El arquitecto Santiago Calatrava ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas de Venecia, en apelación tras la absolución en primera instancia, a pagar 78.000 euros por "perjuicios fiscales" al aumentar los costes de la construcción del Puente de la Constitución sobre el Gran Canal de Venecia, informa Europa Press.

La sanción tiene en cuenta el coste final del puente —un total de 11,6 millones de euros frente a los 7 millones presupuestados— y considera que se produjo una "negligencia grave" en la estimación inicial de costes, según recoge Europa Press de medios italianos.

Entre estos sobre costes, se encuentran los que afectan al tamaño de algunas tuberías o al cálculo de los tiempos de desgaste de los escalones de vidrio. En este caso, estaba previsto que durasen al menos 20 años, pero desde su inauguración se tuvo que recurrir a "reemplazos y parches costosos" que aún continúan hoy.

La sentencia añade que la negligencia es "aún más grave y digna de ser estigmatizada porque proviene de un reconocido profesional de renombre mundial de muy alta competencia, con una larga y probada experiencia en la construcción de puentes".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al expresidente balear Jaume Matas a 7 meses de prisión, 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de una multa de 211.827 euros por delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos en el encargo que realizó en 2007 al arquitecto Santiago Calatrava para diseñar el teatro de la ópera de Palma de Mallorca. Deberá también abonar a la comunidad autónoma 1,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

El Alto Tribunal desestima el recurso de Matas pero recoge parcialmente el de la Fiscalía, y por ello corrige la sentencia de la Audiencia de Palma de Mallorca en el sentido de condenar al expresidente balear, además de por prevaricación, por el delito de tráfico de influencias del que la Audiencia le había absuelto.

La resolución, que afecta a una de las piezas del denominado caso Palma Arena, señala respecto a la responsabilidad civil que los 1,2 impuestos como responsabilidad civil corresponden a la cantidad que facturó Calatrava en mayo de 2007 por el proyecto a la empresa pública balear IBISEC. Según el Supremo dicho pago no lo debe soportar la Administración pública ni, en definitiva, la ciudadanía.

Frente a lo considerado por la Audiencia de Palma en su sentencia de octubre de 2017, el Supremo entiende que sí se cumplen los requisitos del delito de tráfico de influencias en la actuación de Matas, al reclamar a su consejero de Educación que hiciese la propuesta al Consell de Govern para hacer posible la contratación de Calatrava, que el entonces presidente autonómico previamente había acordado de forma verbal y unilateral con el arquitecto.

Así, el tipo penal exige que la influencia ejercida se oriente a conseguir una resolución, pero también que pueda generar al autor un beneficio de naturaleza económica, segundo aspecto que no fue apreciado por la Audiencia, al entender que Matas buscó un beneficio electoral o político aunque sin contenido económico.

El TS destaca que Matas ideó la contratación de Calatrava como propuesta orientada a obtener un mejor resultado en las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2007, mediante la presentación pública del proyecto, una presentación cuyos gastos correrían a cargo de la Administración pública y no de Matas o de su partido político.

"Fueran los beneficios para el propio acusado Jaume Matas, o fueran para el partido político, el requisito del tipo se cumple. Además, dado que todas esas cantidades fueron efectivamente abonadas, ha de entenderse que el beneficio económico fue totalmente obtenido", añade la sentencia.

Por otro lado, la Sala desestima íntegramente el recurso de Matas y confirma que cometió delito de prevaricación: "La resolución es arbitraria pues el contrato se efectuó verbalmente y de forma directa con el profesional, y tanto en ese momento como en el mismo expediente, se hizo sin que concurrieran las condiciones necesarias para acudir al procedimiento negociado sin publicidad, que tampoco se respetaron, ya que la confección del expediente se hizo en momento posterior al acuerdo y solo como forma de dotarlo de apariencia de legalidad. El precio, 1.200.000 euros, se acordó directamente entre el recurrente y el señor Calatrava".

Tampoco estima el tribunal el intento de Matas de revocar la responsabilidad civil de 1,2 millones de euros por el delito de prevaricación, alegando que la Comunidad de Baleares renunció a la acción civil al solicitar el sobreseimiento en la causa, en la que estaba personada como acusación particular.

El Supremo contesta que la comunidad autónoma sufragó con ese importe "los intereses electorales del recurrente", sin adquirir ni siquiera la propiedad intelectual del proyecto, que de acuerdo al contrato se mantenía en poder de Calatrava. Por lo que debe pagar la indemnización "para evitar que sea la Administración pública, y en definitiva, la ciudadanía, quien sufra las consecuencias de una resolución que se ha calificado como prevaricadora".

Asimismo, sobre la petición de sobreseimiento del caso que hizo en su día la comunidad, el alto tribunal señala que aunque se entendiera que la comunidad autónoma había renunciado al ejercicio de acciones penales, ello no supondría la renuncia a la indemnización que pudiera corresponderle.

Se trata de la sentencia referente a la pieza separada número 3 del caso Palma Arena, conocida como caso Ópera, sobre la adjudicación de un proyecto de palacio de la ópera en Palma al arquitecto Santiago Calatrava.

La fiscal Anticorrupción, Laura Pellón, ha asegurado este lunes que "no hay ningún pacto global ni nigún acuerdo" con los diferentes casos de presunta corrupción en los que está encausado el expresidente del Govern, Jaume Matas, dentro de la causa del Palma Arena.

Tras las vistas previas celebradas en la Audiencia Provincial de Palma, Pellón ha dicho que se está "yendo pieza por pieza y delito por delito" y que "hoy se ha intentado llegar a una conformidad en términos legales" por la pieza separada número 3 pero "no ha sido posible" porque no ha habido acuerdo por "el abono de la responsabilidad civil".

El expresidente del Govern, Jaume Matas, realizará un "reconocimiento parcial" de los hechos por los que se le juzga en la pieza separada número 3 del caso Palma Arena, relacionados con el encargo de un proyecto de ópera al arquitecto Santiago Calatrava, que no se llegó a construir.

Así lo ha anunciado su abogado defensor , José Zaforzeta, este lunes durante una visita previa que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Palma, donde también se ha determinado que este juicio se celebre el 10, 11 y 12 de julio.

El pasado 9 de marzo, el juez instructor del caso, José Castro, elevó las piezas para que se señalaran sus juicios. En concreto, se trataba de esta pieza número 3, que investiga el proyecto del palacio de la ópera, y la pieza número 11, sobre la maqueta del velódromo.

En concreto, la pieza 3 investiga el anteproyecto del palacio de la ópera que el expresidente del Govern encargó a Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros y que nunca se realizó.

Según explicaron entonces a Europa Press fuentes judiciales, de esta manera se dio por terminada la instrucción de ambas piezas separadas de este macro caso.

