Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2023 un total de 2.268 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone un incremento del 21,3 por ciento respecto a 2022, según el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2023, presentado este lunes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado Europa Press.

Los delitos de odio por racismo y xenofobia (856) son los más numerosos y representan el 41,8 por ciento de total de las denuncias, seguidos de los delitos de odio cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (522 hechos) y de los delitos de ideología (352 hechos).

En cuanto a la variación interanual, el informe constata un ascenso en todos los ámbitos, salvo en el de discriminación por razón de enfermedad, que registra 11 hechos, los mismos que en 2022. Mientras, los delitos de odio contra personas con discapacidad son los que sufren un mayor incremento, un 113% más que en el año anterior.

También experimentan un ascenso importante los delitos por antisemitismo (77%), antigitanismo (68%) e ideología (43,67%), según el informe.

En lo que se refiere a la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las amenazas (433) y las lesiones (376), seguidas por la promoción al odio (200), las injurias (157) y los daños (130).

Por comunidades autónomas, Navarra registra la mayor tasa de delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes (14,14), seguida de País Vasco (12,21) y la ciudad autónoma de Melilla (10,53).

El informe detalla que las Fuerzas de Seguridad del Estado esclarecieron en 2023 el 68,1% de los hechos, cinco puntos más que en 2002, y detuvieron o investigaron a 1.161 personas, un 38,5% más que el año anterior. De este número de detenidos/investigados, en su mayoría son sexo masculino (78%), con edades entre los 26 y los 40 años, que representan el 25,4 por ciento del total.

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (59,2 %), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (33 %). Los menores de edad constituyen el 14,8 del total de victimizaciones.

En cuanto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar figuran los españoles, con el 62,1% del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (8,3%), por delante de Colombia (4,8%).

El informe se ha presentado durante la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento del 'II Plan de Acción de Lucha contra Delitos de Odio 2022-2024', elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (Ondod) a partir de los datos facilitados al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) por Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y policías locales.

En su intervención, Grande-Marlaska ha hecho un llamamiento a la sensibilización, "crucial para combatir la infradenuncia". "No solo la víctima es, en muchos casos, desconocedora de su propia situación, sino que, lamentablemente, en innumerables ocasiones son también los testigos quienes la normalizan", ha alertado.

El ministro también ha apelado a la responsabilidad de la sociedad para erradicar los discursos de odio. "Todos y todas, a través de nuestras labores diarias, somos responsables de que este discurso no socave la cohesión social, estigmatizando y deshumanizando a los que son diferentes", ha añadido.

Además, ha destacado el elevado cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de acción y ha alentado a la Ondod a trabajar en el segundo semestre para impulsar un tercer plan bianual, a partir de 2025, "que continúe poniendo a España en la vanguardia de la lucha contra los delitos de odio".

El ministro ha aprovechado el encuentro para animar a la participación de los ciudadanos en la encuesta de delitos de odio lanzada en 2024 por la Ondod. Por otro lado, en la reunión se han presentado dos vídeos que forman parte de la campaña 'Rompe tu silencio', impulsada por la Ondod para su difusión en redes sociales con el objetivo de concienciar a la sociedad en contra de los delitos de odio,

El encuentro ha contado con la asistencia del director general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez; personal de la Ondod; el fiscal de sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar; la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo; la subdirectora general de Derechos LGTBI, Mar Fernández; la subdirectora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo; la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia del Sector Público, Inés Mazarrasa; la directora del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), Karoline Fernández; y el jefe de área de Políticas Sociales de la Federación Española de Municipios y Provincias, Joaquín Corcobado, entre otros.

También han asistido asociaciones del tercer sector como la Asociación de Abogadas y Abogados contra los Delitos de Odio; Movimiento contra la Intolerancia; Consejo de Víctimas de Delitos de Odio; Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); Fakali: Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas; Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia; Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales; Fundación Secretariado Gitano; Federación de Comunidades Judías de España; Instituto Halal de Junta Islámica; Plataforma Trans; Agentes de la Autoridad por la Diversidad (LGTBIpol); Hogar Sí; y Plena Inclusión.

La Alianza por la Educación Inclusiva y contra la Segregación Escolar #AlColeJuntos2030 —que conforman el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación Secretariado Gitano y Save the Children España— advierte de que la proposición de Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que ahora ha sido remitida al Senado, no prohíbe explícitamente la segregación escolar, según informa Europa Press.

"El texto no define el concepto de segregación. Se cita cinco veces en el texto el término sin definirlo. No se puede identificar, denunciar y atajar algo que no se define de forma clara. No definir el concepto de segregación escolar genera inseguridad jurídica e impide que tenga efectos concretos", afirma el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez.

Sin embargo, de las cinco veces que se cita "segregación" en el texto, sólo una hace referencia a la segregación en el ámbito escolar. "Las administraciones públicas y los centros educativos pondrán en marcha medidas para prevenir, evitar y, en su caso, revertir la segregación escolar, ya sea mediante mecanismos directos o indirectos", dice la proposición.

