La política europea de fronteras está cambiando. Por la presión de los políticos antiinmigración, pero también porque lo exige una poderosa industria. Es lo que demuestra una carta enviada en 2013 por el entonces presidente del principal lobby de la seguridad, el español Santiago Roura. Roura era uno de los directores de Indra, una de las empresas europeas que más fondos públicos recibe la UE. La pregunta que los europeos se hacen es: ¿estamos más seguros? La respuesta no es tranquilizadora.

La historia da muchas vueltas. En el lugar donde antaño fondeaban los navíos que traían esclavos africanos a Europa se eleva ahora la sede de la agencia europea que tiene por misión detectar en el Mediterráneo cualquier bote de goma que intente dirigirse a la costa de la UE. En la nueva Plaza Europa, en el lisboeta Cais do Sodré, la discreta Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA por sus siglas en inglés) es la primera entidad civil que emplea una tecnología militar, los drones o aviones no tripulados, para el control de fronteras y no para combatir la inmigración clandestina.

A más de 3.000 kilómetros del barrio lisboeta donde tiene su sede el comando de la flota de drones, se levanta otro edificio de vidrio, también nuevo, futurista incluso, en otra Plaza Europa, pero ésta situada en Varsovia (Polonia), que recibe en tiempo real la información recogida por la EMSA. La nueva Guardia Costera y de Fronteras Europea (EBCG), creada el pasado mes de noviembre, sustituye a la antigua Frontex. Allí, en el piso undécimo de una torre acristalada, en una zona degradada de Varsovia, la crisis de los refugiados se proyecta en una enorme pantalla digital, ilustrada con puntitos de colores.

Cada uno de ellos, sea verde, amarillo o rojo, representa un “incidente”.

En octubre, explica el director de Operaciones de EMSA, el holandés Leendert Bal, la imagen del radar (que capta el reflejo de las ondas electromagnéticas sobre las aguas del Mediterráneo: un barco siempre tiene metal reflector a bordo) encontró un puntito luminoso en el mar, que aun ampliado no excedía de un milímetro en la pantalla de Lisboa. Se comunicó a Varsovia. Y allí se quedó marcado en rojo: era un bote de goma con decenas de inmigrantes.

  Una agencia europea que casi nadie conoce

La EMSA (Lisboa) ve, la ECBG (Varsovia) actúa. Pero el cerebro de toda esta operación está en Estrasburgo. En un edificio de un solo piso, con algunos contenedores a un lado y un aparcamiento. Lo protege una valla metálica de 3,5 metros de altura rematada con alambre de espino. Lo que esta verja protege no es lo que se encuentra a la vista, sino lo que se esconde bajo tierra, en una sala de 25 metros de largo y 15 de ancho. Es allí donde cerca de 20 altas torres de servidores almacenan más de 100 millones de entradas con información, incluidos datos personales. Bienvenidos a la más importante agencia europea que casi nadie conoce: EU-LISA.

Es aquí donde se conectan todos los terminales de las fronteras externas europeas, ya sea en las modernas e-gates (comprobación electrónica de pasaportes) del aeropuerto de Lisboa, fabricadas en la parroquia portuguesa de Alfragide, ya sea en el caótico proceso de registro de los campos de refugiados en la isla griega de Lesbos.

Ciudadanos buscados por la Policía, coches, joyas u objetos robados, armas usadas en crímenes, permisos de residencia en territorio Schengen, candidatos al asilo, registros de inmigrantes indocumentados. Cuando un policía o guarda de fronteras quiere respuestas, las busca en las tres bases de datos de EU-LISA. Son el Sistema de Información de Schengen (SIS), el Sistema de Información de Visados (VIS) y Eurodac. Pero ya hay planes para conectar en el sótano de Estrasburgo una hilera más de servidores, porque están en camino tres nuevas bases de datos…

La nueva política de control de fronteras de la Unión Europea es la principal prioridad tras la reciente Cumbre de Bratislava. “Parar la inmigración ilegal” y “garantizar la seguridad de los ciudadanos” son sus objetivos, expuestos por la canciller alemana, Angela Merkel.

Durante dos meses, un equipo de nueve periodistas, procedentes de ocho países europeos, visitó todos estos lugares y entrevistó a más de 200 responsables: guardias fronterizos, académicos, expertos legales, mandos militares, cobistas, comisarios europeos. El resultado es una serie de trabajos como éste que el lector de infoLibre tiene en sus manos y que será publicado simultáneamente en varios países.

La Unión Europea prevé gastar en esta nueva política de fronteras 6.000 millones de euros hasta 2020. Los presupuestos nacionales de los 28 Estados miembros deben dedicarle la misma cantidad de fondos. Encima de la mesa de la Comisión, del Parlamento Europeo y del Consejo se hallan varios proyectos que pretenden desregular la protección de datos y colocar bajo sospecha a millones de personas. La Comisión Europea escoge como consejeros a representantes de la industria de la seguridad y del armamento, concediéndoles un papel decisivo en la elección de estas nuevas medidas. Falta responder una pregunta: ¿estaremos más seguros?

De Casi do Sodré, donde se encuentra la EMSA, al puerto de Alcántara, donde funciona el Centro de Coordinación Nacional de Eurosur, no hay más de 20 minutos a pie. Pero la información tiene que viajar mucho más. Sólo llega a Alcántara después de haber sido validada en Varsovia. La sala de control también tiene una pantalla gigante con el Mediterráneo en primer plano. La costa portuguesa en verde, la española en amarillo, con algunos pequeños puntos rojos, las de Sicilia y Grecia todas pintadas en rojo. El mayor João Eufrazio, coordinador portugués de la red europea Eurosur, explica la razón: el único barco con emigrantes que llegó a la costa portuguesa venía engañado… Fue en 2009, en la isla de Culatra, en el Algarve, mucho antes de la crisis actual. Después de navegar a la deriva una semana, el barco llegó a Portugal y los pasajeros, desnutridos, sólo con algunos dátiles de reserva, se dirigieron en español a las autoridades, creyendo que habían llegado a Almería. Cuentan los relatos de la época que rompieron a llorar cuando se les dijo que estaban muy lejos.

  El papel de Eurosur

Eurosur es una red de información europea, creada en octubre de 2013, que cuesta 240 millones de euros al presupuesto comunitario, oficialmente, pero que puede llegar a triplicar esa suma si tenemos en cuenta los datos de instituciones como la Fundación Heinrich Böll. En Portugal este servicio lo presta un militar de la Guardia Nacional Republicana (GNR), 24 horas al día, siete días a la semana. Su misión es introducir en el sistema de la EBCG todos los “incidentes” registrados en la frontera portuguesa (sobre todo en los aeropuertos), información que quedará disponible para todos sus homólogos europeos.

¿Todos? Si llamamos a la puerta de Eurosur en Roma, frente a Cinecittà, el Hollywood italiano, somos recibidos por Maria Rosa Preteroti, quien nos informa de que el local está en obras para arreglar el aire acondicionado. Semanas después, la misma persona informa de que la razón por la que no podemos entrar es un fallo en el sistema informático. Preguntamos al comandante Marini, del Centro de Salvamento Marítimo Italiano, qué pasa en el Eurosur. ¿El qué?, pregunta. Nunca ha oído hablar de él.

Lo intentamos en Grecia. Emmanouil Grigorakis cita la legislación a fin de respondernos para qué sirve el Eurosur. Tal vez en Polonia… Grzegorz Kazimierczak y su colega Grzegorz Niemiec responden así: “Nos vendría bien saber lo que pasa en la frontera con Eslovaquia para poder anticipar los problemas en Polonia”. Pero el Eurosur apenas ofrece información de lo que ya ha ocurrido en el pasado y nada de lo que está ocurriendo en el presente. Ésa fue la conclusión sacada por el Parlamento francés el año pasado. “Apenas registra acontecimientos pasados”, critica el informe parlamentario de París.

Vale la pena retroceder un poco. Porque el Eurosur, al igual que la nueva EBCG y tantos otros acrónimos de este sistema de control de fronteras, comenzaron siendo una idea. Y esa idea no nació en la cabeza de nuestros representantes.

El 18 de noviembre de 2013, Durão Barroso recibió una carta que también iba dirigida a Herman van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo. En vísperas de una cumbre europea decisiva, el mayor lobby europeo de la seguridad, que reúne a las principales empresas de defensa del continente (Thales, Indra, Safran y BAE, entre otras), llamado European Organisation for Security (EOS), reclamaba del entonces presidente de la Comisión una serie de pasos. Leída hoy, la carta parece una profecía cumplida.

“La EOS y sus miembros han defendido con convicción desde el principio la creación del programa Eurosur”, revela el anexo de esa carta, obtenida a través de una solicitud de acceso a la documentación oficial. Más aún: “Por ejemplo, en el marco de una Guarda Costera de la Unión Europea, se podrían alcanzar mejores resultados en la cooperación civil y militar”. La carta fue escrita más de dos años antes de que la propia UE empezara a discutir la creación de una fuerza de ese tipo.

La carta estaba firmada por el entonces director de operaciones del gigante español de armamento Indra, Santiago Roura, presidente de EOS. Indra es la misma empresa que suministra el software informático del Sistema Integrado de Vigilancia, Comando y Control (SIVICC) que la Guardia Nacional Republicana portuguesa gestiona en la misma sala donde se sienta el funcionario responsable por Eurosur. Todo el proceso fue complicado, desde el concurso (cerrado, por consulta), a la adjudicación (contestada por dos empresas competidoras, Globales y Thales), pasando por su finalización, que sólo fue concretada varios años después del plazo previsto. El asunto apenas dio para un informe crítico del Tribunal de Cuentas.

Santiago Roura acabó dimitiendo de Indra como consecuencia de uno de los principales escándalos de corrupción en España, la operación Púnica. Recibió, según informaciones de prensa, una indemnización millonaria.

