Febrero de 2025. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a las principales entidades LGTBIQ+ de su país. Lo hace para lanzarles una advertencia: que no pierdan el tiempo en organizar el próximo Orgullo. Sus palabras no eran sino una amenaza velada, la guinda de una ofensiva contra el colectivo macerada a lo largo de todo su mandato y puesta en práctica con fervor en el último lustro. Aquel ataque directo se transformaría enseguida en una prohibición explícita, pero se topó con algo que no figuraba en los planes del mandatario: la oposición en las calles de todo el mundo. Orbán no se saldría finalmente con la suya, pero sus políticas han generado un daño irreparable para los derechos del colectivo, las mujeres y las personas migrantes. La cita electoral de este domingo obliga a no apartar la mirada de un país que se ha convertido en punta de lanza de la ofensiva reaccionaria en suelo europeo. ¿Es posible revertir los retrocesos y recuperar el rumbo?

"El Gobierno de Hungría ha promovido medidas anti-LGTBIQ+ como parte de una estrategia más amplia de política cultural nacionalista", introduce Dóra Sós, portavoz de la organización húngara Háttér Society. El partido gobernante, continúa la activista, moviliza a su base principal presentando a las personas LGTBIQ+ y la llamada "ideología de género" como una "amenaza para los niños y las familias tradicionales, frente a la cual solo ellos pueden proteger el tejido de una sociedad húngara basada en familias tradicionales". 

Lo cierto es que si existe un lugar que ostenta el dudoso privilegio de alzarse como la cuna de la retórica ultra, ese sitio es la Hungría de Viktor Orbán. El primer ministro sembró con sus políticas reaccionarias lo que pronto se convertiría en un ataque sin paliativos contra los derechos del colectivo, elogiado por sus homólogos europeos y replicado globalmente. Con ese telón de fondo, no parece sencillo reparar las heridas provocadas por las políticas del líder ultra, pero además los comicios de este domingo tampoco ofrecen una alternativa clara hacia un cambio sustantivo. 

El principal opositor y líder en las encuestas, Péter Magyar (Tisza), tiene una posición deliberadamente tibia en lo que respecta a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. No condena explícitamente las políticas del actual primer ministro, pero tampoco las respalda. Ninguna propuesta, ni iniciativas concretas, ni una hoja de ruta clara. Sencillamente, las políticas de igualdad no están entre sus prioridades. 

"Su compromiso con los derechos LGTBIQ+ sigue sin estar claro", asiente la activista húngara. Pero además, añade, incluso en caso de un cambio de poder, "las arraigadas barreras institucionales hacen que cualquier restablecimiento significativo de los derechos probablemente sea gradual y esté lejos de estar garantizado". Los activistas sí confían, en cambio, en un empuje a golpe de tribunales. "Tisza se ha comprometido a restablecer el Estado de derecho, así que es probable que no se cuestione el cumplimiento de las sentencias dictadas por Europa".

Es hacia Europa, precisamente, hacia donde miran todos los ojos. "Para acceder a los fondos europeos –actualmente congelados–, es necesario que se pongan en marcha cambios legales", recuerda Esther Martínez, directora de la asociación Reclaim, con sede en Bruselas. La duda radica en el nivel de exigencia por parte de las instituciones europeas: "El riesgo está en conformarse con un cambio en el poder y premiar a Péter Magyar con un acceso a los fondos, antes de que lleve a cabo los cambios".

En este artículo, el analista político Eric Maurice sostiene que, si finalmente Viktor Orbán sale del poder, la Unión Europea se enfrenta al dilema de cómo apoyar una necesaria transición democrática. "Si bien la UE ha desarrollado herramientas para sancionar el retroceso democrático, carece de un marco claro para apoyar y garantizar la recuperación", escribe. No basta con aplaudir un cambio de liderazgo, sino que se hace necesario vigilar cómo se expresa ese relevo desde un punto de vista material y normativo.

Luca Dudits, responsable de incidencia política de la organización ILGA-Europe, recuerda que la Unión Europea "tardó en actuar cuando se introdujeron las primeras medidas" antiderechos, y la situación "se ha deteriorado desde entonces". Por ese motivo, coincide en que las instituciones europeas "no deben repetir ese patrón y tienen que utilizar todas las herramientas disponibles, incluidos los procedimientos de infracción y las medidas provisionales, cuando los derechos fundamentales estén en peligro".

¿Y cuáles son esas leyes e iniciativas que han puesto en peligro a la ciudadanía húngara? "El modus operandi del Gobierno consiste en señalar a un grupo cuyo apoyo social es relativamente bajo, convertirlo en chivo expiatorio y estigmatizarlo", expone Dóra Sós. Esta táctica busca la polarización, asentando la narrativa del "nosotros contra ellos". Esta dinámica "legitima medidas más duras y un control centralizado más estricto" contra los miembros del grupo "señalado como enemigo", a quienes se les presenta como "una amenaza para la soberanía de Hungría". Comenzó, recuerda la activista húngara, con las personas migrantes allá por 2015, al calor de la crisis migratoria, y se desplazó "hacia la comunidad LGTBIQ+ a partir de 2018 aproximadamente".

En el año 2020 saltó por los aires el reconocimiento legal de las personas trans y quedó prohibida la adopción para parejas del mismo género. Un año después, el Gobierno de Hungría aprobó una ley bajo el pretexto de proteger a los menores, cuyo articulado censura la divulgación o representación de las realidades LGTBIQ+ ante personas menores de edad. La ley afecta a medios de comunicación, publicidad, escuelas y parte de una base: la equiparación del colectivo con la pedofilia. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene pendiente emitir una sentencia sobre esta norma, después de que 16 Estados miembros, el Parlamento y la Comisión Europea la llevaran ante la justicia. Por el momento, la abogada general del tribunal, Tamara Ćapeta, expresó el verano pasado que, en su opinión, el país había vulnerado el Derecho de la Unión Europea. 

Orbán también ha estrechado el cerco alrededor de los derechos reproductivos de las mujeres, una ofensiva ligada a un espíritu natalista de sus políticas y a la defensa de la familia tradicional como epicentro. En la Constitución que Hungría aprobó en 2011 –llamada Ley Fundamental–, el líder blindó la protección de "la vida fetal desde la concepción", una declaración de intenciones de su ideario ultra. En 2022 aprobó un decreto que obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, inspirando a la extrema derecha de todo el mundo.

Hungría se negó a ratificar el Convenio de Estambul, el principal instrumento a nivel europeo de compromiso contra la violencia machista. Y según el último Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE), el país está en el penúltimo puesto en materia de igualdad. 

Buena parte de los cambios para revertir esas políticas, en todo caso, requerirían amplios consensos en el plano político. "La modificación de la Ley Fundamental o la ley de protección a la familia necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento", recuerda Dóra Sós. E incluso aquellas leyes que podrían derogarse por mayoría simple deben llevar aparejada una "voluntad política que hasta ahora no hemos visto de forma inequívoca, o que exigirían una legislación compleja". El camino, sea cual sea el resultado del domingo, parece largo todavía.

Especialmente porque no se trata únicamente de cambios legislativos, sino de reconstruir todo un país arrasado por el odio, una sociedad en la que han permeado los discursos difundidos por el altavoz institucional de la extrema derecha.

"En la última década, el sentimiento anti-LGTBIQ+ ha ido en aumento", lamenta Luca Dudits. La administración de Viktor Orbán "ha demostrado que instrumentalizar a las minorías sociales sigue siendo una estrategia política conveniente, utilizada a menudo para desviar la atención de los retos económicos, los escándalos políticos o cuestiones sistémicas como la sanidad o la educación", continúa. Y desde entonces, políticos de todo el mundo "han adoptado tácticas similares, a veces junto con ataques más amplios contra los derechos sexuales y reproductivos y restricciones en los sistemas de asilo y migración". Pero además, Orbán ha sido capaz de tejer toda una red de organizaciones, fundaciones y lobbies financiados con dinero público para exportar su agenda autoritaria.

Se trata de estrategias que tienen un impacto, contribuyen a "crear un entorno hostil" y aumentan "el riesgo de discriminación y violencia". Frente a ello, las organizaciones de la sociedad civil "colaboran cada vez más para reconstruir la cultura democrática y hacer frente a la normalización del discurso del odio", asiente la portavoz de ILGA-Europe. Y ahí es donde sitúa la clave de cara a la construcción de un nuevo escenario esperanzador: "Este tipo de solidaridad entre movimientos es esencial para restablecer la confianza en las instituciones y reforzar la resiliencia democrática".

Coincide Marta Alonso, miembro de la ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), quien equipara las tareas de reparación con el periodo de transición en suelo español tras la dictadura franquista. "Una ley se puede modificar rápido, pero el cambio social requiere de un trabajo de fondo, planificado y a largo plazo", afirma al otro lado del teléfono. Eso sí, recuerda, en Hungría las activistas y organizaciones sociales tienen especialmente difícil hacer pedagogía, debido a la persecución impuesta a golpe de ley, así que el primer paso es necesariamente desarticular toda esa estructura institucional construida sobre las bases del discurso de odio. "Si se levantan esas restricciones, al menos tendríamos por dónde empezar", clama.

Hungría es un país pequeño, con 9,5 millones de habitantes y representa solo el 1% del PIB de la Unión Europea (UE). Sin embargo, su influencia política en la UE va más allá. Se deja sentir por el poder de veto en decisiones que requieren unanimidad, como los paquetes de ayuda a Ucrania, las sanciones a Rusia o la adhesión de nuevos miembros. A ello se suma la longevidad política de Viktor Orbán (Fidesz): ha sido jefe de Gobierno durante los últimos 16 años, además de un primer mandato entre 1998 y 2002.

Pese a haber utilizado todos los recursos políticos para perpetuarse eternamente en el poder, su ciclo podría concluir con las elecciones parlamentarias que se celebran este domingo, tal como predicen las encuestas. La duda es si su rival, Péter Magyar, logrará la supermayoría que haría posible reformas constitucionales y legales de fondo.

Orbán, quien representa la versión húngara del sueño MAGA (siglas de Make America Great Again, lema de los seguidores de Trump) y de la extrema derecha, ha visto como, en los últimos meses, personas cercanas al régimen han aparecido envueltas en escándalos. Unos casos que han provocado rechazo hasta entre sus votantes más fieles.

El primer ministro se declaró “defensor de la familia numerosa tradicional” y protector de los menores “frente a la visibilidad LGBTI”.

Sin embargo, en 2024, la antigua presidenta (nombrada por Orbán) y la exministra de Justicia concedieron un indulto a un hombre condenado por encubrir abusos sexuales en un orfanato. Ambas dimitieron inmediatamente, pero, según versiones, firmaron siguiendo órdenes de Orbán y fueron usadas como “chivos expiatorios”. En 2025 han salido a la luz otros casos de abuso infantil en centros educativos estatales, con acusaciones sobre un posible encubrimiento de los culpables.

Mientras las listas de espera se alargan en hospitales obsoletos y el sistema educativo carece de profesores en edad de trabajar, en 2025 se estrenó un documental titulado Dinastía sobre el enriquecimiento de la familia y amigos de Orbán gracias a fondos europeos y licitaciones amañadas.

Los casos más chirriantes son los del yerno favorito de Orbán (fortuna de unos 500 millones de euros), el padre octogenario del primer ministro (ha comprado un palacete de los Habsburgo), y el amigo de la infancia y presunto testaferro de Orbán, Lőrinc Mészáros. Este último multiplicó su fortuna por 100 en una década y hasta posee un palacio que alberga cebras.

El país ocupa la primera posición como el Estado más corrupto de la UE, según Transparency International. También es considerado como un estado de derecho debilitado por Freedom House. Los principales medios de comunicación están en manos afines al gobierno, difundiendo propaganda gubernamental y bulos, desde mucho antes de que arrancara la campaña electoral.

Las filtraciones por parte del ministro de exteriores húngaro de datos sensibles sobre reuniones de la Unión Europea con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, revelan la evolución de Hungría hacia un modelo de Estado mafioso. De todo ello se desprende que sale todavía más barato comprar hidrocarburos rusos a cambio de traicionar a la UE.

Pero a Orbán le ha salido competencia desde dentro de Fidesz, con un componente personal digno de una telenovela. Péter Magyar, el exmarido de la ministra que fue obligada a dimitir, es casi 20 años más joven que Orbán y, aunque no ocupó una posición de poder, fue testigo de la corrupción dentro del partido.

Decidió fundar el Partido del Respeto y de la Libertad (Tisza), un juego de palabras porque también es nombre de un río húngaro. Esta formación ha logrado atraer a votantes desencantados con Orbán, así como anti-Orbán, como ningún otro partido de la oposición había logrado antes. Magyar se beneficia de su ambivalente condición de insider-outsider (parte del sistema y opuesto a él). Además, cuenta con un perfil conservador, pero transparente.

El eje central de su campaña es la denuncia de la corrupción, los servicios públicos deteriorados y el bajo crecimiento económico unido a la erosión del poder adquisitivo. Ha prometido restablecer los vínculos amistosos con las instituciones europeas para obtener los fondos que Bruselas congeló por violar los valores fundamentales europeos.

No obstante, evita algunos temas sensibles que podrían ahuyentar al votante magiar promedio, que sigue siendo conservador si se compara con el de otros países occidentales. En temas migratorios, no propone una postura radicalmente distinta a la del gobierno actual ni sugiere un enfoque progresista sobre derechos LGBTI.

Pero el tema más delicado es sin duda Ucrania. Aunque Tisza apoya la orientación europeísta de Hungría, su actitud hacia la ayuda ucraniana y la adhesión de Ucrania a la UE es cautelosa. Muchos votantes húngaros son escépticos en relación con la idea de enviar recursos fuera del país o involucrarse profundamente en políticas bélicas. Pese a ello, Orbán acusa a su rival de ser espía de Zelensky.