El espacio Bidebarrieta Kulturgunea del Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao acogerá el próximo martes día 28, la presentación del último libro del periodista y crítico de arquitectura, Llàtzer Moix, Queríamos un Calatrava, en torno a la obra del arquitecto valenciano y sus "demoras, presupuestos multiplicados e incidencias".

Según Europa Press, el acto será presentado por el periodista, Iñaki Esteban, y contará también con la presencia de Ibon Areso, exalcalde de Bilbao y arquitecto, informó el Consistorio.

La presentación comenzará a las 19.30 horas en el salón de actos de la Biblioteca de Bidebarrieta, con entrada libre hasta completar aforo, y se retransmitirá en streaming aquí .

Para elaborar la obra, Llàtzer Moix visitó algunas de las principales obras del arquitecto valenciano Santiago Calatrava en Atenas, Malmö, Milwaukee, Nueva York, Venecia o Zúrich, Bilbao, Barcelona o Valencia, donde conversó con los clientes que las encargaron, colaboradores del arquitecto que desarrollaron los proyectos, usuarios y expertos.

En esta pesquisa afloraron algunas constantes como "demoras, presupuestos multiplicados, renuncias sobre la marcha a rasgos definitorios de la obra, mantenimientos onerosos, incidencias varias y, a la postre, clientes inicialmente seducidos por el arquitecto que acabaron repudiándole e, incluso, dirimiendo sus diferencias con él en los juzgados".

El juez instructor del caso Palma Arena, José castro, ha elevado este jueves dos piezas del mismo ante la Audiencia Provincial de Palma, donde han quedado pendientes para que se señalen sus juicios. En concreto, son las piezas número tres, que investiga el anteproyecto destinado al palacio de la Ópera, y la pieza número 11, sobre la maqueta del velódromo.

En concreto, la pieza tres investiga el anteproyecto del palacio de la Ópera que el expresidente del Govern, Jaume Matas, encargó al arquitecto Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros y que nunca se realizó.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, de esta manera se da por terminada la instrucción de ambas piezas separadas de este macro caso y ya solo queda que se señale el juicio.

Además, este martes, Castro también ha elevado a la Audiencia la pieza número 10 que investiga la adjudicación de la demolición de unas naves, accesos viales y cerramientos del velódromo.

El suyo es el trencadís más mediático de la historia (con permiso del Parque Güel). Sus puentes, desde el resbaladizo Zubi Zuri de Bilbao al poco accesible de la Constitución en Venecia, están entre los más criticados de los últimos años. A su apellido se asocian las palabras "sobrecoste", "paralizado" e incluso "demandado". Se ha convertido casi en una figura pop, hasta el punto de que la expresión "Calatrava te la clava" no es ya solo una web que recoge algunas de sus "pifias", sino una expresión bastanta común. No hay ningún arquitecto español tan célebre como Santiago Calatrava (Benimámet, 1951). Y no siempre por buenas razones. 

El periodista Llàtzer Moix, que durante veinte años fue responsable de Cultura en La Vanguardia y hoy ejerce como subdirector del diario y crítico de arquitectura, ha analizado los pormenores del auge y caída del valenciano. Su libro Queríamos un Calatrava. Viajes arquitectónicos por la seducción y el repudio (Anagrama) recorre sus trabajos en 15 ciudades —por Valencia se ve obligado a pasar dos veces— y habla con decenas de colaboradores, clientes, contratistas y colegas del arquitecto. Aunque el relato no es cronológico, abarca así desde sus primeras obras en los años ochenta, como la estación Stadelhofen en Zúrich, a la última, el intercambiador de transportes de la Zona Cero de Nueva York, por la que ya está siendo criticado. 

El "queríamos" del título es fundamental. Pretérito imperfecto. Porque sus clientes, como explica el periodista "entraban con una alegría que, durante el desarrollo posterior de la obra, se iba convirtiendo en insatisfacción por retrasos, modificaciones y presupuestos que se podían triplicar". Son muchas las fuentes consultadas y sobre proyectos de naturaleza y fecha dispar. Pero la conclusión se repite de capítulo en capítulo: colaboradores descontentos por el trato recibido, clientes más o menos escaldados por las dilaciones y sobrecostes, constantes fallos de previsión y construcciones siempre célebres, por uno u otro motivo. El problema es que la seducción de Calatrava tiene efectos a largo plazo: "No solo enamora en las fases iniciales del cortejo, sino que luego envuelve al cliente en una red que no le deja escapatoria, con unas cláusulas legales que para él resultan extremadamente garantistas y que ponen a la otra parte en aprietos".

Sin proyecto, sin personal

No hace falta esforzarse mucho para recordar varios casos en España. El más polémico ha sido, por supuesto, la Ciudad de las Artes y las Ciencias valenciana, que ha costado 1.300 millones de euros y genera aún 700 millones en déficit de explotación. El Palacio de las Artes comparte el dudoso honor, junto al Ágora, de ser el más conocido de sus habitantes. Ocho años después de su inauguración, el trencadís trencadís (una especie de mosaico cerámico) que recubría el edificio, se arrugó como "una gigantesca camisa arrugada", y a finales de 2013 comenzó a desplomarse. ¿El problema? El metal de la cubierta y la cerámica no se dilatan de la misma forma por el calor. "Las constructoras estaban horrorizadas con el trencadís sobre metal, sabían que no iba a funcionar, y así lo manifestaron, pero el arquitecto se empeñó en ponerlo", declara un ingeniero en el libro de Moix. En ese caso, el arquitecto y las constructoras se han encargado de la reparación, con un coste de 3 millones. 

No son los únicos fallos en apariencia de base que han mostrado los proyectos del arquitecto. Las baldosas del Zubi Zuri que se quiebran con la presión de un bastón o un paraguas, y que provocan caídas cuando hay lluvia, las goteras del Hemisférico y el Ágora, el derrumbe parcial del Palacio de Congresos de OviedoPalacio de Congresos de Oviedo durante su construcción, la falta de movimiento en los mecanismos supuestamente móviles del propio Palacio o en el madrileño Obelisco de la Caja...

Hay dos motivos a los que Moix achaca tanto algunos de estos errores —otros vendrían a ser consecuencia del propio ego del protagonista— como los frecuentes sobrecostes. Por un lado, un equipo "insuficiente", "que va reventado, a tope de sus capacidades". Por otro, la falta de proyectos ejecutivos detallados, el plan que describe al detalle la materialidad de la obra. "¿Qué ocurre cuando se llega con un grado bajo de definición, a lo mejor porque al cliente le han entrado las prisas de cara a las próximas elecciones, o porque el proveedor del proyecto está saturado y dice 'de momento te envío esto'? Que la misma constructora dice: si esta parte de la obra no está detallada, los planos lo hacemos nosotros y luego habrá que modificarlos. Esto aumenta la cuenta final".

