La regularización extraordinaria de migrantes, que cambiará la vida a centenares de miles de personas en España, será aprobada de forma "inminente" por el Gobierno pero cada día que pasa cunde más la incertidumbre y la angustia entre los interesados, que ven cómo se acorta el plazo para las solicitudes.

El pasado 26 de enero el Gobierno anunció que iniciaría este proceso y que las solicitudes podrían comenzar a realizarse a principios de abril pero las semanas avanzan sin que la medida haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que la fecha límite para realizar las solicitudes parece que se mantendrá el 30 de junio.

El Consejo de Estado finalmente envió ayer, viernes, al Gobierno su dictamen sobre el real decreto, en el que plantea algunas "observaciones" para la mejora de la norma, según informó ayer la presidenta del órgano consultivo, Carmen Calvo, un paso que el Ejecutivo llevaba semanas esperando para continuar con el proceso.

En los últimos días, ante las reiteradas preguntas sobre este asunto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha lanzado mensajes de tranquilidad y ha insistido en que habrá "plazo suficiente" para realizar los trámites y que el procedimiento será "ágil y eficaz".

En cualquier caso, desde el Gobierno insisten en que la regularización aún no ha sido aprobada, no se conocen los requisitos definitivos y no se puede solicitar ni pedir cita para iniciar los trámites.

Según el borrador del real decreto sometido a audiencia pública, serán beneficiarios de la medida las personas que se encontraran en España antes del pasado 31 de diciembre y que hayan permanecido en el país de forma continuada durante los cinco meses anteriores a la presentación de la solicitud.

También está dirigida a los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes de esa fecha y, en todo caso, uno de los requisitos será carecer de antecedentes penales.

Para acreditar el tiempo de residencia, se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero.

El texto también incorpora una garantía para quienes no puedan obtener su certificado de antecedentes penales: si pasado un tiempo ni el interesado ni el Gobierno de España lo consiguen, se podrá presentar una declaración responsable que acredite que se cumple este requisito.

Mientras pasan las semanas, se extienden la "incertidumbre" y la "angustia" entre quienes esperan la publicación de la medida en el BOE para solicitarla.

Vicky Columba, una de las portavoces de la plataforma 'Regularización Ya' -impulsora de la iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso avalada por más de 600.000 firmas y después quedó bloqueada por falta de acuerdo político-, ha advertido en una conversación con EFE que, con cada día de retraso, crecen los bulos, los discursos antiinmigración y los abusos.

La portavoz ha denunciado los numerosos intentos de abogados y supuestos expertos que tratan de captar a los migrantes para cobrarles hasta 550 euros por citas que aún no se pueden conseguir o por asesorarles en un trámite que todavía no se puede realizar.

Por todo ello, Columba lamenta que el Consejo de Estado haya tardado un mes en emitir su dictamen.

Desde la plataforma confían en que el Gobierno pueda gestionar el elevado volumen de solicitudes previsto, dado que este les ha garantizado que habilitarán todos los medios y oficinas públicas necesarias para garantizar la agilidad del proceso.

La activista ha señalado que esperan que la medida sea aprobada en el Consejo de Ministros del próximo martes y, si esto no ocurre, se plantean reclamar una prórroga para que el plazo de solicitudes se extienda más allá del 30 de junio, dados los retrasos acumulados.

Desde el anuncio del inicio del proceso, PP y Vox se han opuesto frontalmente a la medida y han incido en la falta de un control efectivo de la ausencia de antecedentes penales de los potenciales beneficiarios por la posibilidad de presentar una declaración responsable en el caso de no poder obtener el certificado.

Esta semana, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, afirmaba en su perfil de X que la intención del Gobierno va "en contra de la expresa voluntad del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta".

Se refirió así a la votación el pasado 18 de marzo de una moción del PP en el Congreso, que salió adelante con los votos de Vox, Junts y UPN y que instaba al Ejecutivo a "renunciar con carácter inmediato" al proyecto de regularización.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno prorrogará un año más la modificación legislativa que permitió el reparto de menores no acompañados en diferentes comunidades autónomas y que este jueves ha cumplido un año desde su entrada en vigor.

En rueda de prensa tras la reunión de coordinación y balance de la aplicación de la Ley de Extranjería y la reubicación de menores que se ha celebrado en Melilla, el ministro ha informado de que el Consejo de Ministros aprobará antes del 30 de agosto un real decreto para hacer efectiva esta prórroga, que llegará hasta agosto de 2027.

El próximo martes se reunirá la Comisión Interministerial de Inmigración, que preside Torres, para valorar esta modificación legislativa una vez que ha pasado un año.

Según ha informado el ministro, Canarias, Ceuta y Melilla mantienen la contingencia migratoria, pero “de facto ya han salido del hacinamiento” en el que se encontraban, por lo que “la situación es otra, no tiene nada que ver con la que había hace un año” y es “infinitamente mejor”.

De acuerdo con los datos del Gobierno, 1.143 menores han sido reubicados, entre los que se incluyen los menores solicitantes de asilo y a los que se derivan a otras comunidades con un procedimiento exprés de máximo 15 días por haber llegado tras la declaración de la contingencia migratoria (30 de agosto de 2025), en virtud del artículo 35 de la norma.

De los menores a los que se ha aplicado este artículo, 437 estaban acogidos en Ceuta (casi el 80 %), 64 en Melilla (91 %) y 202 en Canarias (19,9 %), según los datos de los que dispone el Gobierno, si bien el ministro ha apuntado a unas declaraciones de la consejera canaria que añade otros 600 que han podido ser reubicados, lo que elevaría la cifra a 800.

Además, otros 440 menores acogidos en Canarias que eran solicitantes de asilo también se encuentran ya en territorio peninsular y solo quedan 103 en el archipiélago.

“Es decir, estamos hablando de unos 2.000 menores, aproximadamente, entre los que ya tenemos certificados, los que añade el Gobierno de Canarias, y los que han sido trasladados en asilo en el conjunto del territorio español”, ha subrayado Torres.

Tras la prórroga del real decreto ley, con el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, el ministro ha advertido de que “este sistema solidario de acogida dependerá de las mayorías que se conformen en las Cortes”.

Por ello, ha preguntado cuál será la postura de la oposición al respecto y ha señalado directamente a PP y Vox, los partidos que votaron en contra de esta medida que ha permitido “un hito histórico”, que “ha demostrado que funciona” y que ha impedido que los 6.000 que había en Canarias, Ceuta y Melilla se hayan convertido en más de 10.000 un año después.

Actualmente quedan por reubicar unos 3.800 menores acogidos en estos territorios frontera, ha informado Torres, en cuya opinión “el reto está encauzado” y “España ha pasado de una situación de colapso a un modelo ordenado, solidario, sostenible y eficaz”.

Asimismo, ha agradecido el trabajo y la implicación de los gobiernos autónomos de Ceuta, Melilla y Canarias porque “se ha logrado efectuar reubicaciones sin ningún problema relevante” y “eso ha sido porque se ha antepuesto el interés del menor, la lealtad y ha primado la cooperación institucional”.

El de este jueves en Melilla ha sido el tercer encuentro de estas características presidido por el ministro, tras el celebrado en Canarias el pasado 23 de enero y en Ceuta el 25 de febrero.

Han asistido, además de Torres, los secretarios de Estado de Política Territorial, Migraciones y Juventud e Infancia, Arcadi España, Pilar Cancela y Rubén Pérez, respectivamente; y los delegados del Gobierno en Melilla, Canarias y Ceuta, Sabrina Moh, Anselmo Pestana y Miguel Ángel Pérez, respectivamente.

Desamparados es sin duda el término más adecuado para describir la expresión que Mediapart descubre en los rostros de Illia, de 37 años, y su esposa Viktoriia, de 43, en la plaza del Hôtel-de-Ville de París. En la tarde del martes 16 de diciembre, la pareja dejaba sus maletas en la acera, al pie de un árbol, a la espera de que la asociación Utopia 56 les dijera si se les podía ofrecer un alojamiento para pasar la noche.

Allí es donde cada día se reúnen personas exiliadas o sin hogar con la esperanza de conseguir un refugio, aunque sea improvisado, para pasar la noche. Kira, la pequeña de Illia y Viktoriia, de 9 años, pasa el tiempo sentada sobre un trozo de tela jugando con el teléfono de su madre. La luz del teléfono ilumina a ratos su inocente carita. Ni una sonrisa, ni una palabra. Pero tose, estornuda y escupe en la alcantarilla desde que se resfrió en el aeropuerto, donde la familia se vio bloqueada.

“Nuestra hija se encuentra muy mal y está muy estresada por esta situación”, susurra su madre, que intenta como puede que se tome unas cucharadas del plato caliente que reparten los voluntarios de la asociación. “Hemos pasado quince días en el aeropuerto, sin comida, sin dinero y sin poder ducharnos”, añade el padre, que nos muestra una foto de su hija tumbada en el suelo en Roissy-Charles de Gaulle. ¿Cómo han llegado a esta situación?

La familia ucraniana, originaria de Donetsk, se lo pregunta todos los días. El 1 de diciembre fue devuelta a Francia desde Noruega, donde se había trasladado tras ver rechazada su solicitud de asilo tanto por la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (Ofpra) y posteriormente por el Tribunal Nacional de Derecho de Asilo (CNDA), ante el que había presentado un recurso, que fue desestimado definitivamente el 13 de marzo de 2025. “Fue entonces cuando decidimos probar suerte en Noruega”, explica Illia.

Pero no es tan sencillo: el reglamento europeo conocido como “Dublín” obliga al primer Estado miembro de la Unión Europea por el que transitan los exiliados a estudiar su solicitud de asilo. Las autoridades noruegas les aplican ese reglamento (Noruega y otros países no UE se han asociado a él, ndt) y se dicta una orden de traslado a Francia. Antes de irse a Noruega, deciden dejar a su hija mayor, Olena, de 16 años, con su tío paterno en Dinamarca. También dejan allí sus efectos personales y un coche que habían comprado anteriormente en Francia.

