La Casa Real dio ayer jueves por cerradas sus “pesquisas” de casi cuatro meses sobre la herencia suiza que el rey recibió de su padre en 1993, pero lo hizo dejando abierta la principal incógnita del caso: si Hacienda recibió los impuestos correspondientes por el traspaso de los fondos–al rey le correspondieron dos millones de euros netos, 375 millones de las antiguas pesetas.

La Zarzuela dice tener la “convicción” de que el albacea del conde de Barcelona, un aristócrata fallecido en 2005, pagó los impuestos correspondientes antes de repartir la herencia. Pero, simultáneamente, dice no haber podido conseguir los documentos que acreditarían ese pago. Fuentes de la institución explicaron así a este diario la posición oficial: "No podemos decir que se han pagado [los derechos reales por herencia] porque no hemos visto el papel, pero de todas las pesquisas que hemos hecho tenemos la convicción de que así ha sido".

Según la versión oficial, el rey destinó al completo esos dos millones a “deudas y obligaciones” contraídas por los condes de Barcelona y a “otros gastos” cuyo carácter tampoco se especifica, por lo que cuando las dos cuentas de Suiza fueron cerradas a finales de 1995 ni un solo euro quedaba por repatriar. Desde entonces, aseguran fuentes oficiales de la institución, el jefe del Estado nunca ha tenido cuentas fuera de España.

Las explicaciones de la Zarzuela llegaron durante un encuentro informativo al que no fue invitado infoLibre. Por la tarde, fuentes oficiales de la Casa del Rey confirmaron por teléfono a este diario la ausencia de documentos acreditativos del pago de impuestos, dijeron no tener información sobre qué clase de deudas y obligaciones tuvo que afrontar el rey y agregaron que tampoco hay datos sobre a qué “otros gastos” se destinó parte del dinero, aunque deslizaron que la madre del monarca “vivió siete años más” que su marido.

LAS OTRAS INCÓGNITAS QUE NO ACLARA la ZARZUELA

01. ¿Compartieron las deudas las hermanas del rey?

Las fuentes consultadas frenaron en seco la pregunta sobre si las otras dos hijas del conde de Barcelona compartieron esas cargas. “Nosotros no informamos de las hermanas del rey”, fue la respuesta. No es posible, por tanto, saber por qué una herencia que, además del dinero suizo, incluía bienes en España y alcanzaba en conjunto un valor aproximado de seis millones de euros resultó insuficiente para evitar que uno de los herederos tuviese que satisfacer las deudas con su parte del legado.

02. ¿Por qué no conservaron el rey o la Casa Real los documentos tributarios?

Las fuentes consultadas sostienen que todas las gestiones corrieron a cargo del albacea, el conde de Gaitanes, y que los papeles no han aparecido. Por la mañana, y durante una comparecencia informativa, portavoces oficiales de la Casa Real adujeron que, incluso de haberse solicitado esos papeles a Hacienda, el fisco no los habría entregado a nadie salvo al rey. La incógnita aquí sigue siendo la de por qué no los reclama el monarca, otra de las cuestiones que esquiva la Zarzuela. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, sostiene que la Agencia Tributaria conserva los documentos de hace 20 años. No en su base de datos pero sí en los discos duros de la Agencia. Comprobar qué ocurrió, asegura José María Mollinedo, portavoz de Gestha, sería sencillo.

03. ¿Por qué las cuentas suizas siguieron casi dos años abiertas?

Sobre por qué las dos cuentas siguieron abiertas casi dos años tras la muerte de Juan de Borbón, la respuesta fue la siguiente: “Las dos cuentas se cierran a cero –una antes que otra– cuando se han pagado todas las deudas y obligaciones y algunos gastos”. Los fiscalistas denominan “masa hereditaria neta” aquella que queda una vez restadas las deudas, cargos y gastos a la herencia bruta. Y es la neta la que se reparte entre los herederos.

