Una década de batallas legales, lideradas por Mediapart (socio editorial de infoLibre) y sus abogados, paralela al caso Bettencourt, terminaba este jueves 14 de enero en una gran derrota para la libertad de informar frente a la principal instancia jurídica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En un fallo dado a conocer a través de su página web a las 10 de la mañana, el Tribunal de Estrasburgo estimaba que Francia no había violado el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que consagra la libertad de expresión, al censurar, en 2013, 70 artículos de Mediapart, en el origen de las revelaciones iniciales del caso Bettencourt.

Los hechos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras serlo ante diversos tribunales franceses, están relacionados con la publicación de grabaciones clandestinas realizadas entre mayo de 2009 y mayo de 2010 por el mayordomo de Liliane Bettencourt (1922-2017), entonces heredera del imperio L'Oréal y la mujer más rica de Europa, durante sus conversaciones de negocios con el encargado de gestionar su fortuna, Patrice de Maistre.

El mayordomo, Pascal Bonnefoy, realizó estas grabaciones para confiárselas a la Policía y así probar que su jefa, con problemas psíquicos y psicológicos desde hacía años, era la presa financiera de muchas personas de su entorno directo, empezando por su asesor financiero personal. La Policía estuvo investigando desde finales de 2007, a petición de la propia hija de Bettencourt, un posible abuso de debilidad abuso de debilidad del que la multimillonaria podría haber sido víctima.

Como receptor de las cintas de audio –unas 22 horas de conversaciones dispares–, Mediapart llevó a cabo una estricta selección de las grabaciones para revelar, tras la comprobación y exclusión de todos los elementos pertenecientes a la vida privada, sólo el contenido relativo a temas de interés público: el fraude fiscal masivo de la familia Bettencourt, los conflictos de intereses de un importante ministro del gobierno de la época (Éric Woerth), la injerencia del Elíseo en determinados procedimientos judiciales, la financiación de la vida política o el futuro de los accionistas de L'Oréal, líder mundial de la cosmética.

Mediapart publicó en un primer momento, en el verano de 2010, transcripciones seleccionadas de las grabaciones y, posteriormente, ante la acumulación de desmentidos, decidió hacer públicos ciertos extractos sonoros.

Las investigaciones de Mediapart permitieron demostrar que Liliane Bettencourt, titular de 12 cuentas ocultas en el extranjero (en Suiza y Singapur), había contratado a su servicio, a petición de Patrice de Maistre, a la esposa del ministro de Presupuesto, Eric Woerth, cuyos servicios nunca habían auditado a la empresa Bettencourt a efectos fiscales. Además, en su calidad de tesorero del partido con mayoría (la UMP) y de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007, Eric Woerth concedió la Legión de Honor a Patrice de Maistre, que contribuyó, al igual que Liliane Bettencourt, a la financiación de la campaña de 2007.

Las revelaciones de Mediapart provocaron la dimisión de Florence Woerth, que declarará a Le Monde: “Subestimé este conflicto de intereses”. Por su parte, Eric Woerth renunciaría a su cargo como tesorero de la UMP.

Por otro lado, el exministro fue absuelto del delito de “tráfico de influencias” del que fue acusado y posteriormente juzgado por un tribunal de Burdeos. Nicolas Sarkozy, procesado durante un tiempo por haberse aprovechado de la presunta generosidad de Bettencourt, finalmente vio sobreseerse los cargos en su contra al término de la instrucción.

El estallido del escándalo Bettencourt suscitó innumerables reacciones políticas en el gobierno de la época. El responsable entonces de la UMP (hoy, Los Republicanos), Xavier Bertrand, por ejemplo, llegó a estigmatizar los “métodos fascistas” de Mediapart.

Patrice de Maistre y los entonces representantes de Liliane Bettencourt (en aquella época próxima al clan de Maistre) iniciaron un procedimiento de medidas de urgencia para reclamar la retirada de las grabaciones del mayordomo y de sus transcripciones, al considerar ser víctima de un atentado a la intimidad de la vida privada.

En una sentencia dictada el 1 de julio de 2010, el tribunal de París desestimó la demanda y subrayó que la labor de Mediapart entraba en el ámbito de la “legítima información pública” sobre “temas de interés general”. “Ordenar la retirada de documentos que forman parte de la publicación de informaciones legítimas de interés general equivaldría a ejercer una censura contraria al interés público, a menos que se impugne la gravedad de la reproducción de las grabaciones, que no es el caso”, señaló el tribunal, cuya decisión sería confirmada en apelación días después, el 30 de julio.

Pero el 6 de octubre de 2011 el Tribunal de Casación anuló esta interpretación legal y devolvió el caso al Tribunal de Apelación de Versalles. A diferencia de los jueces que habían analizado el caso anteriormente, el Tribunal de Casación dictaminó que no importaba que Mediapart hubiera seleccionado las grabaciones en función del interés público. El Alto Tribunal estimaba que, mientras las grabaciones fueran clandestinas, constituían una invasión de la intimidad y su distribución equivalía a un delito de encubrimiento.

Siguiendo la interpretación de la Sala de lo Civil del Tribunal de Casación, el Tribunal de Apelación de Versalles condenó a Mediapart en 2013 a una censura sin precedentes: la retirada no sólo de cualquier extracto sonoro de las grabaciones de Bettencourt, sino también de la más mínima retranscripción escrita, bajo pena de una multa de 10.000 euros por día y por extracto.

Como resultado de ello, Mediapart tuvo que despublicar 70 artículos. Lo nunca visto.

La ONG Reporteros sin Fronteras, el principal diario belga Le Soir y el sitio web francés Rue89 tomaron la iniciativa de publicar, en señal de apoyo, las cintas censuradas.

En su sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que la censura de los artículos de Mediapart constituía una “injerencia” en la libertad de informar “necesaria en una sociedad democrática” para preservar la intimidad de la señora Bettencourt, pero también de Patrice de Maistre.

Desde el punto de vista jurídico, en el caso se sucedieron las incongruencias. La primera: Mediapart y los periodistas de Le Point (que también tenían conocimiento de las grabaciones) fueron procesados, esta vez penalmente, sobre la base del mismo presunto delito (derivado de los artículos 226-1 y 226-2 del Código Penal) y finalmente puestos en libertad, en primera instancia y en apelación, en nombre del interés general de la información descubierta.

El mayordomo de Bettencourt, que hizo las grabaciones encausadas, también fue procesado y absuelto en nombre del “estado de necesidad”. “La acción de Pascal Bonnefoy reúne las condiciones de un estado de necesidad al salvaguardar intereses cuyo valor es mayor que el de los intereses sacrificados; su acto es por lo tanto socialmente útil y la sociedad no tiene interés en castigarlo, la sanción pierde toda utilidad social y personal”, escribió el tribunal en su sentencia.

Segunda incongruencia: la sala del Tribunal de Casación (compuesta por magistrados diferentes a los de la sala civil) validará las grabaciones de Bettencourt como prueba válida para la Justicia. Además, constituirán una prueba importante que permitirá condenar a Patrice de Maistre, en 2015, a 30 meses de prisión, de los cuales 18 serán firmes, 250.000 euros de multa y 12 millones de euros de daños y perjuicios a Liliane Bettencourt .

En una comunicación presentada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en julio de 2017, el Gobierno francés reconoció que los artículos de Mediapart habían “contribuido a un debate de interés público” y que la censura impuesta por los tribunales a Mediapart constituía “una injerencia del Estado en el ejercicio de la libertad de expresión”, pero que ello se justificaba por la invasión de la intimidad de la que, en su opinión, habían sido víctimas Liliane Bettencourt y Patrice de Maistre.

El Gobierno francés consideró que Patrice de Maistre había sido la “víctima colateral del interés mostrado por la prensa en el patrimonio de Liliane Bettencourt”, mientras que los tribunales franceses reconocieron, gracias a las grabaciones del mayordomo, que dicho Patrice de Maistre había desposeído a Liliane Bettencourt de parte de su patrimonio.

En un escrito de respuesta, los abogados de Mediapart, encabezados por el letrado Jean-Pierre Mignard, respondieron que Patrice de Maistre, por el contrario, “no dudó en refugiarse en el principio de la protección de la vida privada, aquí equivocada, habiendo constituido para él la pantalla de los delitos que estaba cometiendo contra la anciana”.

Los nuevos representantes de Liliane Bettencourt afirmaron en 2015 ante los tribunales que la labor de Mediapart había permitido revelar la verdad. “Hicieron su trabajo. Permitieron que cesara un abuso de la debilidad”, dijo el tutor de la multimillonaria, Olivier Pelat, ante el tribunal.

Paradójicamente, todos los artículos que sacaron a la luz el caso siguen siendo inaccesibles a los ciudadanos.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Siete años después, la sentencia hecha pública este jueves en Burdeos confirma la necesidad pública (revelar informaciones de interés general, a saber, graves delitos financieros, sobre todo fiscales) y privada (proteger a Liliane Bettencourt de los que abusaban de su debilidad para beneficiarse de su inmensa fortuna) de dar una amplia difusión a las grabaciones realizadas por el mayordomograbaciones. La sentencia confirma en su integridad el fallo judicial en primera instancia.

Esta decisión de la Justicia subraya la situación judicial grotesca, fruto de la presión y de las maniobras para obstaculizar que saliese a la luz la verdad en este caso que, durante el verano de 2010, alteró sobremanera la Presidencia de Nicolas Sarkozy. De hecho, Mediapart –socio editorial de infoLibre– sigue bajo el yugo de una censura definitiva, confirmada por el Tribunal de Casación, que nos prohíbe seguir difundiendo en nuestro diario digital cualquier extracto de dichas grabacionesprohíbe.

Dicho de otro modo, la Justicia nos sigue prohibiendo citar unas grabaciones que ha aceptado como prueba para condenar al entorno de Bettencourt y cuya revelación ahora considera completamente legítima. Incomprensible. Esta decisión poco razonable, se encuentra recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que condene al Estado francés por este ataque flagrante a la libertad de información.

La sentencia del Tribunal de Apelación de Burdeos contribuye, afortunadamente, a poner la Justicia en su sitio, tal y como esperábamos el pasado mes de junio tras dos días de audiencia, donde nos vimos confrontados a un representante de la Fiscalía especialmente agresivo con la prensa y con la libertad fundamental que la legitima, el derecho a saber todo lo que es de interés público. Sobre todo, ratifica la decisión en primera instancia favorable a Pascal Bonnefoy al estimar que actuó por “estado de necesidad”.

El estado de necesidad, recogido en el nuevo Código Penal de 1994 (artículo 122-7), tal y como recuerda el tribunal de Burdeos, “tiene como efecto exculpar al autor de una infracción de su responsabilidad penal”. En este caso, no se discute ni se critica que el mayordomo de Bettencourt grabase a escondidas de su jefa y en el domicilio de ésta, durante varios meses, conversaciones con personas de su entorno, pero el tribunal considera que no tenía más alternativa que cometer este delito de atentado contra la intimidad de la vida privada tanto para protegerse él mismo como para proteger a Liliane Bettencourt.

