España ha apoyado el ascenso del Vaticano a miembro permanente de la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra, aunque este año de forma virtual por culpa del coronavirus. Desde 1953, la Santa Sede participa en el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sólo por invitación personal de su director general y como observador. Pero su intención es ganar protagonismo y lo va a conseguir gracias a Italia, que elaboró una resolución para concederle un puesto permanente.

Se garantiza así su participación en todos los grupos de trabajo y el derecho a “copatrocinar” proyectos de resoluciones y decisiones en cualquier ámbito. Según ha publicado openDemocracy, un medio de comunicación independiente con sede en Londres, la solicitud contaba con el apoyo de Polonia y Hungría, dos de los países europeos con gobiernos ultraconservadores en materia de derechos sexuales, reproductivos y LGTBI. No obstante, el pasado 12 de mayo, Italia suavizó su propuesta, de forma que la Santa Sede se convierta en observador permanente, pero pueda copatrocinar únicamente decisiones que hagan referencia al propio Vaticano.

Ése es el estatus, rebajado, que el Gobierno español secunda, tal y como explica el Ministerio de Asuntos Exteriores a preguntas de infoLibre. El mismo de que disfruta la Santa Sede en la Asamblea General de las Naciones Unidas, “así como otros observadores en la OMS como Palestina”. También asegura el departamento dirigido por Arancha González Laya que ha hecho “las gestiones oportunas para que esto se refleje en el texto de la resolución” italiana.

Según puede comprobarse al comparar el borrador inicial y el texto definitivo, publicados por openDemocracy, Italia pretendía en un principio que el Vaticano tuviera derecho a publicar y hacer circular todo tipo de comunicados “directamente, sin intermediarios” y con la categoría de “documentos oficiales”. También que pudiera participar en cualquier grupo de trabajo o de redacción. Además, el texto reconocía el “extenso compromiso de la Santa Sede en la promoción de los cuidados de salud así como en las medidas públicas para afrontar emergencias humanitarias, pandemias y otras emergencias sanitarias públicas, incluyendo la reciente pandemia del SARS-COV-2”. Todo ello ha desaparecido del texto final a la búsqueda de mayores apoyos.

El Gobierno español no ha querido precisar si también respaldaba la primera redacción de la iniciativa italiana, alegando que las “consultas informales” en las que se ha negociado el documento son “confidenciales”. Pero sí indica que “se une al consenso existente entre los socios de la Unión Europea” para que la Santa Sede obtenga estatus de observador permanente cuando se le pregunta si se “siente cómodo” compartiendo iniciativas con países como Polonia y Hungría. “España promueve la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos humanos LGTBI en todos los foros internacionales en los que participa”, resume el ministerio.

La resolución italiana fue presentada el pasado jueves en la Asamblea Mundial de la Salud. Junto a Italia aparecen como copatrocinadores países de la UE como Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Malta, Portugal, República Checa y Rumania. También los miniestados de Andorra, San Marino y Mónaco. Además de países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Los que más llaman la atención: países musulmanes como Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Pakistán y Qatar. También India y Japón o Filipinas y Sudáfrica aparecen en la lista. Pero no España.  Aun así, ha votado a favor del nuevo estatus vaticano. “Nos sumamos al consenso, pero no copatrocinamos, como tampoco lo han hecho Francia, Suecia, Dinamarca o Países Bajos”, aclaran. La resolución italiana fue aprobada en comité la semana pasada y en el plenario de la Asamblea Mundial este lunes.

Alineado con los países integristas

“No me parece oportuna la presencia del Vaticano en esos foros, sobre todo cuando se trata de temas sensibles como la salud reproductiva, por ejemplo”, opina el teólogo Juan José Tamayo. Los planteamientos de la Iglesia católica en asuntos como la anticoncepción, el aborto o los modelos de pareja y de familia, explica, son “muy regresivos y muy retrógrados”. Y represivos contra las mujeres: “El Vaticano es una unipatriarquía, regida sólo por varones que ostentan el poder absoluto y elaboran los dogmas y la doctrina, marcan las orientaciones morales y estructuran organizativamente la institución, cuya constitución establece además que el Pontífice ostenta los tres poderes y nadie puede apelar en su contra”, reflexiona el teólogo. “No se puede ir a estos órganos [internacionales] con esa actitud”, resume Tamayo, tras advertir también del peligro de confundir “delito y pecado”.