Más de tres meses ha tardado la Casa del Rey en "recabar información" y en dar una explicación de qué pasó con los más de mil millones de pesetas que dejó en herencia, a su muerte, el conde de Barcelona, de los cuales 375,62 millones fueron a parar al monarca. Este jueves llegó el día. Pero la Zarzuela ha dejado en el aire todavía más preguntas. Una, la fundamental: si se pagaron todos los impuestos en España una vez que se repatrió todo el dinero.

Según informaron fuentes de la institución a los periodistas, "existe la convicción" de que los albaceas adjudicaron la herencia y "liquidaron los impuestos", pero "no fue posible confirmar" si se cumplió con todas las obligaciones tributarias, ni por parte de Hacienda ni por parte de la Casa Real. Es decir, que "no hay papeles" que documenten que se pagaron los impuestos, ni en los archivos de la Zarzuela ni en los de Hacienda. Lo que sí dejaron claro las citadas fuentes es que "todas las cuentas bancarias" existentes en Suiza "fueron canceladas en 1995", que el dinero no fue transferido a ningún otro lugar (ni siquiera a un depósito en España) y que a día de hoy el jefe del Estado no tiene "ninguna cuenta en el extranjero".

El 31 de marzo, el diario El Mundo revelaba el jugoso legado que dejó a sus tres hijos Juan de Borbón a su fallecimiento, en 1993. El grueso lo componían tres depósitos bancarios en Suiza –dos en Lausana, otro en Ginebra– por valor de 728,75 millones de pesetas. Otros 350 millones de la herencia procedían de propiedades inmobiliarias en Madrid y en Estoril. El total, más de mil millones. El monarca fue el más beneficiado. Recibió 375.628.150 pesetas en tres cheques que fueron ingresados, según contaba entonces el rotativo, el 21 de octubre de 1993 en una cuenta de Sogénal en Ginebra.

Indagaciones impulsadas por Spottorno

Conocida la información, el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, llevó a cabo las indagaciones. Lo hizo en Société des Banques Suisses (donde el conde tenía parte de sus fondos), entidad que ya no existe y que forma parte de UBS. También desapareció Sogénal (Société Général Alsacienne de Banques), absorbida por Société Générale. La Zarzuela alegó hoy que no había podido "contrastar" la información, porque los bancos suizos "no guardan los registros" después de diez años, y han pasado 20 desde la muerte de Juan de Barcelona y 18 desde el proclamado cierre de las cuentas en el país helvético. La Corona también explicó que no tenía forma de confirmar los datos por la vía de los albaceas, porque el responsable murió "hace siete años". Tampoco ha podido cotejar la cuatía del legado, cifrado por El Mundo en 375 millones de pesetas, unos dos millones de euros. 

Esos dos millones de euros que le correspondieron al rey no acabaron en ninguna entidad financiera española y se gastaron, siempre según la institución, para pagar "deudas y obligaciones de los condes de Barcelona y en otros destinos". ¿Cuáles? La institución no aclara tampoco demasiado, y lo atribuye al pago del tratamiento del padre del monarca en la clínica de Navarra en la que fue atendido y en la que falleció, víctima de un cáncer. Y también, aseguraron las fuentes, en los cuidados de la condesa de Barcelona, María de las Mercedes, hasta su muerte, en enero de 2000.

La Casa Real proporcionó todas estas explicaciones en un encuentro informativo con periodistas al que no fue invitado infoLibre "por su condición de medio digital". La institución sí contactó posteriormente con este diario telefónicamente.

La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía dio ayer lo que su propio auto define como “un paso cualitativo” al imputar a la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, junto con otros 17 exaltos cargos y un cargo actual del Gobierno autonómico. La magistrada Mercedes Alaya imputa a Álvarez, hoy vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), por haber aprobado como consejera de Economía las normas legales y los procedimientos que permitieron el reparto discrecional de ayudas por expedientes de regulación de empleo (ERE) y abrieron la puerta al “dispendio continuado de fondos públicos”.

