Tras ocho años de investigación dirigida sucesivamente por tres jueces de instrucción, Ikea Francia acaba de ser llevada ante el tribunal penal de Versalles en calidad de persona jurídica por una larga serie de infracciones: "receptación de información procedente del delito de recopilación de datos de carácter personal contenidos en un fichero por un medio fraudulento, desleal o ilícito y de manera habitual", "receptación de información procedente del delito de desviación de la finalidad de un tratamiento de datos de carácter personal y de manera habitual", "receptación de información procedente del delito de divulgación ilegal voluntaria de datos de carácter personal nocivos y de manera habitual", y finalmente, "receptación de información procedente del delito de violación del secreto profesional y de manera habitual".

Asimismo, quince personas físicas han sido llevadas ante el mismo tribunal, entre ellas Jean-Louis Baillot y Stefan Vanoverbeke, ex presidentes de Ikea Francia, varios dirigentes del grupo o directores de centros, así como cinco policías o expolicías.

Según el auto de remisión al tribunal, firmado el 30 de abril por la juez de instrucción Laurence Joulin, del que ha tenido conocimiento Mediapart, socio editorial de infoLibre, Ikea Francia había puesto en marcha un sistema de espionaje generalizado a sindicalistas, trabajadores y candidatos a un puesto de trabajo, pero también a simples clientes que habían osado quejarse. El sistema pudo haberse implantado a principios de los años 2000, oficialmente para luchar contra los robos y la malversaciones.

Ikea Francia pagaba a despachos de seguridad para conseguir información confidencial de personas, algo totalmente ilegal, como las menciones del famoso fichero policial Stic, que está plagado de errores. Algunos almacenes contaban incluso con su propio sistema de información local.

En la mayor parte de los casos, se trata de policías a los que se pagaba discretamente por consultar el fichero Stic y luego pasar la información a los almacenes o a la oficina de seguridad privada que hacía de intermediario. A una comisaria le ofrecieron muebles de Ikea y a algunos policías bonos de compra con el fin de mantener buenas relaciones. Se han descubierto más hechos, pero como han prescrito sólo se están juzgando los cometidos entre 2009 y 2012.

Fue Adel Amara, un sindicalista de Force Ouvrière (FO) considerado un agitador por su dirección, el que tiró de la manta a principios de 2012. En aquella época trabajaba en el almacén de Ikea de Franconville (Vall d'Oise), y había liderado una huelga nacional en la cadena de tiendas del grupo para conseguir mejoras salariales. Convertido en una oveja negra para la dirección, fue inmediatamente acusado de "acoso laboral" por sus superiores jerárquicos y luego despedido.

Pero Adel Amara recupera, gracias a otro sindicalista, un fichero informático que destapa un espionaje generalizado en los almacenes Ikea. La curiosidad del grupo es insaciable: tren de vida de algunos trabajadores, antecedentes judiciales, bajas por enfermedad... Adel Amara aparece destacado entre las víctimas: una auditoría interna de Ikea Francia de 2012 recomienda la "iniciación de una investigación discreta y completa sobre AA para definir sus medios de existencia y los tráficos o violencias a que se dedica tal vez (sic)".

Adel Amara y FO presentan la denuncia a principios de 2012 y el asunto es publicado por Le Canard enchaîné y Mediapart. Comienzan a efectuarse registros y detenciones y el jefe de seguridad de Ikea Francia, en una situación embarazosa, se niega a cargar con las culpas y apunta a la dirección del grupo. Desaparecen documentos y la filial gala junto con sus dirigentes rechazan tener la menor responsabilidad en unos hechos que, según ellos, serían aislados, pero la instrucción pone en dificultad su línea de defensa y casi toda la dirección francesa es imputada.

Era "perfectamente consciente del carácter ilicito" de la recopilación de datos personales

Según se puede leer en el auto, "muchos testimonios de trabajadores vienen a mostrar que la sociedad Ikea Francia estaba en posesión de datos personales procesados y que los ha utilizado para no iniciar una relación laboral o para hacerla cesar con un cierto número de víctimas. La sociedad no ha informado a las personas concernidas sobre el uso que se ha hecho de sus datos personales, por lo que éstas no han dado su consentimiento". "Así, la sociedad era perfectamente consciente del carácter ilícito de tal recopilación obtenida ilegalmente durante muchos años, tratándose de hechos que han cobrado en la empresa un carácter sistemático, especialmente en la apertura de nuevos almacenes, y que han perdurado en muchos centros de la marca más allá de las personas físicas que ocupaban puestos en la dirección o en gestión de riesgos".

Según la instrucción, esa vigilancia excesiva estaba institucionalizada en la empresa: "La SAS Muebles Ikea Francia se ha beneficiado de la desviación de la finalidad de los datos personales procesados y de manera habitual con el fin de implantar una política de gestión basada en un sistema de espionaje organizado sobre candidatos a un puesto de trabajo, colaboradores y clientes. La sociedad era consciente del carácter ilícito de las maniobras utilizadas para conseguir dichos datos, contando un servicio jurídico sustancial".

"El beneficio para la SAS Muebles Ikea Francia derivado de la divulgación ilícita de datos personales procesados de manera habitual se traduce en la posibilidad de poner en práctica un sistema de espionaje siendo perfectamente consciente del carácter fraudulento del procedimiento utilizado. Ello ha permitido adaptar su contratación laboral en función de criterios a los que, en principio, no podía haber accedido, a sabiendas de que la obtención de esos datos se basaba en prácticas prohibidas. Para ello había comunicado datos personales de las personas contratadas", se puede leer en el auto.

