Un Gobierno socialista propone anular la reducción fiscal que tienen los matrimonios por declaración conjunta para fomentar la incorporación de las mujeres al trabajo.

Primero: ¿A quién beneficia esta decisión a dos días de las elecciones en Madrid?

Segundo: ¿Es que las mujeres no trabajan porque no quieren?

Tercero: ¿A qué clases sociales perjudica la decisión?

Estoy desconcertada.

Victoria Flores es socia de infoLibre

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, es propietario junto a su mujer de un chalé en Javea a nombre de una sociedad, según ha publicado el digital OK Diario, que asegura que el ministro elude el pago de cuatro tipos de impuesto mediante esta fórmula. 

El nombre de la sociedad es Copenhague Gestores de Inmuebles SL. y fue creada simultáneamente a la compra del inmueble, el 4 de febrero de 2005. El objeto de esta empresa es el de "gestión y asesoramiento en operaciones inmobiliarias" y, además, el de "promoción, construcción y venta de inmuebles", recoge el periódico. La sociedad patrimonial está administrada por el ministro, Pedro Duque Duque, y por su mujer, María Consuelo Femenía Guardiola y no tiene empleados.

Las ventajas fiscales derivadas de esta estructura son múltiples, asegura el digital. Permite eludir el pago de la "renta presunta en el IRPF" –un pago que se realiza por la propiedad de una segunda vivienda–, evita pagar el Impuesto del Patrimonio, permite deducir gastos en el Impuesto de Sociedades y se puede traspasar la firma en una herencia como sociedad, abaratando la factura fiscal. 

Expertos en fiscalidad consultados por El Español mantienen, sin embargo, que los impuestos que podría haberse ahorrado el ministro no compensan los costes de constitución de la sociedad, por lo que los beneficios serían "insignificantes". Aseguran, además, que la fórmula es legal y que el chalé habría pasado perfectamente una inspección de la Agencia Tributaria.

El exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo ha diferenciado entre los casos del exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta y el del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y ha afirmado que registrar una vivienda a nombre de una sociedad, como ha hecho Duque con su casa de Jávea (Alicante), supone "un ahorro absolutamente legal".

Según ha explicado en una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, "básicamente" la diferencia entre registrar un domicilio a nombre de una persona física o de una jurídica reside en los impuestos afectados".

En este sentido, se da un ahorro sobre el IRPF, ya que las personas físicas deben tributar por el hecho de tener una segunda vivienda mediante el pago de un porcentaje sobre su valor catastral. El ministro está exento de este pago ya que su domicilio de Jávea está a nombre de la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles SL.

El exdirector de la Agencia Tributaria ha explicado que podría darse un segundo ahorro, también legal, en el Impuesto sobre el Patrimonio. No obstante, ha detallado que por las cantidades publicadas por OK Diario, el ministro tampoco debería pagar por este impuesto aunque la vivienda sí estuviese a su nombre, ya que en la Comunidad de Madrid, donde reside, existe una exención hasta los dos millones y medio de euros. "Habría que ver el patrimonio total del señor Duque, cosa que desconocemos", ha apuntado, aunque ha insistido en que "también sería legal".

"Por lo que se ha publicado no hay ninguna irregularidad y una inspección de Hacienda al señor Duque por el tema que ha salido no hubiera tenido ninguna consecuencia", ha aseverado Ruiz-Jarabo, y ha añadido que a un contribuyente "no se le puede pedir que pague más de lo que las leyes exigen o que renuncie a acogerse a medidas legales". Según él, lo que hay que preguntarse es si es "razonable" que "se penalice más" a la persona física que a la jurídica.

El Ministerio de Ciencia e Innovación sostiene que "nada de lo publicado" por OK Diario, sobre la creación de una sociedad instrumental por el ministro Pedro Duque para eludir supuestamente el pago de impuestos, constituye "ilegalidad e irregularidad alguna". Por su parte, desde Moncloa se apunta que"no hay caso. Pedro Duque es un gran ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, además de un ciudadano ejemplar", ha afirmado Presidencia del Gobierno en un breve comunicado.

Reacciones

Unidos Podemos y Compromís han exigido este jueves explicaciones al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque: "Si esto es así, habrá que analizar bien la información y pedir las explicaciones convenientes, y si no son convincentes, exigiremos responsabilidades", ha manifestado el diputado de Unidos Podemos Segundo González en los pasillos del Congreso.

