Entre gritos de "¡devuelve el dinero!" recibieron hace unos meses varios vecinos de Barcelona a Marta Ferrusola, esposa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, pocos días después de que éste confesase que durante 34 años mantuvo oculta una fortuna en el extranjero. Y es que, en unos tiempos en los que la corrupción se ha aupado al segundo puesto entre las preocupaciones ciudadanas, la ciudadanía está cada vez más pendiente de si los corruptos reingresan a las arcas públicas las sumas ganadas ilícitamente.

En los últimos meses, la Justicia ha enviado a prisión a los implicados en varios de los grandes casos de corrupción ocurridos hace algunos años. Casos como la operación Malaya, el caso Pallerols o el caso Fabra operación Malayacaso Pallerolscaso Fabrase han saldado con penas de cárcel para personajes tan relevantes como Juan Antonio Roca, exasesor del Ayuntamiento de Marbella y verdadero cerebro de una trama que también se ha llevado por delante a figuras conocidas como Isabel Pantoja, o Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, que hace unos días ingresó en prisión tras ser rechazada su petición de indulto. Pero los condenados, ¿devuelven las cantidades robadas a las arcas públicas?

Normalmente, la Administración sí que recupera una parte del dinero. El juicio por la operación Malaya, por ejemplo, se cerró en octubre del año pasado con los principales acusados condenados a penas de cárcel, si bien el fallo fue polémico porque los jueces impusieron sanciones bastante menores a las que solicitaba la Fiscalía. En cualquier caso, las cifras fueron millonarias: Roca, el principal encausado, fue castigado con una multa de 240 millones de euros por sendos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude, mientras la exalcaldesa Marisol Yagüe fue condenada a seis años y nueve meses de prisión y a pagar una multa de 2,3 millones de euros.

Roca ha terminado de pagar por una de sus penas

Hasta ahora, de la fortuna valorada en más de 90 millones de euros que amasó el cerebro del caso Malaya sólo se ha recuperado una parte, a la espera de que la sentencia sea firme –ahora mismo se encuentra en el Tribunal Supremo tras el recurso de varios de los condenados–. Se han vendido desde colecciones de coches hasta fincas: la operación más lucrativa para las arcas públicas fue la cesión por parte de Roca de ocho propiedades valoradas en 30 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil de una de las causas complementarias de Malaya, el caso Saqueo I, una responsabilidad que Roca terminó de satisfacer hace apenas un mes con la venta de un palacete en Madrid por 5,8 millones de euros.

Otra de las acusadas más mediáticas de este proceso, Isabel Pantoja, también ingresó recientemente en prisión tras haber sido condenada a dos años por blanqueo de capitales. Pantoja también tendrá que sufragar una multa que asciende a 1.147.148 euros, de los cuáles aún tiene pendiente de pago un millón. La cantante llegó el mes pasado a un acuerdo con la Audiencia Provincial de Málaga para fraccionar el resto de la multa y abonarla en cuotas trimestrales de 200.000 euros, si bien parte de sus inmuebles, con un valor de 3,68 millones de euros, están también embargados por la Justicia. Algo similar le ocurre a Yagüe, que a pesar de que aún no ha tenido que comenzar a pagar su multa –lo hará, en su caso, cuando la sentencia sea firme, es decir, cuando el Tribunal Supremo se pronuncie– ha sido imputada recientemente por vender uno de los pisos que le habían sido decomisados cautelarmente.

Quien también parece querer saldar sus cuentas con la Justicia es Carlos Fabra, que el pasado día 1 de diciembre ingresó en la cárcel de Aranjuez tras haber sido condenado a cuatro años tras un proceso, el caso Naranjax, que se dilató durante once años y en el que quedó demostrado que el expresidente de la Diputación de Castellón cometió cuatro delitos contra la Hacienda pública entre 1999 y 2003. Fabra fue igualmente castigado con una multa de 693.000 euros, y también deberá pagar una cantidad idéntica a Hacienda en concepto de indemnización. A pesar de que al ser condenado –en noviembre de 2013– el exdirigente del PP aseguró no tener fondos para hacer frente a estas cantidades, el pasado septiembre se conoció que había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pagar la multa de forma progresiva, una solicitud por la cual la Justicia está analizando sus bienes para tasarlos.