Reincidencia del cliente

Moix, a través de las declaraciones de los consultados y también de sus propias observaciones —cuando visita, por ejemplo, el puente del Alamillo en Sevilla, o cuando analiza las "pintorescas" declaraciones del arquitecto— no es condescendiente con Calatrava. Pero tampoco lo es con las administraciones, a las que el libro no presenta como simples afectadas por la mala praxis del valenciano. "Cuando todo esto ha ocurrido en lugares como Valencia, que ha sido una vez, y dos, y tres, y cuando se ha visto que esas piezas han dado problemas, ¿qué ha pasado?". "¿Quién es el responsable, el arquitecto que tira millas y que para que sus obras sean todo lo excelentes que él cree que tienen que ser se salta plazos, modificados y presupuestos? ¿O el cliente que, trabajando con recursos públicos, permite todo tipo de excesostodo tipo de excesos?", sigue preguntándose, después de cinco años de investigación. "Me cuesta mucho entenderlo. Y está claro que la responsabilidad es compartida".

Calatrava figura ya, defiende sin embargo el periodista, entre los diez primeros arquitectos del star system mundial star system, junto a Zaha Hadid, Normal Foster o Jean Nouvel: "Tiene garantizada su entrada en las enciclopedias de arquitectura". Otra cosa es cómo se recuerde su obra. Cuenta que entre clientes suele comentarse que, si pasan 10 años y la obra aguanta, nadie se acuerda de lo que costó. "Pero me parece que cuando se ha dado esa reiteración", objeta, "es inevitable que al arquitecto le cueste desprenderse de esto". Calatrava figurará, además de por "innovación formal muy notoria", por ser el símbolo de la burbuja del ladrillo. En términos puramente arquitectónicos no suena mejor: "Será recordado como uno de los principales exponentes de este modo de hacer arquitectura en el que la obtención de una forma muy espectacular primaba sobre cualquier otra consideración, incluidas las de funcionalidad".

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha abierto juicio oral contra el expresidente del Govern Jaume Matas por la contratación "a dedo" del arquitecto Santiago Calatrava para la elaboración de un anteproyecto de ópera que nunca llegó a ser construida, según ha informado Europa Press. Gracias a este contrato Calatrava recibió 1,2 millones de euros de dinero público.

Así lo ha acordado el juez después de que la Fiscalía presentara la pasada semana su escrito de acusación por estos hechos (al que se adhirió la Abogacía de la Comunidad Autónoma), en el que pide un año y tres meses de cárcel para el exmandatario balear por un delito de tráfico de influencias y diez años de inhabilitación por otro de prevaricación. Además, reclama el pago de 120.000 euros en responsabilidades civiles.

El fiscal solicitaba así que el exdirigente del PP se siente nuevamente en el banquillo de los acusados, como ya hizo recientemente en otras dos piezas del caso Palma Arena, por cada una de las cuales reclama dos años de cárcel para el encausado. Sobre Matas también pesa una petición de cinco años de prisión por el caso Nóos, pendiente de sentencia.

Tal y como relata el fiscal en el marco del fleco relacionado con la Ópera (la pieza número 3 de la causa), Matas proyectó la reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas pocos meses antes de las elecciones autonómicas de 2007. El proyecto finalmente no se llevó a cabo ante la negativa de la Junta Electoral y la proximidad de los comicios electorales.

La defensa del expresidente, ejercida por el abogado y exmagistrado de la Audiencia Provincial de Baleares Miquel Arbona, apunta que no hay indicios delictivos para sostener el encausamiento de su patrocinado. De hecho, el propio Matas, durante la declaración que prestó ante el juez en febrero de 2011, asumió su responsabilidad sobre la elección del arquitecto si bien defendió la legalidad de su contratación.

El exjefe del Ejecutivo balear defendió que su decisión fue "política" y "plenamente legítima", y justificó la selección y contratación sin ningún concurso previo por ser Calatrava una persona "muy cualificada técnica y artísticamente".

Sin embargo, Horrach señala en su escrito cómo a principios de ese año el exmandatario autonómico decidió "de forma unilateral" que durante la campaña electoral presentaría "un gran proyecto de obra para la ciudad de Palma", según el fiscal con el objetivo de "favorecer sus intereses propios" como candidato a ser reelegido presidente del Govern "y los del partido político al que representaba, a modo de golpe de efecto durante la campaña".

El representante del Ministerio Público subraya que, al adoptar la decisión anterior, Matas "era consciente de la práctica imposibilidad material y económica" del proyecto, puesto que no existía un estudio económico del mismo, "ni siquiera una simple aproximación", por lo que no se conocía el presupuesto necesario para acometerlo ni su forma de financiación.

Es más, añade Horrach, tampoco existía estudio sobre la ubicación del proyecto ni "un simple análisis" sobre la normativa urbanística aplicable a la zona donde se suponía que se preveía la ubicación; la zona donde presumiblemente se contemplaba situar "ni siquiera es titularidad de la Comunidad", y no había "un mínimo análisis sobre la viabilidad física de dicho proyecto en la zona elegida".

Amaño del expediente de contratación

Matas se puso en contacto con el arquitecto valenciano en febrero de 2007, explicándole su intención y con el que llegó a un acuerdo verbal por el que Calatrava presentaría un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio destinado a Ópera y artes escénicas "en un irrealizable proyecto que incluía la remodelación de toda la bahía de Palma, repercutiendo sobre el dominio público marítimo terrestre", según el fiscal.

Según abundaba el juez instructor, José Castro, fue en Roma donde Matas concertó su cita con Calatrava, cargando al erario público los gastos que supuso el viaje y que ascendieron a 5.124 euros. Entre las partidas, detallaba Castro, se hallaban el alquiler de un coche con chófer por 1.300 euros, y una noche de estancia en hotel por 945 euros.

Tras ello, el expresidente ordenó al entonces conseller de Educación y Cultura, Francesc Fiol, que amañase un expediente de contratación mediante la proposición de distintos acuerdos al Consell de Govern a fin de "otorgar apariencia de legalidad a la decisión y al acuerdo con Calatrava", revistiéndolos, prosigue el fiscal, de las formalidades jurídicas necesarias.

La tramitación fue finalmente encomendada al Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec) que, siguiendo las instrucciones del expresidente, optó por la contratación directa a través de un procedimiento negociado sin publicidad.

"Aparentar la existencia de un interés público"

Y todo ello, abunda Horrach, con el objetivo de "aparentar la existencia de un interés público" bajo la "falsa pretensión" de ordenar la Bahía de Palma y urbanizar el Muelle Viejo, además de evitar informes técnicos sobre el precio de mercado del servicio que se pretendía y que puedieran interferir en el precio pactado verbalmente.

