El número de trabajadores en despidos colectivos se disparó un 55,4% hasta junio 2021 respecto al mismo periodo de un año antes, con 7.625 afectados, mientras que la cifra de trabajadores inmersos en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada cayó un 97,4%, hasta los 24.211 empleados, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), según informa Europa Press.

Sumando ambos tipos de ERE, en el acumulado del año, el número total de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas descendió un 96,6% en comparación con el mismo periodo de 2020, hasta sumar 31.836, de los que el 25,4% estaban afectados por procedimientos finalizados por causa de fuerza mayor y el 74,6% lo estaban por procedimientos de regulación por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas. Así, explica que hasta que la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral no disponga de la información, no se podrán actualizar las Principales Series publicadas en la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De los 31.836 trabajadores afectados por ERE en el conjunto de los seis primeros meses del año, un total de 8.091 estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que es un 98,8% inferior a la del mismo periodo del año pasado.

Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 23.745 trabajadores, cifra que supuso un descenso del 91,1%.

Además, 21.467 procedimientos finalizaron con acuerdo en los seis primeros meses de este año (-91,5%), mientras que 2.278 lo hicieron sin acuerdo (-85,7%).

En lo referido solo al mes de junio, se registraron un total de 3.605 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. De estos, 1.858 se vieron afectados por una suspensión de contrato o reducción de jornada y 1.747 estuvieron en un despido colectivo.

Asimismo, ningún trabajador estuvo un procedimiento por causa mayor en este mes y 3.605 se vieron afectados por un ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción). Un total de 3.392 procedimientos finalizaron con acuerdo y 213, sin él.

Más afectados en comercio y construcción

Por sectores, el comercio al por mayor y por menor, reparación vehículos de motor ha sido, un mes más, el más afectado por ERE (15.658), junto a actividades administrativas y servicios auxiliares (5.311), industria manufacturera (3.462), transporte y almacenamiento (2.028) y construcción (1.297). De su lado, el menor número se registró en agricultura, ganadería, etc. (6), actividades inmobiliarias (24) y suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos (30).

Por comunidades autónomas, la que registró hasta junio un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Comunidad de Madrid (7.737), seguida de Cataluña (6.927) y Comunidad Valenciana (3.074).

Tras estas regiones destacan Andalucía (3.049), Baleares (1.498) y Asturias (1.480). Las menores cifras de afectados se dieron en Ceuta y Melilla (13) y La Rioja (106).

La Inspección de Trabajo de Catalunya ha levantado un acta de sanción a la empresa Cabify de 431.275 euros por "cesión ilegal de personas trabajadoras", ha explicado la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat este miércoles en un comunicado, según informa Europa Press.

La propuesta de sanción también afecta a dos empresas transportistas subcontratadas —Lopez Rubio y Proinvertia— con 243.745 euros y a la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) JT Hiring, con 60.000 euros.

La Inspección de Trabajo considera que las dos empresas de transporte suministran "la mano de obra ilegal a Cabify y que la ETT formaliza los contratos de la puesta a disposición fraudulentos".

Como consecuencia, 120 trabajadores "se ven perjudicados" al aplicárseles un convenio inferior al que les correspondería si estuvieran contratados directamente por Cabify, de forma que tienen condiciones económicas, vacaciones y permisos inferiores y menor capacidad de representación sindical y judicial, según el Govern.

Una vez realizada la propuesta de sanción, la Inspección de Trabajo comunicará por carta a todas las personas trabajadoras afectadas por esta "infracción muy grave" que pueden solicitar judicialmente ser contratadas directamente por Cabify.

El pasado día 1 de enero la Imprenta Nacional paró definitivamente sus planchas tras 231 años de historia. Así lo decidió el Gobierno, con la idea de ahorrar 1,5 millones de euros en sueldos. Los primeros 35 trabajadores, de un número inicial de 74, ya han sido trasladados a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), tal como se acordó en un protocolo de integración que acordaron ambos organismos. Es la primera vez que se lleva a cabo un movimiento de personal de este volumen entre dos entidades públicas: una agencia estatal –el BOE, del que depende la imprenta– y una empresa pública –la FNMT–. Y ha resultado un fiasco. Los 35 trabajadores llevan allí desde el día 15, pero no trabajan. Deambulan por la fábrica o pasan las ocho horas de su jornada en el comedor de las instalaciones. Y así seguirán mientras no se les imparta la formación que precisan para adaptarse a la maquinaria de la Casa de la Moneda.