Ese sistema, implantado por una orden de 2003 en la que "que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación", siguió siendo utilizado cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, sucedió a Álvarez como consejero de Economía en 2004. En la práctica, la juez está colocando así a Griñán en el ojo del huracán de un caso convertido en talón de Aquiles del PSOE y trufado de episodios escandalosos, desde el reparto de ayudas millonarias a empresas controladas por cargos locales socialistas de la Sierra Norte sevillana a la incorporación de familiares y amigos como intrusos en distintos ERE.

El PSOE habla de "causa general"

Que el auto de Alaya, fechado el 28 de junio pero conocido ayer, marca un punto de inflexión lo corrobora un hecho: por primera vez desde que hace dos años y medio comenzaron las investigaciones, el número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, acusó ayer a Alaya de impulsar “una causa general” contra los Gobiernos de Chaves y Griñán.

El Gobierno andaluz, que ejerce la acusación particular en el caso, guardó silencio, aunque algunos dirigentes expresaron en privado su malestar con el hecho de que el auto considere delito la aprobación de normas legales, un hecho que califican de “inédito”. “Es como si culparas de un accidente de tráfico al que ha fabricado el coche”, ejemplificó una fuente.

Como presidente andaluz, Griñán solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo, lo que obligaría a Alaya a abandonar total o parcialmente la investigación si observa indicios de delito en su conducta. Hace una semana y en un gesto que se presta a nuevas lecturas tras el auto de Alaya, Griñán anunció que no optará a la reelección y dio el pistoletazo de salida para que el PSOE elija a un nuevo candidato a la Junta. A priori, la favorita en las primarias del 29 de julio es la consejera de Presidencia, Susana Díaz, cuyo número dos, Antonio Lozano, figura en la lista de nuevos imputados como el único alto cargo en ejercicio.

¿Sabía Griñán lo que se avecinaba? Sus portavoces lo niegan, pero la resolución de la juez añade dudas al porqué de su inesperado y desconcertante anuncio de retirada cuando la legislatura no ha cruzado aún el ecuador.

El sistema empleado durante la etapa de Álvarez como consejera puede resumirse así: utilizar para el pago de ayudas sociolaborales las llamadas transferencias de financiación –es decir, aportaciones dinerarias para el funcionamiento general del ente, o departamento receptor o para equilibrar sus cuentas– y hacerlo sin los preceptivos controles. Ese sistema, dice el auto, "habría permitido la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora, en la que se requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención".

Dosificar los tiempos

Censurada por la Cámara de Cuentas, esa práctica continuó vigente oficialmente hasta 2010, aunque, una vez anulada, la juez sostiene que se siguió empleando. Por qué, si el sistema se mantuvo, la juez imputa a Álvarez, aún sin fecha para su declaración, y no inicia los trámites para que el Supremo haga lo mismo con Griñán plantea la incógnita de si está dosificando los tiempos o si, por el contrario, maneja algún factor diferenciador todavía desconocido.

En el caso hay un precedente similar al fenómeno de la dosificación de imputaciones que afecta a dos políticos socialistas de menor importancia, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera. Ambos –el primero como presidente de un organismo de la Junta, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), y el segundo como consejero de Empleo- firmaron en 2001 un convenio marco por el que, en la práctica, las ayudas quedaron exentas de fiscalización.

Por ese convenio, la juez dictó hace un año prisión incondicional para Fernández, quien finalmente y previo recurso logró la libertad tras pagar 450.000 euros de fianza. El otro alto cargo que rubricó el convenio, José Antonio Viera, ni siquiera está imputado. Viera ocupa un escaño en el Senado, lo que le garantiza el aforamiento ante el Supremo.

La clave argumental del auto se localiza en el informe de fiscalización aprobado por la Cámara de Cuentas de Andalucía en octubre de 2012. La juez Alaya reproduce varios pasajes de ese informe, que califica de “inadecuada” la fórmula que permitió abonar subvenciones con dinero procedente de transferencias de financiación. “En las sucesivas leyes de presupuestos de la comunidad autónoma (…) se ha utilizado de forma inadecuada la figura de las transferencias de financiación”, dice el informe, que a renglón seguido expone las consecuencias de ello.