Así fue como el arquitecto valenciano, finalmente contratado el 27 de abril, acabó percibiendo hasta un total de 1,2 millones de euros: un millón por la concepción del anteproyecto, 60.000 por la maqueta de la Bahía de Palma, otros 60.000 por la maqueta del edificio de la ópera y 80.000 por un vídeo explicativo y de presentación del proyecto.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach reclama un año y tres meses de cárcel para el expresidente del Govern Jaume Matas por la contratación 'a dedo', por 1,2 millones de euros públicos, del arquitecto Santiago Calatrava para la elaboración de un anteproyecto de ópera que nunca llegó a ser construida.

Así lo pide en su escrito de calificación provisional por estos hechos, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que atribuye al exministro un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación, por el que solicita para el acusado diez meses de inhabilitación.

Matas proyectó la reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas pocos meses antes de las elecciones autonómicas de 2007. El proyecto finalmente no se llevó a cabo ante la negativa de la Junta Electoral y la proximidad de los comicios electorales.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo rechaza que la página web calatravanonoscalla.com, que gestiona Esquerra Unida del País Valencià, vulnere el honor del arquitecto Santiago Calatrava.

En una resolución notificada este lunes, el alto tribunal desestima el recurso presentado por el arquitecto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que confirmó que lo único atentatorio contra el honor del arquitecto de dicha web era su título inicial, calatravatelaclava.com, pero no el contenido.

Añade el Supremo que en el nuevo nombre, calatravanonoscalla.com, "no concurren las razones que motivaron el pronunciamiento condenatorio consentido por el partido político demandado, puesto que no nos calla es una expresión claramente diferente de te la clava, y hace referencia a la oposición del partido demandado a cesar en las críticas a la actuación del demandante que se contenían en la página web objeto de la demanda".

Pedía 60.000 euros

El origen del pleito arranca con una demanda de Santiago Calatrava contra Esquerra Unida por la web calatravanoslaclava.com. El arquitecto consideraba que tanto el título como su contenido atentaban contra su honor, por lo que pedía su cierre y una indemnización de 600.000 euros.

Primero el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia, y después la Audiencia de Valencia, coincidieron en que lo único que podía considerarse atentatorio era el nombre de la web, pero no su contenido, amparado por la libertad de expresión, y condenó a Esquerra Unida a pagar una indemnización de 30.000 euros a Calatrava.

La sentencia de la Audiencia de Valencia sólo fue recurrida al Supremo por el arquitecto, no por Esquerra Unida, motivo por el que el alto tribunal no se pronuncia sobre si fue o no correcto determinar que el nombre de la web calatravatelaclava.com era atentatorio.

Respecto al contenido de la página, el Supremo rechaza la pretensión de Calatrava de que se considerase también atentatorio contra él. "La libertad de expresión comprende la crítica de la conducta de otro aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática", señala la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena.

"En materias tales como la contratación pública y la realización de costosas obras públicas, hay que admitir la existencia de una crítica robusta y desinhibida, pues su cercenamiento podría suponer un riesgo para la salud democrática", considera el alto tribunal.

Añade que "esta crítica tiene unos márgenes más amplios cuando es realizada por actores institucionales del debate público, como es en este caso un partido político o sus parlamentarios, sin perjuicio de que el público destinatario de las opiniones expresadas por estos pueda tener en cuenta el dato del origen de las expresiones vertidas en el debate público, como indicativas de su mayor o menor neutralidad".

La vicepresidenta, portavoz del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha advertido al arquitecto Santiago Calatrava que si reclama para terminar las obras del Ágora de Valencia "lo que se va a encontrar es que quienes le vamos a reclamar somos los valencianos, que hemos pagado muchos millones de euros para tener tantos problemas en estos edificios".

Así lo ha indicado en declaraciones de los medios al ser preguntada, durante una visita a la zona de El Saler, sobre su existe algún planteamiento de finalizar la cubierta del Ágora tal y como pide el ingeniero valenciano, que ha remitido a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) un listado de cuestiones pendientes que consideran "más urgentes" para acometer en el edificio, que incluyen reparaciones en la fachada relacionadas con la mejora en la fijación de las planchas de acero que la componen, algo que consideran "fundamental" para "evitar cualquier riesgo de desprendimiento".

A juicio de la vicepresidenta, "Calatrava tendría que hacer caso a lo que se le reclama a él, porque es una persona que después de su trayectoria y su paso por la Comunitat, lo que mejor podría hacer es no reclamar demasiado porque ha dejado un reguero de problemas en los edificios que ha diseñado que nos han costado mucho dinero, por los que se le ha pagado mucho dinero y que han tenido demasiadas disfunciones para lo que han costado".

En este sentido, ha reiterado que los diez millones de euros en los que está presupuestado que costaría terminar la cubierta del Ágora "no están entre las prioridades del gobierno" autonómico.

No obstante, ha reconocido que "obviamente" quieren que el edificio "se pueda usar porque ahora está inhabilitado porque no es seguro, porque se cae el 'trencadís', porque por la cubierta entra agua y la puerta se rompe cada vez que se meten 6.000 personas dentro y hay una diferencia térmica entre interior y exterior". Según Oltra, se trata de "deficencias" de las que el arquitecto "tiene mucha resposanbilidad".

Calatrava remite un listado de cuestiones "urgentes"

El estudio del arquitecto valenciano Santiago Calatrava había remitido a la Ciudad de las Artes y las Ciencias un listado actualizado de las cuestiones pendientes que consideran "más urgentes" para acometer en el edificio del Ágora, que incluyen reparaciones en la fachada relacionadas con la mejora en la fijación de las planchas de acero que la componen, algo que consideran "urgente y fundamental" para "evitar cualquier riesgo de desprendimiento".

Así consta en el listado remitido por la oficina de Calatrava a Cacsa con la parte de cuestiones pendientes urgentes ya que la lista completa se incluye en el Anexo III del Certificado Final Parcial de Obra. El estudio señala en la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, que las observaciones se realizan de acuerdo con recientes visitas a la obra donde han podido constatar que, desde que fue suspendida, "se han acometido actuaciones relevantes" sin ser supervisadas por la dirección de obra y sin que sepan el fin y alcance de esos trabajos.

En estas visitas se ha comprobado el "deterioro" de algunas de las zonas inacabadas de la obra, que se encuentra en situación de suspensión temporal desde el 1 de febrero de 2013. En este sentido, recomienda la contratación de una consultora experta independiente para hacer un levantamiento completo del estado de las obras y elabore con sus recomendaciones para garantizar su durabilidad.

