Los cuatro acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede –firmados en Roma un mes después del referéndum constitucional de 1978 y, por tanto, negociados entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano antes de la aprobación de la Constitución– permiten a la Iglesia católica mantener todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos económicos, educativos y jurídicos. Dichos textos también regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos. 

Estos pactos, que fueron ratificados por el pleno del Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 1979, fueron precedidos de otro acuerdo preliminar, firmado el 28 de julio de 1976, por el que el rey Juan Carlos I renunció al privilegio de la presentación de obispos y la Iglesia prescindió del fuero jurisdiccional especial para los clérigos. En este último acuerdo –preconstitucional, pues se firmó dos años de la aprobación de la Carta Magna– se manifestaba la intención compartida de crear los cuatro posteriores. 

Los acuerdos, que parten de la reforma, que no derogación, del Concordato nacionalcatólico de 1953, tienen naturaleza concordataria y, en consecuencia, son considerados un tratado internacional. Esto implica que el legislador español, al regular las cuestiones que recogen, debe respetar su contenido y no puede modificar lo establecido en su articulado. Conviene recordar que, salvo alguna excepción, los citados pactos han sobrevivido indemnes al paso de gobiernos de uno y otro color.

De hecho, aunque la disputa religiosa vuelve de vez en cuando, los cambios de calado se siguen haciendo esperar. Precisamente este miércoles el secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, dijo que "hay que denunciar" los "obsoletos" acuerdos con el Vaticano porque "no tienen parangón en ningún estado europeo". Aunque los socialistas suelen abrazar la laicidad en sus programas electorales, no han llevado a la práctica esas propuestas cuando han estado en la Moncloa. 

infoLibre resume a continuación qué cuestiones se incluyen en estos acuerdos y qué privilegios entrañan. No obstante, hay que tener en cuenta que parte de las prerrogativas o de la situación preeminente de la que sigue gozando la Iglesia católica en España en la actualidad deriva del acatamiento a la interpretación que la jerarquía eclesiástica ha hecho de esos tratados, que en ocasiones va más allá del escrupuloso respeto a su literalidad.

Financiación y fiscalidad

El acuerdo económico, firmado el 3 de enero de 1979, regula varias cuestiones esenciales. Entre ellas, la colaboración financiera entre ambas instituciones. A pesar de que la Iglesia Católica "declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades", el articulado de este acuerdo también consagra la ayuda económica directa del Estado español a la Iglesia como la única manera viable de posibilitar su sostenimiento económico. Textualmente establece que "el Estado se compromete a colaborar en el sostén financiero de la Iglesia en el respeto absoluto del principio de libertad religiosa" a través de una "dotación" en los Presupuestos Generales del Estado. 

Más de 38 años después de la aprobación de este texto, esa pretendida autofinanciación sigue siendo una utopía. De hecho, ese mecanismo transitorio de asignación tributaria se actualizó en 2007, cuando el coeficiente del IRPF que recibe el episcopado de sus fieles se elevó del 0,52 al 0,7%. Esa cantidad –que supone alrededor de 250 millones de euros anuales– sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta a Hacienda el 100%. 

Otra cuestión esencial recogida en este acuerdo es la relativa a los beneficios fiscales de la Iglesia. Establece la "exención total y permanente" de impuestos como la contribución urbana (IBI); rentas y patrimonios; sucesión, donaciones y transmisiones patrimoniales; contribuciones especiales; tasa de equivalencia... "siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad".

Sobre el papel, estas exenciones no alcanzan, por tanto, "los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas". Sin embargo, la interpretación que en instancias judiciales se está realizando de la ley de mecenazgo está dando la posibilidad a la Iglesia católica de librarse también de algunos de estos impuestos incluso cuando en los inmuebles se realiza una actividad económica. Precisamente una sentencia del tribunal de la UE dictada este martes abre una vía para acabar con esta práctica y que la Iglesia sí pague impuestos cuando actúa como "empresa". 

Hasta 2006 la Iglesia no estuvo sujeta al pago del IVA en la compra de objetos destinados al culto. Este privilegio se resolvió para cumplir con una airada exigencia de la UE, que llevaba tiempo reclamándolo porque suponía una vulneración de la normativa de armonización fiscal. La Comisión Europea llegó a iniciar un procedimiento para denunciarlo ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio se produjo antes de que llegara la respuesta de la Justicia. No obstante, a cambio de esta modificación el Gobierno socialista de Zapatero incrementó el porcentaje del IRPF que recibe el episcopado de sus fieles. 