Una de esas consecuencias es esta: “En el proceso de ejecución presupuestaria se han tramitado como transferencias de financiación expedientes de gastos de subvenciones excepcionales, obviando el procedimiento administrativo legalmente previsto para gastos de esta naturaleza”. En el cierre del entrecomillado se encuentra el misil. La juez considera desviados los 700 millones que entre 2001 y 2010 conformaron la partida 31L de ayudas sociolaborales. Y parte de una premisa: sin el marco legal que permitió esquivar los controles no habría sido posible la malversación a gran escala.

La resolución judicial no atribuye ningún delito concreto a Magdalena Álvarez pero la señala como “la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación”, las utilizadas como camuflaje, según Alaya, para abonar las ayudas sociolaborales.

Más allá de 2004, cuando Zapatero la nombró ministra de Fomento, la juez no habla de Álvarez. Pero dicta la imputación de otros exaltos cargos de distintas consejerías que en años posteriores aplicaron el mismo sistema. De hecho, entre los nuevos imputados figura Manuel Gómez, que fue interventor general de la Junta hasta abril de 2010. Gómez intentó meses atrás desmarcarse sin éxito de lo sucedido: en declaraciones al diario ABC, llegó a señalar a Griñán como responsable directo de “cebar sin descanso” la partida de ayudas sin control.

Desde que la juez emprendió sus investigaciones hace dos años y medio , el PSOE andaluz había mantenido una actitud de prudencia pública y respeto a sus actuaciones. Ayer, la imputación de Magdalena Álvarez rompió el molde. Emulando al portavoz del PP, Carlos Floriano, en sus acusaciones sobre la instrucción del caso Gürtel, el número dos de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, saltó por la tarde a la yugular de Alaya.

La juez, espetó Jiménez, intenta trasladar a la opinión pública a través de sus autos “una causa general contra los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán sin ningún sentido”. Pese a lo anterior, el vicesecretario general del PSOE andaluz se declaró “absolutamente respetuoso” con la instrucción, si bien introdujo otra cuña al afirmar que “no existen las casualidades”. Era esa una referencia casi explícita al hecho de que la notificación del auto haya coincidido con la celebración del comité director del PSOE andaluz, máximo órgano de dirección entre congresos, y con el arranque de las primarias.

Era de esperar. La Zarzuela, siempre tan alérgica a facilitar cualquier mínimo dato sobre el patrimonio del monarca, guarda silencio hoy domingo. Prefiere no hablar, no explicar nada sobre la fortuna de 1.100 millones de pesetas que el padre del rey dejó en herencia a sus tres hijos. No confirma ni desmiente, por ahora, la información publicada este domingo por el suplemento Crónica del diario El Mundo. Preguntadas por infoLibre, fuentes oficiales de la institución descartaron hacer cualquier comentario, informa Juanma Romero. 

El rotativo de Unidad Editorial elabora un minucioso relato del legado de Juan de Borbón y Battenberg, fallecido el 1 de abril de 1993 antes de cumplir 80 años. 20 años de su fallecimiento que se cumplirán exactamente mañana. El diario desgrana el contenido de la documentación "Tramitación y cumplimiento de las voluntades testamentarias", que da cuenta de la sustanciosa herencia y su reparto. El grueso lo componen tres cuentas bancarias en Suiza –dos en Lausana, ciudad en donde la familia real permaneció durante la II Guerra Mundial, y otra en Ginebra–, por valor de 728,75 millones de pesetas. Más de 350 millones de pesetas era el valor de las propiedades inmobiliarias: un chalé familiar en Puerta de Hierro (Madrid), un inmueble de oficinas en la Gran Vía de la capital y un apartamento en Estoril (Portugal). 