La Audiencia Provincial de Valencia acaba de confirmar el fallo de un juzgado que condenaba a EU a indemnizar al arquitecto y ordenó la supresión de su web calatravatelaclava.com, ahora reconvertida en calatravanonoscalla.com. El portavoz de EU insisitió en que en su día lograron reunir 8.000 euros de donativos para poder pagar esa indemnización, que espera que ahora se incrementen, ya que la cantidad que deben abonar al arquitecto valenciano les supone un verdadero "quebranto económico".

En su opinión, la Audiencia ha optado por una "decisión salomónica", en tanto que ha rechazado los recursos de ambas partes, aunque ha considerado que esa sentencia supone "un triunfo político para EU, porque "avala" el contenido de su web, y una "derrota económica para Calatrava", porque le conceden la "vigésima parte" de lo que pedía. Para Blanco, la página web, que cuenta con más de un millón de visitantes, ha permitido dar a conocer "las pifias, sobrecostes e irregularidades" del arquitecto, al que los valencianos han pagado "100 millones de euros" por sus trabajos "defectuosos" y a quien se han abonado "más de 18 millones de euros por proyectos que no se han hecho".

Por su parte, el arquitecto aseguró, a través de su despacho, que EU utilizó su imagen dentro de una campaña política con fines electoralistas y anunció que los 30.000 euros de indemnización que recibirá en compensación los donará a una ONG.

EU puso en marcha en 2012 la web calatravatelaclava.com, que alcanzó más de un millón de visitas y fue noticia en los principales medios estatales e internacionales, llegando a salir en portada de The New York Times.

El juzgado de instrucción número cinco de Castellón suspendió la declaración prevista para este martes del arquitecto valenciano Santiago Calatrava, en calidad de imputado en una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en relación con el proyecto de construcción del Centro de Convenciones de la capital de La Plana, al no poderle notificar la citación, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De acuerdo con el TSJCV, el abogado del arquitecto se puso en contacto con la Audiencia de Castellón vía telefónica para informar de que se personará en la causa por lo que, una vez tenga conocimiento de las actuaciones, se fijará una próxima fecha para tomarle declaración.

Cobró 2,7 millones de euros

Santiago Calatrava está citado a declarar este martes, a las 11.00 horas y en calidad de imputado, en el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, en la investigación abierta por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones que se proyectó en la capital de La Plana y por el que el arquitecto recibió 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico.

Así mismo, el juez requirió a la mercantil Santiago Calatrava GMBH que aporte los programas de necesidades recibidas en relación al Centro de Convenciones de Castellón –programa inicial, el procedente del Ayuntamiento de Castellón y el remitido por la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana de mayo de 2008–; que informe en base a cuál de los anteriores presentó el masterplan, anteproyecto y proyecto básico; y que indique la localización prevista del Centro de Convenciones dentro del PAI Mestrets.

Igualmente, el juez acordó requerir a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana para que aporte los estatutos de la sociedad; el acta de reunión por la que el Consejo de Administración de la Sociedad autorizó el aumento del presupuesto inicial al finalmente aceptado en relación al Centro de Convenciones de Castellón; e informe técnico o motivación que acredita la especificidad artística del proyecto y que motivaron la adopción del modo de contratación sin publicidad.

Por otra parte, el juez decidió requerir al Ayuntamiento de Castellón información relativa al PAI Mestrets, la fecha de iniciación, motivo de anulación y fecha de la misma; localización que el Centro de Convenciones debía ocupar, así como título jurídico que le habilitaba para disponer de dicha superficie.

Investigación

El juzgado abrió una investigación por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón e inicialmente citó como imputados a quien fuera el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos de la Conselleria de Hacienda, Eusebio Monzó Martínez –a quien cesó el Consell unos días después de conocerse su imputación–; al técnico Javier de Diego Calero y a Fernando Benzo por su trabajo en la oficina de Calatrava.

El Centro de Convenciones de Castellón era un proyecto de Santiago Calatrava que estaba incluido en el PAI Mestrets de la capital de la Plana. No obstante, la Generalitat Valenciana decidió dejar en suspenso su ejecución a causa de la crisis económica, según informó en 2012. El Consell, según se detalló entonces, pagó a Calatrava 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del centro.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró en relación a este asunto que el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, que diseñó Santiago Calatrava, era importante para la ciudad y destacó que la gestión de la contratación fue correcta.

El juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha imputado al arquitecto valenciano Santiago Calatrava en la investigación abierta por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones que se proyectó en Castellón.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el arquitecto tendrá que declarar en calidad de imputado el próximo 2 de septiembre.

El juzgado abrió una investigación por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón e inicialmente citó como imputados a quien fuera el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos de la Conselleria de Hacienda, Eusebio Monzó Martínez –a quien cesó el Consell unos días después de conocerse su imputación–; al técnico Javier de Diego Calero y a Fernando Benzo por su trabajo en la oficina de Calatrava.

El Centro de Convenciones de Castellón era un proyecto de Santiago Calatrava que estaba incluido en el PAI Mestrets de la capital de la Plana.

No obstante, la Generalitat Valenciana decidió dejar en suspenso su ejecución a causa de la crisis económica, según informó en 2012. El Consell, según se detalló entonces, pagó a Calatrava 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del centro.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia ha considerado insuficientes las garantías dadas por el despacho del arquitecto Santiago Calatrava y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Dragados para la reposición de la cubierta del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia por lo que ha decidido seguir adelante con un proceso de demanda.

Así lo ha anunciado la Generalitat tras la reunión mantenida este jueves con abogados de CACSA en la que se ha estudiado la última propuesta que Calatrava y la unión de empresas había remitido a la administración para reparar la cubierta del teatro de ópera que sufrió desprendimientos en el 'trencadís'.

Tras analizar la oferta, los responsables de CACSA no la ha considerado satisfactoria, por lo que, como ya se adelantó, han decidido seguir adelante con el proceso de demanda que iniciaron "de forma preventiva" en el pasado Consejo de Administración.

No obstante, CACSA espera que durante el procedimiento legal contra el despacho de Santiago Calatrava y la UTE Constructora se llegue a un acuerdo amistoso que satisfaga las condiciones de CACSA para la reparación de la cubierta del Palau de Les Arts, explica la Generalitat en un comunicado.

Desde el Consell ponen de manifiesto que, a pesar de que la nueva propuesta enviada por la UTE y Calatrava supone "un avance significativo sobre la anterior, ésta no garantiza suficientemente la responsabilidad solidaria de 10 años que exigía CACSA para las obras de reparación de la cubierta del Palau de les Arts".