Incluso si las encuestas aciertan y Tisza gana, su gobernabilidad seguiría estando limitada por las redes de Orbán. Durante 16 años, el primer ministro ha extendido sus tentáculos para nunca soltar el poder, colocando a sus secuaces en los principales tribunales: Constitucional, Supremo y de Cuentas. También controla la fiscalía general, empresas estatales y buena parte de la prensa.

Tisza necesitaría dos tercios de los escaños en el Parlamento para acabar con el régimen, modificando la Constitución y las leyes. Algo que parece muy difícil.

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Eszter Wirth es profesora de Economía Internacional en ICADE, Universidad Pontificia Comillas. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó de "traición" el comportamiento del entorno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras las revelaciones periodísticas, reveladas en España por infoLibre, sobre la transmisión de contenidos confidenciales de la Unión Europea (UE) a Rusia, según informa EFE.

"Es una traición a la exigencia de solidaridad que se impone entre los países de la Unión Europea si queremos ser fuertes", manifestó Barrot en una entrevista a la radio France Inter al ser preguntado por las informaciones según las cuales el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría compartido detalles de reuniones internas de los Veintisiete con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. 

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que, aunque puedan existir desacuerdos entre socios, "es la unidad la que debe prevalecer" en el club comunitario.

Barrot advirtió que este tipo de comportamientos pone en riesgo la cohesión europea en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes. "Si no estamos unidos y somos solidarios, nos convertiremos en vasallos o en juguetes de las grandes potencias, y eso es precisamente lo que rechazamos", afirmó.

Barrot señaló además que estas filtraciones "arrojan una sombra de duda sobre la integridad de nuestras deliberaciones" en el seno de los consejos europeos, e instó a Orbán a respetar tanto sus compromisos políticos, en particular respecto al apoyo a Ucrania, como los principios de solidaridad que rigen el funcionamiento de la Unión Europea. 

Nuevas grabaciones de audio publicadas el miércoles por varios medios de investigación -VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak- recogen conversaciones entre los ministros de Exteriores húngaro y ruso entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 en las que se deduce, según esos medios, que Szijjártó entregó en varias ocasiones documentos de la Unión Europea a Lavrov.

Una hora después de que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, regresara a Budapest desde San Petersburgo el 30 de agosto de 2024, recibió una llamada telefónica de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Lavrov le dijo a Szijjártó que había sido citado en todos los medios rusos tras su visita.

"¿Dije algo mal?", preguntó Szijjártó.

"No, no, no". Lavrov le tranquilizó. "Simplemente decían que estás defendiendo de manera pragmática los intereses de tu país".

En realidad, Lavrov llamaba para hacer una petición: el oligarca ruso Alisher Usmanov quería que su hermana, Gulbahor Ismailova, fuera eliminada de las listas de sanciones de la UE, y Szijjártó había prometido ayudar.

"Te llamo a petición de Alisher, y me ha pedido que te recuerde que estabas haciendo algo respecto a su hermana", dijo Lavrov.

"Sí, absolutamente", respondió Szijjártó. "La cuestión es la siguiente: junto con los eslovacos estamos presentando una propuesta a la Unión Europea para retirarla de la lista. La presentaremos la semana que viene y, como va a comenzar el nuevo periodo de revisión, se incluirá en el orden del día y haremos todo lo posible para sacarla".

Lavrov expresó su agradecimiento por el "apoyo y… la lucha por la igualdad en todos los ámbitos" de Szijjártó.

A partir de ahí, la conversación derivó hacia el desprecio compartido por ambos hacia la Unión Europea y sus funcionarios. Antes de colgar, el húngaro elogió la nueva sede de Gazprom que había visitado en Rusia. "Siempre estoy a tu disposición", añadió.

Siete meses después, Ismailova fue retirada de la lista de sanciones de la UE.

Esta llamada entre los dos ministros de Asuntos Exteriores fue una de varias que tuvieron lugar entre 2023 y 2025. Grabaciones de audio de las conversaciones de Szijjártó con Lavrov, así como con otros funcionarios rusos, fueron obtenidas por periodistas de VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigación Ján Kuciak (ICJK). Los periodistas confirmaron el contenido de forma independiente con fuentes de inteligencia en varios países y consultaron con expertos externos sobre la autenticidad del audio.

Las llamadas ponen de manifiesto la extraordinaria sintonía entre Szijjártó, que representa a un Estado miembro de la UE y la OTAN, y Lavrov, que representa a un país que ha invadido a otro europeo y ha patrocinado incendios provocados y sabotajes contra el flanco oriental de la OTAN.

Las conversaciones entre ambos contienen información sensible sobre las deliberaciones internas tanto de Budapest como de Bruselas, que sin duda resultan de interés para el Kremlin. También aportan pruebas claras del papel de Rusia a la hora de incitar a Hungría y Eslovaquia a suavizar las sanciones de la UE contra individuos y entidades rusas.

En sus intercambios con Lavrov, Szijjártó se muestra deferente, rozando en ocasiones lo servil. "Si quitas los nombres y enseñas estas conversaciones a cualquier agente, jurará que se trata de la transcripción de un oficial de inteligencia trabajando con su activo", afirmó un alto funcionario de inteligencia europeo tras revisar las transcripciones.

Ni Lavrov ni Szijjártó respondieron a las solicitudes de comentarios. El abogado alemán de Usmanov, Joachim Nikolaus Steinhöfel, rechazó responder a preguntas sobre la conversación entre Lavrov y Szijjártó. Describió las sanciones de la UE contra Usmanov y sus familiares como "injustificadas", subrayó su éxito como empresario y filántropo, y destacó que Usmanov había ganado "más de veinte casos judiciales" contra "medios de comunicación, figuras públicas y políticos que difundieron diversas afirmaciones falsas sobre él… muchas de las cuales reproducían los mismos razonamientos utilizados para las sanciones de la UE".

Las comunicaciones de Szijjártó van mucho más allá de Usmanov y sus familiares. En una llamada con otro funcionario ruso, el viceministro de Energía Pavel Sorokin, en el verano de 2025, Szijjártó no solo afirma que ya ha debilitado el 18º paquete de sanciones de la UE, entonces en negociación, sino que además pide argumentos adicionales que hagan que sus esfuerzos parezcan responder al interés de Hungría y no al de Rusia.

"Ya he eliminado 72 [entidades] de la lista, pero había 128. Estoy intentando continuar, pero tengo que decir que esto es en interés de Hungría", afirma Szijjártó.

"Si ellos [el equipo de Sorokin] pueden ayudarme a identificar los efectos directos y negativos sobre Hungría, estaría muy agradecido", añade, "porque si puedo mostrar algo así, me daríais una oportunidad completamente diferente".

La disposición de Szijjártó a actuar en interés de Rusia en el ámbito de la UE ayuda a explicar por qué Moscú está invirtiendo esfuerzos significativos en mantener a Viktor Orbán y a su partido pro-Kremlin Fidesz en el poder en Hungría.

Encuestas independientes sugieren que Orbán va muy por detrás de cara a las elecciones parlamentarias del 12 de abril, con el partido de centroderecha Tisza, liderado por el aspirante Péter Magyar, en clara ventaja.

Mientras la campaña de Orbán tiene dificultades, Rusia estaría interviniendo para ayudar. Como informó VSquare a principios de marzo, el Kremlin ha asignado a Serguéi Kiriyenko —vicejefe de gabinete de Putin y uno de los principales arquitectos de las operaciones de influencia política de Rusia— la tarea de apoyar de forma encubierta la campaña de Orbán. Kiriyenko desempeñó anteriormente un papel clave en la interferencia electoral en Moldavia.

Al mismo tiempo, la campaña de Orbán ha reproducido cada vez más narrativas del Kremlin, organizando provocaciones contra Ucrania y acusando a figuras de la oposición y a críticos de actuar como agentes o espías ucranianos, mientras descarta las acusaciones sobre sus propios vínculos con Rusia.

Las llamadas muestran que Szijjártó informaba de forma habitual a Lavrov sobre discusiones supuestamente confidenciales entre diplomáticos europeos.

Por ejemplo, en la misma llamada del 30 de agosto de 2024 con Lavrov, Szijjártó reveló detalles de una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en la que había participado el día anterior.

"Fue una locura, ya sabes, cuando [el ministro de Exteriores lituano Gabrielius] Landsbergis dijo que contribuimos con un 12% de cada cohete y misil", le dijo Szijjártó a Lavrov, refiriéndose al argumento del ministro de que los pagos húngaros y eslovacos por gas y petróleo estaban ayudando a financiar la guerra de Rusia en Ucrania.

"Le dije: amigo, no tienes razón, porque los europeos contribuyen mucho más… no somos solo los eslovacos y nosotros quienes compramos gas y petróleo directamente a Rusia, sino todos vosotros que compráis lo mismo a través de… India, Kazajistán".

Consultado al respecto, Landsbergis confirmó que esa conversación había tenido lugar.

"Parece que todo este tiempo Putin ha tenido, y sigue teniendo, un topo en todas las reuniones oficiales europeas y de la OTAN", afirmó. "Si se quiere mantener la integridad de estas reuniones, sería apropiado excluir a Hungría de todas ellas".

"Cada generación tiene su Kim Philby", añadió Landsbergis, en referencia al famoso espía del KGB en el servicio secreto británico. "Al parecer, Péter Szijjártó está desempeñando ese papel con entusiasmo".

Aunque la UE ha sancionado a unas 2.700 personas y entidades rusas por su papel en la guerra de Rusia contra Ucrania, el bloque debe votar cada seis meses si prolonga esas sanciones.

Estas decisiones se toman por consenso, lo que significa que los 27 Estados miembros deben estar de acuerdo.

RFE/RL informó en marzo de 2025 de que Hungría y Eslovaquia amenazaron con bloquear la prórroga de las sanciones de la UE ese mes a menos que se retiraran ciertos nombres. No se trataba solo de Ismailova: el empresario ruso Viatcheslav Moshe Kantor y el ministro de Deportes del país, Mijaíl Degtyaryov, también fueron retirados de las sanciones en esa ronda.

Un diplomático europeo estrechamente implicado en las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato para poder revelar detalles internos, afirmó que Hungría y Eslovaquia suelen empezar con una larga lista de nombres rusos que quieren eliminar.

"No utilizan argumentos jurídicos", explicó el diplomático. "Simplemente dicen que no quieren a esas personas en la lista de sanciones por motivos políticos".

A medida que avanzan las negociaciones, Budapest y Bratislava suelen reducir su lista a un puñado de personas, como ocurrió con Ismailova, Kantor y Degtyaryov.

Aunque desde hace tiempo se sospechaba que Hungría y Eslovaquia filtraban los detalles de estas negociaciones a Moscú, el diplomático describió las nuevas pruebas obtenidas como valiosas: "Hungría está claramente cumpliendo órdenes políticas de Rusia", afirmó tras revisar las transcripciones.

El alivio económico para individuos no es el único ámbito en el que Hungría actuó en secreto en nombre del Kremlin en Bruselas.

En conversaciones con otro alto funcionario ruso, el viceministro de Energía Pavel Sorokin, Szijjártó afirmó que estaba haciendo todo lo posible para "derogar" un paquete clave de sanciones de la UE dirigido contra la flota fantasma de petroleros de Rusia, el mecanismo mediante el cual Moscú elude las sanciones energéticas occidentales.

En una conversación con Sorokin, Szijjártó se ofreció a eliminar bancos rusos propuestos para ser sancionados por la UE. Incluso pidió al funcionario ruso que le proporcionara argumentos sobre por qué hacerlo sería de interés para Hungría.

En otra llamada, Szijjártó se quejó de que la UE se negaba a compartir con él documentos relacionados con la propuesta de sancionar a 2Rivers, una empresa con sede en Dubái dedicada al comercio de petróleo ruso.

"Dicen que no hay un interés húngaro claro que puedan identificar y, por lo tanto, Hungría no puede pedir legalmente que se eliminen de la lista", dijo Szijjártó después de que Sorokin preguntara por qué Budapest había quedado fuera del proceso.

Según la UE, 2Rivers, anteriormente conocida como Coral Energy, ha sido un actor clave en la venta de petróleo ruso a través de su propia flota fantasma de petroleros y en ocultar el origen del crudo procedente de la empresa estatal rusa Rosneft, actualmente sancionada por Estados Unidos. 2Rivers vende después el crudo por encima del precio máximo internacional fijado y alimenta la maquinaria bélica rusa con ingresos vitales. En diciembre de 2024, el Reino Unido sancionó a 2Rivers y su red de comercio de petróleo.

No está claro qué interés podría tener Hungría —un país sin salida al mar que recibe petróleo a través de oleoductos— en intentar preservar las operaciones de la flota fantasma de Rusia. Pero el beneficio para Rusia es evidente.

Tras informar de que no había tenido éxito con 2Rivers, Szijjártó compartió con Sorokin detalles sobre las negociaciones en curso del 18º paquete de sanciones de la UE.

Explicó que la votación aún no figuraba en el orden del día gracias a un aplazamiento acordado por Hungría y Eslovaquia hasta que la UE accediera a "hacer una excepción" para esos países y "permitirnos seguir comprando gas y petróleo rusos".

El 18º paquete de sanciones fue propuesto por la Comisión Europea el 10 de junio de 2025. Dos semanas después, Szijjártó anunció públicamente que Hungría y Eslovaquia lo estaban bloqueando "en respuesta a los planes de la Unión Europea de eliminar gradualmente las importaciones de energía rusa".

Fue en una llamada con Sorokin una semana más tarde cuando Szijjártó pidió argumentos sobre "efectos negativos para Hungría" para ayudarle a diluir el paquete.

Kinga Redłowska, experta en sanciones y responsable de CFS Europe en el think tank londinense RUSI, señaló que el enfoque de Hungría cumple un doble objetivo.