Por su parte, el portavoz par Compromís, Joan Baldoví, ha apuntado que habrá que escuchar las explicaciones del ministro y de los responsables de Hacienda para ver "si esto se permitía" cuando Duque adquirió esa vivienda. "En todo caso, acabando de saber la noticia, no parece que suene muy bien", ha concluid

El secretario general de Ahora Podemos, Pablo Iglesias, en declaraciones a la Cadena Ser al ser preguntado sobre el chalet de lujo que el ministro posee en Jávea, sostiene que "cualquier información de este tabloide hay que cojerla con pinzas", (refiriéndose al medio donde se ha publicado la noticia, OK diario) aunque también ha citado de manera sucinta las palabras de Pedro Sánchez del 9 de febrero de 2015 en esta misma cadena de radio en la que el presidente declaró: "Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagarla mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estará fuera de mi ejecutiva",

El PP, por su parte,  ha comparado este jueves el caso que salpica al ministro de Ciencia y Universidad, Pedro Duque, con el que provocó la dimisión de Màxim Huerta al frente del Ministerio de Cultura y le ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dijo que haría dimitir a cualquier miembro de su Ejecutiva que tuviera una "sociedad interpuesta" para eludir impuestos.

En declaraciones en Antena 3, recogidas en Europa Press, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha dibujado una comparación entre el caso de Duque y la polémica que rodeó al exministro de Cultura y Deportes Màxim Huerta y que a la postre le costó el puesto tras una semana en el cargo.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado en un mensaje en Twitter que Sánchez estableció en 2015 un listón ético para las personas de su partido que usaran una sociedad interpuesta para defraudar a Hacienda, unas declaraciones que hizo en mitad de la controversia que salpicó entonces al dimitido ministro del PP José Manuel Soria y al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

"Sabemos que Pedro Sánchez es experto en rectificaciones. Después de las informaciones que desvela okDiario, va a ser difícil salir de esta sin que los españoles sintamos que se ríe de nosotros", ha subrayado García Egea su perfil en la red social.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recordado a Pedro Sánchez que los exministros José Manuel Soria y Màxim Huerta tuvieron que dimitir "por motivos fiscales".

Rivera, en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, ha recordado que "Sánchez hizo una moción de censura contra el Gobierno electo por la ejemplaridad", porque "dijo que era intolerable la falta de ejemplaridad" del presidente Mariano Rajoy.

Asimismo, ha recordado que Pedro Sánchez dijo en el debate de la moción de censura que "en Alemania quien copia o plagia ha tenido que dimitir" y se ha preguntado si "Pedro Duque fuera el ministro del PP o Ciudadanos que diría (el presidente del Gobierno)".

Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declara que la prestación por maternidad abonada por la Seguridad Social está exenta del IRPF. Según recoge Cinco Días, la decisión contradice el criterio de la Agencia Tributaria y, aunque no genera jurisprudencia, abre la puerta a que otros beneficiarios reclamen la devolución de este impuesto.

La Seguridad Social abona el sueldo de las trabajadoras que dan a luz y que tienen derecho a 16 semanas de baja. El salario que perciben es equivalente a la base de cotización y la Agencia Tributaria siempre ha considerado que la ayuda debe tributar. Sin embargo, el TSJM ha estimado que entra dentro de las rentas exentas que contempla la ley del IRPF, que reza así en el artículo 7, letra h: "(...) Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales". Hacienda considera que esta última línea diferencia claramente entre las prestaciones autonómicas y locales y el resto y el tribunal defiende que la norma amplía el beneficio fiscal y no actúa como restricción.

Según señalan fuentes consultadas por Cinco Días, Hacienda seguirá negando la exención, pero la sentencia abre un camino para que otras personas reclamen en los tribunales una rectificación de autoliquidación del IRPF en la que soliciten la devolución de lo tributado por la prestación de maternidad. Los cálculos apuntan a que si la interpretación del TSJM se extiende, el impacto de devolver el IRPF abonado por la ayuda alcanzaría los 1.300 millones de euros y afectaría a un millón de contribuyentes.

La sentencia del TSJM por la que se ha abierto de nuevo el tema –zanjado por la Agencia Tributaria en 2013 con una nota informativa ante una cadena de SMS que llamaba a reclamar la exención, informa el diario económico– ha dado la razón a una contribuyente que solicitó la devolución de 3.135 euros. La petición de rectificación fue denegada por el organismo en 2014. Si otros beneficiarios de la prestación de maternidad quisieran seguir sus pasos, apunta el diario, tendrían primero que dirigirse a Hacienda y, ante su negativa, acudir al Tribunal Económico Administrativo y, posteriormente, al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad.