Enseñanza y patrimonio 

El acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, también suscrito el 3 de enero de 1979, acabó con el modelo del Concordato de 1953, que garantizaba a la jerarquía católica poder disponer de un sistema docente que en la práctica escapaba de todo control público. No obstante, la Iglesia mantuvo importantes ventajas en materia educativa. Por ejemplo, este tratado protege el mantenimiento de los colegios religiosos, así como la creación de nuevos centros ligados a instituciones católicas, tanto no universitarios como de educación superior.

También decretó la oferta obligatoria de la asignatura de religión católica "en todos los centros de educación" para todos los niveles educativos desde la educación infantil hasta el actual 1º de Bachillerato. Eso sí, esa materia pasó a tener "carácter voluntario" para los alumnos, pues con el Concordato era obligatoria. El acuerdo también reservó a los obispos el derecho de elegir a los profesores de religión a pesar de que sus nóminas las paga el Estado y a señalar los contenidos y los libros de texto relativos a dicha enseñanza. 

Asimismo, aunque determinó que "la acción educativa respetará el derecho de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos" sí estableció para el Estado la exigencia de que "la educación que se imparta en los centros docentes públicos sea respetuosa con los valores de la ética cristiana". Por otro lado, sobre las relaciones con la prensa, ese acuerdo estableció que "deben aplicarse en la ordenación jurídica de los medios de comunicación social los mismos principios de libertad religiosa e igualdad sin privilegios, que Iglesia y Estado profesan en materia de enseñanza".

Más parco es el contenido relativo al patrimonio histórico en manos de la Iglesia. La institución católica reitera en el acuerdo su voluntad de "continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental", si bien el texto recoge únicamente que "concertará" con el Estado las bases "para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes" con el objetivo de preservarlo. Ambas partes coinciden en que ese patrimonio "sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación" y mantienen que ponerlo "al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento" justifica la "colaboración" de Iglesia y Estado.

Asuntos jurídicos y Fuerzas Armadas

A través del acuerdo que define la personalidad jurídica de la Iglesia, como los dos anteriores suscrito también el 3 de enero de 1979, el Estado español reconoció la personalidad jurídica civil de la Conferencia Episcopal Española y garantizó a la Iglesia católica "el derecho a ejercer su misión apostólica". Asimismo, le garantizó "el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias, y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio", así como el derecho a llevar a cabo por sí misma actividades de carácter benéfico o asistencial gozando para ello "de los mismos derechos y beneficios que los entes clasificados como de beneficencia privada". 

Ese mismo acuerdo estableció otras cuestiones como el reconocimiento de los domingos como días festivos y señaló que ambas instituciones tenían que determinar "de común acuerdo" qué otras festividades religiosas son reconocidas como días festivos. Asimismo, reconoció "desde su celebración" los "efectos civiles" al matrimonio celebrado según las normas del derecho canónico. Y también reconoció el ejercicio del "derecho a la asistencia religiosa" de los ciudadanos internados en cárceles, hospitales, sanatorios u orfanatos. Según un informe de la Fundación 1º de Mayo, ligada a CCOO, el Estado gasta más de 30 millones de euros anuales en los salarios de los curas destinados en estos centros. 

El cuarto acuerdo de los suscritos el 3 de enero de 1979 es el relativo a la asistencia castrense. Aunque en él no se cuestiona la presencia institucional de la Iglesia católica dentro de las Fuerzas Armadas sí se asume –a diferencia de en el Concordato– que no todos sus miembros son católicos. Para los que sí lo son se establece que su asistencia religioso-pastoral "se seguirá ejerciendo por medio del vicariato castrense", cuya jurisdicción se extiende a todos los militares y a sus familiares. 

El papa Francisco ha condenado el "pecado gravísimo" de dejar sin empleo con "maniobras económicas" o intereses oscuros y ha aseverado que los dirigentes están obligados a garantizar el trabajo a todos.

"Los que por maniobras económicas, para hacer negocios que no están claros, cierran fábricas y quitan el trabajo a los hombres cometen un pecado gravísimo", señaló de forma improvisada durante la audiencia general de este miércoles, recogida por Europa Press.