El consejo de administración de CACSA transmitió a la UTE y Calatrava cinco requisitos que tenían que cumplir en su propuesta de para arreglar la fachada del Palau de Les Arts.

La propuesta recibida el pasado viernes por CACSA por parte de la UTE y Calatrava cumple con cuatro de estos cinco puntos que son que las obras deben ejecutar un recubrimiento de la cubierta liso, de superficie uniforme y sin ondulaciones que este ajustado a la curvatura de la cubierta; que el material utilizado en el recubrimiento debe ser de tipo cerámico blanco lo más similar en color y apariencia al recubrimiento originario; que la solución constructiva propuesta requiera un mantenimiento económico y técnicamente razonable y aportar informes técnicos de expertos independientes que avalen que la solución constructiva propuesta tendrá una durabilidad superior a los diez años.

Sin embargo, la propuesta de la UTE y Calatrava no cumple con el quinto requisito que exigía que deben asumir contractualmente su responsabilidad solidaria frente a cualquier tipo de defecto en el proyecto y ejecución del revestimiento de la cubierta aportando las garantías suficientes mediante un aval o seguro de cobertura de riesgo a 10 años.

En este sentido, precisan que la propuesta recibida por parte de la UTE y Calatrava ofrece como garantía de ejecución un seguro a todo riesgo de 3 años y a 10 años de responsabilidad civil, así como una garantía de Calatrava y la UTE pero no solidaria.

Se seguirá negociando

Por tanto, CACSA continúa con el proceso legal de reclamación que se inició en la reunión del consejo de administración de la pasada semana y seguirá negociando con Calatrava y la UTE para llegar a un acuerdo amistoso y satisfactorio durante todo este proceso legal.

Además, la Ciudad de las Artes y las Ciencias estudia la convocatoria de un concurso público para la restauración de la cubierta del Palau de les Arts, en caso de que no se llegue a un acuerdo, con el fin de los que los trabajos de reparación se inicien en el menor tiempo posible.

El juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia ha rechazado cerrar la página web www.calatravanonoscalla.com utilizada por Esquerra Unida (EUPV) para realojar sus denuncias sobre el arquitecto Santiago Calatrava que anteriormente se exponían en la web www.calatravatelaclava.com y cuyo dominio fue considerado como intromisión ilegítima al derecho al honor de Calatrava.

Así consta en un auto, facilitado por EUPV, en el que el juez desestima la petición de Calatrava de completar y ampliar la sentencia que dictó el 15 de mayo, por la que se condenaba a la formación política a pagar 30.000 euros por haber causado intromisión ilegítima al utilizar el dominio calatravatelaclava.com. Sobre el contenido, señalaba que se ajustaba al derecho fundamental de libertad de expresión y de información.

En su solicitud, el arquitecto valenciano reclamaba que se le prohibiera a EUPV la utilización del nombre o apellido de Santiago Calatrava con el único objeto de denigrarle, y que se abstuviera de utilizar otros dominios de internet que contuvieran la misma o similar expresión injuriosa objeto de las actuaciones.

El juez, tras estudiar esta solicitud, la desestima al entender que se puede deducir "con suficiente claridad" que las cuestiones que ahora trata de introducir la parte de Calatrava en su petición de aclaración de determinadas cuestiones, han sido ya todas ellas debidamente tratadas y valoradas en la resolución.

En la sentencia, agrega el magistrado, se especificaba las razones por las que el contenido de la página calatravatelaclava.com pertenecía al campo del derecho fundamental de libertad de expresión y de información, aún cuando critica en general la actuación y la obra del arquitecto.

El portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, ha criticado el "intento" de Calatrava de cerrar la nueva web, y ha agregado: "Quería cambiar el fallo porque no ha conseguido su objetivo de silenciar nuestras denuncias sobre sus contratos públicos y sobrecostes millonarios".

En la misma línea, Blanco ha anunciado que su partido ya ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia de instancia que "ni le gusta a Calatrava ni nos gusta a nosotros, porque entendemos que en el título no hay ninguna intromisión en su derecho al honor sino un ejercicio legítimo del derecho a la información y a la libertad de expresión: a fin de cuentas, con sus pifias y sobrecostes nos ha estado clavando a todos los valencianos durante 20 años", ha dicho.

Esquerra Unida ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para reunir los 30.000 euros que deberá pagar al arquitecto valenciano Santiago Calatrava. La pasada semana, el juzgado de primera instancia número 12 de Valencia condenó a la formación por una "intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor" del profesional, ordenó el cierre del portal en el plazo máximo de 20 días e impuso al partido la citada multa.

La condena vino motivada por el nombre del dominio, que la justicia estimó injurioso al advertir que supone "una pública descalificación personal y profesional" que lo hace "injurioso y vejatorio". En el fallo puede leerse que el dominio original aludía al arquitecto "con evidente sorna e intencionalidad", como si se tratase de un profesional "que no actúa con la necesaria profesionalidad y honradez sino que te engaña, te traiciona, te estafa, se enriquece injustamente y abusa de tu confianza".

Sin embargo, el juez no puso reparos al contenido de la página, que recopila noticias relacionadas con proyectos del arquitecto y que, según el fallo judicial, se enmarca "dentro de los límites de la crítica como reflejo del derecho también fundamental a la libertad de expresión" aunque sean "poco favorables a la labor profesional del arquitecto". Por ello, EUPV trasladó la web a un nuevo dominio: calatravanonoscalla.com.

Ahora, la formación ha puesto en marcha la campaña de crowdfunding pese a que tiene intención de recurrir la sentencia. El partido argumenta que el arquitecto puede solicitar en cualqueir momento el pago de los 30.000 euros, lo que le supondría un "quebranto económico durísimo". Si finalmente se estima el recurso y se rechaza la demanda, concluye EUPV, el dinero se destinará íntegramente a proyectos de cooperación internacional. En las primeras horas de esta iniciativa se han recaudado unos 600 euros a través de la web.

Calatravatelaclava.com ya tiene sucesora, menos de 24 horas después de que un juzgado de Valencia ordenara su cierre por atentar contra el honor del polémico arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Este viernes, el portavoz adjunto de Esquerra Unida en el parlamento valenciano –la formación impulsora de la web–, Ignacio Blanco, ha anunciado el traslado a un nuevo dominio: calatravanonoscalla.com.

Este jueves, el juzgado de primera instancia número 12 de Valencia aseguró que la dirección de la web constituía una "intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor" del profesional y estipuló que el portal debía ser suprimido en un plazo máximo de 20 días. El juez condenó además a EUPV al pago de 30.000 euros, que la formación ha anunciado que recaudará mediante el micromecenazgo.