Pascal Bonnefoy, considerado “molesto” por el entorno interesado de la multimillonaria –la sentencia habla de “caza de brujas” contra el trabajador, que entorpecía sus maniobras– corría el riesgo de ser despedido, mientras que intentaban “acabar con él”. Por ello, según el tribunal, “la existencia de un peligro actual e inminente para Pascal Bonnefoy queda indiscutiblemente demostrado en este caso, al tiempo que el estado de necesidad puede ser contemplado, con reserva de la proporcionalidad del acto cometido, cuando la amenaza que pesa sobre el interesado es una amenaza de naturaleza simplemente económica”.

Además, teniendo en cuenta de que “existía manifiestamente un riesgo importante de que Liliane Bettencourt, cuya fragilidad y vulnerabilidad parecían evidentes, una vez escuchadas las conversaciones, fuese muy gravemente perjudicada o incluso saqueada por diversos miembros de su entorno individual o colectivamente”, la sentencia concluye: “Para Pascal Bonnefoy resultaba evidente que Liliane Bettencourt corría un riesgo actual o inminente, incluso posiblemente para la estabilidad de la estructura económica que representaba L’Oréal”.

En resumen, el mayordomo, en el momento en que “tomó la iniciativa de comenzar con las grabaciones cuestionadas pudo legítimamente considerar que este paso era el único susceptible de hacer frente a la amenaza que se cernía sobre él y, tan pronto tomó conciencia, sobre Liliane Bettencourt”. El tribunal de apelación va aún más lejos al subrayar que las grabaciones fueron las que dieron al traste con la “la iniciativa del entorno nocivo” de la multimillonaria: “El análisis de la cronología de todo lo que se ha dado en llamar caso Bettencourt hace surgir el carácter efectivamente decisivo que han tenido estas grabaciones a la hora de buscar la verdad y de proteger a las personas gravemente amenazadas en sus bienes pero también en su persona misma”.

Evidentemente, después de haber estimado que Pascal Bonnefoy “cumple las condiciones necesarias para que se dé el estado de necesidad, por tanto no es penalmente responsable de los actos cometidos”, el tribunal de apelación absuelve a los periodistas (Fabrice Arfi y Fabrice Lhome, Hervé Gattegno) y a los directores de Le Point y de Mediapart( Franz-Olivier Giesbert y yo mismo).

Si ponemos en una balanza el respeto a la vida privada y la libertad de información, el tribunal subraya que las informaciones desveladas a partir de las grabaciones no tenían “como objetivo inicial satisfacer la curiosidad de un cierto público en cuanto a la vida privada de Liliane Bettencourt”, sino todo lo contrario, contribuían “a un debate de interés general”: cuestiones relativas a una posible injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial, posibles fraudes fiscales o igualdad de los ciudadanos ante la ley fiscal, sospechas de abuso de debilidad sobre un personaje de primer orden, accionista principal de una de las empresas francesas más importantes.

Después de largas y cautelosas consideraciones, el Tribunal de Apelación de Burdeos considera que al transcribir los extractos de las grabaciones en cuestión y al redactar los comentarios de contextualización que los acompañan, los directores de las publicaciones y los periodistas no tuvieron intención de atentar contra la intimidad de la vida privada de Liliane Bettencourt. Y decide, por tanto, confirmar el fallo absolutorio.

Más de siete años después de nuestros primeros artículos del 15 de junio de 2010 sobre este caso, la Justicia reconoce lo que no dejamos de proclamar y de lo que no han dejado de proclamar nuestros abogados, Jean-Pierre Mignard y Emmanuel Tordjman, el interés público de estas revelaciones. _________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Los abogados de Mediapart, Jean-Pierre Mignard y Emmanuel Tordjaman, han echado cuentas: desde 2010 y contando los dos días de juicios en Burdeos, habremos tenido que comparecer ante no menos de 43 magistrados sólo por el caso Bettencourt. A lo largo de siete años, ya sea por la vía civil o por la vía penal, nos hemos tenido que justificar por el mero hecho de cumplir con nuestro oficio, ofrecer informaciones de interés general, al servicio del derecho a saber de los lectores.

Como ya es conocido, el mayordomo Pascal Bonnefoy actuó en cierto modo de denunciante al decidir grabar las conversaciones de trabajo de su jefa, Liliane Bettencourt, y de su entorno (cortesanos, encargados de negocios, abogados, notarios, etc.) con el objetivo de poner fin –revelando su magnitud y su gravedad– a los abusos de debilidad que sufría la multimillonaria, inmensamente rica. El mayordomo ni buscaba ni obtuvo con ello ningún beneficio personal, limitándose a poner las grabaciones a disposición de la hija única de Liliane Bettencourt, quien a su vez las dejó en manos de la Policía y de la Justicia.

Sin su valiente gesto, no existiría el caso Bettencourt y la riquísima heredera de L’Oréal, el gigante mundial de los cosméticos, seguiría bajo el control de embaucadores varios que pretendían malversar, en beneficio propio, parte de una infinita fortuna. Porque todo estaba dispuesto –como demostraban con crudeza las grabaciones, con cómplices al más alto nivel del Estado, en el Elíseo, durante el Gobierno de Nicolas Sarkozy– para que este abuso de debilidad, por parte de una banda organizada, prosiguiese con total impunidad y opacidad. Para que nunca nadie supiese nada.

Del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y con el entonces fiscal de Nanterre, Philippe Courroye, en el centro del dispositivo, todo estaba listo para impedir que prosperase o llegase a buen puerto la denuncia por abuso de debilidad de Françoise Meyers-Bettencourt, hija de Liliane. Presentada como una envidiosa o una ingrata, la denunciante era desacreditada mientras que los que hablaban y actuaban en nombre de Liliane Bettencourt defendían que ésta tenía la cabeza perfectamente, que conservaba sus facultades y la salud, en resumen, que se encontraba en plena forma.

La fábula se vino abajo durante el verano de 2010, poniéndose al descubierto la gran mentira, cuando el gran público descubrió, anonadado, lo que ocultaba tras de sí. Y no se trataba sólo de la magnitud de los abusos de debilidad de los que Liliane Bettencourt era víctima –el móvil era el enriquecimiento indebido–, sino que también ocultaban evasión fiscal a gran escala, financiación política, conflictos de intereses, manipulaciones judiciales, etc. Claro que esta detonación del caso Bettencourt –preludio de una nueva exigencia, a día de hoy banal en la lucha contra el fraude fiscal y a favor de la moralización de la vida pública– nunca se habría producido sin la revelación pública del contenido de las grabaciones.

El papel de Mediapart, socio editorial de infoLibre, y de sus periodistas Fabrice Arfi y Fabrice Lhomme (este último ahora en Le Monde), fue decisivo. El caso Bettencourt, ejemplo del periodismo de interés público que defendemos, presentó, de buenas a primeras, a la prensa digital como un actor nuevo, con la audacia de su independencia y la creatividad de lo digital. El despertar profesional que, desde entonces, han vivido otros medios de comunicación en lo que a labores de investigación se refiere, ha hecho olvidar a día de hoy que lo que ocurrido alteró los conformismos y los conservadurismos, hasta el punto de desencadenar una campaña de una virulencia inaudita en nuestra contra (Mediapart fue acusado de emplear “métodos fascistas”).

Nuestras revelaciones, que se iniciaron el 16 de junio de 2010 y que se prolongaron durante el verano, generaron un gran debate público que permitió que, al final, la Justicia reanudase su curso (casi) normal. El caso Bettencourt, derivado finalmente a Burdeos, se vio liberado de las obstáculos de la Fiscalía de Nanterre. Instruido de forma clásica y juzgado conforme a las reglas, concluyó con la sanción definitiva de los delitos cometidos en torno a Liliane Bettencourt. Claro que, desgraciadamente, ese retorno a la normalidad judicial no ha prevalecido en lo que atañe a la prensa. En especial en lo que respecta a Mediapart. Al contrario. Y sí se ha puesto de manifiesto en el proceso ante el Tribunal de apelación, enésimo episodio de una saga judicial agotadora.

Sala de audiencias en Burdeos y estatua a la entrada.

Inicialmente se fallaron dos sentencias favorables en París, en julio de 2010, en nombre del derecho de la prensa, en las que se nos reconocía claramente, en primera instancia y después en apelación, la legitimidad y la seriedad de nuestro trabajo en lo que se refiere al tratamiento de las grabaciones, nuestro respeto por las reglas de la buena fe de la investigación periodística y nuestro cuidado a la hora de no atentar contra la intimidad de la vida privada de nadie. A continuación todo se desbordó, como si una parte de la institución judicial no soportara haberse visto confrontada a los errores de algunos de los suyos, a raíz de nuestras revelaciones.

Está claro que había que castigar nuestra audacia, que tantas molestias había causa y que había echado por tierra demasiados intereses. El arma utilizada fue profundamente desleal: mientras la prensa rinde cuentas ante la Justicia de la legitimidad de sus publicaciones en el marco de disposiciones precisas, protegiendo el derecho a la información del público –la ley de 1881 y jurisprudencia posterior– se nos ha enfrentado con el origen de estas informaciones, es decir, con el hecho de que las grabaciones eran clandestinas. Como en el caso de recelo que se arguye a menudo, este argumento es una elusión jurídica de la ley que protege la libertad de informar y esto tiene como fin, poco o mucho, querer perseguir a nuestras fuentes violando el secreto que les protege.

Porque no pocas de las informaciones sensibles que tratamos tienen como origen delitos cometidos por terceros –violación del secreto profesional, del secreto de instrucción, del secreto de defensa, etc.–, pero no tenemos que rendir cuentas por ellos. Sólo debemos rendir cuentas por el interés general de lo que publicamos –la legitimidad del objetivo perseguido– y del modo en que hemos trabajado con estas informaciones –rigurosidad de la investigación, respecto del principio de contradicción, moderación en la expresión, ausencia de animadversión personal–. En resumen, en lo que respecta al tratamiento de la prensa en el marco del caso Bettencourt, la Justicia, simultáneamente, se ha salido por la tangente (al desestimar el derecho de la prensa) y también está fuera de sí (una obstinación que roza el ensañamiento).

Derecho a la información

La casación, por parte de la Cámara Civil del Tribunal de Casación, fue de las primeras sentencias favorables que se fallaron en julio de 2010 y que derivó en un nuevo proceso ante el Tribunal de Apelación de Versailles. Tan inédito como asombroso, la sentencia, por desgracia confirmada por el Tribunal de Casación, tuvo como efecto, en el verano de 2013, la censura de más de 70 artículos de Mediapartcensura. Llevamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos esta censura sin precedentes, alegando que la Justicia francesa incumplía los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada) y 10 (libertad de expresión) de la Convención Europea. Registradas en abril de 2017, nuestras demandas están siendo analizadas en Estrasburgo.