Pero sus desgracias no terminan ahí. Al ser readmitidos en Francia en virtud de este reglamento, la pareja recibe una notificación de obligación de abandonar el territorio francés (OQTF), alegando que su solicitud de asilo ha sido rechazada en Francia. La Prefectura de Policía de París, responsable de esta medida de expulsión, y el Ministerio del Interior, a los que se ha solicitado una respuesta, no contestan.

“Nos sentimos como en una cárcel”, dice Illia, quien precisa que la policía de fronteras les “confiscó” sus documentos de identidad a la espera de la ejecución de la OQTF. “Francia nos quita nuestros documentos y nos deja en la calle. Ahora tenemos la sensación de que no solo hay que protegernos de la guerra en Ucrania”, sino también de la amenaza de una expulsión a un país en guerra. “No nos dejan quedarnos aquí y tampoco podemos volver allí”, se lamenta Viktoriia.

Con la ayuda del abogado Samy Djemaoun, la familia presenta un recurso para impugnar la OQTF y solicita una revisión de la solicitud de asilo, con nuevos elementos que, según Illia, justifican la necesidad de protección. “En Ucrania me han catalogado como terrorista por mi supuesto apoyo a Rusia, lo cual es falso.” En Rusia se le busca para que se incorpore a los batallones de soldados movilizados en la guerra de invasión de Ucrania. “Mi abuela me dijo que habían enviado una citación a nuestra casa”, dice, mostrando un documento traducido del ruso al francés, con una fecha de citación fijada para el 3 de febrero de 2025.

El caso de la familia es un poco particular: originarios de los territorios ocupados por Rusia, en la región de Donetsk, la pareja tiene documentos de identidad tanto ucranianos como rusos. “En 2014, cuando comenzó la guerra, los rusos tomaron estos territorios y nos obligaron a obtener un pasaporte ruso. Desde entonces, tenemos dos.” También hablan ruso, como muchos ucranianos originarios de esos territorios.

Abandonaron Ucrania en 2022, cuando comenzó la nueva etapa de la guerra, y vivieron primero en Polonia, “un tiempo en Alemania y en Dinamarca”, para luego establecerse en Francia en enero de 2024. “Al principio, esperábamos irnos a Irlanda. Pero mi mujer no tenía pasaporte internacional, así que nos quedamos en Cherburgo”, explica Illia.

Vivieron allí tres meses y luego se instalaron en Perpiñán durante un año. Entonces se acogieron a la protección temporal activada a escala europea poco después de 2022, para hacer frente a la llegada de refugiados ucranianos a los países de la UE, lo que les permitió obtener un permiso de residencia provisional en espera de que terminara el conflicto.

Este sistema, que solo se aplica a los ucranianos, ha sido prorrogado por la UE hasta marzo de 2027. Un recibo de autorización de residencia temporal hasta marzo de 2025, al que Mediapart ha tenido acceso, confirma que la pareja se acogió a él antes de solicitar asilo. “Hicimos ese trámite para tener una situación más estable y segura”, explica la pareja. Como ha documentado Mediapart, la acogida de los ucranianos ha podido estar desorganizada y se ha apoyado en la solidaridad de ciudadanos franceses, a veces desilusionados al constatar la inacción del Estado.

“Nada les impide volver a solicitar la protección temporal”, comenta Didier Leschi, director de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (Ofii). Illia y Viktoriia temen no obtener alojamiento ni ayudas para poder vivir en Francia con este estatus. “Los ucranianos son acogidos automáticamente a una protección temporal en cuanto se presentan en la prefectura, lo que les da acceso automáticamente a las condiciones materiales de acogida [CMA] con el pago de una prestación”, continúa Didier Leschi, que se muestra sorprendido por su situación.

Mientras tanto, su solicitud para acogerse a las CMA en el marco de su solicitud de revisión del asilo ha sido rechazada por la Ofii, alegando que se trata de una solicitud de revisión, como lo atestigua la notificación de denegación consultada por Mediapart, con fecha del 15 de diciembre. La familia debe sobrevivir en la calle, con tres grandes maletas y tres mochilas, en las que guardan sus “cosas más importantes”. “Esta familia se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, con evidentes riesgos de persecución, y la administración se empeña en mantenerlos así”, denuncia Samy Djemaoun.

La decisión de denegación de la CMA ha sido impugnada por el abogado, que destaca la acumulación de dificultades que se ciernen sobre la familia. “Lo tienen todo: OQTF, asilo en revisión, denegación de la CMA y en la calle.” El 17 de diciembre, tras ponernos en contacto con la Ofii, finalmente se les invitó a unirse al dispositivo de alojamiento destinado a los ucranianos en la Porte de la Villette, en París, tras diecisiete días como vagabundos. A continuación, se les derivó a un hotel en Val-d'Oise, con gran alivio para ellos.

En el discurso sobre el apoyo a Ucrania y a los ucranianos, “existe la idea de que se les protege, pero al mismo tiempo se toman medidas que son diametralmente opuestas a esa protección”, señala el abogado. Destaca además que, en el caso de Illia, Viktoriia y su hija, “se produjo una serie de acontecimientos bastante sintomáticos de la forma en que la OFII trata a los solicitantes de asilo cuando no son ucranianos”, hasta que la oficina, advertida, rectificó.

Traducción de Miguel López

La Asociación de Mujeres de Guatemala ha denunciado este lunes en el Congreso el "maltrato institucional" hacia las solicitantes de asilo y refugiadas en España, que en muchas ocasiones tienen que esperar hasta 15 meses o pagar hasta 600 euros en el mercado ilegal para obtener una cita con la que recibir su documentación o renovarla. Estas trabas burocráticas, que existen en el país desde hace al menos siete años, hacen que sea imposible para muchas de ellas acreditar que tienen una solicitud de asilo en vigor y, por tanto, trabajar, tener una cuenta bancaria, alquilar un piso o percibir las prestaciones sociales a las que tienen derecho.

Así lo refleja el informe Sin citas no hay derechos: Refugiadas contra la discriminación administrativa, realizado por esta asociación con apoyo de la ONG Oxfam Intermón y presentado este lunes.

La investigación realiza un análisis jurídico de la situación y se nutre del testimonio de varias mujeres solicitantes de asilo y refugiadas en España.

Voces como la de la guatemalteca María Galiego, de ascendencia maya achí, quien tuvo que huir de su país con sus tres hijos por la persecución que sufría por parte del Ejército como "venganza" del activismo que ejerció su madre, pionera en la búsqueda de personas desaparecidas.

Cuando llegó a España en 2019, encontró trabajo en una residencia de ancianos, desde donde vivió "en primera fila" la crisis del coronavirus para después perder el trabajo por no encontrar cita para renovar su tarjeta de solicitante de asilo, con tres hijos menores de edad a su cargo. "Llegó un punto donde no teníamos ni qué comer porque nadie te da trabajo si uno no tiene permiso, por más ganas que tú le quieras echar", ha narrado.

Para estas mujeres, que ya arrastran historias muy duras de violencia, persecución y discriminación en sus países, caer en la irregularidad en España supone una exposición a nuevos riesgos, como la explotación laboral. Una de ellas cuenta en el informe que tuvo un trabajo cuidando a mujeres mayores, de interna, por el que cobraba 20 euros al día: "Estuve veinte días, porque cocinaba, las cuidaba y se aprovechaban de mí", lamenta.

En la presentación también ha participado Marta María Ramírez, activista política y feminista cubana que actualmente tiene su documentación como solicitante de asilo caducada por la falta de citas para renovarla, por lo que no puede, por ejemplo, firmar un contrato de alquiler. Ha relatado otras situaciones de discriminación institucional a la hora de, por ejemplo, abrir una cuenta en el banco o solicitar una beca de comedor para su hija, al pedirle la administración documentación del padre, que está en Cuba, cuando sus abogados no la recomiendan ponerse en contacto con él por su situación.

La práctica imposibilidad de conseguir una cita para solicitar asilo en España o para renovar esta petición es un problema que España arrastra desde 2018, subraya el informe, cuando se implementó un sistema a través del Registro Electrónico Común.

Desde entonces, las pocas citas que se ofrecen son monopolizadas por despachos de abogados, gestorías o particulares a través de medios informáticos avanzados y muchas se ponen a la venta en el mercado clandestino por precios que llegan a los 600 euros.

En 2022, ante la evidente ineficacia del problema, se eliminó la obligatoriedad del sistema telemático y se estableció que cada Subdelegación del Gobierno podría elegir su mecanismo -telemático, correo electrónico, teléfono o presencial- mientras que para la renovación de la documentación el trámite continuaría siendo el telemático.

A partir de 2023, los problemas con las citas se agravaron y la situación se mantiene hasta la actualidad "sin que el Gobierno haya tomado ninguna medida efectiva al respecto", denuncia el informe.

España concede protección internacional al 18,5% de las personas que lo solicitan, una tasa que ha mejorado desde 2023, cuando esta se situó en el 12,23%, pero que sigue siendo la más baja de toda la Unión Europea, donde la media de reconocimiento es del 46,6%, según informa EFE. Son datos referentes a 2024 del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentado este lunes en una rueda de prensa en Madrid con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.

El codirector de CEAR, Mauricio Valiente, ha achacado esta diferencia a las particularidades del modelo migratorio español, "distinto" al del resto, con vías ordinarias como el arraigo, que ha reducido históricamente las concesiones de asilo: "Aún así, consideramos que hay un margen de mejora considerable", ha señalado.

Por primera vez, España ocupa el segundo lugar en la lista de países que más solicitudes de protección internacional han recibido (167.366), solo por detrás de Alemania, al alcanzar su máximo histórico en número de peticiones tras años de crecimiento desde 2012, cuando recibió apenas 2.588 solicitudes.