"El trabajo nos da dignidad y los responsables de esos puestos, los dirigentes, tienen la obligación de hacer todo lo posible para que cada hombre y mujer pueda trabajar y así ir con la cabeza alta, con dignidad", recalcó. 

Además, invitó a los católicos a mostrar un amor "verdadero" por los más necesitados y arremetió contra la "hipocresía" del amor de "telenovela" durante la audiencia general de este miércoles.

"Cuando se ama, hay que evitar caer en la hipocresía de buscar nuestros propios intereses, y también en la idea falsa de pensar que si se ama es sólo mérito de uno mismo", aseguró el pontífice ante miles de fieles en la plaza de San Pedro.

Francisco en la hoguera. Acaba de cumplir 80 años, lleva apenas tres en el cargo y le están amargando su proverbial sonrisa. Desde el tumultuoso pontificado de Pío IX nunca se había visto tanta falta de respeto a un Papa en el cuerpo de cardenales y en la Curia romana. Disgusto, ira, perplejidad… Quienes dicen estar a su lado utilizan esos sustantivos para reflejar el estado de ánimo del pontífice argentino ante la airada oposición que altos eclesiásticos exhiben sin recato contra la exhortación Amoris laetitia sobre el matrimonio y la familia. La califican de herética, luterana, contraria a la moral, irresponsable, una especie de divorcio católico e, incluso erasmiana, como si el sabio Erasmo tuviera algo que ver en estas trifulcas teologales. Si viviera, repetiría lo dicho en una página genial de Elogio de la locura, que entusiasmó a su amigo Tomás Moro cuando el autor de Utopía estaba todavía a bien con Enrique VIII. Se trata de la diatriba a los teologuchos que discuten semanas enteras si es pecado menos grave matar a un millar de hombres que coser en domingo el zapato de un pobre.

También el papa Francisco necesitaría una nueva venida del Espíritu Santo para disputar con humor y paciencia sobre la Amoris laetitia con la nueva especie de teólogos y cardenales sobresaltados. ¿Rabia el Papa, como se escribe en algunos medios? Si non è vero, è ben trovato. El pontífice celebró su cumpleaños rodeado de cardenales afines, ante los que reivindicó la vejez. “Un ingrediente necesario para sobrellevarla es el sentido del humor”, les dijo. La campaña está siendo tan descarnada que hasta nada menos que todo un papa disputa en público con los detractores. Lo ha hecho concediendo una nueva entrevista. Francisco ha concedido más entrevistas que todos sus predecesores juntos en los últimos 100 años.

“Todo lo que está en Amoris laetitia fue aprobado por más de dos tercios de los padres sinodales”, ha dicho al semanal católico belga Tertio. Así responde a los cardenales Joachim Meisner, Walter Brandmüller, Raymond L. Burke y Carlo Caffarra, que le pidieron aclaraciones mediante una carta privada y, como el Papa no les contestó, lo han hecho a bombo y platillo, con gran provocación.

Desatado el incendio en las alturas, la algarabía se ha multiplicado en el llano. Los principales rebeldes no son moco de pavo, como suele decirse. Algunos forman parte incluso del Gobierno (Curia) del Estado de la Santa Sede, como el cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como se llama ahora el Santo Oficio de la Inquisición. Fue nombrado para ese cargo por Benedicto XVI y Francisco no lo ha removido. Como policía de la fe, la rebeldía de Müller habla por los obispos que lo pasean por España dando conferencias con total desparpajo. La más sonada la ha pronunciado en el seminario diocesano de Oviedo, donde proclamó sin tapujos que la doctrina sobre el matrimonio “es la de siempre y no va a cambiar”.

La mitad de la Curia, en contra

“Hay más oposición al Papa de lo que se imagina. Se sabe que hay un porcentaje que supera el 50% de gentes de la Curia que actúan bajo cuerda en su contra. Dudan del Papa. Cuestionan ciertas medidas”, sostiene el granadino José María Castillo, uno de los grandes pensadores cristianos. Como jesuita ha tenido relación con el también jesuita Francisco, que lo considera un maestro. Entre los abiertamente críticos figura el cardenal Antonio María Rouco, que ha firmado el libro Once cardenales hablan sobre el matrimonio y la familia, un manifiesto en toda regla. Además del expresidente de las Conferencia Episcopal Española, lo firman entre otros altos prelados Camillo Ruini, expresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y Robert Sarah, prefecto de la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos.

