminente dentro de la Basílica.

En el marco de dicha operación para transformar el complejo en un centro de interpretación, el Gobierno constituyó a comienzos de julio la Comisión Interministerial para la Resignificación, de la que forman parte los titulares de varios departamentos –Presidencia, Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica, Transportes, Vivienda, Cultura, Ciencia o el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional –. Dicho órgano realizará, por ejemplo, una propuesta de "asignación de los bienes inventariados" adscritos a Cuelgamuros a los distintos departamentos ministeriales. O impulsará la elaboración del esperado real decreto que establezca el nuevo marco jurídico aplicable al complejo, que hasta ahora se ha regido por un andamiaje legal heredado del franquismo.

De esto último depende, fundamentalmente, el futuro de la comunidad benedictina en el mausoleo. Un futuro que Torres parece tener claro. "Los monjes no pueden estar en ese emplazamiento", repitió el ministro de Política Territorial y Memoria durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Memoria Democrática de Aragón, Castilla y León, y Comunitat Valenciana porque consideran que van contra la Ley estatal que regula esta materia.

Así lo ha indicado el ministro en una entrevista en La Hora de la 1 recogida por Europa Press, donde ha señalado que en Aragón ya hay una ley aprobada que vulnera el "derecho internacional", porque "retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria" y además "retira la condena del franquismo", según ha señalado. Por tanto anuncia que tratarán de convocar un reunión bilateral con este ejecutivo autonómico para llegar a un acuerdo y si no es posible presentarán un recurso ante el TC.

En el caso de Castilla y León y Comunitat Valenciana, señala que estas normas aún no han sido aprobadas y todavía son proposiciones de ley, pero que si salen adelante en los términos actuales, también acudirán al TC.

A su juicio, estas normas pretenden "unir" los años del "totalitarismo y de la dictadura, con un periodo de "régimen democrático" como fue la Segunda República, ha indicado. Para el ministro es "inadmisible" pues considera que el Partido Popular, "obligado por Vox", intenta "blanquear la dictadura". Torres acusa así a PP y Vox de intentar "igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de privación de derechos, de desapariciones, de torturas, de ausencia de libertad" con un periodo democrático y pide que "decaigan" las proposiciones de ley en Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Considera además que con esas leyes autonómicas, hay riesgo de que se paralicen exhumaciones de víctimas, como ya ha ocurrido en el Valle de los Caídos. En este sentido señala que la Ley de Memoria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez no distingue entre víctimas de uno u otro bando.

Sin embargo, el ministro apunta que lo que sucede es que las víctimas del bando ganador ya fueron exhumadas con el dictador Francisco Franco vivo y sus familias recompensadas económicamente. Por el contrario, los vencidos, siguieron en esas fosas durante 40 años. "Cualquier fosa donde haya víctimas del mando vencedor, se harán las exhumaciones. Pero no las hay, no las hay porque ya fueron exhumados. Hay que hacerlo con aquellos que fueron los vencidos", ha insistido.

El vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco, se ha dirigido al ministro para advertirle: "Podemos hablar de lo que quiera, desde la cordialidad más absoluta, pero que tenga la convicción de que no vamos a rebajar o a dar un paso atrás ni a quitar un ápice de lo que hemos hecho".

Nolasco ha respondido así este lunes, en una rueda de prensa con motivo de la inauguración del Juzgado número 23 de Primera Instancia de Zaragoza, al anuncio del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. En este sentido, ha argumentado: "Hemos derogado una ley sectaria, liberticida y creo que ha sido un hito en la libertad de Aragón. Estaremos siempre en contra de la gente que vaya en contra de la libertad, como es el caso del Gobierno de España".

Además, ha reconocido que "será difícil un entendimiento" con el Gobierno de España sobre la regulación de la Memoria Democrática, porque ellos pretenden "mantener, difundir, promover y alentar una visión distorsionada de la historia que sólo ampara a ciertas víctimas y no a todas".

No obstante, ha afirmado que está "abierto a llegar a acuerdos y al diálogo con todos", con cualquier agente político y social, pese a las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática sobre él, en las que le acusaba de hacer "apología del franquismo" por derogar una "ley liberticida y sectaria".

"Me gustaría que hubiera unos debates de más altura y que fueran más serios, porque no puede ser que yo diga 'A' y ciertas personas digan que he dicho 'Z', que es todo lo contrario", ha expresado Nolasco. Ha insistido en que será "muy difícil" llegar a acuerdos con el Gobierno de España "más nocivo" de los últimos años para el país, que "ataca la independencia del Poder Judicial, la igualdad de los españoles y humilla a los aragoneses con prebendas a Cataluña".