La tasa de reconocimiento ha subido seis puntos respecto a 2023 como consecuencia de un aumento de la protección subsidiaria, menos garantista, sobre todo a personas de Mali, pero ha bajado el porcentaje de personas a las que se les reconoce el estatus de refugiado, del 8,3 al 6,6%.

Durante el 2024 se resolvieron 96.281 expedientes de protección internacional, un 4% más que en 2023 y la mayor cifra en la historia de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, lo que, a juicio de CEAR, refleja "un esfuerzo que no llega a repercutir de manera significativa", ya que en 2024 se acumularon 242.056 solicitudes pendientes de resolver, un 26,6% más que el año anterior.

Por noveno año consecutivo, Venezuela es el país con más solicitantes de asilo, con 66.134 peticiones, el 39,5% del total. De 33.458 expedientes resueltos de este país, un 98% recibió una autorización de residencia temporal por razones humanitarias, que no es una figura de protección internacional pero permite vivir y trabajar en España durante un año.

A este respecto, la otra codirectora de CEAR, Mónica López, ha señalado que desde la entidad se mantienen "observantes" ante un posible desvío de solicitantes de este país desde Estados Unidos tras las políticas restrictivas hacia la inmigración de Donald Trump, que podría explicar el aumento del 42% en solicitudes de este país en el primer cuatrimestre de 2025.

En segundo lugar se encuentra Colombia, con 40.140 peticiones, un 25% menos que en 2023. De 20.585 solicitudes de este país resueltas en 2024, 17.294 fueron desfavorables y ha aumentado el número de expedientes archivados, a pesar de que en el país "persisten las graves vulneraciones de los derechos humanos y la violencia".

Mali ocupa el puesto número tres, con un número de peticiones que casi se ha multiplicado por ocho de 1.345 en 2023 a 10.673 en 2024 por el aumento de llegadas desde este país por la ruta canaria a raíz del recrudecimiento del conflicto, las violaciones de derechos humanos y el deterioro de la situación humanitaria. El perfil de solicitante es de un hombre (57,7%), joven, que realiza su trayecto solo, principalmente desde América Central y del Sur y África del Norte y Occidental. "Nos estigmatizan como delincuentes por ser inmigrantes"

En la rueda de prensa ha participado Alma Henríquez, activista salvadoreña que tuvo que abandonar su país por la persecución que vivió tras la llegada al poder de Nayib Bukele por denunciar las torturas y violaciones de derechos humanos que se sufrían en las cárceles. "La vida para una persona inmigrante no es fácil, realmente se vive mucha discriminación por las personas que te estigmatizan como delincuentes", ha señalado sobre su vida como refugiada en España.

Henríquez ha denunciado otras trabas que enfrentan los solicitantes de asilo, como no poder alquilar un piso al no cumplir con los requisitos que piden las inmobiliarias o los propietarios, y ha pedido a las autoridades que agilicen los procedimientos para facilitar la protección a las personas que más lo necesitan. Entre el 70 y el 80 % de migrantes que llegan en cayuco piden asilo

2024 fue un año récord de llegadas irregulares a Canarias, con 46.843 personas, y una de cada siete eran menores, la mayoría sin referentes familiares. CEAR estima que entre el 70 y el 80% de los migrantes llegados a España en patera o cayuco pidieron protección internacional en 2024.

El informe señala que uno de los retos más significativos del año para las entidades fue gestionar las reacciones negativas de vecinos y ayuntamientos ante la apertura de nuevos dispositivos en el sistema de acogida, aunque subraya que, en la mayoría de los casos, las reacciones han sido de hospitalidad.

La publicación también llama la atención sobre "la situación sin precedentes" en las Islas Baleares, a donde llegaron 5.995 personas por vía irregular en 2024, un 300 % más que en 2023 tras la aparición de una nueva ruta desde Somalia. También se ha observado una presencia elevada de familias monomarentales.

En su informe, CEAR denuncia que en 2024, una vez más, "un gran número de personas" han estado intentando "incansablemente" conseguir una cita para solicitar protección internacional en España sin éxito y critica el uso abusivo de los visados de tránsito para impedir que las personas pidan asilo al hacer escala. Al final de 2024, España era el país de la UE que más recurría a esta medida.

El líder de la ultraderecha Geert Wilders ha anunciado este martes que su partido PVV “abandona la coalición” del gobierno de Países Bajos, en la que tenía mayoría y gobernaba junto a otros tres partidos de derechas desde el pasado verano, debido a diferencias en el debate para restringir aún más las políticas contra el asilo, según informa EFE.

En un breve mensaje en X, Wilders anunció que “sin modificación del acuerdo principal de gobierno, el PVV abandona la coalición”, en referencia a su exigencia de agregar al acuerdo por el que se formó el gabinete en julio del año pasado, un anexo con un plan de diez puntos con una serie de ideas para restringir la llegada de solicitantes de asilo a Países Bajos.

Ese anexo lo hizo público Wilders el lunes de la semana pasada, lo que llegó acompañado de amenazas con romper el Gobierno “si no se logra en pocas semanas” restringir el acceso de refugiados, “cerrar las fronteras” a los solicitantes de asilo y reforzar la vigilancia fronteriza con participación del Ejército.

Este domingo añadió aún más presión a sus socios al decir en X que abandonará la coalición -el PVV es el partido más grande del gabinete- si los otros tres grupos -los liberales VVD, los democristianos NSC y el partido de los granjeros BBB- no planean apoyar “la mayoría” de sus propuestas. Debido a esta amenaza, los líderes de los cuatro partidos mantuvieron una reunión este lunes por la tarde para pedir explicaciones a Wilders sobre sus palabras.

La reunión duró poco menos de una hora y sus tres socios aseguraron que no se opondrán a los planes para restringir el asilo, pero dejaron la responsabilidad de ponerlos en marcha más rápido en manos de la ministra de Asilo y Migración, la ultraderechista Marjolein Faber. Wilders dijo que no está de acuerdo con esa visión y que su percepción es que sus socios no tienen disposición de apoyar esas medidas, como el cierre de fronteras, “ahora mismo”.

Y, tras tomarse la noche pasada para pensar en si su partido, el PVV, se mantenía o abandonaba el gabinete, optó este martes por la segunda opción, algo que ya se perfilaba cuando advertía que “esto no pinta bien” porque veía “un problema serio” para su partido. A las 09.00 hora neerlandesa (07.00 hora local), los cuatro socios volvieron a reunirse, pero 15 minutos después, Wilders escribió en X que sacará al PVV de la coalición.

El partido de Wilders arrasó en las elecciones de noviembre de 2023, convirtiéndose en el partido más votado de Países Bajos con una campaña electoral centrada en promesas de restringir el asilo y la inmigración, pero no tenía suficientes escaños como para gobernar en solitario.

Después de varios meses de negociaciones, en julio de 2024, Wilders llegó a un acuerdo con tres partidos de derechas para formar gobierno, sin que él fuera el primer ministro, ni tuviera ningún cargo concreto en el gabinete. El gobierno tiene cinco ministros del PVV y está liderado por Dick Schoof, un funcionario de carrera sin afiliación política.

En su programa electoral para las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el único documento completo con contenido y propuestas políticas de la era Feijóo, el Partido Popular abordaba la cuestión migratoria, principalmente, desde un enfoque de seguridad, legalidad y cooperación internacional.

En él, el PP abogaba por un control firme de las fronteras para dificultar la inmigración ilegal, combatiendo “las mafias que trafican con personas”. En el centro de su ideario ya estaba, como ha estado siempre, el objetivo de evitar que “la inmigración irregular sea una puerta de entrada preferente”.

A pesar de ello, el primer programa nacional de Alberto Núñez Feijóo defendía una “inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado laboral”. Hace apenas dos años, el PP se comprometía a intensificar la cooperación con los países de origen y tránsito, especialmente en África, para prevenir la inmigración irregular y promover oportunidades de desarrollo en los países de origen.

Su tesis oficial era vincular los flujos migratorios a las necesidades del mercado laboral. Una inmigración basada en criterios económicos y laborales, sin detallar modelos de cupos o sectores específicos. Planteamientos todos ellos que, sobre el papel, no son muy diferentes de los que ha venido defendiendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este asunto, Feijóo optó en 2023 por ponerse debajo del paraguas europeo. Su propuesta era contribuir a la reforma del marco europeo de migraciones con el objetivo de desarrollar una “política europea común en materia de migración y asilo”, con mecanismos de reparto de responsabilidades entre los Estados miembros, en línea con los compromisos internacionales. Y enfatizaba la necesidad de evitar que países como España soportasen solos la presión migratoria por su situación geográfica.

Tanto es así que el 10 de abril de 2024 los eurodiputados del PP español votaron favorablemente el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo en el Parlamento Europeo, exactamente igual que los del PSOE. Los de Vox, en cambio, se opusieron.

No solo eso. El programa de 2023 comprometía a Feijóo a impulsar “políticas de integración que promuevan la convivencia, el respeto a los valores constitucionales y el cumplimiento de las leyes”, pero sin entrar en detalles sobre medidas concretas en este apartado. También rechazaba cualquier forma de “multiculturalismo excluyente” que pudiera generar sociedades paralelas o fracturadas, defendiendo un modelo de integración basado en la adhesión a valores comunes.

En materia de asilo y refugio, el PP se comprometía a “garantizar el derecho de asilo a quienes lo necesiten conforme a los tratados internacionales”. Aunque añadía el matiz de que el sistema debe estar “ordenado y sin abusos”, no concretaba ningún cambio en el sistema vigente en aquel momento.

Este planteamiento parece haber mutado. A la espera de conocer el contenido concreto de la ponencia política que su equipo someterá a debate en el próximo congreso del PP —el primero en ocho años con debate de contenidos—, Feijóo sí ha cambiado las palabras.