Es más, en los foros internacionales donde participa, el Vaticano no ha tenido problema para “hacer piña”, dice Juan José Tamayo, con los países musulmanes más integristas. “La experiencia nos dice que en algunos acuerdos las posiciones ultraconservadoras de la Iglesia católica sobre los derechos de las mujeres se han alineado con las de los países islámicos, y no por coincidencia ideológica, sino porque tienen una visión similar en materia de salud sexual y reproductiva”, corrobora la directora de la Federación Mujeres, Marisa Soleto. De hecho, asegura que, si las resoluciones aprobadas en la Conferencia de Pekín de la ONU en 1995 “se quedaron cortas” en derechos reproductivos, pese a los avances en otros asuntos como la violencia de género, “se debió a la influencia del Vaticano”. Porque, para conseguir cierto nivel de consenso, hubo que “limar aristas” y “rebajar el nivel de reivindicación”, recuerda aludiendo a la influencia católica en algunos estados. “Esperemos que, en la OMS, que ha tenido un papel relevante en el reconocimiento del derecho a decidir y en ligar la salud materno-infantil a los derechos sexuales y reproductivos, esa posición no se vea afectada”, advierte, “pero tendremos que estar vigilantes”.

La doctrina de la Iglesia católica no ha cambiado 

Óscar Escolano, coordinador del Grupo de Fe y Espiritualidad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, se muestra confiado, por el contrario, en que la influencia del Vaticano no afecte a los avances recién conseguidos en la OMS, como el cambio de clasificación de la transexualidadcambio de clasificación de la transexualidad, que ha dejado de ser considerada como disforia de género, una enfermedad mental, para pasar a la categoría de problema de salud sexual. Lo mismo ha reconocido el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM), elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. “Ahí poco puede hacer el Vaticano”, zanja. Sí le preocupan las consecuencias que quizá tenga la influencia católica en los derechos de las lesbianas a la reproducción asistida.

En lo que no confía Escolano es en que el discurso más comprensivo con los homosexuales del papa Francisco se traduzca en una política institucional más abierta de la Santa Sede en los organismos internacionales. “Una de cal y otra de arena: declaraciones positivas de las que luego se retracta y una doctrina que, en realidad, no ha cambiado”, concluye. Juan José Tamayo le da la razón. “El papa puede decir misa”, bromea, “porque el Derecho Canónico no ha cambiado, y los representantes del Vaticano no irán a la OMS con las declaraciones del pontífice, sino con el Derecho Canónico”. El teólogo recalca que esas manifestaciones “no se plasman en leyes” y la doctrina sigue “prohibiendo los anticonceptivos, considerando la homosexualidad una perversión y el Derecho Canónico sigue excomulgando”.

Sobre el apoyo de España a la presencia aumentada de la Santa Sede en un foro como la OMS, Juan José Tamayo aclara que el Gobierno no viene obligado a ello por sus acuerdos con la Iglesia católica. Que se refieren exclusivamente a cuestiones económicas, culturales, jurídicas –el reconocimiento del matrimonio canónico como unión civil– o educativas –la obligación de enseñar Religión en las escuelas–, así como a la renuncia del rey a nombrar obispos. En cambio, cree que el Ejecutivo está concediendo a la Iglesia “un nuevo espacio para exponer con voz y con poder sus planteamientos, que no se mueven en el ámbito de una ética cívica, pluralista y tolerante, sino todo lo contrario”.

Los africanos acuden a nuestras costas obligados a huir de la miseria. Totalmente de acuerdo con que vengan. 

Sin embargo, cada vez que llega un bebé, su padre “produce” otro en su lugar de origen (el descontrol de la natalidad es absoluto). Carecen de anticonceptivos y no han interiorizado el concepto de castidad.

De joven he viajado, mochilera, por gran parte de África. Llama la atención el sufrimiento de las madres y de los enfermos; la desnutrición de los bebés. Está lleno de leprosos.

Las misiones de la Iglesia Anglicana reparten anticonceptivos. Pero ni los católicos ni los Ulemas musulmanes se los dan. Solo ayudan a los que ya han nacido, les dan antibióticos, dejan que sobrevivan a sabiendas del sombrío futuro que les espera y que no tardará en llegar.

¿Por qué nace tanta gente? No son el resultado de la necesidad, ni de la planificación, sino del impulso más placentero, el único lujo al que pueden aspirar. 

Tras el orgasmo, solamente masculino, a las mujeres les crece la barriga y en pocos años se han convertido en unas viejas entristecidas de kilométricos pechos vacíos por la fuerte succión de los recién nacidos, que se suceden en un rosario infinito y solo sueltan la teta cuando nace el hermano que los viene a reemplazar.

El papa Francisco –dice Cercas– abomina del aborto (comprensible) y de los anticonceptivos. Y eso, creyente en Dios o no,  me parece intolerable. 

China nos recuerda que con la política del hijo único, evitó el nacimiento de 300 millones de personas. ¿Qué hubiese pasado en el mundo si hubiesen nacido? ¿Qué nos pasaría a los europeos si, por falta de control, tuviésemos quince hijos cada una?

Mi petición al papa es simple: ¿Por qué no se incluyen los anticonceptivos como prioridad para ayudar a las familias pobres que dependen de  la Iglesia?