Sus nóminas las sigue pagando el BOE, continúan adscritos al convenio colectivo del BOE y sus salarios no han cambiado. Pero la FNMT no quiere pagar a sus trabajadores por la formación que deben dar a sus nuevos compañeros del BOE y, sin ella, éstos no pueden tocar las máquinas. “Estamos en el limbo”, se quejan a infoLibre. La plantilla de la FNMT lleva un año reclamando que se le pague el adiestramiento específico que imparten a todos los nuevos trabajadores cuando se incorporan, explica Pablo Rodríguez, representante de CCOO en el comité de empresa. Pero las negociaciones no prosperaron y ni siquiera la llegada prevista a fecha fija del numeroso grupo de trabajadores del BOE presionó a favor del acuerdo.

La plantilla de la Casa de la Moneda pide que se le retribuya por el “sobreesfuerzo” de “formar y producir a la vez”. “Tenemos que formar a máquina parada, lo que también supone un impacto en los costes”, expone Pablo Rodríguez. “Con el personal eventual, el adiestramiento no era muy prolongado, pero el que requieren los empleados del BOE, dependiendo de la categoría, puede extenderse desde seis hasta 11 meses”, apunta Fernando Pérez Ruiz, presidente del comité de empresa del BOE.

En ambos lados sindicales no dudan en atribuir el embrollo a la “mala planificación”. Aunque el protocolo de integración se firmó en octubre, sus detalles técnicos no se han elaborado aún, advierte Pablo Rodríguez. Tampoco el plan de formación. En noviembre Hacienda y Presidencia aprobaron un “desarrollo técnico del protocolo”, de sólo tres páginas, en el que establecían las vacaciones, turnos de trabajo y garantías retributivas, pero nada se precisaba sobre el programa de formación y las categorías profesionales, los dos puntos conflictivos del traslado.

Rebaja de categoría profesional

Por su parte, el presidente del comité de empresa del BOE acusa a ambos organismos de incumplir tanto el protocolo de integración como la Disposición Adicional Trigésima Séptima de los Presupuestos Generales del Estado, que garantiza el mantenimiento de los salarios de los trabajadores del BOE y su categoría “de origen”. Como las categorías profesionales en el BOE y en la FNMT son distintas, es necesario hacer un ajuste que rebajará las de los trasladados: los jefes de equipo serán oficiales de segunda y los oficiales de tercera, peones. Continuarán cobrando lo mismo, pero temen terminar realizando funciones que no sean las suyas, según han comentado a este periódico. “Están practicando un espigueo de condiciones laborales”, reprocha Pérez Ruiz, aplicando las condiciones que les convienen y desechando las que les resultan onerosas.

También cree que los trabajadores del BOE están pagando la novatada”, ya que ésta es la primera vez que se traspasa un grupo, en este caso personal laboral fijo, entre dos organismos de la Administración. “Antes sólo se ha hecho con personal sometido al convenio único”, aclara Pérez Ruiz. Curiosamente, los ministerios de Presidencia y de Hacienda, firmantes del protocolo de integración, proponen como ejemplo para el resto de las administraciones el traspaso de plantilla entre el BOE y la Casa de la Moneda. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, recomienda la “movilidad de personal” como un mecanismo que “debería afectar a todo el ámbito de la Administración General del Estado y a todo el sector público estatal”. “Habría que normalizarla y potenciarla”, destaca, “creando mecanismos permanentes de entrada y salida en los distintos organismos”.

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Presidencia no ha contestado a las preguntas que le formuló infoLibre sobre las incidencias del traspaso del personal del BOE.