"A nivel interno, permite a Viktor Orbán reforzar una narrativa antiucraniana", afirmó. "A nivel de la UE, proporciona margen de maniobra para extraer concesiones en áreas no relacionadas, como la financiación europea o los conflictos sobre el Estado de derecho".

Pero, aunque esta estrategia pueda beneficiar al Gobierno de Orbán, permitir que un vecino agresivo capture y mantenga más territorio soberano europeo va en contra del interés nacional de Hungría, señaló: "Debilitar las sanciones corre el riesgo de reforzar la economía de guerra de Rusia y socavar los intereses de seguridad más amplios de todos los Estados miembros de la UE, incluida la propia Hungría".

Las conversaciones entre Szijjártó y Sorokin también abordaron los bancos rusos que estaban en el punto de mira de la UE.

"Comparte conmigo los nombres de esos bancos, puedo comprobar si están en la lista o no, revisaré las bases legales y luego haré todo lo posible", dijo Szijjártó a Sorokin. "Sé que querían incluir el banco de San Petersburgo en la lista, lo cual conseguí evitar; también querían incluir otro banco relacionado con el proyecto de Paks [central nuclear], y también conseguí eliminarlo".

Tras semanas de retrasos por parte de Hungría y Eslovaquia, la Unión Europea adoptó finalmente el 18º paquete de sanciones el 18 de julio de 2025. 2Rivers fue incluida en la lista, lo que la llevó a iniciar su disolución. El paquete también supuso un golpe significativo para la flota fantasma de Rusia y sus esfuerzos por eludir las sanciones al petróleo.

Sin embargo, sigue sin estar claro cuánto mayor podría haber sido el impacto sin los esfuerzos de Szijjártó. Para entonces, su estrecha relación con Rusia ya se había hecho pública.

En abril de 2025, el semanario polaco Polityka informó de que se sospechaba que Szijjártó compartía notas escritas de reuniones ministeriales de la UE con Rusia. A principios de este año, The Washington Post informó de que Szijjártó compartía información regularmente por teléfono con Lavrov durante las pausas en las conversaciones de la UE. "Cada reunión de la UE durante años ha tenido básicamente a Moscú sentado a la mesa", declaró al periódico un funcionario europeo de seguridad.

Politico informó a principios de este mes de que "la UE está limitando el flujo de material confidencial a Hungría y los líderes se reúnen en grupos más reducidos".

El Gobierno húngaro desestimó estos informes calificándolos de "propaganda proucraniana", mientras que Szijjártó, aunque reconoció su frecuente comunicación con Lavrov, calificó las informaciones sobre sus acciones de "noticias falsas".

Esta estrategia parece estar volviéndose en su contra. Szijjártó fue recientemente abucheado por manifestantes, que le gritaron "traidor" y "espía ruso" en un acto de campaña.

La interferencia de Hungría en la política de sanciones de la UE comenzó pocos meses después de la invasión a gran escala de Rusia y se ha endurecido en los cuatro años siguientes hasta convertirse en un esfuerzo sistemático de presión en favor de figuras vinculadas al Kremlin, al que se sumó Eslovaquia.

En junio de 2022, Hungría bloqueó todo el sexto paquete de sanciones de la UE —que incluía el histórico embargo parcial al petróleo ruso— hasta que el patriarca Kirill, antiguo agente del KGB y jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, fue retirado de la lista. El primer ministro Viktor Orbán intervino personalmente alegando "libertad religiosa".

En febrero de 2025, Hungría logró otra exención para Kirill durante las negociaciones del 16º paquete, además de salvar al Comité Olímpico Ruso y a dos clubes de fútbol rusos.

En febrero de 2026, Hungría vetó por completo el 20º paquete de sanciones —la primera vez que Budapest llegaba tan lejos— bloqueando nuevas medidas restrictivas que pretendían conmemorar el cuarto aniversario de la invasión, alegando una disputa sobre los flujos de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

En marzo de 2026, Eslovaquia amenazó con vetar la renovación semestral de toda la lista de sanciones individuales existente a menos que Usmanov y otro oligarca ruso, Mijaíl Fridman, fueran eliminados de inmediato, antes de ejecutar lo que los diplomáticos de la UE calificaron como uno de los giros más extraños que habían presenciado, al dar marcha atrás sin conseguir ninguna de las retiradas; Hungría también abandonó su lista de siete objetivos.

* Se puede leer la versión original de esta información en OCCRP y en los medios VSquare (Europa Central, en inglés), FRONTSTORY (Polonia, en polaco), Delfi Estonia (Estonia, en estonio), The Insider (Rusia, en ruso), y en el Centro de Investigación de Ján Kuciak (ICJK) (Eslovaquia, en eslovaco)

Budapest (Hungría).– “Aquí la vida se ha detenido. No hay sitios donde salir, ningún lugar para los niños, ninguna oferta cultural… Sobrevivimos en la pobreza día a día. Por eso, lamentablemente, se puede comprar a la gente. No es culpa suya; cualquiera vendería su voto cuando sus hijos lloran porque tienen hambre.”

Así lo cuenta un hombre de Tiszabura, un pueblo de 3.000 habitantes situado al norte de la Alföld, la Gran Llanura. Pero esto podría ocurrir en cualquiera de los cientos de localidades húngaras más pobres, donde el Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, obtuvo sus mejores resultados electorales hace cuatro años, y donde se está movilizando aún más de cara a las elecciones legislativas del 12 de abril.

El fenómeno del “voto asistido” está muy extendido en Hungría desde la transición democrática de 1990. Pero el Fidesz, partido nacional-conservador en el poder ininterrumpidamente desde 2010, lo ha convertido en una máquina bien engrasada, que ha ido ganando fuerza elección tras elección.

Un documental de 52 minutos, titulado El precio de un voto, recopila numerosos testimonios que ponen al descubierto el mecanismo. Como muestra del frenesí que se ha apoderado de Hungría y de sus 10 millones de habitantes, la película ha sido vista 1,4 millones de veces desde su publicación en YouTube el 26 de marzo. Y nos preguntamos: ¿llegarán los encuestadores que sitúan a Tisza y a su candidato Péter Magyar a la cabeza de sus sondeos a esos votantes situados al margen de la vida política? ¿Dispone el Fidesz de un reservorio de votos oculto?

En las últimas elecciones legislativas, en 2022, el Fidesz arrasó con el 92% de los votos en Tiszabura. En los diez municipios más pobres en términos de renta per cápita, obtuvo una media del 96% de los votos; su resultado sigue siendo del 88% en los veinte municipios más pobres, que son también aquellos donde la participación fue mayor, según los cálculos de la revista G7.

Este falso plebiscito es el resultado de la fuerte dependencia de los municipios periféricos, de las redes clientelares y de la compra de votos de las poblaciones más vulnerables: los romaníes (cuya población se estima en 800.000 personas en Hungría), las personas mayores con pocos recursos, las personas incorporadas a los planes de empleo de interés público, los consumidores de drogas, etc. De este modo se desvían decenas de millones de euros de dinero público.

Se transporta a los votantes a los colegios electorales en furgonetas y, a veces, incluso con los vehículos del programa estatal para los pueblos, “Magyar Falu”. Su votación se lleva a cabo a la vista de los agentes municipales, que los acompañan a la cabina de votación con el pretexto del analfabetismo, o se hacen mostrar una foto de la papeleta electoral a posteriori, a cambio de una bolsa de 5 kilos de patatas, una cesta de la compra bien surtida, una dosis de droga o un billete de 5.000 a 20.000 forints (de 15 a 50 euros).

El Fidesz también ha creado fuertes vínculos de dependencia con los propios municipios. Las subvenciones públicas a los municipios pueden duplicarse si están en manos del partido. Los municipios pequeños con pocos empleados también dependen de un sistema centralizado para solicitar subvenciones públicas, especialmente las europeas.

“Es terrible ver esta injusticia entre municipios que ni siquiera tienen que solicitarlo para que les llueva el dinero, mientras que nosotros tenemos que luchar por la más mínima microinversión”, afirma Csilla Dienes, alcaldesa de Szamossályi.

Los municipios también dependen en gran medida de diversas ayudas estatales, como la “leña social” para la estufa destinada a los más pobres y los pequeños empleos a través de trabajos de interés general. Se trata de un sistema de empleos municipales, por ejemplo, para el mantenimiento de espacios y edificios públicos o para hacer los turnos de salida de las escuelas. Con una remuneración de 280 euros netos, la mitad del salario mínimo, suponen un salvavidas para muchos.

En esas condiciones, a los alcaldes en el cargo les interesa fomentar el voto a favor del Fidesz, y los habitantes también lo perciben como una condición para su supervivencia económica.

Esto es lo que observamos en Piskó, un pueblo de 250 habitantes que acababa de votar al 100% a favor del partido de Viktor Orbán en las elecciones europeas de mayo de 2019, con una participación del 60%, casi veinte puntos superior a la del resto del país. “Si Orbán no gana las elecciones, perderemos estos empleos públicos y será nuestro fin”, repetían los habitantes.

El Estado utiliza tanto la zanahoria como el palo. En el documental, un habitante del gueto romaní de Tiszavasvári da testimonio de los métodos que se emplearon para hacerle renunciar a su candidatura a las elecciones municipales del año pasado: unos agentes vinieron a cortarle la electricidad y los servicios sociales le confiscaron a su hijo cuando nació.

La amenaza de hacer intervenir a los servicios sociales es recurrente y pesa como una espada de Damocles, especialmente sobre las jóvenes romaníes, para garantizar la docilidad de la comunidad. “No quiero que me quiten a mis hijos”, teme una joven entrevistada. Médicos, empresarios o directores de colegios se convierten a veces en transmisores de este clima de intimidación, con poderosos medios de coacción a su disposición.

El partido Tisza contará con observadores en cada colegio electoral y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha enviado una importante misión para supervisar las elecciones. Esta última concluirá sin duda, al igual que en 2018 y 2022, que se trata de unas elecciones “libres pero no justas”, debido a la omnipresencia de propaganda estatal. “[En caso de victoria del Fidesz,] ¿cómo deberemos reaccionar y qué consecuencias deberemos extraer de unas elecciones que habrán sido claramente amañadas?”, se pregunta un alto diplomático destinado en Budapest.

Según los autores del documental, el Fidesz se aseguró así entre 200.000 y 300.000 de los tres millones de votos obtenidos en las elecciones de 2022. “En 2026, serán el doble”, asegura un organizador local del sistema. “Más cosas en juego, más dinero, más preparación”, resume. Esto podría representar entre el 7% y el 8% de los votos este año. Suficiente para inclinar la balanza si las elecciones están reñidas.

Tisza podría salir victorioso en las urnas la noche del 12 de abril, pero no conseguir la mayoría en el Parlamento. Se trata de un escenario relativamente probable, consecuencia de un sistema electoral reformado en 2011 por el Fidesz y posteriormente reestructurado a su medida. De manera clásica, las circunscripciones se han redefinido para dar más peso al voto rural, más favorable al partido en el poder.

Para asignar los 199 escaños del Parlamento, 8 millones de votantes disponen de una única vuelta y de dos papeletas: una para una lista nacional (93 diputados) y otra para el candidato o candidata de su circunscripción (106 diputados). Un mecanismo denominado “compensación del ganador” permite a un partido transferir el excedente de votos obtenidos en las circunscripciones a la lista nacional. Sobre el papel, esta disposición beneficia al Fidesz, que lleva mucho tiempo forjándose un arraigo local, a menos que la ola del Tisza sea poderosa.

Además, el Fidesz puede contar con dos escaños reservados a las minorías romaní y alemana, y con uno o dos escaños que podrían cubrirse con el voto de las minorías húngaras transfronterizas (en Rumanía, en particular). Estas últimas se han beneficiado de un acceso simplificado a la nacionalidad y del derecho a votar en la lista nacional, así como de numerosas subvenciones estatales para sus instituciones culturales.

Los politólogos húngaros estiman que Tisza necesitaría una ventaja de entre 6 y 8 puntos porcentuales para convertir su victoria en las urnas en una mayoría simple en el Parlamento. Por su parte, el Fidesz podría encontrar un socio de coalición en el partido de extrema derecha Mi Hazánk (Nuestra Patria), si este logra superar el umbral mínimo del 5%.

Traducción de Miguel López

Por primera vez en más de una década, el horizonte político húngaro aparece atravesado por una incertidumbre real. Las elecciones legislativas del próximo 12 de abril no son una cita electoral más; conforman, en muchos sentidos, un plebiscito sobre el modelo de poder construido por Viktor Orbán desde 2010. Un modelo que ha ido consolidándose a través de sucesivas reformas constitucionales —hasta quince—, la captura progresiva de instituciones y un sofisticado ecosistema mediático y propagandístico. Sin embargo, lo que hasta ahora parecía un sistema prácticamente inexpugnable comienza a mostrar fisuras.

La irrupción de Tisza, articulada en torno a la figura de Péter Magyar, un antiguo miembro de Fidesz que conoce perfectamente los modos y haceres de su antigua formación, ha reconfigurado el tablero político de manera inesperada. Las encuestas, en algunos casos, apuntan a una ventaja superior a los 20 puntos sobre Fidesz, el partido de Orbán. Aunque la volatilidad electoral y las peculiaridades del sistema húngaro obligan a la cautela, el dato es significativo ya que, por primera vez, la posibilidad de una derrota clara del oficialismo entra en el terreno de lo plausible.

No obstante, conviene matizar. No sería lo mismo una victoria ajustada que una contundente. En un sistema electoral diseñado —o, como muchos analistas señalan, “hackeado”— para favorecer al partido gobernante, una diferencia estrecha podría traducirse en una distribución parlamentaria que no refleje fielmente el voto popular. Por el contrario, una victoria amplia de Tisza podría desbordar los mecanismos correctores introducidos por Fidesz y abrir la puerta a una alternancia efectiva.