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Mercè Carandell Robusté es socia de infoLibre.

La concejala de Vox Aránzazu Cabello ha exigido que los centros de Madrid Salud no promuevan la dispensa de la píldora del día después por posible daño hepático, como ha demandado en la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

La directora general de Familias, Infancia, Educación y Juventud, Sonia Moncada, ha recordado que esta píldora del día después viene siendo dispensada por más de 50 países desde 2009 y desde enero de 2015 se distribuye en las farmacias sin receta.

"Como en 2015 se decidió que no era necesaria la receta no hay protocolo (en Madrid Salud), me lo temía", ha declarado Cabello en la comisión, una decisión que cree que está "impregnada de ideología".

La edil de Vox ha señalado en comisión que en 2018 se emitió una "nota informativa alertando sobre el principio activo de la 'píldora del día después'". "Damos la píldora a las niñas, que pueden tener daño hepático porque lo dice la Agencia Española del Medicamento", ha alertado la concejala.

El Ministerio de Salud de Brasil, junto con el de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, ha presentado este lunes una campaña que sugiere la abstinencia y el celibato como una de las formas de evitar los embarazos en las adolescentes brasileñas, unas 435.500, de acuerdo con datos del propio Gobierno, pues "hablar de métodos anticonceptivos a niñas de 11 años no funciona".

Bajo el lema Todo a su tiempo: primero la adolescencia, luego los embarazos, el Gobierno de Brasil ha destinado unos 3,5 millones de reales (745.000 euros) a campañas publicitarias que se emitirán a partir de febrero por televisión e internet, con motivo de la campaña del Gobierno de Jair Bolsonaro para combatir los embarazos a edades muy tempranas.

Ante las críticas que ha generado esta campaña, el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, ha defendido que no se está promoviendo el celibato, sino "comportamientos más responsables", ya que, ha explicado, no es posible orientar hacia el uso de anticonceptivos a ciertas edades.

"¿Están diciendo que tenemos que decirle a una niña de once años que utilice un anticonceptivo, que se ponga un DIU (Dispositivo Intrauterino)? No es así cómo funciona", ha asegurado el ministro.

Así, y según el Ministerio de Salud brasileño, en 2019 hay un 27%  menos de niñas entre 10 y 14 años que hicieron frente a un embarazo, comparado con el año 2000.

En relación a la franja de edad entre 15 y 19 años, cerca de 930 adolescentes dan a luz todos los días en el país, lo que supone una cifra anual de más de 434.500 madres adolescentes, un 40% menos con respecto al año 2000.

Mendetta ha explicado que las medidas que está tomando el Gobierno para lidiar con los embarazos a estas edades tan tempranas consisten en asistir a las adolescentes durante el embarazo.

"Es un problema de salud pública, no moral"

La ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, ha negado que esta iniciativa haya nacido de la "visión de una ministra fundamentalista" y que no se está defendiendo el celibato como método anticonceptivo exclusivo.

"Estamos ante un problema de salud pública, no es problema moral", ha dicho la ministra, quien ha reconocido además que la campaña no sólo busca prevenir los embarazos a edades tempranas, sino también las relaciones sexuales entre los adolescentes más jóvenes.

"Estamos lanzando una campaña para prevenir los embarazos precoces. Lo que estoy diciendo es dar prevención al sexo precoz y continuaremos hablando de eso", ha defendido la ministra para quien es necesario también buscar maneras de influir en la cultura y en la sociedad, pues "en vez cantar exaltando el sexo con jovencitas, ¿por qué no escuchar nuevas canciones?", se ha preguntado.

Las luces y sombras que envuelven a la anticoncepción hormonal sitúa a la clásica píldora como objeto de complejos debates. Desde los años sesenta, la píldora anticonceptiva se convirtió en símbolo de la liberación sexual de las mujeres y el movimiento feminista la celebró como un éxito a la hora de separar la maternidad obligada de las relaciones sexuales. Si bien los efectos sobre la salud de las mujeres ponen ahora en un brete el prestigio del anticonceptivo, existe otra perspectiva que divide a los consumidores y sitúa sobre la mesa una cuestión clave: ¿qué ocurre con la anticoncepción hormonal masculina?

La cuestión sobrevuela cíclicamente en torno al debate público para posteriormente quedar en la sombra de nuevo. Así ocurrió en noviembre de 2016, cuando un comité médico interrumpió el ensayo de un anticonceptivo masculino administrado a base de una inyección de testosterona y un implante de progesterona por efectos secundarios no graves y similares a los que toleran las mujeres consumidoras de la píldora anticonceptiva.

Ahora, una empresa farmacéutica estadounidense ha anunciado la posibilidad de comercializar próximamente una píldora anticonceptiva dirigida al público masculino. El producto, en fase de prueba, ha presentado resultados positivos y su funcionamiento es similar al de la píldora femenina.