El Eurosur y la nueva Guardia de Fronteras se quedaron. Y son defendidas por el responsable político del departamento de Migraciones en Bruselas. Dimitris Avramópoulos fue alcalde de Atenas, ministro de Salud, de Turismo, de Defensa y de Asuntos Exteriores en diferentes gobiernos de Nueva Democracia. Ahora es el comisario europeo de Asuntos Internos e Inmigración. Nos recibe en su despacho en Bruselas, y contradice la idea negativa de estas iniciativas recientes de la UE. Para Avramópoulos, Eurosur “está haciendo un excelente trabajo” y la creación de la nueva Guardia Europea “hará aún más” por la seguridad de los europeos.

  Dinero para el control de fronteras

El papel de la industria de seguridad no se limita, no obstante, a trasladar ideas a la cabeza de los responsables políticos. Las decisiones no siempre son inmediatas (pasan dos años entre las sugerencias del lobby y la creación de la nueva Guardia de Fronteras, por ejemplo), pero la industria tiene otra gran fuente de ingresos a través del presupuesto comunitario.

Indra suministra el equipamiento del SIVICC, pero ¿por qué no adaptar esa solución tecnológica a la cooperación europea en materia de vigilancia marítima? En el fondo, se trata apenas de expandir lo que Portugal y España ya hacen, en la práctica, integrando los medios de vigilancia costera (cámaras de vídeo, radares, sistemas de detección de “incidentes”) a otros países como Italia. Ese es el objetivo del proyecto Closeye. Después de haber recibido financiación de dos marcos comunitarios para la investigación, el proyecto está siendo ahora financiado por el Fondo de Seguridad Interna para concretar su contenido. Beneficiarios: Indra y GMV, las dos empresas españolas que diseñaron el primer sistema. Hay hasta un programa financiado con fondos comunitarios con un acrónimo, Sagres, que significa activación de servicios para aumentar el éxito de Eurosur (Services Activations for Growing Eurosur's Success).

Entre 2007 y 2014, la Unión Europea invirtió más de 316 millones de euros en la búsqueda de soluciones tecnológicas para aumentar el control de las fronteras, según un estudio del Transnational Institute de Ámsterdam. Esto incluye investigación sobre drones de última generación, programas informáticos y bases de datos biométricas.

Al final, como demuestra esta investigación, entre los 15 mayores beneficiarios de fondos comunitarios están 11 empresas que forman parte del lobby EOS.lobby

Por lo menos un tercio de los consejeros que la Comisión Europea nombró para decidir sobre el destino de estos fondos está directamente vinculado al lobby de la seguridad. El más famoso es, sin duda, el otro firmante de la carta a Durão Barroso: Luigi Rebuffi. La Defensora del Pueblo europea, Emilly O’Reilly, nos adelantó que va a hacer un seguimiento de este asunto. Y recordó que el conflicto de intereses no se manifiesta sólo cuando hay (como parece ser) una relación directa entre quien asesora y la empresa beneficiaria. Hay conflicto de intereses a partir del momento en que una persona aconseja una determina política que pueda (o no) beneficiar a la empresa para la que trabaja.

Rebuffi es uno de los fundadores de EOS y antiguo lobista del grupo francés de armamento y electrónica Thales, que compró en 2013 la empresa pública portuguesa de sistemas de defensa Edisoft. En la carta que escribieron a Barroso, Rebuffi y Roura ponen un ejemplo para enfatizar la urgencia de sus ideas: “los acontecimientos de Lampedusa”. Es un eufemismo para hablar de tragedia. En la isla italiana, el cementerio está lleno de lápidas que no tienen fecha de nacimiento ni de muerte. Apenas el día en que fueron encontrados los cuerpos de aquellos que murieron intentando atravesar el Mediterráneo.

Puede hasta parecer populista hacerlo ahora, en este texto, pero si el objetivo era impedir la repetición de los “acontecimientos de Lampedusa” veamos los datos que demuestran el éxito real de esta política defendida por EOS y seguida por la Comisión Europea. En Italia, en los 10 primeros meses de 2015, llegaron 140.987 inmigrantes por mar. En el mismo período, este año ya llegaron 158.974: un 13% más. El año pasado murieron haciendo la travesía del Mediterráneo entre Libia e Italia 3.800 personas. Sólo en los primeros 10 meses de 2016 ya murieron 3.780.

Ha ocurrido así con casi todas las medidas de este “paquete de fronteras” –las medidas son aprobadas incluso antes de que se pruebe su hipotético beneficio—. Una de las nuevas bases de datos que está lista para ocupar los servidores de EU-LISA en Estrasburgo se llama Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) y fue aprobada en abril por el Parlamento y por el Consejo. Va a costar 500 millones de euros e incluye no sólo datos de solicitantes de cuidados, viajeros de países terceros, si no también toda la información de los propios ciudadanos de la UE que utilicen el avión.

  Los vuelos privados no se controlan

Ana Gomes, eurodiputada portuguesa del PS, hizo una propuesta de enmienda a esta directiva. “Intenté que fuese incluido en el registro de pasajeros también el nombre de aquellos que se mueven por Europa en vuelos privados y no sólo en vuelos comerciales. En el caso portugués, que conocemos bien, es así como llegan los criminales, por ejemplo desde Angola. Van a Tires [aeródromo de Cascais, muy cerca de Lisboa] y no al aeropuerto de Portela [en la capital lusa], donde saben que hay controles”. La propuesta fue rechazada. “Todo esto es para engañar a los ciudadanos”, critica la eurodiputada.

Sin embargo, esto no es un tema de división entre los grupos políticos. El mayor especialista portugués en estos asuntos es Carlos Coelho, eurodiputado del PSD, que presidió la comisión de investigación de los vuelos de la CIA y es actualmente coordinador de la task-force de eurodiputados que está evaluando el estado de las fronteras externas de la Unión. Coelho se abstuvo en la votación del PNR. “No creo que tener una base de datos más sea la solución. Mi propuesta era pragmática: debíamos mejorar las bases de datos que ya tenemos”, explica.

Trasladamos la pregunta a quien va a tener que lidiar con las consecuencias de esta recogida de información, que va a conservar en los servidores, durante cinco años, todos los datos de los viajeros –sean sospechosos o no–. Wojciech Wiewiórowski es polaco y ocupa la vicepresidencia de la Autoridad Europea de Protección de Datos: “Hasta ahora nadie demostró la utilidad del PNR para nada. Ni siquiera que sea una base de datos que se pueda utilizar. Lo único que sabemos es lo que se ha dicho oficialmente: ‘Funciona muy bien y daremos más información cuando empiece a funcionar”.

Uno de los más empecinados defensores de esta base de datos fue el primer ministro francés y actual candidato a la Presidencia, Manuel Valls. Antes de la aprobación —que fue polémica entre los eurodiputados–  su ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, acusaba al Parlamento Europeo de ser responsable por un “retraso irresponsable”. Todo esto se aprobó durante la resaca de los atentados de París. El propio Valls en persona acudió al pleno de Estrasburgo para presionar a los eurodiputados y aprobar la directiva.

Entretanto, en Francia, el periódico online Mediapart, socio editorial, de infoLibre, explicaba un detalle: la principal empresa beneficiaria de los contratos con el Estado francés, en el caso de que el PNR arrancase, sería la francesa Safran, que emplea a más de 3.000 funcionarios en Evry, un suburbio de París. Valls fue alcalde de Evry durante 12 años, hasta llegar al Gobierno en 2012.

El PNR está ahora pendiente de aprobación en el Tribunal Europeo de Justicia, pero el eurodiputado que creó las reglas de protección de datos en la legislación europea, el alemán Jan Albrecht, no cree que esa directiva pueda ser aprobada. El PNR representa una clara contradicción con la jurisprudencia del Tribunal, sobre todo en o que se refiere al período de cinco años durante los cuales los datos personales de ciudadanos inocentes son retenidos por los Estados.

  Más bases de datos

Entretanto, sólo en 2016, han sido anunciadas dos nuevas bases de datos. La principal es el EES (Exit Entry System). Se trata de un acrónimo para explicar una idea simple: un registro con datos biométricos de todos los ciudadanos que entran y salen de la zona Schengen procedentes de terceros países. En vez de un sello en el pasaporte, los pasajeros dejan sus huellas digitales, registros faciales y códigos de documentos en una hilera de servidores de EU-LISA que sería, después, según el comisario Avramópoulos, “interconectada, integrada e investigable” junto a las restantes bases de datos accesibles a las policías.

Esta también fue una idea que el lobby de seguridad EOS presentó a la Comisiónlobby, hace mucho tiempo, en 2011. Cuando la directiva fue aprobada, con el sugestivo nombre de Fronteras Inteligentes, provocó serias dudas en el Parlamento Europeo. La eurodiputada liberal Sophie in 't Veld lo calificó de “proyecto megalómano”. La Comisión dio marcha atrás y retrasó la votación de la directiva (para el inicio de 2017).

Las Fronteras Inteligentes aún están pendientes de discusión parlamentaria, pero entretanto la Comisión encontró una forma inteligente de sortear el bloqueo de los eurodiputados. Comenzó a financiar el proyecto como si ya estuviese aprobado.

Primero pagó 30 millones de euros en experiencias pilotos a tres consorcios internacionales. Después pagó una evaluación a la consultora PWC, que forma parte de uno de esos consorcios. Y , finalmente, en la mayoría de los países europeos ya tienen fondos destinados a aplicar esa medida que puede resultar rechazada.

Lo más asombroso es que nadie parece saber exactamente para que sirve esta nueva base de datos. Ska Kelles, eurodiputada alemana y antigua candidata de Los Verdes a la Presidencia de la Comisión, deja en el aire una pregunta. “Sólo sabremos los nombres y los datos biométricos de las personas que excedan el tiempo de su visado, pero ninguna autoridad puede hacer nada al respecto, ya que no sabemos dónde están. Entonces, ¿para qué sirve?” Carlos Coelho está de acuerdo. "Esta es sólo una estadística muy cara...”