A este proceso civil hay que añadirle un proceso penal, el que nos llevó a Burdeos la semana pasada, nuevamente acusados de atentar contra la intimidad de la vida privada de Liliane Bettencout. La acusación es todavía más discutible por tener un origen dudoso. Se trata de una denuncia presentada el 18 de junio de 2010 por uno de los abogados de entonces de Bettencourt que dice actuar en nombre de ésta, pese a que se ha demostrado que ya no estaba en plena posesión de sus facultades. Dicho de otro modo, este otro frente judicial, acogido con celo por el fiscal de Nanterre antes de que fuese apartado y se trasladase a Burdeos, era un contrafuego organizado por los mismos que participaban en el abuso de debilidad del que era víctima la multimillonaria. Triste ironía: las diligencias que se nos han abierto prolongan el delito que se encuentra en el centro del caso.

Desgraciadamente, la Justicia de Burdeos admite estas diligencias viciadas, incluyendo en un mismo paquete judicial al mayordomo y a los periodistas sin los que, sin embargo, no habría podido instruirse ni conocerse el caso Bettencourt. En resumen, transformando en acusados a los que permitieron que la verdad saliese la luz. Así nos vimos, una primera vez, en Burdeos, a finales de 2015, ante un tribunal que, afortunadamente, supo restablecer la verdad y el honor: Pascal Bonnefoy y los periodistas de Mediapart y de Le Point fueron absueltos y recibieron felicitaciones de los magistrados por su acción benefactora en la búsqueda de la verdad y en beneficio de la protección de una vieja dama.

El tribunal no podía hacer otra cosa ya que el propio tutor de Liliane Bettencourt, Olivier Pelat, hacía saber, en la audiencia audiencia, que renunciaba a cualquier demanda, puesto que la multimillonaria no consideraba que se hubiese atentado contra su vida privada, al contrario, gracias a las grabaciones y a la publicidad que les dimos, no podían por menos que felicitarse por haberse podido proteger de los estafadores que abusaban de su salud. De hecho, el tutor de Bettencourt, el único autorizado a recurrir a la Justicia en su nombre, rechazó recurrir esta absolución.

Todo debería haber quedado en ese punto, en los elementos que el tribunal considera probados: el mayordomo había respondido a un estado de necesidad mediante las grabaciones con el objetivo de proteger a su jefa para conseguir la prueba de los delitos cometidos contra ella; los periodistas habían respetado su deber de informar dando a conocer hechos de interés público y que se encontraban en el centro de la investigación judicial. Pero el fiscal general de Burdeos prefirió obstinarse, hasta el absurdo judicial, reclamando que volvamos a ser juzgados de nuevo, después condenados en apelación, nos acusa de haber atentado contra la intimidad de la vida privada –inexistente ya que su víctima no se queja de ellos–. Se trata de un asunto de pura lógica penal: el Ministerio Pública no puede acusarnos de un delito en el que no hay víctimas.

La Corte de Apelación, presidida por Michel Regaldo Saint Blancard, hará público el fallo el 21 de septiembre. Como han argumentado los abogados de la defensa –Mignard y Tordjman, de Mediapart; François Saint-Pierre, de Fabrice Lhomme; Renaud Le Gunehec, de Le Point; Hervé Gattegno y Antoine Gillot, de Pascal Bonnefoy– el desafío de esta decisión supera el caso Bettencourt. Concierne al respeto de las libertades democráticas fundamentales, al deber de denunciar para proteger a las víctimas de abuso y el derecho de saber para conocer lo que es de interés público.

Al llevar a la prensa ante la Justicia, el abogado general Pierre Nalbert se sintió alarmado por un periodista que quiso “abrir las compuertas” arrojándose todos los derechos, incluido el de impartir Justicia, labor que compete a los jueces. En realidad, lejos de abarcar con ello algunos excesos -que el fiscal tuvo no pocos problemas a la hora de identificar-, con esta expresión pretendía atacar directamente nuestra defensa de una prensa libre, que desempeña un papel activo en la vitalidad democrática de un país. Al oír la demanda, llegamos a la conclusión de que más bien se estaba instando a “cerrar las compuertas” del derecho a saber de los ciudadanos, el fiscal se arriesgaba incluso a jugar a los redactores jefe, hasta el punto de explicarnos lo que tendríamos que haber publicado y en que momento habríamos debido callarnos.

Estos argumentos de otros tiempos sonaban extraños a comienzos de siglo cuando la revolución digital reclama una nueva era democrática. Bien es verdad que la decoración de esta sala de audiencia es en sí misma también extraña; donde se mezclan distintos elementos temporales hasta el punto de que se pierde cualquier referencia. Como elemento indiscutible del Antiguo Régimen, la sala de audiencias donde se impartía esa Justicia supuestamente republicana y laica, estaba presidida por la figura de Cristo en la cruz, suspendido sobre los miembros del Tribunal, mirando al público. Afortunadamente, a la entrada, una curiosa figura de Montaigne, con ropa contemporánea, nos recuerda esa sabia recomendación presente en sus Ensayos para no paralizar ni detener el paso del tiempo: “No pinto el ser. Pinto el paso”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

[La Justicia francesa absolvió este jueves a Eric Woerth, exministro y extesorero de campaña de Sarkozy en 2007, de los delitos de tráfico de influencias y de encubrimiento, en la causa de Liliane Bettencourt, mientras que condenó a penas de cárcel y multas a los otros ocho encausados, del entorno de la multimillonaria. Los jueces consideran que no existen pruebas concluyentes de que Woerth se aprovechara de su puesto de ministro para condecorar con la Legión de Honor a Patrice de Maistre, gestor de la fortuna de Bettencourt. Según la acusación, ahora invalidada por la Justicia, Woerth consiguió que De Maistre contratara a su esposa para dedicarse a las inversiones de la anciana multimillonaria, enferma de Alzheimer.]

El caso Bettencourt, uno de los mayores escándalos político-financieros de la V República francesa, se ha visto reducido poco menos que a una mera anécdota: la protagonizada por una anciana desplumada por unos cuantos mercachifles hábiles. Financiación política ilegal, concesión de prebendas y medallas, presiones a la Justicia, escándalo político. De todo ello, no queda ni rastro después del paso de los magistrados-limpiadores. La doble absolución de Éric Woerth, dictada este jueves 28 de mayo –a pesar de la gravedad de los fundamentos de hecho–, así como el sobreseimiento de los cargos contra Nicolas Sarkozy de hace unos meses, en el marco del mismo caso –también pese a la gravedad de los fundamentos de hecho–, pone de manifiesto una vez más que la Justicia está como la democracia, profundamente enferma.

Los juristas se atragantarán con esta observación, encontrarán multitud de argumentos procesales y argucias jurídicas para explicarnos la grandísima imparcialidad de buena parte de la Justicia, preocupada ante todo de los derechos y libertades individuales. Otros juristas podrán argumentar con la misma habilidad lo contrario. Evitemos este debate de expertos considerados “incuestionables” e incomprensible para los ciudadanos. Lo fundamental, permanece. Remodelada en profundidad hace 20 años, del Código de Procedimiento Penal a las influencias renovadas de las políticas, del control de las carreras a la sumisión de la Fiscalía, lo que debería ser nuestra Justicia funciona actualmente como una máquina para blanquear a los poderosos.

No se trata de corear viejos eslóganes de manifestaciones pasadas–Justicia, en ninguna parte; policías, en todas– o de hacer una cruzada en contra de la “Justicia de clase”, como se hizo antaño, con toda razón. Solo se trata de constatar que en una democracia enferma, titubeante, en manos de una oligarquía, y en un país donde las desigualdades de todo tipo aumentan ante la indiferencia general, la Justicia participa también ella de esta pérdida de valores, de ética, de la virtud pública.

Júzguese, si no, por decir algo: En solo dos semanas, varias decisiones judiciales han contribuido a aumentar el recelo o el enfado hacia la institución. El 18 de mayo, el Tribunal Correccional de París renunciaba a actuar en el caso EADS, según el cual, desde 2006, directivos del grupo aeronáutico, de Lagardère y de Daimler, habían hecho uso de información privilegiada a gran escala. Al desestimarse la acusación pública, no hay proceso. El mismo día, una investigación de Mediapart desvelaba que, en el caso Kerviel por fraude, la Société Générale había conseguido manipular la investigación, con el apoyo activo de la Fiscalía. Los parlamentarios quieren ocuparse de estas disfunciones, que se abra un nuevo proceso y se inicie una comisión de investigación.

También ese mismo día, esta Justicia absolvía a los dos agentes de Policía, implicados en la muerte de dos jóvenes de Clichy-sur-Bois [cerca de París], imputados por el delito de denegación de auxilio a una persona en peligro. Paralelamente, negaba a las familias de las víctimas cualquier indemnización, al evitar concederles el estatus de parte civil. Después de diez años de litigios y de batallas continuas contra la Fiscalía para que se abriese un proceso y se sancionara a los culpables, la Justicia daba carpetazo al caso con un glacial “Circulen, no hay nada que ver”. Solo tomó en consideración las declaraciones de los policías.

¿Hace falta mencionar también otro ejemplo pasmoso de una Justicia enferma, el nuevo juicio por el caso Outreau de pederastia, que se celebra este mes en Rennes [norte de Francia], tras múltiples malabarismos procesales que añaden más catástrofe a la catástrofe? ¿Hay que recordar la obstinación de la Fiscalía de París en contra de los tres imputados de Tarnac [acusados de sabotear las líneas del AVE francés], la obcecación de los magistrados que, a pesar del fiasco policial, quieren encausarlos por delitos de terrorismo por estar en posesión de un libro ? ¿Hay que mencionar las múltiples condenas a penas firmes de cárcel impuestas a militantes y activistas por manifestarse estos meses en Sivens, Nantes, Toulouse?

El caso Bettencourt viene a sintetizar todas estas disfunciones, pequeñeces, dependencias y conservadurismos, de los que se desprende una tendencia: aplastar a los débiles, salvar a los poderosos. Esta causa vio la luz muy a pesar de la artillería desplegada por un fiscal a las órdenes del Gobierno de Sarkozy, Philippe Courroye. Entonces fiscal de Nanterre, nombrado en marzo de 2007, pese al dictamen en contra del Consejo Superior de la Magistratura, Philippe Courroye se sirvió de todas las herramientas procesales en su mano para ocultar en el fondo de un cajón la bomba. Mediapart desveló, en junio de 2010, las grabaciones secretas realizadas por el mayordomo de Liliane Bettencourt que permitieron conocer los intereses políticos subyacentes en un escándalo de una magnitud hasta entonces desconocida.

Asistimos en ese momento al comienzo de todo tipo de batallas procesales, que vinieron acompañadas de presiones y de maniobras diversas. Recordaremos aquí simplemente dos episodios. El primero de ellos es la vida rota de Claire Thiboult, excontable de Liliane Bettencourt. Por narrar a Mediapart y después a la Justicia de la financiación política ilegal, acabó destrozada. Todavía sigue imputada por “falso testimonio y calumnias” en una causa anexa abierta a raíz de las demandas interpuestas por François-Marie Banier y Patrice de Maistre. 