Preguntada por Mediapart, Sofiane Hakiki, abogada de Adel Amara, de FO y de la CGT, se muestra "muy entusiasmada por la idea de ver a los responsables de este sofisticado sistema de espionaje hacer frente a sus responsabilidades. Esperemos que las sanciones sean ejemplares, tanto contra Ikea como contra las personas físicas que dirigían este sistema de espionaje".

Emmanuel Daoud, abogado de Ikea Francia, ha declarado a Mediapart que "desde que los hechos fueron conocidos, Ikea ha condenado toda recopilación ilegal de datos personales. Ikea ha colaborado activamente en el conocimiento de la verdad y lo hará en su momento ante el tribunal, con el respeto de la presunción de inocencia de todos y todas. Quiero destacar que el juez instructor ha subrayado el hecho de que Ikea puso inmediatamente en marcha un plan de acción y se demostrará ante el tribunal que no había sistema de espionaje alguno".

Traducción: Miguel López.

Leer en francés:

La Comisión Europea ha abierto este lunes una investigación en profundidad sobre el trato fiscal que recibe la marca de muebles Ikea en Holanda, ante las sospechas de que durante años la empresa ha contado con un trato de favor que le ha permitido pagar menos impuestos y contar por ello con una ventaja indebida sobre otros competidores.

"Todas las empresas, grandes o pequeñas, sean multinacionales o no, deben pagar su justa parte de impuestos. Los Estados miembros no pueden dejar que ciertas compañías paguen menos impuestos permitiendo que transfieran de manera artificial sus beneficios a otro lugar", ha declarado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, al anunciar el expediente.

En concreto, Bruselas investiga dos acuerdos fiscales entre el Gobierno holandés y la compañía sueca sellados en 2006 y 2011, que habrían permitido a Ikea reducir considerablemente los beneficios sujetos a tributación en Holanda.

La Asociación Nacional de Grandes de Empresas de Distribución (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour e Ikea, y los sindicatos del sector han firmado este jueves el nuevo convenio colectivo de grandes almacenes, que afecta a unos 230.000 trabajadores y que contempla una subida salarial de hasta el 2,5% para este año, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

El incremento del 2,5% para este año se aplicará de forma automática y con efecto retroactivo, de modo que los trabajadores percibirán en sus próximas nóminas no solo el efecto de la subida, sino también de los importes que se deberían haber devengado desde enero.

La revisión supone una mejora con respecto a la propuesta inicial de la patronal, que contemplaba una subida del 1,5%, si bien queda por debajo de la reivindicación de los sindicatos, que solicitaban un incremento del 3% tras sumar cuatro años de sueldos congelados.

El nuevo convenio contempla una subida salarial del 2,5% para este año, así como del 1% para 2018, 2019 y 2020, al margen de la evolución del índice de comercio y de las ventas.

Además, en virtud del sistema de pago mensual vinculado a ventas en referencia al Índice de comercio al por menor (ICM), se podrán aplicar subidas adicionales de entre el 0,25% y el 2% si este índice aumentase por encima de cuatro puntos con respeto a la media de los dos años anteriores.

Aparte del incremento salarial garantizado durante la vigencia del convenio, el acuerdo contempla una revalorización añadida del 1,56% en el precio por hora de trabajo fruto de la reducción en 28 en las horas anuales computadas, que quedan en 1.770 en 2018.

Se fija además un sistema para los domingos y festivos en el que, en las aperturas generalizadas, los trabajadores librarán el 66% de las mismas, de modo que trabajarán un máximo de 23 domingos y festivos anuales. El número mínimo de domingos se sitúa en siete, frente a los nueve anteriores.

Para facilitar la obtención de mayores ingresos o capacidad de aumento de horas, los trabajadores podrán trabajar los domingos y festivos superiores a los mínimos fijados de forma voluntaria y con la posibilidad de cobrar horas extras con un recargo del 30% del valor de la hora. El el caso de los tiempos parciales, en el aumento de horas complementarias se consolidaría un 25% de las horas realizadas.

El convenio ataja además los tiempos parciales, mediante la fijación de sistemas de ayuda al incremento de horas y de poder adquisitivo a través de fórmulas de horas complementarias, consolidación de las mismas, aumentos de jornada e incremento del valor de cada hora tanto en salario base como en antigüedad. Este plus será del 1,56% adicional al resto de plantilla.

Junto a esto, a los sistemas de retribución variables establecidos en las empresas el convenio incorpora otro sistema transversal y universal de pago por aumento de índice de comercio al por menor en el que el se abonará desde un 0,20% hasta un 2%.

Cuidado de familiares

En materia social, se añaden licencias no retribuidas para cuidados de un familiar directo sin límites en caso de hospitalización y se abonará el 100% de salario en caso de enfermedad común para tratamientos de cáncer o diálisis.

También se aumenta en un sábado o domingo libre las libranzas de calidad de fin de semana completas hasta alcanzar 6 y se reduce a 3 años el ascenso a grupo de profesionales con un 3% de aumento de forma directa y sin examen.

El nuevo convenio cuenta con el respaldo de las principales organizaciones sindicales de los grandes almacenes, entre ellas Fetico, UGT, CCOO y Fasga.

"Moderno, social y garantista"

El portavoz de la mesa social de Fetico, Antonio Pérez, considera que el convenio es "moderno" y actualiza "cientos de términos y conceptos precrisis". Es además "un convenio social, garantista, sencillo de aplicar, solidario e incisivo con colectivos desfavorecidos", añade.

"El convenio colectivo más grande de este país debía ser por lógica el convenio de mayor referencia del mismo", señala Pérez, que considera el acuerdo "el mejor de la historia del sector".

El lanzamiento del nuevo catálogo de Ikea en Israel ha abierto la polémica por ofrecer una imagen "deliberadamente sesgada de la familia y denigrar a la mujer hasta el punto de eliminarla", según ha informado El País. El diario explica que su imagen puede resultar ofensiva para la comunidad judía ultraortodoxa.