El propio comisario titubea cuando le preguntamos para qué va a gasta cerca de mil millones de euros en una base de datos que apenas le va a decir que hay algunos millares de viajeros que se han quedado en Europa más tiempo del que podían (sean estudiantes, terroristas, trabajadores, transeúntes o, simplemente, personas que olvidaron renovar su visado).

Pero olvidemos todo esto y volvamos a la pregunta inicial: ¿funciona? Según PWC, en su informe, sí. “Este proyecto confirma la precisión y la eficacia del uso de datos biométricos en las fronteras”.  Pero, escondida, en un anexo del informe está la información que permite dudar de esta conclusión. En el aeropuerto de Estocolmo esta identificación funcionó en apenas un 39% de los casos. En Lisboa, uno de cada dos pasajeros falló en el reconocimiento en las e-gates [puertas electrónicas activadas por sensores biométricos]. En Fráncfort, uno de cada cuatro no consiguió pasar. Incluso aunque funcionase al 100%, el reconocimiento biométrico está lejos de garantizar, por sí solo, más seguridad. No sólo porque hay formas de sortearlo, sino también porque deja fuera datos importantes, “Si nadie controla los sellos anteriores en el pasaporte no se consigue saber la historia de una persona”, alerta un guardia fronterizo alemán. De hecho, si la preocupación es el terrorismo, es mucho más importante saber donde estuvo recientemente un pasajero que confirmar que sus huellas digitales están limpiaslimpias de cualquier sospecha. “Las máquinas no consiguen ver eso”, confirma el inspector del Servicio de Extranjeros y Fronteras de Portugal (SEF) y secretario nacional del sindicato de guardias Marco do Carmo. “Las máquinas no hacen profiling [creación de perfiles]profiling y eso es la parte más importante de nuestro trabajo, ver cómo las personas hablan, cómo reaccionan”, explica.

  La lógica de la sospecha

“Con este nuevo sistema, todo el mundo se convierte en sospechoso”, critica Ska Keller. “La lógica de la sospecha anuló la lógica de los derechos”, escriben ocho especialistas en derecho comunitario en un informe encargado por el Parlamento Europeo.

El comisario Avamópopulos no está de acuerdo, y anuncia su intención de dotar a la Unión de un “sistema integrado de identificación biométrica”. Por eso lanzó la idea de una sexta base de datos, el ETIAS. Todo, está claro, “de acuerdo con la legislación europea y respetando los derechos fundamentales”.

Carlos Coelho, a pesar de ser de la misma familia política del comisario griego, el PPE (conservadores), cree “francamente” que lo que explica esta política no es tanto la presión de la industria. “Es fácil para un comisario decir que se preocupa seriamente por la seguridad de los ciudadanos y por eso anuncia que va a lanzar un nuevo sistema... Estas políticas son creadas por la necesidad de dar respuesta al miedo de los ciudadanos. Los ciudadanos están aterrorizados. La mejor manera de lidiar con eso es anunciar cosas nuevas". Ana Gomes está de acuerdo, pero añade que todo esto es “una cesión al discurso de la extrema derecha”. El año próximo hay elecciones decisivas en Europa, en Alemania, Francia y quizá Italia. ¿Qué Europa tendremos en el futuro con este aparato de seguridad en manos de Gobiernos menos escrupulosos en cuanto al cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho? Marco do Carmo responde así: “Todos los funcionarios de inmigración meditan sobre eso... Yo creo que actualmente la UE tiene reglas que obligan a un control democrático en las fronteras. Pero nosotros no queremos llegar a tener un Estado Gran Hermano en Europa”. ___________________

Además de Paulo Pena, han participado en esta investigación los periodistas Christophe Garach, Crina Boros, Elisa Simantke, Harald Schumann, Ingeborg Eliassen, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore e Wojciech Ciesla. Todos ellos forman parte del proyecto ‘Investigate Europe’, un equipo de nueve periodistas de ocho países que investiga temas relevantes para Europa y comparte los resultados. Puedes conocer más sobre este proyecto en la página www.investigate-europe.eu. Esta investigación sobre el lobby de la seguridad la publica en España en exclusiva infoLibre. El texto original en portugués se difundirá en el diario Público. También publicará sus versiones propias sobre este tema el alemán Der Tagesspiegel y el italiano Corriere della Sera, entre otros.

El banco de inversión Goldman Sachs, uno de los más señalados como culpable de la crisis económica de 2008, lo anunció el pasado 8 de julio, en pleno verano. El que fuera presidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014 y primer ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso, había sido contratado como presidente no ejecutivo por la subsidiaria con sede en Londres Goldman Sachs International (GSI): "Su perspectiva, juicio y consejo añadirá un enorme valor a la dirección de GSI, a Goldman Sachs, nuestros accionistas y nuestra gente", señalaba entonces el comunicado. Desde ese mismo momento se puso en duda si el fichaje contravenía alguna norma comunitaria.

Representantes sindicales y exfuncionarios comunitarios recogieron firmas para retirarle los privilegios –7.500 euros de pensión mensual, entre otros– de los que gozaba tras su paso por las instituciones europeas. Ante tal revuelo, y después de que la Defensora del Pueblo solicitase estudiar este caso en concreto, el actual Ejecutivo comunitario decidió llevar la contratación de Barroso ante el comité de ética, que hace unas semanas dio su veredicto: “Goldman Sachs puede ser considerado a la vanguardia del capitalismo agresivo, pero mientras respete la ley el hecho de aceptar un puesto en el banco no es ilícito”, señalaban en el escrito. 

Pero el fichaje de Barroso no es un hecho aislado en las instituciones comunitarias. El Corporate Europe Observatory (CEO) cifra en al menos 93 el número de casos de puerta giratoria en la UE desde el año 2007 – el listado registra movimientos dudosos tanto de comisarios, eurodiputados o funcionarios que tras su paso por la administración terminan en empresas privadas como de aquellas personas que acaban en las instituciones comunitarias tras su paso por algunas compañías–. El primer tipo de puerta giratoria se ha dado en 83 ocasiones. El segundo, en sólo una decena.

Las puertas giratorias registradas por el CEO se dan en mayor medida en el área de las Finanzas, con 17 casos. Le siguen Energía/Clima, con 13; Comercio, con 6; Agricultura y Medio Ambiente y el sector Alimentario, con 5 cada uno; Salud/Medicamentos, Negocios/Industria, Tabaco y Relaciones Exteriores, todos ellos con 4 casos; Tecnología de la Información, Competencia y Asuntos Marítimos, con 3 cada uno; y Desarrollo, con 1 caso. De los 18 restantes, en 17 ocasiones la categoría asignada al área política es "General" y en dos no está registrada.

En 80 casos, la empresa de la que salieron o a la que se unieron tras abandonar su cargo público está inscrita en el registro de lobbies que la Comisión Europea puso en marcha en junio de 2011 para todos aquellos despachos de abogados, ONG, grupos de reflexión o cualquier organización que busque influir sobre la toma de decisiones de la Unión Europea. Aunque la inscripción en este registro es de carácter voluntario, el entonces comisario europeo de Administración, Maros Sefcovic, recordó que aquellas que participen tendrían "más posibilidades de obtener respeto y atención".

22 eurodiputados

En la mayoría de los 93 movimientos, las puertas giratorias fueron tomadas por cargos de bajo rango. Pero el problema no se queda sólo en ese escalafón del organigrama comunitario. Subiendo un poco podemos encontrar a 22 eurodiputados. De formaciones de izquierda y de derecha. De ellos, 12 son de Reino Unido –Gary Titley, Glyn Ford, Peter Skinner, John Purvis, George Lyon, Chris Davies, Martin Callanan, Graham Watson, Fiona Hall, Sharon Bowles, Brian Simpson y Arlene McCarthy–.

A estos hay que sumar 3 alemanes –Erika Mann, Silvana Koch-Mehrin y Holger Krahmer–, 2 finlandeses –Piia-Noora Kauppi y Carl Haglund–, 2 daneses –Karin Riis-Jørgensen y Emilie Turunen– y 1 sueco, 1 polaco y 1 holandés –Olle Schmidt, Michal Kaminski y Corien Wortmann-Kool, respectivamente–.

En 19 casos, pasaron a engrosar la plantilla de empresas inscritas en el registro de lobbies. Las tres únicas excepciones fueron Martin Callanan (se fue a Symphony Enviromental Technologies), Michal Kaminski (Prism Group) y Emilie Turunen (se fue a Nykredit).

14 comisarios de Barroso

Pero también encontramos estos movimientos en el Ejecutivo comunitario: un total de 14 comisarios sigueron el mismo camino desde el año 2007. Hablando en plata: casi la mitad de los comisarios de los dos Gobiernos europeos presididos por Durão Barroso probaron suerte tras su salida en grandes empresas, laboratorios, consultorías, bancos o importantes despachos de abogados.

Es el caso de los ex comisarios de Asuntos Marítimos (2004-2009) Joe Borg –se fue a la consultora Fipra–, de Desarrollo y Ayuda Humanitaria Louis Michel –pasó a ser miembro del Consejo de la entidad financiera Credimo–, de Protección del Consumidor Meglena Kuneva –su destino fue el Consejo de Administración del banco BNP Paribas–, de Asuntos Empresariales e Industriales Günter Verheugen –fundó la consultora European Experience Company sin informar a la Comisión Europea, aunque estaba obligado a ello–, de Mercado Interior Charlie McCreevy –entra en el Consejo de Ryanair–, de Relaciones Exteriores Benita Ferrero-Waldner –pasa a formar parte del Consejo de Administración de la consultora Munich Re, entre otras– o de Comercio Karel de Gucht –continuó con su carrera en la operadora móvil Proximus o en el banco Merit Capital–.