El sistema electoral húngaro es un sistema mixto que combina elementos mayoritarios y proporcionales de manera que sobrerrepresenta al partido más votado. Esta arquitectura institucional, junto con el control mediático y la utilización de recursos estatales en campaña, ha permitido a Orbán consolidar mayorías parlamentarias incluso sin mayorías sociales abrumadoras. De ahí que la magnitud de la eventual victoria de Tisza sea clave para determinar si estamos ante un cambio de ciclo o ante una mera recomposición del equilibrio político.

Otro elemento central es la configuración de alianzas. Si Tisza no alcanza una mayoría suficiente, se abre un escenario en el que Fidesz podría intentar mantenerse en el poder mediante acuerdos con el Movimiento Nuestra Patria (Mi Hazánk), una formación situada en posiciones de ultraderecha. Este posible pacto no sería solo una maniobra parlamentaria, sino la profundización de una deriva política que ya ha tensionado los límites democráticos en Hungría.

En este contexto, no puede obviarse la dimensión internacional del régimen de Orbán. A lo largo de los últimos años, el primer ministro húngaro ha tejido una red de apoyos y afinidades que trascienden el ámbito europeo. Su relación con Rusia ha sido especialmente estrecha, tanto en el ámbito energético como en el político, de hecho durante las últimas semanas han trascendido informaciones que ahondan en la hipótesis de la utilización del gobierno húngaro como satélite ruso en la UE. Al mismo tiempo, ha cultivado vínculos con sectores conservadores en Estados Unidos, a nadie se le escapan los halagos vertidos por Trump hacia Orbán, y ha mantenido una relación estratégica con Israel. Este entramado de apoyos ha contribuido a reforzar su posición interna, tanto en términos materiales como simbólicos.

Por ello, la hipótesis de una derrota de Orbán plantea interrogantes que van más allá de la política doméstica húngara. ¿Es realmente posible que un liderazgo respaldado por estas redes internacionales, y consolidado mediante una profunda transformación institucional, pueda ser desalojado del poder a través de las urnas? Y, en caso de que así sea, ¿cómo reaccionará?

La cuestión del reconocimiento de los resultados es, en este sentido, crucial. La experiencia comparada muestra que los procesos de erosión democrática suelen ir acompañados de una creciente contestación de las reglas del juego electoral cuando estas dejan de ser funcionales al poder incumbente. Hungría no es ajena a esta lógica. Aunque formalmente se mantiene un marco democrático, las condiciones de competencia han sido progresivamente desiguales.

Si Orbán se enfrentara a una derrota clara, la presión para aceptar los resultados sería considerable, tanto interna como externamente. Sin embargo, en un escenario de resultado ajustado o ambiguo, no puede descartarse una estrategia de impugnación o de dilación. La capacidad del gobierno para movilizar su aparato mediático y su base social podría ser un factor determinante en este sentido.

Aquí entra en juego la Unión Europea. Durante años, Bruselas ha mantenido una relación ambivalente con el gobierno húngaro, oscilando entre la crítica retórica y la inacción efectiva. Los mecanismos de condicionalidad del Estado de derecho y los procedimientos sancionadores han tenido un impacto limitado en la práctica. Sin embargo, una crisis postelectoral en Hungría colocaría a la UE ante una disyuntiva ineludible. Si Orbán no reconociera una derrota electoral, Bruselas se vería obligada a decidir hasta qué punto está dispuesta a defender sus principios fundacionales frente a uno de sus propios Estados miembros. La credibilidad del proyecto europeo estaría en juego, no solo en términos normativos, sino también geopolíticos.

En este escenario, el papel de la oposición resulta igualmente determinante. Esta es la segunda vez que una amplia coalición opositora se articula con el objetivo de derrotar a Orbán. La experiencia anterior mostró tanto el potencial como las limitaciones de este tipo de alianzas. La fragmentación ideológica y las tensiones internas pueden debilitar la capacidad de gobernar incluso en caso de victoria.

La figura de Péter Magyar introduce, no obstante, un elemento novedoso. Su perfil y su discurso parecen haber logrado conectar con sectores sociales que hasta ahora se mantenían al margen o incluso próximos a Fidesz. Esta capacidad de transversalidad podría ser clave para superar el techo electoral que históricamente ha limitado a la oposición. Pero ganar elecciones es solo el primer paso. La verdadera prueba será la capacidad de desmantelar —o al menos reformar— el entramado institucional construido por Orbán. Un entramado que no solo incluye leyes y normas, sino también redes de poder económico, mediático y administrativo profundamente arraigadas. Una buena muestra de lo anterior es Polonia. En ambos casos las alternativas a las propuestas iliberales se sitúan en una derecha nacionalconservadora en ocasiones perezosa en avanzar en las contrarreformas, salvo que les exponga a pérdidas electorales.

Así las cosas, las próximas elecciones legislativas húngaras no solo decidirán quién gobierna el país, sino también qué tipo de democracia es posible en el contexto europeo actual. La posibilidad de una derrota de Orbán abre un horizonte de cambio, pero también de incertidumbre. Porque, como muestra la experiencia comparada, los regímenes híbridos no desaparecen de la noche a la mañana. Y, en ocasiones, su final es más complejo y conflictivo que su consolidación.

Hungría se encuentra, por tanto, en un momento de inflexión. Entre la continuidad de un modelo que ha tensionado los límites del Estado de derecho y la posibilidad —todavía incierta— de una recomposición democrática. El resultado no dependerá únicamente de las urnas, sino también de la capacidad de las instituciones, la sociedad civil y la comunidad internacional para sostener las reglas del juego cuando estas se vuelven realmente decisivas.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, anunció este miércoles que su país dejará de exportar gas a Ucrania mientras Kiev no reanude el tránsito del crudo ruso hacia el territorio magiar.

“Mientras Ucrania no suministre petróleo, no recibirá gas de Hungría”, afirmó Orbán en un vídeo publicado en la red social Facebook.

El mandatario magiar, el líder comunitario más aliado de Moscú, explicó que “el suministro (de gas) será bloqueado gradualmente”, sin especificar ningún calendario de la suspensión prevista.

En octubre de 2025, el gas proveniente de Hungría suponía el 46% del volumen total de esta fuente fósil importado por Ucrania, según los datos publicados por la Fundación de Investigaciones Económicas ‘Oeconomus’.

Mientras que Ucrania alega que el tránsito de petróleo ruso por su territorio hacia Hungría y Eslovaquia no es actualmente posible debido a los daños sufridos en el oledoucto de Druzhba por un ataque ruso a finales de enero, Budapest acusa a Kiev de bloquearlo por motivos políticos y de "chantaje".

Ya en febrero pasado Hungría y la vecina Eslovaquia -ambos países mantienen una alta dependencia energética de los suministros de Rusia- decidieron suspender sus exportaciones de diésel hacia Ucrania en represalia por el cese de la llegada de crudo enviado por el gigante ruso Gazprom.

Además, Orbán mantiene un veto a un préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) al país atacado por el Ejército ruso desde hace más de cuatro años.

Hungría celebra elecciones legislativas el 12 de abril y el tema de Ucrania es uno de los focos más importantes de la campaña del partido Fidesz de Orbán, quien acusa al presidente de ese país, Volodímir Zelenksi, de querer derrocar su Gobierno.

Las encuestas apuntan a que el Fidesz podría perder el poder después de ostentarlo con amplia mayoría en los últimos 16 años y dan como ganador al partido opositor Tisza, del conservador Péter Magyar.

El sondeo sobre la intención del voto más reciente, publicado por el ‘Centro de Investigaciones 21’, ve una ventaja de 10 puntos para el Tisza, que obtendría el apoyo del 51% de los húngaros, frente al 41 % del partido gobernante.

El presidente de la formación ultraderechista española Vox, Santiago Abascal, describió este sábado en una cumbre ultraconservadora en Budapest al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como "la principal amenaza existencial para España y para Europa".

En su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), Abascal acusó a Sánchez de actuar como "un tirano y un traidor" y de poner en riesgo con sus políticas la seguridad y la prosperidad de España.

Abascal sostuvo que el Gobierno español "funciona como una mafia", basada en "la mentira permanente, la corrupción política y familiar de todo tipo, mediante el fraude y pactos infames con separatistas e incluso con terroristas".

En su discurso, el líder de Vox, sostuvo que las políticas de Sánchez representan el ejemplo de "todas las amenazas que afrontan nuestras naciones y que afronta Occidente". Abascal criticó la política exterior del Gobierno, asegurando que Sánchez se alinea con regímenes contrarios a los intereses occidentales con el objetivo de mantenerse en el poder.

"A él no le importa en absoluto la paz, ni le importa el derecho internacional. Solo le importan dos cosas: permanecer en el poder a cualquier precio y defender a los aliados que le protegen", dijo sobre el 'no' a la guerra de EEUU e Israel contra Irán que ha repetido Sánchez.

Abascal centró también sus críticas en la política migratoria del Ejecutivo, a la que responsabilizó de un deterioro de los servicios públicos y de la seguridad. Frente a esta situación, el de Vox defendió un endurecimiento de las políticas migratorias, incluyendo deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular y mayores exigencias para la obtención de la nacionalidad española.

Durante su intervención, el dirigente de Vox elogió el modelo político de Hungría y expresó su respaldo al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, al que definió como "uno de los líderes más importantes del mundo".

A su juicio, Hungría representa "un espacio de libertad, soberanía y seguridad" frente a las políticas de la Unión Europea, a la que acusó de "empobrecer" a los ciudadanos y de debilitar las fronteras.

Abascal aseguró que las próximas elecciones en Hungría serán "una encrucijada histórica" no solo para ese país, sino para toda Europa.

El próximo 12 de abril Hungría celebra elecciones generales en las que, por primera vez en los 16 años que lleva Orbán en el poder, las encuestas prevén una derrota de su formación en las urnas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha exigido a la Unión Europea (UE) que elabore un "plan B" para financiar a Kiev después de que Hungría bloqueara el préstamo de 90.000 millones de euros para su país, invadido por Rusia, y que se aprobó en diciembre pasado.

"Necesitamos un plan B", dijo en una entrevista en la capital ucraniana concedida a la edición alemana del medio estadounidense Politico en la víspera, en el marco de la visita de la presidenta de la Cámara Baja, Julia Klöckner, a dicha ciudad.

"No solo nosotros, sino nosotros junto con Europa", recalcó Zelenski, al indicar que los socios europeos y los "amigos verdaderos" saben que Ucrania defiende los valores de todo el continente cuando se defiende contra la invasión rusa.

"Si somos socios (...) entonces para todos nosotros eso es un desafío", añadió.

El mandatario recalcó que por ello no se trata de un conflicto entre Hungría y Ucrania, sino entre Europa y Hungría.

Orbán, dijo, "está del lado del presidente ruso", Vladímir Putin, y "bloquea todo lo que concierne a Ucrania" desde hace tiempo, incluido el tránsito y el transporte de armas a través de territorio húngaro, señaló Zelenski.

"No envía soldados ni nos ataca con drones o misiles, pero bloquea el dinero y bloquea nuestro deseo de entrar en la UE y comparte la misma narrativa de Putin", añadió.

Zelenski acusó a Orbán de "chantajear" a Ucrania y al resto de la UE al afirmar que seguirá bloqueando el dinero comunitario hasta que vuelva a reanudarse el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzbha, interrumpido desde finales de enero por los daños causados por un ataque de Rusia.

El presidente explicó que ya ha dicho que Ucrania necesitaría alrededor de un mes y medio para restaurar una parte del oleoducto.

"Si realmente se trata de un chantaje (por parte de Budapest), si Europa no nos dará el dinero a menos que el petróleo ruso vuelva a fluir, entonces sería posible repararlo en ese tiempo", señaló.

Reiteró, no obstante, que "Rusia dañó ese oleoducto" y se pregunta: "¿Por qué deberíamos repararlo nosotros?". No obstante, añadió que "si ese es el mensaje de Hungría para que el proceso avance, entonces lo repararemos".

Dijo, sin embargo, que si se quisiera reconstruir los depósitos y las instalaciones, eso tomaría seis meses. Además, advirtió del riesgo de que se produzca una catástrofe ambiental si el oleoducto vuelve a ser destruido, por ejemplo, por bombardeos rusos.

El oleoducto ha sido atacado varias veces, la primera vez por drones y misiles rusos, no por armas ucranianas, sostuvo.

Zelenski también reiteró que él y Putin "se odian" y lo volvió a calificar de "asesino". "Por supuesto, creo que nos odiamos mutuamente", y el presidente estadounidense, Donald Trump, "tiene absolutamente razón" en este punto cuando así lo afirma.

Zelenski pidió a Trump ejercer más presión sobre Rusia y no sobre él. "Espero que nos ayuden. Pero necesitamos más presión sobre Rusia, no sobre mí", señaló en referencia a las continuas declaraciones de su homólogo estadounidense acerca de que es el mandatario ucraniano el que debe hacer un esfuerzo para lograr la paz.

Ucrania, reiteró Zelenski, hará "todo lo posible para terminar esta guerra lo antes posible".

Rusia atacó anoche una decena de regiones ucranianas con un total de 420 drones y 39 misiles, once de ellos balísticos, según informó en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y recoge EFE.

“Ha habido destrozos en ocho regiones: muchas casas particulares y edificios de viviendas han resultado dañados. Por el momento sabemos de decenas de personas heridas a consecuencia de este ataque, entre ellas niños”, escribió en su mensaje Zelenski.

El presidente ucraniano explicó que una infraestructura gasística en la región de Poltava y estaciones eléctricas en las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk también fueron alcanzadas. 