La rama israelí de la multinacional sueca lanza este catálogo con el objetivo de acercar sus productos a la comunidad ultra religiosa judía. El folleto se centra en la familia pero de forma sesgada, sin una sola imagen en la que aparezcan mujeres o niñas, ha indicado El País. Según el diario, el folleto está plagado de imágenes idílicas entre padres e hijos obviando a las madres y a las hermanas.

La portavoz de la multinacional, Josefin Thorell, ha sido tajante y ha asegurado que la situación "no se repetirá" e Ikea no volverá a lanzar un catálogo alternativo de este tipo. La portavoz también ha incidido en que la empresa está en contacto con su filial israelí para que deje de distribuir el folleto. Hace unos años Ikea tuvo un problema similar con Arabia Saudí, donde se borraron las mujeres del catálogo distribuido a nivel mundial para ajustarlo al país.

La rama hebrea de la multinacional ha tenido que pedir disculpas a través de un comunicado debido a las presiones de la matriz sueca, a pesar de que en un primer momento justificó su publicación por la "la gran demanda y consultas recibidas", explica El País.

La escenas, además de indignación, han sido objeto de mofa en las redes sociales. Los internautas se han mostrado irónicamente sorprendidos por el amplio número de familias monoparentales de varones, o se preguntaban cuándo lanzaría Ikea un catálogo gay o dedicado a otros sectores sociales.

Ikea alcanzó un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para pagar una indemnización de 50 millones de dólares (48 millones de euros) a las tres familias estadounidenses cuyos hijos fallecieron aplastados por una cómoda del fabricante sueco, según información proporcionada por el bufete de abogados que representa a los afectados que ha recogido Europa Press.

En un comunicado, Feldman Shepherd Wohlgelernter Tanner Weinstock & Dodig, indicó que las partes habían llegado a un acuerdo para zanjar la demanda con el pago de los 50 millones, aunque Ikea donará también 150.000 dólares (144.000 euros) a tres hospitales en memoria de las víctimas y además, otorgará otros 100.000 dólares (96.000 euros) a una fundación dedicada a la seguridad del mobiliario doméstico.

Los hechos se remontan a 2014, cuando dos menores de dos años se edad fallecieron sepultados por una cómoda de la línea MALM cuya estabilidad fue puesta en entredicho por el bufete de abogados, que afirmó que el diseño inseguro de los muebles los hacía inherentemente inestables, incumpliendo la normativa estadounidense.

En junio de 2016, tras el fallecimiento de otro niño de 22 meses, el fabricante sueco retiró del mercado 8 millones de cómodas MALM y 21 millones de muebles de otros modelos, aunque anteriormente lanzó un kit de anclaje a la pared para estos modelos.

La multinacional sueca de muebles Ikea ha decidido no retirar del mercado español las cómodas Malm que han provocado la muerte de tres niños en Estados Unidos desde 2014 por no estar ancladas y haber volcado. Desde 2002, la cuenta asciende a seis. Sin embargo, pese a esta decisión, los consumidores que la hayan adquirido podrán devolver el producto, ha informado la empresa a Facua ante las preguntas de la asociación.

La cómoda ha sido retirada de los mercados estadounidense y canadiense. La multinacional hizo un llamamiento a sus clientes de ambos países para que dejen de usar "inmediatamente" cualquier cajón o cómoda que no está correctamente anclado y colocarlo en una zona que no sea accesible para los niños, informa Europa Press.

En España, la empresa ha decidido replicar el protocolo de concienciación que ya ha puesto en marcha en Norteamérica, advirtiendo de la necesidad de anclar este mueble. La firma difundirá mensajes en las tiendas, en la página web y ofrecerá "kits de seguridad adicionales".

"Pensamos que Ikea debería explicar por qué tiene un criterio distinto en Estados Unidos y aquí" con respecto a la retirada del mueble, afirma el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, en declaraciones a infoLibre.

Suecia retiró este fin de semana su apoyo a la independencia del Sáhara Occidental, después de que el embajador sueco en Túnez y Libia, Fredrik Florén, enviara al Ministerio de Asuntos Exteriores una revisión de la política hacia este territorio, informó Europa Press.

"Este documento pone de manifiesto que los criterios exigidos por el Derecho Internacional para reconocer la República Democrática Árabe Saharaui –el Sáhara Occidental– no se cumplen", afirmó la ministra de Exteriores sueca, Margot Wallström, en un comunicado.

Si bien desde Exteriores aluden a razones puramente jurídicas, en el periódico marroquí Le360 inciden en que se trataría más de una respuesta económica, después de que el pasado mes de septiembre las autoridades marroquíes bloquearan la apertura de una tienda IKEA a las afueras de la ciudad de Mohammedia –cerca de Casablanca–.

"El Gobierno actual ha entrado en un conflicto diplomático con Arabia Saudí e Israel. No puede permitirse un tercer conflicto con un país importante", indicó la televisión sueca. "El impacto de Marruecos en el mundo árabe es considerable. Y Suecia necesita el apoyo de los países árabes para su asiento en el Consejo de Seguridad", añadió.

Independientemente de la razón que esté detrás, la decisión de Estocolmo levantará previsiblemente importantes críticas por parte de políticos y de expertos jurídicos.

En su página web, la televisión sueca anunció que el presidente del Parlamento marroquí, Rachid Talbi Alami, visitará el país escandinavo a principios de esta próxima semana. "Durante su viaje, será informado oficialmente de la decisión de Suecia de renunciar a su proyecto".

Ikea, bloqueada

En septiembre, las autoridades marroquíes informaron a Estocolmo de que hasta que no obtuviera los permisos necesarios, IKEA no podría abrir su tienda en Marruecos. No obstante, los motivos que la prensa considera que están detrás de esta decisión eran el posible reconocimiento sueco de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el territorio controlado por el Frente Polisario.