Censura sin precedentes

El segundo episodio no es menos importante ya que afecta a la libertad de información y al derecho a saber de los ciudadanos. Se trata de la censura de más de 70 artículos de Mediapart por orden del Tribunal de Apelación de Versalles. En una sentencia del 4 de julio de 2013, los magistrados de este insigne tribunal nos condenaban a retirar de nuestro sitio web todos los artículos alusivos a las grabaciones del caso Bettencourt, bajo pena de 10.000 euros por cada infracción constatada y por día de retraso.

Hemos recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reclamar que se anule esta decisión liberticida que conlleva una censura sin parangón en la V República. Mientras ha durado el proceso por el caso Bettencourt, se ha podido constatar lo absurdo de esta decisión judicial: estas mismas grabaciones, profusamente utilizadas y a las que se ha hecho constante alusión durante las audiencias, pueden citarse en el marco de los artículos que se refieren al proceso... Como llegar hasta amenazar los principios fundamentales –la libertad de información– para organizar mejor la defensa de los poderosos. La Justicia se ha plegado a esta farsa.

Éric Woerth va a recorrer las televisiones, de plató en plató, para defender su honor recuperado. La exculpación vale la absolución mientras nadie se detenga en leer los fundamentos de hecho de la sentencia, muy instructivos. En la figura del exministro de Presupuesto, tesorero de la UMP y fiel escudero de Sarkozy, todavía diputado y alcalde, se ha dado validez a un sistema, mientras la suerte de la persona importa poco. El entorno de Sarkozy, muchos de ellos imputados (en total, 25 personas del entorno del exjefe del Estado), podrá aducir que se les calumnia, como sucedió en 2010 y 2011. Y nadie duda de que Nicolas Sarkozy en persona, todavía en el punto de mira por muchas causas, enarbolará esta absolución este sábado, durante el congreso extraordinario de la UMP, como un trofeo de caza.

Los discursos harán mucho ruido, pero el estrépito político tendrá dificultades para ocultar la profunda crisis que atraviesa una institución derrotada, de la que el Gobierno no se preocupa, salvo cuando se trata de recortar su presupuesto. De todas las reformas prometidas por François Hollande para conseguir una Justicia que fuese primero independiente y después moderna y atenta a los ciudadanos, no se ha puesto en marcha ninguna. Desde su Ministerio, sito en la Place Vendôme, la ministra de Justicia Christian Taubira se ocupa de las sucesivas crisis que afectan a su gabinete (por el que han pasado tres directores en tres años). Sin que nada cambie. Sin que nada potencie ni refuerce el estado de derecho en este país.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Todo, para esto. La Sala de Instrucción 7-2 del Tribunal de Apelación de París, después de haber paralizado la fase de instrucción durante más de ocho meses por decisión de su presidenta Édith Boizette, y tras un proceso de deliberación que se ha prolongado durante dos meses, ha declarado este jueves legales los pinchazos telefónicos –y la práctica totalidad del proceso abierto– a Nicolas Sakozy, su abogado Thierry Herzog y al alto magistrado (jubilado) Gilbert Azibert, tal y como queda recogido en sendas sentencias remitidas a sus respectivos abogados.

Por tanto, el expresidente de la República y máximo dirigente de la UMP continúa imputado por los delitos de “corrupción activa”, “tráfico de influencias” y “encubrimiento de la violación del secreto profesional”, tal y como le notificaron las juezas de instrucción, especializadas en delitos financieros, Patricia Simon y Claire Thépaut, el 1 de julio de 2014, durante su detención preventiva.

Según fuentes conocedoras de la causa, solo se ha anulado un pinchazo telefónico de Thierry Herzog, efectuado después de que se abriera la investigación judicial, pero sin que esto altere en modo alguno el fondo de la causa. La sala hace mención expresa al levantamiento de la suspensión de la instrucción.

Tras conocerse la decisión, el abogado de Nicolas Sarkozy anunció su intención de presentar un recurso de casación, pero este, que no afecta a la suspensión de la instrucción, no tiene por qué resolverse de forma urgente. De modo que, a priori, nada impide que se remita la causa al Tribunal Correccional, una decisión que puede perjudicar las aspiraciones políticas de Sarkozy. En realidad, nada indica que el Tribunal de Casación no vaya a seguir la jurisprudencia existente relativa a las escuchas telefónicas: la mayor parte de causas relacionados con el terrorismo, la delincuencia organizada y otras redes a gran escala se articulan, en parte, en torno a transcripciones de grabaciones telefónicas. Hay que señalar también, a título anecdótico, que el Tribunal de Casación tiene la labor de impedir que aquellos testigos de la instrucción intervengan en el examen del recurso.

En el caso Bismuth, el decano de los abogados de París, Pierre Olivier Sur, así como varios penalistas parisinos tomaron partido por Nicolas Sarkozy y Thierry Herzog, al denunciar una grave “deriva de índole procesal” y un “atentado al secreto profesional y al secreto de la correspondencia”. Pero, en la lucha a muerte que han librado Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog y Gilbert Azibert con los magistrados especializados en delitos financieros, estos últimos contaron con el apoyo del fiscal general del Tribunal de Apelación de París, François Falletti. Durante la declaración a puerta cerrada celebrada el miércoles 4 de marzo ante la sala de instrucción 7-2, en el curso de la cual, los abogados de los tres imputados pidieron la anulación de toda la causa –conocida como caso Bismuth [por el alias que utilizó el propio Sarkozy, quien se hacía llamar Paul Bismuth]– la Fiscalía General rechazó, una a una, las demandas de nulidad.

La defensa de Sarkozy, Herzog y Azibert cuestionaba no solo la mencionada legalidad de las escuchas, sino que alegó problemas de competencia judicial de la fiscal nacional de delitos financieros, Éliane Houlette, que abrió diligencias por los delitos de “corrupción activa”, “tráfico de influencias” y “encubrimiento de violación del secreto profesional”. Ahora bien, la Fiscalía General apoya el procedimiento abierto y únicamente solicita unaanulación parcial mínima, la correspondiente a una escucha de Thierry Herzog, efectuada después de la apertura de la investigación judicial y para la que no se contaba con el visto bueno del decano de los abogados de París. Esta petición de anulación parcial no pone en riesgo la causa.

El 23 de septiembre de 2014, Édith Boizette no admitió a trámite las demandas de suspensión del proceso de instrucción, pero de forma sorprendente, por su cuenta y riesgo, decidió paralizar el proceso de instrucción, el tiempo necesario para analizar el asunto, en virtud de los poderes discrecionales que le confiere el Código de Procedimiento Penal (artículo 187). Su decisión no podía ser recurrida. Como consecuencia de esta decisión, esta causa de Estado ha permanecido paralizada durante más de ocho meses.

Uno de los argumentos esgrimidos por la defensa tenían como objetivo los jueces de instrucción. En esencia, los abogados sostenían que este caso no era competencia del fiscal nacional especializado en delitos financieros. De haberse atendido esta petición de la defensa, el procedimiento abierto se habría venido abajo.

Otro de los aspectos estratégicos utilizados por la defensa estaba relacionado con los pinchazos telefónicos efectuados por orden judicial, a raíz de los cuales se abrió la causa y cuya legalidad también se discutía. Las escuchas, ordenadas por el juez Serge Tournaire, en el marco del caso libio que amenaza a Nicolas Sarkozy, desvelaron la existencia de líneas telefónicas secretas abiertas a nombre de Paul Bismuth. Gracias a estas líneas, Nicolas Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog, hablaban con total discreción de las causas abiertas. Según las transcripciones de las conversaciones, ambos amigos mostraban su preocupación por la aparición de las agendas del caso Bettencourt, que suponen una seria amenaza en el caso Tapie.

Estas conversaciones también revelaron ciertas actuaciones de carácter oficioso que tenían como destinatario el alto magistrado Gilbert Azibert, entonces en el Tribunal de Casación y cuyo fin era hacer que el juez proporcionase información sobre la evolución del proceso y que favoreciese a Nicolas Sarkozy, con la esperanza de verse recompensado con un puesto en Mónaco.

Los registros efectuados en el Tribunal de Casación, la detención de Nicolas Sarkozy, su posterior imputación y, a continuación, la de su abogado Thierry Herzog y la del alto magistrado Gilbert Azibert, tuvieron un importante repercusión política y supusieron un verdadero seísmo en el ámbito de la magistratura. El caso también irritó al fiscal general de la Corte de Casación, Jean-Claude Marin.

Hay otros casos que todavía hacen planear, sobre la cabeza del antiguo y del nuevo campeón de la derecha, ciertos riesgos judiciales reales. Se trata de la posible financiación libia de su campaña electoral de 2007 y de la investigación relativa a Bygmalion, las cuentas de la UMP y la financiación de su campaña en 2012. La carrera de obstáculos de Sarkozy continúa.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

¿Quiere volver al Palacio del Elíseo pese a sus causas pendientes con la Justicia o lo hace precisamente por tener abiertas dichas causas? ¿Da a entender que se trata de un sacrificio (y que se pone “al servicio de Francia”) o más bien busca protegerse, amordazando con ello a jueces y policías, y beneficiándose además de una inmunidad presidencial durante cinco años? He ahí las dudas que se plantean tras conocerse la intención de Nicolás Sarkozy de regresar a la vida política activa, tal y como anunció él mismo el pasado viernes 19 de septiembre en su cuenta de Facebook. El exjefe de Estado, que anunció su intención de cambiar de vida tras la derrota electoral de 2012, antes de dar marcha atrás, tendrá que salvar algunos escollos en forma de causas judiciales que pueden alterar su agenda y copar sus comparecencias públicas.

En un primer momento, antes de anunciar su regreso, Nicolás Sarkozy optó por atacar a los jueces. Adoptó un papel de mártir, se hizo pasar por víctima de un hipotético complot politico-judicial. Una apuesta berlusconiana a todo o nada ya que más bien puede jugar en su contra, en lugar de ayudarle a convencer a nadie.

Más recientemente, el expresidente de la República francesa se ha encargado de reconstruir una auténtica guardia pretoriana. Para ello, confió el puesto de director de campaña a Frédéric Péchenard. Péchenard –nombrado director general de la Policía Nacional por el propio Nicolás Sarkozy para luego ser destituido, en aras de la alternancia en el cargo, tras evitar ser imputado en un caso de espionaje a periodistas– es un “gran poli” que ha hecho carrera en la Policía Judicial y con la derecha. La querencia policial de Nicolás Sarkozy no es ningún secreto; en su día ya nombró a Michel Gaudin –antiguo prefecto de Policía de París y exdirector general de la Policía Judicial también él– como director de su gabinete de expresidente de la República tras la derrota.