Una solución antes de 15 días

Pablo Rodríguez achaca a las “complejidades de la Administración” los desajustes del traslado. Según dice, la FNMT y los sindicatos difieren en la interpretación de las cláusulas del protocolo sobre el mantenimiento de las categorías profesionales. Además, critica que la dirección de la Casa de la Moneda no haya convocado a los representantes de los trabajadores, pese a que éstos lo han solicitado. Marcelino Blázquez, de la sección sindical de CCOO en el BOE, apunta también que la Dirección de la Función Pública debe aún aprobar el cambio de categorías. Pérez Ruiz asegura que están pendientes de que el director del BOE, Manuel Tuero Secades, y el presidente de la FNMT, Jaime Sánchez Revenga, firmen un acuerdo de aplicación del protocolo. Este mismo lunes iban a reunirse los dos con motivo del consejo de administración de la Casa de la Moneda, del que es miembro Manuel Tuero. Marcelino Blázquez pone de plazo los próximos 15 días para que se encuentre una salida al limbo en que se ha metido a los trabajadores del BOE. Si la situación se prolonga, los sindicatos amenazan con acudir a los tribunales por el incumplimiento del protocolo de integración.

El representante de CCOO, no obstante, descarta que la extraña situación en que se encuentran los 35 antiguos oficiales de la Imprenta Nacional sea una cesión ilegal de trabajadores. Durante el periodo de formación, que según el protocolo se prolongará como máximo hasta el 31 de diciembre de este año, los 35 empleados del BOE siguen siendo trabajadores de esta agencia estatal, que les paga sus nóminas y les organiza las vacaciones y permisos. No tienen, detalla el protocolo, “relación laboral alguna con la FNMT”. La cesión ilegal se produce cuando una empresa que no es una ETT pone a disposición de otra uno o más trabajadores. Éstos prestan sus servicios en la segunda empresa como si fuesen sus empleados –les organiza tareas y horarios, por ejemplo–, pero la que les paga y les ha contratado es la primera.

El PP ha retirado la enmienda que iba a permitir el despido libre de los trabajadores indefinidos no fijos de las administraciones públicas. Se trata de un grupo de unas 50.000 personas que han conseguido un empleo público después de que la Administración incumpliera la normativa legal en materia de contratación temporal, encadenamiento de contratos temporales o cesión ilegal de trabajadores.

La enmienda la introdujo el Grupo Popular en el Senado en el proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público, la misma que incluye el aforamiento de Juan Carlos I. El PP pretendía añadir tres apartados al artículo 28 del citado proyecto de ley, que a su vez modifica el Estatuto Básico del Empleado Público. Con ese cambio se reducía, si no eliminaba, la figura del “indefinido no fijo”, que fue creada por el Tribunal Supremo, en sentencias de 1996 y 1998, para dar cobertura a los trabajadores que son contratados en fraude de ley por una Administración pública.

En esa situación se encuentran hasta el 50% de las plantillas de algunos ayuntamientos, cientos de investigadores del CSIC y las universidades o quienes hayan ganado sentencias por cesión ilegal de trabajadores en organismos públicos y ministerios a lo largo de los últimos años.

De haber salido adelante la iniciativa, estos empleados públicos habrían podido ser despedidos sin necesidad de acreditar una causa y con una indemnización de sólo ocho a 12 días por año.

CCOO se reunió esta semana con el presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Senado, José Luis Sanz, del PP. UGT también planeaba movilizaciones para protestar por la medida que, a juicio, de los sindicatos garantiza la impunidad de las administraciones que vulneran la legislación laboral. Esta misma tarde el PP ha retirado la enmienda, que iba a votarse en el Senado el próximo 6 de julio. “Tras las conversaciones que hemos mantenido con los sindicatos de la función pública, hemos analizado y aceptado sus sugerencias, así que decidimos retirar la enmienda”, se ha limitado a explicar una portavoz del PP en el Senado, quien no ha precisado los argumentos para el cambio de opinión del grupo.