Guillermo González es ginecólogo y preside la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). Explica, en conversación con infoLibre, que la nueva fórmula "parece inhibir la espermatogénesis con efectos secundarios incluso inferiores" a los que soportan las mujeres. Estas consecuencias se basan esencialmente en un aumento de peso y una bajada del colesterol bueno, "pero no con grandes problemas y además es reversible". Los estudios primarios parecen haber mostrado la ausencia de una contraindicación de gravedad, por lo que existe una "vía abierta importante".

Con él coincide el ginecólogo Modesto Rey, portavoz de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), aunque se reconoce escéptico respecto a una puesta en marcha próxima. "Hay estudios que se han demostrado eficaces y han sido paralizados en aras de unos efectos secundarios en muchos casos no distintos" a los de la píldora de consumo femenino. Este último estudio, relata, "demuestra que disminuyen los niveles hormonales y por tanto se interpreta que también disminuirá la producción de espermatozoides". A su juicio, se trata de un análisis "prometedor, con efectos secundarios menores y tolerancia por vía oral". No obstante, insiste, "ya conocíamos otros muchos que se habían mostrado eficaces". ¿Por qué entonces no ha prosperado, hasta el momento, ninguno de los intentos por sacar al mercado la anticoncepción masculina?

Los ginecólogos consultados por este diario detallan algunas de las claves que dan respuesta al interrogante.  "Hay un rechazo de la industria a la hora de impulsar estos métodos porque no hay voluntad real de desarrollarlos", indica el doctor Rey. La escasa corresponsabilidad y los mitos sociales, producto de una deficiente educación sexual y reproductiva, tienen asimismo mucho que ver con los motivos.

Falta de interés de las farmacéuticas

El poder de la industria explica en parte el fracaso que hasta ahora han experimentado los intentos de consolidar un método anticonceptivo masculino eficaz. "Siempre ha habido protocolos que se habían probado y resultado, pero la sensación es que la industria farmacéutica tiene poco interés", valora Guillermo González. El motivo es claro. "Los hombres no están interesados en asumir la corresponsabilidad" dentro del ámbito anticonceptivo, de modo que la inversión que lleva aparejada lanzar un proyecto de tales características corre el riesgo de caer en saco roto.

Por otro lado, plantea González, "siendo mujer querría tener el control del anticonceptivo" porque "confiar en el varón es complejo". Por ello, la corresponsabilidad real se limita aún a día de hoy a "parejas estables, con una sinceridad y honestidad que no admita grietas". Ante este escenario, las farmacéuticas perciben que el producto resultante puede ser de "bajo consumo" y su mercado "muy reducido".

Modesto Rey añade que, entre los diferentes factores que entran en juego, lo cierto es que "quienes toman las decisiones suelen ser hombres y blancos". Cuando los responsables de la toma de decisiones se preguntan a sí mismos si usarían este tipos de anticonceptivos, razona el doctor, la disposición es baja. "Culturalmente se interpreta que la concepción afecta a las mujeres" y lo cierto es que "los hombres, en base a un estudio de mercado, no están muy dispuestos a utilizar estos métodos". Hay por tanto "barreras de tipo empresarial" respecto a su rentabilidad que lastran la evolución de este tipo de proyectos. 

Corresponsabilidad: la asignatura pendiente

Los escollos a nivel económico y empresarial se explican en parte por el arraigo cultural de determinados planteamientos. "Es una cuestión estructural", observa González, "el patriarcado hace que la situación sea muy negativa" y eso sitúa a la educación como uno "de los principales problemas". La sensación, admite el doctor, evidencia que "lo hemos hecho mal". 

Para muestra, los muchos estereotipos que definen las relaciones afectivas: "Es difícil asumir que todavía existan determinadas creencias" machistas, "como el control hacia las mujeres entendido casi como muestra de amor", reflexiona el experto. Y eso, agrega, sólo puede significar que "algo hemos hecho fatal". Desde el punto de vista "estructural y político no se ha dado pábulo a que los hombres se impliquen en la contracepción" y, por tanto, "es necesario modificar estructuras arcaicas que dejan en manos de las mujeres todo el asunto de la anticoncepción".

Este jueves el Grupo confederal Unidos Podemos registraba una proposición no de ley para solicitar la puesta en marcha de estudios que analicen la posibilidad de comercializar anticonceptivos hormonales masculinos. El Grupo argumenta, entre otras cuestiones, que "para profundizar en la equidad de género también en el ámbito de la salud, y cumplir con lo dispuesto tanto en la ley orgánica 2/2010 así como en las estrategias de nuestro propio Sistema Nacional de Salud, la anticoncepción y la salud sexual y reproductiva deben ser responsabilidad tanto de hombres como mujeres".