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 11 de la Audiencia Nacional ha inadmitido el recurso que presentó la nieta de una mujer enterrada en el Valle de los Caídos contra las labores de exhumación llevadas a cabo en este enclave por Patrimonio Nacional.

La decisión de inadmitir el recurso tiene lugar después de que el magistrado haya acreditado que los trabajos de exhumación se están efectuando en un lugar diferente al que se encuentra enterrada la abuela de la recurrente y que, en contra de lo alegado por esta, esos trabajos no se están efectuando en vía de hecho puesto que hubo actuaciones previas por esos trabajos.

En el auto, recogido por Europa Press, el magistrado explica que de la documentación aportada se advierte que existen un conjunto de actuaciones judiciales, normativas y administrativas previas que constituyen su soporte y que eran conocidas por la recurrente y de las cuales, añade, omitió informar al órgano judicial.

"En este caso, basta una lectura del escrito presentado por la recurrente previamente en vía administrativa para comprobar que, si bien ahora califica de vía de hecho la actuación impugnada, lo que entonces interesó fue la 'nulidad y subsidiaria anulabilidad' de las exhumaciones", explica.

Recuerda que ese escrito dio lugar a "respuesta expresa a su solicitud mediante la comunicación de 8 de noviembre de 2023 de la Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional". Para la AN, de esto se deduce que la nieta al defender su caso en sede judicial no actuó de buena fe porque la recurrente "ni siquiera consideró en su primera actuación ante la Administración (...) que existiera vía de hecho".

Por ello, declara la inadmisibilidad de este recurso que se había tramitado como procedimiento para la protección de derechos fundamentales promovido ante las exhumaciones que se están llevando a cabo en el Valle de Cuelgamuros, "por no estar desarrollando tales actuaciones en vía de hecho".

Cabe recordar que el pasado diciembre la Audiencia Nacional levantó la suspensión cautelar de las exhumaciones que se llevan a cabo por parte de Patrimonio Nacional en el Valle de Cuelgamuros después de que la Abogacía del Estado presentara alegaciones explicando que la abuela de la persona que solicitó parar los trabajos por protección del derecho fundamental a la libertad religiosa no fue inhumada en la capilla donde están ahora operando los forenses.

En sus alegaciones, la Abogacía del Estado indicaba concretamente que los restos de la mujer enterrada en el mausoleo, y cuya nieta impulsó el recurso que logró parar los trabajos cautelarmente, no se encuentran en la Capilla del Sepulcro, que es donde se están realizando las exhumaciones, sino en la Capilla del Pilar y por tanto "no puede verse afectada".

Subrayaba así que la recurrente carecía de legitimación para recurrir porque "el interés que se invoca es meramente hipotético" y añadía que "los perjuicios que de manera absolutamente genérica invoca la recurrente son inexistentes pues (...) los restos de la abuela de la recurrente están plenamente identificados y localizados y no son objeto de las actuaciones".

Abogados Cristianos, que llevó la representación legal de la nieta consideraba que los trabajos de exhumación autorizados por el Ministerio de la Presidencia suponían "una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa".

Aseguraba que "la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa". Denunciaba que "para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares".

A raíz de esta decisión, Abogados Cristianos ha anunciado que, junto a la Asociación por la Defensa del Valle de los Caídos, presentará un nuevo recurso contencioso-administrativo. Esta vez, han señalado en nota de prensa, en representación "de un hombre que tiene enterrados a 9 familiares en la cripta en la que se están llevando a cabo las labores de exhumación". "Se trata del familiar de 9 hermanos que fueron asesinados cuando acudían a misa", han añadido.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que "puesto que el único argumento que esgrime la Audiencia Nacional es que el familiar" de su representada "no está en la cripta en la que se están llevando a cabo las exhumaciones, al presentar el recurso en nombre de esta otra persona" el tribunal "no tendrá más excusas para parar definitivamente unas exhumaciones que se están haciendo de forma totalmente ilegal".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 4.500 los cuerpos recuperados en las 591 actuaciones de exhumación realizadas desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática en octubre del pasado año, la cual se ha comprometido a desarrollar reglamentariamente esta legislatura.

Torres ha ofrecido estos datos en respuesta a una interpelación urgente de ERC en el pleno del Congreso acerca de cuál ha sido el despliegue y desarrollo de la ley, aprobada hace catorce meses, según ha recogido EFE.

El ministro ha informado también de que se han realizado 275 declaraciones de reconocimiento y reparación personal a víctimas y que se han retirado 33 títulos nobiliarios creados por el franquismo.