Sin acreditar causa y con 12 días de indemnización

Hasta ahora, cuando un ayuntamiento, comunidad autónoma o ministerio vulneraba la normativa sobre contratos temporales, el trabajador pasaba a ser considerado indefinido, tal y como ocurre si el infractor es una empresa privada. Pero en las administraciones ese empleado sólo permanece en el puesto hasta que la plaza es cubierta mediante una oposición, regida por los principios de igualdad, mérito y capacidad. O bien hasta que esa plaza es amortizada. Con la reforma laboral, además, el Gobierno permitió a las administraciones públicas recurrir a las causas económicas, organizativas o de producción para despedir a su personal laboral. A cambio de indemnizaciones de 20 días por año trabajado, al igual que en las empresas privadas.

El PP pretendía que las administraciones pudieran amortizar las plazas y despedir a los miles de indefinidos no fijos sin necesidad de acudir a las causas económicas, organizativas o de producción, y concediéndoles las indemnizaciones mínimas, de ocho a 12 días por año de servicio, que el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores reconoce a los contratados temporales.

Sólo podrían salvarse aquéllos cuyos puestos la propia Administración declarase como de “de necesaria cobertura”. Y la enmienda dejaba claro qué empleos no entraban en esa categoría. No sólo “los destinados a cubrir una necesidad temporal”, sino también los incluidos en “un proyecto o prestación específica” o en contratos de externalización de servicios. Además de las llamadas “adscripciones en colaboración social”; es decir, los desempleados que realizan trabajos “en beneficio de la comunidad”, en su mayoría para ayuntamientos. Y, finalmente, los firmados para cumplir las encomiendas de gestión, los encargos que hacen las diferentes administraciones a empresas públicas como Tragsa, Ineco o Isdefe.

Investigadores y cesión ilegal

La enmienda hacía mención específica a los contratados en virtud de proyectos de investigación científica y técnica que se prolonguen durante más de tres años. A ellos no se les aplicaría el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe encadenar contratos temporales durante más de dos años o firmar contratos por obra y servicio de más de tres. Si se superan esos plazos, el trabajador afectado pasa a ser indefinido. El Gobierno, sin embargo, no quería que esa protección beneficiara a los investigadores. Sí la mantenía, en cambio, para los contratados por organismos públicos o agencias estatales –desde el Servicio Público de Empleo hasta la Agencia de Protección de Datos, por citar sólo dos–. Sólo en el CSIC, el número de condenas por superar el límite legal para encadenar contratos temporales llega a las 300. Los contratados temporales alcanzan los 4.500.

En el caso de los trabajadores que accedieron a un puesto de trabajo fijo tras demandar a la Administración en los tribunales, son decenas las sentencias que cada año la condenan por el delito de cesión ilegal. La memoria de la Abogacía del Estado incluye las demandas por este delito entre los “principales asuntos masa”, con múltiples demandantes o juicios repartidos por todo el territorio nacional, a los que debe atender. Se trata de una práctica antigua y habitual de las administraciones: en lugar de aumentar la plantilla de funcionarios, recurren a firmas privadas, que suministran personal para hacer el mismo trabajo que los empleados públicos, en las mismas oficinas y con sus mismos horarios y jornadas, pero con sueldos inferiores.

La enmienda se presentó justo cuando el Tribunal Supremo ha anulado los despidos de 156 trabajadores interinos de la Universidad Politécnica de Madrid. El Alto tribunal dictaminó que para amortizar sus plazas –el TS equipara a laborales y a indefinidos fijos en lo que a extinción del contrato se refiere– es necesario recurrir a los trámites del despido colectivo –periodo previo de consultas, 20 días de indemnización– establecidos en la reforma laboral. Precisamente lo contrario de lo que quería imponer el PP.

Mucho se ha hablado de cómo el Gobierno ha colado el aforamiento de Juan Carlos I en el proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público. Pero ha pasado casi inadvertida una enmienda que el PP ha presentado en el Senado y que permitirá despedir, sin necesidad de acreditar una causa y con una indemnización de ocho a 12 días por año, a casi 50.000 trabajadores de las administraciones públicas.