Francisco no sólo ha echado mano de la matemática para refutarlos, como un malhumorado secretario de organización de un partido (¡tengo el apoyo de los dos tercios de los delegados!), sino que ha recordado un principio que conoce de memoria cualquier cardenal: “Hay una fórmula latina que dice que las iglesias siempre están cum Petro e sub Petro (con Pedro y bajo Pedro). Pedro es el garante de la unidad de la Iglesia. Ese es el sentido”. El Código de Derecho Canónico define a los cardenales como “un colegio peculiar”, con dos funciones relevantes: elegir Papa y asistirlo “tanto colegialmente, como personalmente”. Lo dice el nombre, que deriva del latín cardo, es decir bisagra. Se comprende el disgusto de Francisco ante esta revuelta: Si las bisagras alrededor de las cuales gira el edificio de la Iglesia se desmandan de su único dirigente, el Papa, ¡qué no hará la comunidad!

A todos ellos les ha retado desde España otro cardenal, más ilustre si cabe aunque fue nombrado hace tres años cuando ya había cumplido los 84: el arzobispo emérito de Pamplona y teólogo de gran prestigio, Fernando Sebastián: “Algunos señores insignes sufren porque no logran entender lo que Francisco ha querido decir y quieren que sea el mismo Papa quien se lo explique. Esas dudas se antojan dudosas. Decir que Amoris laetitia no es magisterio papal, sino opiniones del Papa, es casi insultante”.

La falta de respeto hacia este Papa se produjo ya en el momento de su elección. Venía “del fin del mundo” (expresión del propio Francisco), es decir, no formaba parte del meollo de la Iglesia romana, tan europea; es jesuita pero comprende a Lutero; se apiada amistosamente de los homosexuales; autoriza a los sacerdotes a perdonar el pecado de aborto, sin pedir permiso a los obispos, como hasta ahora; no descarta ordenar a mujeres diaconisas; y presume de ser solamente el obispo de Roma, como sostenía uno de los papas más importantes que ha tenido esta iglesia, Gregorio Magno, que se manifestó contra el título de “papa universal” por considerarlo “altanero, vanidoso y contraria al Evangelio”. La Curia romana, en cambio, se considera el centro de la Cristiandad y a los cardenales se les llama Príncipes de la Iglesia. Las reticencias ante el papa Bergoglio las tuvo incluso su predecesor, Benedicto XVI, ahora sumiso.

“Cuando oí su nombre como el elegido, no estaba del todo seguro”, le comenta al periodista Peter Seewald (Últimas conversaciones, editorial Mensajero). Cambió de opinión por la forma en que el nuevo Papa saludó al pueblo. “Entonces me sentí feliz. La fe en Europa se está debilitando tanto que, ya por eso, sólo limitadamente puede Europa seguir siendo la auténtica fuerza impulsora de la Iglesia universal”, añade. ¿Ha dado alas Benedicto XVI a los rebeldes? Algunos cardenales acudieron el verano pasado a su residencia en busca de apoyo. Les cortó de raíz. El Papa es Francisco, es a él a quien debéis acudir con vuestras dudas, se comenta que les dijo. Hay un curioso debate sobre si Benedicto XVI sigue siendo Papa. Los cardenales rebeldes aseguran que sí. Es evidente que no lo es. Pero rara vez ocurre que un papa desautorice a su predecesor. Lo ha hecho Francisco con Benedicto XVI, en toda regla.

Divorcio exprés también por la Iglesia

Veamos de qué manera. Aunque a veces tarde siglos, el Vaticano suele acabar entrando en razón civil. “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”, señalaba el catecismo. Es el principio de la indisolubilidad. Ninguna causa, excepto la muerte, puede provocar la disolución de un matrimonio rato (válidamente celebrado) y consumado (la pareja ha hecho lo necesario para generar prole). El problema surge cuando millones de matrimonios católicos se rompen y los divorciados presionan por separado a sus párrocos para volver a casarse y, además, seguir recibiendo la comunión.