También se ha creado ya el Consejo Territorial de Memoria Democrática y está "ultimado" el Consejo de la Memoria Democrática, en el que están representadas las entidades memorialísticas, a la espera de un real decreto que establezca cuál es el reglamento para "poder avanzar con estos dos órganos", ha explicado.

Torres ha avanzado que "en los primeros meses de 2024" en el ministerio tienen la voluntad de "tener ya la posibilidad de realizar" los análisis de ADN pertinentes para la identificación de cuerpos de víctimas del franquismo y la Guerra Civil.

El objetivo es tener en 2024 "un banco de ADN estatal", ha añadido el ministro, quien también ha indicado que está asimismo "culminándose" una auditoría de los bienes expropiados.

Acerca de los trabajos en Cuelgamuros, tras informar de que Patrimonio Nacional ya ha presentado alegaciones a la paralización de las exhumaciones dictada por la Audiencia Nacional la semana pasada como una medida cautelarísima, ha señalado que se está avanzando en la digitalización de los datos.

También ha incluido dentro del desarrollo de la Ley de Memoria Democrática los reales decretos de carácter educativo gracias a los jóvenes pueden conocer que "hay una etapa de nuestra historia que no debemos repetir".

El diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro, ha recordado que su grupo se abstuvo la legislatura anterior a la aprobación de la ley, porque les pareció insuficiente en algunos aspectos, como en la ausencia del reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado y de la Iglesia, pero la consideran una buena herramienta.

Además, Álvaro ha advertido a Torres de que el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática "es un buen indice para medir el compromiso de su Gobierno".

Álvaro ha emplazado al ministro a que las políticas de memoria no sean "una asignatura maría" para el gobierno, "sino una cuestión central".

Iba a ser un domingo tranquilo en uno de esos pueblos en los que resulta más complicado conseguir cobertura que cazar gamusinos. Pero al caer la tarde, el teléfono de Silvia Navarro empezó a echar humo. De un momento a otro, comenzaron a entrar llamadas. Y mientras las atendía, los mensajes de felicitación se amontonaban en Whatsapp. Hacía pocos minutos que el diario El País había adelantado que comenzaba la búsqueda en Cuelgamuros de más de un centenar de personas. Una buena noticia que el Gobierno se encargó de trasladar oficialmente a las familias durante la madrugada. "Se ponen en marcha las exhumaciones forenses en las criptas, que incluyen la búsqueda de su familiar José Antonio Marco", rezaba la carta recibida por Navarro. Un paso al frente a poco más de un mes de las generales.

La devolución de restos que se encuentran inhumados en Cuelgamuros es un asunto que lleva pendiente desde hace más de una década. De hecho, en el famoso informe de noviembre de 2011, la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos ya recomendaba a las autoridades que satisfaciesen, "en la medida de lo posible", las reclamaciones de las familias en este sentido. Al principio, todo fue inmovilismo. Al menos hasta 2015, cuando la justicia abrió la vía de las recuperaciones dando la razón a la familia Lapeña. A partir de ahí comenzó un eterno camino al que se fueron sumando decenas de familiares. En total, el Gobierno busca dentro del mausoleo a 128 personas, entre las que hay republicanos y franquistas. Un auténtico reto en lo que a la antropología forense se refiere.

Tras más de una década de lucha, Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación, celebra que por fin entren los forenses en las criptas de Cuelgamuros. Ahora bien, no esconde su "inquietud" respecto a lo que "pueda pasar" después del verano. Al fin y al cabo, el histórico paso al frente del Ejecutivo se produce cuando queda poco más de un mes para las elecciones generales. Unos comicios que podrían terminar llevando a la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo, que ha prometido derogar la Ley de Memoria Democrática si alcanza el Ejecutivo. Una norma contra la que también se ha mostrado beligerante su potencial socio parlamentario: la ultraderecha de Vox.

El abogado memorialista Eduardo Ranz, que representa a una parte de quienes reclaman sin descanso los restos de sus seres queridos, no ve demasiado margen para fulminar el proceso de exhumación aunque se produzca un cambio en el Gobierno. En el caso de los Lapeña, porque hay una sentencia judicial firme que debe cumplirse y que reconoce el derecho de la familia a recuperar los restos de Manuel y Ramiro, un veterinario y herrero vinculados a la CNT de Calatayud que fueron asesinados tras el golpe de Estado. Y en el caso del resto de reclamantes, porque Patrimonio Nacional ya ha expedido los reconocimientos de exhumación pertinentes. "Anular una resolución así es complejo", cree el letrado en conversación telefónica con infoLibre.