La educación, estima también el doctor Rey, "es una parte dentro de la sexualidad" y en efecto "la educación afectivo-sexual no existe en este país como proceso dentro del desarrollo educativo". De hecho, añade, la sexualidad "se mira con cierta distancia y todavía la seguimos viendo de una manera muy centrada en el coito, la heterosexualidad y la reproducción". En este sentido se muestra categórico: "Es necesario un cambio, un desarrollo educativo que haga a los hombres y mujeres entender las diferencias y la responsabilidad mutua en las relaciones, así como las consecuencias negativas y positivas que puedan tener esas relaciones". El experto recuerda que la ley de 2010 ya aborda todas estas cuestiones, pero el problema es que "no se ha desarrollado". Se trata, por tanto, de "una obligación que los poderes públicos" están desoyendo. 

Mitos alrededor de la anticoncepción hormonal

Ambos doctores coinciden en añadir, como elemento directamente relacionado con la educación sexual y reproductiva, los mitos que orbitan alrededor de la anticoncepción hormonal. Se trata, según indica Modesto Rey, de "razones de tipo cultural". Hay, según ha podido constatar, "muchos mitos y dificultades para el uso de anticonceptivos hormonales", por lo que "sigue habiendo nebulosas" que tienen que ver con "la disposición del varón". La solución, indica, es que "se lleve a la práctica y es ahí donde la industria tiene que tomar decisiones".

Tal y como argumenta Guillermo González, lo cierto es que está ampliamente asumido "que las mujeres pueden hormonarse con una cierta tranquilidad". Que los hombres, una vez salga al mercado un producto eficaz, "muestren preocupación no es de recibo", censura. "Hemos permitido que las mujeres asuman como una cuestión normalizada" el consumo de métodos hormonales con determinados efectos secundarios "pero cuando a los hombres les toca, empiezan a cuestionar" este tipo de fórmulas.

Las reticencias masculinas, matiza, tienen más que ver con la falsa creencia de "una posible pérdida de parte de su virilidad". De hecho en las operaciones quirúrgicas para la vasectomía, "las preguntas típicas tienen que ver con si las sensaciones serán iguales", por lo que se centran "en el resultado final desde un punto de vista de lo que llamamos comúnmente su virilidad". Una inquietud, sostienen los expertos, del todo infundada y una muestra más de la deficiente y estereotipada educación sexual y reproductiva que se imparte en el país.

La diputada de En Marea, Ángela Rodríguez, ha presentado este jueves una proposición no de ley del Grupo confederal Unidos Podemos para proponer un estudio que valore la implantación de la píldora anticonceptiva masculina en el seno del Sistema Nacional de Salud. 

El Grupo llama a crear una partida presupuestaria destinada a la elaboración de un estudio de evaluación de la seguridad de los anticonceptivos hormonales donde se comparen las alternativas para hombres con las alternativas actualmente comercializadas para su consumo en mujeres. También plantea un incentivo económico para la investigación en el ámbito de la anticoncepción masculina y la creación de mecanismos preferentes de evaluación económica. Requieren que, en el momento en que se halle aprobada por las agencias del medicamento competentes a nivel europeo y estatal, se proceda a su evaluación por parte de la Agencia Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y a su financiación por parte del Sistema Nacional de Salud. Finalmente, propone una partida presupuestaria que financie la realización de un estudio de carga de enfermedad asociada a efectos adversos de la anticoncepticón hormonal en mujeres.

Ángela Rodríguez ha señalado que si bien los "prospectos escalofriantes" de la píldora anticonceptiva femenina son bien conocidos, lo cierto es que es necesario trabajar sobre los efectos que "van a implicar a largo plazo". La diputada destaca igualmente la necesidad de abrir camino hacia un anticonceptivo hormonal masculino, en tanto en cuanto la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva habla del desarrollo de una planificación familiar en la que tanto hombres como mujeres sean partícipes. Cuestiones como "los cuidados, la corresponsabilidad y el feminismo también interpelan a los hombres", de modo que, a juicio de la diputada, también ellos han de tener un papel importante en cuanto a la salud sexual y reproductiva.

Precisamente la Sociedad Endocrina estadounidense ha revelado recientemente que una nueva píldora anticonceptiva para hombres se ha demostrado segura en su uso diario por un periodo de un mes, con respuestas hormonales consistentes y una anticoncepción efectiva.

La propuesta de Unidos Podemos recuerda asimismo que la ley de 2010 obliga a la elaboración de una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, con una duración de cinco años y mecanismos de evaluación cada dos años que permitan la valoración de resultados y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. España, no obstante, sólo ha realizado una estrategia de estas características en el año 2011 y desde entonces "no hemos tenido ni otra estrategia ni ninguna evaluación de la misma".