La frase “quien venga a aportar será un ciudadano más. Quien no cumpla con nuestros valores, tendrá que irse por donde ha venido”, dicha ahora por el líder del Partido Popular, representa un endurecimiento discursivo y un cambio de tono respecto al programa electoral de 2023, aunque el fondo ideológico mantenga elementos comunes.

Las propuestas de hace dos años tenían un tono general institucional, técnico, con énfasis en la legalidad, el orden y la contribución económica. Las expresiones de Feijóo en estos momentos condicionan la ciudadanía y la integración a la idea de “aportación”, pero sin aclarar si se refiere a empleo, fiscalidad, valores o integración cultural. Y ponen el énfasis en la expulsión, la confrontación y la exclusión, elementos que no estaban en el programa de las últimas elecciones.

De hecho, por primera vez, Feijóo remarca una suerte de asimilación forzosa, donde el incumplimiento de unos “valores” no especificados sería motivo de expulsión. El líder del PP no ha aclarado a qué se refiere: si a comportamientos ilegales, costumbres culturales u opiniones. El tono general es populista, punitivo y simbólicamente duro, más cercano al lenguaje de Santiago Abascal o incluso al de Marine Le Pen que al suyo propio hace apenas un año.

Las declaraciones de Feijóo implican un cambio retórico y de enfoque político importante, que sustituye el lenguaje técnico y de gestión por uno más identitario, emocional y divisivo, propio de campañas donde se busca marcar perfil para atraer a votantes de ultraderecha.

Una transformación que es aún más relevante si se considera la totalidad de la trayectoria de Feijóo. Cuando era presidente de la Xunta (2009–2022), mantuvo una postura sobre la inmigración marcada por un enfoque pragmático y moderado, centrado en la gestión ordenada de los flujos migratorios. En el Parlamento gallego, Feijóo llegó a destacar la importancia de un debate serio sobre la inmigración legal y ordenada, señalando que las puertas de su comunidad autónoma estaban abiertas a todas las personas nacidas fuera que deseasen vivir como gallegos en Galicia. Y no fue en tiempos remotos: en el debate sobre el estado de la autonomía de 2021, afirmó que “nuestras puertas siempre están abiertas a las personas que, nacidas fuera, quieran vivir como gallegos en Galicia, con todo lo que eso implica”.

Feijóo enfatizaba entonces la importancia de la inmigración legal y ordenada para abordar los desafíos demográficos de Galicia. Ahora esa variable ha desaparecido, a pesar de que todos los informes oficiales señalan la necesidad crucial de atraer extranjeros para sostener la economía española en las próximas décadas.

Detrás de este cambio está la decisión del PP de perseverar en su estrategia de asumir total o parcialmente el ideario de la ultraderecha, en la creencia de que así acabarán atrayendo a sus electores.

De ese modo, Feijóo y su equipo insisten en ignorar la literatura académica que demuestra que, en realidad, ocurre escasamente lo contrario. Incorporar temas de la extrema derecha, ir a su rebufo y, mucho más, adaptarse a sus mensajes no arrincona, sino que engorda a la extrema derecha.

Está por ver si el proyecto que el PP pondrá en marcha en su congreso de julio incorporará más banderas ultras. Los pactos suscritos en ayuntamientos y comunidades autónomas sugieren que, cuando lo necesitan, los de Feijóo están dispuestos a ceder en asuntos que son nucleares para Vox y que, hasta las generales de 2023, les distinguían de la extrema derecha.

De esa lista forman parte, además de la inmigración, temas tales como la violencia machista, el cambio climático y la Agenda 2030, y las leyes de eutanasia, aborto y protección de las personas trans. El PP también ha defendido hasta ahora, en contra del criterio de Vox, la aprobación de una ley de pandemias (que, en su concepción original, Feijóo quería que incluyera la posibilidad de decretar vacunaciones obligatorias), y se ha opuesto al llamado pin parental, la implementación de un derecho inexistente por parte de los padres a decidir los contenidos de la educación que reciben sus hijos.

Está por ver también si el PP cederá en materia de lenguas cooficiales: el programa de Feijóo defiende que gallego, catalán y euskera tengan la consideración de vehiculares en la enseñanza, al mismo nivel que el castellano, algo que se está incumpliendo en la Comunitat Valenciana en virtud del acuerdo de investidura que Carlos Mazón firmó con la ultraderecha.

La ponencia política que, en teoría, debería despejar las incógnitas que pesan sobre estos asuntos está siendo redactada con la participación de dos presidentes autonómicos del ala moderada del PP: el andaluz Juanma Moreno y el castellano y leonés Alfonso Fernández Mañueco (el primero gobierna sin necesidad de los ultras porque tiene mayoría absoluta, y el segundo rompió con ellos después de aprovecharse de sus votos para revalidar su cargo).

Pero también son corresponsables de la ponencia dos mujeres: Alma Ezcurra y Natalia Chueca. La primera es una eurodiputada madrileña considerada una de las figuras emergentes del sector más ideológico del PP de Isabel Díaz Ayuso. La segunda, alcaldesa de Zaragoza desde 2023, se declara afín a los moderados del partido.

El mismo día que vio la luz verde ya se vio que el texto nacía con una marcada oposición. Poco antes de que el Parlamento Europeo votara el Pacto de Migración y Asilo, un grupo de activistas gritaban desde el palco de invitados: "Este pacto mata, vota 'no", protestaban. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaba en cambio el día de "histórico". Faltaban entonces dos meses para las elecciones europeas y una escasa mayoría de 301 votos a favor frente a 272 en contra aprobaba una reforma legislativa demasiado laxa para la extrema derecha y demasiado dura para la izquierda. Una nueva norma que, en cualquier caso, todos los gobiernos deben cumplir. También el español, que lo implementará, como tarde, antes de junio de 2026.

La adaptación a la nueva hoja de ruta que marca Bruselas llegará a través de la reforma de la ley de asilo, una norma que no se movía desde el año 2009 y cuyas modificaciones llegarán acompañadas también, según informan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), de un reglamento para implementarlas —y que lleva 15 años pendiente. Fuentes de la organización han enviado este miércoles un decálogo de las líneas que la nueva Ley no debe cruzar. Y piden, como mínimo, un diálogo en torno a todas ellas. Ya ocurrió así, ha especificado durante un desayuno informativo el presidente de la organización, Carlos Berzosa, con las normas de 2009 y con su antecesora, la de 1984.

Todavía queda margen, pero desde Cear indican que el Ejecutivo —con el Ministerio del Interior al frente pero también con la implicación de otros departamentos como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o el de Juventud e Infancia— ya trabaja en un texto que tendrá que trasponer las líneas generales del pacto europeo. ¿Y cuáles son? 

A grandes rasgos, el plan pasa por acelerar la devolución a las fronteras de los inmigrantes ilegales, reducir los plazos de tramitación de las solicitudes de asilo y establecer un principio de solidaridad en el reparto de los inmigrantes por el continente. Este último había sido de hecho el principal motivo de fricción en el debate en torno al Pacto, unas diferencias que finalmente se resolvieron con un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes reubicando en su territorio a parte de esas personas o pagando una compensación de 20.000 euros por cada rechazo.

En España, uno de los países frontera de la UE, la idea es identificar los perfiles de los migrantes cuanto antes para cribar quién puede quedarse y quién no. Mientras, además, se trabajará en su retorno. Es decir, la idea es que la devolución pueda producirse cuanto antes, según la hoja de ruta que plantea el Ejecutivo, según publicó El País. Por otro lado, se busca que las detenciones sean una alternativa, pero amplía los perfiles de solicitantes que puedan estar privados de libertad. Esta, ha señalado Cear este miércoles, es precisamente una de las vías que podría utilizar el Gobierno para diferenciarse de la hoja de ruta marcada por Bruselas. Porque lo que debería pretender España, defendió de hecho Berzosa, es erigirse como un "dique de contención frente a las políticas contrarias a derechos".

"La nueva ley de asilo marcará un antes y un después en los derechos humanos en España. Aún estamos a tiempo de dar un giro de 180º y liderar otra Europa", dijo durante el desayuno Mónica López, directora de Cear. "Estamos ante una oportunidad histórica de contar con una ley que sea recordada por su carácter vanguardista y garantista", añadió por su parte su compañero en la dirección Mauricio Valiente.

Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo. Desde Amnistía Internacional, por ejemplo, la investigadora sobre temas migratorios Virginia Álvarez parte del mismo diagnóstico para concluir sin embargo que el pacto europeo no debe aplicarse en España. Lo ideal, señala, no es que haya una nueva norma, sino que la que hay, aun con fallos, se cumpla. "En 2009 ya hubo un retroceso con respecto a lo que teníamos en 1984, pero es que, además, uno de los problemas actuales es que el Estado no cumple sus obligaciones, dejando vacíos de contenido los derechos de las personas migrantes y refugiadas", afirma.

También habla de "oportunidad", pero en el peor sentido de la palabra. Y con ella coincide el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València Javier de Lucas. "No es cuestión de tener o no tener margen, sino de que es absolutamente impensable que España se desmarque de la Unión Europea", lamenta. "Es una tendencia terrorífica en la que el Gobierno se va a mantener, no hay voluntad política para otra cosa", añade. Y fundamenta esa opinión en dos aspectos: en que el próximo 20 de mayo entra en vigor el reglamento de extranjería que endurece las peticiones de asilo —una evidente declaración de intenciones, entiende De Lucas—, y en las relaciones que el Ejecutivo mantiene con el reino de Marruecos, país incluido como "seguro" en la nueva lista elaborada por la Comisión Europea con el objetivo de acelerar las devoluciones.

Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias en Instrategies e investigadora asociada Gritim-UPF, lo subraya. Y lo hace porque el contexto, critica, no es el más propicio para una política migratoria verdaderamente integradora. "Es lo que más me preocupa: en qué momento y situación ha nacido el pacto europeo que ahora hay que aplicar", señala, desde el otro lado del teléfono. Es un momento, dice, "muy complicado" a nivel nacional, internacional y europeo. Y este texto sólo es uno de los muchos ejemplos de ello. "El pacto propone una serie de reglamentos de obligado cumplimiento que afectan claramente al derecho de asilo", critica. En primer lugar por ese cribado previo que pretende establecer qué personas pueden o no acceder al asilo. "Ya no es una cuestión de concederlo o no concederlo, sino de quién puede llegar a ser solicitante", lamenta.