Otra cosa, opina el abogado, son las peticiones que se puedan ir haciendo a futuro. Primero, porque si el PP cumple con su promesa y deroga la Ley de Memoria, las nuevas familias ya no podrían agarrarse a ese precepto de la norma que obliga a atender "las reclamaciones y peticiones" que tengan por objeto "instar la exhumación y entrega de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle de Cuelgamuros". Y segundo, porque a través de Patrimonio Nacional, que depende directamente del Ejecutivo, se podría no conceder autorización para nuevas búsquedas. Este diario se ha puesto en contacto con la formación conservadora para saber si tiene intención de impedir las exhumaciones en Cuelgamuros si llega al Gobierno. A cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.

Fuentes del Gobierno también ven "muy difícil" a nivel jurídico que se pueda tumbar el proceso que se ha iniciado este mismo lunes. Unos trabajos que estaba previsto que comenzaran a finales de 2021 pero que acabaron paralizados durante algo más de un año como consecuencia de la ofensiva judicial impulsada desde diferentes colectivos ultras y la posición del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación a las licencias. Durante ese tiempo falleció Silvino Gil, que trataba de recuperar los restos de su padre, un agricultor reclutado por el Ejército golpista. Y también el activista memorialista Miguel Ángel Capapé, que un año antes había visto cómo su suegro Manuel Lapeña, hijo y sobrino de los anarquistas de Calatayud, moría sin poder recuperar los restos de su padre y su tío.

Pero ahora, con los obstáculos jurídicos ya superados, el Ejecutivo se ha metido de lleno en el proceso de exhumación. Desde este lunes, un equipo de quince expertos de todas las disciplinas trabaja en la capilla del Santo Sepulcro, ubicada a la derecha del altar junto al que yacían hasta hace poco los restos del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Distribuida en cinco pisos, esta capilla es la que aglutina el mayor número de restos mortales de la considerada mayor fosa común de la dictadura. En total, según los datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hay algo más de 18.000 víctimas distribuidas en casi siete millares de columbarios. En algunos casos esas cajas son individuales. En otros, colectivas.

El equipo forense ha iniciado los trabajos en el nivel cero. Y en él buscarán 18 cuerpos reclamados por sus familias. Uno de ellos es el de Valérico Canales. Este jornalero de Pajares de Adaja (Ávila) fue asesinado por una cuadrilla de falangistas. Según explica su hijo Fausto a este diario, su padre está en la caja 198. Junto con otros seis paisanos: Celestino, Emilio, Flora, Pedro Ángel, Román y Víctor. En ese mismo nivel, según señala el hombre, que ahora mismo acaricia los noventa años, deberían estar otras dos víctimas más de Navalmoral de la Sierra, también en Ávila.

Una vez superado ese primer nivel, los trabajos continuarán en los otros cuatro, de abajo a arriba, para buscar los restos de otras 59 personas más. Es el caso de José Antonio Marco Viedma, tío abuelo de Silvia Navarro, un industrial simpatizante de Izquierda Republicana que fue asesinado extrajudicialmente en el verano de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud. También de los hermanos José y Antonio Cansado Lamata, los hermanos Lapeña y Rafael Abril, a quien su hija Mercedes trata de llevar de vuelta a casa con noventa años. O de Aquilino Baragaño, un minero vinculado a la CNT que murió durante la Guerra Civil y cuyos restos fueron llevados a Cuelgamuros en 1959. Reposan, según la familia, en el columbario 2.135, ubicado en la tercera planta de la Cripta del Santo Sepulcro.

"Tengo mucha ilusión y estoy esperanzado, pero también soy consciente de que es una labor complicada", señala al otro lado del teléfono Fausto Canales, quien también batalla por recuperar los restos de su tío Victorino de la cripta de Nuestra Señora de África. En un informe elaborado en 2018, el Consejo Médico Forense ya advertía de que las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros eran un "reto formidable desde el punto de vista de la antropología forense". "El deterioro molecular que se produce después de un intervalo post mortal tan prolongado y la baja probabilidad de contar con adecuadas muestras de referencia indubitadas disminuye la capacidad diagnóstica de los resultados", resaltaba a propósito de los hermanos Lapeña.