Educación sexual

El Grupo ha registrado asimismo una serie de preguntas al Gobierno respecto a la educación sexual. Consideran que la educación se presenta como un "elemento fundamental para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres" y de hecho resulta clave en la "lucha contra las violencias machistas", de modo que cuestionan las medidas impulsadas para la educación y la formación sexual y en salud sexual, qué programas están dedicados específicamente a colectivos vulnerables, cuáles están enfocadas directamente a la lucha contra la violencia de género y con qué presupuesto han contado.

Unidos Podemos también recuerda que la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aprobó en abril del pasado año una proposición no de ley en la que requiere al Gobierno una mejora de los sistemas de información sanitaria en relación con la endometriosis. Pregunta, en este sentido, qué medidas se han tomado desde entonces para su puesta en marcha.

"¿Qué política está llevando a cabo su Gobierno para fomentar el uso del preservativo?". En estos términos ha formulado el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Gabriel Rufián su pregunta parlamentaria dirigida a Mariano Rajoy en la sesión de control que se celebró este miércoles. Y lo hace precisamente en vísperas del Día Internacional de la Acción contra el Sida. "Imagino que [Mariano Rajoy] lo sabrá e imagino que sabrá también que el preservativo es el principal aliado en esta lucha", explica Rufián en conversación con infoLibre.

A juicio del diputado catalán, fomentar el uso del preservativo como medida preventiva "trasciende a cualquier tipo de ideología". En este sentido, el interés principal de su partido radica en la reducción del IVA de este tipo de productos: "No nos parece de recibo que se pague el mismo IVA por una habitación de hotel que por un preservativo". Por ello, concluye, el objetivo de su pregunta es"visibilizar la lucha del 1 de diciembre y focalizarla en torno a esta cuestión". Porque, considera, es una cuestión "de sentido común y de sentido democrático".

El retroceso de España en la lucha contra el sida

Juan Ramón Barrios, presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida), admite que el balance de la última legislatura es "bastante malo". El análisis de la organización se remonta al año 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy comenzó a llevar a cabo los recortes más significativos. Desde entonces, "hubo un tijeretazo drástico que se plasmó en la bajada de casi el 80% del presupuesto para subvenciones", denuncia Barrios. Hasta la llegada del Partido Popular al poder, existían dos líneas de subvención: por un lado las ayudas económicas a las comunidades autónomas, y por otro la convocatoria estatal para entidades especializadas en VIH. La primera de ellas "se redujo a cero", incide Barrios, quien sostiene que la consecuencia directa fue que las organizaciones tuvieron que "reducir los servicios y programas" que ofrecían, puesto que su impulso "dependía de la voluntad y recursos de las autonomías para poder financiar, y muchas no podían asumir los costes". En cuanto a la colaboración con las plataformas, el presupuesto pasó de 3.860.000 euros en 2011 a un millón en 2012. "A base de mucho pelear, este año hemos conseguido 1.700.000 euros" por parte del Gobierno, señala Barrios.

Alberto Capitán, presidente del Comité 1r de Desembre, denuncia que el presupuesto desechado tras los recortes "no se ha vuelto a recuperar" y que, además, el Plan Nacional sobre el Sida "se quedó reducido a su mínima expresión" de forma que a nivel estatal subsiste, a día de hoy, "poca capacidad de gestión". Capitán critica la existencia de "un equipo humano infradotado, sin presupuesto para actividades ni campañas, y prácticamente sin funciones". 

Los efectos de las políticas del PP en materia de prevención y lucha contra el sida son, según las organizaciones, rotundos. "El número de nuevas infecciones no ha descendido, seguimos por encima de la media europea cuando todo el mundo está bajando", sostiene Barrios. En el año 2014 –la última fecha con datos disponibles–, "las nuevas infecciones giraron en torno a las 3.500", según el Ministerio de Sanidad. Concretamente 3.366 nuevos casos, frente a los 3.278 contabilizados un año antes.

Además, a las plataformas les preocupa especialmente la incidencia en el sector más joven de la ciudadanía "No ha habido campañas dirigidas a la población joven, no son conscientes del riesgo que supone en VIH porque no existe una percepción de riesgo", apunta Barrios. De hecho, continúa, la sensación general es que se trata de un problema del pasado. "Es verdad que ya no es mortal de necesidad, que hay tratamientos efectivos, pero este repunte nos preocupa mucho porque volvemos al nivel de años anteriores". Por ello, zanja, "mientras no se hable, no se visibilice y no se pongan en marcha programas de concienciación, continuarán las consecuencias de estas políticas".

En cuanto a las demandas, Capitán reclama "un posicionamiento claro en la agenda política", porque, considera, "es una cuestión que ha pasado de moda". A su juicio, actualmente no existen "mecanismos técnicos, recursos económicos, ni programas", lo cual conlleva a que "no se apliquen innovaciones ni medidas efectivas". 