El Parlamento de Suecia ya votó el reconocimiento del Sáhara Occidental en 2011, pero el Gobierno de entonces, de centro-derecha, rechazó la moción. El actual primer ministro, Stefan Lofven –de centro-izquierda–, aclaró en marzo que no contemplaba un gesto inminente similar al que ya adoptó con Palestina, según el diario The Local.

Las autoridades marroquíes anunciaron este lunes que cancelan la inauguración de un centro de Ikea en la ciudad de Casablanca. Los motivos girarían en torno a una posible represalia por el reconocimiento del gobierno sueco hacia la República Árabe Saharaui Democrática. 

Ikea Marruecos aseguró, sin embargo, que ha decidido anular el acto con el fin de poder concluir las obras pendientes en la instalación. "El proyecto de Ikea no dispone de certificado de conformidad, y por ello la inauguración que ha sido lanzada por esta sociedad para el 29 de septiembre ha sido anulada", señaló en un comunicado el Gobierno civil de Casablanca.

Una web próxima al régimen señaló que el parón del proyecto fue decidido en "represalia" contra el Gobierno sueco.

Ikea presentó ante la prensa su nueva planta de 27.000 metros cuadrados, la primera construcción de la empresa sueca en el Magreb, cuando el primer ministro Abdelilah Benkirán convocó a los principales partidos políticos parlamentarios para comunicar la intención de Suecia de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática, el Estado proclamado por el Frente Polisario.

Tres mil trabajadores han abandonado El Corte Inglés en los dos últimos años acogiéndose al derecho que les concede la ley para rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días por año de servicio si se sienten perjudicados por los cambios en sus condiciones laborales decididos por la empresa.

Y es lo que ha ocurrido en el líder de los grandes almacenes con las modificaciones de horario, jornada, salarios y comisiones de venta que ha aplicado durante la crisis. La cifra fue facilitada por la propia empresa durante la vista oral del juicio que se siguió el pasado 29 de abril en la Audiencia Nacional, tras presentar CCOO una demanda por conflicto colectivo contra la última modificación: una rebaja de las comisiones de venta que el sindicato calcula ascenderá a 2.000 euros anuales por trabajador.

Sólo con el anterior cambio, en 2013, que significó una ampliación de los días de trabajo anuales, se fueron de El Corte Inglés casi un millar de trabajadores. Pero no han sido éstas las únicas modificaciones sustanciales de condiciones laborales, al amparo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que ha aplicado la empresa de Isidoro Álvarez. El representante de CCOO en El Corte Inglés, Rafael Peinado, habla de hasta ocho cambios en los últimos cuatro años. En septiembre de 2012 ya se ejecutó una primera alteración del sistema de incentivos de los vendedores. Antes, en septiembre de 2009, se amplió la jornada de la plantilla. Firmaron el finiquito voluntariamente otro millar de empleados. Los sindicatos no han dudado en calificar las salidas de “ERE barato y encubierto”. El Corte Inglés cuenta con una plantilla de 60.000 empleados.

Una portavoz de El Corte Inglés no confirmó el dato de bajas voluntarias que manejan los sindicatos, pero se negó a dar otra cifra según los cálculos de la propia empresa.

Este tipo de medidas deben negociarse previamente con el comité. Y siempre han salido adelante con el apoyo de los sindicatos sectoriales Fetico y Fasga, y el rechazo de CCOO y UGT. Excepto la más reciente sobre las comisiones de venta, que ha respaldado también el sindicato que dirige Cándido Méndez.

También en Fnac hay abandonos

En cualquier caso, las mismas tensiones están afectando no sólo a El Corte Inglés, sino a todo el sector de la distribución comercial. El convenio colectivo que Fetico y Fasga firmaron el año pasado ha dejado a los trabajadores del sector sin pluses por trabajar domingos y festivos, también ha aumentado en 28 horas su jornada anual y congelado los sueldos hasta 2016. Su calendario de trabajo ha pasado de anual a trimestral; es decir, se les puede cambiar el horario cada tres meses. Y el personal de base estará hasta cinco años cobrando el salario inicial de 13.000 euros brutos. Antes promocionaba a partir del primer año.

Además, la liberalización de los horarios comerciales, implantada en junio de 2012 en Madrid, se ha traducido en un aumento de los festivos y domingos laborables para los vendedores de las grandes superficies. La plantilla de El Corte Inglés, por ejemplo, tiene la obligación de trabajar el 40% de los domingos y festivos del año. Los empleados de la cadena Fnac sólo disfrutan de cinco fines de semana libres al año.

En resumen, a estos trabajadores se les ha hecho mucho más difícil conciliar su vida familiar con la laboral mientras sus sueldos menguan. Y abandonan. En Fnac, que ha sufrido dos modificaciones de condiciones laborales en un año, acaban de pedir la baja voluntaria un centenar de trabajadores, de una plantilla de 2.000 personas. Según explica Ángeles Rodríguez, dirigente de la Federación de Comercio y Hostelería de CCOO, sólo del centro que la cadena tiene en Murcia se ha marchado el 25% de la plantilla. En el barcelonés de El Triangle firmaron el finiquito 15 trabajadores, entre ellos un jefe de departamento y cinco mandos intermedios, explicó el representante de la CGT, Ferrán Moltó, con motivo de la huelga que este sindicato convocó el pasado 23 de abril.

A los sindicatos no les resultan extrañas estas rescisiones de contrato voluntarias, pese a los altos niveles de paro. Denuncian que la plantilla está “precarizada”, “asfixiada” por jornadas de trabajo “extenuantes” y muy desmotivada. El 60% de los trabajadores tienen contratos a tiempo parcial, por lo que sus sueldos rondan los 500 euros al mes.

