El dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt ha fallecido este domingo a los 91 años de edad. Gobernó el país centroamericano tras un golpe de Estado entre 1982 y 1983, informa Europa Press.

Luis de León, secretario de la hija del exmandatario, Zury Ríos, ha explicado que Ríos Montt falleció en su casa esta mañana, según recoge el portal informativo guatemalteco Soy502.

No han trascendido detalles sobre la causa de la muerte, pero en los últimos meses se había informado de que padecía una demencia que le afectaba a la memoria, el cálculo, la capacidad de abstracción.

Ríos Montt fue condenado a 80 años en mayo de 2013 por la sangrienta ofensiva en la que sus militares torturaron, violaron y masacraron a miles de indígenas en uno de los episodios más terribles de la cruenta guerra civil que asoló al país centroamericano durante 36 años y dejó más de 250.000 muertos. La sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad por un error de procedimiento en el juicio.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó recientemente que Ríos Montt sufre un deterioro cognitivo que le impediría defenderse adecuadamente si se abre un nuevo proceso en su contra por la masacre de 1.770 indígenas ixil maya durante su mandato entre 1982 y 1983.

Ríos Montt fue denunciado en 1999 ante la Audiencia Nacional española por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, acusado de delitos de lesa humanidad como genocidio, desapariciones forzadas y terrorismo de Estado. Gracias a su entonces condición de diputado, el viejo sátrapa logró evadir la Justicia universal.

Apenas diez días después, la Corte Constitucional de Guatemala anuló la condena a Ríos Montt, admitiendo los recursos que presentó la defensa para destituir al tribunal que dictó sentencia, lo que dejó sin efecto todas las actuaciones judiciales posteriores al 19 de abril de 2013.

Este viernes tuvo lugar en la sede del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid un acto para reivindicar la legitimidad de la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo un año después de que se emitiera.

Entre los invitados se encontraba el fiscal de Derechos Humanos de Guatemala Orlando Robles, que explicó que el fallo condenatorio fue el resultado de un proceso judicial completo "con más de 100 declaraciones testimoniales" y que, sobre todo, fue "un tribunal legalmente constituido el que determinó que hubo un genocidio y un crimen de lesa humanidad". Así, defendió la decisión de la jueza Yassmín Barrios –que presidió el juicio– y recalcó que con la resolución emitida "se hizo justicia".

Bajo el título Sí, hubo genocidio en Guatemala: 30 voces contra la impunidad y convocado por entidades contrarias a la decisión del Constitucional, asociaciones y personas que exigen justicia para las víctimas y sus familias se reunieron para denunciar el genocidio.

Abogados, diplomáticos, juristas, periodistas y portavoces de plataformas defensoras de los derechos humanos leyeron la sentencia condenatoria a Ríos Mott que confirmaba la masacre contra la comunidad maya.

Especial emotividad tuvo la lectura de Ana Bustamante, hija de un detenido desaparecido en 1982 durante el conflicto guatemalteco. Junto a ella, el exsecretario de Estado Antonio Camacho, el exrector de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Berzosa, la jurista Elisa Veiga, el teólogo Juan José Tamayo, los abogados Carlos Slepoy y Francisca Sauquillo, la presidenta de Women's Link Worldwide, Carmen Oliart, el periodista Vicente Romero, el escritor Juan José Millás, el portavoz de ATTAC Francisco Altemir o el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña. Todos ellos leyeron el fallo dividido en 28 fragmentos.

Paralelamente a este acto, se han convocado otra quincena de eventos y conferencias entre el viernes y el sábado en hasta 15 ciudades de todo el mundo como Nueva York, Buenos Aires o Londres. En Guatemala, también se sucederán los homenajes al fallo judicial. Hasta 22 municipios guatemaltecos realizarán actividades para conmemorar una resolución judicial que hizo historia.

La Sala Primera de apelaciones de Guatemala ha confirmado el fallo del Juzgado A de Mayor Riesgo del país que anula las acciones realizadas a partir del 23 de noviembre de 2011 en el proceso contra el exdictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, y deja sin efecto el juicio programado para 2015, ha informado Europa Press.

El 10 de mayo de 2013, Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad, mientras que el exjefe de Inteligencia Militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, resultó absuelto. Sin embargo, la condena fue anulada diez días después por la Corte de Constitucionalidad (CC), al considerar que se había violado el derecho de defensa de Ríos Montt. La CC ordenó que empezara el juicio desde la mitad, y el Tribunal de Mayor Riesgo A se inhibió porque ya había emitido opinión, por lo que el proceso se trasladó al Tribunal B.