Unió ya ha pagado, de Matas no hay constancia

El expresidente balear Jaume Matas, por su parte, está imputado en más de 19 causas y condenado en otras dos: por cohecho, al haber firmado su mujer un contrato laboral ficticio con un empresario hotelero, y por tráfico de influencias, a causa de las irregularidades en los contratos de su redactor de discursos, Antonio Alemany. Matas cumple actualmente una pena de nueve meses de prisión por el segundo de los delitos, y además está condenado a pagar algo más de 51.000 euros por la pena de cohecho: los 42.211 que cobró su esposa por el contrato ficticio y además una multa de 9.000. Aún no existe constancia de que el exdirigente haya hecho frente al pago de estas cantidades.

Por contra, sí han sufragado sus responsabilidades con la Justicia los condenados por el llamado caso Pallerols, un proceso en el que Unió Democràtica de Catalunya reconoció que se había financiado irregularmente en los años 90 a través de la adjudicación de subvenciones para cursos de formación a las academias del empresario Fidel Pallerols, quien posteriormente tenía que entregar parte de ellas al partido democristiano. Unió, para evitar el juicio, admitió los hechos y aceptó devolver los 388.000 euros defraudados; asimismo, se hizo cargo de parte de la multa –de alrededor de 260.000 euros– a la que tuvieron que hacer frente los condenados: el propio Pallerols, el ex director general de Empleo de la Generalitat Lluís Gavaldà y el dirigente de Unió Vicenç Gavaldà. Ninguno de los tres tuvo que entrar en prisión.

El dinero sólo se recupera parcialmente

"La regla general es que no se encuentra todo el dinero". Quien lo afirma es Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, exfiscal Anticorrupción y portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Con él se muestra de acuerdo Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que a este respecto explica que los delincuentes de cuello blanco utilizan ciertas técnicas para evitar que los magistrados detecten su patrimonio y lo decomisen. Y Marcelino Sexmero, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, señala por su parte que "nunca podremos estar seguros de recuperar el 100%", si bien se muestra más optimista que sus colegas e insiste en que no cree "fundada" la sensación ciudadana de que los corruptos no hacen frente a sus responsabilidades.

En este sentido, Bosch explica que existen tres figuras con los que las Administraciones pueden recuperar bienes defraudados: el decomiso, que se aplica durante el proceso y sirve para hacer frente a las fianzas del imputado y también para requisar los bienes involucrados en la comisión del posible delito –"si unos narcos utilizan un helicóptero, por ejemplo, se les decomisa automáticamente", ejemplifica–; la responsabilidad civil, que se aplica tras la condena y que supone el pago de la cantidad defraudada; y la multa, que constituye una sanción extra.

Pero en ocasiones los instructores no son capaces de encontrar todo el dinero o no consiguen que se reingrese a las arcas públicas. El secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), explica que a la hora de realizar un decomiso "en ocasiones no queda claro si unos bienes se han financiado con una actividad lícita o ilícita y no es posible embargarlos", mientras que otras veces los corruptos utilizan testaferros para que las propiedades que han conseguido de manera irregular no estén a su nombre.

"Cuando yo era fiscal Anticorrupción vi casos en los que se escondía el dinero en casa, y los tipos tenían en su casa montones de dinero en cajas o libros. Ahí te expones a un registro y a que lo encuentren fácilmente", abunda en este sentido Viada. "Pero si no lo tienes en tu propia casa, sino en la de tus familiares, o en una casa de campo, ya no es tan fácil", contrapone el portavoz de APIF, que señala que en los casos más sofisticados de corrupción se envía el dinero a paraísos fiscales o países, como Suiza, muy opacos. "En esos casos sigue siendo dificilísimo [investigar], porque tienen unos protocolos a la hora de entregar información que retrasan mucho el asunto".

La obligación de pagar continúa tras el paso por prisión

Viada, además, señala que las Administraciones no suelen reingresar todo el dinero que pierden en los casos de corrupción, ya que además del propio corrupto otras personas también se lucran. "Los corruptos perjudican a las arcas públicas, pero no se llevan todo el beneficio", explica el fiscal, que, afirma que "si uno firma, por ejemplo, un contrato fraudulento para realizar una obra pública que produce un perjuicio al Estado, no es correlativo el perjuicio con el dinero que recoge el corrupto, porque este contrato también produce beneficios a otros".