La campaña de la renta de 2015, la primera que recogerá la modificación en dos fases del IRPF aprobada por el Gobierno del PP, Gobierno del PP, arrancará este miércoles, 6 de abril, con la presentación por internet tanto del borrador de la renta como de la declaración propiamente dicha, según el calendario de la Agencia Tributaria recogido por Europa Press.

La declaración presencial de la renta en las oficinas de la Agencia Tributaria, por su parte, empezará el 10 de mayo y se extenderá hasta el 30 de junio. En el caso de las declaraciones con resultado a ingresar y que se quieran domiciliar, el plazo concluye el día 25 de junio, salvo que se opte por domiciliar únicamente el segundo plazo, en cuyo caso la confirmación y presentación podrá realizarse hasta el 30 de junio.

Los contribuyentes podrán fraccionar en dos partes, sin interés ni recargo alguno, el importe de la deuda tributaria, si resultase de su declaración del IRPF: la primera, del 60% del importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda, del 40% restante, hasta el 7 de noviembre de 2016, inclusive.

Para obtener el número de referencia que permite acceder al borrador o datos fiscales, hay que comunicar el número de identificación fiscal, el importe de la casilla 490 de la declaración del año 2014 y el número de móvil en el que desean recibir por SMS el número de referencia.

Además, la Agencia Tributaria remite por correo ordinario el borrador o datos fiscales a los contribuyentes que lo solicitaron expresamente en la declaración del año anterior, siempre que no se hubieran obtenido con anterioridad por cualquiera de los medios telemáticos anteriores.

Reducción del IRPF

Esta campaña de la renta es la primera que se llevará a cabo tras la modificación del IRPF que entró en vigor el 1 de enero de 2015 y que posteriormente se volvió a cambiar en julio, adelantando así medio año la segunda parte de los ajustes que iban a entrar en vigor en 2016. En concreto, la tarifa de 2015 va desde el tipo mínimo del 19,5% para las rentas inferiores a 12.450 euros hasta el marginal del 46% para las rentas que superen los 60.000 euros anuales.

Otra de las novedades más significativas es la supresión de la deducción por alquiler, si bien se articula un régimen transitorio para los alquileres de vivienda efectuados con anterioridad a 2015 de manera que la supresión sólo afectará a los nuevos arrendamientos.

Asimismo, este año se recoge en la declaración de la renta la supresión de la reducción sobre la base imponible por cuotas de afiliación y demás aportaciones a partidos políticos, que a partir de ahora darán derecho a una deducción del 20%, con una base máxima de 600 euros anuales.

Entrada en vigor de la Renta web

Otra de las novedades de la Campaña de la Renta 2015 es la puesta en marcha del nuevo sistema denominado Renta web, al que se accederá en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y que, en la práctica, supondrá una propuesta de declaración, como venía siendo el borrador, pero más sencilla y ampliada a todos los contribuyentes, salvo para los declarantes de renta de actividades económicas, para los que queda relegado el programa Padre.

Según fuentes de la AEAT, la primera ventaja será que el contribuyente verá despejados obstáculos directamente relacionados con la descarga informática del programa Padre.

Además, hasta ahora el borrador sólo recogía unas determinadas rentas. Con el nuevo sistema, todos los contribuyentes accederán a su propuesta de declaración directamente en la sede electrónica de la AEAT a la que se llega a través de su web.

Al margen, la AEAT seguirá remitiendo al domicilio del contribuyente la propuesta de declaración en papel, no así en el caso de las propuestas parciales que deben ser completadas, en cuyo caso se seguirán remitiendo los datos fiscales.

Este nuevo borrador ampliado no servirá para hacer la declaración en el caso de aquellos que cuenten con rendimientos por actividades económicas, para los que seguirá funcionando el programa Padre. No obstante, cualquier contribuyente que quiera seguir presentando su declaración por este sistema podrá seguir haciéndolo.

¿Quiénes tienen que declarar?

En cuanto a los obligados a declarar, se mantiene en 22.000 euros los rendimientos íntegros de los contribuyentes que no están obligados a presentar la declaración de la renta cuando procedan de un sólo pagador (si tienen más de un pagador la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes no puede superar los 1.500 euros), y se eleva a 12.000 euros la renta máxima anual que exime de esta obligación a los contribuyentes que tienen más de un pagador y siempre que la suma del segundo o de los restantes pagadores sea superior a 1.500 euros.

Sí están obligados a declarar aquellos contribuyentes que aún teniendo rentas del trabajo inferiores a los 22.000 euros anuales, se hayan aplicado deducciones por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional, así como reducciones en la base imponible por aportaciones a planes de pensiones, a mutualidades de previsión social, a planes de previsión asegurados o a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.

El portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo, señala que no es fácil que un funcionario de la Agencia Tributaria de a pie filtre información fiscal de contribuyentes porque todos sus movimientos quedan registrados. Es parte de su respuesta a la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, que centró sus críticas contra los servidores públicos del Ministerio de Hacienda tras desvelar infoLibre que en 2013 Aguirre recibió 369.000 euros de ingresos por su trabajo como cazatalentos.

Mollinedo añade, además, que "la politización de la Agencia Tributaria no es una circunstancia exclusiva de este Gobierno", aunque dice que en los últimos tiempos, "sobre todo a raíz del nombramiento de Santiago Menéndez, ha habido una cadena de acontecimientos que indican esa utilización de la información tributaria para manejarla con fines e intereses políticos".

PREGUNTA-. Horas después de que infoLibre publicara sus datos fiscales de 2013, Esperanza Aguirre arremetió contra la Agencia Tributaria y dijo que este organismo está "trufado de gente que hace filtraciones de un candidato días antes de las elecciones". ¿Qué le parecen estas declaraciones? 

RESPUESTA-. Se puede entender que la primera sospecha es que la fuente de esa información parte de la Agencia Tributaria. Pero quizá habría sido más lógico que teniendo en cuenta que es una persona que tiene acceso al ministro de Hacienda primero le hubiera preguntado a él. Pero llevar la denuncia ya escrita e ir en el autobús con los periodistas a la Fiscalía responde a su forma de ser y actuar de forma expeditiva. 

P-. Este viernes Aguirre apuntó también a unos funcionarios de Hacienda que la llamaron hace meses para pedirle "aclaraciones" por unas colaboraciones en la Cadena Cope. 

R-. Ponerse en contacto con los contribuyentes no es nada atípico, nada excepcional. De hecho, el grueso del trabajo de la Agencia Tributaria es requerir a ciudadanos para que hagan alguna aclaración en su declaración. En 2014 se realizaron en la Agencia Tributaria un mínimo de 1.654.358 actuaciones distintas de control tributario con conocimiento del contribuyente. 

P-. ¿Qué diferencia encuentra entre la reacción que ha tenido el Ministerio de Hacienda ante la difusión de estos datos y la que ha tenido ante otras filtraciones?

R-. En todos los casos nos hemos posicionado en contra de la filtración de datos fiscales de contribuyentes. Nos alegramos de que el ministro haya hecho ese cambio de actitud en este caso para garantizar que se ha cumplido el deber de confidencialidad. Pero eso no es algo que haya pasado siempre. No ocurrió cuando se filtraron las actuaciones que la Agencia Tributaria estaba llevando a cabo contra deportistas o artistas, anunciadas por el propio ministro aunque sin decir nombres. Filtraciones ha habido muchas. 

P-. ¿Puede detallar alguna más? 

R-. Se han filtrado datos sobre la situación fiscal de la familia Pujol, sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas, sobre la multinacional Cemex, el día anterior a su detención también se filtró que Rodrigo Rato se había acogido a la amnistía fiscal... otro caso es el de Juan Carlos Monedero [exnúmero tres de Podemos], que fue muy paradigmático porque conocimos todos los detalles de su situación fiscal y económica. 

P-. ¿Con alguno de esos temas llegaron a abrirse investigaciones internas como ha ocurrido ahora? 

R-. Solo en el caso de Cemex y porque aparecieron informaciones sobre un despacho, Equipo Económico, que se había interesado por la empresa para tratar de anular la sanción de 450 millones que le había impuesto la Agencia Tributaria. En aquella ocasión que salieran esos datos a la luz pública no gustó al ministerio y sí se abrió una investigación, aunque no se determinó qué persona o personas pudieron facilitar esa información a los medios. Sí hay tres personas que fueron relegadas de sus puestos de libre designación aunque estas destituciones se vincularon no a la filtración sino a no haber asumido las injerencias que se estaban realizando para que se anulara la sanción a Cemex en vía administrativa. Parece que hubiera dos varas de medir, una de abrir investigaciones internas cuando el sentido de la filtración no gusta y otra más permisiva que es cuando la filtración no nos disgusta.

P-. ¿Considera, entonces, que la Agencia Tributaria está politizada? 

R-. La politización de la Agencia Tributaria no es una circunstancia exclusiva de este Gobierno. Pero es cierto que en los últimos tiempos, sobre todo a raíz del nombramiento de Santiago Menéndez, ha habido una cadena de acontecimientos que indican esa politización, esa utilización de la información tributaria para manejarla con fines e intereses políticos. Del anterior Ejecutivo se recuerdan las investigaciones solo a los clubes de fútbol de aquellos municipios que estaban gobernados por el partido de la oposición a nivel estatal o el trato de favor que desde nuestra organización denunciamos por presunta prevaricación administrativa de la Agencia Tributaria cuando a las personas que eran titulares de las cuentas del HSBC en Suiza en vez de abrírsele una inspección se le pidió que presentaran declaraciones complementarias.

P-. ¿Qué sistema tiene la Agencia Tributaria para preservar la confidencialidad de los datos fiscales de los contribuyentes? 

R-. Desde hace bastantes años, la Agencia Tributaria cuenta con un sistema que deja rastreo sobre con qué clave se ha accedido desde cada puesto de trabajo a las bases de datos detallando la hora exacta y a qué informaciones se han consultado. Es decir, deja rastro de todo el movimiento. Cuando accedes a los datos de un contribuyente tienes que poner el motivo. Y periódicamente el encargado de seguridad de cada delegación pide a determinados funcionarios que concreten los motivos por los que accedió a cada expediente y que los justifique. Por ejemplo, está prohibido el acceso a familiares o a tu propia información tributaria. Hay mucha experiencia y los funcionarios saben que su actuación deja rastro. No es imposible, pero no es fácil que un funcionario de a pie filtre información. En el resto de casos de los que hemos hablado las filtraciones han sido a un nivel mucho más alto porque quien filtra sabe que no deja huella. A los datos de la amnistía fiscal, por ejemplo, no tiene acceso un funcionario, sino la dirección de la Agencia Tributaria.

El Gobierno ha modificado la ley del IRPF y del I.V.A, que afecta a miles de ciudadanos y trabajadores autónomos. Hemos intentado que rectifiquen, a través de enmiendas en el Senado a la reciente Reforma Fiscal aprobada por el Partido Popular, solicitando al Ministerio de Hacienda que permita mantener en el régimen de tributación de “módulos” a los transportistas autónomos con uno o dos camiones dedicados al transporte pesado.

Se trata de un sector de más de 34.000 empresas que tributan por dicho sistema, lo que significa aproximadamente el 50% de las empresas que operan en el sector.

Tanto UPATRANS como los representantes de FETRANSA, FENARPOT, UNIATRAMC y A.T.A. hemos pedido una entrevista con el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no se ha dignado recibirnos.  Los transportistas, nos hemos reunido con los senadores de distintos partidos, de Castilla y León, País Vasco, Valencia y Cataluña. Les hemos informado de algunos de los efectos negativos de esta reforma. En general la acogida que tuvieron nuestras propuestas fue buena en todos los partidos, incluido el Partido Popular, no obstante ésta acogida se ha traducido de manera diferente a la hora de la presentación de enmiendas, de tal manera que casi toda la oposición, PSOE, IU, Entesa y CIU sí presentan alguna enmienda relacionada con el tema planteado sin embargo el P.P. al final no se ha hecho eco de nuestras inquietudes.

La reforma dificulta y encarece la gestión de tributación para el pequeño autónomo, elimina el conocimiento previo del coste fiscal anual para el transportista independientemente de cual sea la situación del sector y fulmina la equiparación que existe en la actualidad de equilibrio competencial entre las pequeñas empresas. Además, estimula el fraude fiscal al incentivar la no emisión de facturas, ocasionando una disminución en la recaudación, facilita la entrada de transportistas de otros países en el mercado nacional, internacional y el cabotaje al contar estos con menor presión fiscal y reducidos costes laborales y fortalece a los grandes consorcios nacionales que finalmente son los verdaderos beneficiarios de esta reforma, al perder el pequeño transportista las pocas ventajas que hasta ahora les permitía optar en condiciones de “dignidad” al mercado del transporte.

Este ataque a los pequeños transportistas repercutirá negativamente en el empleo por la inviabilidad de muchas de estas pequeñas empresas, hundiendo más si cabe la economía de decenas de miles de familias de transportistas que atraviesan una situación ya de por sí precaria, en un mercado controlado por los poderosos consorcios”.

En síntesis, creemos que la consecuencia inmediata de la reforma fiscal va a ser una elevación de los precios del transporte o un desvío de los tráficos hacia empresas foráneas. De ser cierto lo segundo, alrededor de 1.3000 o 14.000 empresas de transporte van a tener que cerrar y otras muchas lo van a pasar muy mal. Esto en la práctica supondrá menos recaudación por IRPF, IVA e impuesto de hidrocarburos y por supuesto aumento del desempleo. Las pérdidas para la hacienda pública serán entre 40.000 a 50.000 euros por camión y año.

El ministro de Hacienda da la espalda a miles de pequeñas empresas del sector del transporte pesado en beneficio de los lobbies del sector al mismo tiempo que habla de la importancia de los autónomos y las pymes en este país. La importancia de este tipo de empresas en el sector del transporte es muy alta, por su volumen de negocio y por el elevado empleo que mantiene. Si la finalidad de una reforma fiscal es mantener el empleo, aumentar la recaudación fiscal y no penalizar en exceso la competitividad, para el sector de los autónomos (ahora emprendedores) no se va a cumplir. Al final la recaudación y el empleo aumentarán, pero no en España. Los flotistas, pueden haber pensado que el mercado que nosotros dejemos lo pueden ocupar éstos últimos. A día de hoy, soportan unos costes superiores a los de los autónomos y a pesar de haber degradado las condiciones económicas de sus conductores no dan competido con otras empresas de la UE, optando, en muchos casos, por su deslocalización, por lo tanto nada hay que pueda hacer pensar que ésto va a cambiar.

Cada vez que el Gobierno cita a los "emprendedores" desde el sector nos ponemos a temblar, no deja de ser una ironía que al grito de propiciar éste tipo de empresas en la práctica se adopten las medidas contrarias.

Carlos López Jato es socio de infoLibre

El informe preliminar de la reforma fiscal elaborado por el grupo de expertos propone que se elimine la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las ayudas que reciben algunas personas con VIH, ya que entienden que su enfermedad "se ha convertido en crónica" y "no tienen ya riesgo de muerte inmediato".

Se trata de uno de los 270 cambios tributarios incluidos en las 125 propuestas que ha presentado este viernes el Comité de Expertos designado por el Gobierno para llevar a cabo la reforma fiscal, después de que previamente haya sido analizado en Consejo de Ministros. Actualmente la Ley del IRPF establece que las ayudas "de cualquier clase" percibidas por estos pacientes, en virtud de un Real Decreto-Ley aprobado en 1993, están exentas de este impuesto.

Entre ellas, estarían las ayudas sociales a quienes se infectaron con el virus como consecuencia de una transfusión sanguínea efectuada dentro del sistema sanitario público o bien por recibir tratamiento con hemoderivados, antes de que las pruebas de detección del VIH fueran obligatorias, así como a sus cónyuges o a sus hijos, en caso de que estos también estuvieran infectados.

Sin embargo, este grupo de expertos establece que la exención de IRPF para estas ayudas "quizá no deberían mantenerse por más tiempo" ya que, de lo contrario, según concluyen, "podría conducir a la exigencia de ayudas exentas para otras muchas enfermedades crónicas que arrastran también riesgo de muerte no inmediata".

"Que la gente que tiene riqueza pague más y que la gente que tiene salarios no sea como los únicos paganos de un sistema fiscal que hace aguas por todos sitios". Alfredo Pérez Rubalcaba ya enunció anoche, en El debate de La 1 de TVE, el pilar sobre el que descansa la propuesta de reforma fiscal de los socialistas, que hoy viernes el partido ha presentado a los periodistas y que mañana se someterá a discusión en Badajoz, en el tercer foro temático destinado a renovar el proyecto ideológico.