“La mayoría de los misiles lanzados (por Rusia) hoy pudieron ser derribados gracias a que nuestros socios están enviando de forma rápida una parte de las defensas aéreas que se acordaron en el último ‘Ramstein’”, dijo Zelenski en referencia a la reunión del grupo de países que envían ayuda militar a Ucrania, conocido así por el nombre de la base militar estadounidense en Alemania donde sus representantes empezaron reuniéndose.

Zelenski agregó que también hubo impactos de misiles no interceptados y pidió acelerar los suministros que Ucrania necesita para proteger su sistema energético y otras infraestructuras de los misiles rusos.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, sus defensas aéreas lograron interceptar 30 de los misiles, entre ellos cuatro misiles balísticos, y 374 de los drones. Cinco misiles balísticos y 46 drones impactaron en 32 localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de proyectiles derribados en otros quince lugares de Ucrania.

Además de los daños a las infraestructuras anunciados por Zelenski, la empresa privada ucraniana del sector energético DTEK ha informado de que una de sus subestaciones eléctricas en la región sureña fue alcanzada anoche por el ataque ruso. 

El Gobierno húngaro de Viktor Orbán ha bloqueado el plan de la Unión Europea de aprobar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia por su guerra contra ese país, cuando se cumple el cuarto aniversario del conflicto.

El líder ultranacionalista húngaro, el más próximo a Rusia de los Veintisiete, exige para levantar su veto a ambas iniciativas que Ucrania reanude el tránsito de petróleo hacia su territorio a través del oleoducto Druzhba, dañado en ataques de Moscú pero que Orbán achaca a decisiones políticas ucranianas.

No es la primera vez que Budapest amenaza con bloquear el apoyo a Kiev, pero en esta ocasión el veto llega en vísperas de unas elecciones generales, el 12 de abril, en las que los sondeos prevén que el partido Fidesz de Orbán pierda tras 16 años de mayorías absolutas.

Los líderes de la UE acordaron en diciembre conceder a Kiev un préstamo de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027, que se financiará con la emisión de deuda común, tras constatar que no había consenso para costearlo con los activos rusos inmovilizados por las sanciones. Para que este esquema funcione, es necesario enmendar la regulación del presupuesto plurianual comunitario para poder usar los márgenes del mismo como aval para acudir al mercado, un cambio que requiere el apoyo unánime de los Veintisiete y al que Budapest siempre se había opuesto.

Con el fin de convencer a Hungría, así como a Eslovaquia y República Checa, también reacias a la medida, los líderes acordaron que estos países no participasen en el préstamo a cambio de que se comprometiesen a aprobar la enmienda al presupuesto. Sin embargo, Hungría ha dado ahora marcha atrás y rechaza aprobarla, lo que de facto bloquea el préstamo pese a que los otros dos requisitos legales que lo componen ya han recibido luz verde.

Se trata de la regulación que establece la cooperación reforzada entre los 24 países participantes y de la que enmienda el Mecanismo para Ucrania, por el que se canalizan los préstamos, que el Consejo ha aprobado por mayoría cualificada este martes. La Eurocámara, por su parte, ya ha avalado las tres medidas.

Si Budapest no levanta su veto, la Comisión Europea no podrá empezar las emisiones de deuda que tenía previsto iniciar en este primer trimestre del año con el fin de hacer un primer pago a Ucrania en abril.

De momento, el Ejecutivo comunitario rehúsa hablar ya de un "plan B" o de recuperar la idea de usar los activos rusos y asegura que sus esfuerzos se concentran en lograr que Hungría respete "los compromisos que se hicieron al más alto nivel", según explicó su portavoz jefe, Paula Pinho.

La UE ha ido implementando sucesivas rondas de sanciones a Rusia desde que inició la invasión a gran escala de Ucrania y, al cumplirse los cuatro años de guerra, quería impulsar la vigésima para continuar con la presión económica sobre Moscú y dificultar su financiación del conflicto.

Era uno de los resultados que los líderes de las instituciones comunitarias querían mostrar como resultado de su apoyo inquebrantable durante su visita este martes a Kiev, pero el lunes los ministros de Exteriores comunitarios, tras semanas de negociaciones en el Consejo, tampoco lograron la unanimidad necesaria para sacar adelante el paquete por el veto de Hungría y Eslovaquia.

El paquete de medidas restrictivas que la Comisión Europea había propuesto el pasado 6 de febrero abarcaba un veto completo de los servicios marítimos a los petroleros rusos, sanciones a más empresas del sector energético y a más bancos rusos, así como disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen a Rusia.

Orbán ha justificado su veto a las sanciones y al crédito a Ucrania en que este país ha cortado el suministro del petróleo ruso, del que Hungría es muy dependiente, a través del oleoducto Druzhba, y asegura que no aprobará ninguna de las medidas hasta que Kiev cese en su "chantaje político" y reabra el transporte de crudo. El Gobierno húngaro ha activado las reservas de emergencia y, en represalia, ha cortado el envío de diésel a Ucrania.

El Ejecutivo de Orbán siempre ha defendido que las sanciones contra Moscú no funcionan y dañan a la UE, y ha amenazado varias veces con bloquearlas para lograr que Bruselas libere fondos comunitarios destinados a su país pero retenidos por el incumplimiento de las normas comunitarias y sus ataques al Estado de Derecho.

Con todo, Hungría ha aprobado hasta ahora todas las sanciones e incluso había recurrido a la estrategia de abandonar la sala para permitir que los socios aprobasen un crédito anterior a Ucrania.

En la recta final hacia las elecciones de abril, Orbán ha intensificado su mensaje de que si pierde, como apuntan los sondeos, su país será arrastrado a una guerra que, opina, la UE y Ucrania quieren alargar.

El 26 de febrero de 2022, dos días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, en el influyente canal de YouTube de izquierdas Partizán, el candidato de la oposición unida contra Viktor Orbán, Péter Márki-Zay, se posiciona: “En el marco de la OTAN, Hungría puede proporcionar la asistencia necesaria a Ucrania […]. Incluso en el ámbito militar, si la OTAN así lo decide, pero por ahora no se plantea”.

El Fidesz, sacudido por la agresión de su aliado Vladimir Putin, aprovecha la ocasión para presentarse como el partido de la paz frente a los belicistas que arrastrarían al país a la espiral de la guerra. El argumento da en el blanco y el desafortunado Márki-Zay solo tiene derecho a sus cinco minutos reglamentarios en la televisión pública para desmentirlo. Unas semanas más tarde, en las elecciones legislativas, será aplastado, con un 34% frente a un 54%, a pesar de la difícil situación económica y de una inflación ya elevada.

Cuatro años más tarde, a las puertas de las elecciones legislativas del próximo 12 de abril, sigue utilizándose la retórica de la paz, pero el poder ha añadido una cuerda más a su arco. A principios del otoño pasado, Index, medio de comunicación independiente de referencia hasta su “orbanización” en 2020, reveló que “el partido Tisza [el Partido Respeto y Libertad de Péter Magyar, ndr] prepara una subida brutal del impuesto sobre la renta”. Se basaba en la misteriosa filtración de un documento del partido... que resultó ser falso.

Para difundir esa información falsa, se despliegan grandes medios. La agencia de comunicación en el centro de la campaña del Fidesz, el “Movimiento de Resistencia”, cubre el país con grandes carteles: “¿Y a ti, cuánto te quitaría de impuestos Tisza?”. Estos carteles incluyen un código QR que remite a una página web ad hoc, en la que cualquiera puede introducir su salario y descubrir la supuesta pérdida de ingresos si el poder cambiara de manos.

Dado que Fidesz tiene a su servicio los recursos del Estado, las cosas no se quedan ahí. El 1 de octubre, el Gobierno lanza otra “consulta nacional”, titulada “¡Protesta contra el aumento de los impuestos!” y encarga a su empresa favorita la impresión de 7,8 millones de ejemplares. Así puede esgrimir los 1,6 millones de respuestas —recogidas únicamente entre sus partidarios— como expresión de la voluntad popular.

“Los húngaros rechazan la austeridad de la izquierda, no quieren que su dinero se envíe a Ucrania y no quieren subidas de impuestos debido a los planes bélicos de Bruselas. La opinión del pueblo húngaro es vinculante para el Gobierno húngaro”, dice el Gobierno. El coste de este falso plebiscito es de 37 millones de euros de dinero público. En total, las quince consultas nacionales organizadas desde 2011 han costado a los contribuyentes 372 millones de euros, según los cálculos del medio de comunicación 24.hu.

Para que incluso las personas que escapan al bombardeo informativo en las calles y en los medios de comunicación públicos se queden con el mensaje del Gobierno grabado a fuego, el Fidesz ha decidido imprimir y distribuir en todos los hogares un número especial gratuito del tabloide Bors.

Así, al acercarse las fiestas de fin de año, los 4,1 millones de hogares húngaros reciben gratuitamente el periódico sensacionalista que promete revelar “lo que realmente contiene el paquete Tisza”. Dieciséis angustiosas páginas revelan cómo la oposición está tramando un vasto plan de austeridad que arruinará al país y vaciará los bolsillos de los ciudadanos.

Pero eso es totalmente ilegal. El tribunal metropolitano de Budapest había prohibido, de forma inesperada, la difusión de ese panfleto, una decisión que el poder ha ignorado. A posteriori, el 14 de enero, el mismo tribunal dictaminó en primera instancia que el documento filtrado sobre los supuestos planes económicos de Tisza, en el que se basa toda la maniobra, no puede en ningún caso vincularse al partido.

“Mentiras descaradas impresas en 4 millones de ejemplares y distribuidas por todo el país a costa del contribuyente”, resumió Péter Magyar, el extecnócrata del Fidesz que se ha erigido en hombre providencial contra el poder y lidera las encuestas a dos meses de las elecciones.

Esa operación ilegal de propaganda “no es más que un ejemplo entre muchos otros de la movilización masiva de los recursos del Estado al servicio exclusivo del Fidesz y del uso de fondos públicos para difundir las mentiras del Gobierno”, constata Sándor Léderer, director de la organización anticorrupción K-Monitor. “La propaganda se difunde a través de medios de comunicación privados totalmente dependientes de las subvenciones públicas”.

“El mercado de los medios de comunicación está masivamente alimentado por fondos públicos y la UE no ha hecho nada contra esta completa distorsión del mercado en beneficio del poder”, añade Léderer. Según un estudio realizado por quien fue economista jefe de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, Kai-Uwe Kühn, el Estado ha concedido a los medios de comunicación progubernamentales alrededor de 1.100 millones de euros en subvenciones camufladas como publicidad desde 2015.

Viktor Orbán siempre da la nota, generalmente durante su intervención semanal en la radio pública. Su sistema mediático hegemónico (excepto en Internet) se pone en marcha invitando a la cohorte de expertos procedentes de la miríada de nuevos think tanks vinculados al partido. A continuación, el Gobierno lanza una campaña publicitaria (carteles en la calle, anuncios en la radio, la televisión e Internet) a la que se suman sus organizaciones satélites.

“Los mensajes del Estado y del Fidesz están tan entrelazados que la gente ya no es capaz de distinguirlos”, constata Sándor Léderer. La organización K-Monitor, que él dirige, impugna ante los tribunales los cientos de millones de euros que gasta el Estado para alabar los logros del Fidesz y denigrar a sus adversarios. Un ejemplo de ello es la campaña que proclama que el Gobierno protege la decimotercera mensualidad de las pensiones frente a los ataques conjuntos de la UE y la oposición húngara, a pesar de las negativas públicas de estas últimas.

Así es como el Fidesz se presenta ante los dos millones de jubilados, el sector social más afectado por la fuerte inflación, pero también el más permeable a la desinformación. Constituye el último bastión de su electorado y el principal objetivo de su campaña.

Nadie sabe con certeza de qué presupuesto dispone la Oficina Nacional de Comunicaciones (NKOH), que centraliza la comunicación del Estado bajo la autoridad del gabinete del primer ministro. Transparency International ha calculado que se han adjudicado contratos públicos por valor de 900 millones de euros durante tres años, de 2021 a 2024, a un puñado de empresas afines. El Tribunal de Cuentas mantiene la opacidad y los datos son muy fragmentarios para ilustrar la desigualdad de recursos y medios empleados entre Fidesz y sus competidores.

Sobre el terreno, es sorprendente la asimetría entre un Fidesz visualmente omnipresente y una oposición ausente. Según las ONG K-Monitor, Political Capital y Transparency International, en el mes anterior a las últimas elecciones, en 2022, Fidesz gastó ocho veces más que la oposición en carteles y ocupó el 84% de los soportes en el espacio público, totalmente saturado.

Ante tal apisonadora, el partido Tisza solo puede contar con los ingresos generados por las donaciones de particulares y el merchandising, es decir, 8,3 millones de euros en 2025. Según los informes financieros de los partidos, en 2024, Fidesz obtuvo unos ingresos siete veces superiores a los de Tisza. Pero esto es solo la punta del iceberg, ya que todas las fronteras entre el Estado, el partido en el poder y sus oligarcas, a quienes Fidesz externaliza gran parte de su campaña, son difusas.

En 2022, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) señaló “el sesgo mediático y la opacidad de la financiación de la campaña” y “la omnipresente superposición de los mensajes del Gobierno y de la coalición en el poder, que ha difuminado la frontera entre el Estado y el partido”. Cuatro años después, la situación ha empeorado aún más y enfrentarse al Fidesz equivale a correr una carrera de cien metros con una desventaja de entre diez y treinta metros en la salida.

Viktor Orbán es uno de los políticos europeos mimados por la Administración Trump, que desea explícitamente tratar con gobiernos ideológicamente alineados del Viejo Continente.