Completan este listado el extitular de Transporte Siim Kallas –se incorporó como asesor de la empresa de software Nortal–, de Agenda Digital Neelie Kroes –continuó con su labor profesional en Bank of America Merrill Lynch o Salesforce–, de Asuntos Marítimos y Pesca (2010-2014) Maria Damanaki –tras su salida se incorporó a la ONG The Nature Conservancy–, de Acción Climática Connie Hedegard (2010-2014) –empezó a trabajar en Volkswagen–, de Fiscalidad y Lucha contra el fraude Algirdas Semeta –se incorporó a Ukraine Business Ombudsman–, de Justicia Viviane Reding –a su salida entró en la Fundación Bertelsmann, entre otras– y de Medio Ambiente Janez Potocnik –se incorporó al Fórum por el Futuro de la Agricultura, patrocinado por la empresa agroalimentaria Sygenta–.

Salvo en tres casos –Algirdas Semeta, Günter Verheugen y Louis Michel–, todos los nuevos destinos de los excomisarios son empresas registradas como lobbistas.

Van Rompuy y Rasmussen

Pero el listado también recoge, junto al de Durão Barroso, otros dos nombres de gran relevancia en Europa: Herman Van Rompuy,presidente del Consejo Europeo (CE) entre diciembre de 2009 y el mismo mes de 2014, y Anders Fogh Rasmussen, que fue presidente de turno del Consejo Europeo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2002. Años después, en 2009, fue elegido secretario general de la OTAN. 

Van Rompuy se convirtió en presidente de la Junta Asesora de Tomorrowlab –una consultoría que actúa, según su página web, como "una incubadora, facilitador y catalizador neutral para proyectos de innovación" y con una "accesibilidad instantánea a una red de alto nivel"–. El ex primer ministro danés, por su parte, puso en marcha tras su salida de la OTAN Rasmussen Global, una compañía que proporciona "servicios de consultoría geopolítica y estratégica" en temas como "seguridad internacional, seguridad energética, relaciones transatlánticas..." y que se encuentra inscrita desde el pasado 23 de febrero en el registro de lobbies de la Unión Europea.

En el caso de Van Rompuy, el Consejo Europeo respondió al Corporate Europe Observatory diciendo que el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la UE "sólo es legalmente aplicable a los miembros de la Comisión y no al presidente del CE": "[Van Rompuy] no está obligado a presentar una solicitud de autorización para emprender nuevas actividades profesionales", señalaron por carta desde el Consejo Europeo.

En el caso de Rasmussen, éste se defendió de las críticas alegando que ha "acumulado mucha experiencia" durante su estancia en el cargo y, por lo tanto, pretende usar "esa experiencia por el bien público". La Organización del Tratado Atlántico Norte, por su parte, respondió, preguntada por el Corporate Europe Observatory, que aunque existe en la OTAN un código de conducta, "no hay reglas específicas que se apliquen al post-empleo".

Dos españoles en el listado

El resto de la lista lo completan trabajadores de la Administración europea de menor categoría. Sin embargo, entre estos últimos también podemos encontrar movimientos a tener en cuenta. Es el caso, por ejemplo, del ex director ejecutivo de la Agencia Europea del Medicamento (AEM) Thomas Lönngren, que después de casi una década en el puesto pasó a ser asesor de NDA Group –en su página web se define como "la principal consultora de desarrollo de fármacos del mundo"–. Pero también del griego Poppy Kalesi, que tras abandonar su cargo de director de programación de la Dirección General de Energía pasó a trabajar para la petrolera noruega Statoil como consejero de asuntos normativos de la UE. O de Suzy Renckens, que se movió desde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a la multinacional agroquímica Syngenta.

Dentro de este grupo, el Corporate Europe Observatory incluye a dos españoles: Isabel Ortiz y Xavier Luria. La primera pasó de trabajar en la Dirección General de Empresa e Industria a ocupar el puesto de directora de Información del Consumidor, Dieta y Salud de FoodDrinkEurope, una confederación que aglutina a empresas europeas de la industria de la alimentación y las bebidas que también está inscrita en el registro de lobbies.

A preguntas de infoLibre, Ortiz se defiende: "Tenía un contrato de tres años no renovable y al terminar mandé currículums a todas partes, incluso a asociaciones de consumidores, pero fue FoodDrinkEurope la que me contrató". La doctora en Derecho, además, señala que antes de abandonar el puesto se lo dijo a sus superiores y se abrió un procedimiento interno en el que se concluyó que no se incurría en incompatibilidad. "Jamás tuve acceso en mi puesto [en la Dirección General de Empresa e Industria] a ninguna información privilegiada o confidencial", sostiene.

Luria, por su parte, estuvo desarrollando el cargo de jefe del sector Seguridad y Eficacia de los Medicamentos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) hasta el 15 de marzo de 2012. Tras su salida, comenzó a trabajar para Oryzon, Trial Form Support y NDA Partners –todas ellas relacionadas con la salud y los medicamentos–, entre otras. Según recoge el Corporate Europe Observatory, el EMA autorizó las nuevas actividades con las siguientes condiciones por un periodo de dos años: abstenerse de función directiva o ejecutiva y de proporcionar orientación o asesoramiento sobre cualquier producto específico con el que haya estado anteriormente implicado "directa o indirectamente".

Este diario intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el doctor Luria. Sin embargo, en agosto de 2012 hizo llegar al CEO una carta en la que señalaba que durante la preparación de su salida de la EMA mantuvo "una serie de reuniones internas con el fin de obtener aclaraciones sobre lo que podía ser considerado como conflicto de intereses" y en la que apuntaba que mantenía su "pleno compromiso en el cumplimiento de las normas". "Desde que dejé la EMA he declarado a la Agencia todas las actividades a las que me he comprometido y todas ellas han sido evaluadas, declarándose que no están en conflicto con el interés del servicio y siendo autorizadas".

Movimiento a uno y otro lado

Desde el Corporate Europe Observatory alertan sobre los riesgos de las puertas giratorias en la Administración europea. "Cuando una compañía contrata a un comisario o eurodiputado, que tienen un enorme conocimiento interno de las instituciones y una buena lista de contactos, la empresa gana una influencia que otras no tienen y se pone en una posición perfecta para influir en las decisiones de la UE", sostiene en conversación con infoLibre Margarida Silva, miembro del CEO. Sin embargo, desde la organización señalan que también es preocupante el movimiento del sector privado al público. Por ello, consideran que las puertas giratorias son en las dos direcciones.

Entonces, ¿los políticos sólo se pueden dedicar a la política? "El problema está en que acaben en empresas que quieren influir sobre la normativa comunitaria", repite Silva. Y añade: "Hay muchos empleos donde eso no ocurre". Con todo esto sobre la mesa, proponen a la Comisión Europea que prohíba "por un periodo de 3 años para los excomisarios y 5 años para los expresidentes de la Comisión Europea" aceptar empleos que creen conflictos de interés o desempeñen, directa o indirectamente, cualquier actividad de lobbying". Y más, sostiene, cuando están cobrando "una subvención de transición" de la UE. 

Tras conocerse el fichaje de Barroso por Goldman Sachs, la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, envió una carta a Juncker en la que le pedía aclarar el caso del expresidente de la Comisión y dejaba caer que era "necesario revisar el Código de Conducta". Silva también sostiene que hay un "problema" con las actuales reglas. Y pone como ejemplo el caso de la comisión ética que dio luz verde a la contratación del político luso. "No puede iniciar investigaciones hasta que no lo soliciten los comisarios, que son los que se encargan también de nombrar a los miembros de este órgano...". Por eso, concluye, es cada vez más necesaria una comisión ética "verdaderamente independiente".

Las consecuencias de esta decisión determinarán muchos aspectos de cara a situaciones similares futuras como pudiera ser Cataluña. ¿Qué pasará con su moneda? ¿Cómo afectará a su economía? ¿Ingresará de nuevo en la UE o países como Reino Unido o España vetarán esta posibilidad?

Para la mayoría de los líderes mundiales este asunto es un punto de inflexión y, como tal, no se han mantenido al margen. Europa Press recopila la opinión de muchos de ellos a través de sus declaraciones:

David Cameron (primer ministro británico): "La elección que tenéis es clara: un salto hacia la oscuridad con un voto por el 'sí', o un futuro más brillante para Escocia votando 'no'". "Nosotros queremos desesperadamente que os quedéis, no queremos que esta familia de naciones se separe". "Si Reino Unido se rompe, se rompe para siempre".

Alex Salmond (jefe del Partido Nacional Escocés): "Escocia sería el país más rico del mundo en declararse independiente".

Isabel II (Reina del Reino Unido): "En este importante año del referéndum, rezamos para que, cualquiera que sea el resultado, la gente de fe y la gente de buena voluntad trabajen juntas por el bien social de Escocia".

Tony Blair (exprimer ministro británico): "Creo que ganará el 'no'. Los argumentos a favor de la unión son más fuertes".

Gordon Brown (exprimer ministro británico): "Lo que no vale es el statu quo. La elección debe ser entre una separación irreversible o un Parlamento más fuerte".

Peter Robinson (ministro principal de Irlanda del Norte): "Respeto el hecho de que es su decisión, pero uno cada fibra de mi ser para decir: ¡no os vayáis! Permaneced y continuad siendo parte de nuestra nación".

Jose Manuel Durao Barroso (presidente de la Comisión Europea): "Si parte del territorio de un Estado miembro dejara de ser parte del Estado por ser un Estado independiente, los tratados de la UE no se aplicarían a ese territorio".

Jean-Claude Juncker (presidente electo de la Comisión Europea): "Estoy de acuerdo con el principio de que hay que respetar las constituciones nacionales".

Herman Van Rompuy (presidente del Consejo Europeo): "Nadie obtendrá nada del separatismo en el mundo de hoy que, guste o no guste, es globalizado".

Barack Obama (presidente de los EEUU): "Tenemos un gran interés en que uno de los aliados más cercanos que jamás tendremos siga siendo un socio fuerte, robusto, unido y efectivo".

Angela Merkel (canciller alemana): "El referéndum escocés se celebrará tras la autorización y la concertación con el Gobierno y el Parlamento británico".