También la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) demanda, de cara al 1 de diciembre, un pacto de Estado frente al VIH. El colectivo solicita el cumplimiento de la estrategia 90x90x90 de ONUSIDA –basada en que para el año 2020 un 90% de personas que vive con VIH conozca su diagnóstico, que un 90% de quienes conozcan su diagnóstico puedan acceder al tratamiento antirretrovírico y que un 90% de los pacientes en tratamiento posea un nivel de carga vírica indetectable–, "garantizando los mecanismos necesarios en todas las comunidades para lograrlo". Asimismo, consideran fundamental eliminar las barerras de acceso a la prueba de detención y asegurar la universalidad y gratuidad de los tratamientos, además de impulsar la investigación científica, epidemiológica y psicosocial. Finalmente, apuestan por retirar la catalogación de "enfermedad infecto contagiosa", incluir una asignatura sobre salud sexual y prevención en el sistema educativo español, e inciden en la importancia de crear y mantener asociaciones y entidades sociales en la lucha contra el problema.

Política anticonceptiva en el punto de mira

Las carencias gubernamentales en la lucha contra el sida se han extendido, durante la última legislatura, a los mecanismos necesarios para impulsar una auténtica política anticonceptiva que incluya información, acceso y prevención. Así lo denuncia la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) en su informe sobre el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos, presentado en noviembre de este mismo año [consultar documento aquí].

La Federación es clara en sus conclusiones, donde evidencia la necesidad de políticas efectivas que garanticen resultados. A nivel normativo, la organización asegura que la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en 2011, que debía ser desarrollada a lo largo de los cuatro años de legislatura y estudiada cada dos años, "sólo se ha implementado en las líneas de salud reproductiva referentes al embarazo, parto y puerperio –periodo de recuperación tras el parto–, mientras que los aspectos relacionados con la prevención de embarazos no deseados, la anticoncepción y todos los relacionados con la salud sexual no han sido desarrollados por el Gobierno".

Según el documento, el 44% de las comunidades autónomas no contempla dicho plan como un área prioritaria de intervención en sus respectivos planes de salud, "lo que implica que no se ha traducido en políticas públicas que mejoren el acceso". Además, continúa el análisis, aunque la anticoncepción conste en la Cartera de Servicios, esto "no garantiza necesariamente la aplicación de una medida sanitaria". Por ello, demandan políticas concretas de promoción e impulso de acceso, "que no existen", así como normas protocolizadas que garanticen la aplicación y seguimiento de los métodos, "que tampoco existen".

Aunque la Federación aplaude la vigencia de protocolos en determinadas comunidades autónomas, pone especial énfasis en las carencias que éstos todavía arrastran: la alta presión asistencial, que ha reducido el tiempo de consulta, o los prejuicios personales y el déficit de formación son las trabas más importantes. Asimismo, en el 67% de las comunidades que cuentan con normativa específica no se ponen en marcha sistemas de indicadores, ni planes de evaluación de programas, lo que entraña la ausencia de "criterios de eficacia, necesidades y demanda, así como de datos actualizados". Donde sí se disponen tales indicadores, el 33%, la información es de difícil acceso. A nivel estatal, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "tampoco dispone de estadísticas propias sobre porcentaje de mujeres atendidas, utilización de métodos anticonceptivos" y otros datos de interés. De hecho, los últimos datos ministeriales datan del 2009.

Respecto a las campañas de sensibilización, y a pesar estar contempladas en la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva, el 62% de las comunidades autónomas "no han realizado ninguna campaña sobre la anticoncepción", lo que significa que "más de cinco millones de mujeres en edad fértil no han recibido, en los últimos cinco años, ninguna información ni mensaje positivo". Además, recalcan las autoras del documento, las campañas no siempre son completas, presentan una comprobada falta de continuidad y, en ocasiones, no abordan los numerosos "mitos y falsas creencias" sobre métodos como la anticoncepción hormonal.

La Federación denuncia, por otro lado, la escasa formación de los profesionales, hecho que tiene consecuencias directas sobre la información y asistencia que recibe la ciudadanía. En este sentido, sólo el 37,5% de las comunidades dispone de programas formativos que implican a todos los estamentos profesionales sanitarios. Finalmente, otro de los obstáculos señalados por las expertas apunta a la escasa financiación de los sistemas anticonceptivos. El Sistema Nacional de Salud "no proporciona la financiación de todos los métodos, lo que supone que las mujeres no pueden realizar una libre elección y que en caso de elegir un método no financiado deben pagarlo en su totalidad", censuran.

Fuentes de la Federación consultadas por infoLibre critican que el Gobierno central no haya puesto en marcha una estrategia concreta en sus cuatro años de gobierno. "Debería establecer un marco normativo claro respecto a todo lo relacionado con prevención", señalan, incidiendo en la educación sexual, que "tras la aprobación de la Lomce quedó fuera del currículo escolar". Respecto a la anticoncepción, las mismas fuentes revelan que en esta materia apenas "se desarrolla nada, y además no hay una financiación", lo que deriva en un "panorama con profundas desigualdades entre las comunidades autónomas". La salud sexual y reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos, "no son una prioridad dentro de las políticas públicas de salud".