A día de hoy, esta doble elección Gaudin-Péchenard tal vez sea una garantía de éxito, pero no es casual. Para el acusado (y exabogado mercantilista) Sarkozy, se trata tanto de estar protegido como de estar informado. Una concepción de la política que otorga, como queda de manifiesto, un lugar importante al papel de la policía ordinaria y al de la policía judicial.

Causas abiertan no le faltan, de ahí que esta inquietud sea legítima. El caso más perjudicial para Nicolás Sarkozy es sin duda el relacionado con las escuchas Azibert-Herzorg Azibert-Herzorg, en el que el expresidente está imputado desde el 2 de julio por “corrupción activa”, “tráfico de influencias” y “recelo de violación del secreto profesional”, una suerte que comparte con su abogado y amigo íntimo, Thierry Herzog.

Cuando el contenido de una causa pinta mal, los abogados acostumbran a poner el foco en el procedimiento. Nicolás Sarkozy solicitó recientemente la anulación de las escuchas. Pretende con ello obtener, de rebote, la anulación de su imputación y, finalmente, de todo el procedimiento entero. La batalla procesal será larga.

No se trata esta del único asunto judicializado que amenaza, a distinto nivel, a Nicolás Sarkozy. Hay abierta una investigación judicial relacionada con la posible financiación libia de la campaña presidencial de 2007. No es descabellado pensar que el candidato Sarkozy vaya a resultar imputado.

Por otro lado, dos investigaciones preliminares adicionales están en curso (en un tribunal de París), una sobre el pago de una multa, tras invalidarse las cuentas de la campaña de 2012, y otra sobre la financiación de un mitin en Toulon (sureste de Francia) a finales de 2011, que también podría tener consecuencias penales.

En menor medida, Nicolás Sarkozy también puede verse salpicado por el caso Karachi. Al inhibirse del caso en beneficio de la Corte de Justicia de la República, el juez Renaud Van Ruymbeke da a entender que el exministro de Presupuesto Edouard Balladur puede pasar a ser testigo asistido –figura judicial entre el testigo y el imputado– en este caso de Estado.

No queda aquí la cosa. Hay otros procedimientos judiciales que, si bien no conciernen directamente a Nicolás Sarkozy, dicen mucho sobre su forma de entender el ejercicio del poder, sobre sus amistades y sobre los temas en juego en este quinquenio.

Las facturas falsas emitidas por Bygmalion a nombre de la formación UMP están siendo investigadas (desde el pasado 27 de junio, por los supuestos delitos de “falsificación y uso de documentos falsificados”, “abuso de confianza” y “tentativa de estafa”); lo que puede provocar un terremoto en el partido, dirigido por Jean-François Copé.

Los gastos en las partidas de comunicación y sondeos en los que incurrió el gobierno de François Fillon también son objeto de una investigación judicial desde el 29 de julio (por los supuestos delitos de “favoritismo” y “malversación de fondos públicos”). En lo que atañe a los sondeos encargado por el Elíseo y Patrick Buisson, se inició también una investigación por “favoritismo” y “malversación de fondos públicos” desde hace varios años.

A todos estos casos, hay que añadir la doble investigación llevada a cabo con relación al arbitraje fraudulento en favor del Bernard Tapie. El empresario acudió varias ocasiones en el Elíseo y su amigo Sarkozy siempre se mostró receptivo al arbitraje que tantos le beneficiaba. Una solución amañada que le costó 403 millones de euros a los contribuyentes.

Tampoco se puede pasar por alto el caso François Pérol, un asunto en el que el exconsejero del Elíseo, catapultado a la cabeza del grupo bancario BPCE por Nicolás Sarkozy, está imputado.

Con todos estos frentes abiertos en el entorno más próximo de Sarkozy, las cosas no van a quedar aquí. Por si fuese poco, a partir del 26 de enero de 2015, dará comienzo en un tribunal de Burdeos el juicio por el caso Bettencourt que durante cuatro o cinco semanas tendrá que dictaminar cuáles eran las relaciones del Estado-UMP, los intereses imbricados y los lazos incestuosos del mundo de los negocios y de las grandes fortunas con el entorno de Sarkozy.

Éric Woerth, antiguo tesorero de la campaña de 2007 y de la UMP y exministro de Presupuesto de Nicolás Sarkozy, está entre los imputados y será juzgado. Antes, en marzo, dará comienzo un segundo proceso, en el que también será juzgado por “tráfico de influencias” por la legión de honor concedida a Patrice de Maistre. Nicolás Sarkozy había sido imputado también en el caso Bettencourt aunque finalmente fue sobreseído. 

Traducción: Mariola Moreno

Es la primera vez que un antiguo jefe de Estado es detenido de manera provisional. Durante la investigación del caso Bettencourt, Nicolas Sarkozy fue citado como testigo por el juez de instrucción Jean-Michel Gentil en Bordeaux. Esta vez, el expresidente ha sido detenido provisionalmente y será sometido a un interrogatorio por la Policía antes de comparecer frente a los magistrados encargados de la investigación. 

La víspera, tres personas clave para esta investigación también fueron detenidas provisionalmente en Nanterre. Se trata del alto magistrado Gilbert Azibert, de 67 años, el primer fiscal del Tribunal Supremo. Interpelado el lunes por la mañana en Bordeaux, fue trasladado a Nanterre por la mañana. El abogado Thierry Herzog, defensor y amigo del alma de Sarkozy, también fue puesto bajo detención provisional, de la misma manera que el fiscal Patrick Sassoust, encargado de la Sala de lo Penal del Tribunal de Casación. Este magistrado poco conocido había sido el subordinado de Gilbert Azibert en el Tribunal de Apelación de Bordeaux entre 2007 y 2008. La mañana de este martes, las detenciones provisionales de estos tres hombres aún no han sido levantadas, lo que hace posible un encuentro eventual con el expresidente. 

Gilbert Azibert es sospechoso de haber tratado de interferir en un caso que se presentó ante el Tribunal de Casación, esperando conseguir a cambio un trabajo en Mónaco, según han revelado las escuchas telefónicas del móvil de Nicolas Sarkozy, realizadas en un principio bajo el paraguas de otra investigación –el de la posible financiación de su campaña presidencial de 2007 por parte de Libia–. Estas escuchas revelan la existencia de conversaciones comprometedoras entre el alto magistrado y Thierry Hrerzog. 

Tras la publicación del asunto, el día 10 de marzo, Gilbert Azibert se dio de baja, y se trasladó durante dos meses a la región de Bordeaux, donde vive. En lugar de esperar su jubilación, lo que ocurriría dentro de algunos meses, el alto magistrado escogió retomar su puesto a mediados de mayo, como si no hubiera ocurrido nada, y hasta habría participado en un viaje a Rusia con abogados del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, lo que sorprendió a algunos de sus colegas. 

Durante este tiempo, los jueces de instrucción de París Patricia Simon y Claire Thépaut habían interrogado uno por uno a los magistrados de la sala de lo criminal del Tribunal Supremo, encargados de la cuestión de las agendas de Nicolas Sarkozy en el caso Bettencourt. Según fuentes próximas a la investigación, los propios jueces habían escuchado las grabaciones telefónicas originales realizadas por la Policía, por precaución, con el fin de evitar todo posible error o malentendido en las transcripciones. 

Según informan fuentes próximas a la investigación, ambos jueces habrían descubierto la existencia de varias piezas del expediente del caso Bettencourt en el ordenador de Gilbert Azibert. Estos documentos no tenían nada que hacer allí, Gilbert Azibert estaba a cargo de la segunda sala del Tribunal Supremo, y no tenía relación con este caso. La detención provisional de Patrick Sassoust demuestra, al menos, que ambos magistrados mantuvieron contacto para tratar el dossier Bettencourt. 

A corto plazo, la detención provisional dictada por los magistrados Simon y Thépaut puede constituir una investigación a Gilbert Azibert por "tráfico de influencias", lo que sgnificaría el fin de su carrera. También queda por saber el destino reservado al fiscal del Tribunal Supremo Patrick Sassoust, y a Thierry Herzog, el abogado de Sarkozy, que también fue puesto bajo detención provisonal el pasado lunes por la mañana. El defensor y amigo del expresidente había dado cuenta de discretas intervenciones realizadas por Gilbert Azibert, en las famosas transcripciones de las escuchas telefónicas a Nicolas Sarkozy. Una buena parte de los penalistas parisinos habían apoyado a su compañero Herzog en el momento en el que estalló el escándalo.  

Queda por saber si Nicolas Sarkozy será investigado tras esta inédita detención provisional. Vigilado por los jueces Tournaire y Grouman bajo el dossier libio, el expresidente se había vuelto muy discreto en sus conversaciones telefónicas, hasta que los responsables de la investigación se dieron cuenta de que el expresidente contaba con una segunda línea telefónica bajo el nombre de Paul Bismuth para hablar discretamente con su abogado. Este número habría permitido descubrir otra línea secreta de Thierry Herzog y, por consiguiente, las famosas grabaciones con Gilbert Azibert. 

Durante las pesquisas efectuadas en el Tribunal Supremo, y en su domicilio, los policías se llevaron el disco duro del ordenador de Gilbert Azibert, que contenía diferentes capítulos de la investigación del caso Bettencourt que no se habían dado a conocer. También habrían descubierto una correspondencia bastante amistosa con Patrick Ouart, el antiguo consejero de justicia de Nicolas Sarkozy en el Elíseo, cuyo equivoco rol ya había salido a la luz en pleno escándalo Bettencourt.

Fue la apertura de una información judicial por "tráfico de influencias" y "violación del secreto de instrucción", iniciada el 26 de febrero por el fiscal nacional financiero, Éliane Houlette, lo que permitió que se investigase este asunto. Los jueces de instrucción designados para resolverla, Patricia Simon y Claire Thépaut, efectuaron sin temblar una pesquisa en el corazón del Tribunal Supremo, el pasado 4 de marzo. La primera. La jurisdicción francesa más alta permanece desde entonces petrificada.

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Traducción realizada por Irene Casado Sánchez

3 juillet 2009

Liliane Bettencourt demande: «Racontez-moi comment vous allez me sauver des eaux». Fabrice Goguel explique comment il s'est procuré les témoignages des gens de maison contenus dans la plainte de la fille, Françoise Bettencourt-Meyers. Cet avocat fiscaliste associe lucidité et franchise. Ainsi, quand Liliane Bettencourt l'interroge sur l'improbable éventualité que François Marie-Banier ait vraiment qualifié ses petits-enfants de «crottes de chiens», il répond sans hésiter: «Je le vois dire n'importe quoi»…

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«Ce serait plus agréable pour tout le monde si cette affaire s'arrêtait là»

21 juillet 2009

Patrice de Maistre, gestionnaire de fortune, a désormais la haute main sur le procès après avoir évincé Fabrice Goguel. François-Marie Banier est au téléphone, dont toutefois il se méfie, croyant que «Mademoiselle Bettencourt écoute tout». Loin d'être anecdotique, cet extrait montre combien le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt fait cause commune avec le photographe bénéficiaire d'un milliard d'euros de dons divers.