Para la Alianza por la Educación Inclusiva, "la redacción actual no está en línea con la Directiva Europea anti Discriminación, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni cumple con las recomendaciones de instituciones internacionales como el Grupo de Expertos en Igualdad de la Comisión Europea, de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) o el Consejo de Europa. Todos ellos establecen la necesidad de prohibir expresamente la segregación, incluida la escolar, con definiciones claras que permitan su aplicación", asegura la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children España, Catalina Perazzo.

La segregación es una vulneración del derecho a la educación y una forma de discriminación. La segregación escolar, entendida como la sobrerrepresentación o concentración del alumnado con discapacidad, gitano, migrante y de bajo nivel socioeconómico en determinados colegios o clases, disminuye su éxito educativo y sus oportunidades de inclusión social. España es el tercer país de la OCDE con mayor segregación escolar en sus colegios de Primaria.

Las tres entidades que conforman la Alianza lamentan esta oportunidad perdida y confían en que el Senado repare esta falta de definición y prohibición de la segregación. Para ello han remitido a los grupos parlamentarios varias propuestas de enmienda para subsanarlo. "Estamos a tiempo de que esta ley esté a la altura de los estándares europeos de Derechos Humanos", dice el presidente del CERMI, Luis Cayo.

La Unión Europea ha expresado su rechazo a la existencia de campos de concentración en China para las minorías y ha instado a Pekín a respetar los Derechos Humanos de los uigures y los tibetanos, según informa Europa Press.

Más de 15.000 personas de la minoría musulmana uigur de la provincia de Xinjiang fueron enviadas a campos de concentración en apenas una semana en 2017, según documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocidos como los Cables de China.

Expertos de Naciones Unidas y activistas denunciaron hace un año que al menos un millón de uigures y miembros de otras minorías étnicas o religiosas habían sido recluidos en centros clandestinos de Xinjiang.

El Gobierno de Pekín reconoce la existencia de estos centros pero sostiene que no son lugares de detención sino de "reeducación" para combatir el extremismo y que el ingreso en ellos es voluntario.

Los documentos filtrados, que cuestionan seriamente la postura oficial de Pekín, incluyen las instrucciones para gestionar estos campos del vicesecretario general del Partido Comunista chino en Xinjiang, Zhu Hailun, entre ellas, que "nunca" se permita escapar a nadie, aumentar la disciplina y los castigos, promover la confesión y el arrepentimiento y promover la "verdadera transformación". Se cree que un millón de personas, en su mayoría uigur, han sido detenidos sin juicio.

La UE ha reiterado "la firme oposición" del bloque a "las restricciones de los derechos fundamentales en Xinjiang", así como a "la existencia de campos de reeducación política, la vigilancia masiva y restricciones a la libertad de religión o credo de los uigures y otras minorías en Xinjiang".

"Esperamos que China respete sus obligaciones nacionales e internacionales y respete los Derechos Humanos, incluido respecto a los derechos de las personas que pertenecen a las minorías, especialmente en Xinjiang pero también en el Tíbet", ha apostillado en rueda de prensa la portavoz del servicio diplomático europeo, Maja Kocijancic.

La portavoz ha rechazado hacer comentarios sobre "ningún documento filtrado" como tal, pero ha insistido en que la Unión defiende su posición de forma "consistente", tanto a nivel bilateral como en los foros multilaterales "relevantes".

Estados Unidos y Francia apoyaron durante su mandato al dictador chadiano Hissene Habré, condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra y contra la Humanidad, según ha denunciado la ONG Human Rights Watch (HRW) en varios informes publicados este pasado lunes.

Los documentos 'Habilitar a un dictador: Estados Unidos y Hissene Habré entre 1982 y 1990' y 'Apoyado por Francia, condenado por África' describen cómo Francia, y especialmente Estados Unidos, jugaron un papel fundamental en la carrera política de Habré, a pesar de su terrible reputación.

HRW ha señalado que tanto Estados Unidos como Francia ofrecieron su ayuda a Habré a pesar de que estuviera llevando a cabo violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos. Ambos países vieron en Habré la oportunidad de frenar el expansionismo del libio Muamar Gadafi, cuyas fuerzas de seguridad ocuparon el norte de Chad.

"Estados Unidos y Francia estaban al tanto del terrible historial de Habré y aún así continuaron apoyándolo a lo largo de su mandato", ha explicado Reed Brody, asesor de HRW. "Ambos países deberían examinar ahora cómo y por qué han apoyado a un hombre condenado por crímenes contra la Humanidad", ha añadido Brody.

Habré fue condenado por un tribunal especial africano establecido en Senegal a cadena perpetua por crímenes de guerra, tortura y por delitos sexuales. El veredicto fue emitido después de dos décadas de insistencia y trabajo por parte de las víctimas. Según HRW, tanto Estados Unidos como Francia deben abrir investigaciones oficiales para determinar qué autoridades estaban al tanto de los crímenes y si se tomaron medidas para mitigar esas acciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, indicó que el punto de referencia establecido por Habré suponía "una oportunidad para Estados Unidos de aprender del pasado en Chad". Según HRW, el mandato de Habré estuvo marcado por las atrocidades, lo que incluye casos de limpieza étnica. Los archivos de la Dirección de la Documentación de la Seguridad del país (DDS), recuperados por la ONG, muestran los nombres de 1.208 personas que murieron o fueron asesinadas mientras estaban detenidas y de 12.321 víctimas de violaciones de los Derechos Humanos.