El reputado antropólogo Francisco Etxebarria, asesor del Gobierno en materia de memoria, ya señaló hace unos meses en declaraciones a infoLibre que la intervención sería "complicada". "La mayor dificultad a la que nos enfrentamos es el deterioro de los contenedores. Buscamos cajas concretas con rotulaciones específicas, por lo que si la madera se ha degradado y los esqueletos se han mezclado de forma masiva, la investigación quedaría muy limitada e, incluso, podría ser inviable", resaltaba el forense, al tiempo que recordaba que en un 10% de los cuerpos que se recuperan en fosas comunes "no se logra obtener ADN". En aquel momento, cuando la ofensiva ultra aún no había conseguido paralizar el proceso, en el Gobierno calculaban que los trabajos podrían durar un mes por cada piso de las capillas. Ahora, sin embargo, prefieren no hacer estimaciones.

El Gobierno inicia este lunes los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática, han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Precisamente el pasado jueves familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo ante el incumplimiento de la sentencia que obligó en 2016 a las exhumaciones de los restos mortales de los hermanos Lapeña y otros tantos inhumados en el Cuelgamuros.

Fue el pasado 13 de marzo cuando el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres.

Ya el pasado 24 de abril los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera salieron del Valle de los Caídos, donde permanecían desde el año 1959, rumbo al cementerio de San Isidro. Asimismo, los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina fueron exhumados del templo de la Hermandad de la Macarena de Sevilla el 3 de noviembre de 2022, merced al requerimiento que le había formulado el Gobierno central por la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha autorizado las manifestaciones y actos de organizaciones franquistas y falangistas, así como de otras antifascistas y memorialistas para este fin de semana en la región con motivo del 20N, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, según informa Europa Press.

El departamento que dirige Mercedes González ha recordado a los primeros que han de cumplir con la Ley de Memoria Democrática recientemente aprobada y, si no es así, las acciones ilegales que se produjeran se pondrán en conocimiento y serán perseguidas por la Fiscalía.

Fuentes de Delegación de Gobierno han señalado a Europa Press que no hay lugar a prohibir ninguna manifestación en base al derecho de reunión y manifestación amparado por el Título I de Derechos Fundamentales de la Constitución España, una decisión apoyada por un informe de la Abogacía.

Concretamente, este organismo institucional cita el artículo 38 de la nueva ley, que señala que, sin perjuicio del derecho de reunión, "se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial".

Además, en los casos en los que la convocatoria comunicada vaya a producirse en la proximidad de las zonas incluidas en los mapas de fosas, los lugares de memoria democrática, así como de los monumentos o elementos análogos erigidos en recuerdo y reconocimiento de las víctimas, "los ayuntamientos informarán sobre este extremo a los efectos de las previsiones del artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio".

En el escrito de advertencia a los convocantes de estas concentración, la Delegación del Gobierno les recuerda también el artículo 62 de dicha Ley, donde se subraya como infracciones graves "las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares".

La Falange y FE de las Jons han organizado el sábado por la noche una manifestación a favor de la derogación de la Ley de Memoria Democrática que comenzará a las 21 horas en la confluencia de las calles Génova con Marqués de la Ensenada, frente a la casa natal de José Antonio Primo de Rivera, que concluirá a las 23 horas cerca de la estación de Metro de Moncloa, donde comenzará una marcha que concluirá el domingo por la mañana en el exterior del Valle de los Caídos.

Los convocantes han comunicado a la Delegación del Gobierno que "se encargarán de tomar las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el artículo 61 y 62 de la Ley de Memoria Democrática, que señala que "serán responsables como autores las personas físicas o jurídicas que dolosa o negligentemente realicen las acciones u omisiones constitutivas de infracción" conforme al articulado anteriormente citado.

Por otra parte, el Movimiento Católico Español ha convocado y comunicado una concentración en la plaza de Oriente de Madrid, concretamente en la zona peatonal ajardinada frente al Teatro Real, este domingo, 20 de noviembre, a partir de las 13 horas "en protesta por la Ley de Memoria Democrática" e invitan a acudir a las 11 horas a la Santa Misa en el Valle de Cuelgamuros. Su previsión de asistencia es de 200 personas, han indicado a Delegación del Gobierno.

Un día antes, el sábado, han organizado una visita al Valle. A las 9:30 horas saldrá para asistir a una misa en la basílica del Valle, con posterior visita al cementerio de Mingorrubio, una comida en el bar conocido como el del 'Chino facha'. La jornada acabará con otra misa por el alma del dictador y de José Antonio Primo de Rivera en la Capilla Santiago Apóstol de la Fraternidad San Pío X de Madrid.