Mariano Rajoy (presidente de España): "Lo único que puedo decir es que es un referéndum de acuerdo con la legalidad vigente en el Reino Unido. Y así es como se hacen las cosas entre personas sensatas. En eso consiste un Estado de derecho".

Artur Mas

(presidente de la Generalitat): "El 'sí' en el referéndum escocés allanaría el camino de la independencia de Catalunya".

Iñigo Urkullu (lehendakari vasco): "Lo que pueda suceder en Escocia sirve como referencia en cuanto a un modelo de poder decidir los ciudadanos en un sentido o en otro".

José Manuel García Margallo (ministro de Asuntos Exteriores): "Si Escocia se independiza siguiendo los procedimientos legales e institucionales, pedirá su adhesión. Y si ese proceso ha sido legal, se podrá considerar su solicitud. Si no, no".

Simon Manley (embajador británico en España): "La independencia es un gran riesgo para la economía escocesa, y la británica".

Y sí, fue en una cena, no en una votación formal. Aunque la mayor parte de las jugadas se realizaron durante un agosto caliente en lo político, la escenificación final y los últimos acuerdos se realizaron en Bruselas, con Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, de anfitrión y muñidor.

Ciertamente, la imagen de los líderes europeos reunidos a puerta cerrada ante los postres, cambiándose cromos para colocar a sus alfiles o reinas favoritas, no es, precisamente, una imagen de transparencia y democracia, aunque, en realidad, es más transparente, democrático y reglado que lo que sucede en España. Expliquemos las pocas reglas que conocemos de esta partida en las sombras.

Qué se elige

Elegido ya a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión, faltan por elegir otros veintiséis comisarios europeos de carteras diversas en temas e importancia. Las carteras más codiciadas son las económicas como Asuntos económicos y Monetarios, Energía, Comercio, Competencia y Servicios Financieros. Y nadie quiere ser el comisario de Agenda Digital, o de Multilingüismo; como apuntan irónicamente en Borgen S02E12, “en Bruselas nadie puede oírte gritar”.

En la cena se eligió a Federica Mogherini como Alta Representante de la Unión Europea, directora y ejecutora de la política exterior de la UE, jefe del Servicio Europeo de Ación Exterior, miembro y vicepresidente de la Comisión Europea y representante de la UE en el extranjero. Este puesto, desempeñado en su momento por Javier Solana, en principio estaba diseñado como uno de los puestos fuertes de la Comisión, pero en la actualidad no pasa por un gran momento de valoración.

Otro puesto que queda por decidir es la Presidencia del Eurogrupo, coordinador de las reuniones que los países de la zona euro tienen mensualmente sobre sus políticas económicas y monetarias comunes. Aunque las reuniones del Eurogrupo, consideradas como parte de las reuniones del Consejo de la UE, son “informales” y se ha frenado algo la dinámica del Eurogrupo como el lugar en el que se deciden previamente las políticas económicas que luego se trasladan al ECOFIN, el Eurogrupo es un núcleo de poder muy importante en estos tiempos de crisis del euro. Famosa es ya la imagen simbólica del Embajador Permanente del Reino Unido, esperando a la salida de la reunión del Eurogrupo para enterarse de las decisiones tomadas. A este puesto aspira Luis de Guindos, pero Jeroen Dijsselbloem se resiste a apartarse del mismo.

Y para terminar, durante la cena se eligió a Donald Tusk, primer ministro de Polonia, para la joya de la corona, la presidencia del Consejo Europeose eligió a Donald Tusk, desempeñada en la actualidad por Herman Van Rompuy. Como es sabido, el Consejo Europeo ha ido ganando peso sistemáticamente durante la crisis, debido a la necesidad de generar nuevas instituciones y marcos ante una situación no prevista. Esta necesidad urgente ha activado una deriva intergubernamental, con múltiples reuniones formales e informales entre los Estados y los Consejos Europeos, cada tres meses, que son ya hitos de la política europea, donde se escenifican los acuerdos entre Estados alcanzados tras meses de negociaciones bajo la mesa entre los países de la UE, acuerdos como, precisamente, los nombramientos actuales o muchas de las innovaciones institucionales que han ido apareciendo en estos últimos años de crisis. En esas negociaciones, el presidente del Consejo realiza la función de coordinador y preparador de las reuniones, un papel de un peso excepcional si tenemos en cuenta que en las propias reuniones del Consejo es muy difícil tomar decisiones que no estuvieran ya preparadas con antelación entre los veintiocho países. Este papel, junto con la actual crisis económica, hace de esta presidencia uno de los puestos más codiciados, si no el que más, de toda la arquitectura de la UE, a la par que la presidencia de la Comisión o incluso por encima.

Quién lo elige

Salvo el nombramiento de la presidencia de la Comisión, que fue votada por la ciudadanía gracias a una apuesta fuerte del Parlamento y los partidos políticos, en los veintinueve cargos restantes son los Estados los que más tienen que decir. Todo, de hecho, en el caso de la Alta Representación, la presidencia del Eurogrupo y la presidencia del Consejo y mucho, junto con el presidente de la Comisión y el Parlamento Europeo, en el nombramiento, reparto y ratificación de los Comisarios Europeos. Por tanto, aunque a veces se resuelva por etapas, todo el proceso se pacta de manera conjunta entre el presidente del Consejo, el presidente de la Comisión y, sobre todo, los Estados, que son los que proponen candidatos.

En todo este proceso, el Parlamento Europeo, la cámara representativa, entra de dos formas. Una, indirecta, en la elección del presidente de la Comisión, que a su vez reparte las carteras entre los candidatos a comisarios enviados por los países, y otra, más directa, en el proceso de audición y ratificación de los comisarios presentados por el presidente de la Comisión a la Cámara. Y si bien este proceso raramente sale mal, hay dos célebres excepciones, Rocco Buttiglione y Rumiana Jeleva, que muestran a las claras que el proceso de elección de comisarios es más transparente y democrático que, por ejemplo, la elección de ministros en España o Francia.

Cómo se eligen

Académicamente, esto es difícil de determinar. Es la clásica caja negra: negociaciones opacas, sin transparencia, sin votaciones registradas o por unanimidad… Vamos, el sueño de todo fan de los chemtrails o Expediente X y la pesadilla de todo politólogo. Lo que sí parece que existen son diversas variables, dimensiones o factores, que hay que equilibrar o pesar para optar a un puesto de mayor peso.

En primer lugar, el factor a considerar es la calidad o importancia del candidato, eso que los ingleses llaman seniority, una medida de la experiencia, el peso, la competencia y el tiempo de desempeño en un cargo político. Cuanto más “senior” sea el candidato, cuanto mejores puestos y durante más tiempo los haya desempeñado, cuanto más pueda acreditar visibilidad y competencia en esas materias, más probable es que obtenga un puesto de importancia. Además, la experiencia en la política europea se valora especialmente. Así, proponer como candidato a la Comisión Europea a un desconocido que hay que buscar en google, puede llevar con facilidad a que el presidente de la Comisión Europea le acabe asignando la cartera de Acción por el Clima. En cambio, enviar un ex ministro de economía como Pierre Moscovici garantiza que optará a puestos de importancia.

En segundo lugar, otro factor a equilibrar es el de la ideología. Debido a que en la Comisión, cada país tiene un miembro (Presidente, Alto Representante o Comisario), el reparto ideológico tiene más que ver con el peso de las carteras y con los otros dos puestos (presidencia del Eurogrupo y presidencia del Consejo Europeo), que con el número de comisarios de uno u otro signo político, que está determinado por las elecciones nacionales. Como parte de las negociaciones de conjunto, que incluyeron la votación de Jean Claude Juncker por parte del Partido de los Socialistas Europeos (PES), los socialdemócratas buscan equilibrar el puesto de Juncker con los otros tres puestos mayores. Para cada puesto había (hay) varios posibles candidatos: para la presidencia del Eurogrupo, la batalla ideológica se juega entre nuestro compatriota Luis de Guindos (del Partido Popular Europeo, EPP) y Jeroen Dijsselbloem (PES, Holanda). En la Alta Representación la batalla se planteó, sobre todo, entre Federica Mogherini (PES, Italia) y Kristalina Georgieva (EPP, Bulgaria). Y la presidencia del Consejo se movía entre Helle Thorning-Schmidt (PES, Dinamarca) y Donald Tusk (EPP, Polonia), que fue quien se llevó el gato al agua. Tras la cena, el equilibrio ideológico perjudica a la socialdemocracia, lo que, como parte del acuerdo, podría llevar a que se les beneficiase en el reparto de carteras claves de la comisión o se mantuviese a Dijsselbloem en la presidencia del Eurogrupo para equilibrar ideológicamente el proceso. O no. El tablero tiene otras dos dimensiones, a saber…

La división “Norte-Sur-Este”, o equilibrio geográfico. Las tres “ramas” o bloques de países en la Unión Europea deben tener un equilibrio de poder y, entre estos países, los más grandes optan, como es lógico, a las piezas más jugosas. Un ejemplo claro de esta división es la frustrada demanda, por parte de los países del Este, de conseguir que la Alta Representante fuese alguien cercana al Este, vistas las tensiones que sufre actualmente la UE con Rusia. De la misma forma que la prioridad del Este es la política exterior contra el imperialismo ruso, los países del Sur buscan desesperadamente carteras o puestos económicos que mitiguen o cortocircuiten las actuales políticas económicas de austeridad promovidas por Alemania y el Norte. Y por parte del Norte, se pretende mantener el cerrojo en esas carteras y puestos claves: Asuntos Económicos y Monetarios, Competencia, Presidencia del Eurogrupo y Presidencia del Consejo, sobre todo. Además, hay países que buscan carteras concretas, debido a las especificidades: por ejemplo, el Reino Unido, siempre protector de su City, desea la cartera de Servicios Financieros.