En cuanto al fomento del uso del preservativo, "no hay una visión integral" que contemple la prevención de enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, perspectiva que debe plasmarse en "campañas frecuentes –la última iniciativa del Ministerio data del año 2010– no sexistas ni homófobas" por parte del Gobierno.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos-En Comú-En Marea y jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, defendió este miércoles la distribución de preservativos en los actos de Podemos como producto de marketing electoral y, como tal, subvencionable por el Estado, informa Europa Press.

"Como parte del material de Podemos, además de bolígrafos, cuadernos y otras cosas también repartimos preservativos en muchas ocasiones", dijo Montero en declaraciones en el Congreso, subrayando de paso que el sexo "hay que practicarlo de forma segura".

Según publica el diario Abc, la compra de 50.000 preservativos para la campaña electoral del 20 de diciembre es uno de los gastos electorales subvencionables que Podemos incluyó en su contabilidad y que fue compensada con 14.753,75 euros por parte del Estado.

En la misma información se hace referencia a otros partidos políticos que distribuyeron preservativos como material promocionaldistribuyeron preservativos en campaña electoral. Es el caso de IU, durante esa misma campaña del 20 de diciembre cuando aun no concurría en coalición con Podemos, las juventudes del PNV (EGI), el PSOE y el PP en el Ayuntamiento de Getafe (Madrid).

El químico de origen austriaco Carl Djerassi, que ayudó a desarrollar la píldora anticonceptiva, ha muerto en San Francisco a la edad de 91 años, según ha confirmado su familia.

Djerassi fue el líder de un equipo de investigadores en México D.F que consiguió sintetizar un derivado de la hormona de la progesterona de una forma que permitiría a las mujeres tomarla de forma oral.

Este descubrimiento, en 1951, se convirtió en la base de algunas de las primeras píldoras anticonceptivas. Con los años, 'la píldora' ha permitido un cambio en los hábitos sexuales y en el papel de la mujer en la sociedad.

Djerassi, profesor emérito en la universidad de Stanford, fue galardonado en 1973 con la Medalla Nacional de Ciencia por su contribución a una nueva forma de anticonceptivo.

Novelista y dramaturgo

Sin embargo, en sus últimos años Djerassi había dejado a la ciencia atrás y era conocido por su carrera como novelista y dramaturgo.

Desde su primera publicación en 1980, ha escrito unos veinte libros, entre los que se incluyen las memorias La píldora de este hombre y El dilema del Cantor.

"Estoy cansado de hablar de la píldora", afirmaba Djerassi en una entrevista hace cuatro meses. En su lugar, prefería hablar de su pasión por la escritura de obras de teatro con contenido científico.

Coleccionista de arte

Djerassi ha vivido entre San Francisco, Viena y Londres. Nacido en Austria, su familia huyó del país cuando los nazis alcanzaron el poder, trasladándose primero a Bulgaria y posteriormente a Estados Unidos.

Después de alcanzar una cómoda posición económica gracias a sus acciones en Syntex, una empresa que comercializa píldoras anticonceptivas, Djerassi se convirtió en un coleccionista de arte.

Pero después decidió vender la mayor parte de su colección de Paul Klee y se dedicó a apoyar a artistas creativos. Estableció una colonia cerca de Woodside, en California, donde más de 2.000 coreógrafos, escritores, músicos y artistas visuales fijaron su residencia.

Tras una década de lucha en los juzgados y de mostrarse en contra de este componente por sus supuestos peligros sociales y sanitarios, la administración norteamericana ha decidido ahora aceptar el veredicto del juez Edward Korman, que se mostró favorable a que mujeres y niñas de cualquier edad puedan aquirir la píldora sin prescripción médica. 

En una carta al juez Korman, el fiscal de Estados Unidos afirma que la Administración de Alimentación y Medicamentos (FDA) retira su apelación. Según este juez, la decisión de la secretaria de Salud estadounidense Kathleen Sebelius, que en 2011 exigió que las jóvenes de menos de 17 años deberían tener acceso a la píldora sólo con receta, estaba "motivada políticamente" e "injustificada científicamente". En aquel momento, 

Los grupo que abogan por consolidar los derechos reproductivos de las mujeres, que habían pedido al Gobierno una distribución más amplia de la píldora, han recibido la decisión con cautela aunque, al tiempo, señalan que es una buena noticia para los derechos de las mujeres. No obstante, dicen mostrarse escépticos hasta que se conozcan los detalles de cómo se pondrá en marcha esta nueva forma de proceder.