La visita del secretario de Estado Marco Rubio a Budapest la noche del domingo 15 de febrero se inscribe en este apoyo a largo plazo al primer ministro húngaro. Según un responsable del Departamento de Estado, que habló desde el anonimato, este católico practicante asistió inmediatamente a una misa en la famosa basílica de San Esteban, sin presencia de la prensa. Marco Rubio procedía de Bratislava, donde se reunió con el primer ministro eslovaco Robert Fico, otro líder nacionalista y conservador cercano a Donald Trump. Tenía previsto reunirse con el ejecutivo húngaro en la mañana del lunes 16 de febrero antes de volver a Washington

La elección de estos dos países de Europa Central completa el mensaje enviado por el secretario de Estado en la Conferencia de Múnich sobre Seguridad. En un discurso pronunciado el sábado, Marco Rubio pidió a los europeos que defendieran la civilización occidental, amenazada, entre otras cosas, según la administración Trump, por la inmigración masiva.

El domingo, el opositor de Viktor Orbán, Péter Magyar, celebró un mitin en la capital del país. Criticó duramente el balance económico del poder y prometió luchar contra la corrupción. Si sale elegido, su partido garantizará la “total transparencia de los contratos relacionados con los fondos públicos” y aseguró que “recuperará” todo lo que Hungría “ha perdido durante dieciséis años”.

Traducción de Miguel López

El 11 de febrero de 2023, el llamado “Día del Honor” en Budapest derivó en enfrentamientos violentos que han desencadenado procesamientos judiciales en varios países europeos. El evento neonazi, que conmemora el intento de ruptura del asedio soviético de 1945 por parte de las tropas de Hitler y colaboracionistas húngaros, se ha convertido en el epicentro de un debate sobre los límites del antifascismo militante y las garantías procesales en la Hungría de Viktor Orbán.

A pesar de —o debido a— su carácter abiertamente ultra, el Gobierno de Orbán ha mostrado una permisividad notable con el evento. Aunque el Tribunal Supremo húngaro prohibió la marcha en 2022, la decisión fue posteriormente revertida. El “Día del Honor” atrae anualmente a miles de simpatizantes de extrema derecha de toda Europa, entre ellos miembros de organizaciones neonazis como Blood & Honour, catalogada como terrorista en varios países. 

El evento incluye una marcha de 60 kilómetros donde participantes exhiben simbología nazi y visten uniformes de las SS —proporcionados por el Museo de Historia Militar de Hungría, dependiente del Ministerio de Defensa—, una práctica que la Comisión Europea ha denunciado como incompatible con los valores fundamentales de la UE.

Las agresiones de 2023

Entre el 9 y el 11 de febrero de 2023, un grupo de activistas antifascistas procedentes de varios países europeos se movilizó para boicotear el evento neonazi. Según las autoridades húngaras, nueve personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, con lesiones que incluyeron fracturas de cráneo. Los agresores utilizaron armas como porras extensibles y martillos, según la Fiscalía húngara.

Las autoridades húngaras iniciaron una investigación que identificó a 18 sospechosos, acusados de formar parte de una organización criminal y de causar lesiones graves. El caso, conocido como “Budapest Complex”, se ha convertido en una operación de alcance europeo.

El rostro más visible del caso Budapest Complex es Ilaria Salis, una profesora italiana detenida el 11 de febrero de 2023 acusada de causar “lesiones que podrían poner en peligro la vida” de tres militantes neonazis.

El caso de Salis saltó a la opinión pública internacional en enero de 2024 cuando fue fotografiada compareciendo ante el tribunal encadenada de pies y manos, una práctica prohibida por las conocidas como “reglas Mandela” que establece la ONU para el tratamiento de reclusos.

Las imágenes provocaron una controversia internacional, con organismos como el Comité Económico y Social Europeo o la Confederación Europea de Sindicatos calificando las condiciones de detención como “degradantes e inhumanas”. Salis permaneció 15 meses en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, desde donde describió a través de cartas las celdas angostas, ratas, cucarachas y la comida podrida. En mayo de 2024 pasó a arresto domiciliario en Budapest bajo fianza de 40.000 euros, en una vista en la que el juez leyó en voz alta su dirección, que rápidamente fue divulgada por portales de extrema derecha.

Su liberación definitiva llegó en junio de 2024, tras obtener más de 175.000 votos en las elecciones europeas como candidata de Alianza Verdes e Izquierda. La inmunidad parlamentaria adquirida tras los comicios obligó a las autoridades húngaras a liberarla y permitir su regreso a Italia.

El Gobierno de Hungría solicitó posteriormente la revocación de su inmunidad, una petición que el Parlamento Europeo rechazó en octubre de 2025 por un solo voto de diferencia: 306 contra 305. El Partido Popular Europeo decidió votar a favor de los intereses de Orbán —aunque varios diputados rompieron la disciplina de voto— a pesar de que la Comisión de Asuntos Jurídicos había recomendado mantener la inmunidad tras determinar la existencia de indicios de persecución política por parte del Gobierno húngaro. 

El caso más controvertido es el de Maja T., activista antifascista de origen alemán de 24 años y género no binario. Su detención tuvo lugar en Berlín en diciembre de 2023 y su extradición a Hungría se produjo en 2024.

El Tribunal Constitucional alemán dictaminó que la extradición era ilegal pero la resolución llegó después de haberse ejecutado la orden de traslado. El tribunal se refirió expresamente a “condiciones de higiene inadecuadas, falta de acceso a agua caliente, chinches, alimentación escasa y de mala calidad, temperaturas extremas e deficiente iluminación y ventilación, violencia contra los reclusos y deficiencias en el Estado de derecho”.

Durante su detención en Hungría, Maja inició una huelga de hambre de 40 días en protesta por las condiciones carcelarias, que incluían régimen de confinamiento —debido a su género no binario, según denunció su familia—, videovigilancia las 24 horas del día, y el uso permanente de esposas fuera de la celda. Seis guardias de la prisión desnudaron a la fuerza a Maja, según su comparecencia judicial, en una experiencia que calificó de “degradante e inhumana”. El Ministerio del Interior húngaro respondió afirmando que por "su actitud y su sonrisa" se podía concluir que provocaba deliberadamente a los guardias.

El pasado 4 de febrero, Maja recibió una condena a ocho años de prisión. La Fiscalía había solicitado 24 años. Su abogado defensor describió las grabaciones de vídeo de las cámaras de seguridad como “completamente inadmisibles como prueba”, argumentando que en las imágenes Maja “pasa, se da la vuelta y abandona la escena. Ni tiene una porra, ni ataca ni golpea a nadie”. 

A pesar de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de su extradición, el Ministro del Interior alemán ha respaldado la condena, subrayando que Maja T. “pertenece a un grupo de extrema izquierda que atacó a otras personas con armas”. 

“Se produjeron lesiones corporales gravísimas. Una persona sufrió una fractura de cráneo. Eso debe llevar a una condena”, aseguró el ministro, que también defendió que no hay “nada que objetar a que el procedimiento y la posterior sentencia se hayan llevado a cabo en Hungría”. 

Alemania ha procesado a varios de sus ciudadanos por los mismos hechos. Hanna S., una estudiante de arte de 29 años, fue arrestada en Núremberg en mayo de 2024 y juzgada en Múnich en lugar de ser extraditada a Hungría.

La Fiscalía alemana inicialmente solicitó nueve años de prisión por tentativa de asesinato. El tribunal finalmente la condenó a cinco años, desestimando el cargo de tentativa de asesinato pero confirmando los cargos de pertenencia a organización criminal y lesiones graves. Su abogado argumentó que nunca se demostró su presencia en Budapest y que los análisis biométricos presentados como prueba "no estaban científicamente validados".

Las organizaciones de derechos humanos han expresado serias dudas sobre las garantías procesales en Hungría. El Tribunal de Apelación de Milán rechazó la extradición de otro activista italiano, Gabriele Marchesi citando “la falta de claridad ofrecida por Budapest sobre la situación en sus prisiones”, y la posibilidad de que recibiera un “trato degradante” y “una condena desproporcionada” si se le juzga en Hungría. Marchesi fue condenado en ausencia a siete años de prisión en el mismo juicio que Maja T. 

La diputada del Parlamento Europeo Martin Schirdewan, que visitó a Maja T. en prisión, declaró que el sistema judicial húngaro ha sido “vaciado por el Gobierno de Orbán” durante sus 15 años en el poder.

El Gobierno húngaro, por su parte, ha designado oficialmente a “Antifa” como organización terrorista, siguiendo el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos. Viktor Orbán acusó directamente a Salis de "apalear a gente pacífica en las calles de Budapest con barras de hierro" durante el debate en el Parlamento Europeo en el que solicitaba anular su inmunidad parlamentaria.

Tres años después de aquella jornada de febrero de 2023, el "Budapest Complex" sigue planteando interrogantes incómodos sobre las garantías procesales en un país miembro de la UE y sobre la capacidad de Europa para defender el estado de derecho en su propio territorio. 

Según sus páginas web, las organizaciones neonazis Légió Hungária y Blood & Honour —esta fue última ilegalizada en España en 2011 y en 2023 se detuvo a 16 integrantes de Combat 18, considerada su brazo armado— tienen previsto realizar sus actos del “Day of Honor” a lo largo de esta semana y la siguiente “en una propiedad privada de algún lugar de Hungría”.   

Para algunos partidos de extrema derecha europeos, como en Alemania o Francia, las amenazas de anexión de Groenlandia han puesto de manifiesto los límites de la adhesión al trumpismo. Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (RN), incluso ha hecho un llamamiento a la Unión Europea (UE) ante las pretensiones de Donald Trump: “La UE no tiene derecho a permanecer en silencio”, declaró, condenando incluso una “lógica de vasallaje” en marcha.

Pero en Europa Central, los mismos partidos llamados “patriotas”, en Polonia y Hungría en particular, no tienen nada que objetar. Por parte rumana, George Simion, candidato presidencial derrotado, apoyado por el bando MAGA (Make America Great Again), se encontraba incluso en Washington con congresistas republicanos cortando un pastel con forma de Groenlandia cubierto con la bandera estadounidense. Se observaron complicidades similares en América Latina tras el secuestro del presidente venezolano en Caracas, el 3 de enero, aplaudido por las derechas radicales de Chile y Argentina.

La solidaridad con la Administración Trump de numerosas fuerzas políticas de todo el mundo no cae del cielo. Del mismo modo que la Casa Blanca se ha convertido en un centro autónomo de producción de propaganda, sus redes promueven su proyecto político y exportan sus conocimientos fuera de Estados Unidos.

Prueba de ello es el coloquio sobre la “libertad de expresión” organizado por el grupo del parlamentario europeo Patriotas por Europa el martes 3 de febrero en Bruselas. Allí estuvieron presentes representantes de The Heritage Foundation, el think tank que está detrás del programa de Donald Trump, pero también el nuevo presidente de extrema derecha de Chile, José Antonio Kast, muy alineado con las posiciones del presidente estadounidense, sin olvidar a los fundamentalistas cristianos antiabortistas.

Ya habíamos visto cómo el clan Trump y la esfera MAGA habían exportado su influencia antidemocrática a Brasilia, en enero de 2023. Mientras tanto, el presidente argentino, Javier Milei, ha cultivado su proximidad ideológica y personal con el círculo más cercano a Trump. No ha perdido tiempo en organizar una versión de los grandes eventos republicanos, las conferencias CPAC (Conservative Political Action Conference), en Buenos Aires.

En Europa, Viktor Orbán ha sacado partido de la misma manera de su alineamiento desde hace tiempo con Donald Trump. En 2025, durante su visita a Washington, consiguió directamente el cierre de la emisión de Radio Free Europe-Radio Liberty en Hungría, por dar voz a su oposición política. Hungría ya ha organizado cinco conferencias CPAC y se ha anunciado una sexta para 2026.

Y eso no es todo. Aunque la extrema derecha alemana y francesa han puesto mala cara por lo de Groenlandia, los vínculos con el movimiento trumpista están ahí. Alternativa para Alemania (AfD) recibió el apoyo de Elon Musk e incluso del vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance, durante su discurso en Múnich en febrero de 2025. La copresidenta de la AfD, Beatrix von Storch, fue recibida en la Casa Blanca en septiembre de 2025, mientras que varios diputados del partido fueron recibidos en el Departamento de Estado.

En Francia, la magistrada Magali Fourcade relató recientemente cómo unos emisarios de Washington se habían puesto en contacto con ella “para buscar elementos que pudieran acreditar la idea de un juicio puramente político [contra Marine Le Pen, ndr] para impedir que se presentara como candidata”, el mismo tipo de manipulación que permitió a Trump volver al poder.

Todos esos partidos se unen bajo la bandera común de la defensa de la "civilización occidental", lema del Instituto Claremont y de la Administración Trump II. Esta cruzada ideológica mundial es reivindicada por el presidente y organizador de la CPAC, Matt Schlapp: “Creemos que la lucha por la libertad y los valores conservadores no se detiene en las fronteras estadounidenses. Por eso hemos exportado las conferencias CPAC al extranjero, para unirnos a los líderes y ciudadanos valientes que se resisten a la peligrosa propagación globalista del autoritarismo, la apertura de fronteras y el marxismo”.

Desde hace algunos años se vienen exportando estas conferencias del Partido Republicano, creadas en 1974. La última tuvo lugar en Polonia en mayo de 2025, entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales. Kristi Noem, responsable de Seguridad Interior (DHS) de la Administración Trump II, acudió a ella para apoyar al candidato ultraconservador Karol Nawrocki.

Otra estructura importante de exportación activa del trumpismo es la del movimiento nacional-conservador (NatCon). Este movimiento, creado por el ideólogo estadounidense-israelí Yoram Hazony, se extendió desde sus inicios por Europa. Sus conferencias son “CPAC para gente inteligente”, dijo Curt Mills, figura destacada del aislacionismo y redactor jefe de la revista The American Conservative, durante la última reunión celebrada en Washington en septiembre de 2025.