Para terminar, el género. En efecto, los verdes, los socialistas y los liberales presionan sin descanso para que entre los altos cargos de la UE haya un reparto de género equilibrado, pero la cosa no parece que avance mucho. Los Estados apenas han nombrado cinco mujeres de veintisiete posibles. Incluso si el resto de nombramientos pendientes fuesen todas mujeres, la Comisión Europea resultante tendría un porcentaje de mujeres menor que la segunda de Durao Barroso, algo que Juncker ya ha calificado de intolerable y que Gianni Pitella (PES) y Guy Verhofstadt (Alianza de Liberales y Demócratas Europeos, ALDE) han amenazado con vetar si llega a presentardr una Comisión con fuerte desequilibrio de género ante el Parlamento. Es el asunto del género y la incapacidad de los Estados de nombrar a mujeres lo que, en la práctica, va a permitir a Juncker asignar con más libertad las carteras entre sus comisarios, pues ya ha avisado a los Estados que las mujeres nombradas tenderán a obtener los puestos más deseados, para desgracia de candidatos como Arias Cañete, que ve no solo alejarse una cartera económica y una vicepresidencia, sino que puede enfrentarse a un duro interrogatorio ante el Parlamento Europeo que puede hacer peligrar su anheladaa cartera de Agricultura.

Pero, ¿son casta?

Bueno, yo diría que un poco lo parecen. La elección de los cargos, tanto los comisarios como los presidentes, se produce en la clásica “habitación humeante” en la que entran unos señores (solo cinco mujeres frente a veintitrés hombres), toman decisiones y salen de ella sin que la ciudadanía haya tenido voz. Sí, por supuesto que hay mucha más transparencia en la elección de comisarios que en la elección de los ministros españoles, pero, a diferencia de estos, la elección de ministros en España o en cualquier otro país, se deriva de un mandato electo, de la decisión de una persona elegida, directa o indirectamente. Hay una rendición de cuentas clara y se puede culpar a quien elige a dichos ministros: la culpa de lo que hace Wert, por ejemplo, no tiene otro responsable que Rajoy. En el caso que nos ocupa, todos estos puestos se eligen de manera indirecta, nombrados por los Estados y negociados en Bruselas de manera informal en función de múltiples dimensiones. La percepción de control de la ciudadanía, e incluso la posibilidad de decidir políticas concretas eligiendo representantes concretos, está muy debilitada o no existe. En este sentido, todo margen de maniobra o acumulación de roles que gane el presidente de la Comisión, es un avance hacia un vínculo más claro entre los votos de la ciudadanía y las políticas que se implementan desde la UE. Para terminar, es evidente que el peso del Consejo Europeo (y su presidente) y el del Eurogrupo son desproporcionados y, sobre todo, estos órganos están alejados del control democrático de la ciudadanía (nombramiento, elección y rendición de cuentas), son opacos y difícilmente comprensibles. Especialmente el Consejo Europeo, pero no solo, ha fomentado una deriva intergubernamental muy alejada del espíritu de la UE.

Es cierto que se avanza, pues gana en peso el factor de género, así como el Parlamento y el presidente de la Comisión gana en democracia y transparencia. En este momento, ya cerrados los puestos más importantes, quedan por repartir los terceros y cuartos premios y la pedrea. Aquí es donde no resulta fácil ser optimistas.

Tras la Cena de los Comisarios, ya sabemos casi todo de la partida de Diplomacy. Viendo lo sucedido, podemos sospechar que Luis de Guindos lo va a tener algo más difícil para acceder a la presidencia del Eurogrupo, pues es probable que más de una cartera económica caiga del lado socialdemócrata. Pero parece claro que muy posiblemente las políticas de austeridad seguirán durante un tiempo. La elección de Donald Tusk, candidato apoyado por el Reino Unido por su liberalismo económico y por Angela Merkel por su germanofilia (de manera muy simbólica no habla ni francés ni inglés, pero sí Alemán), indica con claridad la dirección en la que se moverá Europa. Y es que por mucho que el debate nacional insista en definir la crisis como institucional y española, la génesis de la crisis son estas instituciones europeas. Y mientras no haya solución europea, es muy difícil que haya solución.

________________________________________________

Justo Serna es Profesor de Historia en la Universidad de Valencia. Autor de numerosos trabajos académicos sobre historial cultural, también escribe con asiduidad en prensa. Su último libro es La farsa valenciana (Foca, 2013)

El presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, confirmó este jueves que tiene intención de seguir en su cargo hasta que expire su mandato en verano de 2015 y dijo que la presión de España para hacerse con el puesto para el ministro Luis de Guindos no es necesariamente buena para la institución.

"Me quedaré en mi trabajo al menos hasta verano del año que viene y veremos quién es candidato entonces", aseguró Dijsselbloem en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara. El holandés no aclaró si buscará renovar su mandato contra Guindos y apuntó que "es una decisión que se tomará más tarde".

Al ser preguntado por si la batalla de España por hacerse con la presidencia del Eurogrupo es buena para la institución, Dijsselbloem respondió que "no necesariamente, pero así es la democracia". "Está bien, es un procedimiento abierto el año que viene, pero no hay ninguna vacante en este momento", insistió el presidente del Eurogrupo.

"Deberíamos dedicar menos tiempo a hablar de los empleos de los políticos y más al empleo de los jóvenes", resaltó.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, ya dio por hecho este sábado que, pese a la presión de España, Dijsselbloem agotará su mandato e incluso aspirará a la reelección al frente del Eurogrupo el año que viene. "Sé que hay otras personas que pueden estar interesadas en este cargo, pero es un hecho que Jeroen Dijssebloem completará su actual mandato y es muy probable que el año que viene sea de nuevo candidato para la presidencia del Eurogrupo", afirmó Rutte.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, señaló también que la elección del próximo presidente del Eurogrupo no se decidirá hasta dentro de un año. "En cuanto al futuro, después de mediados de 2015, tomo nota de que la canciller alemana, la canciller Merkel, considera al señor Guindos como un candidato apto para cumplir esta función y he sido informado de que otros países de la eurozona comparten esta opinión", dijo Van Rompuy.

Dijsselbloem sólo cuenta para renovar en el cargo con el apoyo de Austria y Finlandia, según la prensa holandesa, pero a su favor juega que las próximas elecciones generales en España se celebrarán en otoño de 2015 y es incierto que Guindos siga después como ministro. A menos que se convierta en un cargo a tiempo completo, el presidente del Eurogrupo tiene que ser obligatoriamente el ministro de Economía de su país.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó "entrar en polémicas con Holanda. "Lo que tengo claro es que el ministro de Economía español tiene unos apoyos muy importantes", resaltó.

"También somos conscientes de que el actual presidente del Eurogrupo tiene su periodo de mandato, pero hace dos años nadie pensaría que el ministro español de Economía fuera presidente del Eurogrupo y hoy tiene una mayoría muy importante a favor", aseguró Rajoy.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 expresaron este sdomingo su inquietud por el debilitamiento de la recuperación económica y apoyaron la intención del primer ministro italiano, Matteo Renzi, de organizar una cumbre sobre empleo a principios de octubre.

"En las últimas semanas, los datos económicos han confirmado que la recuperación, particularmente en la eurozona, es débil, la inflación excepcionalmente baja y el paro inaceptablemente alto", declaró el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al término de la cumbre de Bruselas.

Por ello, los líderes europeos han encargado a sus ministros de Economía que examinen la situación socioeconómica y trabajen en medidas para reactivar el crecimiento y el empleo.

"El Consejo Europeo da la bienvenida a la intención del Gobierno italiano de celebrar una conferencia en octubre a nivel de jefes de Estado y de Gobierno sobre empleo, en particular sobre empleo juvenil", confirmó Van Rompuy. La reunión podría tener lugar el 6 o 7 de octubre.

La próxima cumbre de líderes europeos abordará también la situación económica y se convocará en paralelo una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona, según anunció el político belga.

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, reveló este sábado involuntariamente, en una conversación informal recogida por las cámaras, que ya había un acuerdo entre los 28 para designar al primer ministro polaco, Donald Tusk, como presidente del Consejo Europeo.

En los minutos previos al inicio de la cumbre, el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, se acercó a Van Rompuy y le preguntó sin darse cuenta de que estaba siendo grabado: "¿Tenemos noticias? Entiendo que lo de Donald está ok". "Sí, pero no lo digas", le respondió el presidente del Consejo Europeo.

Minutos después se conocía que los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 elegían al primer ministro polaco, el conservador Donald Tusk como nuevo presidente del Consejo Europeo y a la ministra italiana de Asuntos Exteriores, la socialista Federica Mogherini, como Alta Representante de la UE para la Política Exterior. Tusk sustituirá a Van Rompuy, cuyo mandato expira el 30 de noviembre. Por su parte, Mogherini asumirá el relevo de Catherine Ashton y se convertirá en una de las vicepresidentas de la nueva Comisión de Jean-Claude Juncker, que empezará a funcionar el 1 de noviembre si pasa el examen de la Eurocámara.

El Consejo Europeo alcanzó un acuerdo rápido sobre Tusk y Mogherini tras el fracaso de la primera cumbre para repartir los altos cargos de la UE que se celebró en julio. En aquel momento, los países del este bloquearon a la ministra italiana por considerarla excesivamente cercana a Rusia. La candidatura del primer ministro polaco ha permitido desbloquear la situación.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, felicitó a Donald Tusk y a Federica Mogherini en su cuenta oficial de Twitter. De su "buen amigo" Donald Tusk, dijo que es "un gran europeísta al frente del Consejo Europeo". En el caso de Federica Mogherini, Rajoy se limitó a mostrar su felicitación por el nombramiento. Felicidades a mi buen amigo @premiertusk. Un gran europeísta al frente del Consejo Europeo, @EUCouncil. MR— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) agosto 30, 2014

Rajoy dice que Guindos tendrá que esperar

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, resaltó por su parte que el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuenta con "muchos apoyos" para convertirse en el próximo presidente del Eurogrupo, pero admitió que deberá esperar a "cuando toque" para ocupar este cargo, ya que el mandato del actual titular, el holandés Jeroen Dijsselbloem, no concluye hasta junio de 2015.