Blanco ha señalado que “si se desestima la demanda de Calatrava en segunda instancia, ese dinero se destinará a otra causa de defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información” y ha explicado que la decisión de trasladar el contenido original a un nuevo dominio se entiende porque el fallo judicial no censura el contenido de la web, sino únicamente la dirección a través de la que se accede a él.

“Como la sentencia nos da la razón sobre el contenido de la web, diciendo que son verdades incontrovertibles, hechos ciertos, información veraz y documentos que han sido ocultados a la ciudadanía, hoy mismo ponemos en marcha una nueva página web con el título 'Calatrava no nos calla', donde recogeremos todas las informaciones y todos los documentos que estaban y muchos más”, ha agregado.

Demanda del arquitecto

Calatrava presentó en enero una demanda contra la web al considerar que vulneraba su derecho al honor y solicitó una indemnización de 600.000 euros. En el escrito argumentó que no podía obviarse la repercusión internacional de la web, que ilustró con ejemplos como el buen posicionamiento en Google del sitio o que el tema 'calatravatelaclava.com' llegara al quinto puesto entre las etiquetas más populares en Twitter a nivel mundial.

El arquitecto, que también mencionó las apariciones de la web de Izquierda Unida en medios como The Guardian y The New York Times, ha visto como su demanda ha sido desestimada al ser considerada por el juez como excesiva, si bien el fallo admite que el dominio, no así el contenido, es "injurioso".

Por su parte, la Fiscalía solicitó en marzo al juez que rechazara la demanda al entender que en este caso debía primar el derecho a la información y libertad de expresión frente al derecho al honor, porque el contenido recogido en la web tiene, a su juicio, "gran relevancia pública" y justifica el interés.

La web calatravatelaclava.com –puesta en marcha por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) para dar cuenta de algunos de los proyectos más polémicos del arquitecto– supone para el juzgado de primera instancia número 12 de Valencia una "intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor" del profesional. Por ello, ordena que el portal tiene que ser suprimido en un plazo máximo de 20 días y condena a la formación a pagarle 30.000 euros.

Calatrava presentó el pasado enero una demanda contra la página web al considerar que vulneraba su derecho al honor. En el escrito reclamó su cierre y solicitó una indemnización de 600.000 euros que no ha sido atendida por el juez al considerarla excesiva. El magistrado restringe el daño causado al ámbito "íntimo" y, aunque señala que el contenido de la página se enmarca en la libertad de expresión, sí considera que el nombre de la web atenta contra su derecho al honor y supone "una pública descalificación personal y profesional" que lo hace "injurioso y vejatorio". Dice que el dominio alude al arquitecto "con evidente sorna e intencionalidad" como si se tratase de un profesional "que no actúa con la necesaria profesional y honradez sino que te engaña, te traiciona, te estafa, se enriquece injustamente, abusa de tu confianza y otras interpretaciones en esta misma línea". 

Sobre el contenido del portal, el juez dice, sin embargo, que se enmarca "dentro de los límites de la crítica como reflejo del derecho también fundamental a la libertad de expresión" aunque sean "poco favorables a la labor profesional del arquitecto".

En su demanda, Calatrava argumentó que no podía "ignorarse" la "inmensa repercusión a nivel nacional e internacional" de la web. Llegó a aportar algunos ejemplos como "el hecho de que en Google aparezca en el puesto quinto de sus resultados tras fijar como criterio de búsqueda 'santiago calatrava'", "que el hashtag 'calatravatelaclava.com' arrasara en twitter convirtiéndose en quinto trending topic mundial" o que la puesta en marcha de la página hubiera sido noticia en medios como The Guardian y The New York Times.

El pasado marzo la Fiscalía solicitó al juez que rechazara la demanda al entender que en este caso debía primar el derecho a la información y libertad de expresión frente al derecho al honor porque el contenido recogido en la web tiene, a su juicio, "gran relevancia pública" y justifica el interés. 

La reacción de Esquerra Unida 

El portavoz adjunto de EUPV en Les Corts, Ignacio Blanco, aseguró tras conocer el fallo que estudiará "detenidamente" la presentación de un recurso. Blanco apuntó que no comparte la sentencia e hizo hincapié en que "toda la información que contiene la página web es veraz y está acreditada documentalmente". "Entendemos que es de relevancia pública porque se trata de los millones de euros que los valencianos nos hemos gastado de más en los proyectos de Santiago Calatrava", aseguró. 

El diputado destaca que el juez considera "injuriosa" la expresión 'te la clava', algo que la formación ha defendido "muchas veces que es una expresión que tiene un contexto social en el que se usa" y por eso entienden que Calatrava "nos la ha clavado".

Así, ha incidido en que la sentencia "nos da la razón en lo más importante, que es el contenido de la página web". "El juez entiende que nuestra crítica, que está documentada, entra dentro de los límites del ejercicio del derecho a la información y de la libertad de expresión", ha subrayado Blanco.

Los escándalos salpican a Santiago Calatrava, también al otro lado del charco. La Autoridad Portuaria de New York, organismo público de carácter gubernamental creado para gestionar los puertos y otras infraestructuras de transporte, pagó al arquitecto español 500.000 dólares por consultar los diseños de un puente que uniría New Jersey con New York. Según la información publicada por el diario North Jersey el pasado domingo, los proyectos del arquitecto español ni fueron solicitados, al menos de manera oficial, ni podrán ser utilizados en el futuro. 

David Steiner y Anthony Sartor, miembros de la comisión de la autoridad portuaria, habrían presionado al organismo público para incorporar los diseños de Calatrava a la construcción de los puentes Bayonne y Goethals. Tanto Steiner como Sartor, cuya relación con el arquitecto español aún no se ha esclarecido, han dimitido de sus cargos y están bajo la lupa de la Fiscalía de Manhattan y New Jersey por posible conflicto de intereses.

Los miembros de la comisión de la autoridad pública no pueden, en teoría, influir en la concesión de proyectos. Sin embargo, ambos comisionistas habrían tratado de manipular el concurso público en beneficio de Calatrava. “Inviables e innecesarios”, así calificaron los abogados e ingenieros del organismo público los diseños del español. A pesar de que los proyectos del afamado arquitecto, presentados bajo manga por Steiner y Sartor, fueron rechazados, los comisionistas continuaron apostando por su trabajo.

La insistencia de los intermediarios del organismo hizo saltar las alarmas dentro de la Autoridad Portuaria. Falta de transparencia, posibles demandas, investigaciones y mala publicidad, eran las principales consecuencias de la trama entre Steiner, Sartor y Calatrava.

Un proceso a puerta cerrada

Los lazos entre Steiner, famoso por sus generosas donaciones en política y rico promotor inmobiliario, y el arquitecto español aún no se han esclarecido. Lo que parece indiscutible es que el círculo que rodea al empresario parece una estrategia de Monopoly, como señala el diario North Jersey. En 2009, con motivo de su 80º aniversario, Steiner reunió entre otros a su compañero Sartor y al gobernador de New Jersey, Jon Corzine. Santiago Calatrava y su mujer formaban parte del grupo.

Fue en marzo de 2011 cuando Steiner facilitó los diseños de Calatrava del puente Goethals a la Autoridad PortuariaGoethals . El organismo público había decidido remplazar el viaducto, que une las islas Elizabeth y Staten, por un nuevo puente formado por una serie de cables que, enganchados a diferentes columnas, soportarían el peso del pavimento. Después de años de planificación y un coste estimado de 1,5 billones de dólares, el proyecto contaba con el visto bueno de la Agencia Federal de Medioambiente.

A pesar de que los diseños de Calatrava, muy similares a unos rechazados por las autoridades del puerto en 2008, retrasarían el proyecto, Steiner y Sartor apostaron por la idea. Pero los abogados del organismo público rechazaron no sólo la propuesta del arquitecto español, sino también la forma en la que habían llegado hasta la Autoridad Portuaria: en privado, a través de los comisionistas y sin una petición formal por parte de la agencia. A las críticas de los abogados se sumaron los ingenieros que advirtieron que los diseños no sólo eran defectuosos, sino que además supondrían un coste extra de 235 millones de dólares.

Una vez desterrado del proyecto del puente Goethals, Steiner trató de introducir al ingeniero español en un segundo viaducto: el de Bayonne. El 7 de julio de 2011, tanto Steiner como Sartor se habrían reunido con el equipo de Calatrava para plantear el nuevo encargo.

Los responsables del organismo público rechazaron la propuesta del ingeniero valenciano que, además de ser “una opción inviable”, supondría un coste de 100 millones de dólares más a los 792 millones ya presupuestados. En este sentido, las autoridades públicas señalaron en un documento confidencial, que no debía haber más comunicaciones ni revisiones sobre la propuesta de Calatrava. Sin embargo, Steiner trató de introducir al arquitecto español en el equipo encargado del proyecto.

Si bien la relación entre Steiner y Calatrava es evidente, no lo es menos la de este último con Sartor. El empresario estuvo involucrado en el proyecto del World Trade Center, incluido el relativo a la estación de transporte diseñada por el valenciano. En 2005, antes de que se iniciaran las obras del metro –de un coste estimado de 2 billones de dólares– en Nueva York, el comisionista viajó a Europa junto a una delegación de la Autoridad Portuaria para visitar las construcciones de Calatrava. Sartor se enfrenta en estos momentos a una investigación por posible conflicto de intereses.

La firma de ingeniería PS&S, de la que Sartor es presidente, trabaja de manera regular con las mismas compañías que colaboran con Calatrava en la construcción del metro de Manhattan. Una de estas firmas, STV, habría realizado negocios con la empresa de Sartor en 2008, momento en el que el empresario supervisaba la reconstrucción del World Trade Center.

¿500.000 dólares? No es suficiente

A finales de 2011, los miembros de la comisión portuaria se reunieron a puerta cerrada para discutir si debían pagar o no al arquitecto por sus diseños. La Autoridad Portuaria estimó que Calatrava recibiría 500.000 dólares; cantidad con la que el organismo público perseguía evitar cualquier demanda o reclamo por parte del ingeniero si decidían utilizar algún punto de sus diseños.

Medio millón de dólares no era, a los ojos de Calatrava, cuantía suficiente para comprar los derechos de sus planos. Después de seis meses de negociaciones, en julio de 2012 el arquitecto español y el organismo público llegaron a un acuerdo: Calatrava tendría el copyright y los derechos de propiedad intelectual de todas sus ideas copyright .

En definitiva, Calatrava recibió 500.000 dólares para "compensar el tiempo que invirtió", como explicó su portavoz, en proyectos que ni le fueron solicitados de manera oficial ni podrán ser utilizados en el futuro. Una cuantía nada desdeñable que sólo permite ver los diseños y compararlos con los realizados por el organismo público.

Proyectos inviables y ruinosos

No es la primera vez que el arquitecto e ingeniero valenciano se embolsa cifras millonarias por proyectos que no se llevaran a cabo. El Gobierno valenciano, presidido por aquel entonces por Francisco Camps, pagó 15 millones de euros a Calatrava por proyectar tres rascacielos en Valencia que, probablemente, nunca verán la luz.

No sólo por el derroche el arquitecto ha saltado a la primera plana mediática, sino también por la ruindad de sus trabajos. El desprendimiento de varias partes del revestimiento cerámico que cubre el Palau de les Arts de Valencia obligó el pasado mes de diciembre a establecer un perímetro de seguridad para evitar posibles accidentes. La cubierta del singular edificio, concebida por el ingeniero, no resistió el temporal que azotó la región.

La página web calatravatelaclava.com, creada por Esquerra Unida (EUPV), para denunciar los “proyectos ruinosos y las facturas sin IVA” del arquitecto evidencia la mala fama del proyectista.

El pasado mes de febrero, el juzgado de primera instancia número 12 de Valencia rechazó en un auto el cierre de la web, que había reclamado el arquitecto valenciano como medida cautelar en un proceso en el que reclama 600.000 euros de indemnización a la formación de izquierdas por vulnerar su derecho al honor. El magistrado impuso además al demandante las costas de este incidente.

Así se ha pronunciado el representante del Ministerio Público en una audiencia previa en el juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia por la demanda interpuesta por Calatrava contra EUPV por presunta vulneración al derecho al honor por la que le pide una indemnización de 600.000 euros y el cierre de la web.

En la audiencia, que ha quedado vista para sentencia, el fiscal ha expuesto que en este asunto prevalece el derecho a la información porque el contenido recogido en la web tiene "gran relevancia pública" y justifica el interés. También que sustenta su solicitud en la relevancia pública del arquitecto valenciano.

Previamente, el abogado de EUPV también se ha ratificado en su escrito de defensa y ha pedido la desestimación de la demanda al mantener que lo recogido en la web de la formación son básicamente noticias publicadas en distintos medios de comunicación y contratos de Calatrava con la Generalitat, publicados para que los valencianos tuvieran acceso a esta información.

Frente a ello, el abogado de Calatrava ha reclamado que se estime su demanda al entender que la web "produce menosprecio" y que el contenido de sus informaciones es "falso" y está "lleno de graves acusaciones".

Durante la vista, el juez ha indicado que dictará sentencia en base a la documental remitida por las partes y ha rechazado las testificales propuestas, así como la petición del abogado de Calatrava de incorporar la definición que hace la RAE sobre el término clavarclavar. El magistrado ha rechazado esta solicitud por ser "notorio y conocido" su significado.