Por otro lado, de signo contrario es la concentración frente a la puerta del Valle de Cuelgamuros convocada por el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, el Foro Social de la Sierra de Guadarrama y La Comuna (Presos del franquismo) para este domingo de 12 a 13:30 horas en la que piden derecho a la exhumación de republicanos, expulsión de los benedictinos de la basílica, reconversión del recinto en memorial antifascista y demolición de la cruz. El lema enviado a la Delegación del Gobierno es "Verdad, Justicia y Reparación, contra la impunidad del franquismo".

En un comunicado, los convocantes han criticado que la Delegación del Gobierno permita la marcha falangista al Valle teniendo en cuenta que el año pasado "los integrantes de la marcha (fascista) atacaron a jóvenes junto a una discoteca con armas táser sin que la Guardia Civil hiciera nada para detenerles".

"No solo se debería considerar peligrosa y, por lo tanto, prohibirla, sino que la exaltación del fascismo que hacen y promueven estos grupúsculos están, en la actualidad, prohibidos. Nos preguntamos cuáles son las medidas reales que va a tomar el Gobierno de España —ya nos ha quedado claro que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no harán nada— para que se cumpla con la ley. Empezando por la prohibición de esa marcha y continuando con todas aquellas materias que abarcan este Valle y la justicia para los represaliados y represaliadas de tan tremenda dictadura absoluta", han aseverado.

Las entidades memorialistas reivindican también la exhumación de los restos de los miles de republicanos que fueron trasladados aquí sin autorización de sus familias, que ahora reivindican sus restos. Recuerdan que se ha admitido a trámite la denuncia por prevaricación de la alcaldesa de San Lorenzo "por impedir la recuperación de los restos de los republicanos".

Estos colectivos también se muestran totalmente en contra el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, en trámite en la Asamblea gracias a los votos ayer del PP y Vox, que podría blindar el Valle de Cuelgamuros frente a la Ley de Memoria Democrática al remarcar que está defiende "los símbolos religiosos" de la región, "los de todos".

Por su parte, la Coordinadora Antifascista de Madrid ha convocado varios actos en torno al 20N. El sábado por la tarde se manifestarán por las calles de Fuenlabrada, a partir de las 19 horas desde el parque Europa. También han organizado el domingo por la mañana una ruta por el Cementerio Viejo de Colmenar Viejo para ver ha realizado la primera exhumación de fosas comunes en la región, con una charla posterior sobre memoria histórica.

La Delegación de Gobierno en Madrid ha coordinado el dispositivo policial oportuno, proporcional y adecuado para evitar incidentes en cualquier de estos actos, han indicado las mismas fuentes.

La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 5 de San Lorenzo de El Escorial ha citado a la alcaldesa del municipio, Carlota López Esteban, a declarar como investigada en el marco de la querella presentada por familiares de inhumados en el Valle de los Caídos por su "negativa" a reactivar la licencia de obras que permitiría acceder a las criptas para proceder a las exhumaciones, según informa Europa Press.

En una providencia la jueza señala la citación para el próximo 20 de diciembre a las 10.30 horas y requiere al Ayuntamiento para que en el plazo de cinco días hábiles aporte el expediente en papel para constancia en los autos.

Hace unas semanas, la magistrada admitió a trámite la querella, que se interpuso antes de otra jueza rechazara en septiembre la solicitud de la Abogacía del Estado para que se ejecutara el auto que el pasado junio levantó las medidas cautelares que paralizaban las exhumaciones. Esta resolución daba la razón a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial en su negativa a renovar la licencia de obras hasta que no haya sentencia firme.

Sin embargo, la jueza que decidirá sobre la querella entiende que "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Los querellantes consideran que Carlota López Esteban habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello "vulnerar la reparación de las víctimas y el principio constitucional de la dignidad de las personas".

La querella se interpuso en nombre de un familiar de los hermanos Lapeña, fusilados en 1963 por el bando nacional en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos, y la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro.

La acción penal se dirige contra Carlota López Esteban después de que no renovara el permiso para iniciar los trabajos de acceso a los restos a pesar de que el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó levantar la medida cautelar que paralizaba la citada licencia urbanística. Esta decisión está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.

En un informe jurídico, el Ayuntamiento de la localidad madrileña alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, un extremo criticado por los familiares de enterrados en el Valle por su falta de solidaridad hacia las víctimas.

La alcaldesa manifestó en un comunicado que la tramitación de cualquier licencia es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, "completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo".

En la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, se expone que "concurren" todos los elementos de la presunta comisión de un delito de prevaricación. Los familiares argumentan que "la querellada ha dictado en pleno municipal su negativa a reactivar la licencia municipal, y a su vez, es conocedora del fallo del TSJ por el que se levanta la suspensión sobre dicha licencia que ella misma otorgó, 12 meses antes".