A su llegada a la cumbre del PP europeo previa al inicio del Consejo Europeo, Rajoy dijo que el nombramiento de Guindos "no está hoy en el orden del día". "Primero porque no es una competencia del Consejo: eso lo elige el propio Eurogrupo", indicó el presidente del Gobierno.

"Y segundo porque no ha terminado el plazo de la persona anterior", apuntó, en referencia a Dijsselbloem. Al ser preguntado si ello significa que el ministro de Economía deberá esperar hasta junio de 2015 para ser presidente del Eurogrupo, Rajoy indicó que "vamos a esperar a cuando toque".

Aunque la prensa holandesa ha especulado con la posibilidad de que se convierta en comisario, dejando así vía libre a Guindos desde noviembre, Dijsselbloem ha dicho hasta ahora que su intención es seguir de presidente del Eurogrupo hasta el final de su mandato. El Gobierno holandés todavía no ha confirmado quién será su representante en el Ejecutivo comunitario.

"En cualquier caso, Guindos cuenta con muchos apoyos", subrayó el presidente del Gobierno. La propia canciller alemana, Angela Merkel, respaldó el pasado lunes la candidatura del ministro español para presidir el Eurogrupo.

El presidente del Gobierno considera que la designación de Guindos como jefe del Eurogrupo no resta posibilidades al candidato español a comisario, Miguel Arias Cañete, para ocupar una cartera económica de peso en el nuevo Ejecutivo comunitario que estará presidido por Jean-Claude Juncker.

"No tiene nada que ver, porque el nombramiento del presidente del Eurogrupo lo decide el Eurogrupo y los nombramientos de comisarios los decide el señor Juncker", alegó Rajoy al ser preguntado por esta cuestión.

En esta misma línea, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, dijo que Luis de Guindos cuenta con apoyos para convertirse en el próximo presidente del Eurogrupo, entre ellos el de la canciller alemana, Angela Merkel, pero subrayó que la decisión no se adoptará hasta dentro de un año, cuando expire el mandato del actual titular del cargo, Jeroen Dijsselbloem.

"No hemos hablado (de la presidencia del Eurogrupo) porque no es competencia nuestra y porque se decidirá dentro de un año", aseguró Van Rompuy en rueda de prensa para presentar a los nuevos altos cargos de la UE. "El mandato del presidente actual, el señor Jeroen Dijsselbloem, sólo expira a mediados de 2015. Falta prácticamente un año para eso", dijo.

Dependiente del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, el proyecto de informe, firmado por Othmar Karas y Liem Hoang Ngoc, curiosa e inexplicablemente, se olvida del rescate de hasta 100.000 millones de euros (de los que se dice que se han usado 41.300 millones) a la banca española en junio de 2012.

Pese a que el informe preliminar, que se espera sea definitivo para abril, poco antes de las elecciones europeas, señala grandes irregularidades de la Troika, justifica en muchos de sus puntos su acción. Por ejemplo, al hablar del "inmenso reto de la Troika", defiende que "el tiempo se agotaba, los obstáculos legales tuvieron que ser despejados, el miedo a una fusión del núcleo de la Eurozona era palpable, hubo que adoptar acuerdos políticos…". En otro momento, rechaza que hubiera sido posible plantear alternativas al sostener que "la asistencia financiera en el corto plazo evitó un impago desordenado de la deuda soberana que habría tenido consecuencias económicas y sociales extremadamente graves, así como efectos indirectos en otros países de una magnitud incalculable (...)”.

El documento señala que, "debido a su naturaleza ad hoc, no había base jurídica adecuada para la creación de la Troika sobre la base del Derecho primario de la Unión". Esto ha sido confirmado indirectamente por la Comisión cuando escribe que "el modelo de la Troika ha sido respaldado por el legislador de la UE (ver artículo 7 de la Regulación de la UE Nº 472/2013)”, lo cual implica que antes de 2013 no hubo tal respaldo, cuando es sabido que todos los programas de la Troika salvo el de Chipre han arrancado antes de esa fecha.

Asimismo, subraya la doble función de la CE –como agente de los estados y como institución de la UE– y del BCE –como asesor técnico y acreedor– en la Troika y sus evidentes conflictos de interés, al ser juez y parte. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el mandato del BCE está limitado a la política monetaria, por lo que "la participación del BCE en cualquier asunto relacionado con las políticas presupuestarias, fiscales y estructurales se encuentra en un terreno legal incierto". Además, incide en "la débil responsabilidad democrática de la Troika" en los países sometidos al "programa".

El informe advierte que "el mandato de la Troika ha sido percibido como opaco y no transparente" y se muestra especialmente crítico con los Memorandum de Entendimiento (MoU), de los que lamenta su falta de transparencia en las negociaciones.

La Troika elude las preguntas y apunta a los estados como responsables. 

Al extenso cuestionario enviado a los presuntos responsables de los rescates: CE, BCE, FMI, Eurogrupo y Consejo Europeo responden, si lo hacen, de manera escasa e insatisfactoria. Todos coinciden en exculparse trasladando las responsabilidades a otros.

Por ejemplo, el FMI se ha negado a contestar argumentando que no tiene que rendir cuentas a los Parlamentos, lo cual es sorprendente, dado que él mismo impone sus políticas a los parlamentos. Herman Van Rompuy ha contestado que "no está involucrado", cuando como presidente del Consejo Europeo representa a los estados miembros de la UE. Por su parte, el presidente del Eurogrupo ha eludido la pregunta diciendo que las instituciones de la Troika son las más indicadas para contestar, mientras el BCE devuelve la pelota al Eurogrupo: “Sobre medidas concretas para países concretos, sería más apropiado que respondiera el Eurogrupo”.

Todos estos responsables llevan años implicados en las políticas de austeridad llevadas a cabo por los gobiernos bajo el mandato opaco de la Troika, apoyándolas y presionando a los estados para que las apliquen. Ahora bien, a la hora de contestar a un cuestionario del Parlamento Europeo, eluden sus responsabilidades y echan la culpa a los estados a los que robaron su soberanía. Tanto la CE como el BCE lo dicen claro: "la autoría del diseño del programa pertenece a las autoridades del estado miembro afectado". Ya sabíamos que los altos funcionarios de estas instituciones gozan de total impunidad ante la justicia, ahora sabemos que rechazan incluso contestar a preguntas sobre sus implicaciones. ¿Será que huyen de sus responsabilidades frente a una opinión popular cada día más enfadada con las consecuencias humanitarias de dichas políticas?

Fátima Martín (periodista), Jérôme Duval (PACD y CADTM) son socios de infoLibre

La parroquia tuitera ha criticado a Van Rompuy, a quien acusan de no darlo todo por la Unión Europea...

[Herman Van Rompuy doctor Honoris Causa por la Universitat CEU de San Pablo. Fuah, flipa! Con mi Erasmus he hecho más yo por Europa que él!]

Los peor pensados han atado cabos y han visto intereses ocultos en este apoyo mutuo de los líderes europeos.

Eso de que se invista hoy a Van Rompuy Doctor Honoris Causa en Madrid, apadrinado por Rajoy..., no tiene nada que ver con sus declaraciones,  no?

El plan de recortes y ataques al Estado del bienestar emprendido por el Gobierno de Mariano Rajoy en respuesta a las recomendaciones de la UE gusta a Bruselas: "Incluye un conjunto de reformas estructurales y fiscales en términos generales adecuado, que respaldará una corrección eficaz y duradera del déficit excesivo", según el dictamen que aprobará el Ecofin, al que ha tenido acceso Europa Press. En particular, los Veintiocho elogian las reformas de las pensiones, que considera "significativas". "La regulación propuesta del factor de sostenibilidad y la nueva fórmula de indexación de las pensiones –junto con la reforma de la jubilación anticipada adoptada en marzo de 2013–, son pasos importantes para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y contener el creciente gasto en pensiones", apunta el dictamen, que también celebra la ley de desindexación.

No obstante, el Ecofin pide aún más sangre. Más tijera. Lamenta que algunas de las recomendaciones de la UE "hasta ahora sólo están parcialmente respaldadas por medidas concretas". "Es el caso, por ejemplo de la revisión sistemática de las grandes partidas de gasto para mejorar la eficacia del gasto público", avisa la evaluación de los ministros. Por lo que se refiere a la reforma del sistema fiscal, el Gobierno español se limita a remitirse a las conclusiones del grupo de expertos que se presentarán en febrero de 2014.

Y pide más rapidez. "En muchos casos, las reformas todavía están pendientes de ser adoptadas o plenamente aplicadas, y su rápida y plena aplicación son claves para el éxito" del plan del Gobierno español. "La Comisión y el Consejo vigilarán la ejecución de las reformas", subraya el Ecofin.

Atar corto a las comunidades

Por lo que se refiere a la reforma laboral, los Veintiocho echan en falta "medidas para reforzarla todavía más". O sea, dar una vuelta de tuerca, que es lo que ya Bruselas aseguró que planeaba España. "Dicho esto, la reforma parece haber fomentado la flexibilidad interna de las empresas y la moderación salarial, limitando así la pérdida de empleo". "No obstante, no hay planes concretos para modernizar los servicios públicos de empleo, más allá de la cooperación con agencias privadas", señala el dictamen.

El Ecofin reclama además un refuerzo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con medidas como la publicación en plazo de los informes de evaluación trimestrales de los planes económicos y financieros de las comunidades autónomas y la aclaración de en qué momento se activarán sanciones contra las que incumplan el déficit.

En cuanto a la mejora de la calidad del gasto público, los Veintiocho reclaman atar corto a las CCAA. Quieren una "aplicación y vigilancia estrictas" de las medidas previstas en la reforma de la Administración Pública impulsada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para que generen los ahorros previstos, y ven necesario que sea asumida también por las comunidades autónomas si se quiere que dé resultados. En cuanto a la nueva autoridad fiscal independiente, cuya creación fue exigida por la UE, el Ecofin denuncia que "algunas disposiciones institucionales para garantizar su independencia funcional y operativa podrían haberse hecho más fuertes".