"Una propuesta en defensa de las clases medias", una "reforma fiscal en profundidad", una "enmienda a la totalidad a la política del Gobierno". En definitiva, "ampliar la base fiscal", sin "subir los impuestos a los mismos". Rótulos todos ellos que tanto Inmaculada Rodríguez-Piñero, secretaria federal de Política Económica, como Pedro Sánchez, coordinador de la Conferencia Política Ganarse el futuro, reiteraron una y otra vez esta mañana, en la puesta de largo de Bases para la reforma fiscal del PSOE. Porque la idea que quieren trasladar los socialistas es que no apuestan por un correctivo o una medida más, sino por un cambio completo de la arquitectura tributaria del país, tanto como para recaudar, según sus cálculos, 40.000 millones de euros en cinco años –lo que suponen cuatro puntos de PIB–. Ello reduciría a la mitad la distancia en presión fiscal que España mantiene con la Unión Europea. ¿Cómo? Gravando a los más ricos, reforzando la lucha contra el fraude, apretando las tuercas al sector financiero y reduciendo la maraña de deducciones fiscales de las que se aprovechan las grandes corporaciones.

El PSOE parte en su análisis esbozando las características del sistema impositivo español. A saber: una economía sumergida "notablemente superior a la de la UE-15" (19,2% del PIB en 2012 frente al 14,1%), ingresos insuficientes, recaudación muy sensible a los ciclos económicos –se dispara en épocas de bonanza y se hunde en recesión– y un sistema basado en la aportación de las rentas del trabajo. Estas, recuerdan los socialistas, soportan "el 90% de la presión fiscal", mientras que las rentas del capital suponen el 10%. Todo ello hace que la presión fiscal en España sea casi ocho puntos inferior a la media europea en 2011, según los últimos datos de Eurostat (32,4% frente al 40% de la UE-15). 

Cuenta invididual de ahorro

Hecho el diagnóstico, los socialistas extienden la receta: "Acabar con la injusticia" de un sistema que permite, por añadidura, que "los grandes patrimonios prácticamente no paguen impuestos". Avanzar hacia una fiscalidad "más justa y progresiva". Para ello, el PSOE plantea una revisión a fondo del esquema impositivo. Así, proponen integrar en una única figura tributaria la valoración del patrimonio, "de forma homogénea y sin excepciones", con la tributación de la renta. No hay nombre cerrado pero sería una especie de impuesto de la riqueza, una modalidad copiada de Holanda. Es decir, se valoraría el patrimonio global de los contribuyentes (acciones, vehículos, sicavs, depósitos... descontando la vivienda habitual), aproximándolo "a los valores de mercado". A esa valoración se le calcula una rentabilidad media (por ejemplo, del 3%). Esa renta declarada se tendría en cuenta para el acceso a los servicios y ayudas públicas. A partir de un determinado nivel de patrimonio –el PSOE parte del límite actual de mínimo exento, 700.000 euros y la vivienda habitual hasta los 300.000 euros–, esta renta sería gravada al tipo del IRPF que corresponda. 

Piñero y Sánchez pusieron un ejemplo: si una familia tiene unos bienes de dos mllones de euros invertidos en un fondo de inversión, generarían una capacidad de pago de 60.000 euros (a una rentabilidad media del 3%), que se tendría en cuenta para el acceso a las prestaciones públicas. Lo que supere en el mínimo exento establecido, se gravaría según el tipo de IRPF existente. 

"Es un cambio total de filosofía –elogiaba Piñero–. El problema hasta ahora es que las grandes fortunas se las buscaban para eludir pagar impuestos, y apenas tributaban por la vía del Impuesto de Patrimonio. Con este sistema, pagarían. Daría igual dónde esté el capital, porque habría un único impuesto". ¿No se tocarían los tipos? El PSOE no ha entrado a jugar con ese escenario. Hoy recordaba, de hecho, que su documento es sólo una propuesta, "no el BOE", que le falta bajar al detalle, y que tampoco es un programa electoral, aunque el catálogo de medidas contenidas en él sí serán "orientaciones" para el mismo. 

Los socialistas también reclaman equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo. Y revisar las "deducciones regresivas" del IRPF. ¿Qué entienden por estas? Las que se aplican a los planes de pensiones, ya que los que tienen mayor renta pueden meter más dinero en ellos y desgravarse más. Ferraz sí quiere "potenciar el ahorro", pero de otra forma. Que se ahorre en planes de pensiones, pero también, por ejemplo, para formación, para asistencia por enfermedad, desempleo... En actividades "económicas", no para gastos suntuarios. Todos esas opciones gozarían de los mismos privilegios. Esta figura, importada de Canadá, sería semejante a la cuenta vivienda: ventajas durante el tiempo en que se mantenga y, si finalmente no se consume, se devuelve a Hacienda lo deducido. 

Impuestos a los bonus extraordinarios de la banca

Sobre el Impuesto de Sociedades, por su parte, el PSOE reconoce que recae una madeja enorme de deducciones, que las grandes corporaciones saben aprovechar a través de la ingeniería financiera para escapar del pago de impuestos. En tanto se acomete una reforma integral del impuesto, los socialistas proponen fijar un gravamen mínimo para las grandes corporaciones. Sería del 15%, frente al "7% real" que pagan hoy. 

¿Y el IVA? Piñero dejó claro, de nuevo, que en la propuesta actual no se recoge cambiar los tipos, o volver a los límites anteriores a la última subida del Gobierno. Sí quieren "revisar la cesta de productos" que entran dentro de cada tramo. Desean que se vuelva al tipo reducido en cultura y a los productos higiénicos de primera necesidad. Asimismo, se suprimiría la exención de IVA hoy reconocidas a la sanidad y la educación privadas no concertadas. 

El PSOE no sube tampoco el gravamen a las sociedades de inversión de capital variable (sicav), que hoy tributan al 1%. Sí las sujetarían más al control de la Agencia Tributaria. "Son un mero cascarón. Lo importante es lo que tienen dentro, que es el patrimonio, y ese ya tributaría en ese impuesto de la riqueza que hemos diseñado". 

El documento también dedica un apartado al sector financiero. El PSOE recuerda que apoya desde hace años la tasa a las transacciones financieras. No sólo eso. El partido sugiere un impuesto a los bancos que se endeuden mucho y otro más que grave los bonus (las retribuciones variables de los directivos) y los beneficios extraordinarios de las entidades. 

Entre otras medidas, los socialistas citan la recuperación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la subida de la carga fiscal sobre el alcohol y el tabaco o la profundización en la fiscalidad verde.

Más independencia y medios a la Agencia Tributaria

A ello hay que sumar, añaden, el énfasis en el combate al fraude. Piden reforzar la indendependencia de la Agencia Tributaria y dotarla de más recursos. Además, una ley anual antifraude –una especie de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del Estado– serviría para tapar las lagunas legales descubiertas durante el ejercicio anterior. Eso, por lo que respecta al ámbito nacional. Fuera, remachan los dirigentes del PSOE, se podría revocar las licencias bancarias a las entidades que favorezcan el fraude o no colaboren con las autoridades tributarias, demandar a los Estados de la UE que obstaculicen la cooperación fiscal y, por descontado, acordar una base imponible consolidada y común del Impuesto de Sociedades, para evitar el efecto huida de capitales. Esto último, asumen en Ferraz, no es nada fácil, pero ese camino, el de la unión fiscal, es también el que defiende el Gobierno del PP. 

El PSOE corona su texto con la propuesta de una Ley de Transparencia de las Previsiones Tributarias, que fuerce a que el Gobierno no elabore su cuadro macroeconómico –y por tanto, su previsión de recaudación, de gastos, de nivel de déficit, de paro...– en absoluta soledad, sino que deba consensuarlo con analistas e instituciones económicas del país. Ello redundaría en una mayor "credibilidad" de las cifras. 

Con todas estas medidas, Ferraz calcula que entrarían a las arcas públicas 40.000 millones de euros en cinco años, y se reduciría cuatro puntos la distancia con Europa en presión fiscal. Advierten de que luego esos 40.000 millones se mantendrían, porque una de las ventajas de su arquitectura, decían Piñero y Sánchez, es dotar de "estabilidad" a la recaudación. "Se aumenta la presión fiscal para que paguen los ricos, y sin tocar las rentas del trabajo". 

El documento será objeto de debate mañana en Badajoz, en el foro temático sobre fiscalidad al que acudirá Rubalcaba. Pero aún deberá caminar algo más, hasta la Conferencia Política de octubre y, después, concretarse en el programa electoral. El PSOE confiere a esta reforma, en la que lleva trabajando "un año", una importancia "fundamental", pues permitiría visualizar que cabe otra "alternativa" a la del Gobierno, sin castigar más a las clases medias. Sin embargo, el texto carece de total concreción y mantiene variables sin revisar, como los tipos. Por lo demás, supone un importante giro respecto de la política tributaria aprobada y aplicada durante los Gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero. 

¿Las iniciativas "no hacen amigos", no?, se les preguntó a Piñero y Sánchez. "Esos amigos están todos en el mismo barrio", dijeron, respondiendo con sorna y refiriéndose a los ricos.