Las conferencias CPAC reúnen a activistas, políticos e influencers del Partido Republicano. El movimiento NatCon nació oficialmente en 2019 y fue fundado por Hazony, que acababa de obtener el premio al libro conservador otorgado por la CPAC por su obra La virtud del nacionalismo. Desde entonces, se reúne cada año en Estados Unidos y se ha extendido varias veces por Europa, en Londres, Roma y Bruselas.

Desde la primera reunión del movimiento NatCon, Hungría ocupa un lugar destacado, y Viktor Orbán es el invitado de honor de la primera conferencia en Europa. Los húngaros también están muy presentes en cada conferencia en Estados Unidos, donde destaca especialmente el Instituto del Danubio.

Este instituto acoge desde hace tiempo a investigadores ultraconservadores de Estados Unidos, generosamente remunerados con fondos del Gobierno húngaro, como el ideólogo reaccionario Rod Dreher, investigador residente desde 2021 y cercano a J. D. Vance. Otro tránsfuga estadounidense, el intelectual reaccionario y católico iliberal Gladden Pappin, es presidente del Instituto Húngaro de Asuntos Internacionales.

La Fundación Heritage se sumó al movimiento nacional-conservador en 2022, con la llegada de su nuevo presidente, Kevin Roberts, que desarrolló e institucionalizó los vínculos de su organización con Hungría, en particular a través del Instituto del Danubio, fundamental en el dispositivo de influencia húngaro. Investigadores de ambas instituciones se reunieron cada tres meses durante la Administración Biden. En la Fundación Heritage se considera que Hungría es crucial para amplificar este nuevo “conservadurismo global” que actúa especialmente contra la UE.

Hungría no deja de intensificar los medios e instrumentos para la penetración en Europa de las ideas trumpistas, vinculadas desde el principio a la concepción orbaniana de la "democracia iliberal". En 2022 abrió una delegación en Bruselas del Mathias Corvinus Collegium (MCC), una institución basada en Budapest que acumula las funciones de universidad, editorial y centro de investigación, y sobre todo de diplomacia de influencia. El MCC Bruselas está dirigido por el militante nacionalista británico Frank Furedi, quien reconoce que está financiado por el Estado húngaro.

Furedi reivindica, al igual que Viktor Orbán, llevar a cabo una “guerra cultural” contra lo que él denomina “élites dominantes”. El MCC Bruselas participó, entre otras cosas, en la organización de la conferencia NatCon de Bruselas en abril de 2024 y también colabora con la Fundación Heritage. A su lado se encuentran otras organizaciones europeas vinculadas a la extrema derecha, como el think tank Disenso, vinculado al partido español Vox, o Nazione Futura, cercano al partido Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni.

En diciembre, todos esos personajes se reunieron en Bruselas durante dos días para librar una "batalla por el alma de Europa", con ponentes como Balász Orbán, exasesor de Orbán (sin relación familiar) y habitual de las NatCons en Estados Unidos; Patrick Deneen, líder de los católicos iliberales; o Matthieu Bock-Côté. Por parte francesa, entre los participantes se encontraban los dirigentes de la Agrupación Nacional (RN) Thierry Mariani y Fabrice Leggeri.

A diferencia de las conferencias NatCons, la exportación de las CPAC se basa en un modelo de franquicia. Las CPAC organizadas en Hungría, pero también en México, Brasil, Argentina, Japón, Corea y Australia tienen cada una su propia dinámica, organizador y plataformas de difusión. Su internacionalización es un fenómeno más reciente y responde sobre todo a las demandas de gobiernos o partidos extranjeros.

Al igual que el trumpismo, se caracterizan por su voluntad de producir espectáculo con el lanzamiento de eslóganes (Make the World Great Again en la CPAC de Buenos Aires de diciembre de 2024) o la creación de efectos mediáticos (el saludo nazi de Bannon durante la CPAC 2025 en Washington). Ahora forman parte de la estrategia de comunicación del movimiento MAGA: producir contenidos impactantes con la esperanza de que sean retomados y comentados por los medios de comunicación tradicionales, y así ocupar el espacio informativo.

Los NatCons, por su parte, se inscriben en la tradición estadounidense de debate entre intelectuales, académicos, think tanks y asesores políticos, a los que ahora se suma la categoría más reciente de influencers. Se supone que aportan un barniz intelectual o, en cualquier caso, una ideología más construida, capaz de cimentar movimientos políticos dispares e incluso contradictorios reunidos en torno a algunas luchas comunes: la lucha contra el “wokismo”, la “defensa de la civilización occidental” o la “libertad de expresión”.

Detrás de esta doble internacionalización se esconde la voluntad de exportar las guerras culturales estadounidenses al espacio occidental y a Europa en particular. Para la Administración Trump, estrechamente vinculada a ellas, se trata de compartir una “receta”, una teoría de la victoria electoral que ha tenido tanto éxito en Estados Unidos, pero a costa del deterioro del debate público, de un modelo que premia el extremismo y de una guerra civil informativa permanente sobre la realidad misma.

Traducción de Miguel López

El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, considerado cercano al primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, convocó este martes las elecciones parlamentarias del país centroeuropeo para el próximo 12 de abril, según recoge EFE.

En un mensaje publicado en su página de Facebook, el mandatario magiar señaló que "uno de los pilares fundamentales de la democracia es el derecho a la libre elección".

"Animo a todos a ejercerlo", dijo Sulyok sobre estos comicios, que, según las últimas encuestas, podrían poner fin a 16 años de gobierno del partido conservador populista Fidesz a manos de la formación opositora Tisza (Respeto y Libertad).

El partido opositor, que forma parte del Partido Popular Europeo (PPE), está liderado por Peter Magyar, un antiguo militante de Fidesz y exmarido de Judit Varga, quien fue durante años ministra de Justicia en el gabinete de Orbán. El partido de Magyar lidera claramente las encuestas con una ventaja de entre cinco y ocho puntos porcentuales sobre Fidesz desde hace más de un año. No obstante, los analistas locales llaman a la cautela a la hora de interpretar estos pronósticos.

El sondeo más reciente, publicado por el Instituto Idea, predice una victoria de Tisza con el 47% de los votos, frente al 39% que obtendría Fidesz.

Sin embargo, el sistema electoral húngaro, según el cual 106 de los 199 escaños se eligen de forma directa y 93 de forma proporcional mediante listas nacionales, ha sido reformado en los últimos años a medida, y según los críticos, en beneficio del Fidesz.

Orbán gobierna con mayoría de dos tercios en el Parlamento tras ganar cuatro elecciones consecutivas desde 2010. En los últimos comicios de 2022, Fidesz, junto con un socio minoritario de extrema derecha, obtuvo más del 54% de los votos, lo que le dio 135 de los 199 escaños en la Cámara.

España inaugura el 2026 bajo una atmósfera de movilización política constante. Aunque el Gobierno descarta un adelanto de las elecciones generales en casi todas sus intervenciones públicas, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, y algunos socialistas como el exministro Jordi Sevilla, han decidido convertir el calendario autonómico en una suerte de plebiscito nacional. 

El año arranca con las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero, una cita que el presidente popular Jorge Azcón decidió adelantar tras la ruptura de sus pactos presupuestarios y que servirá para medir la capacidad de la izquierda de cara a 2027. Le seguirá Castilla y León el 15 de marzo, donde Alfonso Fernández Mañueco (PP) busca consolidar un liderazgo que en la pasada legislatura dependió críticamente de las alianzas a su derecha. 

Finalmente, en junio, Andalucía cerrará presumiblemente este ciclo regional en el que Juan Manuel Moreno Bonilla se juega la hegemonía de su modelo de autodenominado "centrismo moderado" del PP en la comunidad más poblada del país. Todo esto ocurre bajo la presión mediática de la derecha, que insiste en reclamar un adelanto de las generales que el Ejecutivo, de momento, descarta por completo.

Mientras tanto, la actividad electoral en la Unión Europea no da tregua. El próximo 18 de enero, Portugal celebrará elecciones presidenciales en un escenario de fragmentación inédito. Tras el final del mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, los sondeos muestran un empate técnico en la segunda posición entre la ultraderecha y el Partido Socialista que refleja la polarización del país. Según la última encuesta publicada por Pitagórica, el mejor posicionado es el conservador Luís Marques Mendes, que con el socialista António José Seguro y el ultraderechista André Ventura se disputarán el paso a una segunda vuelta en la que, por primera vez, la extrema derecha tiene opciones reales de alcanzar la jefatura del Estado.

Suecia acudirá a las urnas parlamentarias el 13 de septiembre. El país vive un momento de cambio tras años de hegemonía de la derecha apoyada por los ultras de los Demócratas de Suecia. Las proyecciones actuales del instituto PolitPro, basadas en el histórico de encuestas de los últimos meses, sitúan a la socialdemocracia de Magdalena Andersson en una posición de ventaja clara en torno al 35%, lo que podría suponer el regreso de un gobierno progresista en una de las democracias más simbólicas del continente.

Sin embargo, el duelo más importante de la democracia europea este 2026 tendrá lugar en Hungría durante el mes de abril. Tras 16 años de control férreo del sistema por parte de Viktor Orbán, el líder ultraderechista se enfrenta a su mayor crisis de popularidad. La irrupción de Péter Magyar —exmiembro de Fidesz, la formación de Orbán— y de su partido Tisza, encuadrado en el Partido Popular Europeo, ha provocado un vuelco demoscópico que podría terminar con su mandato. 

De acuerdo con el sondeo de Publicus para el medio Népszava, la oposición liderada por Magyar ha logrado superar a Orbán en intención de voto, capitalizando el hartazgo por la inflación y la corrupción. Bruselas observa estos comicios con una mezcla de esperanza y cautela, conscientes de que una derrota de Orbán no solo cambiaría el destino de Hungría, sino que eliminaría uno de los principales obstáculos internos para muchas políticas de la Unión Europea, y al dirigente europeo que más cómodo se siente hablando y negociando con Putin. 

El calendario se completa con las elecciones parlamentarias en Eslovenia  (marzo), donde el bloque liberal trata de consolidar sus reformas frente al populismo conservador, y en Chipre (mayo), además de las elecciones en Letonia el 3 de octubre. Cada una de estas votaciones aportará una pieza más al complejo puzzle de un Consejo Europeo que, este 2026, decidirá si continúa profundizando en su cohesión o si cede definitivamente ante el empuje de las fuerzas soberanistas.

“La propaganda es a una democracia lo que la cachiporra a un Estado totalitario”, escribía el filósofo Noam Chomsky en Cómo nos venden la moto. Es bien conocido el interés que tienen distintos gobiernos en influir en los medios de comunicación y, desde el regreso al poder de Viktor Orbán en 2010, Hungría se ha vuelto un caso representativo de esta estrategia. La noticia de la compra del tabloide Blikk por parte de un grupo empresarial cercano al primer ministro ha generado un intenso debate en la opinión pública. La operación se produce a solo cinco meses de las elecciones parlamentarias, en las que los sondeos auguran unos resultados reñidos entre Orbán y su principal rival, Péter Magyar.

El líder húngaro fue primer ministro entre 1998 y 2002, pero no ha sido hasta su segundo mandato –que cumplirá 16 años este 2026–, cuando Orbán y su partido Fidesz han ido construyendo un ecosistema de medios afines a través de la actividad legislativa. En 2010, el Országház (Parlamento húngaro) aprobó la controvertida ley de medios de comunicación que permite al Gobierno sancionar económicamente a los medios por contenidos “contrarios al interés público”. Este año, la Comisión Europea exigió al país que no aprobase la nueva ley de transparencia, que sigue en trámite y que limitaría la financiación extranjera a medios y ONG. Es más, Reporteros Sin Fronteras (RSF) estima que el 80% de la prensa húngara se encuentra bajo la órbita gubernamental y considera a Orbán un “depredador de la libertad de expresión”.

El pasado 31 de octubre, se conocía que el grupo de comunicación suizo Ringier había vendido su filial húngara a Indamedia Network. Esta operación afectaba a 18 medios online, uno de ellos era Blikk, el tabloide más leído en Hungría con tres millones de lectores mensuales en un país que no alcanza los 10 millones de habitantes. La compra se vio envuelta en polémica porque el 50% del capital de Indamedia pertenece a Miklos Vaszily, un empresario vinculado a Orbán y director ejecutivo del canal privado TV2, también favorable al primer ministro. De hecho, ya cuando Vaszily se incorporó como accionista del grupo en 2020 provocó la dimisión en bloque de la plantilla del portal de noticias Index, cuya línea editorial ha virado hacia una postura progubernamental.

Algo parecido ha ocurrido en Blikk: su redactor jefe, Ivan Nagy, dimitió la semana pasada. En su salida también comunicó la de Peter Szigeti, responsable del desarrollo de contenidos del diario. "Si un medio de comunicación en Hungría está cerca del Gobierno hoy en día, se convierte en parte de la comunicación gubernamental de alguna forma", afirmó Nagy en una entrevista para el periódico HVG. “Estamos a solo cinco meses de las elecciones, por lo que resulta difícil suponer que la intención política esté completamente ausente”, explicó el periodista sobre las razones detrás de la venta.

“Creo que [Ringier] recibió una oferta buenísima y simplemente quiso maximizar sus ganancias. No le importó las consecuencias”, comenta a infoLibre Ágnes Urbán, directora del observatorio Mérték Media Monitor. La experta describe al lector objetivo de Blikk como uno que no está “especialmente interesado en noticias políticas” ni uno que “busca activamente información sobre asuntos públicos”. Sin embargo, destaca que este sector demográfico es “muy importante” de cara a las elecciones parlamentarias del próximo abril.

El resultado de estos comicios podría producir un cambio de gobierno. A día de hoy, las encuestas electorales dan una ventaja de casi 10 puntos –con el 45% del voto– a la formación Tisza sobre el partido gobernante. Tisza empezó a ganar popularidad cuando en 2024 se unió a sus filas el político y eurodiputado Péter Magyar, exmiembro de Fidesz. En las redes sociales de Magyar es frecuente encontrar menciones a los medios afines al primer ministro húngaro. De hecho, ha llegado a describir a Index –propiedad del nuevo dueño de Blikk– como “el medio de propaganda personal de Viktor Orbán”.