Hay aun así algunos márgenes que el Gobierno sí puede aprovechar para desmarcarse de estas políticas. Lo necesario es, a juicio de Cear, escuchar a la sociedad civil, como se hizo cuando se aprobaron las leyes de 1984 y 2009. El decálogo presentado este miércoles, de hecho, ya ha sido enviado al Ejecutivo por un lado y a los grupos parlamentarios por el otro.

En primer lugar, lo que plantean es que se garanticen las vías legales y seguras para solicitar la protección internacional, algo que debería pasar por el mantenimiento de un aspecto que, aunque contempla la norma actual, no se aplica de manera adecuada: la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados para evitar, explica la ONG, "que las personas tengan que arriesgar sus vidas en rutas cada vez más peligrosas y mortales". Apuntan también en este sentido al reasentamiento, es decir, al traslado directo desde terceros países.

Por otro lado, consideran muy relevante que se mantengan las protecciones que hoy ya existen, pero inciden en la importancia de que verdaderamente se cumplan. En este sentido, exigen que se garantice la asistencia jurídica gratuita y los intérpretes. Y que los plazos máximos desde que se solicita el asilo hasta que se obtiene no supere, nunca, los 26 días.

También abogan por evitar las detenciones, algo que debe ser "el último recurso y siempre de forma motivada", aunque siempre con la prioridad de medidas alternativas. Del mismo modo, exigen respetar el principio de no devolución y siempre teniendo como máxima, en este sentido, que el derecho de asilo es individual, por lo que no pueden en ningún caso establecerse medidas como ese listado de países "seguros". Por ello inciden también en la importancia de garantizar condiciones "adaptadas" a personas en situación de vulnerabilidad e incluir siempre las garantías para niños, niñas y adolescentes, los cuales deben poder tener acceso a un "tutor o tutora legal en un plazo de 15 días". Hay que garantizar, insisten, en que el derecho a la vida en familia prime sobre todo lo demás.

Queda poco más de un año para que el texto tenga que estar aprobado. Para entonces también habrán visto la luz las normas del resto de países europeos de los que, por el momento, no hay noticias. Según lamenta Cear, tanto la participación de la sociedad civil como la transparencia, hasta ahora, han brillado por su ausencia.

Mohammad Alrshedat, originario de Deraa, Siria, vive en Austria desde hace más de tres años. Ha aprendido alemán y trabaja como techador en Viena. Pero todavía siente un vacío inmenso: su mujer y sus dos hijos de 9 y 10 años viven en Turquía y llevan más de un año esperando reunirse con él. Sin embargo, el gobierno de coalición entre conservadores (ÖVP), socialdemócratas (SPÖ) y liberales (Neos) ha anunciado su voluntad de suspender la reagrupación familiar.

Esta decisión le ha conmocionado profundamente. “Mi sueño se ha hecho añicos. Lo tenía todo planeado, quería que mi familia se viniera conmigo, que mis hijos fueran a la escuela, que pudiéramos construir algo en este país. Ahora todo eso se ha acabado”, cuenta Mohammad Alrshedat con amargura. “Ahora no sé qué hacer”.

Esta suspensión de la reagrupación familiar, una primicia en la Unión Europea (UE), es uno de los proyectos estrella del nuevo gobierno y, en particular, de los conservadores, que anteriormente habían negociado, sin éxito, con la extrema derecha del FPÖ para formar una coalición. “Hemos alcanzado el límite de nuestra capacidad de acogida y por eso estamos presionando el botón de stop”, justificó la ministra de Integración, Claudia Plakolm (ÖVP). Para ella, “la probabilidad de una integración exitosa disminuye con cada nueva llegada. [...] Austria necesita mano de obra cualificada, no un flujo de parados”.

Esta decisión se inscribe en un contexto de tensión en el país en torno a cuestiones migratorias. En las elecciones legislativas de septiembre de 2024, la extrema derecha del FPÖ registró una victoria histórica al obtener casi el 29 % de los votos. Aunque no logró entrar en el Gobierno, sigue siendo la primera fuerza política del país.

Para aplicar esta medida, el Gobierno debe modificar primero la ley de asilo para poder suspender, por decreto, el proceso de decisión relacionado con la reagrupación familiar. En concreto, los familiares de los refugiados y de los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria podrán seguir presentando una solicitud, pero esta quedará sin efecto mientras el decreto esté en vigor, inicialmente durante seis meses, según el deseo de la coalición.

Pero la reagrupación familiar está regulada y protegida por el derecho europeo. Para justificar esta suspensión, la coalición invoca la “cláusula de emergencia” de la Unión: el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), según el cual el derecho nacional puede prevalecer excepcionalmente sobre el derecho europeo en caso de amenaza para el orden público y la seguridad interior. El gobierno destaca la supuesta saturación del sistema educativo y las dificultades de integración de los recién llegados y ha informado a la UE de su decisión.

Podría haber algunas excepciones, como en el caso de los menores que se han quedado en el país de origen y que podrían reunirse con sus padres en Austria o, por el contrario, de aquellos que han venido solos al país y que podrían hacer venir a sus padres.

Eso ha provocado la ira de la extrema derecha, que denuncia una medida insuficiente, limitada en el tiempo y que se verá obligada a ser eludida debido a esas excepciones. El FPÖ había defendido, durante la campaña de las elecciones legislativas, la suspensión total del derecho de asilo. Para los Verdes, por el contrario, el texto no aporta ninguna solución a los problemas que enfrenta el sistema educativo y constituye una “erosión del Estado de derecho”.

Para justificar esta infracción de las normas europeas, el Gobierno se basa en un estudio que pretende demostrar que las personas que llegan en el marco de la reagrupación familiar son más difíciles de integrar que las que han solicitado asilo en Austria. En los primeros años tras su llegada, tienen menos probabilidades de encontrar empleo y aprenden alemán más lentamente. Según una de las autoras del estudio, el problema es que los resultados se han distorsionado y presentado de manera incorrecta en el debate público. El impacto en el empleo y el conocimiento del idioma se reduce con el tiempo de permanencia.

Además, varios expertos dudan de que el proyecto cumpla con la legislación europea. ¿Cómo se puede invocar un riesgo para el orden público y la seguridad interior cuando las cifras de reagrupación familiar están disminuyendo drásticamente? En 2024 llegaron en este contexto un total de 7.762 personas, la mayoría de ellas menores. En febrero solo llegaron 60.

Además, las dificultades encontradas, especialmente en las escuelas, varían mucho según los estados federados: “Será interesante ver cómo Austria justifica una situación de emergencia a escala nacional. Porque, si bien es innegable que tenemos un problema en algunas partes del país, el derecho europeo no tiene en cuenta el federalismo. En cuanto a la integración, Viena hace la mayor parte del trabajo y los demás estados federados hacen muy poco y eluden su responsabilidad”, afirma Lukas Gahleitner, jurista de la organización de ayuda a los refugiados Asylkoordination.

El especialista habla de una “violación calculada del derecho”: “Hasta cierto punto, se trata de un proyecto ideológico. El gobierno quiere demostrar que es uno de los primeros de Europa en hacerlo. [...] Es una política populista que no aporta ninguna solución, sino que, por el contrario, crea problemas”.

Su asociación tiene intención de llevar algunos casos ante los tribunales austriacos, con la esperanza de que ellos recurran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para anular esta reforma. Otra posibilidad es que la Comisión Europea presente por sí misma un recurso por incumplimiento ante el tribunal, una vez que se presente la orden.

Esta medida refuerza el sentimiento de estigmatización que viven los refugiados sirios, los más afectados por esta decisión. En diciembre, el ministro del Interior, Gerhard Karner, ya había anunciado “un programa ordenado de repatriación y expulsión a Siria” tras la caída del régimen de Bachar al-Assad. Desde entonces, varios miles de sirios han recibido una carta informándoles de la apertura de un procedimiento para retirarles su condición de refugiados.

Mohammad Alrshedat es uno de ellos. Aún así, hay pocas posibilidades de que estos esfuerzos tengan éxito dada la inestabilidad que reina en el país desde la salida del dictador, pero el impacto en la moral de los refugiados es muy real: “Ya no tengo ninguna motivación. Antes iba a hacer deporte todos los días, sin importar lo duro que fuera mi trabajo, pero ahora ya no tengo ganas de nada”, describe.

A su lado, Ahmad al-Hariri, miembro de una asociación de la comunidad siria, asiente con la cabeza: “Estamos organizando un café lingüístico y vemos que cada vez viene menos gente. Nos dicen: ¿para qué aprender alemán si no nos quieren? Sin embargo, estas personas quieren aprender y llevar una vida normal. Creo que el objetivo del gobierno no es solo suspender la reagrupación familiar, sino no tener más refugiados en el país”.

A finales de enero, más de 4.600 personas seguían esperando una respuesta a su solicitud de reagrupación familiar, entre ellas 3.600 sirios.

Traducción de Miguel López

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado este martes que a finales de 2024 España tenía más de 242.000 solicitudes de petición internacional pendientes de resolución, un 27% más que el año pasado (191.095). Lo ha señalado en su informe Más que cifras, publicado este martes y recogido por EFE, en el que ha valorado que España haya mejorado su tasa de reconocimiento de protección internacional del 12 a 18,5%, aunque esta sigue alejada de la media europea, situada en el 40%.

En su balance, la entidad señala que 167.366 personas solicitaron protección internacional en España en 2024, lo que, bajo su análisis supone "un ligero incremento con respecto al año anterior (163.218), pese a las previsiones alarmistas". CEAR señala también que "las resoluciones negativas siguen aumentando" debido, sobre todo, a las denegaciones que reciben un gran número de personas de Colombia año tras año, "pese a la situación de amenaza constante que siguen sufriendo en este país".