La Unión Europea revisará de forma "urgente" y "en los próximos días" sus relaciones con Egipto y "adoptará medidas" en respuesta a la violencia que sacude el país desde el desalojo de dos campamentos islamistas el pasado miércoles, según han anunciado el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el jefe de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

En un comunicado conjunto, recogido por Europa Press, Van Rompuy y Barroso han abogado por "el fin de la violencia, la reanudación del diálogo político y la vuelta del proceso democrático" en Egipto, país al que la UE ha apoyado "durante los últimos dos años" en su intento de avanzar hacia la democracia y al que considera un "aliado clave".

"Nos hemos implicado de forma frecuente y activa con los líderes de Egipto y las nuevas fuerzas políticas", han explicado, en una nota en la que han llamado a las autoridades a escuchar las peticiones de democracia y libertad formuladas por la población. Para Van Rompuy y Barroso, los acontecimientos de los últimos días son "extremadamente preocupantes" y han pedido contención a las partes para evitar una escalada de violencia de "consecuencias impredecibles".

"Lamentamos profundamente que los esfuerzos y propuestas de la comunidad internacional para tender puentes e iniciar un proceso político inclusivo, a los cuales la UE ha contribuido de forma activa, quedasen relegados y, en su lugar, se iniciase una confrontación", han agregado. Los líderes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea han apuntado que la senda de la violencia no supondrá ningún "éxito" para el país, por lo que han considerado "clave" su fin "inmediato". "No hay alternativa al diálogo", han subrayado.

Aunque Barroso y Van Rompuy han extendido a "todas" las partes el llamamiento a la "máxima contención", han señalado la "particular responsabilidad" que tienen las autoridades interinas y el Ejército para poner fin a los enfrentamientos. Así, y frente a quienes desde el actual Gobierno egipcio intentan defender la represión policial y militar, los líderes europeos han respondido que "no se puede justificar la violencia y las muertes de los últimos días. Han exigido el "respeto" de los Derechos Humanos y la liberación de todos los presos políticos.

El presidente de Francia, François Hollande, mantuvo el viernes sendas conversaciones telefónicas con la canciller alemana, Angela Merkel, el primer ministro británico, David Cameron, y el jefe del Gobierno italiano, Enrico Letta, para tratar de coordinar una respuesta europea a la crisis que atraviesa Egipto. De dichos contactos salió el compromiso, aún sin concretar, de adoptar medidas cuanto antes, al igual que se planteó una reunión inminente de los ministros de Exteriores de los Veintiocho.

Avanza la ilegalización de los Hermanos Musulmanes

El ministro interino de Solidaridad Social de Egipto, Ahmed al Borai, ha anunciado este sábado que el Gobierno ya ha adoptado los primeros pasos legales necesarios para disolver los Hermanos Musulmanes. 

Hoy, además, han sido detenidos 42 líderes de la hermandad durante una serie de redadas llevadas a cabo en las localidades de Alejandría y Gharbia, según fuentes del grupo islamista citadas por el periódico estatal 'Al Ahram'. Según informa Europa Press, la marcha convocada por los Hermanos Musulmanes esta tarde ha sido cancelada por motivos de seguridad.

El desmantelamiento de la organización islamista se ha convertido en un "deber legal" a raíz de los "actos terroristas" en los que se han visto involucrados, ha justificado Al Borai.

Será la Federación General de ONG la que estudie el caso y la que se pronunciará sobre su disolución en un plazo máximo de quince días, según ha informado el periódico egipcio Al Masry al Youm. Ningún tribunal tendrá que validarlo, según el ministro, habida cuenta de los "crímenes" cometidos por la Hermandad.

Al Sisi: "En Egipto hay sitio para todos"

El jefe del Ejército de Egipto, Abdel Fatá al Sisi, ha asegurado este domingo en un discurso dirigido a las fuerzas de seguridad del país que su mensaje para los seguidores del derrocado presidente Mohamed Mursi es que "en Egipto hay sitio para todos".

Estos son los primeros comentarios públicos que ha efectuado Al Sisi desde que las fuerzas de seguridad desalojaran el pasado miércoles los dos campamentos que los seguidores de los Hermanos Musulmanes tenían en El Cairo. Sin embargo, el jefe del Ejército ha advertido también de que "la violencia no será tolerada", a pesar de que los muertos en los enfrentamientos ya superan los 800. 

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han acordado este viernes acelerar la entrada en vigor del nuevo fondo de 6.000 millones de euros para combatir el paro juvenil y concentrar el gasto en 2014 y 2015, en lugar de en siete años como estaba inicialmente previsto.

España, cuya tasa de paro juvenil (56,4%) es la segunda más alta de la UE, sólo por detrás de Grecia, será la principal beneficiaria de este fondo, ya que recibirá 1.900 millones de euros en los próximos dos años, según las estimaciones que maneja el Gobierno.

Los jefes de Estado y de Gobierno han acordado, además, gastar en empleo juvenil el dinero sobrante del presupuesto comunitario en 2014-2016. Esto podría suponer una cantidad adicional de 2.000 millones de euros, lo que aumentaría el total a 8.000 millones, según ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho que la cifra de 6.000 millones de euros es "bastante impresionante" y ha resaltado que hay que gastar de forma "sensata" el dinero durante los próximos años antes de decidir si se necesitan más apoyos.

"Hemos adoptado una serie de decisiones que pueden crear y crearán empleos", ha afirmado Van Rompuy en rueda de prensa tras la primera sesión del Consejo Europeo. No obstante, ha admitido que "los niveles de paro son alarmantemente altos" y que "el problema no se resolverá de la noche a la mañana".

España y el resto de países beneficiarios deberán utilizar el dinero de la UE para financiar la denominada garantía juvenil: el compromiso de ofrecer a los menores de 25 años que dejen el sistema educativo un trabajo, prácticas o más formación en un plazo máximo de 4 meses. Para ello, deberán presentar un plan antes de que acabe el año.

Las conclusiones del Consejo Europeo no recogen la propuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que las bonificaciones para contratos juveniles no computen como déficit.

El adelanto de los fondos ha quedado despejado gracias al acuerdo final sobre el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020, sellado este jueves por el primer ministro irlandés, Enda Kenny, y los presidentes de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y de la Eurocámara, Martin Schulz.

Los líderes europeos han acordado también reforzar los programas de movilidad para que no se limiten únicamente a estudiantes universitarios, como el programa Erasmus, sino que incluyan también a la formación profesional. Y han apoyado la reunión sobre paro juvenil convocada por Merkel para el próximo 3 de julio en Berlín.

Mantener "la triple A" del BEI

Los líderes europeos también han debatido el plan de la Comisión y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para aumentar la financiación a las pymes de España, Italia y el resto de países del sur. Pero no han aprobado medidas concretas ni financiación adicional.

Bruselas ha propuesto tres alternativas usando como aval los fondos estructurales para movilizar hasta un máximo de 100.000 millones de euros, la opción favorita de España. Pero el Consejo Europeo ha retrasado la decisión hasta julio.

Van Rompuy ha explicado que todos los líderes europeos están de acuerdo en que es "esencial" que el BEI mantenga en este proceso la máxima calificación crediticia triple A, lo que limita el margen de apalancamiento al que podrá recurrir la entidad.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho este domingo que es "importantísimo" lograr un acuerdo sobre el rescate de Chipre "para el conjunto de la unión monetaria" y ha avisado de la "posibilidad de contagio" si el Eurogrupo no logra esta noche una "decisión concluyente".

Un acuerdo sobre el rescate "no solamente es importante para Chipre, es importante para el conjunto de la unión monetaria", ha dicho Guindos a su llegada a la reunión extraordinaria del Eurogrupo. "Entro confiado en que consigamos un acuerdo", ha resaltado.

"La posibilidad de contagio se pondría de manifiesto si la unión monetaria, en este caso el Eurogrupo, no es capaz de tomar una decisión que sea concluyente en relación con la economía chipriota", ha avisado el ministro de Economía.

"Eso es lo más importante en estos momentos: que seamos capaces de ponernos de acuerdo para llegar a una solución que sea concluyente para Chipre y que evite que se produzcan situaciones indeseables para el conjunto de la Unión", ha subrayado Guindos.

El Gobierno de Chipreha ha admitido este domingo que las negociaciones con la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional– atraviesan una "fase muy delicada" y ha emplazado a continuar las negociaciones.

En un comunicado, el Gobierno chipriota remarca que la situación es "muy difícil". Así pues, el presidente, Nicos Anastasiades, viajó a primera hora de este domingo a Bruselas para continuar las negociaciones de las condiciones del rescate financiero en el marco de la reunión extraordinaria del Eurogrupo.

Todo ello con el plazo límite del lunes impuesto por el BCE para que el Gobierno de Chipre y la troika alcancen un acuerdo. En este sentido, el Ejecutivo asegura en el comunicado que los "plazos límites son muy estrechos".

En caso de que no haya un acuerdo, el BCE sostuvo el pasado jueves que cortará el flujo de liquidez que nutre a las entidades financieras chipriotas, lo que podría abocar al país a la bancarrota.

En las horas previas a este comunicado, diversas informaciones apuntaban a un posible acuerdo y a profundas divergencias entre el Gobierno chipriota y la troika. La agencia Reuters, citando a una fuente anónima del Gobierno chipriota, informó de que el Ejecutivo de Chipre y la troika habrían acordado la aplicación de una quita del 20 por ciento a los depósitos superiores a los 100.000 en el Banco de Chipre, la principal entidad bancaria del país.

En cambio, poco después una fuente gubernamental desmentía bajo la condición de anonimato dicho acuerdo a la agencia estatal de noticias, CAN. Las posiciones de ambas partes han permanecido distanciadas debido a la intransigente postura del representante del FMI, quien, según dicha fuente chipriota, establecía "nuevos requisitos cada 30 minutos".