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«L'Elysée m'avait dit qu'il a un très bon contact avec le procureur»

29 octobre 2009

Patrice de Maistre fait part à Liliane Bettencourt de ses grandes manœuvres sur le plan judiciaire. Il se loue d'une acquisition de choix: Me Georges Kiejman. Après avoir eu recours aux services de Me Paul Lombard en raison de ses bonnes relations avec le procureur Courroye –«Pour avoir le contact avec le magistrat», explique le gestionnaire de fortune–, Patrice de Maistre a choisi Me Kiejman parmi trois candidats, pour son «autorité» et son «intelligence», précise-t-il. Une parenthèse croquignolette durant cette scène. Patrice de Maistre fait état de sa méfiance prémonitoire envers le maître d'hôtel (auteur des enregistrements clandestins): «Il veut écouter»...

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«On n'a aucun contrôle sur la petite présidente du tribunal»

19 novembre 2009

Patrice de Maistre affirme à nouveau sa confiance en l'issue finale du procès, tout en fustigeant la «petite présidente du tribunal» de Nanterre (Isabelle Prévost-Desprez) sur laquelle il se plaint de n'avoir «aucun contrôle»...

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«Vous allez gagner. Le problème, c'est de savoir quand»

30 novembre 2009

Lors d'une longue réunion au sommet entre Me Georges Kiejman, sa cliente Liliane Bettencourt et son gestionnaire de fortune, Patrice de Maistre, ce dernier récapitule la situation pour la dame de 87 ans:

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«A la fin, ils ne gagneront pas»

7 avril 2010

La date du procès, fixée au 1er juillet 2010, se rapproche. Énième récapitulatif de Patrice de Maistre à Liliane Bettencourt, avec une lumière crue sur les enjeux économiques et politiques, par-delà les questions familiales, du procès en cours. Où l'on retrouve, avec virulence, la rivalité du gestionnaire de fortune envers la propre famille de Mme Bettencourt, en l'occurrence son gendre et sa fille:

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«Liliane, c'est important ces choses-là»

11 mai 2010

De passage dans le bureau de la milliardaire, le photographe François-Marie Banier, qui a bénéficié, depuis plusieurs années, de dons divers de Liliane Bettenourt ayant frisé le milliard d'euros, est en perte de vitesse depuis que Patrice de Maistre a la haute main sur sa protectrice. Tout entier requis par sa rivalité avec Françoise, la fille, il donne sa version, fébrile, du procès et de la conduite à suivre, de son point de vue, toujours original. L'enjeu de la conversation, relevant des stratégies de communication, est de convaincre Liliane Bettencourt de sortir et de se montrer dans le monde, pour infirmer l'image d'une femme recluse:

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«En appel, le procureur sera de notre côté. Celui-là, c'est un ami»

11 mai 2010

Autre extrait des visions de François-Marie Banier quant à la procédure en cours. Patrice de Maistre donne la réplique, Liliane Bettencourt semble sommeiller la plupart du temps. L'obstacle judiciaire, c'est Isabelle Prévost-Desprez, l'indépendante présidente du tribunal soupçonnée de vouloir épouser «une vindicte populaire» contre la maison Bettencourt et, surtout, celui qui a outrageusement bénéficié de ses largesses.

Le gestionnaire de fortune n'est pas très confiant, aussi a-t-il pris ses précautions pour la suite, en cas d'appel, en s'assurant de la bienveillance du procureur concerné. Assurance obtenue, précise-t-il, «par le plus haut niveau» – où l'on devine un nouveau coup de pouce élyséen. Précautions également prises s'agissant des enjeux capitalistiques et financiers autour de L'Oréal: «Ils ne peuvent pas approcher», confie, catégorique, Patrice de Maistre à François-Marie Banier, à propos de la fille de Mme Bettencourt, Françoise, et de son époux, Jean-Pierre Meyers, membre du conseil d'administration:

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25 mai 2009

Fabrice Goguel, avocat fiscaliste de Liliane Bettencourt, expose à celle-ci un projet qui tient à cœur à Patrice de Maistre, son gestionnaire de fortune. Un mandat protecteur... L'enjeu est d'éviter qu'un jour ou l'autre, la fille de Mme Bettencourt, Françoise Meyers-Bettencourt, ne prenne le dessus. Il est donc envisagé qu'en cas de perte de capacité de Liliane Bettencourt, le professeur Gilles Brücker pour l'aspect «personnel et médical» et le gestionnaire de fortune Patrice de Maistre pour «les affaires» soient assurés de maîtriser la situation:

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«Si un jour vous étiez malade...»

3 juillet 2009

L'avocat fiscaliste reparle à la vieille dame (née le 21 octobre 1922) de ce mandat que son gestionnaire de fortune, Patrice de Maistre, semble pressé de lui faire signer:

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«Je n'ai aucune envie que vous tombiez dans les pattes de votre fille»

7 septembre 2009

Patrice de Maistre trouve Liliane Bettencourt en pleine forme au retour de ses vacances à l'Arcouest en Bretagne. Il glisse très vite quelques mots essentiels sur le mandat qu'il espère à venir:

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«Si votre fille revient à la charge...»

9 septembre 2009

Deux jours plus tard, Patrice de Maistre débarque chez la milliardaire avec le notaire, Me Normand, et l'avocat, Me Kiejman. L'enjeu est toujours ce mandat, une parade qui est au cœur du conflit judiciaire opposant la fille à la mère, ou plutôt la fille à l'entourage de sa mère. La procédure engagée par Françoise Meyers-Bettencourt concerne en effet l'abus de faiblesse dont Liliane Bettencourt serait victime. Dans cet échange, Me Georges Kiejman, en fin plaideur, épaule le gestionnaire de fortune pour présenter le mandat sous son jour le plus rassurant: «Dans le présent, ça n'a aucune portée», insiste-t-il, précisant à Mme Bettencourt qu'elle pourra récuser Patrice de Maistre si, demain, il n'a plus sa confiance. Liliane Bettencourt finira par refuser tout net de signer le document qu'avait préparé le notaire, affirmant n'avoir pas été informée d'un tel projet.

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«Madame, je vous explique»

4 mars 2010

Le mandat de protection future a finalement été signé. Patrice de Maistre entreprend désormais sa possible future protégée octogénaire, au sujet d'un nouvel acte: sa désignation, cette fois, comme tuteur. La conversation se termine sur le cas d'une ancienne secrétaire d'André Bettencourt licenciée – «On l'a renvoyée», dit Patrice de Maistre –, comme d'autres membres du personnel le furent depuis le décès, fin 2007, du mari de Liliane, pour avoir pris le parti de leur fille, Françoise Meyers-Bettencourt:

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«Désignation de M. de Maistre comme tuteur»

12 mars 2010

Le notaire, Me Normand, est de retour, en tête-à-tête avec Liliane Bettencourt, avec toujours la même idée lancinante: le mandat de protection future, qui «a été signé il y a quelques mois», précise-t-il, et la désignation d'un tuteur pour renforcer ce mandat. Cette conversation commence par une plaisante et lucide réflexion de Liliane Bettencourt: «C'est très agréable d'avoir de l'argent, mais faut pas se laisser trop faire. Sinon on devient maboul»:

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Además de nuestros lectores y socios, un gran número de profesionales, asociaciones en defensa de las libertades, sindicatos profesionales han mostrado su preocupación por las graves consecuencias que la decisión del tribunal puede acarrear sobre la libertad de informar. Muestran su inquietud por la ambigüedad de los "considerandos" -las argumentaciones- de los magistrados de la Corte, que parecen ignorarlo todo sobre la dinámica propia de internet, de la dimensión participativa de nuestro sitio, de los retos de la revolución digital. Al menos 40 colectivos, entre medios de comunicación, asociaciones y sindicatos, han decidido hacer público un manifiesto que lleva por título "Tenemos derecho a saber". Dicho manifiesto se dará a conocer este jueves 11, en el transcurso de una rueda de prensa que tendrá lugar en la sede de Reporteros sin Fronteras, en París. Durante este acto se hará publica también la lista completa de los firmantes, medios de comunicación y asociaciones o sindicatos. Nos hemos puesto en contacto con Le Point, que no se había pronunciado con relación a la sentencia, pero un portavoz ha señalado que no deseaban unirse a esta acción.

Esta movilización excepcional de la comunidad periodística va acompañada del respaldo de numerosos responsables políticos y personalidades, investigadores, artistas, intelectuales. La lista inicial de estos firmantes también se dará a conocer el jueves a las 11:30. Mediapart, y los demás medios de comunicación que se han adherido, pondrán en marcha, paralelamente con este manifiesto una gran campaña ciudadana de recogida de firmas. El objetivo por nuestra parte es poner de manifiesto que se ha traspasado la línea roja en lo que se refiere al derecho a la información, un derecho fundamental de los ciudadanos.

Esta decisión judicial, al contradecir dos sentencias preliminares que daban por buena la utilización de las grabaciones en nombre del derecho legítimo a la información, también ha sido recibida con consternación por algunos de nuestros colegas extranjeros. Muchos de los cuales se han unido a nuestro llamamiento. Sin ir más lejos, el sindicato NUJ, The National Union of Journalist, con sede en Londres y que cuenta con 30.000 afiliados, ha mostrado su indignación, en palabras de su delegados en París, por lo que consideran una "sentencia escandalosa emitida por tres jueces del Tribunal de apelación de Versalles contra el sitio de información en línea Mediapart, con relación a las revelaciones sobre la mujer más rica de Francia, Liliane Bettencourt". "Esta sentencia tiene consecuencias muy graves que atañen al principio de libertad de prensa en Francia", señala James Overton, representante del NUJ en París.

El pasado 4 de julio, tan pronto como se conoció el fallo del Tribunal de Versalles, los abogados de Mediapart, Jean-Pierre Mignard y Emmanuel Tordjman, anunciaban su intención de interponer un recurso de casación contra esta sentencia que nos condena: "A penas extremadamente graves tanto desde el punto de vista económico como en lo que se refiere a sus implicaciones sobre la libertad de expresión" (aquí se puede leer la entrevista, en francés). Se hace necesario recordar que la sentencia nos condena a eliminar, en un plazo máximo de 8 días a contar desde la notificación de la misma, cualquier cita, cualquier fragmento de las grabaciones clandestinas realizadas por el mayordormo de los Bettencour, Pascal Bonnefoy. De constatarse cualquier infracción, la multa ascendería a 10.000 euros por cada una de ellas. Asimismo, Mediapart debe indemnizar con 20.000 euros en concepto de daños y perjuicios a Liliane Bettencourt y con 1.000 euros a su exgestor particular, Patrice de Maistre.