Las concesiones de protección internacional han crecido debido al "incremento exponencial de la protección subsidiaria", que sube casi un 200% respecto a 2023, especialmente por las personas procedentes de Mali. Sin embargo, la organización considera preocupante que las de estatuto de refugiado (6.355) bajen más de un 13 % respecto a los datos de 2023, cuando se concedieron 7.330.

Por otro lado, han descendido también las resoluciones concedidas por razones humanitarias de 41.487 en 2023 a 33.535 en 2024, un tipo de protección menos garantista que se concede, sobre todo, a personas de Venezuela. Mali, entre las tres nacionalidades con más peticiones

Seis de las diez principales nacionalidades solicitantes de protección internacional en 2024 proceden de América Latina, "región marcada por la inestabilidad política, los abusos de derechos humanos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la acción de grupos armados no estatales". Las otras cuatro proceden del norte de África y de África occidental, "asoladas por conflictos armados prolongados, crisis políticas y los efectos de la crisis climática".

Venezuela y Colombia se mantienen como las dos primeras nacionalidades de personas solicitantes de asilo en España, acumulando más del 63 % del total de peticiones, mientras que Mali, con un aumento del 700% en el número de peticiones, ha desplazado a Perú como tercer país de origen, con 10.673.

El país africano se enfrenta a una crisis humanitaria compleja que se prolonga desde 2012, en la que se combina la amenaza yihadista, la inestabilidad política tras el golpe de Estado en 2020, factores de vulnerabilidad estructurales, desafíos socioeconómicos y los efectos de la crisis climática, apunta la entidad. A estos países le siguen en la lista con más solicitantes Perú, Senegal, Marruecos, Nicaragua, Honduras, Mauritania y Ecuador.

CEAR también destaca en su informe el aumento de solicitantes de asilo de personas de Senegal y de Mauritania, país fronterizo con Mali y Senegal y bisagra entre el África occidental y la región del Magreb.

Pese al aumento de solicitudes, CEAR ha recordado que miles de personas siguen encontrando "enormes obstáculos" para acceder al procedimiento de pedir protección internacional. Según su análisis, no solo no se habilitan suficientes vías legales y seguras, sino que el año pasado se introdujeron nuevos visados de tránsito aeroportuarios a hasta seis países (Sudán, Chad, Mauritania, Egipto, Senegal y Kenia), medidas que impiden a muchas personas necesitadas solicitar asilo en España "sin tener que jugarse la vida en el intento".

En un comunicado, CEAR se ha referido también a la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo pendiente -que afectará a la ley de asilo y su reglamento y, en parte, a la ley de extranjería- y ha pedido al Gobierno "comprometerse a velar por la garantía de derechos" en su aplicación. Para ello, considera necesario incrementar los recursos humanos y la formación especializada a todo el personal en los procedimientos fronterizos, crear un mecanismo independiente de monitoreo de derechos humanos y que la nueva ley de asilo garantice el derecho a la asistencia jurídica gratuita especializada durante todo el proceso.

Diferentes países europeos han paralizado el proceso de peticiones de asilo de ciudadanos sirios tras la nueva coyuntura creada por la caída del régimen de Bachar al Asad, mientras en los países vecinos a Siria los regresos de nacionales son todavía escasos y con cautela, según informa EFE.

El derrumbe del régimen de los Al Asad, que durante medio siglo ha dirigido Siria, ha abierto expectativas de un cambio que permita el regreso de sus nacionales, que durante años han escapado y buscado refugio en diferentes países.

Según datos de Acnur los desplazados sirios han pedido asilo en más de 130 países, aunque la gran mayoría vive en naciones vecinas dentro de la región: Líbano, Jordania, Irak, Egipto y sobre todo Turquía, donde hay unos tres millones.

La ONG Amnistía Internacional instó este martes a los gobiernos europeos a "revertir inmediatamente" las decisiones de suspender las solicitudes de asilo a los sirios y les conminó a no sacrificar la seguridad de estos ciudadanos en aras de "las políticas antirrefugiados" que imperan en el continente, por considerar que la situación en Siria es extremadamente volátil.

Aunque Europa no es el principal foco de refugio de los sirios desplazados sí hay países que desde hace años acogen a esos nacionales, como Alemania, adonde llegaron masivamente a mediados de la pasada década hasta acercarse al millón.

Ahora la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) de Alemania no tramitará por el momento más solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos sirios tras la caída del Al Asad y a la espera de la evolución de los acontecimientos. La portavoz adjunta de Interior, Sonja Kock, indicó que "existe la posibilidad de rebajar la prioridad de las decisiones de asilo", una opción a la que puede recurrir la BAMF en situaciones poco claras, como la actual en Siria. En otras palabras, las decisiones de asilo no quedan resueltas sino que se vuelven a colocar al final del montón y se priorizan otras decisiones de asilo, precisó, lo que afecta actualmente a 47.270 solicitudes de sirios.

En la misma línea se ha situado el Ministerio del Interior del Reino Unido (casi 5.700 solicitantes en la actualidad), que paraliza las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios hasta "evaluar" la situación actual, dijo el Home Office británico en un comunicado. La ministra británica del Interior, Yvette Cooper, comentó que la razón de la decisión de frenar las solicitudes reside en la necesidad "monitorizar de cerca" el rápido desarrollo de los acontecimientos en el país árabe, sumido en la incertidumbre.

Por su parte, el Gobierno francés ha secundado a otros países europeos y ha decidido congelar el trámite de asilo. "Hemos decidido adoptar una medida inspirada en la alemana. Hace una hora decidimos la suspensión del examen de las demandas de asilo", confirmó una fuente de Exteriores.

Países como Austria (casi 15.000 solicitantes según datos de ACNUR de 2024), Países Bajos (13.000), Bélgica (más de 4.000) y Suiza (algo menos de medio millar) han congelado también las peticiones a la luz de los nuevos acontecimientos. Suiza recibe cada año varios cientos de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, siendo 2015 el año en el que éstas alcanzaron su cifra máxima, al superar las 4.700.

A lo largo de este martes las autoridades migratorias de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega se han sumado a otros países europeos y han anunciado que paralizan la tramitación de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, como reacción al derrocamiento del régimen autoritario de Bachar al Asad.

La excepción es España. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que la suspensión de los trámites para las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en España "no es necesaria" y "no está encima de la mesa". Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros tras ser preguntado sobre la decisión de algunos países de la Unión Europea.

"En estos momentos, las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios son pequeñas, no es como en otros países de la Unión Europea que han tomado ya medidas. No es necesario tomar ninguna medida adicional porque a diferencia de otros países europeos donde sí representan una parte muy importante de las solicitudes de asilo, aquí no es el caso", ha expresado.

"Si en algún momento vemos que la situación cambia y que es necesario tomar otra decisión se tomaría, pero en estos momentos no es necesario y no está encima de la mesa", ha añadido Albares, que ha indicado que ha trasladado esta información al Ministerio del Interior.

En 2023 se concedieron 927 estatutos de refugiado y 126 protecciones subsidiarias a ciudadanos sirios, mientras que se archivaron 218 solicitudes y se denegaron 92, según los datos facilitados a EFE por Interior. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024, España ha recibido 1.393 solicitudes de protección internacional de ciudadanos sirios.

El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, ha subrayado que la nueva situación en Siria podría permitir que "la mayor crisis de desplazamiento forzado del mundo pueda avanzar hacia soluciones justas", aunque puntualizó que la situación es aún incierta. Sin embargo, al estallido de felicidad por la caída de Al Asad se une la cautela de quienes podrían emprender el camino de retorno a casa.

Así, algunos de los tres millones de refugiados sirios registrados en Turquía podrían empezar a regresar a su tierra y, este martes, las autoridades turcas han abierto un nuevo paso fronterizo, pero las cifras de candidatos al retorno son aún modestas, según los medios turcos. Aproximadamente medio millar de refugiados sirios retornan cada día a su tierra, casi el doble de lo ocurría antes de la caída del régimen, señalaron este martes las autoridades turcas, que están acondicionando los pasos fronterizos para asumir un flujo de hasta 15.000 personas.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dijo en la televisión turca NTV que los pasos fronterizos abiertos hasta ahora tenían la capacidad de gestionar cada día unos "3.000 retornos voluntarios y dignos", suficiente hasta ahora, pero la previsión es incrementarlo hasta cinco veces.

Jordania recibió a más de 1.300.000 sirios desde el inicio de la crisis siria en 2011, según el ministro del Interior jordano, Mazen al Faraya, para quien "lo que impedía que un refugiado sirio regresara era principalmente una cuestión de seguridad y el servicio militar obligatorio en Siria, y otros temían ser perseguidos por el régimen que había en ese momento, pero ahora ya no". Sin embargo, Al Faraya explicó que "aproximadamente 100 personas regresaron de Siria a Jordania" este martes, lo cual indica por el momento poca disposición al retorno. 

Jueces y fiscales progresistas han denunciado este miércoles que España no está garantizando el asilo a los palestinos que están solicitándolo en nuestro país, y han pedido que se agilicen las fases de la tramitación de las solicitudes para poder acceder a los sistemas de acogida.

En un comunicado conjunto de la Unión Progresista de Fiscales, Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, estas asociaciones recuerdan el caso de un palestino que, procedente de Jordania, llegó el domingo 17 a Barcelona con visado expedido por el Consulado de España en Jerusalén.

Ya en España solicitó asilo y esperó cinco días en la sala de admisiones del aeropuerto. El día 21 las autoridades se lo denegaron y fue devuelto a Jordania, donde a la llegada le confiscaron todos sus documentos y le obligaron a firmar uno por el que se comprometía a no volver a ese país sin coordinación previa, según subraya el comunicado.