En esa situación se van a encontrar hasta el 50% de las plantillas de algunos ayuntamientos, cientos de investigadores del CSIC y las universidades o quienes hayan ganado sentencias por cesión ilegal de trabajadores en organismos públicos y ministerios a lo largo de los últimos años.

La enmienda añade tres apartados al artículo 28 del citado proyecto de ley, que a su vez modifica el Estatuto Básico del Empleado Público. Con ese cambio se pretende reducir, si no eliminar, la figura del “indefinido no fijo”, que fue creada por el Tribunal Supremo, en sentencias de 1996 y 1998, para dar cobertura a los trabajadores que son contratados en fraude de ley por una Administración pública.

Hasta ahora, cuando un ayuntamiento, comunidad autónoma o ministerio vulneraba la normativa sobre contratos temporales, el trabajador pasaba a ser considerado indefinido, tal y como ocurre si el infractor es una empresa privada. Pero en las administraciones ese empleado sólo permanece en el puesto hasta que la plaza es cubierta mediante una oposición, regida por los principios de igualdad, mérito y capacidad. O bien hasta que esa plaza es amortizada. Con la reforma laboral, además, el Gobierno permitió a las administraciones públicas recurrir a las causas económicas, organizativas o de producción para despedir a su personal laboral. A cambio de indemnizaciones de 20 días por año trabajado, al igual que en las empresas privadas.

Catálogo de puestos que no se van a cubrir

Pues bien, el Gobierno pretende ahora que las administraciones puedan amortizar las plazas y despedir a los miles de indefinidos no fijos sin necesidad de acudir a las causas económicas, organizativas o de producción, y concediéndoles las indemnizaciones mínimas, de ocho a 12 días por año de servicio, que el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores reconoce a los contratados temporales.

Sólo se salvarán aquéllos cuyos puestos la propia Administración declare como de “de necesaria cobertura”. Y la enmienda deja claro qué empleos no entran en esa categoría. No sólo “los destinados a cubrir una necesidad temporal”, sino también los incluidos en “un proyecto o prestación específica” o en contratos de externalización de servicios. Además de las llamadas “adscripciones en colaboración social”; es decir, los desempleados que realizan trabajos “en beneficio de la comunidad”, en su mayoría para ayuntamientos. Y, finalmente, los firmados para cumplir las encomiendas de gestión, los encargos que hacen las diferentes administraciones a empresas públicas como Tragsa, Ineco o Isdefe.

La enmienda hace mención específica a los contratados en virtud de proyectos de investigación científica y técnica que se prolonguen durante más de tres años. A ellos no se les aplicará el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe encadenar contratos temporales durante más de dos años o firmar contratos por obra y servicio de más de tres. Si se superan esos plazos, el trabajador afectado pasa a ser indefinido. El Gobierno, sin embargo, no quiere que esa protección beneficie a los investigadores. Sí la mantiene, en cambio, para los contratados por organismos públicos o agencias estatales –desde el Servicio Público de Empleo hasta la Agencia de Protección de Datos, por citar sólo dos–.

“La Administración se está haciendo un traje a medida para ella misma que le garantiza la impunidad en materia laboral”, denuncia Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. El sindicato calcula en unos 50.000 los posibles afectados, el Ministerio de Administraciones Públicas no ha facilitado a infoLibre ninguna cifra. Así, los ministerios o ayuntamientos incumplen la legislación laboral pero, a diferencia de las empresas privadas o de los propios trabajadores, sin consecuencias. La enmienda precisa que se podrán amortizar las plazas cubiertas por indefinidos no fijos “cualquiera que fuera la causa que hubiera motivado la declaración del trabajador como indefinido no fijo”.

Cuando las administraciones vulneran la ley

No es menor la mención, porque son decenas las sentencias que cada año condenan a la Administración por cesión ilegal de trabajadores. La memoria de la Abogacía del Estado incluye las demandas por este delito entre los “principales asuntos masa”, con múltiples demandantes o juicios repartidos por todo el territorio nacional, a los que debe atender. Se trata de una práctica antigua y habitual de las administraciones: en lugar de aumentar la plantilla de funcionarios, recurren a firmas privadas, que suministran personal para hacer el mismo trabajo que los empleados públicos, en las mismas oficinas y con sus mismos horarios y jornadas, pero con sueldos inferiores.

El Tribunal de Cuentas ya llamó la atención a las administraciones en 2010 cuando presentó una moción a las Cortes Generales donde pedía que estas prácticas fueran “desterradas”. El órgano fiscalizador recordaba los 102 trabajadores que fueron incorporados en la Oficina Española de Patentes y Marcas tras ser condenada por los tribunales. Otro tanto ocurrió con 19 empleados del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), o con otros cuyo número no precisa en las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Tajo o en la Seguridad Social. “La enmienda del PP, tal y como está presentada, incumple el 100% de la moción que aprobó por unanimidad el Congreso”, recuerda Raúl Olmos, quien también asegura que contraviene la Constitución, la directiva comunitaria sobre estabilidad en el empleo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pero es que en la propia Abogacía del Estado hay más de un centenar de desempleados, trabajando con adscripciones en colaboración social, denuncia Raúl Olmos. Unos cincuenta están en Madrid y el resto, repartidos por el resto del país. La mayoría cobra el subsidio. Algunos llevan más de ocho años compaginándolo con el sueldo que perciben de su trabajo, por las tardes, en la Abogacía del Estado. “El Ministerio de Justicia”, explica el dirigente de CCOO, “contestó a nuestras denuncias en 2010 con la frase: 'Obviamente ocupan puestos estructurales”. El pasado 27 de diciembre, el Tribunal Supremo reconoció el carácter indefinido del puesto que ocupaba una desempleada en la Consejería de Empleo de Canarias con una de estas adscripciones en colaboración social. Según la sentencia, los servicios que prestó durante más de dos años eran “actividades normales y permanentes de la Administración”.

Curiosamente, la enmienda se presenta justo cuando el mismo tribunal acaba de anular los despidos de 156 trabajadores interinos de la Universidad Politécnica de Madrid. El Alto tribunal dictamina que para amortizar sus plazas –el TS equipara a laborales y a indefinidos fijos en lo que a extinción del contrato se refiere– es necesario recurrir a los trámites del despido colectivo –periodo previo de consultas, 20 días de indemnización– establecidos en la reforma laboral. Precisamente lo contrario que quiere imponer ahora el PP a través de su enmienda.

El CSIC y los ayuntamientos, en el disparadero

Pero donde puede caer como una bomba el cambio legal es en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según Olmos, los contratados temporales ascienden a 4.500. El motivo: “No existe planificación de la actividad investigadora”, apunta. Y el número de sentencias contra el CSIC por superar el límite para encadenar contratos temporales llega a las 300.

Aun así, el mayor volumen de afectados está en los ayuntamientos. En algunos de Canarias, la mitad del personal es indefinido no fijo, asegura Raúl Olmos. Se trata de un defecto de los propios ayuntamientos, reconoce, que han formado sus plantillas “por aluvión” o que no han convocado oposiciones durante años, como en algunas provincias andaluzas. Ahora ya no pueden hacerlo: la Ley de Presupuestos del Estado prohíbe los procesos de consolidación del empleo público.

“El objetivo de la medida es aplicar a todos los principios de igualdad, mérito y capacidad, que deben regir los procedimientos de acceso al empleo público”, defiende por su parte un portavoz del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. “Muchos de ellos son enchufados; otros, trabajadores que denunciaron en los juzgados”, destaca. En todo caso, el texto, “no está cerrado y se va a negociar con los grupos parlamentarios”, avanza. CCOO también hablará con los partidos políticos, pero para impedir que la enmienda salga adelante. En principio, el Senado debatirá el proyecto de ley el 6 de julio, de forma que regrese al Congreso el día 13 para su aprobación definitiva.

Las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadalquivir han puesto en manos de empresas privadas la gestión de 104 presas y embalses que tienen a su cargo. Y lo han hecho licitando nueve contratos por un valor total de 27,86 millones de euros entre 2013 y 2014. El sistema tiene sus peculiaridades y puntos oscuros: por la tramitación de los concursos, por el recurso a la iniciativa privada para suplir las vacantes de empleados públicos y por el precio final de las adjudicaciones.

En enero de 2013 la Confederación Hidrográfica del Tajo licitó cinco pliegos con carácter urgente, pero los contratos no entraron en vigor hasta el mes de noviembre. Cada uno de ellos tiene una duración de tres años, prorrogables por otros tantos. Los cuatro del organismo de la cuenca del Guadalquivir no eran urgentes, pero entre la licitación, en julio de 2013, y su adjudicación, en abril y junio de este año, casi ha transcurrido otro ejercicio. En este caso no se prolongan por más de dos años. La cuantía de cada uno de ellos supera los cinco millones de euros.

Lo habitual en una licitación con carácter urgente es que no se superen los cuatro meses, según los expertos consultados por infoLibre. En uno de los casos, las presas y embalses de Guadalajara y Cuenca, la Plataforma de Contratación del Estado registra hasta siete anuncios de licitación, de febrero a junio de 2013, antes de ser adjudicado el contrato en octubre.

Agricultura no ha querido precisar a infoLibre las razones de la dilatación de los plazos. Una portavoz del ministerio atribuyó a las “múltiples ofertas presentadas” la ampliación de los plazos “inicialmente establecidos para valorarlas”. “No se han modificado los pliegos”, explicó: “el proceso se ha ajustado a lo establecido a la Ley de Contratos”.

Entre las adjudicatarias se encuentran Sacyr (las presas de Córdoba), Obrascon Huarte Laín (Toledo y Cuenca), Ofiteco (Ávila, Madrid y Toledo) o Trafisa (Granada, Ceuta y Melilla). Sogeosa se ha hecho con dos contratos: Jaén, y Guadalajara y Cuenca. Typsa consiguió otros dos: los embalses de Cáceres y Salamanca, por un lado, y los de Ávila y Madrid por otro.

Seis trabajadores para todo

El resultado es que estas empresas pondrán a disposición de las confederaciones hidrográficas un número pequeño de trabajadores (70 en el Guadalquivir y otros tantos en el Tajo) para llevar a cabo todas las actividades ordinarias de mantenimiento, conservación, inspección, vigilancia, asesoramiento, mediciones… que hasta ahora llevaban a cabo los empleados públicos de estos organismos. CCOO ha cursado sendas quejas al anterior ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete y a la actual titular, Isabel García Tejerina, por el “despilfarro de dinero público” que, a su juicio, cometen las confederaciones hidrográficas recurriendo a contratos de asistencia técnica para suplir la falta de personal. Sólo en el organismo del Guadalquivir cifra en 123 el número de vacantes que no se quieren cubrir. El sindicato asegura que con los trabajadores asignados a cada equipo, unos seis para controlar cuatro o cinco presas, es “materialmente imposible” llevar a cabo todo el catálogo de tareas que figura en las condiciones del contrato. La plantilla de la Dirección Técnica del organismo, la unidad encargada de la explotación y mantenimiento de los embalses, está formada por 358 trabajadores: 287 son personal laboral y 71 funcionarios.

Es más, en la mayoría de los casos el pliego no concreta el número total de personas que debe emplear la adjudicataria. Por ejemplo, sólo dice que “se incorporarán ingenieros especialistas”, sin determinar cuántos, para redactar “los múltiples informes” que exige el contrato.

Condiciones genéricas e imprecisas

No es la única imprecisión de los pliegos, prácticamente idénticos en todas las licitaciones, tanto del Tajo como del Guadalquivir. En alguna de las primeras sólo se exige a la adjudicataria que aporte los trabajadores “de distintas cualificaciones [si concretar más] que sean necesarios para el correcto desarrollo del contrato”. Y en el listado de las tareas que deberá desarrollar la empresa se incluye un apartado-cajón de sastre de “actividades varias”.

“Las condiciones de los pliegos deben ser siempre lo más precisas posibles, no pueden dar lugar a ninguna ambigüedad”, recalca Julio Tejedor Bielsa, profesor de Derecho Administrativo y miembro del Observatorio de la Contratación Pública. Quizá consciente de ese hecho, el subdirector general de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Álvaro Aznar Forniés, respondió al primer escrito de CCOO que había instado a la Confederación Hidrográfica del Tajo a hacer “una definición clara de las actividades” que las empresas contratadas deben llevar a cabo, “a fin de eliminar eventuales situaciones de inseguridad jurídica y duplicidades en la prestación del servicio público”. También le recordó al organismo de cuenca las normas dictadas en 2012 por el ministerio para evitar la cesión ilegal de trabajadores, un delito por el que cada año acumula numerosas denuncias la Administración pública. Y por el que con mucha frecuencia es condenada.

Precisamente ése es uno de los peligros de que CCOO advirtió a los responsables del ministerio en sus escritos. Los pliegos del contrato no especifican tampoco qué tareas corresponden a los empleados de la contrata y cuáles a los empleados públicos. Sólo dicen que las confederaciones cuentan con unas “dotaciones mínimas de personal”, que seguirán desarrollando “unas determinadas actividades”, sin mayor precisión, una vez más, y que deberán “integrarse, únicamente a efectos de programación, en el equipo de asistencia”. Si se integran ambas plantillas, incurren en cesión ilegal de trabajadores. El ministerio explica que los empleados de las contratas sólo “complementan las tareas realizadas por el personal de las confederaciones hidrográficas en el día a día de la gestión”.

¿Con rebajas 'temerarias'?

Otro aspecto que llama la atención en los contratos de las confederaciones hidrográficas es el precio final de la adjudicación. El valor de los cinco pliegos del Tajo suma 9,53 millones de euros. Pero se adjudicaron a ofertas que en total equivalen a cinco millones. Es decir, con una reducción del 47,5%. Los cuatro del Guadalquivir suponen 18,33 millones, pero terminaron en manos de empresas que ofrecieron 11,68 millones, un 36,25% menos. En el caso de las presas y embalses de Jaén, el contrato más voluminoso, con 15 instalaciones hidráulicas, el descuento fue del 41,5%. Cualquier bajada más allá del 30% es inusual y puede considerarse “temeraria”, explica el profesor Tejedor Bielsa.

De hecho, en el caso del Guadalquivir, las mesas de adjudicación pidieron a la mayoría de las empresas que justificaran sus ofertas porque incluían importes “anormales o desproporcionados”. Todas ellas fueron finalmente excluidas. Aun así, las adjudicaciones finales incluían descuentos superiores siempre al 30%. Julio Tejedor atribuye estas diferencias entre el valor del contrato y su precio final a la mala calidad de los pliegos de las licitaciones. En todos los casos, se trata del mismo texto, según puede comprobarse consultando la web de la Plataforma de Contratación del Estado. El pliego es “uniforme para la administración hidráulica”, apunta la portavoz de Agricultura.

Además, mucho más caros

CCOO denunció ante el Ministerio de Agricultura que las confederaciones hidrográficas estén utilizando las partidas de inversiones reales (el capítulo IV del presupuesto) para suplir sus deficiencias en recursos humanos, que deberían correr a cargo del capítulo I, de personal. Eludiendo así la congelación del gasto en este apartado que el Gobierno ha impuesto para reducir el déficit público, por un lado. Y duplicando el coste, por otro. Mientras el coste del jefe de unidad aportado por la empresa se eleva a 174.564 euros para tres años de contrato, según consta en la licitación de los contratos del Guadalquivir, el sueldo de un empleado público equivalente, de acuerdo con su convenio colectivo, es de 110.675 euros, asegura el sindicato, un 36,6% más barato.

Agricultura creó el año pasado un grupo de trabajo, integrado por la Subdirección General de Recursos Humanos y la Dirección General del Agua, que debía elaborar un plan para “optimizar” el personal disponible en los organismos de cuenca. Según CCOO, el grupo aún no ha hecho avance alguno en esa tarea.