Más allá del importante montante de la sanción económica, queremos hacer hincapié en la peligrosa ambigüedad que rodea a las condiciones de ejecución de la sentencia. El plazo legal establecido de ocho días, a partir del cual todos los contenidos publicados deben desaparecer de nuestra página, empiezan a contar desde el momento en que se nos notifique oficialmente la sentencia. Esta notificación -que conlleva la ejecución de la sentencia- no es automática: le corresponde a Olivier Pelat (tutor legal de Liliane Bettencourt) o a Patrice de Maistre decidir cuándo arranca el proceso. Más exactamente supone que un ujier debe personarse en la redacción de Mediapart para entregarnos la sentencia.

A día de hoy, Patrice de Maistre ha decidido –al contrario que la familia Bettencourt–, poner en marcha la maquinaria y dar el primer paso al enviar  la "notificación correspondiente al abogado". Sin embargo, esta decisión todavía no nos ha sido notificado, lo que quiere decir que "la cuenta atrás" todavía no ha dado comienzo, pero que puede hacerlo en cualquier instante.

"Si De Maistre opta por pedir la ejecución de la decisión judicial", explica nuestro abogado Emmanue Tordjan, "arrancará el proceso por el que daremos la réplica a las condiciones de ejecución de la sentencia". "Exigiremos responsabilidades a cada magistrado", explicaba Jean-Pierre Mignard ya el 4 de julio. "También solicitaremos formalmente a la familia de Liliane Bettencourt, a su tutor legal, que no ejecute la sentencia del tribunal. Les pediremos que dejen constancia de que si Mediapart no hubiese hecho públicas las grabaciones, a día de hoy Bettencourt, una persona de edad avanzada, una persona frágil psicológicamente, seguiría en manos de los que dilapidaban parte de su fortuna en beneficio propio".

La ejecución de esta sentencia choca con otras muchas dificultades. ¿Se refiere a todos o a una parte de los 800 artículos publicados por Mediapart con relación a las grabaciones? ¿Tenemos que eliminar también los casi 2.000 posts de los blogs escritos por nuestros socios? ¿Hay que borrar los decenas de miles de comentarios? En este punto, la sentencia del tribunal no es clara y deja la decisión en el aire. "La generalidad de la obligación a la que se conmina a Mediapart plantea numerosas cuestiones jurídicas que presentaremos a los jueces", apunta Emmanuel Tordjman.

No es el único elemento absurdo de esta sentencia condenatoria. La sentencia de Versalles nos obliga, así como a Le Point, a eliminar cualquier mención a las grabaciones a pesar de que los demás medios de comunicación, blogs, sitios en internet podrán seguir difundiéndolos... tal y como ha dicho nuestro colega Jérôme Hourdeaux (en su artículo titulado "Efecto Streisand y Datalove", en francés), internet ya ha hecho suyo el caso Bettencourt en su integridad y ya está disponibe en múltiples sites desde donde se puede descargar.

[Venga, todo el mundo a fusilar Mediapart y a crear sitios espejo, rápido rápido rápido. Que se den cuenta.]

La presidenta del Tribunal de Apelación de Versalles, Marie-Gabrielle Magueur, ¿ha tomado ya medidas por las numerosas incoherencias que contiene esta sentencia que hace retroceder nuestras libertades? También en este aspecto ponen el acento los firmantes del manifiesto "Tenemos derecho a saber". Por todos estos motivos os invitamos a firmarlo, desde este jueves a partir de las 11:30. 

Nuestro dossier completo se puede leer (en francés) aquí y aquí.

Traducción: Mariola Moreno

Parallèlement à cette guerre de tranchée, une stratégie d'ouverture et de communication est menée en direction de l'Institut de France, doté d'un auditorium André Bettencourt capable d'esbroufer le Gotha...

23 octobre 2009

L'Institut, quai Conti, siège des cinq académies, compte une coupole dorée grâce à l'argent (et non argentée grâce à l'or) de riches mécènes, parfois élus pour cela... Ce palais du savoir, de la sagesse et de l'esprit français, pourra donc bientôt s'enorgueillir d'un amphithéâtre aux frais de la princesse Bettencourt. Patrice de Maistre, gestionnaire de fortune de la milliardaire et qui se voit en chef du protocole, dégaine l'arme fatale par excellence, le déjeuner en ville:

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«Et puis j'ai demandé au ministre Eric Woerth d'être là»

27 octobre 2009

Quatre jours plus tard, Patrice de Maistre revient sur cette affaire d'auditorium (qui nécessite un investissement de 10 millions d'euros), qui s'avère comme un levier de promotion de la maison Bettencourt, mêlant le pouvoir de l'argent, de la politique et du symbolique. Le gestionnaire de fortune annonce la couleur, sans se douter du parfum de scandale: «Ça va être sensationnel!» Au passage, Patrice de Maistre précise, à propos d'Eric Woerth, alors ministre du budget et aujourd'hui ministre du travail, ceci: «Eric Woerth qui est un ami». Lequel Woerth lui a remis, comme on ne le sait que trop, une désirée Légion d'honneur.

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Mais l'Institut, important pour la parade, n'est rien à côté du nerf de la guerre, l'entreprise fondée par Eugène Schueller, le père de Liliane Bettencourt: L'Oréal, objet de soins et de ressentiments. Où l'on découvre, derrière l'apparent conflit mère/fille autour de l'abus de faiblesse, de grandes manœuvres dont l'enjeu est l'avenir de L'Oréal, Patrice de Maistre bataillant non seulement contre l'actionnaire suisse Nestlé mais surtout contre le gendre de Liliane Bettencourt, pour mieux contrôler l'avenir du groupe mondial de cosmétiques. Au service de qui? Mystère…

«Votre gendre est en train de manipuler, de voir Nestlé»

7 septembre 2009

Patrice de Maistre expose longuement à Liliane Bettencourt une stratégie qui devrait permettre, à ses yeux, de garder le pouvoir malgré le temps qui érode les positions les mieux établies. L'ancien PDG de L'Oréal (dont il est resté président), Lindsay Owen-Jones (né en 1946), est l'objet de toutes les attentions de Patrice de Maistre. Directeur général de L'Oréal depuis 2006, Jean-Paul Agon sera heureux d'apprendre ainsi ce qui se trame à son insu.

Le lecteur-auditeur appréciera le talent manœuvrier de Patrice de Maistre: «Vous avez Lindsay chez L'Oréal et vous avez moi ici, dit-il à un moment à Liliane Bettencourt. Avec ça, on peut tenir…» Suivent quelques rires étouffés, puis cette phrase de chute, dont la forme interrogative habille une ferme injonction, phrase qui revient comme un refrain dans les conversations: «Vous êtes d'accord?!»

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«On va vous mettre dans un coin»

7 septembre 2009

Dans la foulée de sa déclaration, ce jour-là, Patrice de Maistre conditionne Liliane Bettencourt à propos de sa fille, Françoise, et surtout de son gendre, Jean-Pierre Meyers:

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«Vous continuez de régner sur L'Oréal»

29 octobre 2009

Près de deux mois plus tard, Patrice de Maistre introduit dans l'esprit de Liliane Bettencourt la possibilité de placer, peut-être un jour, son petit-fils aux commandes de L'Oréal, ce qui permettrait d'escamoter la fille et le gendre. Patrice de Maistre cite l'exemple de Bernard Arnault (il parle en connaissance de cause: il se trouve que l'épouse actuelle de Patrice de Maistre est divorcée de Bernard Arnault):

AudioLes juifs? «Ils vont toujours là où il y a de l'argent»

19 novembre 2009

Le mois suivant, Patrice de Maistre revient à la charge. Difficile, pour Liliane Bettencourt, d'annuler les actions données en nue-propriété à sa fille Françoise, même si un accord avec Nestlé pourrait légèrement proscrire l'héritière unique... Cependant, jouer le petit-fils contre la fille séduit décidément le gestionnaire de fortune.

Il cite le cas des Agnelli. Le petit-fils Agnelli est juif. Tout comme le gendre de Liliane Bettencourt, Jean-Pierre Meyers. Notons cette façon typique, à la fin de l'extrait, de flétrir ces «juifs (qui) vont toujours là où il y a de l'argent». Ce préjugé, pour s'en tenir à un euphémisme, revient régulièrement dans les vingt et une heures d'enregistrements clandestins du maître d'hôtel de Liliane Bettencourt:

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«Il a un énorme ego, Lindsay. Et il n'a plus le pouvoir»

19 novembre 2009

Dans la foulée et a contrario, Patrice de Maistre expose à Liliane Bettencourt sa vision de Lindsay Owen-Jones, l'ancien PDG de L'Oréal demeuré président du groupe, qui incarne la vie simple et tranquille: «Voitures, avions, bateaux.» Bref, un gars bien, même si son ego est démesuré, même s'il a touché un maximum d'argent de la milliardaire lorsque l'occasion lui en fut donnée:

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«Ni Nestlé ni nous ne pouvons bouger à cause du pacte»

14 décembre 2009

Patrice de Maistre fanfaronne moins devant son employeuse à propos de la meilleure façon de verrouiller, face à Nestlé, L'Oréal, qui requiert du reste l'attention de Nicolas Sarkozy. L'essentiel du discours du gestionnaire de fortune consiste à culpabiliser sournoisement la milliardaire, pour avoir cédé ses actifs en nue-propropriété à une fille jugée, à haute et intelligible voix, inquiétante:

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«Je ne suis plus très tendre avec votre fille»

13 janvier 2010

Ultime salve à l'encontre de Françoise, fille honnie, de la part d'un Patrice de Maistre persuadé d'avoir l'oreille de Liliane Bettencourt. Le raisonnement se veut imparable. Si votre fille n'a pas déclaré à la presse qu'elle ne vendrait jamais L'Oréal à Nestlé, c'est qu'elle s'apprête à vendre, d'ores et déjà:

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Une fondation comme trésor de guerre

23 avril 2010

Un petit détour par le patrimoine de Liliane Bettencourt s'impose d'emblée. Voici comment le gestionnaire de fortune, Patrice de Maistre, présente la situation à sa cliente. Notons la faiblesse des impôts par rapport à la cataracte de dividendes. Notons de surcroît que ces impôts semblent obéir à une somme forfaitaire:

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«Courage, fuyons»

12 juin 2009

Le gestionnaire de fortune explique à sa cliente qu'une guerre d'usure semble entamée avec le gendre Jean-Pierre Meyers à propos de la fondation Bettencourt-Schueller et de la donation considérable que voudrait effectuer la milliardaire en distrayant 7% de ses actions de la société Téthys:

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«Je suis un épouvantable bonhomme»

12 juin 2009

Patrice de Maistre explique dans la foulée à Liliane Bettencourt qu'une guerre de position s'engage et qu'il serait bon de soigner les relations avec Marc Ladreit de La Charrière, énarque, (moindre) milliardaire, administrateur de L'Oréal, élu à l'Académie des Beaux-Arts, éminence grise de l'Institut et mécène du Louvre:

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«On fait ce qu'il faut pour les neutraliser»

29 octobre 2009

Le gestionnaire de fortune revient sur la guerre de position. Il faut contrer Jean-Pierre Meyers:

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«Tout est verrouillé»

19 novembre 2009

Patrice de Maistre estime progresser devant Liliane Bettencourt à propos de sa fondation. Il passe en revue les différents acteurs qui semblent se contenter d'observer, au premier rang desquels Nestlé:

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«Il va falloir donner une interview»

19 novembre 2009

Dans la foulée, le gestionnaire qui se veut visionnaire, estime qu'une telle donation pourrait effacer en partie, dans l'esprit public, les largesses consenties à l'endroit du photographe François-Marie Banier. Une bonne interview devrait y aider:

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«Vous ne sortez pas d'argent»

13 janvier 2010

Patrice de Maistre explique à sa patronne, une bonne fois pour toutes semble-t-il espérer, le mécanisme et les enjeux de la donation à la fondation, avec pour credo final: «Il va falloir communiquer.»