Para los tres firmantes, no se trata de un hecho aislado, sino que existen evidencias de que se está actuando de la misma manera con otros solicitantes de asilo palestinos. Asimismo, recuerdan que España ya fue condenada en 2014 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación a la expulsión de 30 saharauis solicitantes de protección internacional.

Y añaden que en el caso del palestino que llegó el día 17 se le denegó el asilo "sin garantizarle sus derechos cuando estamos asistiendo a la perpetración de un delito de genocidio contra los nacionales de ese Estado por parte de Israel". "Devolver a un nacional palestino en esta situación, es devolverle a una más que probable posibilidad de sufrir tratos inhumanos y degradantes", recalca el comunicado, donde se recuerda que han sido asesinadas en territorio palestino más de 43.000 personas, incluidos niños.

Las tres asociaciones insisten en que no se está garantizando el derecho al asilo para los palestinos conforme a la legislación vigente, y aseguran que la Policía Nacional "está permitiendo entrar como turistas a los palestinos para que soliciten el asilo en territorio español en lugar de tramitarlo directamente como solicitud en frontera". Añaden que, con ello, "se están incumpliendo todos los plazos legales, la cita de asilo tarda meses y mientras tanto no tienen acceso a ninguna ayuda". "Durante casi dos años no disponen de ayudas, debiendo pernoctar en albergues sin acceso a servicios básicos y necesarios", precisan.

Los siete migrantes que habían sido enviados a centros de detención y repatriación en Albania por el Gobierno italiano regresaron durante la noche a Italia y se encuentran ya en Brindisi (Italia), tras un nuevo revés por parte del Tribunal de Roma que suspendió su retención y envió el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según ha reportado EFE.

El barco Visalli de la Guardia Costera italiana que transportaba a los siete migrantes detenidos en el centro de Gjdaer (Albania) desde el pasado viernes llegó al puerto de Brindisi hacia la medianoche. Los siete migrantes, de Bangladés y Egipto, fueron trasladados en un minibús a un centro para solicitantes de asilo, donde podrán seguir el procedimiento ordinario de examen de sus solicitudes, informaron los medios.

De esta manera, los centros de internamiento que el Ejecutivo italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni abrió en Albania como parte de su pacto de externalización migratoria con Tirana quedarán de nuevo vacíos.

Esta es la segunda vez que la Justicia italiana frena el acuerdo con Albania. Las instalaciones fueron estrenadas el pasado 14 de octubre con la llegada de un primer grupo de 16 inmigrantes bangladesíes y egipcios interceptados en el Mediterráneo, aunque los planes de Meloni se vieron enseguida aguados.

Cuatro de ellos enseguida tuvieron que ser devueltos a Italia —tras una travesía de dos días hasta Albania— por ser menores de edad o "vulnerables" y, dos días después, el resto corrió la misma suerte gracias a la sentencia del Tribunal romano.

Los jueces, amparándose en una reciente sentencia de TJUE, apuntaban entonces que para que un país pueda ser "seguro" debe serlo en todo su territorio y, por esa razón, ni Egipto ni Bangladés lo son, lo que impedía una eventual repatriación de aquel grupo.

El Gobierno de Meloni reaccionó blindando por decreto la lista de países seguros, manteniendo tanto a Egipto como a Bangladés, en un intento de facilitar la expulsión de los muchos inmigrantes de esos países que llegan a través del Mediterráneo.

En esta ocasión, el Tribunal de Roma decidió suspender la posición de los migrantes y enviar los casos al tribunal europeo.

El Tribunal, se lee en uno de los actos relativos a un migrante de Bangladés, "cree que el derecho a un recurso efectivo, reconocido al solicitante de asilo es una expresión del derecho más general a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea".

"Es otra sentencia política contra los italianos y su seguridad. El Gobierno y el Parlamento tienen derecho a reaccionar para proteger a los ciudadanos, y lo harán", atacó el líder de la Liga y vicepresidente, Matteo Salvini. Mientras que el portavoz de los senadores de Forza Italia, Maurizio Gasparri, definió a los magistrados como "subversivos", anunciando que también ha solicitado una inspección de la jueza Silvia Albano, miembro de la sección de inmigración del tribunal de Roma.

El Tribunal de Roma remitió este lunes a la justicia de la Unión Europea (UE) la situación de los inmigrantes enviados a los centros de detención en Albania y, mientras, suspendió la retención de un grupo de siete, según informa EFE. Los inmigrantes –5 de Bangladés y 2 de Egipto– fueron llevados el pasado viernes por el buque militar italiano Libra los controvertidos centros de Albania y su retención ha quedado "suspendida", por lo que serán devueltos a Italia, según avanzan los medios.

Es la segunda vez que la justicia impide el funcionamiento de los centros construidos por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni para externalizar desde Albania la gestión de los procedimientos de asilo.

El pasado 16 de octubre, el Tribunal romano decidió directamente no permitir la retención de un primer grupo de 12 inmigrantes enviado a estos centros. Los jueces, amparándose en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sostuvieron entonces que para que un país pueda ser considerado "seguro" debe serlo en todo su territorio y, por esa razón, ni Egipto ni Bangladés lo son.

La "Operación Albania" forma parte de la estrategia de Meloni para frenar la inmigración irregular procedente del norte de África a través del Mediterráneo central. La idea es destinar a determinados inmigrantes rescatados en las pateras a estos centros construidos en Albania, al otro lado del mar Adriático (con el beneplácito de su homologo del país balcánico, el socialdemócrata Edi Rama).

Un primer centro está en el puerto de Shengjin, donde los inmigrantes son sometidos a un proceso acelerado para determinar si tienen derecho al asilo, mientras que el otro, en Gjiader, está dedicado a acoger a los rechazados para su eventual repatriación. Sin embargo, a los centros en Albania no se pueden enviar mujeres, niños, familias o personas vulnerables, pero tampoco inmigrantes que demuestren que escapan de países considerados "inseguros".

Esta estrategia todavía no ha conseguido arrancar del todo. El pasado 14 de octubre el buque 'Libra' llevó a Albania a un primer grupo de 16 inmigrantes pero, al final, todos acabaron siendo devueltos a Italia: cuatro por ser menores o "vulnerables" y el resto debido a la sentencia del Tribunal romano.

El Gobierno de la ultraderechista Meloni reaccionó blindando por decreto la lista de países seguros, manteniendo tanto a Egipto como a Bangladés, en un intento de facilitar la expulsión de los muchos inmigrantes de esos países que llegan a través del Mediterráneo.

La estrategia de Meloni en un primer momento suscitó un enorme interés en los países europeos pero también ha sido muy criticada, sobre todo por su difícil factibilidad y su enorme coste. Todos los inmigrantes que han pasado por Albania, un total de 24 divididos en dos operaciones distintas, fueron rescatados cerca de la isla de Lampedusa y tuvieron que viajar durante dos días hasta ese país a bordo de un buque de la Marina.

Pero también ha supuesto un sonoro encontronazo entre el Ejecutivo y el poder Judicial, ya que representantes del Gobierno, como el vicepresidente y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ha acusado a los jueces de hacer política por impedir las retenciones en los centros albaneses. La jueza de la sección sobre inmigración del Tribunal de Roma, Silvia Albano, ha denunciado incluso "intimidaciones y presiones".

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, instó este fin de semana a la magistratura a "aplicar las leyes" sin entrar en su "factor político" y animó a sus socios políticos a "bajar el tono y evitar la crítica de las sentencias".

Otra polémica ha sido suscitada por el encuentro mantenido la pasada semana por Meloni y el vicepresidente del Consejo Superior de la Magistratura, Fabio Pinelli, que ha sido denunciado como una injerencia. 

El Ministerio del Interior ha deportado a otros 21 ciudadanos saharauis que habían solicitado protección internacional en el aeropuerto de Barajas y vieron denegada su petición, entre ellos 7 mujeres, un niño de un año y una niña de año y medio, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Quedan en las salas de asilo del aeropuerto al menos cuatro saharauis, de los cuales tres tienen previsto su retorno el próximo jueves, día 10, y uno está pendiente de su comparecencia ante el juez este lunes porque ha recurrido la denegación de su solicitud de protección.

El grupo de 21 solicitantes de asilo fueron trasladados a Marrakech este domingo en un vuelo comercial operado por Air Europa a las 23:50 horas. Entre ellos están dos mujeres y un menor sobre los que el Defensor del Pueblo se pronunció el pasado viernes en una carta, en la que sugirió que se autorizase su entrada al territorio para que pudiesen completar su solicitud de reconocimiento del estatuto de apátrida, según han informado a EFE fuentes de CEAR, que ha asistido legalmente a estos solicitantes.

También otros dos activistas que habían intentado paralizar de urgencia su retorno por la vía judicial, pero un juzgado de Madrid rechazó las medidas cautelarísimas solicitadas este fin de semana al considerar que no se habían aportado indicios suficientes de la situación de persecución que denunciaban en Marruecos.

Además, fue devuelta en el grupo de anoche Rachida Amaador, de 32 años, según ha confirmado a EFE su abogada, María Vieyra. Rachida relató a EFE que fue detenida y torturada por las autoridades marroquíes después de haber protestado por no poder visitar en la cárcel a su sobrino, Husein Bachir Amadour, un activista que llegó a España en patera en 2019 y fue devuelto a Marruecos, donde ahora cumple 12 años de prisión por el homicidio de un joven durante unos enfrentamientos entre facciones estudiantiles.

El pasado jueves, Interior deportó a un primer grupo de 16 solicitantes de asilo saharauis que estaban retenidos en Barajas, de los cuales al menos dos fueron detenidos por las autoridades marroquíes a su llegada. Según las fuentes jurídicas consultadas este lunes, estos ya han sido puestos en libertad. De este grupo, según han precisado, 8 están en Mauritania, ya que "tienen muy claro que no regresarán a territorio ocupado".