No obstante, el experto se muestra reacio a pensar que a este tipo de delincuentes pueda llegar a resultarles rentable pasar un tiempo en prisión si mantienen una parte del dinero oculto. "La deuda subsiste incluso después de pasar por prisión, así que cualquier gasto, ostentación o elevacion del nivel de vida puede provocar que Hacienda te confisque todo lo que tengas", explica Viada. Bosch se muestra parcialmente de acuerdo con él, ya que señala que, si bien "a algunos corruptos una temporada en la cárcel sí les puede ser rentable" porque después se las ingenian para aprovechar parte del dinero oculto, en la mayoría de los casos esto no es así.

"Poniendo el ejemplo de Fabra: si no paga lo que tiene que pagar, sale de la cárcel dentro de tres años y le toca la lotería, ese dinero se le embargaría", afirma el portavoz de Jueces para la Democracia, que hace hincapié en que "si volviera igualmente a hacerse con un dinero que hubiera puesto en manos de testaferros, pues también se le embargaría". "El problema en este tipo de casos es que no se pueda demostrar" que esos titulares son hombres de paja y no los propietarios reales, asevera Bosch, que no obstante relata que "si se demuestra que existe fraude de ley, se puede desmontar esta transmisión". "Hay que seguir la pista al patrimonio, pero si uno recibe cientos de miles de euros en negro... eso no deja rastro", remacha el juez.

Los expertos proponen medidas

Por ello, los expertos plantean varias medidas para evitar estas técnicas y aumentar la cantidad de dinero que se recupera de estos casos. No son los únicos: jueces, oposición e incluso el Gobierno también han planteado iniciativas en este sentido. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya anunció hace unos días que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal traería aparejadas algunas medidas para luchar contra la corrupción y avanzar en la recuperación de los activos, como el llamado "decomiso autónomo", un mecanismo que capacitará a los jueces para confiscar a los procesados sus bienes a pesar de que a estos no se les pueda juzgar por estar ausentes o incapacitados.

Catalá anunció también la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, un órgano especial encargado únicamente perseguir el rastro del dinero defraudado. Los expertos consultados por este diario aplauden que se establezca esta oficina, pero con matices. Bosch, por ejemplo, afirma que es la falta de medios la que realmente ahoga las investigaciones sobre corrupción, y es claro al expresar que, a su juicio, "sin voluntad inversora no va a ser posible luchar" contra esta lacra. Alvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, está de acuerdo: "La idea es buena, pero si uno quiere que algo sea eficaz no le queda más remedio que gastarse el dinero". Sexmero, por su parte, se muestra cauto: "Una cosa es crear el organismo, y otra saber qué medios tiene y saber cómo se va a engarzar" con el funcionamiento de los tribunales, asegura.

El que apoya de manera más taxativa esta Oficina es Viada, que cree que el Gobierno la proveerá de los medios suficientes "porque produciría mucho más capital al recuperar mucho dinero oculto que lo que costaría montarla, así que es buena para el Estado" y le interesa. Pero el fiscal no se queda ahí: para él, además de perseguir el dinero robado, habría que hacer que los partidos "vigilaran un poco más" a sus dirigentes para evitar que cometieran actos de corrupción. "Si se ampliara la responsabilidad civil a los partidos, si se les declara responsables civiles por culpa in vigilando [su falta de supervisión] o in eligendo [su responsabilidad en la elección del corrupto] vigilarían un poco más", asegura el portavoz de APIF.

José María Mollinedo, por su parte, aboga por "vincular la concesión de beneficios penitenciarios a la devolución del dinero", si bien señala que la implantación de esta medida debería venir precedida de un "debate" para circunscribir bien a los delitos a los que afecta y evitar que "personas que hubieran perdido su patrimonio no tuvieran derecho a la redención de penas". El inspector de Hacienda explica que ya existe un mecanismo similar a la hora de enjuiciar los delitos fiscales, donde "cuando se paga una multa que se acuerda con el fiscal se rebajan las penas uno o dos grados".