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«On a un petit peu expliqué qui vous étiez»

25 mars 2010

Patrice de Maistre revient d'un voyage d'études aux États-Unis d'Amérique. Il en rend compte à Liliane Bettencourt dans le bureau de son hôtel particulier de Neuilly. Il a rencontré des représentants de la fondation Howard Hugues. Un partenariat semble souhaitable, possible. C'est exaltant:

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«Les moutons auront moins peur»

25 mars 2010

L'enthousiasme visionnaire inspiré d'outre-Atlantique devrait se heurter, explique le gestionnaire à sa patronne, aux conformismes et à la pusillanimité propres à la France, sauf si le nom de Howard Hugues agit en sésame.

Notons, vers la fin de la séquence, lorsque Patrice de Maistre dit, en pensant au doigté psychologique dont il faudra faire preuve («Il faudra...»), comment Liliane Bettencourt termine la phrase à tort en lâchant un symptomatique: «Remettre de l'argent»...

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Approcher la puissance publique (voir notre premier volet Jusqu'au sommet de l'État et de l'UMP) tout en se montrant hautement capable de la tromper en dissimulant des avoirs considérables –allant de comptes en Suisse à une île aux Seychelles–, tel semble l'ordinaire des manœuvres ourdies depuis la maison Bettencourt. Dès lors, les enregistrements dévoilent des infractions en train de se faire, commises dans un climat d'impunité garanti par ce pouvoir secret que confère l'immense fortune.

«On n'a plus le droit d'avoir des comptes en Suisse»

17 septembre 2009

Dans le bureau de Liliane Bettencourt, en son hôtel particulier de Neuilly, le gestionnaire de fortune, Patrice de Maistre, lève un lièvre helvète.

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«Vous savez que cela appartient au Liechtenstein...»

17 septembre 2009

Vingt minutes plus tard, en ce même jour, Patrice de Maistre est déjà mentalement aux Seychelles, où l'île d'Arros lui fait souci. Voilà, selon lui, un legs de l'avocat fiscaliste Fabrice Goguel, qu'il est en passe d'évincer de la maison Bettencourt. L'île d'Arros est une épine illégale dans le pied respectable de la milliardaire, même si Patrice de Maistre conclut avec un cynisme bonhomme: «Il vaut mieux avoir ces problèmes que de ne pas les avoir».

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«Il ne faut pas que l'on se fasse prendre avant Noël»

27 octobre 2009

Comme souvent à cette époque –«J'y vais toutes les semaines en ce moment»–, Patrice de Maistre repart en Suisse, pour que les comptes de sa patronne, menacés d'une certaine transparence, s'évanouissent ailleurs, dans des paradis fiscaux encore sûrs:

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«On est en train de mettre le compte à Singapour»

29 octobre 2009

Deux jours plus tard, rebelote devant Liliane Bettencourt, qui semble avoir tout oublié. Patrice de Maistre revient sur les deux comptes helvètes qui font désordre et envisage de les déplacer à Singapour car, là-bas, dit-il, «c'est plus fermé»:

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«Il y a un autre compte que je ne connaissais pas»

29 octobre 2009

Ce même jour, dans la foulée, Patrice de Maistre revient sur l'épineuse question de l'île d'Arros, dont la dissimulation au fisc semble plus difficile à cacher durablement que celle de comptes bancaires :

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«J'ai peur que le fisc tire un fil»

12 juin 2009

Dans le bureau de Liliane Bettencourt (86 ans), à Neuilly, sont réunis autour d'elle l'avocat fiscaliste Fabrice Goguel et le gestionnaire de fortune Patrice de Maistre. Fabrice Goguel revient du bureau du procureur Courroye qui tire, à Nanterre, les fils d'une enquête préliminaire après une plainte de Françoise Meyers-Bettencourt visant François-Marie Banier, le photographe ayant reçu près d'un milliard de “dons” d'une Liliane Bettencourt que sa fille estime vulnérable et donc dépouillée.

Faisant normalement son travail d'avocat, Fabrice Goguel a tenté de convaincre le procureur du bien-fondé de la position de sa cliente qui refuse une expertise médicale. A l'entendre, on découvre qu'à l'époque, Philippe Courroye est hésitant et n'a pas encore choisi son camp. C'est pourquoi Patrice de Maistre compte sur l'intervention de l'Elysée pour le rallier à la position de Liliane Bettencourt, contre celle de sa fille Françoise. Autrement dit, une intervention politique dans un dossier judiciaire privé.

Nicolas Sarkozy en personne est un personnage central de cette conversation. «Ne prenez pas mon flirt», dit en riant Mme Bettencourt à l'évocation du président de la République, tandis que son gestionnaire de fortune lui confirme qu'à l'Elysée, «tout le monde suit ce cas». «Il suit l'affaire», insiste Patrice de Maistre en parlant de Nicolas Sarkozy, ajoutant qu'à la présidence, «ils font ce qu'ils peuvent»:

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«Le conseiller juridique, à l'Elysée, que je vois régulièrement pour vous»

21 juillet 2009

Dans le bureau de Liliane Bettencourt, Patrice de Maistre se réjouit. Il peut se réclamer de l'Élysée, en tout cas du conseiller de Nicolas Sarkozy pour les questions judiciaires, Patrick Ouart (qui rejoindra LVMH fin novembre 2009). Et le contact avec l'Élysée n'a visiblement pas de prix. Avec un mois et demi d'avance, la maison Bettencourt a vent de la décision que devrait prendre le procureur Courroye à Nanterre, le 3 septembre 2009, et qu'il prendra effectivement à cette date, dans le sens convenu, refusant de donner suite à la plainte de Françoise Bettencourt.

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«Je vous dis ce que m'a dit l'Elysée...»

21 juillet 2009

Même jour, mêmes acteurs: Liliane Bettencourt et Patrice de Maistre. Fort du soutien de l'Élysée qui supervise le procureur Courroye, Patrice de Maistre explique à sa patronne qu'elle n'a rien à craindre de sa fille, présentée sous un jour très sombre par le gestionnaire de fortune, qui part d'une interview donnée au Point par Françoise Meyers-Bettencourt pour d'abord livrer sa vision de la procédure en cours. Notons que Liliane Bettencourt lui demande si l'avocat de sa fille est juif:

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«C'est mon ami Eric Woerth qui s'en est occupé»

27 octobre 2009

Sur l'échiquier politique, la pièce maîtresse de Patrice de Maistre est à coup sûr son «ami» Éric Woerth, dont la femme est du reste au service de la maison Bettencourt, cadre depuis fin 2007 de l'une des petites structures chargées de gérer la fortune de Liliane Bettencourt. Le ministre semble fort accommodant. En témoigne ce qu'il a fait pour que l'Institut de France fût doté d'un auditorium André Bettencourt, du nom de l'époux disparu en 2007, dans ses augustes parages, précisément le parc immobilier de l'Hôtel de la Monnaie:

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«Eric Woerth, c'est lui qui s'occupe de vos impôts»

29 octobre 2009

Deux jours après, même scène, mêmes protagonistes, mêmes sujets. Patrice de Maistre enfonce le clou à propos d'Éric Woerth et de sa femme, tout en établissant une distinction très nette et lourde de sens entre le premier, «sympathique» (véritable leitmotiv de cet extrait), et la seconde, engagée par complaisance mais qui se révélerait décevante. On notera que, comme souvent, d'une conversation à l'autre, Liliane Bettencourt a des absences, peut-être liées à sa surdité, demandant par exemple à son interlocuteur qui est Eric Woerth:

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«En ce moment, il faut que l'on ait des amis»

4 mars 2010

Depuis sa révélation par Mediapart en juin, cette scène est devenue un grand classique des enregistrements clandestins réalisés par le maître d'hôtel. Il s'agit de cette séance de signature de trois chèques à laquelle Patrice de Maistre fait procéder sa patronne Liliane Bettencourt, sur le thème «ce n'est pas cher et ils apprécient». Valérie Pécresse (seule des trois à être candidate à l'époque, aux élections régionales, en Ile-de-France), Éric Woerth, alors ministre du budget, et Nicolas Sarkozy, président de la République, sont les heureux bénéficiaires des largesses du jour:

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«On connaît très, très bien le procureur»

23 avril 2010

La manœuvre judiciaire de l'été 2009 n'a finalement pas réussi. Malgré la position en contre du procureur Courroye, la plainte de Françoise Bettencourt-Meyers va se traduire par un procès public, fixé au 1er juillet 2010, devant la chambre du tribunal de Nanterre présidée par Isabelle Prévost-Desprez. Pour préserver un avenir devenu incertain, Patrice de Maistre compte sur ses rapports privilégiés avec Patrick Ouart, l'ex-conseiller de l'Elysée sur les affaires de justice, lui-même ancien magistrat.

A l'entendre, on comprend que, si M. Ouart n'est plus officiellement le conseiller de Nicolas Sarkozy, il continue officieusement à se mêler d'affaires judiciaires signalées ou sensibles. Ainsi distrait-il visiblement de son temps chez LVMH, son employeur actuel, pour glaner auprès de l'Élysée, son ancien port d'attache, des renseignements stratégiques au profit de la maison Bettencourt. L'enjeu, comme précédemment, est l'attitude du procureur Philippe Courroye:

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«On lui donnera de l'argent, parce que c'est trop dangereux»

23 avril 2010

Toujours le même jour, un petit quart d'heure plus tard, Patrice de Maistre éreinte Florence Woerth, engagée sur la demande de son mari de ministre, mais qui s'avère aussi agaçante que contre-productive en termes d'image. Patrice de Maistre s'étonne benoîtement d'avoir installé chez les Bettencourt un paratonnerre qui attire la foudre. Le conflit d'intérêts est clairement décrit par le chargé de fortune de Mme Bettencourt: «Avoir la femme d'un ministre comme ça, ce n'est pas un plus, c'est un moins.» «Tout est mélangé», insiste-t-il, assurant avoir embauché Florence Woerth à la demande de son époux ministre, «pour lui faire plaisir»:

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