En los tribunales

Como en El Corte Inglés, CCOO ha demandado a la Fnac en la Audiencia Nacional – junto con UGT– por su más reciente batería de medidas: la supresión del seguro médico colectivo y el recorte de las comisiones de venta, así como la reducción de un 50% en los bonus de los jefes. Después se les ha unido también la CGT. A diferencia de lo ocurrido en los grandes almacenes, en la Fnac el periodo de consultas para hacer esos cambios en las condiciones laborales terminó sin acuerdo con el comité. Pero ha comenzado a aplicarse igualmente. Eso sí, la empresa ha accedido a pagar el 50% de los 27 euros que abona por cada trabajador a Asisa por el seguro médico. Es decir, prorroga una medida ya adoptada un año atrás en otro proceso de modificación de condiciones laborales que incluía, además, un ERE temporal.

Sí coinciden ambas empresas, en cambio, en otro detalle: tanto El Corte Inglés como Fnac siguen teniendo beneficios pese a la caída de las ventas inducida por la crisis económica. La cadena de tiendas culturales ganó cuatro millones de euros en España en 2012 –los resultados de 2013 aún no se conocen– y El Corte Inglés, 171,5 millones.

Ampliaciones de jornada, flexibilización de horarios y recortes salariales similares han adoptado también en los dos últimos años otros grandes del sector, como Alcampo, Carrefour e Ikea. Todos ellos terminaron en los tribunales. El Supremo dio la razón a los sindicatos el pasado abril porque Carrefour aumentó el número de domingos laborables sin haber consultado antes con el comité de empresa. Alcampo e Ikea perdieron los pleitos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Corte Inglés, por el contrario, ha ganado hasta ahora todas las demandas que le han puesto los sindicatos en la Audiencia Nacional por culpa del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

La Audiencia Nacional ha dado este miércoles la razón a CCOO y UGT al estimar parcialmente sus demandas y ha anulado varios artículos del convenio de grandes almacenes suscrito por la Asociación Nacional de Grandes Superficies (Anged) y los sindicatos Fetico y Fasga.

Las empresas asociadas a la patronal Anged son Aki Bricolaje, Alcampo, Apple Retail, Bricomart, C&A, Carrefour, Conforama, Cortefiel, El Corte Inglés, Eroski, FNAC, Hipercor, Ikea, Leroy Merlin, Media Markt, Toys 'R' Us y World Duty Free Group.

El fallo enmieda así un pacto suscrito por la patronal y dos organizaciones sindicales que afecta a unos 230.000 trabajadores, congela el sueldo hasta 2016 y suprime el pago de los festivos  Según informa Europa Press, la Audiencia ha eliminado el apartado 3.2 del artículo 12, al considerar que impide a las mujeres desarrollar su trayectoria profesional en igualdad de condiciones y que impone criterios discriminatorios para los ascensos.

En la misma línea, la Sala de lo Social ha cuestionado el apartado que establece que, cuando las ventas caigan un 9% durante tres años consecutivos, podrán aplicarse medidas de movilidad funcional o geográfica y reducciones salariales del 5%. Al respecto, ha recordado que las bajadas salariales no podrán introducirse sino de conformidad con el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores y siempre que se cumplan las condiciones que dicho texto impone.

La Audiencia también ha rechazado el artículo 87 del convenio, que establecía que las modificaciones del acuerdo podrían realizarse sólo con la aceptación de los firmantes del pacto original (Anged, Fetico, y Fasga). Según UGT, esta cláusula era "totalmente contraria a la ley", ya que suponía que las empresas podían "remodelar" en función de sus necesidades el convenio "con la ayuda de sus solícitos departamentos sindicales".

Una polémica que no acaba

Sin embargo, el fallo conocido este miércoles no ha zanjado la polémica, ya que existen apartados del convenio sobre los que la Audiencia no se ha pronunciado o sobre a los que se ha referido en términos que suscitan dudas a los sindicatos.

Por ejemplo, el tribunal no expresa su criterio al respecto de los periodos de prueba y los contratos formativos, y tampoco anula la posibilidad de que las empresas pacten mensualmente los tiempos parciales en las líneas de cajas. Por ello, UGT ha anunciado que pedirá una aclaración de la sentencia y que, en última instancia, recurriá al Tribunal Supremo.

"Desde UGT, si bien nos congratulamos de que la justicia ponga en su lugar a aquellos que agreden los derechos de los trabajadores reconocidos por la legislación con la única pretensión económica de aumentar sus márgenes de beneficios, no podemos olvidar la tragedia que está suponiendo los estragos de este convenio colectivo, fundamentalmente en materia salarial y de conciliación, algo que la justicia no siempre llega a paliar a tiempo", han añadido fuentes del sindicato.

Por su parte, CC.OO. ha afirmado que existen algunos aspectos más que denunció y que la sentencia no recoge, pero que entiende que son ilegales, por lo que estudiará con su gabinete jurídico la posibilidad de interponer un recurso también ante el Tribunal Supremo.

"CC.OO. seguirá peleando por conseguir unas condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras del sector de grandes almacenes, aunque las empresas de este sector sigan aplicando la reforma laboral de manera salvaje con la complicidad de sus departamentos sindicales", han apuntado desde la organización a este respecto.

La crisis económica, los nuevos modelos de gestión y la reforma del mercado de trabajo se han convertido en una mezcla letal para los estándares laborales que hasta ahora se consideraban propios de un país de la Europa rica.