La solución de Francisco es agilizar y abaratar (incluso, ofrecer gratis) los procesos de nulidad. La nulidad no anula un matrimonio válido. Sólo proclama que tal matrimonio no lo fue nunca. El problema es demostrarlo. Hasta ahora cuesta años de papeleos, además de miles de euros (800 euros en primera instancia y 600 en la segunda, más abogados y procuradores, y, a veces, un dineral bajo cuerda para voluntades corrompidas). Han sido muchas veces procesos con mala fama, manoseados en la prensa amarilla por famosas anuladas y vueltas a casar por la Iglesia con pasmosa facilidad. Ocurrió, además, que cuando el Gobierno de Zapatero reformó en 2005 el Código Civil para facilitar y abaratar los trámites del divorcio, los obispos lo tacharon de “divorcio exprés” y el portavoz de los obispos, entonces Martínez Camino, ironizó afirmando que era más fácil romper un matrimonio que un contrato de telefonía móvil.

Benedicto XVI también reaccionó endureciendo los procesos de nulidad. “Basta ya de anulaciones a cualquier precio. No es verdad que, para ser más pastoral, el Derecho deba hacerse menos jurídico”, clamó en febrero de 2011 ante los magistrados del Tribunal de la Rota. En cambio, Francisco sostiene que no todas las discusiones doctrinales o morales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Hay muchas maneras de vivir o sufrir en familia y son muy variados los motivos por los que se rompen los matrimonios. Eso escribe en Amoris laetitia. Pero abundan los obispos que creen que los divorcios se producen por capricho. El Papa, en cambio, ofrece diferentes maneras de interpretar la doctrina clásica, que no es dogma de fe. He aquí uno de sus principios: “Es posible que, en medio de una situación objetiva de pecado, se pueda vivir en gracia de Dios. La eucaristía no es un premio para los perfectos sino un alimento para los débiles. No es sólo para los buenos católicos. Ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia; ella será siempre un acto de gratuidad del Padre celeste, un amor incondicionado e inmerecido”.

Herejía, relativismo moral, luteranismo… Impresiona la catarata de improperios que se han alzado contra esas palabras. Algunos incluso se han remontado a la crisis arriana, al finalmente sangriento debate sobre el divorcio inglés, que desembocó en el cisma anglicano, y a la más cercana trifulca en torno a la infalibilidad de los papas, que Pío IX, con la airada frialdad de un psicópata, impuso en el Vaticano I, provocando la espantada de gran parte de los obispos austrohúngaros, alemanes y franceses, que abandonaron escandalizados aquel concilio.

*Juan G. Bedoya es periodista y experto en información religiosa. 

*Este artículo está publicado en el número de enero de tintaLibre, a la venta desde el día 3. Puedes consultarla haciendo clic aquí.aquí

El divorcio exprés y el matrimonio homosexual provocan "el notable aumento de hijos con graves perturbaciones de su personalidad", así como "el desarrollo de un clima que termina con frecuencia en la violencia". Así lo ha expresado en su carta dominical de esta semana el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, quien agrega que "si el matrimonio y la familia entran en crisis, la sociedad misma comienza a estar enferma". 

El obispo sostiene que con la exclusión de "toda referencia a la diferencia entre el varón y la mujer, se da vía libre a las uniones entre personas del mismo sexo" y esto asienta las bases para "la destrucción del matrimonio y de la familia, negándoles su valor insustituible para la acogida, la formación y desarrollo de la persona humana y para la vertebración básica de la sociedad".

Pero, "¿son de verdad un progreso humano el divorcio exprés, las uniones de hecho, el número creciente de familias rotas o el sufrimiento de los hijos que lo padecen?", se pregunta el propio López. La andanada del prelado castellonense no es una excepción en el discurso del episcopado español, que ha hecho del matrimonio homosexual el objetivo predilecto de sus ataques.

El obispo de Alcalá, el más homófobo

Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, afirmó el pasado 18 de diciembre que “la familia es el progreso verdadero de una sociedad y aseguró (sin citarlo) que la ley del matrimonio homosexual es un "atropello jurídico" y que leyes de este tipo "maltratan" a la familia y a las uniones heterosexuales.

No es la primera vez que Reig Pla se refería a los homosexuales. El propio obispado de Alcalá publicó el año pasado testimonios de varias personas que "se habían curado" y salido de ese "infierno" que es la homosexualidad. "Que se conozca la mentira gay, que se sepa que es posible el cambio, que se sepa que hay esperanza para todas aquellas personas que no quieren esa vida de sufrimiento, ese infierno", decía un chico de 18 años "rehabilitado". 