"En este tipo de casos encontrar las pruebas es muy complicado", remacha Álvaro García. "El derecho penal es de hechos, no de sensaciones, y a veces sólo encuentras el detalle en el que estas personas han incumplido la ley, aunque tengas la sensación de que son autores de una corrupción generalizada", lamenta el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, que no obstante ve una mejora en los últimos tiempos con respecto al pasado. "Yo creo que ahora mismo esa sensanción de impunidad no existe", señala en este sentido, si bien concede que "en el pasado, cuando se consiguieron sentencias condenatorias en casos de corrupción el esfuerzo era titánico".

El ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ingresó este lunes en la prisión madrileña de Aranjuez, según informaron a Europa Press fuentes penitenciarias.

La Audiencia Provincial de Castellón había dado a Fabra, también expresidente provincial del PP, un plazo de cinco días –a contar desde el pasado miércoles–, para ingresar en prisión por el conocido como caso Naranjax.

Fabra, a quien Rajoy definió como un "ciudadano ejemplar", presentó a finales de agosto ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto para tratar de evitar la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que le condena a cuatro años de prisión.

La sección primera de la Audiencia de Castellón acordó el pasado mes de septiembre la suspensión de la ejecución de la pena de prisión mientras se tramitaba la petición de indulto. Una vez denegada, el dirigente político finalmente ha ingresado en la cárcel.

La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.

La sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

De esta forma, Carlos Fabra ha ingresado en prisión tras un juicio y una sentencia que en noviembre de 2013 puso el primer fin a un auténtico maratón judicial cuya instrucción se prolongó a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por el que pasaron hasta nueve jueces.

El expresidente del PP de Castellón y expresidente de la Diputación provincial, Carlos Fabra, abandonó este miércoles las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Castellón, donde estaba citado en un trámite relativo a la comunicación de su ingreso en prisión tras la firmeza de la sentencia que le condenó a cuatro años de cárcel por fraude de la Hacienda pública, explicando que se acogió a su "derecho constitucional", que pidió el indulto al Gobierno y que la Audiencia resolverá sobre la suspensión de la condena mientras se tramita la medida de gracia solicitada.

Poco antes de las 11:30 de este miércoles, Carlos Fabra abandonó las dependencias judiciales y pidió a los medios concentrados que no le formularan preguntas porque iba a hacer una única declaración: "me he acogido a mi derecho constitucional, he presentado la petición de indulto y la Audiencia resolverá en su momento", indicó escuetamente.

No obstante, respondió de modo breve a otras preguntas formuladas. Inquirido por las declaraciones del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, sobre que la petición de indulto formulada por el exdirigente del PP castellonense no iba a tener "en ningún caso respaldo" del partido y de las instituciones, se limitó a decir: "no opino".

De igual manera, preguntado por si no le molesta que el PP no apoye la medida de gracia, dijo que él a quien pidió el indulto es "al Gobierno de España". Finalmente, preguntado por qué prisión elegiría para cumplir la condena en caso de no paralizarse la suspensión, respondió mirando a la periodista que se la ha formulado: "¡qué pregunta más simpática!".

Carlos Fabra estaba citado a las 10:00 horas en la sección primera de la Audiencia de Castellón, aunque llegó sobre las 9.20 horas, acompañado de su exmujer y el que fuera su chófer cuando dirigía la Diputación provincial. Su abogado se presentó unos diez minutos después. La exesposa, María de los Desamparados Fernández, también estaba citada para requerirle el pago de la multa impuesta, dejando pendiente lo relativo a la indemnización para la ejecución de sentencia.

La sección primera de la Audiencia de Castellón dio traslado a las partes para que, tal y como recoge la ley, en un plazo de tres días se pronuncien sobre la petición de suspensión cautelar de la ejecución de la condena que solicitó Carlos Fabra mientras se tramita su petición de indulto.

El juzgado empezará a estudiar la petición del expresidente de suspender su ingreso en prisión a partir de la próxima semana, una vez reciba todos los pronunciamientos de las distintas partes, que tienen hasta el jueves de plazo para hacer entrega de sus escritos, si bien al poder presentarlos ante cualquier juzgado, pueden llegar con posterioridad a la sala, según indicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la comparecencia del popular.

