Era ministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio cuando en febrero de 2002 el secretario de Estado de Seguridad Social Gerardo Camps presentó ante los medios de comunicación la maqueta del futuro centro de formación permanente para funcionarios del organismo de previsión. Una gran parcela en Pozuelo de Alarcón, cerca de Madrid, que iba a albergar en 22.221 metros cuadrados no sólo aulas de formación sino también una biblioteca y un complejo residencial para alojar a los cursillistas, todo ello distribuido en tres grandes edificios. Además de formación, el recinto podría incluso acoger “actos multitudinarios”. Su inauguración, anunció Camps, estaba prevista en 2005. Iba a costar 25,57 millones de euros.

En agosto de ese mismo año se adjudicó el diseño del proyecto por 2,06 millones de euros. Pero no fue hasta julio de 2007 cuando se adjudicaron las obras, a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), por 28,78 millones de euros. Tres años más tarde se proyectaron “obras complementarias” por otros 619.204 euros, que entonces ejecutó de nuevo FCC a cambio de 7,73 millones más. En 2012 se licitó el suministro del mobiliario y el mantenimiento de las instalaciones. Pero no fue hasta octubre de 2013, casi 12 años después de la maqueta de Camps, cuando por fin el “complejo residencial” abrió sus puertas, una vez adjudicada su explotación a Touractive, una empresa hostelera.

Hasta ese momento, el recinto le había costado al erario público un total de 40,38 millones de euros, un 58% por encima del presupuesto inicial. Dos años y cuatro meses después, el pasado mes de febrero, el centro está cerrado y la empresa que lo explotaba prepara una querella criminal por abuso de derecho contra la Seguridad Social. Este organismo público, a su vez, presentó el pasado 4 de mayo una demanda civil contra el adjudicatario.

“Es un hotel de lujo”

Finalmente, el centro de formación de Pozuelo incluye un auditorio con aforo para 480 personas, una sala de juntas, ocho aulas que pueden albergar hasta 110 cursillistas, además de un hotel con 124 habitaciones y 27 suites, una cafetería con capacidad para 112 personas, un restaurante y un autoservicio para otros 195 comensales. Sin olvidar la piscina climatizada y un gimnasio. “Es un hotel de lujo”, destaca Justo Domingo Blanco, el administrador de Touractive.

Todo ello dispuesto para alojar a los funcionarios de la Seguridad Social que reciben cursos de formación o a los directivos que celebran jornadas o encuentros internacionales, según publicita el centro la propia página web del organismo público. También está destinado a los familiares de los funcionarios “hasta segundo grado inclusive” –abuelos, hermanos y nietos– durante los fines de semana –los cursos sólo se celebran de lunes a viernes– y a otros clientes “pertenecientes a empresas, instituciones sin ánimo de lucro y cualquier otro tipo de organización”. Estos últimos siempre que lo autorice previamente la Tesorería General de la Seguridad Social. Así consta en el pliego de condiciones del concurso licitado en julio de 2013. Cuando la web de la Seguridad Social presentó el recinto, en enero de 2014, se anunciaba que “en el futuro” el uso del recinto “podría extenderse al sector privado”.

El precio de la habitación doble aparece fijado en el citado pliego de condiciones: 40 euros la noche para los funcionarios de la Seguridad Social de lunes a viernes y 52 euros los fines de semana. Si el funcionario pertenecía a cualquier otro departamento de la Administración pública, debía pagar 52 euros. Para los clientes “externos”, la tarifa podía fijarla libremente el adjudicatario.

Touractive consiguió el contrato para la “explotación patrimonial” del complejo residencial en un concurso publicado el 25 de julio y cuyo plazo para presentar ofertas terminaba el 19 de agosto. Fue la única empresa candidata. Ofreció un canon anual de 27.000 euros, sin IVA, más del doble de los 12.000 euros que establecían los pliegos de condiciones del contrato. “Nos pareció una buena combinación”, explica Justo Domingo Blanco, “completar con ocupación turística los periodos en que no había ocupación con los cursos y la actividad de la Seguridad Social: los fines de semana, las navidades y todo el verano”.

Así, el “hotel residencia Pozuelo” aparecía en las webs de las principales centrales de reservas, booking.com, letsBookHotel.com, rumbo.es, o en Groupalia. Se podía reservar hasta una suite nupcial. En el vídeo promocional que aún se puede encontrar en internet, el hotel ofrece “tecnología domótica” y “materiales nobles” en todas las habitaciones, un chef para diseñar menús a petición del cliente, “yoga, pilates y fitness”fitness e incluso talleres de cata de gin tonics y vinos. “Ideal para eventos familiares, bodas y celebraciones” o para reuniones empresariales, proclama.

De esta manera estuvo funcionando, y “muy bien”, los primeros meses, relata el administrador de Touractive, quien también posee otros tres establecimientos de hostelería en Guipúzcoa, Cáceres y Valladolid. Asegura que lo hizo “con el total conocimiento de la Administración”. “Les pregunté y me dijeron que no había ningún problema”. Hasta que en diciembre de 2013 el director general le envió una carta donde le prohibía aceptar como cliente a nadie que no fuera funcionario de la Seguridad Social. “Ni siquiera funcionarios de otros departamentos”, asegura. Tenían que pedir autorización, tal y como consta en los pliegos del contrato. Y nunca se la dieron.

Ni policías ni Orange

Por ejemplo, no pudieron alojar a un grupo de policías antidisturbios de Zaragoza que había hecho una petición en firme. Tampoco una convención de la operadora de telefonía Orange, que quería reservar tres fines de semana. “Ni otra de una empresa de telecomunicaciones que trabaja para Telefónica”, enumera Justo Domingo Blanco.

Todas las negativas, añade, fueron “verbales”. Ni una sola vez la Seguridad Social contestó por escrito. El gerente del centro, Julio Gómez, era el encargado de comunicarle las desautorizaciones, apunta.

Entonces comenzaron los problemas. Los cursos de formación de la Seguridad Social no cubrían “ni el 50% de las fechas”. Sólo en noviembre y diciembre, y entre febrero y mayo, la actividad con los funcionarios permitía una ocupación sostenible. “Ni nos garantizaban la ocupación ni nos dejaban completarla”, resume el dueño de Touractive.

En una de las múltiples cartas que Justo Domingo remitió a la Seguridad Social explicando lo apurado de su situación se quejaba de que la ocupación en 2015 estaba siendo “incluso inferior a la de 2014”, un tema, decía, que “depende exclusivamente de ustedes”, de la Seguridad Social. Los pliegos del contrato obligaban al organismo público a proporcionar a la empresa con un mes de antelación la programación de los cursos.

“En un momento dado nos permitieron ofrecer el auditorio a empresas y nos aseguraron que el precio sería más barato que cualquier otro de la competencia por ser un centro público, pero nos lo tarifaron en 8.000 euros el día, que probablemente sea el más caro de Madrid”, continúa el adjudicatario. “No hacían más que ponernos palos en las ruedas”.

La Seguridad Social no se pronuncia

Preguntada por infoLibre, la Seguridad Social no ha querido hacer “ningún pronunciamiento” sobre su relación con Touractive, “a la espera de que exista el correspondiente pronunciamiento judicial” y por “respeto a la justicia”. En cualquier caso, asegura que las afirmaciones del adjudicatario “no coinciden en modo alguno con los documentos obrantes en el oportuno expediente administrativo”.

Según Justo Domingo, al impedirle alojar clientes que no fueran funcionarios, tuvo que “recolocar” en otros hoteles cercanos a cerca de 300 personas con reserva y asumir la diferencia de precio entre sus habitaciones y las de los establecimientos ofrecidos en alternativa.

“Si no se aportan actos y clientes, se nos impide comercializar la instalación para terceros y se nos retienen los pagos, será imposible que esta empresa pueda cumplir el contrato”, se quejaba en una de las cartas. Porque, al tiempo, los pliegos del contrato le obligaban a garantizar “la estabilidad en el empleo” de su veintena de trabajadores, pese a que el centro se quedaba inactivo todo el verano o en navidades.

El adjudicatario también acusa a la Seguridad Social de remitirle unas facturas de gas desorbitadas e imposibles. Por contrato, estaba obligado a pagar tanto el 80% del consumo de agua como el 100% del gas y el teléfono. Pero asegura que al año y medio de funcionamiento le dijeron que debía pagar un suplemento por un segundo contador que multiplicaba hasta por 300 el consumo de gas que había tenido hasta entonces. Hasta el punto de que cuando el centro estaba cerrado en verano, su factura de gas era superior a la del mes de febrero, cuando se encontraba a pleno rendimiento y con la calefacción encendida las 24 horas.

Volverá a ser explotado por una empresa privada

El penúltimo capítulo de la historia se escribió el pasado mes de febrero, cuando la Seguridad Social comunicó a Touractive la resolución del contrato, en principio de tres años prorrogables a 54 meses, “por incumplimiento culpable de la empresa tanto en la prestación del servicio como en el abono de los gastos de gas y del canon de 2016”: 121.878 euros por el primer concepto y 25.682 euros por el segundo. También le exigía 20.000 euros como indemnización por daños y perjuicios, al haber suelto de forma unilateral el contrato. Justo Domingo dice que, excepto la factura del gas, el resto ya le ha sido descontado y, por tanto, no debe nada por el canon al organismo público. Tampoco se le ha notificado aún la demanda civil de la que habla la Seguridad Social. Ésta, por su parte, anuncia que va a volver a licitar la explotación del complejo residencial, aunque no precisa cuándo y si va a cambiar las condiciones en que lo adjudicó la primera vez, en vista del resultado.

En uno de los tres edificios del complejo sólo queda ahora un puñado de funcionarios de la Seguridad Social, además de su gerente –hasta septiembre no se imparten cursos–. Uno de ellos es Antonio de Guindos, hermano del ministro de Economía y funcionario del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social. Recaló en el centro de Pozuelo tras dimitir como concejal de Seguridad del Ayuntamiento al ser imputado en el caso del Madrid Arena.caso del Madrid Arena

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha exigido este jueves al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que "colabore con la Justicia" y declare ante un juez sus palabras de que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero "forzó voluntades" para asegurar la salida a Bolsa de Bankia.

Ante la acusación que el ministro de Economía vertió en el Pleno del Congreso, la dirigente de UPyD ha decidido registrar este mismo jueves una batería de preguntas al Gobierno pidiendo cuentas en este sentido, ya que si el titular de Economía tiene conocimiento de que se "forzaron voluntades", debe "colaborar con la Justicia" y presentarse a declarar como testigo, "aunque no le llamen", por tratarse de un hecho "delictivo".

"Si el Gobierno, sabiendo que se está produciendo una salida a Bolsa fraudulenta que no reúne todas las condiciones, forzó a los organismos reguladores y al Banco de España para que no actuase, Guindos debe colaborar con la justicia y aclarar esos datos que parece tener", ha insistido en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

En este punto, la política vasca ha recordado que UPyD ya citó al ministro como testigo en el caso Bankia, en el que la formación está personada, para criticar que en su declaración por escrito no dijera todo lo que parece saber ahora.

De este modo, la formación magenta pretende que se depuren todas las responsabilidades "civiles, penales y políticas", y cree que es obligación del ministro "facilitar al juez toda la información de la que dispone" para conseguir ese objetivo.

Por eso, en sus preguntas parlamentarias pregunta directamente a De Guindos si "piensa colaborar con la Justicia" y si "va a solicitar volver a declarar" al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, reconociendo que "no se entiende por qué no le comunicó en su declaración judicial esa supuesta dejación de funciones y las presuntas coacciones del anterior Gobierno en la salida a Bolsa de Bankia".

"Si tenía conocimiento de esas prácticas, ¿por qué no ha llevado a cabo actuaciones para depurar responsabilidades al respecto?", añade UPyD, recordando por último que los sistemas de nombramiento de los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "continúan politizados" y preguntando por eso al Ejecutivo si cree que "los actuales responsables" de estos organismos "carecen de la independencia necesaria" para desempeñar sus funciones.

La Puerta del Sol acogió este domingo una nueva protesta ciudadana. Después de que en la tarde del sábado miles de personas se agolpasen en pleno corazón madrileño en la segunda edición de las Marchas de la Dignidad, este mediodía un centenar de ciudadanos se reunieron frente a la antigua Real Casa de Correos –actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid– para clamar contra la inminente decisión de Canal Gestión S.A –Canal Isabel II– de emitir bonos en el mercado de la deuda por valor de 600 millones de euros, una iniciativa que dará entrada, por primera vez en la historia del Canal, a capital privado en la gestión del agua pública.

A las 12.00 horas, se desplegaron, junto al luciente árbol que marca el inicio de la campaña navideña en la capital, dos pancartas en las que se podía leer Sí al agua pública y No a la privatización de la empresa pública. 

Cinco minutos después, los asistentes comenzarón a alzar carteles en los que aparecían reflejados lemas como Agua+chorizos=mafia, Si no es transparente no es agua pública, Ignacio González dimisión o Agua pública 100%, entre otros. Este acto, unido a los primeros gritos de los manifestantes bajo la frase "¡Nuestra agua no se vende, nuestra agua se defiende!", marcó el inicio de la protesta.

Mientras los asistentes al acto cantaban "¡Mentir, robar y privatizar!" con la melodía corporativa del Partido Popular, algunos de los organizadores colocaron unas telas azules en el suelo húmedo a escasos centímetros de las dos pancartas. Sobre ellas dejaron caer decenas de octavillas azuladas en las que se podían leer lemas como PP dimisión o La Botella al contenedor –en alusión a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella–. 

"¿Quién quiere privatizar? El Partido Popular. ¿Y por qué tanto interés? Para forrarse después!", gritaban desde uno de los megáfonos. Una decena de voluntarios alzaron las telas y comenzaron a mantearlas entre los aplausos de los asistentes. Tras esto, los manifestantes comenzaron a señalar hacia el edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid mientras gritaban "¡Ladrones, ladrones!" y "¡Quién te ha votado, González quién te ha votado!" –en alusión al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González–. "¡Ignacio González deja de robar y no nos privatices nuestro Canal!", coreaban también.

Sobre las 12.45 horas, las dos pancartas se movieron para dar la espalda a la antigua Real Casa de Correos mientras los asistentes alzaban de nuevo la voz. "¡Ahí está, la cueva Alibabá!" y "¡Menos privatizaciones y más dimisiones!" fueron las dos consignas coreadas al unísono.

"Fondos buitres"

Cuando las voces se fueron acallando, Gracia Llorente, miembro de la Plataforma Contra la Privatización del Canal Isabel II, empezó a leer el manifiesto de convocatoria. "Con la emisión de los bonos, se da entrada se da entrada a capital privado por primera vez en la historia del Canal y, de ser convertibles en acciones, ya tendríamos a los fondos buitres en el corazón de la gestión de nuestro agua pública", comenzó a decir la portavoz.

A continuación, Llorente recordó que "esta operación se está llevando a cabo con total opacidad y con el desconocimiento de la propia Asamblea de Madrid y de la ciudadanía madrileña". "Esta decisión se traducirá en un aumento de la deuda de la entidad", apuntó mientras los asistentes comenzaron a aplaudir.

"Desde que en 2008 comenzara el proceso de privatización, hemos visto cómo transformaban una empresa pública en una Sociedad Anónima en una semana; cómo colocaban en el consejo de dirección a personas afines como Salvador Victoria, José Manuel Serra Peris, imputado como consejero de Bankia, Antonio de Guindos, imputado por el caso Madrid Arena, o David Pérez, adalid del proyecto Eurovegas; y cómo la representación sindical era expulsada del consejo de dirección", señaló la portavoz, que volvió a ser interrumpida por los aplausos de los asistentes y el grito de "¡Fuera ladrones, de las instituciones!".

"Ciudadanos y compañeros, no decaigamos. El poder es nuestro, la calle es nuestra, y tenemos que echar a toda esta banda de ladrones –algunos manifestantes comenzaron a gritar "¡Mafia!"– que no nos representan", concluyó la portavoz. Antes de que la Solfónica 15-M clausurara el acto con la interpretación de algunas piezas musicales, el portador del megáfono recordó a los asistentes la hora y lugar del próximo acto que celebrarán el próximo 3 de diciembre.

En el ministerio de Empleo no ha sentado nada bien que el ministro de Economía, Luis de Guindos, hablara de una "segunda ronda" de la reforma laboral. Este jueves, la ministra Fátima Báñez, habló solo de "pequeños ajustes".

"La reforma laboral de Gobierno está hecha y está dando resultados mes tras mes. Vamos a hacer pequeños ajustes para mejorar en la contratación y en la empleabilidad de los trabajadores", señaló la titular de Empleo este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Báñez fue preguntada sobre si estaba en marcha ahora una "segunda ronda" de la reforma laboral como ya había adelantado el pasado sábado su compañero De Guindos.

Se trata de un mensaje que Empleo lleva desde entondes intentando trasladar. Hace dos días, este diario adelanté en exclusiva que Báñez había negado a los líderes de CCOO, UGT y CEOE que el Gobierno vaya a ejecutar una segunda reforma laboral. Báñez convocó a Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Juan Rosell para pedirles su apoyo a la reforma de las pensiones, que este lunes pasó el trámite de comisión en el Senado. A preguntas del secretario general de UGT, la ministra negó que se vaya a tocar el Estatuto de los Trabajadores. Ni para modificar la negociación colectiva ni para ir más allá de lo que Empleo limita a una “simplificación administrativa” de los contratos de trabajo.

Según avanzó la ministra, tras estos "ajustes" habrá cuatro tipos de contrato: "Indefinido, temporal, de formación y en prácticas". Además, precisó que el contrato indefinido de emprendedores va a poder celebrarse a tiempo parcial.

En la madrugada de este viernes se cumple un año de la tragedia del Madrid Arena, en la que cinco jóvenes perdieron la vida. Familiares, amigos y compañeros de las fallecidas han convocado una vigilia silenciosa en su homenaje y para que "no se olvide" lo ocurrido. En el homenaje a las cinco jóvenes, que se desarrollará a partir de las 23.00 horas junto al recinto, se leerán poemas en su recuerdo y un comunicado contra la "impunidad". En la pancarta llevarán el mensaje "12 meses = 5 muertes, 0 responsables". El resto de la vigilia será en silencio. Además, muchos de ellos vestirán una camiseta pidiendo justicia.

En paralelo, la petición online que reclama al Ayuntamiento de Madrid "que cambie el nombre del Madrid Arena en homenaje a las cinco chicas que fallecieron en él el año pasado" continúa creciendo y ya ha recibido más de 42.000 firmas de apoyo. En los tribunales, la investigación judicial se acerca a su fin. Eduardo López-Palop, el juez que instruye la causa, prevé concluir en diciembre la investigación. El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, confía en finalizar la fase de instrucción cuanto antes.

En la causa están imputadas 24 personas de la organización, la seguridad, la empresa municipal gestora del recinto (Madrid Espacios y Congresos) y el equipo médico, y hasta el momento han desfilado ante el juez más de 40 testigos y 43 víctimas que sufrieron lesiones de diversa gravedad. Pero, además de ser una de las mayores tragedias en la historia reciente de la Comunidad de Madrid, la noche de Halloween en el Madrid Arena también agitó la vida política madrileña. ¿Dónde están los protagonistas de aquello días doce meses después?

Ana Botella, el principio del fin

El Madrid Arena fue el primer gran examen a la capacidad de gestión de Ana Botella, apenas un año después de su llegada al Ayuntamiento. Botella había estado en el punto de mira desde que heredó el consistorio más endeudado de España de manos del ahora ministro Gallardón. La mujer del expresidente Aznar saldó su prueba de fuego con un fracaso que marco el inicio de una trayectoria descendente.

Pocas horas después de la muerte de las primeras tres víctimas en la madrugada del jueves, la alcaldesa viajó con su familia a Portugal a disfrutar el puente. Botella dejó al frente de su primera gran crisis al vicealcalde Miguel Ángel Villanueva y pasó de varios días en un spa de lujo. ¿La excusa? El viaje estaba previsto desde hacía mucho tiempo, señalaron fuentes del Ayuntamiento. Botella viajó el jueves y regresó el viernes para dar una rueda de prensa exprés. Entonces, pronunció su única medida: "Nunca más cederemos un edificio del Ayuntamiento para este tipo de eventos", afirmó. Y regresó al spa luso a pasar el fin de semana.

Con todos los focos puestos sobre su gestión, Botella reabrió heridas en el seno del PP madrileño menos de dos semanas después con su firma contra la privatización sanitaria en el Hospital de la Princesa. El presidente regional, Ignacio González, se apresuró a decir que la alcaldesa no era consciente de lo que firmaba. Esperanza Aguirre aprovechó la ocasión durante aquellos días para exigir "responsabilidades políticas" por lo ocurrido en el Madrid Arena.

Desde la Comunidad se deseaba mayor contundencia en la adopción de responsabilidades políticas. Botella, a ojos del PP de Madrid, fue tibia: tardó en reaccionar y, cuando lo hizo, le costó prescindir de sus allegados. Cuando Antonio de Guindos, delegado de Medio Ambiente y Movilidad presentó su dimisión –antes habían abandonado el barco Pedro Calvo (Economía y Hacienda) y Miguel Ángel Villanueva (vicealcalde)–, los concejales del PP impulsaron una declaración para hacer que se quedase. Fracasó: el propio Guindos bloqueó esa votación. "Creo que el Ayuntamiento pierde un gran activo", destacó Íñigo Henríquez de Luna, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid poco después.

Ana Botella quedó tocada durante aquellas semanas. Su gestión ocupó reuniones internas del PP en las que la propia alcaldesa se quejó del poco respaldo que había sentido por parte de Aguirre y del partido. Un año después, su futuro político de es oscuro. La alcaldesa carga con el lastre de aquella primera crisis y con otro suspenso: el fracaso de la candidatura madrileña en la carrera por hacerse con unos Juegos Olímpicos. Quizá por eso cada vez suenan con más fuerza otros nombres para ocupar su cargo. Entre ellos, el de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, o el de la propia Esperanza Aguirre.

Flores, el principal imputado

Propietario de Diviertt y primer y principal imputado en la causa, Miguel Ángel Flores, organizador de la fiesta de Halloween, se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros. Además, tiene la obligación de comparecer ante los juzgados los días 8 y 22 de cada mes. Apenas dos meses después del suceso del Madrid Arena, el empresario intentó organizar en la misma ubicación una fiesta de fin de año. La decisión del Ayuntamiento de prohibir nuevas macrocelebraciones en el recinto dio al traste con esa aspiración.

Flores declaró en el proceso judicial por primera vez el 20 de noviembre y fue dejado en libertad. Un mes después, a finales de diciembre de 2012, fue arrestado al detectarse un elevado riesgo de fuga. Eduardo López Palop, el juez instructor, habría recibido en esa fecha informaciones que apuntaban a una posible desaparición del promotordesaparición . En la misma línea, el abogado de Manos Limpias personado en la causa, aseguró que el organizador planeaba una inminente huida a Panamá. Tras una nueva declaración, quedo en libertad apenas 24 horas después.

Desde entonces y hasta hace escasas jornadas, el empresario ha permanecido en silencio. Ahora, a pocos días del primer aniversario de la tragedia, ha admitido que aquellas noche fallaron "muchas cosas" pero ha recalcado que él no es el "único responsable". Flores ha dirigido la mayor parte de esta responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid, responsable último de Madridec, responsable del recinto, y a la empresa de seguridad Seguriber, que se encargó de su vigilancia, en una entrevista concedida al diario El Mundo. En otra charla con Telemadrid fue más allá y aseguró que no se siente responsable de lo ocurrido. Flores dice que cargará con la responsabilidad que le corresponda, pero no con las culpas "de los demás".

Actualmente, Flores mantiene interpuesta una demanda contra la alcaldesa Botella por asegurar, entre otras cosas, que el empresario es el "principal responsables" de lo sucedido. "Tienen que asumir sus responsabilidades y no desviar toda la responsabilidad al promotor", ha señalado. Según la versión del organizador del evento, Madridec le "impuso" una serie de condiciones, como la empresa de limpieza y seguridad. «Son ellos los que imponen todo y tienen que asumir responsabilidades», ha insistido.

Villanueva, el cortafuegos

El vicealcalde de Madrid fue el segundo en caer. Tras la salida de Pedro Calvo el 13 de noviembre de 2012, Villanueva abandonó el equipo de Botella el 9 de enero. Según sus propias palabras, dejó su acta "en beneficio de la serenidad de un Gobierno que necesita trabajar por el interés de todos", aunque no estaba imputado. Su baja abrió la puerta a Ángel Donesteve, partidario de la celebración de primarias en el PP y afín a Esperanza Aguirre.

Villanueva tenía responsabilidades en la empresa municipal Madridec, encargada de gestionar el recinto del Madrid Arena. Además, tuvo que enfrentarse a las críticas de la oposición, que le echó en cara que el mismo 1 de noviembre asegurase que el aforo no se había sobre pasado en la fiesta de Halloween organizada por Diviertt, empresa propiedad de Miguel Ángel Flores, con quien también se relaciona a Villanueva.

Un día después de esa primera declaración, Villanueva compareció de forma urgente ante los medios acompañado por la alcaldesa Ana Botella, Antonio de Guindos y Pedro Calvo. El entonces vicealcalde se reafirmó en su versión de los hechos, pero mencionó la posibilidad de que la empresa organizadora le hubiera facilitado información falsa. Si Diviertt ha mentido, dijo el 2 de noviembre Villanueva, el Ayuntamiento de Madrid "actuará en consecuencia".

Ese mismo 2 de noviembre, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, aseguró que el aforo en la fiesta fue superado "con creces" y que de los hechos podrían derivarse responsabilidades. Dos meses después, Villanueva rompió su relación con el consistorio. Actualmente es director de Relaciones Institucionales en Legálitas y asesor externo de Cofely, una empresa del sector energético que pertenece al grupo francés GDF-Suez.

calvo, el primero en dimitir... a  medias

Pedro Calvo fue la primera baja en el equipo de Botella. Calvo ostentaba los cargos de portavoz municipal del PP, delegado de Economía, tercer teniente de alcalde y expresidente no ejecutivo de Madrid Espacios y Congresos. El 13 de noviembre puso su cargo a disposición de la alcadesa, poco después del anuncio de su imputación.

Aunque abandonó varias de sus responsabilidades, Calvo no ha renunciando a su acta de concejal y continúa en el grupo municipal del PP en Madrid. Su sustituto fue Enrique Núñez, a la postre portavoz del Gobierno de Ana Botella.

de Guindos, el tercero en irse

La de Antonio de Guindos fue la tercera baja en el equipo de la alcaldesa Botella tras los sucesos del Madrid Arena. Fue el 4 de febrero de 2013 cuando Guindos, hasta entonces delegado de Medio Ambiente, presentó su dimisión. En palabras del Enrique Núñez, portavoz del Ejecutivo local, fue una decisión "personal" e "irrevocable".

Tres meses antes, el 3 de diciembre de 2012, Guindos, hermano del ministro de Economía y Competitividad, se había comprometido a abandonar su cargo si se lo pedía la alcaldesa o si era imputado, tal y como finalmente ocurrió. Guindos adquirió este compromiso en la comisión de investigación abeirta por el Ayuntamiento.

Fátima Núñez, a carabanchel

Fátima Núñez ocupaba el cargo de concejala delegada de Seguridad y Emergencias en la noche del 31 de octubre de 2012. Tras ser cesada por Botella, la alcaldesa la nombró presidenta del distrito Carabanchel el 9 de enero de este año.

En su declaración ante el juez instructor, el 23 de mayo de 2013, aseguró que su responsabilidad se limitaba a ser "el órgano político de la Seguridad y las Emergencias", y manifestó que el control de las personas que acudieron a la fiesta del Madrid Arena y estaban situadas en el exterior del reciento era competencia de la Policía Nacional, sin que a ella le correspondiera participar en la organización y el diseño de los dispositivos.

Viñals, un septuagenario en el botiquín

El 29 de noviembre de 2012, el director general de Emergencias y Protección Civil, Alfonso del Álamo, criticó que el equipo médico encabezado por Simón Viñals, de 77 años, paró demasiado pronto las labores de reanimación en varias de las víctimas mortales del Madrid Arena. Del Álamo añadió que efectivos del Samur encontraron en la sala botiquín del Madrid Arena al equipo médico contratado por la organización sin aplicar técnicas de reanimación avanzada a tres de las víctimas, y que el evento no se les había notificado previamente, por lo que no se había establecido un dispositivo especial.

El 13 de diciembre, el Colegio de Médicos de Madrid indicó que el jefe del servicio médico contratado por la organizadora para la fiesta del Madrid Arena, Simón Viñals, no podía ejercer la medicina desde el año 2005. Cuatro días después, Manos Limpias pidió al juez que comprobase si existía fraude en la actuación de Viñals durante la celebración en el Madrid Arena.

El doctor declaró como imputado en el mes de abril. Previamente, había dado su versión de los hechos en la Comisión de Investigación del Ayuntamiento, donde aseguró que en la noche de la tragedia tenía a su disposición dos enfermeras y un desfibrilador. En sede judicial, se contradijo: tan sólo había un auxiliar sanitario y el desfibrilador procedía de una ambulancia que se desplazó hasta el lugar, reconoció.

También estaba prevista la declaración como imputado de Carlos Viñals, hijo de Simón y también encargado de la asistencia médica en el Madrid Arena. Pero Viñals consiguió aplazar su cita con la Justicia alegando una lumbalgia. Dos meses después, el 7 de junio, fue citado nuevamente como imputado y defendió como "intachable" la actuación del equipo médico en la fiesta. Los abogados de las víctimas censuraron su actuación, consideraron que habían omitido el deber de socorro a las víctimas y criticaron ampliamente la escasez de los medios que se habían previsto para atender las urgencias médicas en el evento.

Monteagudo y del Álamo siguen en su sitio

El jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, y el director general de Emergencias y protección Civil, Alfonso del Álamo, fueron imputados por el juez instructor, Eduardo López Palop, pero siguen en sus cargos. Ana Botella ha asegurado en las últimas horas que no decidirá sobre el futuro del primero de ellos hasta que concluya la investigación del caso.

Rivero y Rodrigo, fulminados

Tres semanas después de la noche de Halloween, la alcaldesa Ana Botella fulminó al consejero delegado de Madrid Espacios y Congresos, José Ángel Rivero, y al gerente, Jorge Rodrigo. Botella alegó una "pérdida de confianza" a la hora de justificar el cese de ambos.

El cargo de Rivero fue ocupado por Pablo del Amo. Tras su llegada a Madridec, ahondó del Amo en la purga en la empresa pública y relevó de sus funciones a los máximos responsables de las áreas de operaciones (María Cabeza Quirós), nuevas tecnologías (Victor Iriberri), infraestructuras (Elena Rodríguez) y a la titular del departamento jurídico (Paula Cisneros).

Madridec desaparecerá definitivamente el próximo 31 de diciembre, cuando su actividad quede integrada en la nuevaMadrid Destino Cultura.

La realidad es tozuda. Las previsiones enviadas por el propio Gobierno a Bruselas muestran que, al final del túnel, hay un pantano. Por eso, para ser optimista, el Ejecutivo, con Cristóbal Montoro a la cabeza, ha decidido seleccionar datos.

"Sería muy negativo que algún grupo negara que el año que viene habrá recuperación. Sobra este tipo de debate", sostuvo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. A su parecer, el debate debe centrarse en cuánto va a crecer el país el próximo año y en si las cuentas que ha planteado el Ejecutivo son "útiles y sirven" a dicha recuperación.

En suma: para ayudar al país, lo mejor es expurgar los datos y utilizar sólo los positivos: a ser posible, Bolsa (en máximos), tipos (en mínimos) y exportaciones (creciendo a buen ritmo por la caída de los salarios). Pura coyuntura. La salida de la recesión tras nueve trimestres (0,1% de crecimiento en el tercer trimestre)  y la inversión de Bill Gates en FCC dan color a un panorama que sigue siendo sombrío.

En realidad, el debate al que reta Montoro no invita al optimismo. El proyecto de Presupuestos para 2014 insiste en la austeridad y prevé un crecimiento de la economía del 0,7%. Según el Gobierno, el porcentaje, por primera vez en la historia económica reciente, será suficiente para crear empleo neto. Lo hará, según explicó el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, hacia el segundo trimestre del año.

No se creará empleo

Pero una opinión extendida entre los economistas considera que ese crecimiento no se traducirá en creación significativa de puestos de trabajo. Será sólo el porcentaje escaso de una economía estancada y renqueante. Para no perder perspectiva, basta acudir a la tasa de paro que recoge el proyecto de Presupuestos de 2014: 25,9% de la población activa, prácticamente la misma que en 2013.

Serán siete décimas menos, que el propio Gobierno atribuye a la mayor flexibilidad laboral y al aumento de los contratos a tiempo parcial, por un lado y al descenso de la población activa, por otro.

Tres apartados de las cuentas del Estado de 2014 recogen con crudeza la situación del país: deuda, que llegará dos años antes de lo previsto al 100% del producto interior bruto (99,8%) y superará el billón de euros; pensiones, que crecerán el mínimo previsto, un 0,25% y perderán capacidad de compra (1,25%) y desempleo, cuya partida, en un ejercicio en el que la tasa de paro apenas se mueve (se situará en el 25,9%) crece un 10,2%.

Sin justificación

El Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno ante Bruselas, con sus cálculos sobre la evolución de la economía hasta 2016 dejan claro que la recuperación, en todo caso, no llegará hasta 2015. Para 2015 y 2016, eleva el crecimiento al 1,2% y al 1,7% respectivamente. Pero sin justificar las razones por las que han mejorado las perspectivas. Comunidades y ayuntamientos deberán ajustar sus cuentas en 17.500 millones entre 2014 y 2015. Todo un panorama.

Mónica Melle, profesora de Economía de la Universidad Complutense y miembro de Economistas Fente a la Crisis, destaca que en los próximos cinco años, el crecimiento medio anual del PIB del país será de tan sólo el 1,33% (Bloomberg con proyecciones de Eurostat y del Fondo Monetario Internacional). Con ese crecimiento, el optimismo de Montoro queda muy empañado.

Lo que lleva a la otra gran pregunta que plantea Montoro: las cuentas de 2014 ¿son las de la recuperación? La respuesta no puede ser afirmativa. Aunque el Gobierno destaca una y otra vez la fortaleza de las exportaciones, no en vano buena parte de la materia gris del equipo económico está formada por técnicos comerciales del Estado, lo fundamental para determinar la salud económica del país es el consumo interno. Las exportaciones son importantes, pero representan un tercio de la economía (PIB).

“Están apoyándose y jugando con la estadística, de la que extraen datos positivos coyunturales aprovechando el impacto de la subida del IVA el pasado añosubida del IVA”,sostiene el economista y profesor Juan Laborda. “Pero confunden mercado con economía real. A mi juicio, estamos en una situación que recuerda las burbujas de 1998-2000 y 2000-2007 y mi apuesta va por un pinchazo de los mercados”.

No hay ninguna medida en los Presupuestos para animar el consumo y acercar el círculo virtuoso: más consumo, más gasto de los hogares, más empleo, más recaudación, etc. Quizá por ello, conviene hacer lo contrario que el ministro de Hacienda y contener la euforia.

La capacidad de compra de las familias merma, las pensiones verán reducida su capacidad de compra, los impuestos se mantendrán en lo alto (pese a las promesas, se mantiene la subida del IRPF y el IBI) y los salarios seguirán bajando para contribuir la ganancia de competitividad de la que alardea el Ejecutivo.

Viejos debates

Para compensar el conjunto de elementos negativos, el Gobierno (Montoro) aboga por olvidar “viejos debates” en torno a los salarios y su revalorización. Montoro es partidario de mirar la botella medio llena mejor que la botella entera y sostiene que la moderación de los precios (IPC) contribuirá a mejorar la capacidad de compra de los trabajadores.

Lo cierto es que hace mucha falta esa mejora porque el comercio se ha desplomado. Las ventas minoristas suman 38 meses en negativo, con tasas negativas interanuales cercanas al 5%. El efecto es demoledor y grandes superficies como El Corte Inglés, apoyada por el Banco Santander, lo han notado de forma dolorosa.

Si se observa el gráfico de ventas minoristas en España que recoge la amplia base de datos de la Reserva Federal de St Louis (EEUU) se observa fácilmente el impacto que la austeridad está produciendo en el consumo.

Pero, ¿qué sucede con una parte fundamental del sistema económico como es la banca? La respuesta la avanzó recientemente el economista y presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) Emilio Ontiveros: “El elevado endeudamiento de familias y empresas limitará no sólo la intensidad del gasto en consumo e inversión, sino la normalización de la actividad del sistema bancario”.

No hay crédito

En resumen, será difícil que el crédito fluya con normalidad y es algo vital para la recuperación y la actividad de las pymes, que soportan tres cuartas partes del empleo. De ese peligro ha alertado el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Statement on the Fourth Financial Sector Monitoring Mission to Spain.Statement on the Fourth Financial Sector Monitoring Mission to Spain

La causa está en que los bancos van a estar más centrados en proteger su solvencia y reducir riesgos que en prestar. La tasa de morosidad bancaria, que en buena parte recoge los efectos del desplome de años atrás, alcanza ya el 12%, la cifra más alta desde que hay registros, con la vivienda (tasa del 6%) en niveles nunca imaginados.

"La morosidad en España va retrasada en las estadísticas. Las ejecuciones y los embargos que estamos viendo ahora son consecuencia de los empleos perdidos en 2010 y 2011", explicó el economista y profesor de ICADE José Carlos Díez en una conferencia magistral en la Universidad de Alcalá.

Los datos del Banco de España muestran que el endeudamiento alcanzó en el segundo trimestre de este año un histórico 323,5% del producto interior bruto (PIB). O lo que es lo mismo, asciende ya a 3,30 billones de euros. El aumento, que es espectacular (en 2007 la deuda total era del 256%), se debe al sector público.

Pesan las obligaciones para atender el desempleo y el pago de intereses de la deuda.Hasta tal punto llega ese peso que economistas como Díez, han alertado de que "España sufre una crisis de deuda muy compleja que no está aún resuelta” y que puede acabar en impago. La pregunta clave es si con un 0,7% de crecimiento en 2014 se puede hacer frente a los compromisos de una deuda que, sólo en intereses, obligará a desembolsar 36.590 millones de euros.

Para la banca, el panorama aún no se despeja. A pesar de la mejora de resultados debido a las menores provisiones, la morosidad está en niveles récord (12%) y puede empeorar si se cumplen las previsiones del FMI.

El responsable de Asuntos Monetarios del Fondo, José Viñals, ha advertido de que "cerca del 50% de la deuda en Portugal, el 40% en España, y el 30% en Italia está en manos de empresas [...] que serían incapaces de hacer frente a sus deudas a medio plazo a menos que hagan ajustes”.

Con el consumo agostado, el crédito paralizado y los impuestos altos, pero poco efectivos en términos de recaudación, el centro de gravedad de las cuentas de 2014 descansa en que tire la demanda del resto del mundo. Porque la inversión pública, la levadura del PIB, no actuará. En 2013, la inversión pública se redujo un 15% y se situó en 5.200 millones, una cifra que no aumentará en 2014.

En cinco años, de 2007 a 2012, el gasto en obra pública se ha reducido un 57,4% y el pasado año solo representó sólo un 1,7% del PIB cuando cuatro años antes representaba el 2,7%. Al final del túnel, un pantano.

Ana Botella tiene un problema. A su pésima gestión del escándalo Madrid Arena, que provocó cinco muertes, se suma su dificultad para hacerse con las riendas del Ayuntamiento que heredó de Alberto Ruiz-Gallardón. Es precisamente este suceso el que ha puesto más entredicho su gestión al frente del Consistorio madrileño.

Con la marcha ayer de Antonio de Guindos, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, tras ser imputado en el caso Madrid Arena, ya son tres los cargos del PP madrileño que se cobra este caso. Primero cayó el responsable de Economía y Hacienda, Pedro Calvo. Y después fue el turno del ya exvicecalcalde Miguel Ángel Villanueva.

Para evitar esta tercera dimisión, los concejales del PP del Ayuntamiento de Madrid intentaron presentar una declaración, que después debería ser votada por la totalidad del Grupo Municipal Popular, en la que instaban a De Guindos a quedarse en el Ayuntamiento.

Fue el propio De Guindos el que se negó a que sus compañeros procedieran a esta votación. Se trata del mismo método al que recurrieron los concejales aguirristas del Ayuntamiento de Madrid para intentar que Manuel Cobo dejara de ser portavoz municipal después de sus polémicas declaraciones contra Esperanza Aguirre en El País. 

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid se han referido este martes a la dimisión del exdelegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos, tras su imputación en el caso Madrid Arena y han criticado la "insolvencia" e "incapacidad" de la gestión de la alcaldesa de la capital, Ana Botella.

"Su falta de experiencia política e insolvencia se está demostrando durante estos días", ha afirmado el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Quintana, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. A juicio de Quintana, la gestión y actitud política de Botella es la de una persona "bastante insolvente". "Estar casada con una persona que ha sido presidente del Gobierno no te garantiza ser alcaldesa de la capital", ha remarcado.

En este mismo sentido se ha expresado el portavoz de IU, Gregorio Gordo, quien ha avanzado que su valoración sobre este tema es "la más negativa" ya que "la confianza que se puede tener en un grupo municipal como el presidido por Ana Botella es lamentable". "Ana Botella está en las mismas circunstancias que el PP en la Comunidad de Madrid", ha sostenido Gordo, quien ha considerado que el "problema que tiene el PP es un problema generalizado del Estado, la Comunidad y los ayuntamientos".

Por parte de UPyD, su portavoz en la Cámara autonómica, Luis de Velasco, ha afirmado que ven "muy mal" la situación en el Ayuntamiento de Madrid y ha considerado que la alcaldesa "se ha quedado sola". En opinión del portavoz de la formación magenta, lo sucedido en el Consistorio "no es un tema menor porque lo que pasa en Madrid tiene reflejo en todo el país".

PP: "Una persona honesta"

Mientras, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha recordado sus once años como concejal en el Ayuntamiento de Madrid y ha apuntado que en su última etapa trabajó con De Guindos, "una persona honesta, de una gran catadura moral e integridad personal". 

"Creo que el Ayuntamiento pierde un gran activo", ha destacado Henríquez de Luna, quien ha considerado que la dimisión de De Guindos es "un ejercicio de honestidad personal" que es "siempre admirable". Además, se ha mostrado "convencido" de que "su inocencia va a quedar demostrada en los tribunales".

El primero en dejar el cargo fue Pedro Calvo, en ese momento delegado de Economía, portavoz municipal y responsable de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) aunque ostentaba la presidencia no ejecutiva de la sociedad. El edil, que puso su cargo a disposición de la alcaldesa el pasado 13 de noviembre, no ha sido imputado formalmente por el caso. Mantiene su acta de concejal.

El siguiente en abandonar el Ayuntamiento fue el hasta entonces vicealcalde Miguel Ángel Villanueva. Lo hizo el pasado 9 de enero dejando también su acta de concejal. Explicaba entonces que tomaba la decisión "en beneficio de la serenidad de un Gobierno que necesita trabajar por el interés de todos". La pasada semana Ángel Donesteve se convertía en concejal del Ayuntamiento de Madrid tras la salida de Villanueva de la Corporación. El exvicealcalde tampoco está imputado.

La última salida, la de Antonio de Guindos, hermano del ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha producido este lunes. Se trata de una decisión "personal" e "irrevocable", en palabras del portavoz del Gobierno, Enrique Núñez. Esta marcha no implica que la lista con la que concurrió el PP a las elecciones corra turno ya que el hasta ahora responsable municipal no iba en ella debido a que la alcaldesa pudo nombrarlo delegado en aplicación de la Ley de Capitalidad.