Ya no son sólo las bajadas salariales para asegurar la competitividad exterior de la economía o la supervivencia de empresas en situación crítica. Ni siquiera, aunque también, el aumento de las jornadas laborales. “Hay que trabajar más y cobrar menos para salir de la crisis”, conminó en su día el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en prisión provisional desde el pasado diciembre por la operación Crucero. “El Estatuto de los Trabajadores se hizo pensando que los viajes se hacen en diligencia, pues se dan cuatro días para un permiso por defunción”, protestó hace mucho menos el responsable de Relaciones Laborales de la patronal, José de la Cavada. La conciliación familiar con el trabajo, etiqueta tan en boga en los años del apogeo, va a declinar en un concepto obsoleto. En general, lo que antes se consideraban derechos, y como tales se consagraban, además de en las leyes, en los convenios colectivos, ahora han devenido casi en privilegios o anacronismos que deben desaparecer en beneficio de la eficiencia y la recuperación económicas.

Así que la precariedad de los trabajos y sectores con menor protección se está contagiando a niveles superiores de la escala laboral. El low cost, ese nuevo concepto empresarial que, al igual que el outlet, se confirma como el paradigma de la economía en recesión, ya es también un concepto laboral. La clase media de los trabajadores se ve empujada cada vez más a rozar condiciones propias de otros tiempos, otras profesiones menos cualificadas, otros países.

Azafatas que se pagan el uniforme

Cuando Iberia Express, la división de bajo coste de la aerolínea de bandera española, empezó a volar, hace año y medio, las azafatas tenían que sufragar de su propio bolsillo el abrigo, los zapatos, la maleta e incluso el chaleco de seguridad que exige Aviación Civil. Ahora la empresa dice que sólo pagan los zapatos y la maleta. Pocas profesiones tenían hace años el glamour y las condiciones del sector aéreo. Hoy hay segundos pilotos por 50.000 euros brutos al año y azafatas con sueldos de 12.000. En las aerolíneas de bandera, esos salarios se triplican. En Vueling, el sueldo base de un tripulante de cabina es sólo de 400 euros. Las mujeres cuyos uniformes diseñaron en su día Christian Lacroix, Pertegaz o Elio Berhanyer ahora tienen que limpiar ellas mismas las cabinas. “En paradas de 35 minutos no da tiempo a que lo haga un equipo de limpieza”, explica CCOO.

Claro que en Ryanair, que contrata desde Irlanda, ni siquiera cuentan con sueldo base, el uniforme se lo pagan ellas de arriba abajo y están sometidas al despido libre que se permite en la isla. Como no están dadas de alta en la Seguridad Social española, CCOO asegura que algunas han tenido problemas cuando han necesitado cogerse una baja por enfermedad. En Iberia Express, además, si se marchan antes de completar sus seis meses de contrato, deben abonar a la empresa 3.000 euros, para “compensar proporcionalmente por los meses que han dejado de trabajar para la compañía por la inversión que esta realizó en su formación”, explica la aerolínea.

Ciertamente, estos pactos de permanencia son habituales con los pilotos, por ejemplo, cuyos cursos de habilitación incluyen prácticas en costosos simuladores de vuelo. Sin embargo, el curso que reciben las azafatas de Iberia Express dura sólo cinco días y se reduce a poco menos que la entrega de un CD, según ha relatado una de ellas a infoLibre.

'Alquiler del sillón' en las peluquerías

En el caso de cadenas de peluquería como Marco Aldany, las trabajadoras –la mayoría son mujeres– deben aportar de su bolsillo peines y cepillos. Una práctica común en instrumentos más personales y caros como tijeras y navajas se ha extendido al resto del instrumental. La mayoría de estas cadenas funciona en régimen de franquicia y se han introducido en un sector tradicionalmente integrado por microempresas.

En las primeras, muchas de las peluqueras trabajan con contratos a tiempo parcial, otras ni siquiera están en plantilla: son autónomas. Aunque en España no está tan extendido como, por ejemplo, en Italia lo que se denomina “alquiler del sillón”, explica Jesús Martínez Dorado, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Privados de CCOO. La cadena pone la marca y los productos cosméticos, pero no sólo el sillón, sino también cualquier otro servicio de belleza adicional corre a cargo de una profesional sin relación laboral con la empresa. En cualquier caso, y atendiendo a sus convenios sectoriales, una peluquera asalariada no cobra más de 10.000 euros brutos al año a jornada completa, asegura Martínez Dorado.

Además, la apertura de establecimientos por iniciativa de inmigrantes chinos o dominicanos, que no respetan ni los sueldos ni los horarios de los convenios, y la introducción de otros en centros comerciales, que funcionan todos los días del año, suponen una dura competencia por la que es fácil dejarse arrastrar. Ahora es posible peinarse, teñirse o hacerse la manicura a las 11 de la noche de un sábado en cualquier peluquería céntrica, o a las 10 de un domingo en una gran superficie.

Grandes almacenes en precario

Ni siquiera una empresa líder como El Corte Inglés se salva de los vientos de cicatería laboral. El convenio sectorial recién firmado por los sindicatos Fetico y Fasga ha dejado a los 100.000 empleados de la hasta hace poco primera empresa de distribución española sin cobrar el plus por trabajar domingos y festivos, ha aumentado en 28 horas su jornada anual y congelado los sueldos hasta 2016. Ya antes les habían rebajado las comisiones por ventas. Su calendario de trabajo ha pasado de anual a trimestral; es decir, se les puede cambiar el horario cada tres meses. Y el personal de base estará hasta cinco años cobrando el salario inicial de 13.000 euros brutos. Antes promocionaba a partir del primer año.

Así que más de 1.000 trabajadores, revela UGT, han preferido abandonar la empresa antes que aceptar las nuevas condiciones laborales, acogiéndose a la posibilidad que les brinda el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores –20 días de indemnización por año trabajado–. “Es un ERE barato y encubierto”, denuncia el sindicato.