No obstante, este trámite no alteraba la obligación de que el exmandatario del PP compareciera este miércoles ante esa sección. Carlos Fabra presentó ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública al estafar más de 693.000 euros entre 1999 y 2003, en el conocido como caso Naranjax.

Dispuesto a abonar multa y responsabilidad civil

Por otra parte, el exdirigente 'popular' se mostró dispuesto a hacer frente al pago de la multa y responsabilidad civil a la que fue condenado, unos 1,4 millones de euros conjuntamente –693.000 cada una–.

En relación con la responsabilidad civil –para subsanar el daño causado–, según explicó el TSJCV, la ejecución le corresponde a Hacienda, que será quien decida. Sobre la multa, el abogado de Fabra pidió un pago progresivo y presentó una relación de bienes sobre los que existen anotaciones de embargo.

Su exmujer, María Desamparados Fernández, que igualmente debía comparecer en la sala, mostró también su voluntad de hacer frente a la multa y responsabilidad civil y pidió que se le sustituta la pena impuesta –un año de prisión tras la rebaja del Tribunal Supremo– por una multa adicional. La Audiencia tendrá que informar a las partes para que se pronuncien sobre estos extremos.

La sentencia por la que el Tribunal Supremo condenó ayer miércoles a Carlos Fabra a cuatro años de cárcel por otros tantos delitos fiscales así como al pago de 1,38 millones, y que parecía haber puesto punto final a un caso cuyo inicio se remonta a 2003, tendrá estrambote. El líder histórico del PP de Castellón y durante 16 años presidente de la Diputación Provincial anunció ayer por la tarde a la agencia Europa Press que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC). Aunque Fabra no se refirió a ello, la decisión de recurrir al TC permite al condenado pedir la suspensión de la pena siempre que esta sea inferior a cinco años de prisión. 

Fabra declinó pronunciarse sobre la sentencia del Supremo alegando que todavía no ha podido valorar su contenido junto a su abogado. Pero aseguró que, aun si el fallo del alto tribunal hubiese rebajado la condena a dos años, recurriría igualmente ante el TC. "Siempre hemos pensado que los hechos estaban prescritos", fue su argumento.

En su recurso ante el Supremo, Fabra también alegó la existencia de "dilaciones indebidas", y cabe la opción de que su recurso de amparo ante el Constitucional se base precisamente en la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

El Supremo lanza sobre esta cuestión un aviso: "De manera muy concreta, entre esas circunstancias [las que pueden conformar un escenario de dilaciones indebidas] deberá valorarse cuál ha sido no sólo el comportamiento del poder jurisdiccional sino el comportamiento del propio acusado provocando las dilaciones". Los constantes recursos de Fabra durante la instrucción del caso constituyen un factor esencial para comprender por qué el juicio se celebró en octubre de 2013 pese a que la investigación arrancó en 2003.

La decisión de Fabra de plantear recurso ante el Constitucional hace que persistan las incógnitas sobre el futuro cercano de uno de los políticos más correosos del último cuarto de siglo, que mantuvo incólume su poder pese a las graves y sostenidas acusaciones de corrupción y recibió incluso elogios del hoy presidente del Gobierno –“es un ciudadano ejemplarciudadano ejemplar”, dijo Mariano Rajoy en julio de 2008– cuando llevaba ya cinco años imputado.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional indica que cabe acceder a la suspensión de la pena de cárcel cuando esta es inferior a cinco años para no ocasionar al demandante de amparo un perjuicio irreparable. Es decir, que su recurso fuera estimado cuando ya estuviese cumpliendo la sentencia en prisión o la hubiese cumplido. 

Distintos autos del tribunal, uno de ellos de marzo de este año, subrayan que esa es la doctrina aplicable. Pero la suspensión no es automática y en algún caso el tribunal la ha denegado, como ocurrió en 2012 pero porque los demandantes “ya habían extinguido la condena”. O sea, la habían cumplido. 

Casi un millón y medio de euros

En el supuesto de que Fabra solicitase la suspensión de la condena y el tribunal accediese a ello, parece menos claro que ese paréntesis pudiera hacerse efectivo a la multa y al pago de los impuestos defraudados entre 1999 y 2003 (2001 queda fuera), 693.000 euros en cada caso, lo que suma 1,38 millones de euros. 

Aunque la sentencia del Supremo sólo castiga a Fabra por delito fiscal, el tribunal deja constancia de que los casi tres millones de euros que se ingresaron en efectivo –hubo 599 ingresos, dos de ellos realizados por su hija, la diputada Andrea Fabra– tienen un origen oscuro: sólo “fuentes ocultas" explicarían "razonablemente las cantidades consideradas como ganancias no justificadas”.

“La reiteración abrumadora –dice la sentencia– en el mecanismo de extraer dinero de unas cuentas para, según el recurso, su ingreso en efectivo en otras, por cuantía que el periodo considerado excede de tres millones de euros, mediante 599 ingresos exigiría una acreditación de estadísticas en la experiencia bancaria, que desde luego no se aportan. Antes al contrario la más cautelosa intuición sugiere precisamente que tales prácticas, en esa frecuencia y envergadura, se compadece más con pretensiones de ocultación del origen de las rentas antes que con cualquier exótica costumbre o modo de actuación de un usuario de banca”.

Los poderes de Fabra

Desde que en 2003 un antiguo socio suyo, Vicente Vilar, denunció que Fabra le había cobrado por realizar ante el Gobierno gestiones para la autorización de un nuevo producto sanitario de la empresa Naranjax, el entonces presidente de la Diputación castellonense (1995-2011) alcanzó varios objetivos: el primero y esencial, que los jueces que investigaban su caso fueran apartándose. En total, pasaron por la instrucción nueve magistrados y cuatro fiscales.

En segundo lugar, Fabra logró que en diciembre de 2010 la Sección Segunda de la Audiencia de Castellón declarase prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales que se le atribuían y por los que finalmente ha sido condenado. Luego, consiguió que en mayo de 2012 la Sección Primera de la Audiencia de Castellón impusiera el archivo de la imputación por soborno (cohecho). Y hubo una cuarta meta que Fabra cruzó: aunque el Supremo tumbó primero el auto de la Sección Segunda que declaraba prescritos los delitos fiscales y, luego, aquel otro de la Sección Primera  que evitaba juzgarle por cohecho, el resultado final fue que esa misma Sección Primera de la Audiencia de Castellón terminó condenando a Fabra sólo por delito fiscal. Conclusión: cuatro años de cárcel y no los 13 que pedía la Fiscalía.

El expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha afirmado que no tiene miedo de ir a la cárcel, aunque espera no entrar, al tiempo que ha asegurado que no contempla pedir el indulto.

Fabra se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa tras hacerse pública este lunes la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que le condena a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

El expresidente del PP castellonense ha indicado tengo miedo de ir a la cárcel, aunque espero no ir", y ha agregado: "Sé que la doctrina del Tribunal Constitucional, como aparece en algunas sentencias, es proclive al reconocimiento de la prescripción de los delitos".

Asimismo, ha asegurado que no contempla el indulto y que no lo va a solicitar, pero ha aclarado: "estamos muy lejos de todo eso, no hagan previsiones como he leído en algún medio, que dice que me espera la cárcel. Si me espera la cárcel, tendrá que hacerlo una temporada larga", ha aseverado.

Con todo, Fabra ha subrayado que está "muy tranquilo" ya que cuenta con unos "buenos medios de defensa y el apoyo de mucha gente". "Me siento muy arropado por la gente, entre correos y llamadas he tenido más de 700 entre ayer y hoy. Me siento tremendamente apoyado, especialmente por mi familia", ha añadido en este sentido.

El juez del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente del PP provincial, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública dentro del caso Naranjax.

Así lo ha acordado el juez Jacobo Pin, en un auto con fecha de este viernes, en el que abre juicio oral contra Fabra, en cumplimiento de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que el pasado febrero estimó los recursos presentados por el abogado del Estado, Ministerio Fiscal y Unión de Consumidores, y acordó devolver al instructor todos los autos para "con absoluta libertad de criterio" dictara un nuevo auto con los delitos imputados al exdirigente conservador.

De esta forma, el juez instructor incluye la imputación del delito de cohecho a Fabra, que había sido excluido por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, lo que implicaba que la competencia para juzgar los hechos atribuidos al expresidente de la Diputación castellonense debían ser enjuciados por un juzgado penal en lugar de por la Audiencia.