En los hechos, el abogado de las familias, el letrado Eduardo Ranz Alonso, menciona el auto, de 30 de marzo de 2016, dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que reconoció el derecho a la digna sepultura de los hermanos Lapeña Manuel y Antonio-Ramiro, una sentencia histórica que seis años después no se ha ejecutado.

La resaca del puente de difuntos viene fuertecita. El miércoles por la noche, con una delicadeza inmerecida, sacaron los restos de Queipo de Llano, su señora y el tal Bohórquez de la basílica de la Macarena. Acto seguido, me imagino, entrarían unos operarios vestidos a lo chernóbil para sanear la fosa séptica. Apenas han hecho falta setenta añitos y una ley aprobada en Cortes. Manda cojones. Mientras tanto, un nido de ratas entrando, a la derecha, con los despojos de ese traidor compulsivo. Anoten: el fulano conspiró contra la dictadura de Primo de Rivera, después se sublevó contra la República y finalmente lo echaron del Movimiento Nacional (Losantos lo ha llamado «aventurero», tiene delito). La guerra civil la ganaron los trepas. Por el camino, miles de muertos cortesía de la represión y la muralla de la Macarena llena de agujeros en recuerdo de los pelotones de fusilamiento. Cachis. Te niegan el entierro en sagrado si abortas en el primer trimestre, pero cada tres mil represaliados te acercan dos pasitos al altar. Lo del quinto mandamiento es una cosa curiosísima.

Dice Feijóo que a él le preocupan más los problemas de los vivos. Solo faltaría. Alberto, cariño, que esto lo hacemos por nosotros, que el bisabuelo de alguien ni siente ni padece. Se escucha de nuevo la cantinela de «los profanadores de tumbas». Aquí un dilema: si un comando abertzale sepultase a algún asqueroso etarra bajo la fuente de Cibeles, ¿se le deja o se le saca?

Asunto mefistofélico. El piadoso Fernández Díaz nos había avisado unos días antes en un artículo delirante. Atentos. Resulta que unos exorcistas le habían asegurado que «al socaire» (sic) de los disfraces y las calabazas con cara maquinaba el diablo. Misas negras, profanaciones y, por supuesto, sacrificios de niños al mismísimo Belcebú. Dios es poderosísimo, pero cuatro chiquillos se ponen unas pelucas de Disfraces Paco y se desatan los infiernos. Caramba. Confieso que sigo las aventuras del exministro desde que nos presentó al ángel Marcelo. El otro día me escuché una de sus 'charletas' con un cura «contrarrevolucionario» (sic) en calidad de experto en profecías marianas y en el final de los tiempos. Palabrita.

Hay un bando católico, pijo y sentimental que se pirra por los videntes y las apariciones. Es curioso, la Virgen Santísima se molesta en bajar una y otra vez para decir las tres mismas vaguedades: hay que gastar el rosario, hacer penitencia y rezar mucho. Para ese viaje no hacían falta tales alforjas, ¡que eso ya lo sabíamos! Tamara Falcó juega en esta liga: paseíto a caballo en las fincas de sus amigas súpermegachics y que el servicio sirva el almuerzo pronto, que hay que ponerse con las letanías. Luego, viajecito a Lourdes vestida de mamarracha para salir en las revistas. Esta fe epidérmica es muy irritante, porque Cristo no padeció en la cruz para que tú lleves el catolicismo como quien lleva un Luisvi. Además, cabe en una cuartilla. Catecismo, por veinticinco pesetas: follar, mal; abortar, peor; ¿los homosexuales?, mire, mire, ¡ni me pregunte! El asuntillo del camello, la aguja y el reino de los cielos no venía en la lección y el consejo evangélico de vender las riquezas y repartirlas entre los pobres es un añadido podemita.

Para colmo de desgracias, me cuentan que hay un grupo juvenil chupiguai de mozalbetes de apellido compuesto y fenotipo del barrio de Salamanca que se planta en las iglesias a cantar pop lánguido y a pegar saltitos como en un concierto. Queridísimos hermanos: por menos de eso hemos quemado a gente en autos de fe perfectamente coreografiados. Ante Dios no se baila, amiguitos, ¡se tiembla! Santa Romana Iglesia Colores Unidos de Benetton.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado valorar la exhumación esta madrugada en Sevilla de los restos de Queipo de Llano, si bien ha dicho que prefiere "hablar de los vivos y dejar a los muertos en paz", según informa Europa Press.

A preguntas de los medios desde Guadalajara, ha indicado que "la política debe centrase en solucionar los problemas de los vivos". "Allá cada uno con sus prioridades, lo que me preocupa es la situación económica e institucional del país. Por tanto, no voy a hacer política con los muertos, no es la prioridad de los ciudadanos españoles", ha rematado.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado abiertamente la exhumación del general golpista y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina. "Estos días (..) los aprovechan Sánchez y sus secuaces para profanar sepulturas y perturbar el descanso de los muertos", ha censurado el líder de Vox en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter.

El líder de la ultraderecha ha lamentado además que el traslado de los cuerpos haya tenido lugar coincidiendo con la celebración del Día de todos los Santos, cuando "tantos españoles acuden a los cementerios para recordar y honrar a sus difuntos".

En la misma línea se ha pronunciado otros dirigentes de Vox. El portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al Gobierno de continuar con su "valerosa guerra a los muertos" con "nocturnidad y alevosía".

La exhumación de los restos de Queipo de Llano y Bohórquez finalizaba pasadas las 2.20 horas de la madrugada de este jueves en la basílica de la Macarena, merced al requerimiento formulado por el Gobierno central a la hermandad a cuenta de las determinaciones de ley, que prohíbe la presencia de restos de dirigentes del golpe de Estado de 1936 en lugares preeminentes de acceso público.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha enviado a primera hora de este una carta al Hermano Mayor de la Hermandad de La Macarena para que proceda a dar cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática mediante la exhumación y posterior traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra y de Francisco Bohórquez Vecina, según ha informado EuropaPress.

Esta misiva llega tras la aprobación por las Cortes y la publicación en el Boletín Oficial del Estado, ha entrado en vigor la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Según recoge la carta, "esta nueva norma pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana".

Así, exponen que desde 1951, los restos mortales del dirigente de la sublevación de 1936 y responsable de la represión en Andalucía en fechas posteriores, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, reposan bajo el camarín de la Virgen de la Basílica de la Esperanza Macarena. Y que también se hallan en el templo los restos mortales de Francisco Bohórquez Vecina, auditor de guerra y responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra.

"Durante los últimos años, la paradoja que supone esta presencia en un recinto religioso destinado al culto y la oración ha sido objeto de un amplio debate social, del que se han hecho eco numerosos medios informativos y publicaciones nacionales e internacionales", añaden a renglón seguido.

Por ello, como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares, y en cumplimiento de lo previsto en la nueva ley, "es obligado poner fin a esta situación".

El ministro para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha adelantado este jueves que, una vez entre en vigor la Ley de Memoria Democrática, se iniciarán las actuaciones pertinentes para exhumar a Jose Antonio Primo de Rivera y a Gonzalo Queipo de Llano de los lugares en los que actualmente están enterrados, en el Valle de los Caídos y en la Macarena de Sevilla, respectivamente.

Así lo ha anunciado Bolaños en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que el Senado aprobara definitivamente esta de Ley de Memoria Democrática, que entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este contexto, el ministro de la Presidencia ha adelantado que, en base a la nueva norma de Memoria, tanto Primo de Rivera como Queipo de Llano no pueden estar en un lugar preminente, por lo que, cuando entre en vigor, se iniciarán los procedimientos para exhumarlos de las basílicas del Valle de los Caídos —que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros— y de la Macarena de Sevilla respectivamente.

De este modo, el Gobierno comenzará a trabajar en trasladar sus restos mortales para darlos una "sepultura digna" en otro lugar que no permita "homenajear" sus figuras.

Precisamente, el ministro encargado de Memoria Democrática ha celebrado la aprobación definitiva de la nueva ley, aunque ha cargado contra PP y Vox por su rechazo en las Cortes y sus críticas a esta norma.

En este punto, Bolaños ha aprovechado una pregunta sobre las declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, sobre la justificación de no crear una comisión de investigación por los fallecidos en las residencias durante la pandemia, para acusar a la derecha de "falta de sensibilidad con las víctimas".

"Pero es que pasa igual con la Ley de Memoria Democrática", ha añadido Bolaños, que ve un "hilo conductor" en ambos casos: "Es muy triste que esto ocurra en una democracia como la española, que es olvidar sistemáticamente a las víctimas".

Asimismo, ha criticado la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de derogar esta ley en el caso de que lleguen al Gobierno, agregando que esta norma "debería haber tenido un consenso muy superior al que ha tenido".

"Si el PP fuera un partido europeo y occidental, lo normal es que hubiéramos podido pactar con ellos, pero no son capaces de soltar lastre", ha zanjado Bolaños.