En 2010, el mercado de la prensa escrita húngara estaba dominado por tres empresas extranjeras: la alemana Axel Springer, la finlandesa Sanoma y el grupo suizo Ringier. Sin embargo, las dos primeras terminaron vendiendo sus propiedades a inversores locales, “principalmente empresarios vinculados al Gobierno”, señala Urbán. “Solo Central Media, la antigua cartera de Sanoma, tiene un propietario independiente”, añade la experta. Ringier, la última compañía extranjera que quedaba en este mercado mediático, también se ha marchado del país.

Con la progresiva salida de estas corporaciones extranjeras, el ecosistema mediático en Hungría se ha ido concentrando alrededor de la fundación KESMA (Fundación de Prensa y Medios de Europa Central, por sus siglas en húngaro), que aglutina cerca de 500 medios del país, según RSF. Su creación por parte del Gobierno nacional en 2018 no estuvo exenta de crítica por parte de organizaciones como la Federación Europea de Periodistas, que calificó la operación como una “amenaza al pluralismo”. La capacidad de KESMA se extiende a otros espacios como el control de las grandes imprentas. Mientras, el semanario Magyar Hang, que mantiene una posición crítica con el Gobierno, tiene que imprimir en Eslovaquia porque no ha encontrado ninguna imprenta húngara dispuesta a hacerlo.

“Hoy en día, [la esfera pública húngara] se caracteriza por la intervención en el mercado”, explica Urbán en un artículo publicado por la Universidad Corvinus. Según la analista, la institución del Consejo de Medios, encargada de autorizar las fusiones empresariales del sector, ha permitido operaciones de grupos progubernamentales, pero ha sido más “selectiva” con otras fusiones. Es el caso de la de Axel Springer y Ringier en 2011, que fue rechazada.

La publicidad estatal, que creció durante el segundo mandato de Orbán, también se ha convertido en una herramienta para influir en el mercado de la comunicación. El observatorio Mérték Media Monitor hizo una comparación con medios de audiencia y tamaño similares, pero con líneas editoriales distintas; concluyendo que se le suele conceder la publicidad al medio más próximo al Gobierno. Existen dos reclamaciones interpuestas ante la Comisión Europea por este tema, aún sin resolver.

En cuanto a la seguridad de los periodistas, en 2021 se supo que el Gobierno húngaro había espiado a 300 personas, entre ellas periodistas y opositores, a través del programa Pegasus. Además, RSF señala “campañas de descrédito y denigración” hacia los medios, especialmente en internet. El propio Orbán suele vincular a los periodistas críticos con el filántropo húngaro-estadounidense George Soros.

Preguntada por la situación de los medios independientes en el país, Urbán afirma que “se mantienen activos, innovadores y resilientes. Sus modelos de negocio se basan en gran medida en donaciones, suscripciones y, en parte, en subvenciones internacionales”. El semanario HVG, la cadena de televisión RTL Club o el digital 24.hu son algunos de estos medios.

No obstante, la situación mediática es un espejo del ambiente polarizado que divide a la ciudadanía húngara. “Los votantes de Fidesz consumen principalmente medios afines al Gobierno y confían en ellos, mientras que los votantes de la oposición consumen, sobre todo, medios independientes”, explica Urbán. Esta experta concluye afirmando que la problemática del periodismo húngaro será uno de los temas centrales de la próxima campaña electoral.

Con una amplia sonrisa y voz algo emocionada, Viktor Orbán acudió el viernes 17 de octubre al programa “Bonjour la Hongrie” para hacer un gran anuncio a los oyentes de la radio pública Kossuth: la capital húngara acogería una “cumbre de paz” con Donald Trump y Vladimir Putin.

¿Por qué Budapest? “Porque es el mejor lugar... Porque es la isla de la paz”, comentó el primer ministro, quien desarrolló su idea durante una entrevista de media hora: “Llevamos tres años defendiendo abierta y ruidosamente la paz. Por eso Hungría era el único lugar de Europa donde hoy podía celebrarse un encuentro entre Trump y Putin”.

El anuncio llegó en el momento oportuno para dar cuerpo a los eslóganes de su campaña para las elecciones legislativas del 12 de abril de 2026, que no acaba de despegar: Hungría es “la isla de la paz” frente al “bando de la guerra”, es decir, Ucrania y Volodímir Zelensky como responsables del conflicto, “Bruselas” (la Unión Europea) y sus “planes belicistas”, contra los que se ha cursado una petición, y su objetivo final, su principal oponente, Péter Magyar, su marioneta.

Pero, catapum, todo se vino abajo. Ante la falta de apertura de Rusia, Trump dio un giro de 180 grados y la idea de una cumbre en Budapest se pospuso, si no se abandonó por completo. No habrá eje Washington-Moscú pasando por Budapest, ni triunfo personal para Viktor Orbán, ni gesto de desprecio a la Unión Europea (UE). La narrativa quedó hecha trizas.

El líder magiar identificó la amenaza tan pronto como estalló la guerra a gran escala en Ucrania. El mismo día de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, su Gobierno “condenó la intervención militar rusa”, pero dejó claro que “Hungría no debía verse arrastrada a ese conflicto militar. Desplegar personal militar o enviar material militar a Ucrania [estaba] fuera de cuestión”.

En los días siguientes, Viktor Orbán defendió una posición de neutralidad, argumentando que Hungría y Europa Central debían rechazar a toda costa la lógica de los bloques, so pena de volver a ser los perdedores de la historia, como durante la Guerra Fría. Una apuesta arriesgada que se ha vuelto peligrosa para Hungría, que intenta liberarse de cualquier restricción internacional y reivindica una autonomía estratégica total, a pesar de su pertenencia a la UE y a la OTAN.

¿Cómo seguir jugando a dos bandas, asegurándose de que Rusia siga suministrando gas y petróleo, y construir dos nuevos reactores nucleares en la central de Paks?

Hungría, con 9,6 millones de habitantes, sigue dependiendo de la energía fósil rusa. Casi todo su consumo de gas y petróleo les llega a través del oleoducto Druzhba (que significa amistad) y el gasoducto TurkStream, que rodea Ucrania pasando por el mar Negro y los Balcanes (una burla de Rusia y sus aliados a la UE). A finales de 2022, Hungría consiguió una exención del embargo sobre el petróleo ruso transportado por tierra.

Bajo la presión de Washington, no de la UE, Budapest accedió a diversificar ligeramente sus importaciones de gas, firmando este otoño contratos con la británica Shell y, posteriormente, con la francesa Engie, que representarán el 10% de sus importaciones.

Pero el 22 de octubre, Estados Unidos asestó un golpe más duro al decretar sanciones contra los gigantes petroleros rusos Lukoil y Rosneft. Esas sanciones afectarán a la petrolera húngara MOL, una de las mayores empresas de Europa Central, que obtuvo enormes beneficios durante los dos primeros años de la guerra (2022-2023) al procesar crudo siberiano en la refinería de Százhalombatta.

Tres semanas después de haber esperado una cumbre en Budapest, Orbán se ha visto obligado a ir a Washington, donde llegó el viernes 7 de noviembre, para pedir una exención a esas sanciones. Trump ha descartado esa hipótesis con su habitual estilo incoherente: “Ha pedido una exención, pero no se la concedimos, ni una sola. Es mi amigo, sí, y ha pedido una exención.”

El líder húngaro tenía que convencer al presidente americano de que el aislamiento de Hungría la obliga a importar petróleo de Rusia. Un argumento refutado por los expertos, según los cuales la ruta marítima del Adriático y Croacia ofrece una alternativa que solo supondría un ligero sobrecoste, del orden del 5% al 10%. La logística sería más complicada, pero esta opción proporcionaría una mayor seguridad energética a Hungría, que se encuentra más que nunca a merced de un ataque militar contra el oleoducto Druzhba.

Pero es probable que Trump conceda un plazo a su aliado, como hizo con la Serbia de Aleksandar Vučić. El amo de Budapest —”un gran líder, lo apoyamos al 100 %”, declaró Trump en octubre en Egipto— no puede comerse su goulash antes de las elecciones del 12 de abril.

Pero eso no significa que el cielo se vaya a despejar. El Gobierno teme, sobre todo, una ampliación al ámbito nuclear de las sanciones europeas y/o americanas contra Rusia. A diferencia de Finlandia, que rompió un contrato con Rosatom para la construcción de un reactor nuclear debido al estallido de la guerra a gran escala en Ucrania, Hungría no ha renunciado a su proyecto “Paks II”.

Según un acuerdo ruso-húngaro firmado a principios de 2014, Rosatom debe poner en servicio dos nuevos reactores nucleares VVER-1200 en la central de Paks. Se trata de la mayor inversión de la historia reciente de Hungría: 12.500 millones de euros, financiados en un 80 % por un préstamo del Estado ruso.

La empresa francesa Framatome está muy implicada, ya que debe suministrar, en colaboración con la alemana Siemens, los sistemas de mando  y control de los reactores. Además, se ha firmado un contrato para que el combustible nuclear de Framatome sustituya al de Rosatom a partir de 2027.

A finales de septiembre, el Tribunal de Justicia de la UE, al que Austria había recurrido, asestó un duro golpe a ese proyecto, fundamental para la estrategia húngara de pivote entre Oriente y Occidente, al anular la luz verde de la Comisión Europea. “La Comisión debería haber comprobado si la adjudicación directa del contrato de construcción de los dos nuevos reactores a una empresa rusa se ajusta a las normas de la Unión en materia de contratación pública”, justificó.

En Budapest fingen no estar preocupados por esta decisión de la justicia europea. En realidad, en los pasillos del ministerio de Asuntos Exteriores se sabe que las obras están paralizadas y que el proyecto “Paks II” puede incluso haber muerto ya.

Benedek Jávor, eurodiputado ecologista entre 2014 y 2019, que luchó durante años contra ese proyecto nuclear apoyado de forma controvertida y opaca por la Comisión Europea, señala hoy al Gobierno húngaro: “La política energética húngara se ha visto empujada a un callejón sin salida, porque ha convertido ese estúpido proyecto en la piedra angular de su estrategia. Sus errores y mentiras han puesto en peligro la seguridad energética del país”.

“Navegamos bajo pabellón europeo, pero el viento sopla del Este”. Con esta frase, Viktor Orbán lanzó, a principios de la década de 2010, su doctrina de “apertura hacia el Este”, es decir, el reequilibrio geoestratégico de una Hungría que, desde 1990, solo miraba hacia los Estados occidentales. Distanciarse del poder normativo de Occidente y apostar por las potencias euroasiáticas. Una actualización de un poderoso movimiento anti-occidental denominado turanista de principios del siglo XX, que valoraba los orígenes orientales del pueblo magiar.

El periodista y poeta Endre Ady escribió que Hungría era un “país-barca” que cruzaba el río de una orilla a otra según los vientos y sus intereses. Un siglo más tarde, con Orbán, se encuentra un poco perdida en mitad de la travesía.

Traducción de Miguel López

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest para intentar poner fin a la guerra de Ucrania, pero no detalló la fecha exacta.

Será el segundo encuentro entre ambos mandatarios tras el que mantuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska.

Trump hizo este anuncio tras mantener este jueves una llamada con Putin, un día antes de recibir en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania", apuntó el líder estadounidense en su red social, Truth Social.

Según Trump, ambos acordaron también que la próxima semana se celebre "en un lugar por determinar" una reunión de asesores de alto nivel, en la que participará del lado estadounidense el secretario de Estado, Marco Rubio.

El republicano recordó que este viernes se reunirá en el Despacho Oval con Zelenski y avanzó que ambos hablarán de la conversación que mantuvo con Putin "y de mucho más".

"Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante", expresó.

Según Trump, la llamada fue "muy productiva" y Putin lo felicitó "por el gran logro de paz en Oriente Medio", en referencia al acuerdo de alto el fuego en Gaza.

"Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania", subrayó.

Putin también agradeció a la primera dama estadounidense, Melania Trump, por sus gestiones para la reunificación de niños ucranianos con sus familias, aseguró el inquilino de la Casa Blanca.

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles de largo alcance Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Putin.

El Kremlin advirtió este jueves, en víspera de la reunión, que el suministro de Tomahawk a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada".

El húngaro László Krasznahorkai es el Premio Nobel de Literatura 2025 "por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte", informó la Academia Sueca y recoge EFE. 

La academia le define en un comunicado como un "gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos".

También destaca que Krasznahorkai -segundo autor húngaro en ganar el Nobel de Literatura tras Imre Kertész (2002)- ha recurrido a las tradiciones orientales en busca de un estilo más contemplativo y de un tono mesurado.

El resultado son obras inspiradas por las impresiones que recibió y que registró en sus diarios de viajes a China y Japón, textos que en España edita Acantilado.

Su novela Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río (2003), que gira en torno a la búsqueda de un jardín secreto, es definida por la Academia Sueca como una historia misteriosa con potentes pasajes líricos que se desarrolla al sureste de Kioto.

Esa obra sirve de preludio a una serie de 17 historias organizadas siguiendo la secuencia de los números de Fibonacci y que giran en torno al papel de la belleza y la creación artística en medio de un mundo marcado por la ceguera y lo efímero.

Un ambiente rural similar al de su tierra natal se encuentra en su primera novela Satantango (1985).

A su vez, Herscht 07769 (2021) del galardonado ha sido descrita como una gran novela alemana contemporánea, debido a su precisión al retratar el malestar social del país.

Es un libro, escrito en un solo aliento, sobre la violencia y la belleza "imposiblemente" unidas.

Krasznahorkai nació en 1954 en el pequeño pueblo de Gyula, en el sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumanía.