El anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios aprobado este martes por el Gobierno aspira a mejorar el acceso a los fármacos con un nuevo sistema de precios que impulsará a los genéricos y biosimilares y otras medidas como la prescripción enfermera y fisioterapeuta o la sustitución farmacéutica.

El gasto público en farmacia bate cada año máximos en España y sólo en 2023 superó los 27.700 millones de euros; con esta norma que actualizará la política farmacéutica en nuestro país, el Ministerio de Sanidad calcula un ahorro de más de 1.300 millones de euros anuales, ello sin contar con otros 150 millones derivados de la reforma del copago que acometerá más adelante.

Sus principales medidas son:

El SPR fija la cuantía máxima financiada por la sanidad pública por presentaciones de medicamentos incluidas en agrupaciones homogéneas, que contienen como mínimo dos fármacos con el mismo principio activo y dosis.

Con el actual modelo se igualan los precios de medicamentos equivalentes al del precio más bajo, lo que termina haciendo que los precios coincidan aunque no siempre sean los más bajos.

Ahora se creará una horquilla para que los que estén fuera del precio de referencia no queden excluidos de la financiación, permitiendo a las empresas que presenten ofertas cada seis meses.

Se mejora así la competitividad haciendo más ágil la incorporación de genéricos y biosimilares y permitiendo además a los que estén por encima del precio de referencia a tener una financiación parcial. También habilita la posibilidad de excluir los medicamentos estratégicos y de revisar al alza el precio de algunos cuando se ponga en riesgo el suministro.

Para fomentar el uso racional de medicamentos, las recetas se harán por Denominación Oficial Española (DOE) -o Denominación Común Internacional (DCI)- del principio activo, aunque podrá hacerse por denominación comercial siempre que vaya acompañada de él.

La AEMPS establecerá las agrupaciones homogéneas de medicamentos equivalentes entre sí y el paciente podrá elegir entre ellos. Es decir: cuando vaya a la farmacia a por su medicamento, si no existen otros igualmente dispensables, se le dará el prescrito.

Si los hay y el paciente no tiene preferencias, el farmacéutico deberá darle el de precio más bajo; si quiere uno diferente que esté dentro de la horquilla de precios seleccionados, se le dará sin cobrarle la diferencia; y si opta por uno que esté fuera de esa horquilla, deberá abonar la diferencia con el de menor precio de la agrupación homogénea.

Un ejemplo claro es el paracetamol; si se prefiere el gelocatil, deberá pagarse la diferencia respecto al que tenga el precio más bajo de la horquilla.

Quedarán excluidos los medicamentos en procesos crónicos, pacientes vulnerables o con problemas de adherencia y fármacos no sustituibles.

El farmacéutico podrá dispensar un medicamento sustituible al prescrito cuando haya una falta puntual de la presentación recetada, por ejemplo, a dar sobres en lugar de comprimidos si no los tiene en ese momento. En situaciones de desabastecimiento, la Aemps establecerá los medicamentos sustituibles por el que falta.

Podrán prescribir determinados medicamentos en el ámbito de sus competencias, como hacen ya odontólogos y podólogos.

Serán aquellos establecidos por la Aemps sujetos "a una primera prescripción tras un diagnóstico que, por la naturaleza recurrente, de aparición episódica y clínica reconocible de la condición que tratan, puede ser dispensado al paciente en sucesivas ocasiones sin prescripciones adicionales durante un periodo de tiempo determinado bajo el consejo profesional farmacéutico".

Las personas con migraña, por ejemplo, ya tendrán sus triptanes para siempre en su receta sin tener que ir a por una nueva cuando se le presente una crisis.

El prescriptor tendrá en tiempo real la información sobre el precio del medicamento y su impacto medioambiental, que nunca primará sobre la salud.

Se incorpora como un criterio a tener en cuenta en los procedimientos de decisión de precio y financiación.

La innovación incremental son mejoras en los medicamentos que, manteniendo el principio activo ya autorizado, suponen modificaciones en la posología, la formulación o la forma de administración, o bien la combinación de fármacos, que mejoran la efectividad, seguridad, tolerancia y propiedades farmacocinéticas, así como en la adherencia.

El anteproyecto introduce una serie de medidas regulatorias para reforzar la necesidad de que los laboratorios cuenten con planes de prevención de problemas de suministro o escasez de sus medicamentos y la obligación de que informen a la Aemps ante posibles problemas de calidad o de fabricación que afecten al suministro.

Se definen los "medicamentos estratégicos", contemplando la posibilidad de que el Gobierno adopte medidas extraordinarias para garantizar el acceso a estos fármacos en situaciones de emergencia, como una crisis sanitaria a nivel europeo.

Asimismo, se faculta al Ministerio a establecer modalidades de compra conjunta a nivel nacional o europeo en situaciones en las que esta opción sea preferible a la compra desagregada.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha advertido de que el uso prolongado de los fármacos que combinan ibuprofeno y codeína, indicados para tratar el dolor, provoca daños renales y gastrointestinales graves, e incluso ha alertado de varias muertes por esta causa.

"El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés) revisó varios casos de toxicidad renal, gastrointestinal y metabólica que se han notificado en asociación con casos de abuso y dependencia de combinaciones de codeína con ibuprofeno, algunos de los cuales han sido mortales", describe el propio PRAC en un informe elaborado tras su última reunión, ha recogido Europa Press.

Por ello, el PRAC ha recomendado un cambio en la información del producto de los medicamentos combinados de codeína con ibuprofeno para incluir una advertencia sobre los daños graves, incluida la muerte, especialmente cuando se toman durante períodos prolongados a dosis más altas de las recomendadas.

La codeína con ibuprofeno es una combinación de dos medicamentos, un opioide (codeína) y un antiinflamatorio (ibuprofeno), que se utilizan para tratar el dolor. El uso repetido de codeína con ibuprofeno puede provocar dependencia (adicción) y abuso debido al componente de codeína.

Concretamente, el PRAC ha descubierto que, cuando se toma a dosis más altas de las recomendadas o durante un periodo de tiempo prolongado, la codeína con ibuprofeno puede causar daños en los riñones, impidiéndoles eliminar adecuadamente los ácidos de la sangre a la orina (acidosis tubular renal). El mal funcionamiento de los riñones también puede causar niveles muy bajos de potasio en la sangre (hipopotasemia), lo que a su vez puede provocar síntomas como debilidad muscular y mareos. Por lo tanto, la acidosis tubular renal y la hipopotasemia se añadirán a la información del producto como nuevos efectos secundarios.

Dado que los medicamentos que contienen una combinación de codeína e ibuprofeno están autorizados a nivel nacional, el PRAC ha acordado "mensajes clave" que las autoridades nacionales competentes pueden utilizar al redactar su comunicación a los profesionales sanitarios pertinentes y para informar a los pacientes de los signos de abuso y dependencia, así como de los riesgos de daños graves. Se debe aconsejar a los pacientes que consulten a su médico si desean utilizar codeína con ibuprofeno durante más tiempo del recomendado y/o a dosis superiores a las recomendadas.

El PRAC también ha observado que hay medicamentos que contienen codeína con ibuprofeno que están disponibles sin receta médica en la Unión Europea. Dado que la mayoría de estos casos se notificaron en países en los que estos medicamentos están disponibles sin receta médica, el PRAC considera que el estatus de medicamento con receta médica sería la medida de minimización de riesgos más eficaz para mitigar los daños asociados al abuso y la dependencia de estos productos.

Según ha anunciado la EMA, las recomendaciones del PRAC, junto con los mensajes clave para la comunicación, se enviarán a las autoridades nacionales competentes, que podrán decidir sobre la necesidad de una comunicación adicional a nivel nacional.

Así se recoge en su segundo Estudio de proceso de revisión del gasto, conocido como Spending Review, que ha realizado por primera vez en España un organismo independiente basándose en datos, la evidencia empírica y las experiencias más exitosas a nivel nacional e internacional. Este segundo proyecto se ha centrado en la evaluación del gasto público en recetas de oficinas de farmacia, y proponen varias medidas para mejorar la gobernanza, los procedimientos, la eficiencia y la equidad en el SNS.

La AIReF considera que el sistema andaluz para la selección de fármacos es "más eficiente" que el modelo actual en el conjunto del Estado. Justifican que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ahorrado 560 millones de euros entre 2012 y 2017, lo que supone un 5,6 por ciento de los 10.020 millones de euros reportados por el SAS en ese período.

Esto, según sus análisis, no ha producido mayores problemas de falta de suministro de medicamentos. "Solo el 1,27 por ciento de los medicamentos con problemas están seleccionados mediante subastas: de un total de 600 fármacos, solo 8", determinan. Añaden que no hay diferencia entre las faltas de medicamentos dentro de las subastas que sujetos al modelo convencional.

El organismo también argumenta que sobre los beneficios de las farmacias pero solo entre aquellas que más facturan. "No ha habido más porcentaje de cierres de farmacias en Andalucía que en otras CCAA. Ha habido impacto sobre las farmacias grandes, no en las pequeñas", agregan.

En base a estas premisas, la AIReF apuesta por la implementación del modelo andaluz aunque con modificaciones para "fomentar mayor competencia", como el de precio uniforme y única puja por postor. Su propuesta recoge igualmente la división de lotes, la duración de 2 años y la inclusión, de forma progresiva y en base a los resultados, de fármacos habituales en patologías leves o moderadas, aquellos con mayor gasto, los que hayan demostrado su utilidad en ahorro en Andalucía y los que no afecten a la industria nacional.

Si este modelo se implementara ya, con la entrada de todos esos medicamentos sin progresividad y en todas las CCAA al mismo tiempo, se ahorrarían 1.000 millones a las arcas públicas en 2020, 2021 y 2022. En el caso de una introducción más gradual, sería de 187 millones en 2021 y 224 en 2022, de acuerdo con sus cálculos iniciales. "La experiencia desarrollada en Andalucía, donde el sistema de selección de medicamentos se ha revelado exitoso para conseguir ahorros sin comprometer la salud de los ciudadanos, pone de manifiesto que es posible alcanzar mejoras de eficiencia con la definición de un sistema de selección de medicamentos a escala nacional", resume el organismo en su informe.

Mejorar los copagos 

Tras sus evaluaciones, que han incluido estudios de bases de datos, entrevistas con la administración y la industria o revisión de más de 150 documentos de investigación, la AIReF aboga por un copago farmacéutico con "mayor equidad". El actual "penaliza a los trabajadores activos de bajos ingresos frente a los pensionistas de ingresos similares". Así, ponen el ejemplo de que un activo por debajo de los 18.000 euros de renta aporta hasta el 40 por ciento del precio de sus medicamentos, mientras los pensionistas con una renta equivalente esta cifra llega al 6,4 por ciento.

Sobre las áreas de mejora, recomiendan eliminar la distinción entre activo y pensionista en relación al copago, un límite máximo de gasto anual para los activos de menos de 18.000 euros para mejorar la equidad, así como estratificar los tramos de renta, ya que "se subvenciona lo mismo a un activo con 19.000 euros de renta que a uno con renta cinco veces superior". De esta forma, los tramos serían los siguientes: menos de 12.000 euros; 12.000-18.000 euros; 18.000-30.000 euros; 30.000-60.000 euros; 60.000-100.000 euros; y mayores de 100.000 euros.

Proponen la implementación de un sistema de copago evitable, por el que el paciente pagaría la diferencia entre el precio del principio activo hasta el importe de financiación y el precio de venta al público del medicamento que retire en la farmacia (en caso de que el medicamento tenga un precio de venta al público superior). Esto "permitiría concienciar al ciudadano sobre el impacto de sus decisiones de consumo y obtener mejoras en los precios de facturación del SNS", asegura la AIReF.

Optimizar el gasto en medicamentos 

Los expertos fiscales concluyen que España cuenta con un sistema de salud "eficiente", pero apuntan que el gasto público es "más elevado que en los países de referencia, lo que sugiere que existen ahorros potenciales". Así, consideran que "una gestión más eficiente del gasto farmacéutico podría liberar más de 1.000 millones de euros anuales", de forma que España se acerque al gasto farmacéutico ambulatorio con respecto al porcentaje del PIB de Estados similares.

Achacan este alto gasto en fármacos a que el consumo por habitante es "elevado", especialmente en antibióticos, y a que el porcentaje de medicamentos genéricos "no alcanza los ratios de los mejores países", pese a ser "creciente". Los genéricos representan el 22 por ciento del gasto en fármacos financiados en España, hasta 13 puntos por debajo del promedio de Alemania y Reino Unido.

Por ello, apuestan por que los genéricos vayan ganando peso, aunque reclaman asimismo un "aumento del precio de los medicamentos con problemas de suministro por bajo precio (patentados, genéricos y biosimilares)". En esta misma línea, ven posibles mejoras en la revisión de precios a lo largo del ciclo de la vida de los fármacos de forma progresiva, y no solo a los diez años de su entrada en el mercado, así como introducir la indicación terapéutica en el Sistema de Precios de Referencia y no solo por principio activo. Este nuevo método podría ahorrar hasta 270 millones entre 2020 y 2022.

Otras propuestas 

Por otra parte, el organismo aconseja otras medidas transversales, como modificar la composición actual de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, de forma que se aumente el poder de decisión de las CCAA: "el 95 por ciento del gasto farmacéutico se realiza por las CCAA, pero tienen una representación de apenas el 27 por ciento (3 de 11 votos)". Según su propuesta, pasarían a contar con hasta dos tercios de los asientos en la Comisión.

Finalmente, la AIReF propone vincular las prescripciones a las resoluciones de la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento, introducir programas generalizados de seguimiento de su consumo, incrementar la cooperación entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y las agencias de evaluación regionales en la evaluación de medicamentos y la elaboración de guías clínicas, así como desarrollar planes de educación sanitaria para fomentar el uso racional de los medicamentos y la adherencia a los tratamientos, con la participación del farmacéutico de Atención Primaria y las oficinas de Farmacia.

La falta de transparencia y las estrategias de la industria farmacéutica ponen en peligro los recursos del sistema sanitario público por el auge "desorbitado" de los precios de los nuevos medicamentos para el cáncer, cuya cuantía se ha duplicado en solo diez años a pesar de que en muchos de ellos hay una importante inversión pública en su fase de desarrollo. Esta es una de las principales conclusiones del informe Los medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad [consultar, aquí], elaborado por el colectivo de médicos, investigadores y pacientes No es Sano.

En España, algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores alcanzan los 30.000, 40.000 y hasta 100.000 euros por paciente al año. Unos precios inasumibles para el sistema sanitario, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de casos diagnosticados, que pasará de 247.000 en 2015 a 315.000 en 2035, un 27,5%, según las previsiones.

A juicio de los autores el informe, la situación de "imparable crecimiento de los precios" viene favorecida por un entorno regulador, a nivel nacional, europeo e internacional, que no permite el abordaje del actual "desequilibrio" entre el beneficio empresarial y el interés público. Y guarda relación con cómo las compañías se sirven del actual marco normativo para desplegar sus estrategias comerciales y maximizar sus beneficios.

infoLibre detalla a continuación qué prácticas llevan a cabo los grandes laboratorios para aumentar su negocio con los medicamentos que salvan vidas: 

01. Utilizar su posición dominante para fijar precios. El sistema de patentes –vigente en Estados Unidos desde principios del siglo XX y en Europa a partir de la década de los sesenta del siglo pasado– se basa en la idea de premiar al inventor o desarrollador con el objetivo de incentivar la inversión en I+D, garantizar la recuperación de los costes y la obtención de un beneficio razonable. Sin embargo, según datos de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) incluidos en el documento, los grandes laboratorios sólo dedican un 16% del total de las ventas a investigar y un 21% a producir nuevos fármacos. 

De hecho, el informe denuncia que lo que ocurre realmente es que a la protección de comercialización bajo el monopolio de la patente, se añade la exclusividad de los datos, pues los costes reales de la investigación son secretos; lo que permite que las compañías se sitúen en el mercado con una posición dominante que permite "fijar el precio máximo que el comprador pueda pagar". Eso hace, por ejemplo, que el vial de un medicamento como el bevacizumab (distribuido por Roche como Avastin) y que se utiliza en diferentes tipos de cáncer, cueste 188,20 euros en India y 1.272,90 euros en España. 

02. Invertir en investigación únicamente en las fases avanzadas. Los autores del documento critican la "escasa transparencia" de un sector cuyas transferencias y reembolsos "a menudo proceden del Estado". Y es que el informe pone de manifiesto la importante participación pública a lo largo del proceso de creación de los medicamentos y la falta de retorno de esas inversiones tras décadas de comercialización, al tiempo que constata que "la mayor parte de la inversión de la industria se da en las fases de desarrollo más avanzadas". 

En este sentido, el documento pone el ejemplo del trastuzumab, el primer tratamiento personalizado para cáncer de mama (comercializado por Roche como Herceptin). Su desarrollo lo inició en los ochenta el científico de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) Denis Slamon junto a su equipo en el National Cancer Institute (NCI). Tras los primeros avances se interesó por su evolución la biotecnológica Genentech, que desistió al tiempo de la investigación por "falta de rentabilidad". En 1990, gracias a varias aportaciones de filántropos, se impuso el desarrollo del trastuzumab y comenzaron los primeros ensayos clínicos. Ese mismo año, Roche compró el 60% de Genentech, que recuperó su interés en la investigación al ver que podía ser un fármaco prometedor. En 2009 Roche completó la compra de biotecnológica por 36.000 millones de euros.

Actualmente, Herceptin supone el 18% del total de ventas de Roche. Según datos del propio laboratorio, desde la comercialización de este fármaco en 1999, la compañía habría acumulado más de 65.000 millones de euros en ventas. Y eso que la aportación pública tanto en la fase preclínica como clínica fue "especialmente relevante". De hecho, casi la mitad de los ensayos clínicos  se realizaron con fines no comerciales y con financiación procedente de universidades, centros de investigación o fundaciones sin ánimo de lucro.

03. Proteger la exclusividad relanzando productos bajo una nueva marca. El informe también alerta de la utilización de estrategias que permiten, mediante diferentes mecanismos, extender las patentes de fármacos que están a punto de expirar. Una de esas tácticas es volver a sacar al mercado con una nueva marca comercial una molécula ya inventada con el objetivo de prolongar su blindaje. 

El documento ilustra el caso con el ejemplo del alemtuzumab, un medicamento indicado desde 2001 para el tratamiento de la leucemia (de nombre comercial MabCampath y comercializado por Bayer-Schering) del que más tarde se descubrió su potencial para tratar la esclerosis múltiple. Pues bien, una vez acreditada su indicación para tratar esta última dolencia, el laboratorio Sanofi –actual dueño de sus derechos– decidió retirar del mercado el MabCampath alegando "razones comerciales" y comercializar de nuevo esa misma molécula bajo la marca Lemtrada, que no perderá su patente hasta 2027. 

En España, Lemtrada está autorizado y financiado para uso hospitalario. De acuerdo con informes referenciados en el documento de No es Sano, el precio por vial es de 7.250 euros y el coste de un tratamiento para dos años rondaría los 58.000 euros, 15 veces más, como mínimo, que lo que se habría pagado por el mismo tratamiento con MabCampath. "Los cálculos realizados a partir de los datos disponibles nos permiten estimar una diferencia de unos 56.000 euros por tratamiento y por paciente, lo que supondría un ahorro de más de dos millones de euros si se tratara con MabCampath a los pacientes afectados de esclerosis múltiple recurrente-recidivante en España, la más frecuente", detalla el documento. 

04. Introducir nuevas formas de administración del fármaco para prolongar la patente. Otra de las fórmulas que utilizan los laboratorios para retrasar la entrada de competidores es presentar nuevas fórmulas de un mismo fármaco con formas farmacéuticas o vías de administración diferentes. Eso les permite proteger de nuevo el producto y diferenciarse

de los biosimilares recién llegados (copias de los caros medicamentos biológicos), que mantienen las formulaciones previas, normalmente menos atractivas. 

El citado trastuzumab, el superventas de Roche, sirve de ejemplo de fármaco que cuenta con un complejo entramado de patentes que blindan el medicamento en todas sus dimensiones: desde el propio anticuerpo hasta sus métodos de obtención, sus indicaciones, las formas de administración, técnicas de diagnóstico del tumor o, incluso, posibles combinaciones con otros fármacos. De hecho, todavía tiene vigentes, al menos, cuarenta patentes por las que ha mantenido litigios con otras compañías.

Se da, además, el caso de varias patentes que han renovado su vigencia con la introducción de pequeñas modificaciones. El propio anticuerpo monoclonal, por ejemplo, fue patentado por primera vez en 1994 y se volvió a patentar siete veces más hasta 1998.

05. Retrasar la entrada de biosimilares o genéricos. En el afán de proteger el nicho de mercado de un medicamento patentado, la industria recurre muchas veces a estrategias que evitan o retrasan la disponibilidad de los medicamentos genéricos o biosimilares, lo cual, a su vez, "multiplica los efectos perversos de los altos precios", según el informe. Existen prácticas como el pay-for-delay o pago por retrasar la llegada de los genéricos, que consiste en que cuando la patente que protege un medicamento de marca está a punto de terminar o, al menos, es cuestionable ante los tribunales, el laboratorio dueño del fármaco paga a las empresas que pensaban sacar un genérico para que no lo hagan.

En Estados Unidos, el ejemplo del imatinib (comercializado por Novartis como Glivec), un fármaco que salió al mercado en 2001 para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, ilustra esta estrategia. En julio de 2015, una vez perdida la patente, Novartis llegó a un acuerdo de pay-for-delay con Sun Pharma, fabricante de biosimilares, para retrasar seis meses la entrada del imatinib biosimilar. 

Cuando el biosimilar salió al mercado en febrero de 2016, lo hizo con un precio mínimamente inferior al de la marca: 140.000 dólares al año, frente a los 145.000 dólares del imatinib de marca. "Al disfrutar el biosimilar de seis meses de exclusividad, la compañía podía fijar el precio que quisiera y durante 12 meses, tras la expiración de la patente, ambos laboratorios mantuvieron los altos precios de imatinib gracias a este acuerdo de duopolio", subraya el informe.

La fundación sin ánimo de lucro Salud por Derecho, que defiende el derecho universal a la salud, lanzó este martes la campaña Sick, Sick, Sick ('Enfermo, Enfermo, Enfermo'). Un falso concurso de talentos en el que tres concursantes competirán por conseguir "el fármaco que salvará su vida". El jurado será el responsable de elegir quién puede acceder a los medicamentos que necesita y quién no. Solo puede ganar uno.

El objetivo de la campaña es "sensibilizar sobre cuáles son las consecuencias del actual sistema de investigación y desarrollo de fármacos", explica la directora ejecutiva de la fundación, Vanessa López. "Queremos poner de manifiesto lo injusto, lo insostenible y el sinsentido" del actual sistema y mostrar que "la salud no debería ser un juego, aunque hoy lo esté siendo", arguye.

El "inmoral" e "injusto" concurso es "una parodia del modelo actual de I+D de fármacos", que "juega con las vidas humanas" y prioriza el beneficio económico frente a los derechos de la gente. “Es un modelo basado en proteger la propiedad intelectual por encima del derecho a la salud, muy opaco y secuestrado por los intereses privados de las grandes compañías”, asegura López. 

Un sistema que provoca que, a día de hoy, una de cada tres personas no tenga acceso a los medicamentos que precisa. Y, según la fundación, las razones son varias. Por un lado, la industria farmacéutica "se orienta solo por el beneficio económico" y deja de investigar y desarrollar otros fármacos "relevantes desde el punto de vista de la salud pública", expone la directora, que pone como ejemplo el caso de los antibióticos: "En los últimos 30 años se han desarrollado algunas clases nuevas, pero están habiendo problemas de resistencias tremendos y no tenemos los antibióticos". Pero, desgraciadamente, no es un caso aislado. También sucede con la "tuberculosis, la enfermedad del sueño o con las enfermedades raras", por poner algunos ejemplos.

Además, muchos de los nuevos medicamentos salen al mercado con precios desorbitados: “En España, pese a que las cifras no son públicas, se estima que se pagan unos 40.000 euros de media en fármacos para el cáncer o 20.000 en el caso de la hepatitis C. Estos precios ponen en peligro la sostenibilidad del sistema de salud y, por lo tanto, la vida de miles de personas que dejan de recibir fármacos que existen y que, en muchas ocasiones, son fundamentales para la vida”, afirma.

Del mismo modo, Salud por Derecho denuncia el modelo actual basado en un sistema de patentes, que "permite la existencia de monopolios" y "facilita a las compañía el establecimiento de precios exorbitantes ante la ausencia de competencia". Lo que agrava la falta de transparencia, que impide conocer el coste real de desarrollar un fármaco: “Este sistema favorece que, para poder obtener patentes, no se comparta la información ni los resultados que generan las investigaciones. Así, éstas se duplican y prolongan más de la cuenta, despilfarrando millones de euros y retrasando avances científicos importantes”, relata López.

Por ello, la fundación demanda "precios justos y asequibles" y que dejen de ser "secretos" y que "se haga pública la inversión destinada al desarrollo de un producto farmacéutico". Así como que se "dejen de emplear prácticas para demorar la entrada de medicamentos genéricos", más baratos, y se pongan en marcha "modelos alternativos al actual sistema de patentes", que permitan el desarrollo de fármacos más accesibles manteniendo "un beneficio industrial razonable". 

Recogida de firmas

Igualmente, con la campaña Salud por Derecho quiere recoger firmas de la ciudadanía que apoye la carta con la que la organización pedirá a Farmaindustria, la patronal de las farmacéuticas en España, que abandone "las prácticas que impiden el acceso a los fármacos" y que, de alguna manera, "sea partícipe en el cambio de modelo que muchos actores están pidiendo". 

“Este falso concurso pretende generar un debate entre la ciudadanía que es importantísimo y urgente. Muchas de estas cuestiones son desconocidas por una gran cantidad de gente a la que esto le afecta de manera muy directa”, defiende López, que argumenta que “la salud no es un juego, ni debería serlo. Es un derecho humano que está siendo vulnerado constantemente”.

El último Barómetro Sanitario [consultar, aquí], el sondeo que realizan anualmente el Ministerio de Sanidad y el CIS, reveló que el 4,4% de los encuestados había dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública en 2016 porque no se lo pudo permitir por motivos económicos. Si se traslada este porcentaje al conjunto de la población española mayor de 18 años la conclusión es que 1,67 millones de ciudadanos residentes en España renunciaron a tratamientos médicos por este motivo. En 2014, la primera vez que el barómetro incluyó esta pregunta, el 4,5% de los encuestados respondió en este mismo sentido. El porcentaje bajó al 4% en 2015 y ahora ha vuelto a subir.

Aunque el sistema sanitario español está construido sobre los cimientos de la universalidad y la gratuidad, incluye desde su origen el copago en las medicinas que se dispensan en las farmacias. El Gobierno de Mariano Rajoy implantó en 2012 un nuevo sistema que incluyó el copago para los pensionistas, que hasta entonces sólo habían contribuido a pagar los medicamentos con sus impuestos. Empezaron así a abonar el 10% del precio de los fármacos con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta.

Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago se estableció en función de los ingresos. Se mantuvo en el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, se aumentó del 40% al 50% para los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000 y se incrementó del 40% al 60% para quienes ganan más de esa cifra. A cambio, quedaron exentos los parados sin prestación ni subsidio y quienes cobran pensiones mínimas o no contributivas.

Abandono de tratamientos

El análisis de las cifras de abandono de tratamientos llevó al Gobierno de la Comunitat Valenciana (PSOE-Compromís) al convencimiento de que era necesario compensar el copago farmacéutico para los colectivos más vulnerables: jubilados con rentas bajas, personas con discapacidad superior al 65%, menores que estén adscritos a una tarjeta sanitaria cuyo titular percibe menos de 18.000 euros anuales e hijos de migrantes en situación irregular. Desde entonces, 1.011.375 personas se han beneficiado de esta medida, que tiene un coste anual para las arcas públicas de alrededor de cincuenta millones de euros y también incluye ayudas para la compra de productos ortoprotésicos.

"La idea es ayudar a estabilizar a la persona y hacer un seguimiento mejor de su salud con el objetivo de evitar que se agudicen sus patologías. Es una apuesta por la protección de salud que tiene beneficios tanto para los usuarios como para el sistema", señalan a infoLibre desde el Gobierno valenciano. Lo cierto es que los expertos en política sanitaria siempre advierten de que resulta más eficaz para el sistema mantener estabilizados a sus enfermos que tener que intervenir directamente cuando su situación empeora. 

Los datos facilitados por la Generalitat valenciana evidencian que la compensación del recargo impuesto por el Gobierno ha reducido el abandono de tratamientos. Así, mientras entre enero y marzo de 2015 el número de tratamientos abandonados ascendió a 96.886, en el mismo período de 2017 esta cifra descendió a 60.468. En porcentaje, la reducción es del 37,6%. Desde la conselleria explican que el cálculo se hace con tratamientos, no con pacientes, ya que una misma persona puede necesitar varios. 

En relación al copago, también en el País Vasco se puso en marcha hace cuatro años un sistema de ayudas para que pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros, desempleados de larga duración y personas que se encuentran en situación irregular y sin recursos económicos pudieran completar sus tratamientos. Más de 300.000 personas se han beneficiado de esta medida, que tiene un coste para las arcas públicas de alrededor de siete millones de euros anuales. 

Los modelos son diferentes. En el País Vasco se implantó un sistema de reembolso en el que a los beneficiarios –previa inscripción en su centro de salud– se les hace una devolución del dinero pagado de más dos veces al año. En la Comunitat Valenciana las personas que tienen derecho a esta subvención son identificadas de oficio por la conselleria y, por tanto, no tienen que abonar nada cuando van a la farmacia a retirar las medicinas o el material ortoprotésico prescrito porque se les identifica con su tarjeta sanitaria. 

Respuesta del tercer sector  

Sin embargo, la crisis también ha generado nuevas situaciones de precariedad que no tienen una respuesta directa en el sector público. Ese es el espacio que intentan llenar ONG como Banco Farmacéutico, que desde 2015 ha sufragado la medicación de 1.716 personas vulnerables en Barcelona y que planea expandirse al resto de Cataluña, a Madrid y a Aragón en los próximos meses. Esos tratamientos han tenido un coste de 187.000 euros que la ONG ha financiado a través de las cuotas de sus socios, los donativos de grandes empresas y la asignación que recibe gracias a la casilla destinada a fines sociales de la declaración de la renta. 

En el proyecto Fondo Social de Medicamentos puesto en marcha por el Banco Farmacéutico actúan de forma coordinada los trabajadores sociales de los centros de salud, que verifican la adecuación del paciente al proyecto previa entrega de la documentación que acredita su situación de vulnerabilidad, y las farmacias colaboradoras, que se implican financiando el 100% de los medicamentos y adelantando ese dinero hasta que, al final de mes, la ONG les entrega el dinero que han dejado de ingresar por esos fármacos. El paciente sólo tiene que acudir a una de esas farmacias colaboradoras y retirar los medicamentos recetados sin cargo económico alguno. 

Lluis Llaquet, uno de los colaboradores de la ONG, explica que la mayoría de beneficiarios del Fondo Social de Medicamentos son pacientes crónicos de entre 50 y 60 años, de nacionalidad española, y que están en situación de desempleo, un colectivo que tiene que abonar hasta el 40% del precio de las medicinas prescritas por los médicos si está cobrando algún tipo de prestación o subsidio. No obstante, la ONG ha puesto en marcha de manera reciente el Observatorio de la Pobreza Farmacéutica, con el que pretenden analizar y dar a conocer el perfil de las personas que no tienen recursos para pagar las medicinas que necesitan.

Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), señala que, desde el sector público, la única opción que se puede ofrecer a las personas que no pueden pagar sus medicinas es un subsidio de emergencia –por ejemplo, en forma de cheque para que acudan a la farmacia, igual que se le puede dar para que acudan a su supermercado o para que paguen la luz o el agua–, pero es algo puntual, una ayuda a la que pueden acceder en una o dos ocasiones. De hecho, asegura que a veces son los propios asistentes sociales los que, ante la escasez de medios, se ven obligados a derivar a estas personas hacia la beneficencia que ofrecen organizaciones del tercer sector. 

La Defensora del Pueblo, en su informe de 2016 [consultar, aquí], alertó de esta situación. Subrayó que es "necesario" que la Administración ponga en marcha un protocolo para atender "con medios públicos" situaciones de alto riesgo tras haber detectado que instituciones públicas han derivado a ONG a personas que acudían a los servicios sociales a solicitar ayuda porque no tenían dinero para adquirir los medicamentos que necesitaban. El mismo organismo también señaló que la "regulación actual" del copago farmacéutico "no garantiza" que determinados grupos de personas "sin ingresos o con rentas muy bajas" puedan acceder a los medicamentos que precisan.

Fármacos excluidos 

Por otro lado, la Organización Médica Colegial (OMC), entidad que agrupa a los colegios de médicos de toda España, ha lanzado en los últimos años propuestas como blindar frente al copago los fármacos para determinadas enfermedades, de forma que nadie quede excluido de ningún tratamiento por falta de medios. De hecho, países de la Unión Europea como Francia, Italia y Holanda tienen listas de fármacos para determinadas patologías financiados al 100% por la Administración.

Desde el Ministerio de Sanidad suelen defender que ya existen los llamados fármacos de aportación reducida por los que los pacientes pagan, tengan la renta que tengan, un 10% de su precio con un límite de 4,13 euros por receta. Se trata de 40 grupos de productos entre los que están los antidiabéticos orales y la insulina, los antidepresivos, los tratamientos para controlar las arritmias o los medicamentos para el tratamiento del cáncer que se toman fuera del hospital.

Sin embargo, la reforma sanitaria puesta en marcha cuando Ana Mato estaba al frente del Ministerio de Sanidad también puso en marcha el llamado medicamentazo. Es decir, la exclusión del sistema de recetas de 417 fármacos de uso común que desde el 1 de septiembre de 2012 los pacientes deben pagar íntegramente de su bolsillo. Entre ellos, Fortasec, para tratar la diarrea; Flumil o Flutox, para procesos catarrales; o el protector de estómago Almax.

Precisamente los pensionistas, que son el colectivo con una mayor afectación de enfermedades, suelen quejarse del desembolso que supone para ellos la compra de productos que son necesarios para mantener su bienestar y que no están financiados. Entre ellos, cremas dermatológicas, gotas oftalmológicas, empapaderas, ropa interior especial para incontinencia... En estos casos, la única respuesta está en los exiguos subsidios de emergencia o en la caridad de organizaciones del tercer sector. 

La Defensora del Pueblo alerta en su informe anual de 2016 [consultar, aquí], presentado este martes en el Congreso, de que la "regulación actual" del copago farmacéutico "no garantiza" que determinados grupos de personas "sin ingresos o con rentas muy bajas" puedan acceder a los medicamentos que precisan. Aunque el sistema sanitario español está construido sobre los cimientos de la universalidad y la gratuidad, sí establece copagos en las medicinas que se dispensan en las oficinas de farmacia. 

Además, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha en 2012 un nuevo sistema con el que implantó el copago para los pensionistas, que hasta entonces sólo habían contribuido a pagar los medicamentos a través de los impuestos. Los jubilados empezaron así a pagar el 10% del precio de los fármacos que compran en boticas (con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta).

Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago se estableció en función de los ingresos. Se mantuvo en el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, se aumentó del 40% al 50% para los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000 y se incrementó del 40% al 60% para quienes ganan más de esa cifra. A cambio, quedaron exentos los parados de larga duración y quienes cobran pensiones mínimas o no contributivas.

Además de la citada advertencia, el informe de la Defensora del Pueblo subraya también que es "necesario" que la Administración ponga en marcha un protocolo para atender "con medios públicos" situaciones de alto riesgo tras haber detectado que instituciones públicas han derivado a ONG a personas que acudían a los servicios sociales a solicitar ayuda porque no tenían dinero para adquirir los medicamentos que necesitaban. 

En concreto, el informe hace alusión al caso de un hombre con un trastorno mental, divorciado y que tenía que hacer frente al pago de los alimentos para sus hijos. En su queja señalaba que disponía únicamente de unos 280 euros mensuales y que, en consecuencia, no podía afrontar el pago de los medicamentos prescritos. Al mediar en este caso, el organismo recibió por respuesta de la administración implicada –la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias– que la pauta en estos casos era remitir a los usuarios a una entidad social privada sin ánimo de lucro "por si esta le podía facilitar alguna ayuda para la adquisición de medicamentos". 

Precisamente este lunes se hizo público el último Barómetro Sanitario [consultar, aquí] realizado por el Ministerio de Sanidad y el CIS y en el que se recogía que el 4,4% de los encuestados había asegurado que en 2016 había dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos. Si se traslada este porcentaje al conjunto de la población española mayor de 18 años la conclusión es que 1,67 millones de ciudadanos residentes en España han renunciado a tratamientos médicos. 

Justicia, voto por correo... 

La institución dirigida por Soledad Becerril, que recibió, en conjunto, alrededor de 45 reclamaciones ciudadanas cada día durante el año pasado también incluye en su informe anual otros datos de interés. Por ejemplo, califica de "especialmente preocupantes" las demoras en la jurisdicción social —la celebración de una vista puede tardar tres años en Sevilla y dos en Madrid— y en los procesos civiles de familia, debido al colapso "de los equipos psicosociales o los puntos de encuentro". El organismo recibió 1.694 quejas relacionadas con el funcionamiento de la Justicia. 

Por otro lado, el balance muestra un claro descontento con la gestión del voto a distancia, especialmente desde el extranjero. Según el informe, las complejidades burocráticas, la dependencia de servicios de correos extranjeros (no siempre eficientes) y, sobre todo, el carácter "rogado" del voto han dificultado el pleno ejercicio del derecho fundamental a la participación política. El informe también apunta que se han recibido numerosas quejas procedentes del colectivo de residentes españoles en el exterior que no han recuperado, o lo han hecho de forma parcial, los gastos efectuados para el envío del voto desde el exterior. 

También hay reproches en relación a la actuación del Gobierno sobre el sistema de acogida e integración de refugiados. En esta línea, el organismo destaca que la falta de desarrollo reglamentario de la ley de asilo, aprobada en 2009, "dificulta gravemente la gestión de las obligaciones de protección internacional suscritas por España". Además, señala que la limitación establecida en esa ley para presentar demandas de protección en las representaciones diplomáticas en el exterior "impide" el acceso al procedimiento a potenciales solicitantes por lo que insta a "recuperar" esa opción o regular la concesión de visados humanitarios. 

Además, entre otras cuestiones, el informe de la Defensora del Pueblo cuestiona las sanciones de la ley mordaza a periodistas y manifestantes; pide "una revisión profunda" de los CIE, que –señala– han sido "una preocupación constante" desde su creación; recomienda modificar la normativa para que sea más difícil retirar el derecho al voto electoral a las personas con discapacidad intelectual; o pone de manifiesto las "demoras" en la realización del procedimiento quirúrgico de implante de prótesis de mama y reconstrucción de seno a mujeres que han sufrido una mastectomía tras un cáncer de mama. 

El 4,4% de encuestados en el último Barómetro Sanitario [consultar, aquí], el sondeo que realizan anualmente el Ministerio de Sanidad y el CIS, asegura que en 2016 dejó de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos.

Si se traslada este porcentaje al conjunto de la población española mayor de 18 años la conclusión es que 1,67 millones de ciudadanos residentes en España han renunciado a tratamientos médicos. En 2014, la primera vez que el barómetro incluyó esta pregunta el 4,5% de los encuestados respondió en este mismo sentido. El porcentaje bajó al 4% en 2015 y ahora ha vuelto a subir.

El sistema sanitario español está construido sobre los cimientos de la universalidad y la gratuidad, si bien incluye desde su origen el copago en las medicinas que se dispensan en las oficinas de farmacia. Además, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha en 2012 un nuevo sistema con el que implantó el copago para los pensionistas, que hasta entonces sólo habían contribuido a pagar los medicamentos a través de los impuestos.

Los jubilados empezaron así a pagar el 10% del precio de los fármacos que compran en boticas (con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta). Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago se estableció en función de los ingresos. Se mantuvo en el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, se aumentó del 40% al 50% para los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000 y se incrementó del 40% al 60% para quienes ganan más de esa cifra. A cambio, quedaron exentos los parados de larga duración y quienes cobran pensiones mínimas o no contributivas. 

En este sentido, la Organización Médica Colegial (OMC), entidad que agrupa a los colegios de médicos de toda España, ha lanzado en los últimos años propuestas como blindar frente al copago los fármacos para determinadas enfermedades para que nadie quede excluido de ningún tratamiento por falta de medios. De hecho, países de la Unión Europea como Francia, Italia y Holanda tienen listas de fármacos para determinadas patologías financiados al 100% por la Administración. 

Desde el Ministerio de Sanidad defienden que ya existen los llamados fármacos de aportación reducida por los que los pacientes pagan, tengan la renta que tengan, un 10% de su precio con un límite de 4,13 euros por receta. Se trata de 40 grupos de productos entre los que están los antidiabéticos orales y la insulina, los antidepresivos, los tratamientos para controlar las arritmias o los medicamentos para el tratamiento del cáncer que se toman fuera del hospital. 

La reforma sanitaria puesta en marcha cuando Ana Mato estaba al frente del Ministerio de Sanidad también puso en marcha el llamado medicamentazo. Es decir, la exclusión del sistema de recetas de 417 fármacos de uso común que desde el 1 de septiembre de 2012 los pacientes deben pagar íntegramente de su bolsillo. Entre ellos, Fortasec, para tratar la diarrea; Flumil o Flutox, para procesos catarrales; o el protector de estómago Almax.

Valoración 

El estudio que anualmente realizan el Ministerio de Sanidad y el CIS para testar la opinión de los ciudadanos sobre el sistema de salud deja también otros datos de interés. En conjunto, la puntuación que dan los ciudadanos a la atención sanitaria que reciben es notable: 6,55 sobre 10. De hecho, esta nota aumenta respecto al año pasado, cuando fue de 6,38. En 2014 la puntuación media fue de 6,31, el peor registro desde 2008. Respecto a la opinión general de la población (usuarios y no usuarios), el 66,1% manifiesta que el sistema sanitario en España funciona bien o bastante bien aunque necesite algunos cambios, mientras que  el 33,2% piensa que necesita modificaciones fundamentales.

También es muy positiva la valoración de la atención en la consulta de atención primaria (médico de familia): el 86% asegura que es buena o muy buena, dos décimas más que en 2010. Las expectativas previas sobre la atención son, además, altas, ya que seis de cada diez personas manifiestan que la atención recibida fue más o menos igual a como esperaban que fuera. En las consultas de atención primaria son muy apreciados aspectos como la confianza y seguridad que transmite el médico (7,73 puntos sobre 10), el trato recibido del personal sanitario (7,72) y la información recibida sobre el problema de salud (7,55). 

Todo ello a pesar de que el problema de la demora para ser atendido ha llegado a este servicio. Llamar por teléfono, pedir cita y estar en la consulta del médico de cabecera al día siguiente o, como mucho, a los dos días ya no es algo tan habitual. De hecho, uno de cada cuatro encuestados asegura que tardaron al menos cinco días en darle cita con su médico de cabecera. La Organización Médico Colegial viene alertando de este problema, que enmarca en un contexto de crisis y recortes presupuestarios. Según un informe elaborado por esta organización sobre la base de 4.450 encuestas realizadas a médicos de familia y pediatras, el 52,5% de los facultativos tiene cupos superiores a las 1.500 personas asignadas, lo que supone una media de cuarenta citas por jornada. 

En cuanto a las consultas de especialistas, el 79,5 % de los pacientes manifiesta que la atención prestada fue buena o muy buena. No obstante, casi uno de cada tres (28,7%) considera que la situación en este servicio va a peor. En 2011 los encuestados que hicieron esta consideración apenas llegaban al 12%.

También se advierte cierto deterioro en la percepción que tienen los ciudadanos sobre los servicios de urgencias. De hecho, el 35,2% cree que el servicio ha empeorado respecto al año anterior y uno de cada cuatro asegura que permaneció al menos tres horas esperando desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le pasaron a planta. Por otro lado, el 75,8% asegura que el trato recibido fue bueno o muy bueno la última vez que acudió a este servicio, 4,7 puntos menos que en 2010. 

Listas de espera 

Entre los aspectos más cuestionados por los ciudadanos sigue estando la lista de espera, que viene siendo uno de los elementos más negativos desde 1995, cuando se publicó el primero de estos informes. 2016 no es una excepción: el 28% de los encuestados cree que la situación de las listas de espera ha empeorado en el último año. Esta cifra supone un ligero descenso respecto al año anterior cuando el 33,3% consideraba que había empeorado. En 2010 los que creían que la situación de las listas de espera se había deteriorado en relación a los doce meses previos eran el 11,7% y en el año 2000 apenas el 4,7%. 

Por otro lado, el informe del Ministerio de Sanidad y el CIS también pregunta por los modelos de gestión sanitaria. De manera clara, la mayoría de los encuestados (68,9%) considera que la gestión pública es mejor, mientras que un 13,3% opina que el sistema funcionaría mejor si lo gestionaran empresas. Así ocurre en las distintas opciones analizadas por el estudio: consultas de atención primaria (69,6%), consultas de atención especializada (57,0%), ingreso en hospital (68,1%) y urgencias (66,4%).

No obstante, en conjunto, la percepción sobre la diligencia de las compañías privadas ha aumentado levemente. En 2014, cuando se preguntó por primera vez por esta cuestión, el 69,6% prefería la pública y el 11,2% la privada. 

El consumo de medicamentos en España ha experimentado un escaso crecimiento en los últimos 50 años, de apenas un 2,5% desde 1967 a 2015, aunque en valores el aumento es mucho mayor, de hasta un 45,5% en el mismo periodo, según un análisis de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) recogido por Europa Press.

A partir de los informes mensuales que la consultora Quintiles IMS viene publicando desde 1967, referidos al mercado total y el mercado de prescripción, la patronal de las farmacias ha observado que 2011 fue el año donde se produjo el mayor consumo de medicamentos, con 1.320,6 millones de unidades y 10.838 millones de euros a precio de venta del laboratorio (PVL).

Además, un análisis más detallado comparando el período entre 1981 y 2015 muestra cómo las unidades per cápita anuales consumidas por la población han sufrido una pequeña variación, tan sólo de entre 25,1 y 27,5 unidades de consumo anual por habitante. Una cifra que, según FEFE, es inferior a la de otros países como Francia e Italia.

En cambio, si se tienen en cuenta los valores per cápita anuales en euros hay un aumento muy considerable en los primeros 20 años, al pasar de los 20,8 euros anuales per cápita (a PVL) en 1981 a los 203,7 euros per cápita en 2001.

No obstante, desde 2010 se ha producido un descenso que hace que el consumo per cápita en 2015 sea inferior al que había entre los años 2006 y 2011.

Se estanca la entrada de genéricos

Además, en el informe Observatorio del MedicamentoObservatorio del Medicamento que publica mensualmente FEFE también han analizado la penetración de los medicamentos genéricosmedicamentos genéricos, cuyo consumo se ha estancado en los últimos dos años en el 20% en unidades y el 40% en valores del total del mercado.

Para FEFE, este freno puede atribuirse a que es "una gran desventaja competitiva para los genéricos que dichos medicamentos y los de marca con el mismo principio activo tengan idéntico precio", lo que "pone en evidencia la política de precios de referencia, cuya incidencia en el mercado es cada vez menor".

Su análisis muestra además cómo la penetración y crecimiento del mercado de genéricos no es uniforme en todas las comunidades autónomas, con una mayor presencia en Andalucía, Castilla y León y País Vasco. En cambio, Murcia, Comunidad Valenciana y Asturias son las regiones donde menos genéricos se consumen.

Además, y con respecto al crecimiento del mercado, Cataluña, Madrid y Galicia son los territorios donde se dan los mayores incrementos del consumo de estos medicamentos.

Gilead Sciences, Inc., el laboratorio norteamericano que comercializa dos de los fármacos de última generación –Sovaldi y Harvoni– capaces de curar indefinidamente determinados genotipos de la hepatitis C, ha multiplicado por dos sus ingresos en el último año. Así se recoge en una comunicación publicada este martes en su página web en la que la compañía da cuenta de sus resultados financieros durante el ejercicio de 2014. Así, los ingresos totales del laboratorio pasaron de 11.202 millones de dólares en 2013 a 24.890 millones en 2014. Esa tendencia tiene su reflejo en la evolución de las ventas de producto, que aumentaron un 127% pasando de 10.804 millones de dólares a 24.474 millones. La gran parte de los ingresos logrados el año pasado (el 93%) provienen de la venta de los fármacos contra la hepatitis C, que reportaron a la compañía unos ingresos por ventas de 22.800 millones de euros. .

La posición férrea que ha mantenido este laboratorio respecto a la fijación del precio la ha puesto en el último año en el punto de mira. Aunque no es el inventor del fármaco –compró por 11.000 millones de euros Pharmasset, el laboratorio que había dado con la molécula indicada– comenzó a vender el tratamiento de 12 semanas con Sovaldi en Estados Unidos por 72.000 euros. Quizá consciente de la aparición de nuevos fármacos todavía más eficaces –en julio se aprobó el simeprevir y hay otros antivirales de nueva generación en investigación avanzada por otras compañías–, el laboratorio intenta rentabilizar al máximo su inversión aunque eso sea a costa de que el fármaco no pueda llegar a todas las personas que lo necesitan, tal y como denuncian los colectivos de afectados. 

Aunque Sanidad no ha informado del precio acordado con Gilead, se estima que España está pagando a Gilead alrededor de 20.800 euros por cada tratamiento. Harvoni, el otro de los fármacos innovadores que comercializa esta farmacéutica todavía no ha entrado en la financiación pública, pues el Ministerio de Sanidad todavía está negociando incluirlo. 

Un estudio [PDF en inglés, aquí] en el que participaron cinco investigadores de las universidades de Liverpool (Reino Unido), Howard (Estados Unidos), Cape Town (Sudáfrica) y el Imperial College de Londres determinó el coste de fabricación del Sovaldi en entre 68 y 136 dólares (entre 57,6 y 115,2 euros). Se puede concluir, por tanto, que Gilead vende en España el Sovaldi a un precio 180 veces superior al que le cuesta fabricarlo. Fuentes de la patronal Farmaindustria insisten, a preguntas de infoLibre, en que el alto precio de comercialización de algunos fármacos tiene que ver con los elevados costes en investigación y desarrollo y el hecho de que "no siempre se obtienen los retornos esperados, pues sólo 3 de cada 10 medicamentos comercializados producen beneficios que superan los costes medios de I+D", señala un portavoz de esta organización.

Estrategia fiscal 

Esta compañía también está en el punto de mira en España por utilizar estrategias de optimización fiscal para reducir su pago de impuestos. Según adelantó infoLibre, utiliza Irlanda para reducir su factura fiscal con un modelo similar al de las grandes empresas tecnológicas. Gilead Science S.L. está participada al 100% por la irlandesa Gilead Sciences Ltd, que tiene su sede en Dublín, y a la que le compra todos los medicamentos que luego vende a las instituciones públicas, que son su principal cliente. Ambas compañías dependen del grupo Gilead Sciences, cuya entidad dominante es la norteamericana Gilead Sciences Inc, domiciliada en Foster City (EEUU).

El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha considera que "existen indicios razonables de prácticas fiscales agresivas [por parte de la comercializadora española] a través de una posible estrategia de compraventa entre filiales para trasladar los beneficios que obtienen en España hacia Irlanda y así reducir su factura fiscal en nuestro país". Sería una práctica similar a la que emplean las grandes empresas tecnológicas (Apple, Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, Amazon, Twitter, Ebay...) para pagar menos impuestos en España.

Tras analizar las cuentas de la compañía en 2013, esta organización considera que el escaso margen bruto del 2,2% sobre las compras consumidas por 324 millones, comparado con la cifra de las compras realizadas a Gilead Sciences Ltd (Irlanda) por 344,9 millones y la acumulación de medicamentos en sus almacenes en España, le permite determinar que lo que presuntamente está haciendo esta compañía es "reducir el beneficio obtenido en España para trasladarlo a la empresa irlandesa". Y por eso reclama a la Agencia Tributaria que ordene iniciar una investigación tributaria para verificar si el precio de los medicamentos comprados a Irlanda se contabilizan a precios de mercado o están sobrevalorados.

En el sector de los medicamentos también hay puertas giratorias. Este término –acuñado por el revolving door inglés– define el paso del sector público al privado, la transición que hacen directivos de la Administración que, tras cesar de sus cargos, pasan a trabajar para empresas privadas vinculadas al sector en el que operaban hasta entonces. Y el mercado del medicamento no es ajeno a esta práctica. Según un recuento realizado por infoLibre, al menos ocho personas vinculadas a la Administración pública sanitaria en los ámbitos estatal y autonómico han pasado en los últimos años, con etapas intermedias o no, a estar en nómina de grandes empresas farmacéuticas. 

La casuística, no obstante, es variada. De los ocho casos analizados por este periódico, en cuatro hubo un paso directo de un sector a otro. En los restantes, los profesionales implicados dejaron pasar dos o tres años para incorporarse a la industria farmacéutica. Es importante destacar que no se trata, en ninguno de estos ejemplos, de prácticas que quebranten las legislaciones vigentes sobre conflicto de intereses, pues estas personas pidieron a la autoridad pertinente en cada uno de los casos que acreditara que había compatibilidad. Y así se certificó en todas las ocasiones, según explican a este diario los propios afectados. 

No obstante, el asunto sí genera un cierto debate. Y este tipo de trasvases sí son a menudo cuestionados desde el punto de vista ético. O estético. Especialmente teniendo en cuenta el alto grado de opacidad con el que suelen actuar las administraciones públicas españolas. En el aspecto de la legalidad insiste Regina Múzquiz, licenciada en Farmacia y funcionaria de carrera que pasó de ocupar el puesto de directora general de Relaciones Institucionales y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad (2000-2002) –bajo las órdenes de Celia Villalobos (PP)– a directora de Relaciones Institucionales de la farmacéutica Aventis (actual Sanofi España). Los cuatro años anteriores (1996-2000) había ocupado una subdirección general en este mismo departamento, liderado entonces por José Manuel Romay Beccaría (PP). 

Cuando le llegó la oferta para pasar a la empresa privada –explica a este diario– pidió la certificación oportuna al Ministerio de Administraciones Públicas, que le expidió un documento que rubricaba que tenía total compatibilidad. "En esos seis años de mi vida profesional no tuve que tomar ninguna decisión relativa a ningún laboratorio, ni a ningún procedimiento relacionado con la industria farmacéutica. Me dediqué a coordinar el trabajo con las comunidades autónomas. Esta es la clave. La ley puede gustar o no, pero es la que hay", señala. No obstante –admite– como le pareció que "podía ser legal pero poco estético" acudir a hacer gestiones al ministerio del que acababa de salir tras ser alto cargo, asegura que "prácticamente" no pasó por allí en los dos primeros años en esa compañía, en los que se dedicó a poner en marcha la Fundación Aventis. 

La actual legislación estatal sobre conflictos de intereses, de 2006, determina que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. Se considera que existe relación directa cuando el alto cargo o sus superiores a propuesta de él hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades o cuando hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas entidades. Por el contrario, no se considera que haya incompatibilidad cuando la actividad que vaya a desempeñar el profesional en cuestión en la empresa privada lo sea en puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado, ni pueda adoptar decisiones que afecten a éste.

del cargo público a la fundación 

Una explicación similar a la de Múzquiz da Federico Plaza, que pasó en marzo de 2003 de ser viceconsejero de Ordenación Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid a director general de la fundación Abbott, dependiente de los laboratorios farmacéuticos del mismo nombre. Mantuvo ese cargo hasta 2005, cuando pasó a compaginarlo con el de director de Asuntos Corporativos de la misma compañía. Actualmente trabaja en Roche Farma, el quinto laboratorio por volumen de ventas en España.

Una portavoz de Roche señala a infoLibre que Plaza no incurrió en incompatibilidad alguna en su paso directo desde la viceconsejería a  la fundación Abbott porque en el desempeño de su cargo no había tenido ningún tipo de relación con expedientes relacionados con la actividad privada que comenzó a emprender, tal y como recoge la ley de la Comunidad de Madrid. Asimismo, destaca el hecho de que Plaza desempeñara su actividad en una entidad sin ánimo de lucro como es una fundación. En esa misma fundación Abbott participa en la actualidad como asesora la diputada del PSC y exconsejera de Salud de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli. Tal y como se recoge su ficha en el Parlament, Geli no percibe por esa labor un salario, pero sí unas dietas no cuantificadas. 

Tampoco tuvo problemas para encontrar un sitio en la empresa privada Isabel Barreiro, la que fue hasta marzo de 2010 jefa de gabinete del entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. Según publicó El Economista, Barreiro fichó en septiembre de ese mismo año por el laboratorio británico GlaxoSmithKline (GSK) como directora autonómica de asuntos sanitarios.No tuvo que esperar a que pasaran los dos años que prevé la legislación madrileña sobre incompatibilidades porque esta norma sólo afecta a "los titulares de cualquier puesto de trabajo que implique funciones directivas (...) cuyo nombramiento se efectúe mediante Decreto del Gobierno" y el suyo era un cargo de libre designación.

Otro caso de paso directo de un cargo de responsabilidad en la Administración a un laboratorio privado es el del médico Jaime del Barrio. Según cuenta en su página web personal, tras ser consejero de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria (1995-2003) recibió "una propuesta irrenunciable desde la multinacional Roche", liderar el nuevo proyecto del Instituto Roche, al que se incorporó en 2003 una vez que ya había cesado como consejero y había vuelto su plaza de médico en el hospital de Valdecilla, puesto que compatibilizaba con el de diputado regional en el Parlamento de Cantabria. Tras la oferta de Roche, relata él mismo a este diario, pidió la excedencia de lo primero y dimitió de lo segundo.

Para incorporarse al laboratorio, asegura, pidió la compatibilidad correspondiente, que fue aceptada. "En mis años como consejero nunca tuve relación de ningún tipo con Roche. Recuerdo que en aquella época la asistencia sanitaria la ejercía el Insalud desde Madrid y los consejeros no interveníamos; asumí estas competencias en el último año de mi mandato, pero bastante tenía yo con lo que había llegado como para ponerme a hablar con farmacéuticas", asevera. Así que, como asegura que su función al frente al Instituto Roche –centrado en la difusión del conocimiento de los avances en medicina genómica y no en la cuestión comercial– "nada tendría que ver con el aspecto comercial de la firma" ni entre sus cometidos "entraba esta relación", empezó su andadura en la firma. 

Pero hay más casos. Como, por ejemplo, los de los exdirectores generales de Farmacia Regina Revilla (1991-1994) y Fernando García Alonso (2003-2004). Revilla recaló en 1996 en el laboratorio Merck tras pasar los dos años anteriores por el cargo de secretaria de Alimentación del Ministerio de Agricultura (1994-1996) con Luis María Atienza Serna (PSOE), como ministro. García Alonso, en una respuesta por escrito a este diario, asegura que "cumplió la legalidad vigente" y que no hubo en su caso conflicto de intereses, pues tras nueve meses en el cargo de director general de Farmacia (2003-2004), estuvo tres años sin trabajar en sector privado. Antes había sido director de la Agencia Española de Medicamentos entre 2002 y 2003 cuando Ana Pastor (PP) era ministra de Sanidad. 

También se mantuvo por un tiempo (dos años, en este caso) fuera del sector privado Juan José Polledo, que fue entre 1991 y 2000 director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad con gobiernos de PP y PSOE. En 2002 se incorporó a la farmacéutica Wyeth, que fue comprada por Pfizer en 2011. "Este es un tema del que hablo con normalidad, sin mala conciencia, pues cumplí la legalidad", señala a este periódico Polledo, que es licenciado en Derecho y Veterinaria y que antes de entrar en política había sido profesor ayudante en la Universidad de Oviedo. 

Pero el asunto de la puerta giratoria llega incluso al corazón de las farmacéuticas, su patronal, Farmaindustria. Según se recoge en la página web oficial, Humberto Arnés –su director desde 2001– asumió desde 1983 a 2001 diversos cargos directivos en la Administración española, primero como subdirector general de Industrias Farmacéuticas, luego como director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industria (CDTI) y, por último, como director general del Instituto de Fomento Regional del Principado de Asturias (IFR). infoLibre se puso en contacto con Farmaindustria para preguntar si su trayectoria previa pudo generar un conflicto de intereses al incorporarse a esta patronal, pero la organización declinó participar en este reportaje. 

más Transparencia para evitar sospechas

Con los casos encima de la mesa, llega la hora del análisis. Colectivos como la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública (FADSP) cuestionan este tipo de transiciones por entender que plantean problemas en el sentido de que, a la hora de tomar decisiones, el cargo público pueda primar los intereses del sector privado en el que posiblemente va a acabar trabajando o que haya un flujo de información privilegiada que acabe por favorecer a la industria. Por eso, explica su portavoz, el médico Marciano Sánchez Bayle, este colectivo aboga por que exista una "total independencia" entre ambos campos y que se aumente a diez años el período de incompatibilidad para pasar de uno a otro si se trata de sectores estrechamente relacionados.

Una opinión muy diferente tienen los profesionales que ha pasado de un sector a otro. Regina Múzquiz –que tras ser alto cargo en Sanidad ahora está en PharmaMar– ve "recomendable" este trasvase pues, a su juicio, "existe un terrible divorcio entre la forma de trabajar y la mentalidad entre el sector público y el privado". "Cuando hay que sentarse a hablar, los idiomas de ambos son diferentes. Es muy difícil traducir del uno al otro y del otro al uno", subraya. Y rescata el ejemplo de los costosos medicamentos de última generación que son capaces de curar definitivamente determinados genotipos de la hepatitis C. "Uno no entiende que se ponga en cuestión su derecho a tener el máximo beneficio y el otro que le exijan una financiación a esos niveles", señala. 

"En otros países el cambio, incluso entre diferentes sectores es un valor en alza, en el nuestro se sigue penalizando, aunque espero que cambie por el bien de futuras generaciones", dice Jaime del Barrio. Él estima "muy positiva" la transición público-privado "siempre y cuando se haga con transparencia". "Queremos a los mejores en lo público –siempre he defendido un sistema sanitario y social público– pero sin reconocer de ninguna manera sus méritos. Y no me refiero únicamente al tema económico, que también, sino al parón de desarrollo profesional, la penalización curricular profesional y académica, las 'sospechas' de lo que se haga después, el estigma social... es una incongruencia", señala. 

Juan José Polledo –después de pasar por Sanidad ahora está en Pfizer– cree que es importante ir al fondo del asunto. "Los profesionales tienen que trabajar donde tienen cosas que aportar, con las restricciones previas que se necesiten y que se pueden cambiar si así lo deciden los ciudadanos de forma soberana", señala. Según su parecer, la sombra de sospecha que generan este tipo de transiciones público-privado tiene que ver con "la creencia radicalmente errónea de que el profesional que ha estado en la Administración a la privada lo único que le puede aportar son influencias". 

El profesor Juan Oliva, economista y presidente de la junta directiva de la Asociación de Economía de la Salud, cree que, en estos casos, la trayectoria profesional "sí es importante". "No es lo mismo un profesional asentado y reconocido que pasa del ámbito público al privado, a una persona que, tras ocupar un cargo político por una cuestión de afinidad, pasa al sector privado en el que no había tenido experiencia ante de su cargo político. Lo último puede que sea legal, pero chirría desde el punto de vista ético", señala.

Jaime del Barrio insiste en esta idea. "Habría que distinguir el paso desde un puesto de responsabilidad política a un cargo de representación en el sector privado, con poca responsabilidad e importantes emolumentos, de aquellos que accedemos a un puesto de trabajo a través de un proceso de selección exigente en competencia con otros candidatos, como ha sido mi caso en los dos últimos grandes cambios", señala. Y añade: "Si alguien con trayectoria profesional previa, tras su paso por puestos de responsabilidad en lo público es requerido profesionalmente, ¿por qué no? ¡Ojala a lo público se entrase también por trayectoria profesional previa y no simplemente por estar cercano al 'aparato'!"

No obstante, explica Oliva, ese recelo con el que parte de la ciudadanía mira este tipo de trasvases no tendría lugar si la Administración fuera más transparente y hubiera comités éticos de control que valoraran los posibles conflictos de interés de personas que van a ocupar un alto cargo sanitario o de personas que lo han ocupado en los cinco años previos. La declaración de los potenciales conflictos de interés de estas personas debería transmitirse a esos comités, que tendrían que informar directamente al Observatorio del SNS o a una Agencia de Evaluación de Servicios Sanitarios y Políticas de Salud y sus informes deberían ser públicos.

"Cuanto más oscuros sean los procedimientos y menos explicaciones se den sobre las decisiones que se llevan a cabo en el ámbito público, más alarmado puede sentirse el ciudadano", asevera. Y rescata en este punto algunas de las propuestas que la Asociación de Economía de la Salud rubricó en el documento Sistema Nacional de Salud. Diagnóstico y propuestas de avance. Este colectivo propone, además de la creación de los citados comités, que los puestos directivos del SNS se contraten "mediante un sistema meritocrático donde la convocatoria de dichos puestos sea pública y abierta, así como la valoración del currículo profesional de los candidatos y la decisión final justificada" y que se exija una declaración de conflictos de intereses de todos los cargos sanitarios de libre designación, que incluya la declaración de las actividades profesionales realizadas en los cinco años previos.

Gilead Sciences Inc., el gigante farmacéutico que patentó el Sovaldi –el primero de los fármacos innovadores contra la hepatitis C que, combinado con otros, arroja tasas de curación del 95%– no ha tenido más remedio que cambiar su estrategia comercial. Al menos, en Estados Unidos, donde a este fármaco se le conoce, por su elevado precio, como la pastilla de los mil dólares. Así lo afirma en su página web Aetna, la tercera aseguradora de salud norteamericana, que asegura haber conseguido un precio más bajo en Sovaldi y Harvoni, los dos medicamentos contra el virus que en la actualidad comercializa Gilead. En Estados Unidos el precio del Sovaldi se fijó en 84.000 dólares por tratamiento (unos 71.200 euros) y el de Harvoni en 94.500 dólares (81.600 euros). 

Ni la aseguradora ni la farmacéutica han dado detalles de a cuánto alcanza la reducción, pero analistas de Wall Street citados por la agencia Reuters aseguran que los descuentos son del 30% o superiores. Con estas estimaciones, el laboratorio estaría ingresando entre 20.000 y 25.000 euros menos por cada tratamiento. Aetna se limita a señalar que el precio pactado es "competitivo". Y lo cierto es que tras anunciarse el acuerdo –el pasado viernes 16 de enero– las acciones de la farmacéutica subieron un 3,4% hasta los 100,71 dólares (87 euros) y las de Aetna un 2,3% hasta los 92,56 dólares (80 euros). 

Las acciones de Gilead habían fluctuado a la baja en los últimos días después de que la principal gestora de prestaciones farmacéuticas en EEUU, Express Scripts, optara por llegar a un acuerdo con la farmacéutica AbbVie para administrar su fármaco contra la hepatitis C Viekirax a sus pacientes asociados que lo necesiten en detrimento de los de Gilead. Varias farmacéuticas han lanzado en los últimos meses tratamientos innovadores contra este virus que están en curso de aprobación o ya han sido aprobados por los organismo reguladores tanto en EEUU como en Europa. 

infoLibre preguntó a la comercializadora en España, Gilead Sciences, S.L., si este hecho suponía un cambio de estrategia que también iba a repercutir en España, pero no obtuvo respuesta. En el Ministerio de Sanidad, que no ha informado de cuánto paga a Gilead por el Sovaldi, sí esperan que el aumento de la competencia acabe por reducir los precios. El pasado miércoles –tras semanas de denuncia de falta de transparencia por parte de colectivos y medios de comunicación– este departamento accedió a informar sobre el precio de la terapia combinada de Sovaldi y Olysio, que comercializa el laboratorio Janssen: son 43.500 euros por 12 semanas.

La fijación del precio de los medicamentos corresponde a cada país, que lo determina en función de los acuerdos a los que llega con las farmacéuticas. En España se encarga la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que depende de Sanidad. Por eso los precios no son iguales en todos los países. Francia, según explicó el Ministerio de Sanidad galo en una nota de prensa, paga 13.667 euros por cada bote de 28 comprimidos de Sovaldi, por lo que el precio del tratamiento completo es de alrededor de 41.000 euros. En Alemania se fijó el precio para todo el tratamiento en 56.000 euros, y en Canadá y Reino Unido en 46.500 euros.

La importancia de la primicia 

A finales de 2013, Gilead Sciences Inc. fue el primer laboratorio que colocó en el mercado (primero en Estados Unidos) el tratamiento por vía oral contra la hepatitis C que abría la puerta a acabar con las tradicionales terapias con agentes antivirales (interferón y ribavirina) que, además de tener una eficacia limitada, acarreaban notables efectos secundarios. En enero de 2014 la Agencia Europea de Medicamentos autorizó la comercialización en los 28 países de la UE del Sovaldi. Aunque no es el inventor del fármaco –compró por 11.000 millones de euros Pharmasset, el laboratorio que había dado con la molécula indicada– Gilead ha mantenido una posición férrea en cuanto al precio que ahora parece comenzar a debilitarse ante la proliferación de nuevos medicamentos todavía más innovadores. 

Además de Olysio (Janssen) y Sovaldi y Harvoni (Gilead), otras farmacéuticas están lanzando en los últimos meses antivirales directos de segunda generación que son capaces de alcanzar altísimas tasas de eficacia en determinados genotipos. Los dos primeros han entrado en la financiación pública, pero el Ministerio de Sanidad todavía está negociando con Gilead para incluir Harvoni, que es el otro fármaco que la aseguradora norteamericana ha conseguido más barato en EEUU. 

El pasado 16 de diciembre el Ministerio de Sanidad español aprobó la incorporación a la financiación pública de Daklinza (daclatasvir), un inhibidor de la proteína no estructural 5A, una proteína esencial en la replicación del virus de la hepatitis, que comercializa el laboratorio Bristol-Myers Squibb. Sanidad todavía no hecho públicos los informes de evaluación que establecen a qué pacientes se pueden prescribir, los llamados Informe de Posicionamiento Terapéutico (ITP), pero las autonomías lo pueden solicitar desde el 1 de enero. Según datos de este departamento, sólo cuatro países de la UE han incorporado este medicamento: Reino Unido, Austria, Dinamarca y España. 

Este lunes, la Comisión Europea concedió la autorización de comercialización de Viekirax, una combinación de tres principios activos (ombitasvir, parataprevir y ritonavir) que, en este caso, comercializa la farmacéutica AbbVie. Se trata de un tratamiento sin interferón para pacientes con infección crónica por el virus de genotipo 1, incluidos los que tienen cirrosis compensada. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ya está elaborando el informe de posicionamiento terapéutico (IPT) con los expertos y las Comunidades Autónomas y se espera que entre en la financiación pública "próximamente". Para este 2015 también está previsto, según el departamento que dirige Alfonso Alonso, la aprobación de una combinación de ledipasvir y sofosbuvir, que acaba de ser autorizado por la EMA, para el tratamiento de pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis C de genotipo 1. 

"Recuperar la inversión" 

En el Ministerio de Sanidad, según un portavoz consultado por este diario, dicen estar esperanzados en que el aumento de la competencia, tal y como ha pasado en EEUU, reduzca los precios. El Sovaldi entró en la financiación pública el pasado noviembre después de nueve meses de negociaciones entre Sanidad y Gilead. Fuentes conocedoras de la negociación consultadas por este diario señalan que el laboratorio solo accedió a rebajar la cantidad cuando este departamento llegó a un acuerdo con Janssen para la comercialización del simeprevir (de nombre comercial Olysio) de Janssen. 

Jaume Puig-Junoy, director del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, explica que problema con estos medicamentos es que constituyen el primer caso a gran escala de un tratamiento muy eficaz para un volumen de población bastante elevado y con precios desorbitados, al estilo de los de los nuevos tratamientos oncológicos pero dirigidos a un volumen de población mucho menor. En este sentido, explica que "parte de la presión –directa, e indirecta a través de los pacientes– de las empresas farmacéuticas que han tenido los primeros fármacos de esta clase en entrar en el mercado se debe a que intentan recuperar la inversión en un período de tiempo que seguramente será muy corto". A más competencia, por tanto, se espera que haya reducciones de precio. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, dijo este lunes que negociará con las farmacéuticas "para encontrar un punto de equilibrio".

La Organización Médica Colegial (OMC) acusa a los laboratorios farmacéuticos que comercializan los medicamentos de última generación para la hepatitis C de fijar unos precios "abusivos, codiciosos e injustos" y avisa de que puede provocar un "colapso financiero" que acabe con el Sistema Nacional de Salud (SNS), informa Europa Press. 

"Es pura codicia, a menos que lo que se busque sea hacer caer los sistemas sanitarios", según ha defendido el presidente de esta entidad, Juan José Rodríguez Sendín, durante la presentación de un documento elaborado para denunciar la situación que se está produciendo con la aparición de estos nuevos fármacos.

La OMC ha criticado a la industria por "abusar" de la "insuficiencia financiera" que tiene la sanidad pública española y fijar un precio "excesivo" para los nuevos medicamentos que se han aprobado en el último año contra la hepatitis C, aún sabiendo de las limitaciones económicas de España, lo que "obliga a los gobiernos a priorizar" a qué pacientes tratar.

De hecho, Rodríguez Sendín ha tachado de "disparate" que los precios varíen entre unos países y otros, pasando de los más de 60.000 euros que cuesta el tratamiento en Estados Unidos, a los 700 euros en la India o Egipto. Sobre todo porque, como ha añadido, puede abrir "la senda del abuso" a los fabricantes de otros medicamentos innovadores para otras enfermedades y puede hacer "saltar las alarmas" de la sanidad pública al no haber dinero suficiente para pagarlos todos.

Ante esta situación, ha pedido a las autoridades sanitarias que pongan fin a esta situación y creen un fondo específico que garantice la financiación de estos medicamentos, y ha avisado de que el retraso en el acceso que se está produciendo puede "derivar en responsabilidad patrimonial, cuando no penal, si se demuestra inacción".

El caso de los costosos fármacos de última generación que son capaces de curar indefinidamente determinados genotipos de la hepatitis C y que comercializa el laboratorio norteamericano Gilead ha puesto sobre la mesa el debate de la fijación de precios de los medicamentos. Y, especialmente, hasta qué punto son o no aceptables los precios a los que los laboratorios venden fármacos determinantes para la vida de las personas. Gilead, por ejemplo, suministra el Sovaldi a España a un precio 180 veces más caro de lo que le cuesta producirlo. 

En este escenario –los afectados por el virus están llevando a cabo una campaña de protesta para denunciar que el fármaco no está llegando a los pacientes que lo necesitan, incluida la marcha de protesta de este sábado en Madrid– se repiten las voces que reclaman que el Gobierno se emplee a fondo para conseguir un precio más barato. Con los 125 millones de euros que el Ejecutivo ha reservado para financiar este tratamiento, sólo podrán ser tratadas 6.000 personas, según informó el Ministerio de Sanidad. Pero los datos que manejan los hepatólogos apunta a que hay alrededor de 35.000 pacientes con hepatitis crónica que deberían ser tratados. 

Pues bien, España tiene mecanismos legales –la expropiación y la emisión de una licencia obligatoria– para saltarse la patente y acceder a los fármacos a precios más baratos. No obstante, los expertos consultados por infoLibre señalan que ambos entrañan ciertos riesgos para el Estado porque conllevan la obligación de indemnizar al laboratorio con cantidades que, de no haber acuerdo, deben ser decididas por un juez. En el Ministerio de Sanidad aseguran que la posibilidad de obviar la patente no está sobre la mesa porque que "no hay precedente en la UE ni base legal que permita hacerlo con seguridad jurídica". Y añaden que, en todo caso, debería ser una iniciativa que tendría que llevarse a cabo a nivel europeo. 

La de la llamada licencia obligatoria, por la que se permite a un Gobierno producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente, es la alternativa legal "menos traumática" que existe, según el abogado experto en Derecho Administrativo Beltrán Gambier. Se trata, tal y como puede leerse en la página web de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de una de las flexibilidades que permite el Acuerdo de la OMC sobre Propiedad Intelectual en lo que respecta a la protección de las patentes. Este texto fue ampliado por el El Acuerdo de Doha sobre Propiedad Intelectual y Salud Pública –suscrito en 2001– que establece como condiciones para la emisión de una licencia obligatoria que haya habido un intento previo de negociar una licencia voluntaria "en términos comerciales razonables" y que el titular de la patente reciba una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso. 

Emitir una licencia obligatoria, explica Xosé María Torres Bouza, farmacéutico y miembro de la ONG Farmamundi, es un procedimiento "real y legal" que permitiría a España fabricar estos fármacos como producto genérico a precio menor. Pero también tendría contrapartidas, pues el titular de la patente (Gilead, en este caso) seguiría teniendo derechos sobre ella, incluido el de recibir un pago por las copias autorizadas de los productos, un precio que también tendría que fijarse y ante el que si no hay acuerdo debería pronunciarse un juez. A juicio de Gambier este sería, no obstante, un procedimiento "que se puede considerar más conveniente y más aconsejado por los organismos internacionales como la OMC". 

Brasil, recuerda Torres Bouza, fue el primer país del mundo que otorgó una licencia obligatoria y rompió así la patente del fármaco contra el sida Efavirenz, producido por el laboratorio Merck. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tomó esta decisión después del fracaso de las negociaciones con la multinacional para que rebajara su precio. Ecuador hizo algo similar en 2010 también con los antirretrovirales que comercializaba en el país Eskegroup, el distribuidor local de Cipla, un productor de genéricos de India. En el Ministerio de Sanidad aseguran que no existen precedentes similares en el seno de la UE. Y se escudan en que el citado Acuerdo de Doha "parece más orientado a satisfacer necesidades de países en desarrollo para el acceso primario a los medicamentos". 

Asimismo, el departamento que dirige Alfonso Alonso explica que, de iniciarse alguna actuación en este sentido, "debería abordarse desde una perspectiva europea", pues las agencias de medicamentos europeas no son competentes en materia de patentes. "Cuando se autoriza un medicamento que es innovador, lo que hace la Comisión Europea es que emite una única autorización que es válida para toda la UE y luego cada Estado va autorizando automáticamente los medicamentos. La UE establece que estos fármacos tienen un periodo de protección de datos de ocho años y de exclusividad en el mercado de diez", detalla un portavoz de Sanidad. 

La expropiación 

Una opción más remota, explica el abogado Beltrán Gambier, es la posibilidad de expropiar la patente, que recoge la Ley de Expropiación Forzosa. Esta propuesta, que fue la que puso encima de la mesa el pasado lunes el líder de Podemos, Pablo Iglesias, necesita del acuerdo de la mayoría del Congreso porque requiere la aprobación de una ley o de un decreto que determine que la patente, ante una situación excepcional, es de utilidad pública. "Esta no es una norma especial para medicamentos. Así como en su día se expropió Rumasa al estimar que el holding empresarial podía generar riesgos en la economía, el Estado tiene en determinadas circunstancias la posibilidad de expropiar, que es una medida extrema de desposesión, y quedarse así con la patente", amplía.

No obstante, Gambier señala que hay una alta probabilidad de que una hipotética expropiación acabara en los tribunales ante el posible desacuerdo entre el Estado y la farmacéutica a la hora de fijar la indemnización, que no está regulada por ley pero que se debería hacer a un precio considerado "justo" por las dos partes. "No hay una interpretación jurisprudencial sobre qué es justo, pero no hay duda de que habría que resarcir al laboratorio con una cantidad que la Administración estima a través de una tasación creada por los órganos del Estado. Puede haber advenimiento entre las partes, pero si la compañía no está de acuerdo con la cantidad tiene la posibilidad de acudir a los tribunales españoles por la vía contencioso administrativa", explica este jurista.

Derecho a la salud

Ante este panorama algunos expertos apuestan por la presión a los laboratorios como la vía más adecuada para conseguir fármacos como el Sovaldi a un precio más barato. "Lo ideal sería no tener que llegar al camino de la licencia obligatoria y, menos, al de la expropiación. El terreno de la negociación es el ideal, el Gobierno tendría que tener como meta renegociar a la baja con el laboratorio para que con el mismo dinero se puedan tener más tratamientos", señala Gambier. 

Torres Bouza, de Farmamundi, cree que debería centrarse el foco en que el deber del Ministerio de Sanidad tiene que garantizar el suministro de esos fármacos como lo han hecho Francia, Inglaterra u otros países. "Lo que tiene que hacer la sociedad es exigir, por el método que sea, que se suministren esos fármacos. Las declaraciones de Rubén Moreno [secretario general de Sanidad y Consumo] diciendo que solo podrán acceder al tratamiento 6.000 personas son vergonzosas", añade. A su juicio, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es negociar y exigir una bajada de precios. Y rescata el caso de Colombia, donde tras amenazar con la expedición de una licencia obligatoria, el Gobierno del país latinoamericano consiguió rebajar de 4.000 a 1.000 euros el precio del antirretroviral Kaletra. En 2014, un Tribunal Administrativo sancionó al laboratorio que lo comercializaba, Abbott, por vender ese medicamento en el país por encima del precio máximo permitido, según informó el periódico El Espectador. 

En esta posibilidad parece confiar poco el economista Jaume Puig-Junoy, director del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Explica que existen diversos nuevos tratamientos en espera de ser aprobados en breve que van a desplazar a los que ahora se están empezando a financiar y que "parte de la presión –directa, e indirecta a través de los pacientes– de las empresas farmacéuticas que han tenido los primeros fármacos de esta clase en entrar en el mercado se debe a que tienen que recuperar la inversión en un período de tiempo que seguramente será muy corto".

A su juicio, esta situación es el resultado esperable en un mercado con competencia, pero no justifica mayores precios. El problema con estos medicamentos, dice, es que constituyen el primer caso a gran escala de un tratamiento muy eficaz para un volumen de población bastante elevado y con precios desorbitados, al estilo de los de los nuevos tratamientos oncológicos pero dirigidos a un volumen de población mucho menor.

Ángel Puyol González, profesor de Ética de la Universitat Autònoma de Barcelona especializado en bioética, asume que en el mejor escenario económico y con negociaciones justas sobre los precios de los medicamentos, la sanidad es y va a ser cada vez más cara por la simple razón de que se está incrementando mucho el conocimiento médico, lo que dispara también la factura sanitaria. "Decir que la salud no tiene precio es bonito, pero insensato", señala. Y por eso apuesta por una priorización de la prescripción que sea "pública, transparente y justa". "No debe favorecer a unos enfermos más que a otros, ya sea por sus ingresos, porque salen más en la prensa o por cualquier otra razón ajena a la salud. Si esa priorización es encubierta y no es justa, perderán los pobres y los que no tienen poder para hacerse oír con fuerza en los medios de comunicación", sentencia.

La empresa farmacéutica Gilead comercializa en España uno de los fármacos de última generación capaces de curar indefinidamente determinados genotipos de la hepatitis C a un precio 180 veces superior al que le cuesta producirlo. Se trata del sofosbuvir –de nombre comercial Sovaldi–, que entró en la financiación pública el pasado noviembre después de nueve meses de negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y el laboratorio norteamericano. Los pacientes afectados por el virus están llevando a cabo una campaña de protesta –incluido un encierro en el hospital 12 de Octubre de Madrid desde el pasado 19 de diciembre– para denunciar que el fármaco, que combinado con otros ofrece tasas de curación del 90%, no está llegando a los pacientes que lo necesitan.

Aunque Sanidad no ha informado del precio acordado con Gilead, una simple operación aritmética permite determinar el precio finalmente pactado. La partida reservada para financiar el Sovaldi "durante el primer año de comercialización" es de 125 millones de euros, según informó el pasado octubre el Ministerio de Sanidad, que también ha indicado de que serán 6.000 los afectados de hepatitis C que tendrán acceso en 2015 a este nuevo fármaco. España pagará, por tanto, alrededor de 20.800 euros por cada tratamiento. 

El tratamiento con este antiviral de acción directa inhibidor de la polimerasa tiene para los genotipos del virus en los que se ha demostrado efectivo una duración de doce semanas con una ingesta diaria de la pastilla Sovaldi en combinación con otros fármacos como la ribavirina o el simeprevir (de nombre comercial Olysio), que también tiene un coste elevado. No obstante, en algunos pacientes con estados avanzados de la enfermedad los hepatólogos no descartan que el periodo de ingesta tenga que ampliarse para garantizar la eficacia. 

La realidad es que el coste de producción del Sovaldi mucho de la cifra que pagará España. Un estudio [PDF en inglés, aquí] en el que participaron cinco investigadores de las universidades de Liverpool (Reino Unido), Howard (Estados Unidos), Cape Town (Sudáfrica) y el Imperial College de Londres determinó el coste de fabricación de este fármaco en entre 68 y 136 dólares (entre 57,6 y 115,2 euros, según el cambio de moneda a día 8 de enero de 2015). Tomando como referencia el precio más alto determinado por los expertos, se puede concluir que Gilead vende en España el Sovaldi a un precio 180 veces superior al que le cuesta fabricarlo. 

Dado que el novedoso medicamento tiene una estructura química y molecular similar a la de los antirretrovirales, los científicos utilizaron en este caso las mismas dinámicas de mercado empleadas para determinar los costes mínimos de los fármacos contra el VIH. La investigación, de la que se hizo eco la prestigiosa revista The Lancet, determina que con estos precios el acceso generalizado al nuevo medicamento sería factible en 15 años. Según esta misma publicación, el investigador Raymond Schinazi –en cuyo laboratorio de la Emory University de Atlanta (EEUU) se comenzó a gestar este tratamiento– estimó el coste de producción en 1.400 dólares (1.186 euros). 

Diferencias entre países

Viendo estos datos no extraña el hecho de que algunos países hayan conseguido precios mucho más reducidos que los alcanzados por los países europeos y EEUU. En Egipto, según informó la agencia Reuters citando a la estatal Mena, el Gobierno consiguió una rebaja sustancial y sólo paga 900 dólares por tratamiento. Si se toman como referencia los precios del estudio previamente citado, Gilead sigue obteniendo un cierto margen de beneficio. Algo similar ocurre en India donde, según informó el pasado septiembre la propia compañía en un comunicado, Gilead autorizó a siete laboratorios del país –Cipla o Ranbaxy, entre otros– a lanzar versiones genéricas del fármaco que resultan más baratas (alrededor de 1.062 euros), pero con la obligación de que sólo puedan ser vendidas a 91 países en vías de desarrollo, donde se concentra el 54% de la población mundial infectada de hepatitis, según cifras aportadas por la farmacéutica. 

Fuentes de la patronal Farmaindustria explican, a preguntas de infoLibre, que el alto precio de comercialización de algunos fármacos tiene que ver con los elevados costes en investigación y desarrollo y el hecho de que no siempre se obtienen los retornos esperados. "El desarrollo de un medicamento es un proceso costoso y arriesgado que dura de media 12 años. En 2011 de 3.200 moléculas patentadas, sólo 35 fueron autorizadas como nuevos fármacos. La Universidad de Tufts de Boston estimó en noviembre de 2014 que el proceso de elaboración de un fármaco supone, de media, una inversión de 2.285 millones de euros. Por otro lado, sólo 3 de cada 10 medicamentos comercializados producen beneficios que superan los costes medios de I+D", señala un portavoz de esta organización.

En Farmaindustria explican que el tiempo de vigencia de una patente es de 20 años, pero comienza en el momento en el que se descubre una molécula. Y como el tiempo medio de desarrollo hasta que se introduce en el mercado –señalan– es de 12 años, la explotación real de esa patente en el mercado es de unos 8 años hábiles. "Un tiempo que, desde luego, no parece desproporcionado", señalan fuentes de la patronal de los laboratorios. "Una vez expira la patente, que surja competencia de medicamentos genéricos es un claro síntoma de que el medicamento original ha sido realmente innovador y ha supuesto una mejora importante de la calidad de vida de la sociedad", añaden. 

¿cómo se fijan los precios?

La fijación del precio de los medicamentos corresponde a cada país, que lo determina en función de los acuerdos a los que llega con las farmacéuticas. En España es la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, un órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, la encargada de esta función. Por eso los precios no son iguales en todos los países. Francia, según explicó el Ministerio de Sanidad galo en una nota de prensa, paga 13.667 euros por cada bote de 28 comprimidos, por lo que el precio del tratamiento completo es de alrededor de 41.000 euros. En Estados Unidos se fijó en 84.000 dólares (unos 71.185 euros), lo que provocó las críticas de dos senadores, Ron Waiden y Chuck Grassley, que llegaron a enviar una carta al presidente de Gilead, John C.Martin, en el que expresaban sus dudas sobre el método utilizado por la compañía para fijar el precio. De hecho el Congreso norteamericano, a instancias de ambos representantes, está investigando el por qué de ese alto precio. En Alemania el precio fijado para todo el tratamiento es de 56.000 euros, y en Canadá y Reino Unido de 46.500 euros. 

Ángel Puyol González, profesor de Ética de la Universitat Autònoma de Barcelona especializado en bioética, considera que los Estados "no deberían aceptar el chantaje de la industria farmacéutica cuando se negocian precios para medicamentos que salvan vidas". "Hay que poner un precio justo con el que todas las partes ganen. La industria tiene que obtener beneficios e incentivos para seguir investigando, pero tales beneficios deben estar finalmente al servicio de los enfermos. De lo contrario, se convierten en inmorales. Todos deben ganar, y para eso es fundamental que ninguna de las partes, ni la industria ni los Estados, abuse de su poder", asevera.

La situación generada a propósito de este medicamento es "compleja y envenenada" a juicio de José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad. "Resulta un ejemplo paradigmático de cómo una compañía farmacéutica puede aprovechar las condiciones de monopolio otorgado, es decir, la patente, contra todos los Estados para imponer un chantaje de precio abusivo... y conseguir sus objetivos ante la parálisis de todos los poderes públicos". El alto precio que algunos gobiernos tienen que pagar por este fármaco y las diferencias entre países es, según su parecer, "otro fracaso para la comunidad internacional y para la Unión Europea en particular". 

Para Repullo, este escenario no es sino "otra razón para replantearse cómo financiar la investigación y la innovación, y cómo garantizar el interés general en medio de esta marea de ánimo de lucro desenfrenado". Y censura que los afectados se vean abocados a estudiar "cómo forzar judicialmente las decisiones e indemnizar con sentencias a las víctimas" en vez de que el debate público esté centrado en cómo bajar precios y liberar patentes". "Un resultado patético en términos de bienestar social; posiblemente inevitable en esta ocasión, pero imperdonable en la siguiente... que la habrá", sentencia.

Un informe de la Organización Médica Colegial (OMC), que agrupa a colegios de médicos de todo el país, pide ajustar el copago de medicamentos a la renta y estado de salud del paciente y no a la condición de activo o pensionista. La propuesta, recogida en un informe sobre el sector [consultar el texto en PDF, aquí] pasar por establecer un límite de aportación máxima anual por persona en medicamentos con el objetivo de lograr "una mayor protección económica a los más débiles".

En este sentido, señalan que "no parece socialmente óptimo ni sanitariamente sensato" financiar generalizadamente importantes consumos de productos de discutible efectividad a grupos sociales que disfrutan de rentas relativamente elevadas y estables, mientras se exige un importante copago a quienes están más sometidos a las tensiones de un mercado laboral en contracción. "Por ello es urgente, máxime en escenarios de grave crisis económica como la actual, evolucionar hacia un esquema más equitativo y financieramente solvente", añaden.

Apuestan, por tanto, por pasar del vigente sistema de copago farmacéutico hacia otra modalidad en base al criterio de coste-efectividad. El diferencial aplicativo del copago deberá ajustarse a la renta y al estado de salud y no a la condición de activo o pensionista. Y el límite máximo de desembolso acumulado anual para todo tipo de copago o condición se fijará un porcentaje de la renta, dejando de aportar el usuario una vez alcanzado este valor porcentual.

Otras de las propuestas  que recoge el documento, que ha sido remitido a la ministra de Sanidad, es regular la prescripción de todos los medicamentos por toma/día y por tiempo de tratamiento e incorporar incentivos de manera transparente a una prescripción "de calidad". Asimismo, los médicos plantean nuevos modelos de financiación total o parcial teniendo en cuenta pautas como el riesgo compartido, revisar los precios de referencia de los fármacos y extender a todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) los procesos de licitación en concurrencia competitiva en precios para la adquisición de todos los medicamentos y productos sanitarios.

El documento constata la "reducción significativa" del gasto farmacéutico ambulatorio en los tres últimos años como consecuencia de las medidas de ajuste puestas en marcha por el Gobierno. No obstante, precisa que se desconoce "cuánto se debe asignar de este gasto al paciente, que ha visto en estos años aumentado el copago, y cuánto al resto de medidas", como la revisión de precios, el fomento de genéricos y la actualización de precios menores de las agrupaciones homogéneas de medicamentos.

Más transparencia

Además, la OMC pide presentar al Consejo Interterritorial informes anuales de transparencia por los laboratorios fabricantes de fármacos financiados. Y solicita también la creación de una agencia nacional de evaluación e investigación de tecnologías y servicios sanitarios del SNS, independiente y participada por todas las comunidades, que "fundamente económica y socialmente la incorporación de nuevas prestaciones y productos sanitarios".

El informe incide en la "opacidad" y falta de datos oficiales del gasto farmacéutico hospitalario a pesar de la obligación legal establecida de remitir mensualmente el número de envases consumidos en los centros del SNS, lo que impide una comparación entre comunidades y con el total nacional.

Estados Unidos está presionando para que se tomen medidas que limitarían considerablemente el acceso asequible a medicinas genéricas vitales, como aquellas contra el cáncer o tratamientos contra enfermedades transferibles como el ébola. Esa es la denuncia que hicieron el pasado viernes Julian Assange y Sarah Harrison en un artículo sobre el borrador del Capítulo de Propiedad Intelectual de mayo de 2014 relativo al Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio (TPP) filtrado por Wikileaks.

Según indicaron Assange y Harrison, el nuevo punto de debate, que está marcado como correspondiente a USA QQ.E.20, "forzaría a las partes a legislar un monopolio automático (mercado exclusivo) para las medicinas que puedan salvar la vida de una persona". Según expuso el creador de Wikileaks, las partes todavía no se han puesto de acuerdo si el periodo será de cinco, ocho o doce años.

"Los expertos indican que Estados Unidos está presionando para que se imponga el máximo de 12 años", indican Assange y Harrison en el artículo. "Si los Estados Unidos tienen éxito en su propuesta, o incluso si logran establecer el periodo de doce años, la administración Obama rompería su promesa de medicinas asequibles contra el cáncer, ya que anteriormente se comprometió a reducir el periodo de monopolio de doce a siete años", explican los autores, que añadieron que "esto significará que estos pacientes, cuya vida depende de dichos medicamentos, tendrán que pagar facturas elevadas durante los años que se establezcan".

El mismo texto sostiene que "el TTP reducirá la capacidad de los Estados para producir medicinas de bajo costo que puedan salvar más vidas e incrementará la capacidad de la industria farmacéutica para retener monopolios".

"Las alineaciones han cambiado"

En relación a las alineaciones de los diferentes países en torno a la toma de decisiones, Assange y Harrison aseguran que "han cambiado" desde que Wikileaks publicó en agosto de 2013 otro de los borradores. Según su versión, EEUU ha pasado de alinearse con Australia a situarse al lado de Japón en el nuevo borrador de mayo de 2014.

Assange y Harrison también inciden en la reducida participación de Estados Unidos en el tratado. "EEUU ha tenido la menor participación en el tratado, tanto en propuesta como en oposición. Únicamente ha participado 189 veces, un nivel de participación reducido comparado con el segundo país que menos intervenciones ha realizado, Japón, con 226", señalan en el artículo publicado en Wikileaks. No obstante, "Estados Unidos se ha salido con la suya normalmente en las decisiones adoptadas".

Finalmente, Assange y Harrison explican que "hay un movimiento de fuerzas de oposición formado por países de Asia y Latinoamérica para oponerse a las propuestas de Estados Unidos, particularmente respecto a las medidas de fronteras".

La secuencia consolida una tendencia que se viene repitiendo desde el pasado septiembre (hasta entonces había permanecido a la baja durante 39 meses) y se encadenan así siete meses al alza. Desde entonces en su página web, el Ministerio de Sanidad ofrece a primera vista la última cifra disponible junto a los datos del mismo mes de dos años antes –ahora, de marzo de 2012– pues entonces no había entrado en vigor todavía el copago y esas comparaciones sí ofrecen descensos en todos los casos. En marzo de este año, por ejemplo, la bajada de la factura fue de un 15,89% si se compara con el mismo mes de 2012.

Los datos plantean también la cuestión de si ya se ha tocado suelo. Es decir, si los 9.183 millones de euros que el Estado invirtió en 2013 en las medicinas que los ciudadanos compran en las oficinas de farmacia es lo mínimo que se puede gastar teniendo en cuenta que España tiene cada vez una población más envejecida y que las nuevas presentaciones de los medicamentos, al ser más innovadoras, son también más caras. Hay que tener en cuenta que esta cifra no engloba el coste de los fármacos que se dispensan en los hospitales para que los enfermos los tomen en casa y en los que Sanidad, sin éxito, también ha querido implantar un copago.

La explicación que se viene dando en el Ministerio de Sanidad es que el gasto no podría bajar de forma indefinida. Además, defienden que el gasto en medicamentos, que representa el 15% de todo el gasto sanitario del Sistena Nacional de Salud, está por debajo del registrado hace una década, y que el ahorro en farmacia desde que se implantó el nuevo copago hace 21 meses asciende ya a los 3.193 millones de euros.

En cuanto a la cifra de recetas facturadas, en marzo aumentó un 6,18% con respecto a 2014, llegando a las 73.679.156 recetas -en 2013 se registraron 69.391.060-. Además, se mantiene la tendencia de moderación en el gasto medio por receta, llegando en marzo de 2014 a 10,75 euros de media, un 1,16% más con respecto a la misma fecha de 2013 (10,63 euros de media por receta), aunque un 1,33% menos que el mismo mes del año 2012 (10,90 euros). "En este sentido, los últimos datos disponibles España, por primera vez, se acerca a la media europea en dispensación de estos medicamentos. Entre enero y diciembre de 2013 alcanzó un porcentaje de consumo en envases de un 46,52%, frente al 34,16% de 2011", afirma Sanidad.

Gasto público a privado 

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) denuncian que lo ha ocurrido es que "se ha trasladado gasto público a gasto privado mediante los copagos y la exclusión de financiación pública de medicamentos de bajo coste y de utilización muy frecuente". En este sentido, aseguran que el copago y el medicamentazo provocan que se prescriban más medicinas que siguen en la lista de financiados y que son mucho más caras. Los profesionales y usuarios asociados a este colectivo denuncian además que el gasto farmacéutico de los hospitales aumentó en 2.087 millones de euros de julio de 2012 a diciembre de 2013. 

Asimismo, aseguran que el ahorro del gasto farmacéutico –3.193 millones de euros, según Sanidad– es en un 60% debido a los medicamentos no financiados y en un 40% son aportaciones de los ciudadanos. Por otro lado aseguran que encuestan realizadas por la asociación a profesionales y usuarios reflejan que entre un 16 y un 20% de los pensionistas no retiran la totalidad de los medicamentos prescritos tras la entrada en vigor del copago. "Como es habitual el Ministerio de Sanidad mira para otro lado y no ha hecho ningún tipo de seguimiento ni de estos casos, ni de los posibles problemas sanitarios resultantes de este no consumo de medicamentos prescritos, pero si tenemos en cuenta la literatura científica publicada al respecto es probable que se haya producido un empeoramiento de las enfermedades de estas personas y una sobreutilización de recursos sanitarios", denuncian. 

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, propone que determinadas enfermedades estén "blindadas" al copago y los medicamentos que sirven para tratarlas sean gratuitos para todos los ciudadanos, para evitar que haya pacientes que no puedan tomarlos por motivos económicos, informa Europa Press. "Hay cierto tipo de medicamentos con los que no se puede tener ninguna duda, y por eso hay que darlos gratis", según ha asegurado en el marco de una jornada del Consejo Social de la OMC para debatir sobre la situación actual y las perspectivas de futuro del modelo sanitario español.

Rodríguez Sendín ha avanzando que están tratando de elaborar una propuesta "en positivo", para lo que primero se deben clasificar aquellos procesos cuyos tratamientos que son "de imprescindible necesidad", sin precisar más información sobre dicho listado de medicamentos "blindados" y si éste incluiría solo principios activos o se detallarían fármacos por marca comercial. "No nos podemos permitir que una familia no tome medicamentos básicos para su futuro porque no tiene dinero", ha defendido.

La puesta en marcha de un nuevo sistema de copago en una situación de crisis y recortes está provocando "mucho abandono y poco cumplimiento de los tratamientos", según ha reconocido Begoña Barragán, miembro de la Junta Directiva del Foro Español de Pacientes y presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). "Nos están llegando denuncias de pacientes que nos dicen que no los pueden pagar", ha aseverado, recordando que los más afectados están siendo los colectivos "más vulnerables" y con menos recursos.

Por ello, y a fin de evitar estas "exclusiones", el presidente de la OMC ha reconocido que están trabajando en una propuesta para que determinadas enfermedades y sus correspondientes tratamientos sean gratis. "Estamos en ello, hay que discriminar entre familias que están necesitadas y enfermedades que tienes que garantizar que tengan el medicamento si o si, y deben ser gratuitos", ha explicado.

Además, durante su intervención ha lamentado que "los tambores del copago siguen ahí" y, en este sentido, ha rechazado que el Gobierno pueda plantear nuevos copagos y que se pueda implantar un cobro por ir al médico, algo que considera "un disparate".

Malas prácticas

De igual modo, ha vuelto a defender que se deba intentar acabar con aquellos usos indebidos de la sanidad que se hacen "conscientemente" y "no por miedo", asegurando que entre el 20 y el 30 por ciento de las consultas con el especialista no se llevan a cabo porque el paciente no llama por teléfono para decir que no va a acudir.

La representante de los pacientes ha reconocido que para mejorar el uso que hacen los pacientes de la sanidad es necesario mejorar su formación y educarles para que conozcan las consecuencias de no cancelar una cita cuando no van a poder asistir, algo en lo que también ha coincidido el vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), José María Sánchez Monge, que defiende en la necesidad de no penalizar a los más vulnerables.

Además, este experto también ha reconocido que los recortes están provocando que cada vez haya más personas con una discapacidad que están pasando a ser dependientes, de ahí que todos los asistentes hayan reclamado la necesidad de "unir fuerzas" y tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

“No desarrollamos este medicamento para los indios, lo hicimos para los pacientes occidentales que pueden permitírselo”. Las declaraciones de Marijn Dekkers, consejero delgado de la empresa Bayer, al Business Week resumen las intenciones de la industria farmacéutica internacional. La empresa alemana no ha desmentido estas declaraciones.

“Esto es un reflejo de la manera perversa en la que se desarrollan hoy en día los medicamentos”, denuncian desde Médicos Sin Fronteras (MSF). “Las enfermedades que no les reportan beneficios no entran en sus planes, y los pacientes que no tienen dinero para pagar los medicamentos se quedan una y otra vez fuera de la foto”, añaden.

Las desafortunadas palabras de Dekkers se enmarcan en la disputa que la farmacéutica alemana mantiene con el Gobierno indio. La Oficina de Patentes india puso fin en marzo de 2012 al monopolio de Bayer sobre el tosilato de sorafenib, un medicamento para combatir el cáncer de riñón y el de hígado. Tras emitir la primera licencia obligatoria en este país para un fabricante de medicamentos genéricos, el precio del fármaco, Nexavar, se redujo casi un 97%. De los 4.200 euros que costaba al mes pasó a costar menos de 135 euros.

La medida promovida por el Ejecutivo indio se fundamentó en que el elevado precio del producto “impedía que millones de personas pudieran tener acceso a él”, explican desde Médicos Sin Fronteras (MSF) a infoLibre. “No se trata de un caso aislado –denuncian desde la ONG–, sino de un capítulo más de esta historia”.

Patentes obligatorias

“Hay un problema de acceso a los medicamentos en los países en vías de desarrollo”, explican desde MSF. La principal causa de esta realidad es que los medicamentos son muy caros, de manera especial en estas regiones. Desde que en el año 2005 se pusiera en marcha el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), las patentes de los medicamentos pasaron a ser obligatorias. “Todos los países pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio (OMC) tienen la obligación de conceder monopolios a las farmacéuticas tanto en fabricación como en distribución de medicamentos”, aclaran desde MSF. Durante 20 años las empresas farmacéuticas controlan la producción y el precio de sus fármacos.

“Algunos países tratan de flexibilizar sus leyes para limitar el daño de esta legislación en el acceso a los medicamentos”, explica la ONG. La emisión de la primera licencia obligatoria en India es un precedente decisivo para facilitar el acceso a medicamentos patentados. El ADPIC ampara las licencias obligatorias para superar las barreras de acceso a medicamentos esenciales. “Políticas como las de India apuestan por la salud pública frente a los intereses económicos de las farmacéuticas”, apuntan desde MSF.

Con la Ley de Patentes de 2005 no sólo se incrementó el precio de los fármacos, sino que se limitó la producción de genéricos. Nuevos medicamentos esenciales, como los destinados a tratar VIH o el cáncer, dejaron de estar al alcance de millones de personas. Las palabras del responsable de Bayer demuestran que “la industria farmacéutica no tiene interés en los pacientes indios, su único interés es servir a los países ricos”, denuncian desde Médicos Sin Fronteras.

Batalla ganada en los tribunales

La medida del Gobierno indio fue calificada como “esencialmente robo” por parte de Dekkers, según recoge Business Week. A pesar de que la empresa Natco, fabricante genérico al que se otorgó la licencia, paga a Bayer un royalty del 6% de sus ventas, la empresa alemana apeló al Tribunal Superior de Bombay. El veredicto del Supremo rechazó el recurso y defendió la integridad de la Ley india de Patentes. El pasado jueves 23 de enero, la Junta de Apelación de la Propiedad Intelectual India (IPAB), también confirmó la legalidad de la licencia obligatoria. Se trata de “una victoria en el acceso a medicamentos esenciales de calidad en los países en desarrollo”, subrayan desde la organización.