Los documentos se refieren a la primera de las cuentas como la "de usufructo" y estaba depositada en Lausana, en la Société de Banques Suisse. Contenía 3.577.851 francos suizos (FS), cantidad de la que se descontó un montante equivalente a 50 millones de pesetas que Juan de Borbón destinó expresamente a su hija menor, la infanta Margarita, invidente desde su nacimiento. En la segunda, en la "cuenta corriente de Lausanne", se guardaba 1.622.324 FS. Y en la tercera, la "cuenta corriente de Ginebra", almacenaba otros 2.755.600 FS. El total asciende, recuerda El Mundo, a 7.955.775 FS que, según el cambio de la época (91,6 pesetas en octubre de 1993, cuando se liquidó la herencia), suponía 728,75 millones de pesetas. Si se aplican las subidas del IPC de estos 20 años, los 728,75 millones de pesetas de entonces son 7,857 millones de euros de hoy. 

Que no quedase afectada la "imagen" del conde

El dossier daba algunas pautas de qué hacer con el ingente volumen de dinero. Allí se decía que la cuenta "de usufructo" se dejara abierta, y tal y como estaba –aunque sin los 50 millones para Margarita–. De los restantes saldos "debe tomarse el acuerdo de no repatriar oficialmente ninguna cantidad, por cuanto de una parte no son cantidades de relieve y podrían crear sin embargo el beneficio de la duda sobre la existencia de cifras mayores". Más aún: "La imagen y prestigio de SAR el conde de Barcelona podría quedar afectada, ya que de todos ha sido siempre conocida la inexistencia de una fortuna o recursos importantes", alegaban los albaceas. El Mundo, sin embargo, reitera con datos que, contrariamente a lo que siempre se pensó y se dijo, Juan de Borbón sí murió "rico", con unas finanzas más que boyantes. 

Las voluntades testamentarias, no obstante, no se cumplieron. Según el relato del diario, de la cuenta "de usufructo" salieron 229 millones de pesetas para el rey y 50 millones para su hermana Margarita. Otra parte se destinó a cubrir "gastos de la casa de los condes de Barcelona y en indemnizaciones al personal de la misma". La cuenta quedó abierta con 24,36 millones. Del segundo depósito de Lausana, de 146,4 millones de pesetas, cada hijo recibió equitativamente 48,8 millones. La tercera cuenta, la de Ginebra, también se fragmentó en tres lotes, pero al final el monarca acabó heredando una parte mayor (97,8 millones), por los 82,5 millones de Pilar y los 73,5 de Margarita. Se debe, razona el periódico, al traspaso de los "derechos reales" de las dos infantas a su hermano. La hija menor abonó además a cada uno de sus dos hermanos tres millones de pesetas para poder quedarse así con el apartamento de Estoril, una propiedad al margen de Villa Giralda, la residencia oficial de los condes en su exilio en Portugal. Pendientes de distribución quedaron el inmueble de Gran Vía y el chalé de Puerta de Hierro. 

Entre 120 y 130 millones de María de las Mercedes en 1993

En resumidas cuentas, ¿cuánto recibió cada hijo de la herencia de Juan de Borbón? El más beneficiado fue Juan Carlos, a quien por cierto su padre transfirió los derechos dinásticos después de su coronación como rey, el 14 de mayo de 1977. El monarca recibió 375.628.150 pesetas en tres cheques. que fueron ingresados el 21 de octubre de 1993 en una cuenta de Sogénal (Société Général Alsacienne de Banque) en Ginebra. Como dice el rotativo, "se desconoce qué sucedió a partir de ahí con el dinero", si se quedó en Suiza, si se repatrió y se pagaron los correspondientes impuestos al fisco, si se reinvirtieron... Aspecto que este domingo no quiso aclarar la Zarzuela. 

La segunda más favorecida fue la infanta Margarita, 172,3 millones (contando los 50 millones restados a la cuenta "de usufructo" antes de la liquidación de la herencia) y el apartamento de Estoril. Pilar de Borbón recibió 131,4 millones de pesetas, que fueron convertidas a dólares y enviadas a una cuenta de JP Morgan en Nueva York. 

A todo ello habría que sumar el patrimonio de María de las Mercedes de Borbón, de cuyo cuidado se encargó su hijo, el rey. A la muerte de su marido, la condesa de Barcelona, siempre según El Mundo, disponía de unos 120-130 millones de pesetas.