Este fin de semana, el Ministerio del Interior ha autorizado la entrada temporal en España a dos de los activistas saharauis que se encontraban en Barajas, al admitir a trámite su solicitud de protección internacional. Fuentes de Interior consultadas por EFE han negado este lunes poder ofrecer datos sobre este asunto, aunque han recalcado que las denegaciones de las solicitudes de protección internacional se realizan "atendiendo a los criterios que establece la legislación". 

 Un juzgado de Madrid ha rechazado la petición de dos activistas saharauis de paralizar de urgencia su traslado a Marruecos, junto a otros 19 ciudadanos que se encuentran retenidos en alguna de las salas de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, previsto esta misma noche.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el juzgado de guardia ha rechazado estimar las medidas cautelarísimas solicitadas por dos de ellos, con las que trataban de paralizar "in extremis" su deportación, al considerar que no se han aportado indicios suficientes de la situación de persecución que denuncian en Marruecos.

Rechazada esta vía, las fuentes tienen pocas dudas de que se cumplirá lo previsto y su avión saldrá al filo de la medianoche con destino a Marrakech.

El pasado viernes se hizo pública una carta del Defensor del Pueblo, que sugería al Ministerio del Interior que autorizase la entrada a España de dos mujeres y un menor saharauis que están retenidos en el aeropuerto, a petición de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Las fuentes consultadas creen que los tres, a quienes les fue denegada la solicitud de asilo y que tienen en trámite su reclamación de reconocimiento del estatuto de apátrida, están en el grupo que previsiblemente será deportado.

El posible retorno a Marruecos de este segundo grupo de ciudadanos saharauis se suma al que se hizo efectivo el pasado viernes, cuando despegó otro avión con 16 solicitantes de asilo retenidos en Barajas tras ver denegadas sus solicitudes de protección internacional.

No será, previsiblemente, el último. El próximo jueves, día 10, hay otro vuelo de las mismas características programado.

Respecto al primer grupo que fue trasladado a Marruecos, fuentes jurídicas consultadas por EFE explicaron que, según informaron las familias de los afectados, dos de ellos fueron detenidos por las autoridades marroquíes a su llegada y fueron interrogados.

Interior ha deportado a dieciséis de los solicitantes de asilo saharauis que estaban retenidos en el aeropuerto de Barajas, algunos de ellos desde hace un mes, una vez que han sido denegadas sus solicitudes de protección internacional, según han informado a EFE fuentes jurídicas. El retorno se produjo en un vuelo que salió el jueves de Barajas a las 23:50 horas con destino a Marrakesh, por lo que quedan 15 en las salas de asilo, de los cuales algunos de ellos ya tienen su deportación programada para el próximo domingo 6, en un vuelo de las mismas características. 

Las fuentes han explicado que, según han relatado las familias de los afectados, dos de ellos han sido detenidos por las autoridades marroquíes a su llegada y están siendo interrogados. 

Todos ellos contaban con documentación que acreditaban su origen saharaui -expedida por la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) o por España a través del censo realizado en 1974- y con una recomendación favorable de Acnur para que se autorizase su entrada para que pudieran completar su solicitud de apátrida, paralela a la de protección internacional. 

En uno de estos informes, al que ha tenido acceso EFE, Acnur defendía que, "dadas las limitaciones de los plazos para el procedimiento de apatridia y no siendo factible que se resuelva en un tiempo razonable durante la estancia del solicitante en el aeropuerto", recomendaba autorizar la entrada del solicitante a España. 

Y se apoyaba para ello en una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de iniciar un procedimiento de apatridia mientras el solicitante se encuentre en un puesto fronterizo tramitando un procedimiento de protección internacional. 

Fuentes de Interior consultadas por EFE han negado este viernes poder ofrecer datos sobre este asunto, aunque han recalcado que cada caso "se evalúa individualmente" antes de adoptar una resolución, que se atiene siempre a "los criterios y requisitos establecidos en las legislaciones nacional e internacional en materia de protección internacional".

El Defensor del Pueblo ha sugerido al Ministerio del Interior que autorice la entrada a España de dos mujeres y un menor saharauis que están retenidos en el aeropuerto de Barajas, al serles denegada la protección internacional y que tienen programado su retorno a Marruecos el próximo domingo.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha compartido en la red social X una carta en la que Ángel Gabilondo atiende la petición de esta entidad social e informa de que se ha realizado una sugerencia en ese sentido a la Dirección General de Protección Internacional, dependiente del Ministerio del Interior.

Según han informado a EFE fuentes de la ONG, se trata de dos mujeres y un menor que llegaron a España el pasado 20 de septiembre y han recibido asistencia jurídica de CEAR. Los tres solicitaron protección internacional, que fue denegada, y el reconocimiento del estatuo de apátrida, que está en trámite.

En su misiva, el Defensor del Pueblo sugiere que se autorice la entrada al territorio español de los tres solicitantes, todos ellos originales del Sáhara Occidental, al haberse iniciado de oficio un procedimiento de reconocimiento del estatuto de apátrida en el puesto fronterizo de Barajas. Todo ello con el fin de asegurar la continuación de este proceso "con plenas garantías", de conformidad con el Estatuto de Apátridas de 1954, su reglamento de 2001 y con una sentencia del Tribunal Supremo de 2020.

Según precisan la fuentes, estos tres solicitantes de asilo también cuentan con un informe favorable de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que se pronunció en el mismo sentido.

El Ministerio del Interior ha acordado la devolución a Marruecos de diez activistas saharauis con pasaporte marroquí que permanecían desde hace días en el aeropuerto de Barajas en Madrid tras solicitar asilo y ser denegado, motivo por el que este domingo decidieron emprender una huelga de hambre, según informa EFE.

Fuentes de Interior han indicado a EFE que de los diez ciudadanos que aguardaban en la sala de asilados del aeropuerto madrileño que el domingo decidieron dejar de comer, cinco han desayunado esta mañana.  Interior señala que el personal sanitario sigue permanentemente su situación, por si fuera necesaria asistencia específica, que no ha sido requerida hasta este momento.

Hace días los diez activistas saharauis solicitaron asilo, pero España decidió denegárselo, si bien por protección de datos la Oficina de Asilo y Refugio no facilita detalles de por qué ha rechazado otorgarles protección. Desde Interior explican que de acuerdo con la legislación serán devueltos a Marruecos.

El sábado, familiares de los solicitantes de asilo se manifestaron frente a la sede del Ministerio del Interior para denunciar las condiciones infrahumanas que están teniendo sus familiares durante su estancia en Barajas, por la falta de higiene y las picaduras de chinches, sin acceso a luz solar y con la misma comida desde hace veinte días.

La sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acoge este lunes a 57 ciudadanos marroquíes.

Los activistas saharauis retenidos en el aeropuerto de Barajas desde hace varias semanas han iniciado una huelga de hambre para denunciar las condiciones de “insalubridad” en la que permanecen allí y pedir al Gobierno de España que cumpla con su “deber” de asilo político y les conceda la libertad.

Lo ha confirmado a EFE Fátima Fadel, abogada de algunas de estas personas, que ha detallado que la protesta comenzó ayer y está siendo secundada por 29 activistas de los “más de 30” que se encuentran en Barajas, todos ellos hombres distribuidos entre las terminales 1 y 4.

Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior informaron a EFE que a mediodía de este domingo no consta ninguna comunicación oficial a las autoridades policiales de Barajas de que haya ningún saharaui en huelga de hambre.

Ayer, sábado, una veintena de manifestantes, muchos de ellos familiares de los treinta activistas saharauis retenidos en el aeropuerto de Barajas, reclamaron frente a la sede del Ministerio de Interior su libertad y la concesión de asilo en España, y denunciaron las condiciones “infrahumanas” en las que, aseguran, viven allí a día de hoy.

Estas personas, denunciaron, son "presos políticos" perseguidos por Marruecos por sus labores de activismo.

Fadel asegura que la situación es de “extrema gravedad”. “Hay chinches, vemos sus cuerpos con señales de las picaduras. Se quejan de que están comiendo la misma comida desde hace 20 días. La situación de higiene es terrible, sumada ahora a la huelga de hambre… No ven el sol, prácticamente están presos, esas condiciones son de una prisión”, afirma.

En paralelo, la abogada ha trasladado que hay “siete personas” de las 30 retenidas que tienen vuelos previstos para salir de España a Marruecos, a ciudades como Casablanca o Rabat, lo que provocará, ha augurado, su encarcelamiento por su labor activista.

“No se están valorando las pruebas ni el relato que están denunciando”, ha lamentado la letrada.

El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, informó a la Cámara de Representantes de su país que el líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, estuvo alojado en secreto en la embajada neerlandesa en Caracas durante más de un mes, es decir, desde después de las elecciones, según informó este domingo la televisión pública Nos y recoge EFE. El jefe de la diplomacia neerlandesa precisó que la acogida se produjo a petición del opositor.

El excandidato presidencial y líder de la mayor coalición opositora de Venezuela, que solicitó y recibió asilo político de España, recibió "hospitalidad en la residencia de los Países Bajos en Caracas hasta el 5 de septiembre".

Tras confirmar González Urrutia se encontraba de camino a España, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, señaló que el Gobierno español ha concedido el asilo al político venezolano a petición suya tras pasar un tiempo en la residencia de la Embajada de España en Caracas, sin dar más detalles al respecto.

Albares avanzó esta decisión en declaraciones a los periodistas en Mascate, donde el avión de la Fuerza Aérea Española en el que viaja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al frente de una delegación de la que forma parte el ministro, hizo escala en su viaje a China. "Las puertas de España hacia un país hermano como es Venezuela siempre van a estar abiertas, como han estado las puertas de la residencia de la Embajada de España para Edmundo González", aseguró.

La decisión de acoger a González por parte de España se conoció horas después de que Pedro Sánchez, en su intervención en la reunión del Comité Federal del PSOE, señalara que Edmundo González es "un héroe a quien España no va a abandonar".