Reig Pla es también el autor del prólogo del libro Amar en la diferencia, de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos, que considera la homosexualidad como una patología que debe ser erradicada. “Hasta hace unos años, eran sobre todo algunos adultos los que sufrían dolorosas heridas en esta materia; en la actualidad muchos jóvenes, adolescentes e incluso niños están siendo víctimas del desconcierto sembrado –de forma planificada y sistemática– en las familias”, firmaba de su puño y letra. 

Matrimonio gay, medida de "gobiernos totalitarios"

El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, se ha acordado también de la Ley del Aborto en su mensaje navideño de este año, al considerar que "el rechazo a la vida que va a nacer nos han arrastrado a esta noche oscura que dura ya demasiado tiempo". Pero no es la primera vez que García Burillo entra en polémica. En una carta firmada en la revista espiritual Ecclesia, referente para los creyentes, el obispo de Ávila sostiene en un artículo llamado "Dies amara valde" –que quiere decir "día de gran amargura"–, su rechazo al matrimonio homosexual.

"Esta expresión, recogida de la Misa exequial, puede ser aplicada al pasado seis de noviembre de 2012, fecha en que los magistrados del Tribunal Constitucional declararon legal el matrimonio homosexual. En ese día se asestó un golpe letal a la institución familiar en España y se puso en peligro la educación afectiva de nuestros jóvenes", escribió. 

"Homosexualidad ha habido siempre", afirmó el obispo, y su tratamiento ha sido diferenciado según las culturas, pero "no ha existido ninguna en la cual se equipare la relación entre personas del mismo sexo con el matrimonio. Con la sentencia del Tribunal Constitucional, el Estado español se ha proclamado competente para decidir sobre todas las dimensiones de la vida de los ciudadanos, lo cual supone que el Estado se otorga un papel totalitario"

"Todo esto es fuente de hondo sufrimiento. Pero más grave aún, y lo que hiere el alma de los educadores de jóvenes, es que con esta medida la homosexualidad se presenta como una opción tan legítima como la heterosexual", concluyó el obispo de Ávila. 

Rouco Varela marca el camino

El propio presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, instó al Gobierno a "restituir a todos los españoles el derecho a ser reconocidos por ley como esposo y esposa" y reconocer a los niños el "derecho a tener una relación de filiación con un padre y una madre".

Durante la conferencia inaugural de la CII reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española celebrada en noviembre manifestó su disconformidad con "unas leyes injustas que afectan al matrimonio y la familia". Rouco añadió que los obispos insistirán "con todo respeto e incansable insistencia" a los políticos "un giro positivo de la legislación y de la política sobre el matrimonio y la familia".  

Todos estos ataques de los obispos españoles a la comunidad homosexual contrastan con las declaraciones del propio papa Francisco, máxima autoridad de la Iglesia, el pasado verano: "¿Quién soy yo para juzgar a un gay?". La revista estadounidense de temática LGTB The Advocate ha nombrado al pontífice persona del año, porque sus palabras ya han causado "reflexión y consternación" en la Iglesia, y porque podría ser un "agente en la lucha contra la discriminación" en todo el mundo. 

Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, ha negado formalmente las acusaciones de Página 12,las acusaciones de Página 12 el medio argentino que ha publicado la existencia de testimonios que aseguraban que Bergoglio negó su protección a Francisco Jalics y a Orlando Yorio, dos sacerdotes jesuitas secuestrados durante la dictadura militar de Argentina (1976-1983) cuando el Pontífice era provincial de los jesuitas argentinos. 

Página 12 publicaba: “Hay testimonios que aseguran que Bergoglio les quitó protección a los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, quienes hacían trabajo social en la villa de Flores y fueron secuestrados en mayo de 1976, al inicio de la dictadura. Fueron liberados cinco meses después, luego de sufrir la tortura de los interrogatorios de la ESMA”.

Lombardi ha declarado que “son hechos antiguos no probados con fuerte carga ideológica”. “La acusación se refiere al tiempo en que era provincial de los jesuitas en Argentina. La justicia argentina lo ha interrogado una vez pero solo como conocedor de los hechos. No se le imputaba nada y ha negado con pruebas todas las acusaciones", ha añadido.

Según el portavoz del Vaticano, es sabido “lo que Bergoglio hizo por proteger a muchas personas en la dictadura argentina” así como “por promover la petición de perdón por parte de la Iglesia argentina por no haber hecho lo suficiente” durante ese periodo, informa Europa Press.

Según un comunicado lanzado por la Santa Sede, las acusaciones contra el actual Pontífice han sido influidas por "elementos anticlericales de izquierda para atacar a la Iglesia" y remarca que "deben ser negadas". "La campaña contra Bergoglio es conocida y se refiere a hechos de hace muchos años. Ha sido promovida desde una publicación especializada en campañas con un cariz calumnioso y difamatorio. El origen de esta y otras acusaciones es muy conocido", ha asegurado. 

Por su parte, el jesuita Francisco Jalics, secuestrado cinco meses durante la dictadura argentina, ha hecho unas declaraciones en la web de los jesuitas alemanes que recoge El País y según la cual  dice estar “reconciliado con los sucesos". El País explica que, tiempo después del secuestro, tuvo “ocasión de hablar de lo sucedido con el padre BergoglioEl País, entonces ya arzobispo de Buenos Aires”, después de lo que oficiaron una misa y se abrazaron de “forma solemne”.

Asimismo, Lombardi ha recordado que Adolfo Pérez Esquivel, activista argentino defensor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, ha declarado que Bergoglio “no ha sido cómplice de la dictadura argentina”.

Durante su etapa como presidente de la Conferencia Episcopal argentina (2005-2011), Jorge Mario Bergoglio negó por escrito ante la Justicia la existencia en los archivos eclesiásticos de documentos sobre los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983). El testimonio del actual papa quedó en evidencia cuando posteriormente el sucesor de Bergoglio en la Conferencia Episcopal, José Arancedo, entregó a la jueza federal Martina Forns una copia del documento de una reunión, el 15 de noviembre de 1976, del general Jorge Videla, máximo responsable de la dictadura, con tres obispos donde se analizó la situación de los detenidos-desaparecidos.

La magistrada ha confirmado a infoLibre, en conversación telefónica desde Buenos Aires, estos extremos, así como las informaciones publicadas por el periodista Horacio Verbitsky en el diario argentino Página 12. “En efecto”, ha comentado la juez, “ese documento existe y está autentificado y en el mismo se recoge una reunión del dictador Videla con los obispos Raúl Primatesta, Juan Aramburu y Vicente Zazpe en la que se habló de los detenidos-desaparecidos que habían sido asesinados”. Esta actitud del recién elegido papa arroja nuevas sombras de sospecha sobre la connivencia del entonces provincial de los jesuitas, Jorge Mario Bergoglio durante el régimen militar.

Otro punto oscuro se refiere a su “presunta participación en la privación ilegítima de libertad” en mayo de 1976 de los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics que interpuso el abogado Marcelo Parrilli en el año 2005 en nombre de los afectados y de sus familiares. En su libro Iglesia y dictadura, Iglesia y dictadura publicado a finales de los años ochenta, el ya fallecido Emilio Mignone, uno de los mayores expertos sobre el catolicismo argentino de las últimas décadas, escribe que Bergoglio criticó a los dos jesuitas citados. Esos ataques sirvieron en parte de base, a juicio de Mignone, para la detención, encarcelamiento y torturas de los sacerdotes jesuitas entre mayo y octubre de 1976, cuando fueron puestos en libertad.

A renglón seguido Mignone hace referencia a la actitud tibia o cómplice de prelados como Bergoglio cuando señala: “La Iglesia argentina cuenta con centenares de auténticos mártires, que murieron y sufrieron por la fidelidad a los principios evangélicos en medio de la indiferencia o la complicidad de sus obispos. ¡Qué dirá la historia de estos pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas!” La mayoría de la jerarquía eclesiática argentina colaboró, por acción o por omisión, con las juntas militares argentinas.

En un libro aparecido en 2010 y titulado El jesuita, el actual papa defiende su versiónEl jesuita al escribir que “nunca creí que (Yorio y Jalics) estuvieran involucrados en actividades subversivas, como sostenían sus perseguidores, y realmente no lo estaban”. El papa Francisco alega en su libro que las dos veces que se reunió con Videla y otras dos con Emilio Massera, el jefe de la Armada durante la dictadura, “fue por el secuestro de ellos”.