El nuevo convenio afecta también a grandes cadenas como Carrefour, Alcampo, Fnac o Ikea. “Se están aplicando medidas diseñadas para empresas en crisis a empresas que no lo están”, resalta Javier Jiménez, del gabinete jurídico de UGT. Aunque afectados por la caída del consumo, El Corte Inglés ganó 210 millones de euros en 2011 –las cifras de 2012 se conocerán a finales de este mes–, y el resto de las multinacionales citadas siguen en beneficios. Pero prefieren curarse en salud. El Corte Inglés, por ejemplo, lleva años sin contratar personal. Hasta el punto de que en Navidad moviliza al personal de las oficinas de la calle de Hermosilla, la sede de la empresa, para atender a los clientes en los centros repartidos por Madrid, desvela el sindicato UGT. En otras compañías, el rey es el contrato a tiempo parcial, que se ha convertido en la modalidad con la que trabajan más de la mitad de los 230.000 empleados del sector. Incluso en algunas cadenas, como Toys R Us, toda la plantilla tiene este tipo de jornada.

Becarios extranjeros explotados

En Baleares, la hostelería ha descubierto las ventajas de la contratación en origen. El año pasado, 15 jóvenes de República Checa, Hungría, Bulgaria y Rumanía contaron a la Inspección de Trabajo que habían sido contratados a través de una agencia de Praga para hacer prácticas en un hotel de Mallorca. Pero la experiencia quedó muy lejos de las que acompañan a los chicos Erasmus. En lugar de los 1.200 euros prometidos por 40 horas semanales, lo que dicta el convenio, cobraban 400 a cambio de trabajar 54 horas. “Traen a estudiantes europeos de Dirección de Hoteles y los tienen aquí todo el verano en el comedor quitando mesas”, denuncia el secretario general de la Federación de Hostelería de CCOO, Ginés Díez. El sindicato acaba de denunciar en la Inspección de Trabajo a un hotel que tenía 36 becarios de varias nacionalidades y sólo 22 trabajadores de plantilla.

El año pasado, el grupo Barceló fue denunciado ante la Inspección por emplear como becarios a rumanos sin permiso de trabajo. Esta temporada, explica Antonio Copete, responsable de la Federación de Hostelería de UGT, son las cadenas medianas de hoteles las que continúan sustituyendo empleados españoles por becarios extranjeros. A algunos de ellos, asegura, les cobran la comida, pese a que el convenio del sector obliga al empresario a proporcionársela gratis.

Igualmente ocurre que las camareras que limpian las habitaciones ya no pertenezcan a la plantilla del hotel. Lo mismo está empezando a pasar, alertan CCOO y UGT, incluso con los recepcionistas o los cocineros. Tras despedir a los trabajadores que se encargaban de esas tareas, el hotel contrata a una empresa de servicios de limpieza, por ejemplo, cuyo convenio fija salarios hasta un 20% más bajos que los de hostelería. “Bordea la cesión ilegal de trabajadores”, denuncia César Galiano, del gabinete jurídico de UGT.

Un empaste, 24 euros

Tampoco los dentistas son ya lo que eran. El aumento del número de licenciados y la irrupción de las cadenas de franquicias han cambiado el paisaje de una profesión antaño de prestigio y elevadas remuneraciones. “En España hay 30.000 dentistas, uno por cada 1.400 habitantes, cuando la OMS sitúa en uno por cada 3.500 la cifra óptima”, explica Alfonso Villavigil, presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos de España. Además, del ejercicio liberal se ha pasado al asalariado. O incluso al llamado falso autónomo. En 2010 el Tribunal Supremo condenó a Vitaldent por mantener con contratos de arrendamiento de servicios a dos dentistas, cuando su relación con la empresa era estrictamente laboral.

En las cadenas, asegura Villavigil, los odontólogos cobran un 12,5% de los ingresos netos que generan. “Y un empaste sale a 24 euros”, añade, “por lo que para cobrar 10 euros tendrían que hacer tres en una hora”. Así que sospecha que muchas veces estas cadenas terminan dando tratamientos innecesarios para hinchar presupuestos, al tiempo que se resiente la calidad de las prestaciones. “Cuando empecé, hace casi 30 años, teníamos una lista de espera de pacientes de hasta dos meses”, recuerda el presidente de los dentistas españoles, “ahora estamos satisfechos si llegamos a la semana”.

Bruselas puede haber firmado la sentencia de muerte del sector naval español, que llegó a facturar más de 3.000 millones de euros y emplea directamente a 25.000 trabajadores. Así lo vaticinan los mismos astilleros, que han recibido con indignación el anuncio recién hecho por el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, de que el sector debe devolver unos 2.800 millones de euros, los incentivos fiscales percibidos desde 2005 y que hasta junio de 2010 permitieron la construcción de 273 barcos por valor de 8.727 millones de euros.

Esas bonificaciones, un complejo producto financiero conocido como tax lease, fue suspendido en junio de 2011 por la Comisión Europea, tras ser denunciado por Holanda, que luego fue secundada por otros seis países. Competencia consideró el programa de incentivos, que permitía descuentos en el precio del barco de hasta el 30%, una ayuda estatal ilegal. Bruselas no aprobó el nuevo esquema de incentivos, propuesto por el Ministerio de Hacienda español, hasta el 20 de noviembre de 2012. En esos 17 meses, los astilleros españoles fueron agonizando por culpa de la crisis económica, que ha recortado la contratación naval y estrangulado a la banca de todo el mundo, vital para financiar estos costosos encargos. Pero también por falta de descuentos que ofrecer a los navieros extranjeros, casi sus únicos clientes. Exportan el 90% de su producción.