Para el Ministerio Público los militares son responsables de planificar y ordenar la muerte de 1.771 indígenas, 1.400 violaciones sexuales y del desplazamiento forzoso de por lo menos 29.000 personas durante el 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983.

Según ha confirmado el abogado defensor, Moisés Galindo, en unas declaraciones recogidas por el Diario de Centroamérica, con la resolución de la Sala queda sin efecto el juicio programado para del 5 de enero de 2015, pues esta instancia rechazó el recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Público y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Galindo ha señalado que su defendido, que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario con vigilancia de agentes de la Policía Nacional Civil, "debe recuperar su libertad" porque en la fecha a la que se retrotraería el proceso tras este fallo "todavía no era sujeto de investigación".

Por su parte, los representantes del CALDH –querellantes en este caso– han asegurado que presentarán una apelación ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto esta última resolución y que el exdictador pueda ser juzgado.

Los tres magistrados del Tribunal de Mayor Riesgo han renunciado este lunes a juzgar de nuevo al exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, a pesar de la orden emitida por la Sala Primera de Apelaciones el pasado 20 de mayo que ratifica la anulación de la sentencia por parte de la Corte Constitucional (CC).

Según la decisión adoptada por la CC, las irregularidades que han salpicado el proceso judicial obligan a retrotraer todas las actuaciones judiciales al 19 de abril, lo que supone la anulación de la sentencia. Así, la Sala Primera de Apelaciones ha ordenado al Tribunal de Mayor Riesgo que asuma el caso en las próximas 24 horas y dé trámite a la recusación presentada por la defensa de los ex militares contra Jazmín Barrios y Pablo Xitumul, dos de sus tres magistrados, que están acusados de supuesta parcialidad.

La Sala Primera de Apelaciones quedó constituida el pasado viernes con Frank Martínez como presidente, Ramón Francisco González Pineda como magistrado segundo y Juan José Rodad Martínez como magistrado tercero. La Corte Suprema de Justicia tuvo que consultar a hasta 59 suplentes, después de que los titulares se inhibieran.

A pesar del fallo de la Sala Primera de Apelaciones, los tres magistrados del Tribunal de Mayor Riesgo, Barrios, Xitumul y Patricia Bustamante, han rehusado asumir de nuevo el proceso judicial, argumentando que ya dictaron sentencia al respecto.Por ello han decidido reenviar el expediente a la Sala Primera de Apelaciones para que designe a un nuevo tribunal con el fin de que asuma de una vez el caso contra el ex dictador guatemalteco.

La anulación de la sentencia 

Los cinco magistrados de la CC se reunieron el pasado 20 de mayo, con varios días de retraso, para analizar el recurso de queja, el petitorio y las dos solicitudes presentadas por la defensa para destituir al Tribunal de Mayor Riesgo por el caso Ríos Montt. Tras diez horas de deliberación, decidieron por tres votos a favor y dos en contra admitir los recursos por las irregularidades que han salpicado el proceso judicial, dejando sin efecto todas las actuaciones judiciales desde el pasado 19 de abril, lo que supuso la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo el pasado 10 de mayo.

Los dos votos en contra de la decisión corresponden al magistrado Mauro Rodrigo Chacón, que representa a la Universidad San Carlos, y a la magistrada Gloria Porras, que representa al Gobierno, aunque fue nombrada por el Ejecutivo de Álvaro Colom (2008-2012).

Los dos magistrados han considerado que la CC se ha extralimitado porque no le corresponde anular las actuaciones judiciales por irregularidades, ya que para ello ya hay un recurso en vía ordinaria, y han advertido de que el fallo es "ambiguo", por lo que "deja desprotegidas a las víctimas".

La condena

El Tribunal de Mayor Riesgo condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión inconmutables por la muerte de 1.771 ixiles a manos del Ejército entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil guatemalteca. La presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, declaró a Ríos Montt culpable de los cargos de genocidio, por el que le impuso 50 años de cárcel, y de crímenes contra la Humanidad, con una condena de 30 años de prisión.

Barrios argumentó que resulta "inexplicable" que Ríos Montt permitiera la masacre indígena, concluyendo que su objetivo era "la desaparición física del área ixil" a través de "planes elaborados", no de "acciones espontáneas", como alegaba la defensa.

No obstante, el Tribunal de Mayor Riesgo decidió absolver de ambos cargos al ex jefe de Inteligencia Militar José Maurcio Rodríguez Sánchez al considerar que "no tuvo injerencia en el campo de operaciones".