Bajo el mandato del presidente Ronald Reagan, Estados Unidos ofreció ayuda entre 1981 y 1982 a las fuerzas rebeldes de Habré para ayudarle en la lucha contra el entonces presidente, Goukouni Oueddeim, así como millones de dólares en ayuda militar. Según HRW, no se puede demostrar una implicación directa de Estados Unidos en los crímenes llevados a cabo a nivel internacional.

Algunos documentos recuperados por la ONG muestran que un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en el país, al que los chadianos consideraban la "unión" con el DDS, visitó la sede de la Dirección de Documentación, que incluía una sala de tortura, cuando más cruenta era la lucha contra la etnia zaghawa.

Estados Unidos también usó una base secreta en Chad para crear y entrenar a un pequeño ejército anti Gadafi integrado por militares libios capturados, según los informes. El líder de este contraejército era Jalifa Haftar, que lidera ahora el Ejército de Liberación Nacional Libio que controla la mayor parte del este de Libia.

Según la ONG, a pesar del secuestro de la antropóloga francesa Françoise Claustre a manos de las fuerzas de seguridad de Habré en 1974 y el asesinato del capitán Pierre Galopin, que acudió a Chad para negociar su liberación, Francia también ofreció apoyo logístico, armamentístico e informativo al dictador, lo que le sirvió de ayuda para llevar a cabo operaciones militares contra las fuerzas libias.

Todos los departamentos del Ejército de Chad tenían un consejero francés, según HRW. El servicio de Inteligencia de Francia y el Ejército francés entrenaron a militares y funcionarios de la DDS. El Gobierno francés envió en 1983 unos 30 mercenarios a defender a Habré durante el enfrentamiento contra las diferentes facciones libias y chadianas.

Los mercenarios lucharon junto las tropas del Ejército de Chad en la batalla de Faya Largeau, donde los militares cometieron graves abusos. Poco después, Francia puso en marcha la Operación Manta, la mayor desde la guerra de Argelia, y los aviones franceses fueron utilizados en numerosas ocasiones para transportar prisioneros.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha apoyado a las víctimas en su campaña por la justicia. Obama resaltó en una reunión con el presidente senegalés, Macky Sall, el papel de Senegal en la lucha para procesar a Habré. En abril de 2016, después de que el veredicto se hiciera público, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, se reunió en Chad con las víctimas y sus abogados y elogió sus esfuerzos. Según HRW, el Gobierno de Estados Unidos y Francia contribuyeron al presupuesto del tribunal con 1 millón de dólares (900.000 euros) y 300.000 euros respectivamente.

El informe 'Dura represión: muertes y arrestos como respuesta a las manifestaciones de los etíopes oromos' detalla el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte del Gobierno etíope y pone de manifiesto el abuso de poder contra los manifestantes. "Las fuerzas de seguridad etíopes han disparado y matado a cientos de estudiantes, agricultores y otros manifestantes pacíficos sin mostrar ninguna consideración por la vida humana", ha manifestado la subdirectora de HRW en África, Leslie Lefkow.

"El Gobierno debería liberar inmediatamente a los que han sido detenidos de forma errónea y apoyar una investigación independiente para que los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados se hagan responsables de los abusos llevados a cabo", ha añadido.

HRW ha denunciado que las fuerzas de seguridad utilizaron en diversas ocasiones artillería pesada para reprimir las manifestaciones, matando a cientos de manifestantes. Las manifestaciones de noviembre tuvieron lugar ante la propuesta del Gobierno de expandir los límites de aplicación del plan de integración de Addis Abeba y la zona especial de Oromia, una ampliación que podría suponer el desplazamiento de los agricultores oromos en beneficio de una minoría enriquecida.

El Gobierno desplegó en diciembre efectivos del Ejército para controlar la manifestación en Oromia, donde muchos de los muertos eran estudiantes, algunos incluso menores de dieciocho años. La Policía federal y el Ejército arrestaron, a su vez, a miles de estudiantes, músicos y políticos, entre otros, que habían ofrecido ayuda o refugio a los estudiantes. A pesar de que muchos detenidos han sido desde entonces puestos en libertad, según HRW existe aún un gran número de ciudadanos arrestados sin cargos y sin acceso a un abogado.

Torturas y abusos sexuales

Los testigos han descrito los arrestos como algo sin precedentes. "He vivido aquí durante toda mi vida y nunca había sufrido tal represión. A menudo se producen arrestos y muertes, y cada familia aquí tiene al menos un hijo detenido", ha aseverado Yoseph, un oromo residente en la región de Wollega.

Muchos de los detenidos han explicado a HRW que fueron torturados o maltratados durante su tiempo en prisión, y varias mujeres han denunciado que sufrieron abusos sexuales. A pesar del gran número de arrestos, las autoridades no han podido interponer cargos contra muchos de ellos. El acceso a la educación, por otra parte, se ha visto afectado en varias localidades debido a la presencia de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades han cerrado temporalmente escuelas y muchos estudiantes han explicado a HRW que el Ejército y otras fuerzas de seguridad han ocupado varios campuses y han monitorizado y acosado a estudiantes de la etnia oromo. Las restricciones impuestas por el Gobierno a las investigaciones independientes y a los medios de comunicación se han extendido a las redes sociales. El acceso a Facebook se encuentra restringido desde marzo.

A pesar de que la intensidad de las manifestaciones ha disminuido notablemente desde abril, la represión gubernamental ha continuado, según HRW. Muchos de los detenidos durante los últimos siete meses siguen arrestados y cientos de estudiantes se encuentran desaparecidos en una situación similar a la que tuvo lugar en Oromia en 2014.

La brutal represión en Etiopía requiere una mayor respuesta y una implicación por parte de la comunidad internacional, incluido el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), según HRW. "El apoyo internacional que recibe el Gobierno de Etiopía no se ha inmutado ante la represión que ha tenido lugar por parte del Gobierno en Oromia", ha aseverado Lefkow. "Los países que apoyan el desarrollo del país deben presionar para que se produzca un progreso en todas las áreas, especialmente en relación con la libertad de expresión y la justicia para las víctimas", ha añadido.

Las leyes federales de Estados Unidos dejarán de incluir las palabras 'oriental' y 'negro', así como otras referencias despectivas hacia las minorías.

Debido al carácter antiguo de estas etiquetas, el Senado aprobó de manera unánime la reforma de ley propuesta por la republicana Grace Meng. La reforma ataca a dos puntos de la legislación norteamericana aprobados en 1970 en los que se hace referencia a las minorías.

"Agradezco a mis compañeros en la Cámara de Representantes y el Senado el haber entendido que ha llegado la hora de que el Gobierno se refiera a los 'asiáticoamericanos' o a cualquier otra minoría en unos términos tan despectivos", declaró Meng para el medio estadounidense The Hill.

Las palabras 'oriental' y 'negro' serán sustituidas por 'asiáticoamericano' y 'afroamericano' respectivamente. Además de estas dos palabras, la ley también hace referencia a 'hispanohablantes', término que será sustituido por 'hispanos; 'esquimales' se sustituirá por 'nativos de Alaska' e 'indios' cambiará a 'nativos americanos', informa Europa Press.

Además de estos cambios, también se incorporarán los términos 'nativo hawaiano' e 'isleño del Pacífico' para designar a las minorías que antes no estaban mencionadas en la ley.

“Hoy ha ganado la democracia”, declaró el primer ministro saliente y líder del AKP, Ahmet Davutoglu, tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas celebradas este domingo 1 de noviembre. El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que ha conseguido 316 escaños de los 550 que integran el Parlamento, ha conseguido una cómoda mayoría absoluta. Sin embargo, la democracia turca ha salido derrotada. Aunque el veredicto de las urnas es indiscutible, las dos campañas electorales recientes que ha vivido Turquía se parecen más a un golpe de Estado civil que a un debate democrático.

Si bien hay cuatro partidos que contarán con representación parlamentaria, el equilibrio de fuerzas en la Cámara es radicalmente distinto al obtenido tras los comicios de junio. Hace cuatro meses, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP, la izquierda plural que tiene su origen en el movimiento kurdo) y el Partido Ultranacionalista (MHP) obtuvieron 80 escaños cada uno de ellos, frente a los 59 y 49 diputados conseguidos este domingo. El Partido Kemalista (CHP), con 134 escaños, se convierte en el principal partido de la oposición.

Este cambio ocurrido en apenas unas semanas, en beneficio de los musulmanes conservadores, no es sino el fruto de una estrategia maquiavélica por parte de Recep Tayyip Erdogan, fundador del AKP y elegido presidente del país en 2014. El jefe del Estado turco no sólo se jugaba su futuro político, también su supervivencia judicial después de que en noviembre de 2013 saltasen a la luz diferentes casos de corrupción en los que él y personas de su entorno están supuestamente implicados. En esta ocasión, después de haber soltado lastre democrático en la campaña para las elecciones de junio, el Gobierno no dejó ningún cabo suelto, despreciando las reglas democráticas más elementales de un Estado de derecho.

En un primer momento, se negaron los resultados del 7 de junio. El AKP era el partido mayoritario, pero perdía la posibilidad de gobernar en solitario, tal y como venía sucediendo desde 2002. El jefe de Estado rechazó el veredicto arrojado por las urnas, así como la formación de un gobierno de coalición, fiel reflejo de la voluntad manifestada por los electores. Erdogan, que torpedeó las supuestas negociaciones llevadas a cabo por Davutoglu con los demás partidos parlamentarios, optó inmediatamente por convocar elecciones anticipadas para recuperar los poderes parlamentarios plenos.

Acto seguido, las autoridades turcas crearon un clima de terror para dotar al presidente de la talla de hombre providencial y de único garante de la estabilidad y la seguridad. El atentado de Suruç, perpetrado contra prokurdos el pasado 20 de julio y de cuya autoría no se ha ofrecido explicación creíble ninguna, ha servido de pretexto para que el Gobierno juegue a dos bandas. Al manifestar su voluntad a la hora de combatir a los extremistas de Daech, Turquía ha vuelto a situarse en el tablero internacional. En la lucha contra el terrorismo, este país es un actor imprescindible, pero la política llevada a cabo en las semanas posteriores estaba dirigida en clave interna.

Los discursos agresivos y pirómanos del AKP, en el que se hablaba indistintamente de terrorismo islámico y la lucha por la independencia del movimiento kurdo, han permitido tender una trampa en la que la guerrilla kurda del PKK ha caído. El asesinato de dos agentes de Policía a manos del PKK, en respuesta al atentado kamikaze de Suruç, ha roto la frágil tregua. Ankara ha podido desencadenar una nueva guerra en el este del país al bombardear posiciones del grupo armado en Turquía y en el norte de Irak. Los militantes de izquierda, próximos al movimiento político kurdo, han sido objeto de una represión sistemática. Se ha encarcelado a diputados. Las fuerzas del orden han asesinado a varios jóvenes.

Ciudades y pueblos han sufrido los horrores y los abusos del estado de sitio ejercido por el Ejército y la Policía. Esta situación culminó con la perpetración, el 10 de octubre, de un atentado cuando se llevaba a cabo una marcha pacífica delante de la estación de Ankara, que se saldó con la muerte de varios cientos de personas (agentes de Policía, militares y civiles) y que despertó “el miedo al caos” en la población.

Esta política derrotista no se circunscribió al Kurdistán turco, como en el pasado. A principios de septiembre, la violencia alcanzó a toda Turquía cuando militantes del AKP llevaron a cabo incursiones punitivas. Cientos de espacios –comercios en manos de kurdos y locales del HDP– fueron atacados, saqueados o incendiados con total impunidad. El bombero Erdogan se erigió entonces en cortafuegosbombero ante la inestabilidad atizada por sus acólitos durante los discursos que venían a decir: “El caos o yo”.

Los medios de comunicación han aniquilado el debate político

Esta estrategia de ataque al movimiento político kurdo ha tocado la fibra de los nacionalistas de extrema derecha, lo que ha permitido al AKP recuperar los votos del MHP, un partido que rechaza cualquier concesión al movimiento kurdo. La espiral de violencia, que desencadenó la inestabilidad económica y política, explica también el retroceso del HDP. A pesar de los llamamientos continuos por parte de los líderes del HDP a retomar el diálogo y los incesantes esfuerzos desplegados para acabar con la escalada de violencia, numerosos kurdos conservadores preocupados que habían dado su respaldo a los principios pacifistas de este partido en junio, han vuelto ahora a votar al AKP.

La apuesta que Erdogan ha ganado –vuelve a obtener mayoría absoluta– no puede comprenderse no obstante sin conocer la comunicación tipo bulldozerbulldozer ejercida por el poder turco, que ha recurrido a todas las armas a su disposición para imponerse. Las cifras hablan por sí mismas. En el mes de octubre, la cadena de televisión pública TRT dio voz durante 59 horas al presidente y a su partido; el CHP apareció un total de 5 horas; el MHP, 1 hora y 10 minutos y el HDP ¡18 minutos! Todos los invitados políticos de este medio de comunicación público fueron miembros del AKP.

La prensa privada también ha aniquilado cualquier debate político, destilado las amenazas y atizado las brazas de la guerra civil. Las numerosas cabeceras víctimas del AKP en estos últimos años han pasado a ser órganos serviles de propaganda. Los pocos medios que se niegan a alabar las políticas gubernamentales han sido objetivo de la sobredosis de odio difunda en bucle. Un diputado del AKP llegó a liderar una horda de militantes en el ataque a las instalaciones del diario Hürriyet. Se han cerrado de forma arbitraria páginas web. Se ha encarcelado a periodistas. Muchos de ellos han sido perseguidos judicialmente y víctimas de acusaciones falaces. 48 horas antes de las elecciones, la Policía sometió a tutela administrativa a dos cadenas privadas de televisión, a las que dejó sin señal.

Esta voluntad de borrar cualquier veleidad de debate democrático también se ha impuesto en la calle. Mientras que las arcas de los partidos no gubernamentales están vacías desde las elecciones de junio, sobre todo en Estambul, el AKP ha inundado las plazas de carteles de campaña. Se han cubierto inmuebles enteros con retratos del primer ministro más dignos de los tiempos de la Unión Soviética y de la cultura estalinista de culto a la personalidad. Se trata de un plan de comunicación que no ha dejado nada al azar, hasta en los detalles más sorprendentes: ¡Turquía ha retrasado el cambio del horario de invierno hasta el 8 de noviembre por las elecciones!

“Unas elecciones ni equitativas ni justas”, ha dicho Selahattin Demirtas, codirigente del HDP. Todo un eufemismo para referirse a una partida desigual y con cartas marcadas. Es difícil hablar de una “victoria de la democracia” aunque el poder turco trate de guardar las apariencias. Ante la ausencia de legitimidad, Ankara ha querido dar a estos comicios una pátina de legalidad que parece satisfacer a la comunidad internacional, que no puede prescindir de un interlocutor como Erdogan en el contexto regional actual.

No cabe duda de que el presidente ahora meterá al AKP en la batalla para reformar la Constitución, que pondrá las bases del régimen presidencial férreo al que aspira. Los 316 escaños del Parlamento le bastan para gobernar, pero no para modificar la Carta Magna. Y ya que la reciente campaña electoral ha puesto de manifiesto que es posible imponer una idea cuando se tienen medios, no cabe duda de que promoverá la convocatoria de un referéndum. Para ello, basta con que el AKP convenza a una decena de diputados más hasta obtener los 330 votos necesarios.

No obstante, todavía algunos granos de arena pueden arañar los proyectos de grandeza del fundador del AKP. El Partido Democrático de los pueblos conserva representación parlamentaria y se ha convertido en la tercera publica en la Cámara. La capacidad de resiliencia de la lucha kurda es conocida y la firme decisión de los militantes que luchan desde los año 80. El movimiento está tocado, pero no hundido. También existe la sociedad civil turca. Asfixiada, perseguida, criminalizada, la sociedad civil permanece viva. Pese a todo.

Traducción: Mariola Moreno

El PSOE ya había incorporado en su ponencia marco de la Conferencia Política propuestas sobre igualdad y justicia social. Pero había desarrollado en mucha menor medida las políticas de igualdad de trato y antidiscriminatorias, "una especie del género igualdad", aquellas que combaten los "estereotipos hondamente arraigados" que recaen sobre los miembros de minorías étnicas o sociales. Los socialistas hacen ahora hueco a esas medidas. Mañana sábado celebra una jornada monográfica en Madrid con la cobertura de un documento, Igualdad desde la diversidad, que resume las principales propuestas que se incorporarán en el cónclave del mes próximo. 

Entre las iniciativas más destacadas del texto, de 22 páginas y al que ha tenido acceso infoLibre, se encuentra esta: se propone incorporar a miembros de minorías étnicas, sexuales o discapacitados "en sus órganos de dirección y como candidatos a puestos representativos". "Esta es sin duda la mayor aportación que puede realizar el PSOE como partido para garantizar la igualdad y la diversidad, y sin la cual la credibilidad del Partido Socialista en este ámbito se ve seriamente dañada o poco creíble", señala el documento, que subraya la importancia de que los representantes públicos sean un "fiel reflejo de la sociedad", contribuyendo a "evitar la desafección ciudadana por la política y los partidos". No obstante, el PSOE sí ha contado en ocasiones puntuales con miembros de colectivos minoritarios, como la transexual Carla Antonelli en las listas del partido para la Asamblea de Madrid o la inmigrante Bernarda Jiménez en la ejecutiva federal 2008-2012. 

El PSOE retoma asimismo la propuesta de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que prometió José Luis Rodríguez Zapatero en su segunda y última legislatura, pero que no llegó a aprobar. Se trata de una norma "exigida por la Unión Europea", sobre todo en lo que se refiere a la asistencia a las víctimas de la desigualdad, y que situaría a España "en la vanguardia de las políticas de lucha contra la discriminación". 

"Nuevo enfoque" de derechos ciudadanos

Junto a la ley, el partido plantea crear una nueva institución, "autónoma", la Autoridad contra la Discriminación, tal y como está "definida en el Derecho de la Unión Europea, con competencia en todos los campos" y por todas las causas de desigualdad. "Se trataría de una especie de Defensor del Pueblo especializado en cualquier tipo de discriminación, al que podría acudir cualquier ciudadano que se sienta discriminado por cualquier motivo y por cualquier entidad, pública y privada. Por ejemplo, cuando sufra bullying o acoso, o sufra maltrato por ser negro o gay... La gente no denuncia porque desconoce que está ante una discriminación", según explicaba este viernes a este periódico Purificación Causapié, secretaria federal de Igualdad y número cuatro en la nomenclatura socialista. La autoridad, "independiente", tendría potestad para instruir expedientes, recomendar y actuar, aunque no reemplaza la acción de los tribunales. La responsable socialista poe un ejemplo: la investigación abierta por la Fiscalía a tres colegios malagueños por el trato dado a niños transexuales. 

El PSOE incide, en su documento, que "no sólo está en juego el Estado social, la igualdad de oportunidades", sino "también el Estado democrático", porque se refiere a "muchas personas excluidas o con dificultades de participación política". El concepto de discriminación, abunda, es un "perfecto desconocido", porque los ciudadanos que la sufren "no siempre conocen sus derechos". Y, sin embargo, la crisis económica está impactando "negativamente" en este tipo de políticas, pues se perciben como "menos importantes" y reciben "menos fondos", lo que conduce a la "invisibilidad" de estos colectivos minoritarios y hace peligrar, razonan los socialistas, la "cohesión social". Argumenta el texto que urge adoptar un "nuevo enfoque de extensión de derechos de ciudadanía". 

Pero hay más medidas. Las más llamativas son estas: 

El texto se discutirá mañana en la sede federal, en la calle de Ferraz de Madrid. Lo inaugurará la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, y la propia Causapié y lo clausurará el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Todavía no ha terminado, pero el proceso "Floyd contra Nueva York", que empezó en el tribunal federal de esa ciudad el 18 de marzo, ya se ha calificado de histórico. El centro de este caso es el método policial llamado stop and frisk, que autoriza a un agente a controlar, palpar o cachear a cualquier persona de la que tenga sospechas “razonables” de que ha cometido o estado a punto de cometer un delito. Esta manera de proceder fue adoptada en Nueva York para luchar contra las armas ilegales y la violencia en sus calles.

"Sin embargo, hoy sirve sobre todo para hostigar a los jóvenes de color sin razones de peso. Los paran en cualquier sitio, todo el tiempo, en la calle o en los halls de sus casas...”, señala Marquis Jenkins, de la rama legal de NAACP, una asociación histórica de defensa de las personas de color en Estados Unidos, que sigue muy cerca este proceso.

Las cifras ilustran sus afirmaciones. Según los datos recogidos por la asociación de defensa de los derechos cívicos de Nueva York, la NYCLU, el número de detenciones ha pasado de 97.296 en 2002 a 700.000 en 2007, un aumento del 600%. El 87% de las personas paradas por la policía son afroamericanas o hispanas, la mayoría hombres jóvenes. Y eso a pesar de que la población neoyorquina con estos orígenes es del 52%. El 51% de ellos fueron detenidos tras realizar un "movimiento sospechoso". El 90% eran inocentes y no portaban ni armas ni drogas.

Estos datos son los que animaron a la asociación en defensa de los derechos constitucionales Center for Constitutional Rights (CCR) a explorar la vía judicial. "La oposición ciudadana a los controles basados en rasgos físicos y, de manera general, a los métodos policiales abusivos, no es nueva", analiza Annette Warren Dickerson, del CCR. Y rememora la génesis del proceso: la muerte en 1997 de Amadou Diallo, un joven negro abatido por 41 balas disparadas por agentes de la unidad de policía dedicada a combatir los delitos en la vía pública. Diallo no iba armado. Desde entonces, señala Dickerson, hubo "un impulso militante para denunciar los métodos abusivos de la policía neoyorquina".

Este asunto dio lugar a un primer proceso que tuvo lugar en 2003 ante la jueza Shira Scheindlin. "Se llegó a un acuerdo con la ciudad. Y se obligó a la policía a desmantelar la unidad en cuestión y a publicar de forma trimestral los datos de las detenciones indicando la raza. En 2006 nos dimos cuenta de que el número se había intensificado. ¡La street crime unit había sido desmantelada pero había nacido otra más imponente!”, cuenta Annette Dickerson. El CCR volvió a preguntar a la jueza. “Nos recomendó intentar un nuevo proceso”, asegura.

Y así nació "Floyd contra Nueva York". Una acción “colectiva” porque CCR defiende a cuatro jóvenes procedentes del Bronx, de Brooklyn y de Queens: David Floyd, David Ourlicht, Lalit Clarkson y Deon Dennis. Todos se consideran víctimas de varios arrestos de stop and frisk sin razones de peso y desean denunciar en nombre de millares de personas que se enfrentan cada día a esta práctica policial que ellos relacionan con su perfil racial.

Un proceso político que merma la reputación de Michael Bloomberg

¿Su objetivo? "Que esta práctica sea declarada anticonstitucional, ilegal y discriminatoria", responde Annette Dickerson. Desde el 18 de marzo, los abogados del CCR han llevado a los tribunales a una decena de "víctimas" del stop and frisk, pero también a policías que declaran contra su propio bando (algunos han llegado a grabar a sus superiores a escondidas) y que aseguran estar sometidos a graves presiones para cumplir con cuotas de arrestados. Uno de ellos, de origen latino, llegó a relatar cómo sufre él mismo el stop and frisk en la vida civil. 

Audiencia tras audiencia, la jueza Shira Scheindlin intenta desenmarañar por qué la policía neoyorquina recurre a estas prácticas. ¿Cuáles son las órdenes? ¿respetan las leyes fundamentales? Y, finalmente, ¿para qué sirve este método? El debate ya está sobre la mesa y ha escapado de los muros del tribunal federal. Es un proceso político que corre el riesgo de incidir en los últimos meses de mandato de Michael Bloomberg (tras tres legislaturas, dejará su puesto en enero de 2014). 

Está claro que si este proceso es histórico es porque, de alguna manera, ataca al alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, que aunque tiene la etiqueta de independiente tras haber sido demócrata y republicano, es un ferviente defensor de los controles policiales y de los cacheos. “No vamos a deshacernos de una estrategia que salva vidas”, declaró el año pasado Bloomberg en Brownsville, un barrio pobre y violento de Brooklyn, donde el stop and frisk es un método muy utilizado. 

Sin embargo, este proceso no le ha hecho relajar su posición. “Mirad lo que ha pasado en Boston (…). Acordaos de lo que pasó el 11 de septiembre. Recordad a aquellos que han sufrido injustamente la violencia por arma de fuego y los familiares que han dejado tras ellos”, dijo el pasado 30 de abril. El stop and frisk es su remedio favorito. Y, para justificar esta defensa sin paliativos, se apoya en cifras. "En los últimos diez años hubo 5.430 asesinatos en Nueva York frente a 11.058 en el decenio precedente. Es un resultado remarcable que podemos atribuir a las estrategias policiales de anticipación, entre ellas, los controles”, explica el portavoz de la policía neoyorquina Paul Browne.

Sin embargo, este argumento no convence a todos. “La policía se basa sobre en vaga correlación entre la bajada de los crímenes y sus métodos agresivos e intrusivos que no confirma ningún dato estadístico. Los crímenes han bajado por razones múltiples y en ciudades que no realizan este tipo de prácticas”, resume Alex Vitale, sociólogo del Brooklyn College expertos en prácticas policiales. ¿Ejemplos? Entre 2001 y 2010, el número de delitos violentos bajó un 29% en Nueva York, un 56 % en Nueva Orleans, un 49 % en Dallas y un 37 % en Baltimore. "El recurso del stop and frisk se ha convertido en un argumento preventivo para evitar el regreso a la situación de los años setenta, porque los dirigentes son conscientes de que el paro y la pobreza han aumentado de nuevo y podrían provocar una subida de la violencia. Pero, ¿es la policía la que tiene que frenar esta coyuntura?, se pregunta Vitale.  Una pregunta de difícil respuesta, sobre todo cuando los afroamericanos y los hispanos se sienten víctimas de un sistema que genera tensión e ira. 

En este sentido, el portavoz de la la policía de Nueva York replica que si los negros y los latinos son arrestados más a menudo es porque son “sospechosos de haber cometido delitos violentos” de forma más habitual. Sin embargo, la asociación NAACP recuerda que en 2011 “sólo el 11% de los controles estaban basados sobre una sospecha fundada”. “Eso hace que nos preguntemos a quién protege la policía”, cuestiona Marquis Jenkins, que creció en un barrio humilde del sur de Manhattan. "En los barrios populares, los habitantes no se sienten protegidos, se sienten acosados. Tienen la impresión que se busca su exclusión de la ciudad por todos los medios", amplía. 

Las reformas posibles

"Es probable que en el desenlace del proceso, el tribunal imponga algunas indicaciones a la policía, medidas que le obliguen a aminorar el ritmo. Por ejemplo, juzgar que un movimiento furtivo es insuficiente para detener a alguien”, sugiere el investigador Alex Vitale. El CCR, que representa a los demandantes, quiere que la justicia vaya más allá. “Queremos que los agentes estén mejor formados, mejor dirigidos y mejor evaluados; que se cree un órgano independiente de vigilancia porque actualmente es la policía la que vigila a la policía y eso no tiene sentido. En definitiva, queremos que la reforma de las prácticas policiales incluya a todas las comunidades neoyorquinas”, explica Annette Dickerson.

La NAACP mantiene similares argumentos. “Las personas que viven en los barrios más humiles, que son los más afectados por las redadas, son los que mejor pueden defender su seguridad. Es necesario que trabajen mano a mano con la policía. Y para eso hay que reparar la relación entre ambos”, subraya Marquis Jenkins.

Para alcanzar estos objetivos existe la vía legal, pero también la política. Las elecciones municipales se celebran el próximo noviembre. Y los candidatos –los que ya han anunciado que concurrirán– saben que es un asunto que no pueden pasar por alto. La demócrata Christine Quinn –actual presidenta del consejo municipal neoyorquino– se ha mostrado favorable a la creación de un órgano independiente de auditoría y vigilancia de la policía. Otro candidato demócrata, John Liu, va más allá. Quiere abolir el stop and frisk. "Es un cálculo político interesante, piensa que así puede ganarse los votos suficientes para ganar”, estima el sociólogo Vitale, que considera que es posible dirigir mejor a la policía, si bien cree complicado que se les pueda impedir que controlen o cacheen. 

Los ciudadanos de Nueva York también parecen abiertos al cambio. Según un sondeo realizado a mitad de abril, el 51% son contrarios al au “stop-and-frisk” (eran una minoría hace un año) y el 71% están a favor de la creación de un organismo independiente de vigilancia de la policía. “El hecho de que este proceso esté teniendo lugar en periodo electoral, le da peso porque obliga a los políticos a fijar una posición”, concluye Alex Vitale.

El proceso también permite adentrarse en los secretos de una institución, la policía de Nueva York, con buena reputación pero demasiado cerrada y oscura. El tema atrae a los neoyorquinos. La sala de audiencias se llena todos los días y el proceso se retransmite en a través de pantalla en una sala adyacente. Terminará el 20 de mayo.