Así, el sector naval español contrató en 2007 la construcción de 491.384 toneladas brutas compensadas, mientras que en 2011 sólo llegó a 21.793, un 30% menos que en 2010, a tenor de las cifras de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval. Según Pymar, la sociedad que agrupa a los pequeños y medianos astilleros, por falta de tax lease el sector ha dejado de construir más de 50 barcostax lease.

¿Quién paga?

En todo este tiempo, la amenaza de que debieran devolverse los incentivos fue una espada de Damocles que pendía sobre los astilleros. Pese a que el nuevo esquema fiscal entró en vigor el pasado 1 de enero, los astilleros españoles no han firmado ni un solo contrato desde entonces por culpa de la incertidumbre y la renuencia de los bancos a prestarles dinero. Tras casi 25 meses de espera, Almunia ha adelantado una decisión que será oficial el 17 de julio. El sector ha reaccionado aventurando un futuro apocalíptico.

En un desayuno en el Hotel Ritz de Madrid, el comisario español aseguró, no obstante, que los astilleros no están obligados a devolver esos miles de millones. Tampoco los bancos, “que actuaron como meros agentes financieros”, informa Europa Press. Según precisó Almunia, tendrán que pagar los inversores que se beneficiaron de las exenciones fiscales, los navieros y los armadores que encargaron los barcos. Pymar cifra en más de 1.600 la lista de esos posibles perjudicados.

"Ningún armador querrá construir en España"

Sin embargo, la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, apenas un par de horas después y en el mismo hotel, tachó de “falacia” que sólo vayan a pagar armadores e inversores, puesto que las cláusulas de los contratos trasladan la responsabilidad de los cambios de regulación a los astilleros. “Al día siguiente habrá 10.000 pleitos y, sobre todo, se producirá un bloqueo financiero y de la llegada de clientes”, auguró, “es el fin del sector”. Según advirtió, se perderán hasta 87.000 puestos de trabajo. López del Pozo añadió otro efecto: se perderán 40 nuevos contratos, más de 2.000 millones de euros. “Desde noviembre de 2012 no ha salido ninguna operación; ahora ningún armador construirá en España ni ningún financiador apostará por el país”.

Como último recurso, no obstante, Pymar se agarra a un “error técnico subsanable” en el borrador de Competencia que permitiría salvar al sector: desde 2002, cuando se creó el tax lease, hasta 2011, cuando se suspendió, se generó un entorno de seguridad jurídica gracias a que cada operación fue aprobada por el Gobierno español. En 2006, la Comisión Europa tumbó el esquema de incentivos fiscales francés, pero a los astilleros del país galo no se les obligó a devolver las ayudas por la “inacción comunitaria de seis años”. En el caso español, la abulia de la UE se prolongó durante una década.

Durante los muchos meses de limbo legal, Almunia se ha convertido en la bestia negra de los astilleros españoles, a quien acusan de "intrasigencia" y "falta de voluntad política". “Lo que está haciendo supondrá el cierre inmediato de los 19 astilleros de España y el final de la construcción naval”, le espetó ayer en el Ritz el presidente de Pymar, Álvaro Platero. Almunia se defendió: “Yo soy el responsable de hacer esa propuesta [la devolución de los incentivos]”. A su juicio, “un comisario tiene que prometer que sólo va a responder al Tratado europeo y al interés general europeo, por más que conste en su carné un determinado país de origen o un partido o sindicato”.

Zara a bordo

El tax lease es, en realidad, un producto financiero que los bancos ofrecían a grandes contribuyentes para que pagaran menos impuestos. Estas empresas creaban una Agrupación de Interés Económico (AIE) que, junto con el banco y una sociedad de leasing, intermediaban entre la naviera que encargaba el barco y el astillero que lo iba a construir.

En ese proceso, la AIE y el armador acumulaban una serie de beneficios fiscales de acuerdo con la Ley del Impuesto de Sociedades. Después, la AIE se inscribía en el Registro de Buques de Canarias y pasaba a tributar según las toneladas del buque, lo que constituía otra ventaja fiscal para ella. Así, grandes empresas tan dispares y alejadas del negocio marítimo como Inditex, Corporación Dermoestética, Ikea o Ferrovial, se convirtieron en improvisados armadores. Sólo para desgravar.

De hecho, Inditex creó, según su informe anual de 2009, 14 agrupaciones de interés económico: Naviera Celeste, Naviera Cabo Domaio, Naviera Berlín, Naviera Cabo Vilaboa... La relación de estas "sociedades asociadas" dejó de aparecer en su memoria de 2010. A 31 de enero de 2011, su inversión en AIE sumaba 2,021 millones de euros. En 2010 la duplicaba: 5,2 millones. Sólo en ese año las inversiones navales permitieron al grupo de Amancio Ortega obtener bonificaciones fiscales de 9,42 millones. Inditex pagó ese ejercicio 580,3 millones en concepto del Impuesto de Sociedades: había ganado un bruto de 2.321 millones de euros.

Ya por la noche, un programa deportivo dio por bueno que el entrenador del Real Madrid había gastado 200 euros en Ikea en comprar cajas para hacer una hipotética mudanza, hasta que se armó el follón (mundial):

Durante más de 12 horas de hoy lunes, el nombre de la multinacional sueca ha permanecido entre las primeras tendencias mundiales. Hasta que los internautas recordaran que meses atrás, Ikea había grabado un spot sirviéndose de un doble de Mourinho:

Noticia viral o no, lo cierto es que la parroquia tuitera no ha dejado pasar la ocasión para hacer de las suyas:

Más de uno tampoco ha querido dejar de pasar la ocasión para sacar a colación los casos de corrupción en el PP y relacionarlos con los pasteles made in Suecia.

Este comentario se convirtió en pocas horas en uno de los más retuiteados del día: