Cuando nos encontramos ante una encrucijada (hoy en forma de glorieta) en la que confluyen diversas vías, antes de tomar una decisión conviene meditar sobre cuál es el camino más adecuado entre las distintas opciones que se nos ofrecen. Enfrente está el futuro cada vez más tenebroso e incluso catastrófico. Venimos de un camino que hemos dejado atrás y que, como dijo el maestro Antonio Machado, "nunca podremos volver a pisar". Solo nos quedan dos alternativas. 

Tomar la senda que la flecha nos indica que es el camino a la derecha nos lleva a un espacio cada vez más inhóspito para la supervivencia de los principios y valores democráticos. Donald Trump, cuyo banderín de enganche es hacer de nuevo a América (del Norte) cada vez más grande, ha roto las reglas del derecho internacional que sostienen el difícil equilibrio de la paz mundial. Se salta el respeto debido a su Constitución y a los derechos que se contienen en sus Enmiendas, sustituyendo sus contrapesos por decretos ejecutivos que, por el tono y su alcance, son lo más parecido a las decisiones caprichosas de los emperadores romanos. Utiliza la fuerza de las armas para secuestrar al presidente de Venezuela con el simplista pretexto, carente de base probatoria, de que se dedica al narcotráfico. Asesina a los tripulantes de lanchas que, aunque transportasen drogas, podían perfectamente ser interceptados como ordenan los más elementales principios de la civilización.

La persecución de los emigrantes ha convertido a algunos Estados en lo más parecido al salvaje oeste. La ciudad de Mineápolis, que pertenece al Estado de Minnesota, fronterizo con Canadá, es paradójicamente el que menor número de emigrantes recibe en contraste con los Estados más cercanos a México. En nuestro país esta perturbación borrascosa que amenaza los soportes de la democracia comienza a producir temblores que anuncian posibles erupciones de consecuencias semejantes. En el terreno económico, las nuevas tecnologías, cuya fuerza expansiva a nivel mundial es inevitable, han precarizado los salarios y aumentado, a niveles estratosféricos, los beneficios de los grandes magnates que dirigen la política mundial. El que quiera tomar esa vía ya sabe a dónde conduce.  

La mejor alternativa para reforzar las columnas de la democracia, junto con otros partidos y sectores, inequívocamente democráticos, pasa por internarse, sin vacilaciones ni prejuicios, por el sendero que puede confluir en una meta a la que lleguen todos los participantes con unos objetivos y propuestas comunes. Como dijo Salvador Allende en su mensaje, el mismo día del golpe militar: «Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor». Me parece que sería estimulante que los caminantes, sin volver la vista atrás, llevasen en sus mochilas el discurso pronunciado por Zohran Mamdani cuando ganó las elecciones a la Alcaldía de nueva York. Hay que ofrecer políticas alternativas y unos objetivos claros y precisos e irrenunciables.  

Recordó algo tan elemental como que la soberanía emana del pueblo. En un mundo en el que la inmensa mayoría son trabajadores, proclamó: “Desde que tenemos memoria, los ricos y los poderosos les han dicho a los trabajadores de Nueva York que el poder no les pertenece. Habéis demostrado que, cuando la política se dirige a vosotros sin condescendencia, podemos dar paso a una nueva era de liderazgo. Lucharemos por vosotros, porque nosotros somos vosotros. Citó un proverbio árabe: “Soy de vosotros y para vosotros”.

Felicitó a los voluntarios que le han ayudado en su campaña. “Gracias a vosotros, haremos de esta ciudad un lugar que los trabajadores puedan volver a amar y en el que puedan volver a vivir, habéis erosionado el cinismo que ha llegado a definir nuestra política. Ganamos porque insistimos en que la política ya no sería algo que se nos impone. Ahora es algo que hacemos nosotros. Aunque votamos solos, elegimos juntos la esperanza. La esperanza por encima de la tiranía. La esperanza por encima del gran dinero y las pequeñas ideas. La esperanza por encima de la desesperación. Ganamos porque insistimos en que la política ya no sería algo que se nos impone. Ahora es algo que hacemos nosotros.”

Abordó la cuestión nuclear de las sociedades modernas: “El eje central de esa visión será el programa más ambicioso para abordar la crisis del coste de la vida: un programa que congelará los alquileres de más de dos millones de inquilinos con alquiler estabilizado y hará que los autobuses sean rápidos y gratuitos y ofrecerá servicios de guardería universales en toda nuestra ciudad”.

Pone el dedo en la llaga cuando advierte con lucidez: "Como ha ocurrido tantas veces, la clase multimillonaria ha tratado de convencer a quienes ganan 30 dólares la hora de que sus enemigos son los que ganan 20 dólares la hora”. Denuncia la estrategia, tantas veces repetida por las oligarquías que tratan de confrontar, en su beneficio, las legítimas aspiraciones de los que aspiran a una razonable calidad de vida que reiteradamente se les niega. 

A lo largo de su discurso recuerda a Martin Luther King y su inmortal frase “esta noche tuve un sueño”. Termina con un mensaje estimulante, lleno de fuerza emocional: “Gracias, amigos míos. Puede que el sol se haya puesto sobre nuestra ciudad esta tarde, pero como dijo una vez Eugene V. Debs (sindicalista estadounidense): “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”.

Si alguien quiere hacer el camino sin estar dispuesto a despojarse de sus arraigos y posicionamientos presentes, es mejor que no lo emprenda. Hemos llegado hasta un presente en el que reconocemos que es necesario buscar nuevas estrategias para alcanzar una nueva frontera en la que las propuestas estén por encima de los protagonismos. Sus efectos multiplican las posibilidades de aumentar los escaños y de remover el abstencionismo de los desencantados. Cuando me asaltan las dudas suelo acudir a los Ensayos de Michel de Montaigne: “Puede lograrse el mismo fin con distintos medios”. 

__________________________

José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Su último libro publicado, recién llegado a las librerías, es 'Visto para sentencia' , editado por Siglo XXI.

Antaño los golpes de Estado se realizaban siempre mediante actuaciones militares patrias y respondían a intereses exteriores y/o muy potentes oligarquías financieras-empresariales del país. Actualmente hay también otras maneras y vías, aunque sean las mismas motivaciones mencionadas, en que agentes externos influyen arteramente en el devenir del país, afectando a políticos que tienen la legitimidad para ejercer el gobierno, intentando derribarles o dificultando sobremanera su ejercicio libre o, incluso, tratando de impedir que otros puedan acceder al poder.

No es una opinión sino una constatación afirmar que esto son técnicas que se utilizan desde planteamientos políticos (asociados siempre a intereses) de extrema derecha, aunque desde sectores menos broncos se colabora mucho haciendo una labor de difamación, insulto constante al gobernante y pérdida de todo respeto a quien ostenta la legitimidad democrática. El caso paradigmático por excelencia es el de la democracia-cristiana chilena que, mediante esas formas traicionó al gobierno constitucional de Salvador Allende. Otros, en lugares diferentes y medio siglo después, actúan con igual irresponsabilidad de jugar con fuego mientras se alían con la ultraderecha. A esta última, no les temblaría el pulso si la acción golpista proviniese del estamento militar, pero aquella es más “pulcra” y cuida las apariencias, aunque la línea que separa a unos y otros “hermanos” (o hijos) ideológicos se vaya deliberadamente desvaneciendo. Así lo comprobaremos en nuestro continente en la conformación de un poder unido de ambos grupos familiares tras las elecciones europeas de junio, aunque algunos entonces aparenten sentirse sorprendidos.

En esa aparente pulcritud, para ejercer de contrapoder, han ido apareciendo actores socialmente mejor aceptados (por su pureza aparente y teórica) que se implican y activan procesos de involución política que, en vez de desarrollarlos con uniformes militares, se instrumentalizan mediante otros “profesionales” revestidos con igual elegancia pero que representan no solo el orden sino incluso la propia ley pero que actúan guiados por otros motivos y condicionantes de pensamiento o, a veces, espurios.

Ahí es donde aparecen las Judicaturas y Fiscalías de algunos países como agentes involucrados no en su teórica misión de defensa de legalidad sino en ser contrapoderes ideológicos y activistas políticos y protagonistas de procesos de involución democrática.

Dejo ahora a un lado otros lugares donde eso, aún más incluso que las meigas, existe y se produce, y nos centrarnos en América latina donde este domingo, 14 de enero, es un día muy feliz para la democracia. En efecto, el último lugar donde el intento de derribo de la voluntad democrática de un pueblo mediante artificios judiciales ha sido Guatemala. En ese país existe una larga lucha de los contrapoderes de las sombras contra el poder legítimo el cual ha sido fracturado a veces en una historia convulsa de atropellos a la dignidad de las personas. Es el caso de este país centroamericano y que constituye uno de los lugares más bellos del planeta en naturaleza, historia cultura y diversidad. 

A mí me atrapó hace más de treinta años y hasta sus tragedias y convulsiones históricas he podido vivir allí un autogolpe de un aprendiz del fujimorismo, la guerra, el genocidio de más de 300.000 indígenas, los acuerdos de paz, la oportunidad de participar en la formación de una guerrilla reconvertida después en un partido político fracasado. Y también como observador internacional de la OEA en varias elecciones allí. El haber tenido la oportunidad de vivir estas y otras experiencias en el terreno me han dado especial querencia, conocimiento y compromiso con el país.

La campaña para las elecciones presidenciales en segunda vuelta celebradas en agosto pude vivirlas allí, compartiendo públicamente mi reflexión sobre el gran volcán que es Guatemala pero en la que existe una semilla de esperanza. En los meses anteriores fueron impresionantes todas las manipulaciones que pudieron hacer desde el núcleo oligarca que ha extendido, aún más, un manto de corrupción y ha tomado las instituciones, entre ellas de modo particular la administración de justicia, la cual ha quedado infectada de podredumbre. Los intentos de potenciar incluso con apoyo internacional la lucha contra la impunidad, a pesar de los buenos pasos dados en etapas iniciales en los que participó activamente el fiscal español Carlos Castresana, habían quedado liquidados.

Tras haber impedido presentarse a las elecciones a candidatos como Roberto Arzú o Carlos Pineda, que podían ser incómodos para el cártel de la corrupción cuyo gran activo era el hasta ahora presidente Giammattei, pensaron que no tendrían rival frente a la marioneta de la exprimera dama Sandra Torres. El eslogan de esta era muy patético: “Se puede dar SIN NECESIDAD DE QUITAR A OTROS” (las mayúsculas de la candidata). Sin embargo, no contaban con que pasase el corte de la primera vuelta el candidato Bernardo Arevalo, que, aunque sólo obtuvo algo menos del 12% en los comicios de junio, enseguida se convertiría en un aire fresco para lo que el pueblo demandaba y que él representaba muy claro en dos mensajes nítidos y creíbles: lucha total contra la corrupción que se había apoderado como una enredadera de las instituciones, y, en segundo lugar, la lucha contra las élites, las cuales eran las que producían aquella. Esos grupos convirtieron a Arévalo en un acérrimo enemigo muy peligroso a liquidar. 

Inmediatamente se activaron los resortes corruptos instalados en el ámbito judicial que, tras su proclamación como ganador en la elección definitiva de agosto con un 58%, han hecho lo indecible por evitar que llegase este momento de toma de posesión. Miembros del Ministerio Fiscal han actuado sin escrúpulos ni límites ni interrupción en un entramado dirigido no solo a ilegalizar el partido Semilla sino también a pervertir absolutamente el Derecho y, por supuesto, la democracia. La Corte Constitucional y la Corte Suprema han tenido momentos de vacilación pues en ellos también algunos jueces estaban vinculados a la oligarquía corrupta de la derecha que domina todo esto.

Al nuevo presidente le van a seguir intentando dificultar todo, pues sus representantes en el Congreso son pocos, pero siendo un sistema presidencialista el del país centroamericano, va a tener que entrar sin dilaciones a fumigar y desmontar todos los elementos corruptos del sistema judicial. Así como en Brasil la extrema derecha política con implantaciones fuertes en la judicatura fue a cargarse a Lula para beneficiar al trumpista-ayusista Bolsonaro, en Guatemala ha fracasado el lawfare y ha vencido la democracia. 

Y un elemento muy importante ha sido la implicación del pueblo, que ha tenido claro quiénes eran los hijos de las tinieblas a los cuales no ha creído sus mentiras constantes, acaso porque allí no tenían una manipulación periodística tan sucia como la que existe en un país más lejano donde las empresas y bustos periodísticos están también al servicio de intereses muy sucios. De ese lugar y lo que ocurre con un sector muy activo para sus intereses, hablaremos en otra ocasión. Eso será si a ustedes les parece…

__________________________

Jesús López-Medel es abogado del Estado, analista y observador internacional de la OEA, OSCE y UE.

En esos días septembrinos hay fechas casi universales como el 16 de septiembre, cuando el asesinato de Víctor Jara, símbolo de los miles de detenidos, concentrados, torturados, asesinados y desaparecidos y desparecidas –da fe de ellos y ellas, y del trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, la serie Los archivos del Cardenal, con banda sonora de Los Bunkers–. Desde 1946 hasta el golpe de Estado del criminal y ladrón Augusto Pinochet –no se pierdan la película El Conde de Pablo Larraín– las elecciones presidenciales chilenas se celebraban los días 4 de septiembre del año correspondiente. Así ocurrió, hace 53 años, cuando la elección del presidente Salvador Allende, que a la tercera venció. 

Pero, sin duda, la fecha más recordada, también la más dolorosa, aquella que es universal –como el valor de la democracia, Berlinguer dixit– es el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado por militares facinerosos y la CIA a las órdenes de Richard Nixon y Henry Kissinger, cuando aquella mañana –tarde por estas latitudes– el Palacio de la Moneda fue bombardeado y el Presidente Salvador Allende antes de morir habló por Radio Magallanes al pueblo de Chile, a los trabajadores, a la mujer chilena, a los profesionales, a la juventud aquel 11 de septiembre de 1973: «tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición». 

Y tenía razón el doctor Allende Gossens. Con su ejemplo democrático hoy sabemos que era verdad … «que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor». Con su testimonio ético, aquel miércoles de octubre de 1988 se cumplió su certeza cuando el pueblo castigó a la Junta Militar golpista una década y media después, cuando la alegría vino aquel 5 de octubre, cuando por más de 12 puntos porcentuales (55,99% vs 44,01%) la mayoría del pueblo chileno le dijo no a Pinochet, a su dictadura y a su ilegítima institucionalidad, cimentada dos meses después del golpe con la destrucción física del censo electoral de las elecciones presidenciales de 1970 y las parlamentarias de marzo de 1973.

Para quienes tuvimos el honor de ser observadores internacionales, aquellos días de octubre de 1988, las 24 horas desde las 8 de la mañana del 5 de octubre hasta el amanecer del día después estarán grabadas siempre en nuestros corazones, como también la espontánea celebración de la victoria del «No» en la Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins junto a chilenos y chilenas de toda condición y edad. Aún hoy nuestros ojos recuerdan las cumbres nevadas de los Andes, el discurrir del río Mapocho, el paseo frente al Palacio de la Moneda, las colas en el Estadio Nacional para votar según el género, la visita al cementerio para depositar flores en la tumba –sin nombre— de Salvador Allende, el desborde intergeneracional en aquella concentración masiva para recibir a las  columnas de la Marcha por la alegría el sábado 1 de octubre en la Panamericana Sur, la emoción cuando aparece Víctor Manuel y canta Mujer de calama, el respeto contenido escuchando a la hija del Presidente Allende leer el saludo de su madre, Hortensia Bussi: "Chile ha despertado. Ésta no es la victoria de un partido o coalición. Es la victoria del pueblo"… 

Tampoco olvidamos momentos de temor. Aquellas horas cuando los apagones en la capital chilena el sábado después de la concentración y la víspera del plebiscito, mientras se rumoreaba que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez había dinamitado unas torres de electricidad, y luego se supo que todo era obra paramilitar de la dictadura para crear un clima de caos y miedo. También intranquilizaban los esporádicos sonidos de petardos o disparos en aquella noche expectante del recuento, mientras los engominados «voceros» de la dictadura no acababan de dar los resultados y la zozobra surgía en aquellas horas de corrillos y conversaciones en tono bajo donde se barruntaba la posibilidad de un autogolpe de estado para dar por finiquitado el plebiscito. Ahora sabemos por los documentos desclasificados de la DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa) y la CIA (Agencia Central de Inteligencia) de Estados Unidos –liberados entre 1999 y 2000, y a partir de los cuales el investigador Peter Kornbluh escribió Pinochet: Los Archivos Secretos–, que aquellos pensamientos no estaban desencaminados. Algo cambió en el ambiente cuando el jefe de la Fuerza Aérea (FACh), general Fernando Matthei, apareció en TV y declaró: «parece que realmente ganó el No, al menos para mí, lo tengo bastante claro ya». La alegría, los vítores, los aplausos, también las lágrimas por los ausentes, explotó en el hotel Santiago Plaza donde el Comando por el No había instalado su cuartel de campaña para el recuento.  De los abrazos y los besos nos fuimos a dar un paseo por La Moneda aquella noche, ya madrugada, del miércoles 5 de octubre, antes de regresar a nuestro hotel.

En el aparcamiento del Santiago Plaza nos cruzamos y saludamos al exsenador comunista desde 1965 Volodia Teitelboim, recién regresado del exilio, y que un año después sería elegido secretario general del PCCh. Previos contactos telefónicos de confirmación, días después –o unos días antes, cosas de un tiempo semiclandestino—, pudimos concertar una reunión con Camilo Contreras, el secretario general de las Juventudes Comunistas de Chile (JCCh) que, si hacemos caso a Wikipedia, debía de ser Lautaro Carmona, actual presidente del Partido fundado por Luis Emilio Recabarren. Tras no pocos retrasos finalmente llegamos a una casa de una población donde nos esperaba un grupo de la dirección de la Jota –incluida la seguridad militante de la dirigencia– y el propio Carmona. Nos abrió la puerta una vieja compañera de la Jota, con la que uno de nosotros, Alfonso, se había encontrado en la fiesta de la Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI) en Bolonia siete años antes –la serie La sangre del camaleón basada en el hecho real de la doble vida de Mariano Jara Leopold simboliza, no sólo, pero muy especialmente, la arriesgada vida de los militantes comunistas que combatieron la dictadura pinochetista desde la clandestinidad–. Mantuvimos una larga conversación sobre la situación del país, la campaña, las expectativas y los escenarios con aquella pregunta tan nuestra en los setenta  que en Chile se hacían aquel 5 de octubre, después de Pinochet qué. Otro de nosotros, Jesús, con su credencial de prensa oficial, expedida por la División Nacional de Comunicación Social (DINACOS) del gobierno de la dictadura, pudo acceder al Edificio Diego Portales, el centro de cómputos del Ministerio del Interior, donde se informaba a los corresponsables extranjeros, y allí se encontró con el periodista José Luis Gutiérrez, mientras ambos se comunicaban por teléfono con Madrid, él con la redacción de Diario 16 y Jesús con la de Mundo Obrero.

Aquellos días «cuando pisamos las calles, nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada», hicimos miles de fotos, recorrimos sedes de partidos, periódicos y emisoras de radio, nos reunimos con organizaciones juveniles y estudiantiles, con la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, creamos una red de contactos que perduraría y daría como resultado una colaboración activa entre el Consejo de la Juventud de España y la plataforma chilena de organizaciones juveniles que se creó años después. 

Por la noche, cada día, nos apostábamos frente al televisor del City Hotel en la calle Compañía 1063, donde nos alojábamos, a ver los informativos y la franja del no, los spots del Comando del No. Uno de los días vimos aquel minuto y medio televisivo de Ricardo Lagos, que en realidad se había producido en una entrevista en abril de 1988, pero que nosotros vivimos como si fuera en tiempo real, cuando señalando con el dedo a la cámara, e imaginariamente al dictador, Lagos dijo: 

«Usted, general Pinochet, no ha sido claro con el país [...] Le voy a recordar que el día del plebiscito de 1980 dijo que usted no sería candidato para 1989 [...] Y ahora, le promete al país otros ocho años con tortura, con asesinato, con violación de los derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Chileno alguno nunca ha estado así... Raquel (Correa), usted me va a excusar, pero hablo por 15 años de silencio. Y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada, civilizadamente, a través del triunfo del No»

Aplaudimos a rabiar, saltamos de los sillones y nos convencimos de que el No triunfaría días después, el miércoles 5 de octubre. También vimos a un lastimoso Pinochet en la noche del sábado 1 de octubre en una fabricada entrevista «pedir perdón» ante unos serviles y humillantes periodistas del Sí.

La diferencia entre  el clima  positivo, esperanzador, humano, alegre, sensible, casi pop de la campaña de la oposición a la dictadura y el discurso rancio, triste, cansino, manipulador, amenazador, viejo, de aire noir del dictador y sus secuaces visto por televisión nos confirmaba lo que por la mañana y la tarde veíamos en los diferentes encuentros, ya fuera en la universidad o en las poblaciones, ya fuera con los representantes del instrumental Partido por la Democracia (PPD) o del Partido Comunista de Chile (PCCh). Había un abismo entre el arco iris del No y las gafas negras del dictador.

A pesar de las diferencias tácticas entre el Comando del No y la recién creada plataforma de la Izquierda Unida, que incluía al marginado y acribillado Partido Comunista de Chile, gradualmente, día a día, observamos cómo la marea popular unía a unos y a otros, a viejos militantes y a jóvenes combatientes detrás de una única bandera, el no a la dictadura, el sí a la democracia por recuperar. Era una marea unitaria que propugnaba «un Chile para todos» como  se cantaba en Chile, la alegría ya viene.

Para quienes éramos adolescentes en la transición española, asistir al plebiscito de 1988 fue reparador. Cuando nosotros nos iniciábamos en la política y la democracia era recuperada en nuestro país, todo el cono sur, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay conoció un genocidio, el mismo que décadas antes había vivido España. A este lado transatlántico, ya con la democracia consolidada, vivíamos con intensa fraternidad la combativa lucha juvenil latinoamericana contra sus dictaduras. Nosotros tuvimos la fortuna de ser observadores internacionales en el plebiscito, entre 400 españoles, como Adolfo Suárez y Nicolas Sartorius, junto a alcaldes, senadores, eurodiputados del CDS, PSOE y PCE-IU. Hubo dos personas que no pudieron acudir al plebiscito, como era su intención, por el veto de la dictadura, nuestro Joan Manuel Serrat y el argentino premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel.

No todo fue política, observar y acompañar la movilización del pueblo chileno por el No. También hubo tiempo para comprar y comer pescado en el mercado de Santiago, pasear por esa urbe llana entre las faldas de los Andes y la cordillera de la Costa, olfatear ese característico olor a gasóleo –que esperamos se haya reducido en plena emergencia climática–, o tomar unos tragos por Bellavista a los pies del Cerro de San Cristóbal y acudir a alguna sala de fiesta… Pero lo que pasó en Santiago se queda en Santiago.

La alegría llegó aquel 5 de octubre, pero aún tuvieron que pasar años para desmontar el entramado institucional forjado a fuego y tortura por los milicos. La otra cara de la dictadura, el experimento neoliberal de los Chicago boys, aún duró más tiempo que el gobierno militar, produciendo estragos sociales como la privatización de las pensiones que condena a la miseria a los mayores jubilados, o como la desigualdad tallada en los colegios públicos dirigidos a «la domesticación» y los colegios privados dirigidos a preparar a los futuros «domadores». El estallido social de octubre de 2019 a marzo de 2020, y antes las luchas estudiantiles, fue el basta ya chileno que abrió la alameda para el nuevo gobierno con el Presidente Boric a la cabeza junto a Camila Vallejo en la portavocía, antiguos dirigentes estudiantiles, forjados en aquellas luchas y que nacieron precisamente en 1988, o un par de años antes o después de aquel 5 de octubre del No a la dictadura.

Con ellos y ellas, con la nueva generación chilena democrática, el Chile que soñó Salvador Allende está hoy más cerca de ser una realidad, y con la misma serena convicción del expresidente al ganar las presidenciales el 4 de septiembre de 1970, en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), sus palabras hoy marcan el método y los objetivos del actual gobierno de Chile: «Les digo que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez más grande a Chile, y cada vez más justa la vida en nuestra patria».

_____________________________

Jesús Montero fue secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas de España (1984-1989). Alfonso Puncel fue vicepresidente del Consejo de la Juventud de España (1988-1991) en representación de la UJCE.

Ambos son suscriptores de infoLibre, y junto a Ignacio Santos, presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Consejo de la Juventud de España en 1988, viajaron a Chile del 28 de septiembre al 7 de octubre para participar como observadores en el plebiscito de 1988 convocado por Pinochet para perpetuarse en el poder y cuyo rechazo provocó su dimisión como presidente de Gobierno, aunque seguiría unos años como senador, y un año después la elección presidencial del candidato de la Concertación, Patricio Aylwin, después de 16 años de dictadura militar.

Cada año, en vísperas del 11 de septiembre, parte de los chilenos recuerdan la efeméride con concentraciones, homenajes y minutos de silencio en memoria de quienes perdieron la vida o sufrieron a consecuencia del golpe de Estado de Augusto Pinochet, que impuso una dictadura militar entre 1973 y 1990.

Este año, los rituales comenzaron mucho antes debido a la importancia simbólica e histórica del cincuenta aniversario del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende, truncó las esperanzas de la izquierda y cambió el destino del país.

En el marco de las conmemoraciones oficiales, el gobierno de Gabriel Boric convocó a los partidos políticos a firmar un compromiso con la democracia en un acto titulado "Por la democracia, hoy y siempre". Sin embargo, en la oposición, el bloque de partidos de derecha, Chile Vamos, y el ultraderechista Partido Republicano rechazaron la oferta.

Este rechazo se inscribe en una serie de discursos negacionistas, victimistas y revisionistas que han florecido en los medios de comunicación, en el Congreso Nacional y de forma general en el debate público. "Guiados por la preocupación por el futuro y el bienestar del país, haremos todo lo posible para que todos trabajemos juntos en la promoción y protección de la democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos", dijo Gabriel Boric.

La ex presidenta socialista Michelle Bachelet, que se reunió con Boric el lunes 4 de septiembre en el Palacio de la Moneda de Santiago, afirmó que "sería incomprensible que alguien rechazara un acuerdo que busca unirnos y no dividirnos" y expresó su preocupación por el "ambiente político tóxico" y una posible reacción violenta.  

El pasado mes de junio, Jorge Alessandri, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), justificó en la radio el derrocamiento de Salvador Allende: "Me hubiera gustado que hubiera sido un gobierno autoritario muy corto, que hubiera restablecido rápidamente la democracia, pero creo que íbamos por un camino muy peligroso para el país". Luego, Luis Silva, miembro del Partido Republicano en la Segunda Asamblea Constituyente, dijo que sentía "admiración" por Pinochet.

"Cincuenta años después del golpe de Estado, es preocupante ver este negacionismo y que todavía se intente justificar o validar un golpe de Estado, una dictadura que violó los derechos humanos, que masacró a gran parte de nuestro pueblo, que lo persiguió políticamente, que torturó y causó heridas que perduran hasta el día de hoy", declaró la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo.

Según un estudio de la consultora Cerc-Mori titulado "Chile a la sombra de Pinochet", el 36% de los encuestados cree que los militares hicieron bien en tomar el poder en 1973. En la calle, la extrema derecha ha convocado concentraciones para "celebrar" esa fatídica fecha, una negación del balance de la Junta establecido por las distintas "comisiones de la verdad y la reconciliación" creadas tras la dictadura, ya sea el informe Valech o el informe Rettig. Estos trabajos cifran en 40.175 el número total de víctimas, entre muertos, desaparecidos, torturados y detenidos.

Para la socióloga Carmen Pinto Luna, de la Universidad de La Plata, Chile se encuentra en un "período caliente de su historia", ya que la revuelta social de 2019 y luego el intento de reemplazar la Constitución heredada de Pinochet han caldeado los ánimos. "Ya pasamos por la misma situación cuando Pinochet fue encarcelado en Londres [en octubre de 1998]. Hubo un resurgimiento. También hay que recordar que en aquella ocasión, por primera vez, al menos en televisión, se le llamó 'dictador', cuando antes se le llamaba presidente militar o simplemente presidente. Y hablábamos de gobierno militar, no de dictadura. Hasta 1998 no empezamos a utilizar esas palabras y definiciones. Hoy es lo mismo, porque no hay que olvidar que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 estableció una memoria fundacional, una memoria instituida por los militares", explica.

La socióloga es miembro del directorio de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, donde se encarga, de forma voluntaria, de la difusión del centro de documentación y los archivos. Las oficinas están llenas de expedientes y cajas con revistas, documentos, relatos y pruebas de los horrores de diecisiete años de régimen militar. El problema, en su opinión, es que existe un desfase entre lo que ocurrió, la percepción actual del golpe y la forma de afrontarlo en el futuro. "No podremos construir el futuro si no encontramos una forma de resolver esto.” 

Para Jorge Lagos, miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, el proceso constituyente ha reforzado la polarización de la sociedad. "Cuando hablamos de cambiar la Constitución, estamos hablando de la Constitución de Pinochet. Esto ha hecho que resurja la discusión", afirma.

Una de sus colegas, Marcia Tijero, cree que el rechazo a la nueva Constitución el 4 de septiembre de 2022 por el 62% de los votos ha dado una sensación de poder a los grupos de extrema derecha. "En definitiva, hay terreno abonado para un discurso mucho más reivindicativo a favor de un golpe de Estado, con la presencia mayoritaria de los republicanos en la actual Asamblea Constituyente", sostiene. Con 33 escaños, el Partido Republicano tiene poder de veto sobre todas las decisiones que tome la nueva Asamblea Constituyente. 

Además, el proceso de justicia transicional, que comprende varias etapas (búsqueda de la verdad sobre los hechos y responsabilidades del pasado, justicia, reparación, indemnización a las víctimas, compromiso de no repetición, memoria), ha sido imperfecto. Según Marcia Tijero, ninguna de ellas se ha respetado plenamente.

El fracaso es atribuible al Estado chileno, que no ha sido capaz de llevar a cabo un proceso social de conocimiento de la verdad, lo que ha impedido que las heridas cicatricen y que los culpables rindan cuentas. "El resultado de todos estos factores es que los grupos golpistas han gozado de una sensación de impunidad durante cincuenta años. Ahora ellos mismos se atreven a reivindicarlo, y nos encontramos con un Estado que no hace nada para frenarlo y con ciudadanos que, aunque no vivieron el golpe o no tienen antecedentes familiares vinculados a él, pueden creer lo que se dice", afirma.

Este sentimiento de impunidad se ha visto reforzado por el destino reservado a los descendientes de Pinochet, que han podido beneficiarse de la fortuna acumulada por el dictador durante sus diecisiete años en el poder. En febrero se conoció el testamento de su viuda, Lucía Hiriart, que falleció en 2021, en el marco de un litigio iniciado por un organismo público que reclama a los herederos de Pinochet unos 17 millones de dólares.

Un tribunal ha establecido que la familia Pinochet Hiriart había malversado fondos reservados durante la dictadura. Además, el dictador abrió una serie de cuentas bancarias secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos para ingresar los frutos de su malversación, como reveló el Washington Post en 2004. Augusto Pinochet murió en 2006 sin haber sido nunca condenado por crímenes contra la humanidad o enriquecimiento ilícito.

Durante cuarenta y siete años, el abogado Nelson Caucoto ha luchado por la justicia para las víctimas de la dictadura. "El negacionismo tiene sus raíces en la desinformación. Es algo evidente y nadie me va a convencer de lo contrario. Ahora bien, deberíamos haber aplicado una de las recomendaciones del informe Rettig: incluir los derechos humanos en la educación chilena, pero todavía hay universidades y colegios que no los enseñan", subraya, señalando el rol de los medios de comunicación y sus deficiencias en esta materia.

También señala la impunidad que ha reinado durante treinta años. El cambio no empezó hasta principios de los años 2000, con la creación de una fiscalía dedicada exclusivamente a investigar los crímenes de la dictadura. Caucoto profesa cierto optimismo, a pesar de que el INDH afirma que apenas el 10% de los casos de violaciones de los derechos humanos han llegado a juicio: "Estoy impresionado por esos jueces, pero también por el poder judicial chileno, que han hecho posible este avance. Hoy tenemos cerca de 1.600 causas abiertas en los tribunales. No estoy seguro de que eso exista en otros países cincuenta años después".

Uno de los casos más emblemáticos fue el del cantante Víctor Jara, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el régimen de Pinochet y de la búsqueda de la verdad y la justicia. A finales de agosto, dos semanas antes de las conmemoraciones, el Tribunal Supremo confirmó la condena de siete militares por su secuestro y asesinato. El abogado está encantado con esa decisión. “Vamos por el buen camino", afirma, "porque también hay que reconocer la valentía de los jueces que han logrado hacer avanzar esta causa y de los magistrados que se han atrevido a condenar.”                                                          

Incluso con retraso, la justicia está aquí. Una señal, dice, que contribuirá a reforzar la cultura de los derechos humanos y a acabar con el negacionismo.

Traducción de Miguel López

Los resultados significaron una victoria para la Unidad Popular y una derrota para la derecha. Del 36,2 % de los votos en 1970, la coalición gobernante pasó al 43,3% consiguiendo medio millón de votos más que en la elección anterior.

La derecha fue unida a aquellas elecciones en una coalición, la CODE formada por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Consiguió el 54,71% de los votos, pero bajó en número de diputados y senadores con respecto a la composición de la Cámara y Senado anteriores.

No pudo conseguir la acusación constitucional contra Allende, es decir su destitución porque para ello se necesitaban los dos tercios del Senado que la coalición derechista no alcanzó. Quedó claro que por la vía parlamentaria no era posible la destitución de Allende y que el respeto a los resultados electorales y a los métodos democráticos exigía esperar hasta las elecciones de 1976.

No ha habido gobierno democrático en el mundo que haya debido atravesar más dificultades que el de Salvador Allende en esos dos años y cuatro meses; sin embargo su apoyo popular aumentó.

Desde el momento de su elección, la oposición exterior e interior se trazaron como objetivo derrocar a Allende, incluso antes de su toma de posesión, mediante vías parlamentarias, estrategias de continua desestabilización y creación de caos con la alternativa del golpe siempre en el horizonte hasta que éste se pudo concretar.

“La actuación del Gobierno Popular no fue reticente o adversa a las libertades públicas y cívicas sino todo lo contrario. Permitía alcanzar las libertades sociales no sólo manteniendo sino vigorizando las libertades políticas y cívicas, al hacerlas más concretas”, explica Joan Garcés en su libro Chile: El Camino Político hacia el Socialismo” una obra escrita en 1971, cuando Garcés asesoraba al presidente Allende, quien, por su parte, afirmó: “Mi mayor fuerza reposa en la legalidad”, cumpliendo en la práctica con dicho propósito durante todo su mandato.

Sin embargo, otra llamada democracia mucho más poderosa se propuso desde el primer momento impedir, por los métodos que fueren necesarios, la implantación de un proyecto por vías democráticas que amenazaba sus intereses de gran potencia y los de sus clases dominantes.

Los intereses económicos concretos de Estados Unidos en Chile hubieran podido ser prescindibles para la gran potencia, sin mayores problemas. Su oposición al proyecto de socialismo en libertad y pluralismo en Chile fue de orden político por la amenaza que suponía para su orden global y por el contagio que el ejemplo chileno podía tener en América Latina.

Allende y la Unidad Popular no buscaban un régimen de tipo soviético ni alinearse con la URSS, sino con los No Alineados, pero eso no importó. El gobierno de Estados Unidos de aquel momento dejó evidente que para la gran potencia la democracia era secundaria, si se ponían en peligro sus intereses. Me temo que tal norma de conducta sigue vigente en los gobiernos de Estados Unidos. En diciembre de 1973, le fue concedido a Kissinger el premio Nobel de la Paz, sin que la evidente implicación del Secretario de Estado de Nixon en el golpe y el apoyo explícito posterior a Pinochet hayan motivado a Estados Unidos para cuestionar tal designación.

La potencia norteamericana utilizó todos sus recursos legales e ilegales contra la democracia chilena; boicot económico y de créditos, maniobras para rebajar los precios de las materias primas chilenas; financiación de campañas de prensa y de las organizaciones de derecha y extrema derecha; pago directo a camioneros en huelga, operaciones encubiertas y finalmente apoyo concreto, es decir militar, hasta donde hiciera falta a los militares golpistas.

El 11 de septiembre de 2023, a los 50 años del golpe, es buena fecha para que a quien corresponda en Estados Unidos, permita la desclasificación de todos los documentos secretos sobre su implicación en el golpe y pida perdón por la conducta golpista y antidemocrática contra un gobierno democrático.

En la película Desaparecido (Missing) de Costa Gravas, basada en el hecho real del asesinato del norteamericano Charles Horman por la dictadura de Pinochet, el funcionario de la embajada asegura al padre de Horman que lo que hacen en Chile es para defender sus intereses. La cámara recorre los jardines y patios de la sede vacíos, en contraste con los de otros muchos países llenos de refugiados. Nadie pidió asilo en Estados Unidos en aquellos días. Como reza el cartel de la película: Charles Horman se creyó a salvo por ser norteamericano. La familia de Horman creyó que por ser norteamericana les dirían la verdad. Ambos estaban equivocados.

En 1970,la primera mayoría relativa en las elecciones, la de Allende, necesitaba el respaldo parlamentario, por mandato constitucional, para poder gobernar; respaldo que se obtuvo con el apoyo de la Democracia Cristiana, obteniendo el candidato de la Unidad Popular el respaldo de 153 diputados. El poder político se obtuvo por las vías institucionales del sistema político vigente en aquel momento histórico de Chile.

Según  explica Garcés en la obra citada, el objetivo del gobierno era consolidar el predominio de los sectores populares y proletarios por un lado. En el orden económico, el objetivo era encarar el desafío de tener que satisfacer simultáneamente parte de las necesidades materiales más dolorosamente sentidas por los trabajadores y al mismo tiempo llevar a cabo las profundas transformaciones socioeconómicas que el programa de la Unidad Popular exigía. El gobierno de Allende necesitaba la expansión económica ininterrumpida y acelerada, la eficacia económica como requisito sine qua non. La política económica de los gobiernos conservadores y de sus capas dominantes había llevado a Chile al estancamiento

El gobierno popular era consciente de que sus decisiones generarían la respuesta de los sectores sociales amenazados por dichas medidas. El requisito imprescindible para afrontar esa oposición era  la unidad y cohesión de las fuerzas populares. La oposición buscó en todo momento la quiebra del movimiento obrero, el enfrentamiento entre trabajadores y el caos.

Particular importancia adquirió el apoyo o al menos la neutralidad de los sectores medios y la pequeña burguesía también beneficiados por algunas de las medidas del gobierno popular. Como también expone Garcés, el hecho político fundamental era conseguir privar a la clase dominante de la base de apoyo social que le permitiera enfrentar física y emocionalmente al gobierno por persona interpuesta o mejor dicho por capas sociales interpuestas. Objetivo que estaba unido al papel de las Fuerzas Armadas ya que, pensaba Garcés en 1971, “si la clase dominante logra movilizar a sectores medios de la pequeña burguesía y con mayor razón a trabajadores, la intervención militar parece lógicamente inevitable”.

Los paros empresariales de 1972 fueron la culminación de la estrategia opositora con el apoyo norteamericano, consiguiendo la movilización antigubernamental de camioneros, comerciantes y colegios profesionales. La crisis ocasionada por dichos paros motivó la entrada de los militares en el gobierno con el general Prats, que siempre se mantuvo leal al orden constitucional, a la cabeza; fue asesinado por Pinochet en 1974. El general Bachelet, detenido y torturado después del golpe, fue nombrado responsable de la Secretaría de Distribución, entidad capital en aquellos momentos. La trama golpista de las Fuerzas Armadas permanecía en la sombra: muchos chilenos seguían creyendo en la imposibilidad de un golpe por parte de sus ejércitos.

El momento crucial para la oposición y el gobierno llegó con las elecciones de marzo de 1973. A pesar del paro de 1972 y de sus éxitos, el apoyo popular a Allende subió y la oposición unida fue incapaz de derrocar a Allende por la vía constitucional. El respeto a la democracia exigía que el Gobierno siguiera su andadura hasta las elecciones de 1976, pero gran parte de la oposición abandonó los métodos democráticos y se lanzó de lleno al golpismo con todas sus consecuencias.

Posiblemente los dirigentes políticos de la derecha sabían que el golpe militar significaba también su desaparición política al menos durante un tiempo. Ni los militares ni Estados Unidos les iban a devolver graciosamente el poder perdido, pero optaron por la vía golpista. Ellos son también responsables del golpe y de la represión consiguiente.

La preparación del golpe se puso en marcha, pero llevó su tiempo. En junio de 1973 la precipitación de algunos militares puso en peligro la trama con el conocido como Tancazo, golpe prematuro fracasado. Pinochet, con metralleta en bandolera, estuvo en la Alameda de Santiago parando el golpe fracasado. Muchos creyeron que estaban ante un militar constitucionalista.

Para el gobierno y los partidos de la Unidad Popular, marzo de 1973 también fue un momento crucial. Era cierto que  las elecciones demostraban que se había ganado apoyo popular, lo que confirmaba que el camino emprendido era adecuado, pero el Paro de 1972 demostraba también que sectores medios y populares se estaban alejando del apoyo tan necesario para el Gobierno y la coalición, como se ha señalado.

Surgieron opiniones que pedían frenar el proceso sobre todo en la consolidación del área social de la economía, limitando el número de empresas estratégicas y devolviendo alrededor de 100 empresas y revirtiendo la participación de los trabajadores en la gestión.

Para los sectores de la Unidad Popular más comprometidos con el proceso, esta propuesta, concretada en un llamado informe Millas que algunos atribuyeron a los militares reformistas, suponía una marcha atrás irrecuperable y el fin del proceso democrático hacia el socialismo, por lo que insistieron en “avanzar sin transar” y “crear poder popular”, consignas defendidas sobre todo por el Partido Socialista. 

Sin embargo, la decisión golpista de la derecha y de los norteamericanos estaba tomada. Los sectores más progresistas de la Democracia Cristiana fueron apartados. Se hizo realidad, en su parte más negativa, el vaticinio de Radomiro Tomic, en 1970: “O la revolución democrática y popular dando forma a un inmenso esfuerzo de participación para que el pueblo de Chile alcance otro horizonte y un nuevo destino o el colapso institucional dividirá gravemente a los chilenos contra sí mismos”.

En las fechas de marzo a septiembre de 1973, gran parte de la Democracia Cristiana y sobre todo la derecha y las clases dominantes no querían hablar de revolución democrática y popular. Apostaron, en defensa de sus intereses, por el golpe sangriento, la represión y la violación de los derechos humanos, rechazando cualquier posibilidad de entendimiento con Allende.

Pese a lo que ahora, 50 años después, intenta afirmar la derecha chilena y de fuera de Chile, Allende no es el responsable del golpe, que según el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón nunca debería haberse producido. No basta con dolerse o criticar las desapariciones, los asesinatos, la represión. Lo que hay que decir muy alto es que el golpe nunca debería haberse producido.

Garretón, en su obra El Proceso Político chileno, editado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), aporta también críticas al gobierno de Allende. En su opinión se pecó de economicismo haciendo demasiado hincapié en el área social de la economía y olvidando los aspectos del Estado popular y culturales, olvido que motivó, en su opinión, el alejamiento de sectores populares.

La Unidad Popular padeció, según Garretón, un vacío teórico, por lo que no supo analizar debidamente la relación con los sectores medios y la importancia de los valores culturales en la sociedad chilena.

Los errores del gobierno popular se hubieran podido corregir en el devenir del proceso democrático, pero no fueron tales errores los que determinaron el golpe.

Las capas dominantes chilenas y la potencia imperial decidieron acabar no sólo con el gobierno de la Unidad Popular sino con la democracia chilena vigente desde la Constitución de 1925, para impedir la consolidación de la democracia e instaurar un nuevo modelo económico, el modelo neoliberal, defendido por una dictadura militar, y así lo hicieron. 

_______________________

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

Se cumplen este lunes cincuenta años del golpe mediante el que una Junta Militar encabezada por el general Augusto Pinochet acabó con la democracia chilena e instauró una dictadura cruel que causó miles de muertos, desaparecidos, torturados y exiliados. El presidente Salvador Allende, cercado por carros de combate en el palacio presidencial de La Moneda, bombardeado además por cazas de la Fuerza Aérea, prefirió quitarse la vida antes que caer en manos de los facciosos.

Allende y Pinochet han representado –y en buena medida siguen representando– dos polos opuestos como referentes políticos, tanto en Chile como más allá de sus fronteras: el civil portador de los más altos valores republicanos frente al militar tosco y brutal.

Desde aquel 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet ejerció el poder sin restricción alguna, y lo hizo hasta que la inesperada victoria del NO en el plebiscito de 1988 amputó su mandato de forma sorprendente.

Pese a ello, durante los años en que, tras verse obligado a abandonar la presidencia de Chile, continuó como Comandante en Jefe del Ejército, se mantuvo amenazante hasta que, fatalmente para él, viajó a Inglaterra en 1998. Allí murió (políticamente, se entiende), tras pasar más de quinientos días retenido por la policía británica a la espera de la resolución de sus tribulaciones judiciales para evitar ser extraditado a España.

Hoy, frente al Palacio de La Moneda en la capital chilena, una estatua afable de Salvador Allende preside la amplia y hermosa explanada. Jamás habrá sitio en ella para Augusto Pinochet Ugarte. Ya no quedan ni sus huesos, convertidos en cenizas por sus familiares para prevenir una hipotética profanación de la tumba.

Los treinta y tres años que mediaron entre la muerte de Salvador Allende y la suya estuvieron marcados para Pinochet por el dramático final del líder socialista y su conversión en mito internacional de la ejemplaridad republicana. Mientras que Allende fue entronizado como un mártir de la democracia y un referente para los progresistas del mundo, Augusto Pinochet hubo de soportar el indeleble estigma de haber sido el máximo responsable de la muerte del prócer y de haber instaurado una dictadura larga y sangrienta en Chile.

Tras su muerte, sobre Allende se propagó una especie de leyenda dorada, mientras que el propio Pinochet se labró una imagen siempre negativa que el general reforzó tras sus gafas de pasta negra y su gesto permanentemente adusto. Es cierto que el dictador gozó de gran predicamento entre los suyos durante el tiempo que duró su vida política, por lo menos hasta 1998, pero después de la retención londinense se airearon trapos sucios económicos −suyos y de su familia− que perjudicaron extraordinariamente su figura.

La llamada leyenda dorada que entronizó al fallecido presidente Allende se extendió con rapidez y fortuna y pervivió en el tiempo. La tremenda e irresistible personalización del régimen militar convirtió en indiscutibles una serie de antinomias entre ambos personajes. La primera de ellas es la idiosincrasia de cada uno de ellos; uno, un general con marcado y severo perfil militar; el otro, un personaje político de naturaleza civil e ilustrada. Sobre esta base tomaron cuerpo sus rasgos más definitorios: la cobardía de un militar taimado y traidor, frente al valor y la coherencia de un presidente sin doblez.

No solo sus formas de acceder al poder fueron opuestas −golpe de Estado frente a elección democrática−, además también lo son las formas de ejercerlo: Pinochet lo hizo de manera dictatorial y sin piedad para con sus enemigos, mientras que Allende intentó desarrollar su ideal revolucionario a través de la democracia según era concebida en aquellos años desde la izquierda política. No en balde sus discursos representan dos polos opuestos de la comunicación: es la brillante oratoria del demócrata frente a la austeridad castrense del dictador; el discurso del tribuno culto e ilustrado frente a la arenga autoritaria y la limitación verbal.

Medio siglo después del ominoso golpe militar, Pinochet está universalmente condenado como responsable de una dictadura que violó los derechos humanos de forma dantesca, cuantitativa y cualitativamente.

En cuanto al doctor Allende, sigue encarnando una serie de virtudes entre las que figura la coherencia en el compromiso con sus partidarios, llegando hasta la asunción del martirio en defensa de sus principios. Puede aducirse que es una lectura biográfica incompleta y que omite los errores que se le pueden atribuir en la dirección de un proceso que tuvo demasiada confrontación interna en la coalición de gobierno, la Unidad Popular. Además, se debe añadir que Allende se propuso, pese a la entidad y la fuerza de sus enemigos y en plena Guerra Fría, que Chile sería como Cuba. Los soviéticos nunca pensaron en apoyarlo, y desde Washington hicieron de todo para evitar que fraguara lo que consideraban un inaceptable eje La Habana-Santiago.

No obstante, aun con esas valoraciones críticas, no cambiará la visión mayoritariamente positiva del hombre que, en su empeño por hacer de Chile un país más libre y justo, fue capaz de inmolarse en el Palacio de la Moneda en aquel lejano 11 de septiembre del año mil novecientos setenta y tres.

Aquel día se impuso el general, por la fuerza de las armas. Hoy, cincuenta años después, no cabe duda de quién es el ganador: Allende venció a Pinochet.

____________________________________

Joan del Alcàzar es catedrático de Historia Contemporánea en la Universitat de València.

En memoria del presidente constitucional Salvador Allende.

Quien fuera asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado de los EEUU entre 1969 y 1977 cumplió un siglo el pasado mes de mayo. Destacado actor de la doctrina de política exterior denominada realismo, impulsada por el politólogo Hans Morgenthau (1904-1980), quien definía la política como “la lucha por el poder. Independientemente de cuál pueda ser su fin último, el poder es su objetivo inmediato”. 

Kissinger ha sido calificado de coloso diplomático. Un hombre que accedió al poder a causa de su sobresaliente inteligencia. The Economist dice de él que ninguna otra persona viva tiene más experiencia en las relaciones internacionales. El senador republicano John McCain (1936-2018), que perdió en 2008 las elecciones presidenciales ante Obama, dijo de él en 2013 que su papel fue fundamental “para nuestra nación en los tiempos más difíciles, con sus importantes opiniones y análisis sobre nuestra política de seguridad nacional. Es un hombre que ocupa un lugar único en el mundo”. Ciertamente, en los años setenta del pasado siglo, varios sondeos de opinión daban fe de que el bávaro emigrado y nacionalizado norteamericano era el hombre más admirado en su país de acogida. Y décadas más tarde había (y hay) un importante sector (no solo norteamericano) de las áreas política, económica y social que continúa profesando esa admiración, prácticamente reverencial. Buena prueba de ello fue el llamativo homenaje que se le rindió en mayo de 2013 con ocasión de su noventa cumpleaños. A él asistieron, entre otros,  nada menos que Bill y Hillary Clinton, John Kerry, James Baker, Condoleezza Rice, George Schultz, John McCain, Michael Bloomberg y el expresidente francés Valéry Giscard d’Estaing. Aun a título anecdótico, es de señalar que dos años después Donald Trump elogiaba igualmente al coloso. 

No pretendo disminuir la talla del mismo en lo que a  trascendentales logros en política exterior se refiere. Sin duda colosales fueron las acciones que condujeron a la distensión con la Unión Soviética, lo que modificó la guerra fría o la apertura hacia China, sellada con la visita de Nixon a Pekín en 1972, que sirvió además para adoptar una posición de ventaja hacia Moscú. Desde luego fue significativa (si bien un tanto sui generis) su estrategia para poner fin a la guerra de Vietnam. Él y su contraparte norvietnamita negociadora, Luc Duc Tho, firmaron en 1973 un acuerdo de paz por el que les fue otorgado conjuntamente el premio Nobel de la Paz ese año. Sin embargo, Luc Duc Tho no lo aceptó, afirmando que los términos del acuerdo no se respetaban y que Estados Unidos continuaba operando en Vietnam del Sur. En efecto, la guerra continuó hasta que en 1975 el ejército norvietnamita tomó Saigón y forzó la retirada norteamericana. No obstante, el coloso no tuvo reparos para aceptar el Nobel en 1973, si bien de forma asimismo sui generis. No  acudió a recogerlo a Estocolmo y comisionó a un ayudante para que pronunciara el discurso de aceptación, algo que, por vez primera, provocó la dimisión de dos miembros del comité seleccionador del premio.

La filosofía política del ilustre cumpleañero, su idea central, ha consistido en la necesidad de la existencia de un mundo gobernado mediante equilibrios de poder en el que rigen los intereses nacionales y no los ideales y valores. Sería deseable una política exterior guiada por valores, pero la “realpolitik” resulta inevitable para una superpotencia. En los intensos años de actividad del coloso esa “realpolitik” ha pesado más que cualquier otra consideración. Como recuerda la historiadora Margaret MacMillan “Kissinger no contesta cuando se le inquiere sobre el hecho de que siempre ha estado dispuesto a sacrificar principios y personas por razones de Estado”. Y ello no solamente contra el parecer de amplios sectores de su propia opinión pública e internacional, sino también contra el de sus propios colaboradores y diplomáticos in situ. Aunque me referiré posteriormente a cómo la “realpolitik” configuró por completo su acción exterior, he aquí un caso concreto referido por el International Herald Tribune (“Nixon and Kissinger’s forgotten shame”, 01-10-2013) sobre la situación en India: “Las cintas de la Casa Blanca relatan cómo en la Oficina Oval Nixon dijo a Kissinger que los indios necesitaban una hambruna masiva. Kissinger se mofaba de quienes lamentaban la muerte de los bengalíes. Insensibles ambos ante el sufrimiento de los bengalíes, a pesar de los detallados informes sobre las matanzas que Archer Blood, el valiente cónsul general norteamericano en Pakistán oriental, les había remitido. Tampoco reaccionaron cuando Kenneth Keating, ex senador republicano por Nueva York y entonces embajador en la India, se enfrentó personalmente a ellos en la Oficina Oval a propósito del genocidio que se cernía sobre la minoría hindú de los bengalíes. Cuando Blood envió un telegrama oficial en el que disentía de la política norteamericana y denunciaba el genocidio, Nixon y Kissinger lo cesaron. Kissinger lo tachó de fanático y Nixon de traidor”. 

En la fiesta homenaje que se le hizo en 2013, McCain taxativamente dijo: “No conozco a ninguna persona más respetada en el mundo que Henry Kissinger”. Osada afirmación sobre una persona que, en 1969, en una recepción en una embajada latinoamericana en Washington, arrogantemente y si tapujos, declaró: “No me interesa, ni sé nada al respecto, la parte meridional del mundo, de los Pirineos para abajo”. Cuando un diplomático chileno le acusó de no entender a Chile, el coloso respondió: “No. Y me da igual. Nada importante puede proceder del sur. El eje de la historia comienza en Moscú, va a Bonn, pasa por Washington y luego a Tokio. Lo que sucede en el sur no tiene importancia”. Christopher Hitchens dijo que Kissinger era un consumado mentiroso con una memoria sobresaliente. Su supuesto desinterés del que hizo gala en esa embajada en 1969 quedó desmentido por su actuación, la de Nixon y la de la CIA tan solo un año más tarde. En las últimas décadas y hasta hoy mismo multitud de documentos oficiales secretos han sido desclasificados. La organización privada norteamericana National Security Archive lleva aire ándolos todo este tiempo. El 22-10-2020 publicó “La CIA y Chile: anatomía de un asesinato”. El 22-10-1970, coincidiendo con la toma de posesión del Gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende, el general René Schneider, comandante en jefe del ejército chileno, fue abatido a tiros. Se había negado a conspirar contra Allende. Los documentos desclasificados son meridianos: “El 15 de octubre, Thomas Karamessines, responsable de operaciones encubiertas de la CIA, se reunió con Henry Kissinger y su asistente militar, Alexander Haig, para ponerles al corriente del estado de la cuestión sobre la preparación del golpe en Chile. Como consta en el acta de esa reunión, Kissinger insistió a la Agencia  que estuvieran atentos a cualquier punto débil de Allende. Al día siguiente la central de Washington comunicó a la sede en Santiago: 'Nuestra política firme y decidida es que Allende sea derrocado por un golpe de Estado'”. Por su parte, el Departamento de Estado contribuyó cínicamente con una carta de pésame que Nixon había de enviar al presidente Allende: 'Querido señor presidente: el impactante atentado contra la vida del general Schneider es una mancha en las páginas de la historia contemporánea. Quisiera trasladarle mi pesar ante este repugnante acto ocurrido en su país'”.

Asesinado Allende el 11-09-1973, el coloso relató puntillosamente pocos días después a Richard Nixon  diversos pormenores no tratados anteriormente. Es sobresaliente su comentario final: “En tiempos de Eisenhower habríamos sido considerados héroes”. El heroico coloso, el que no estaba interesado en nada que viniera del sur, quedó encantado de su reunión en Santiago en junio de 1976 con el golpista, dictador, asesino y torturador Pinochet, a quien dijo: “Es usted víctima de todos los grupos izquierdistas del mundo y su pecado ha consistido en derrocar un Gobierno que iba hacia el comunismo. Nosotros queremos ayudarle, no minarle. Prestó usted un gran servicio a Occidente al derrocar a Allende”.

Asombrosamente, Niall Ferguson califica a Henry Kissinger de “idealista incomprendido”. Prefiero la calificación de Radio Nacional de España, que el 27-05-2023, día de los cien años del heroico coloso, se refirió a él de la siguiente manera: “De intelectual, estadista, brillante negociador y Nobel de la paz, a ególatra, arrogante y criminal de guerra. O todo a la vez”.

____________________

Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

El 11 de noviembre de 1973 el militar Augusto Pinochet tomaba el poder en Chile tras un golpe de Estado al entonces presidente legítimo, Salvador Allende. Desde la casa presidencial, el Palacio de la Moneda, Allende pronunciaba su último discurso a través de la radio antes de quitarse la vida en medio de un bombardeado de aviones y tanques. Un final sangriento a décadas de democracia que daría paso a una dictadura criminal que duraría 13 años. Al golpe militar le sucedieron años de represión, miedo, silencio, detenidos desaparecidos, torturas y la impunidad de un régimen que transformó Chile en la casa de unos pocos privilegiados y en el patio trasero de los más desfavorecidos. Durante la dictadura se redactó la Constitución, vigente a día de hoy pese a sus numerosas modificaciones y que es la que, según las multitudinarias protestas desencadenadas hace un año en el país, ha fomentado desde su redacción las desigualdades sociales.

Este domingo, el pueblo chileno aprobó, con un 78,28% de los votos a favor y un 21,72% en contra, la redacción de una nueva constitución a través de una Convención Constituyente. El plebiscito tuvo un 50,88% de participación, considerada una cifra muy alta en comparación con las últimas elecciones: 45% en 2012 y al 36% en 2016. ¿Qué es lo que ha desencadenado este terremoto político en el país austral?

Todo empezó por un simple billete de metro. En octubre de 2019 el Gobierno de Sebastián Piñera anunciaba la subida del precio del boletoboleto (ticket) de 30 pesos chilenos, lo que derivó en unas inesperadas protestas contra la gestión del Gobierno lideradas precisamente por los más jóvenes. Empezaron siendo asaltos a los andenes de metro para acceder al subterráneo sin pagar, pero fueron transformándose con el paso de los días en protestas sociales masivas.

Chile es el cuarto país latinoamericano en el ranking del índice del Producto Interior Brutoranking  y, además, la primera potencia de la región en el PIB per cápita, el indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Además, según el Banco Mundial, la República chilena ha conseguido reducir sus niveles de pobreza por debajo del 10%.

Pero como explica el economista Pablo Ferrera en un análisis sobre la economía del país, “el índice de Gini presenta un 45% de desigualdad en la distribución de la riqueza”. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe “estimó que el 1% de la población más rica de Chile es dueña del 22% de los ingresos y riquezas nacionales”, explica en  Atalaya. El problema de la República de Chile no es cuánto produce, si no cómo se distribuye.

La Constitución que ahora se pretende cambiar es la base de otras leyes orgánicas que se aprobaron posteriormente, como la de educación, que perpetúa un sistema privado de calidad, pero inalcanzable para la mayoría de la población, y uno público de difícil acceso y con muchas deficiencias. También el Código de Aguas, por ejemplo, deja su explotación en manos de la gestión privada. Las concesiones del agua potable son un monopolio  que deriva en que una sola empresa dicta los precios de un bien esencial.

La subida del precio del metro era, en este escenario, otra medida más en la montaña de desigualdad sobre la que se ha construido Chile desde la dictadura. En una sociedad en la que los ciudadanos pueden endeudarse tanto para comprar una casa como para comprar una barra de pan, la subida del precio del transporte público suponía seguir cavando en un hoyo de pobreza del que nadie tenía ya la esperanza de salir. Al menos, hasta que empezaron las protestas.

Cambios

Lo que el pueblo chileno ha reclamado con un cambio cosntitucional es “un marco legal de seguridad social que asegure ciertos niveles de vida”, explica el abogado especialista en temas constitucionales Ignacio Ried. Y acceso a los sistemas de salud, educación y pensiones, que son privados. Además del reconocimiento de los pueblos indígenas, paridad de género, un régimen político menos presidencialista o un verdadero Estado social de Derecho.

“El gran problema es que el Estado chileno requiere una modernización importante que ningún político ha propuesto seriamente”, explica el abogado. Los sistemas privados funcionan correctamente, pero solo son accesibles para un bajo porcentaje de la población, en un estado en el que el sueldo mínimo son 320.500 pesos chilenos brutos (349 euros). Con lemas como No son 30 pesos, son 30 años o No son 30 pesos, son 30 años oChile despertó los ciudadanos llevan un año saliendo a la calle para reivindicar un marco jurídico más equitativo, que permita reforzar los sistemas públicos de pensiones, educación y sanidad y así alcanzar una sociedad más justa.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo justificaba la baja participación ciudadana de las elecciones chilenas en las siguientes causas: diseño político-institucional; debilitamiento del sistema de representación; creciente erosión en la percepción de la ciudadanía acerca de la eficacia de sus acciones frente al sistema político y las autoridades; transformaciones sociales y económicas que en los últimos 30 años han cambiado radicalmente a la sociedad chilena, afectando su relación con la participación política; cambios sustantivos en el mundo juvenil; y falta de una política sistemática de educación. Este domingo, la participación ha superado el 50%, una cifra alta si se compara con las citas electorales. 

El próximo 11 de abril se escogerán a los 155 constituyentes encargados de la redacción de la nueva carta magna, labor para la que cuentan con un año de plazo. El texto será nuevamente validado por los ciudadanos en 2022.

“Hemos pasado por muchísimo y esta votación es un paso más. Tenemos que seguir en la calle. Aunque la verdad no nos fiamos de la convención constitucional. Creemos que tiene varias trampas, entre ellas el quórum, la elección de los candidatos, paridad, pueblos indígenas etcétera.”, dice Luis Fernández, un joven chileno que ha estado al frente de las reivindicaciones desde que empezaron hace un año.

El 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe de Estado en Chile contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Después de décadas de ocurrido, se han examinado miles de ángulos políticos, sociales y económicos relativos a la caída del gobierno, así como la emergencia y desarrollo de una oposición conformada por la Democracia Cristiana, de Eduardo Frei, en alianzas y pactos con la tradicional derecha chilena.

Uno de los tantos asuntos lacerantes, hostiles y crueles establecido a raíz del golpe militar de Augusto Pinochet ha sido la información, divulgación y puesta en común en foros internacionales de la violación de los Derechos Humanos que se hicieron rutina y cosa común a lo largo de su régimen castrense (1973-1990). En largas listas de detenidos, torturados y desaparecidos, se incluyen no solo chilenos (desde estudiantes hasta sindicalistas o mujeres universitarias) sino también extranjeros, que observaban con interés público la "vía chilena al socialismo". Entre ellos, como víctimas, podemos mencionar al asesinado sacerdote catalán Joan Alsina, y al desaparecido religioso de Xátiva llamado Antonio Llidó, entre varios otros ciudadanos extranjeros en ese momento del putsch en el país.

Un caso que resultó llamativo, y que se hizo notorio en el concierto internacional, fue el de Charles Horman, llevado al cine gracias a Costa-Gavras con su filme Missing (1982). Se trata de un joven periodista norteamericano cuyo itinerario personal, instalación en Chile y circunstancias biográficas respecto a su inicial desaparición (que se confirma posteriormente como asesinato de las FF.AA. en septiembre de 1973) son examinadas a lo largo de mi texto Chile. La herencia de un testimonio. Pasado histórico y memoria narrativa, (Ediciones Arcos.Madrid.2013).

Es un material que intenta pasar revista de forma crítica a las vicisitudes vividas por Horman a raíz de su detención, interrogatorios y muerte en Santiago de Chile, causando a la larga polémicas y serios conflictos diplomáticos entre la Casa Blanca y La Moneda. Sobre todo por las contradicciones, mentiras y manipulaciones que establecen en un primer momento ambos gobiernos con el fin de ocultar la muerte del ciudadano estadounidense (también es asesinado con él Frank Teruggi) por parte de estamentos militares chilenos. Pero junto a este asesinato de Horman, se produce una cierta concordancia fúnebre respecto a nuestra historia pues también muere (en 1974) el general Augusto Lutz, que es según testimonios históricos el causante de la muerte de Charles Horman.

En el prólogo de mi texto se dice que en septiembre de 1973 el general de brigada Augusto Lutz era el Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejercito de Chile que, como es sabido, desempeñó un papel de importancia en la organización de la represión que se desató en el país por el golpe de Estado. Augusto Lutz fue relevado de su cargo a finales de 1973, y se le ofreció el puesto nada desdeñable de Secretario de la Junta Militar. Es probable que, en los meses siguientes, Lutz incubara un cierto desacuerdo con los métodos de Pinochet y con el rumbo que estaba tomando el régimen militar chileno. Es difícil decidir el alcance de dicho desacuerdo, pero es el que ha permitido poner en duda la versión oficial de su muerte (en Punta Arenas, noviembre de 1974) sobre la cual -según su familia- podría ceñirse la sombra de la policía política del régimen de Pinochet llamada DINA. En ciertos círculos y sitios web, la responsabilidad de su muerte se vincula con la CIA.

Aunque resulte imposible demostrar, la hipótesis de la CIA no resulta arbitraria, ya que el nombre de Lutz ganó una cierta notoriedad internacional a raíz de su implicación en la desaparición y asesinato de Charles Horman, periodista norteamericano residente en Chile, como hemos dejado dicho. La película de Costa-Gavras dio una extraordinaria visibilidad al caso situando a Lutz como uno de sus mayores responsables.

La investigación que había servido de base para el filme (pero con antecedentes documentales en el estudio de Thomas Hauser. The execution of Charles Horman, de 1978) demostraba dos cosas de mayor importancia: que en la muerte de Horman habían estado implicados los servicios de inteligencia norteamericanos y la Embajada de USA en Santiago, y que la razón fundamental de su asesinato era que Horman había descubierto la implicación directa del Gobierno de Estados Unidos en la planificación, organización y ejecución del putschputsch del 11 de septiembre de 1973.

Con todo, las iniciativas de familiares de Lutz, después de décadas de acaecido el deceso del general, buscan de diversos modos obtener luz y claridad acerca del exacto contexto de la muerte del uniformado. Incluso han solicitado exhumar su cuerpo y analizar fuentes corporales para confirmar cuál fue su real deceso. Además se ha pretendido modificar su estricta figura golpista (sin decir nada respecto de Horman o su viuda) con una novela de una de sus hijas titulada Años de viento sucio.

Frente a ello, han quedado datos evidentes de su completa implicación en la construcción del nuevo régimen erigido por Pinochet; antes de tal proceso ya existe una dinámica conspiradora en Augusto Lutz. El movimiento ultraderechista Patria y Libertad jugó un papel destacado en el derrocamiento de Salvador Allende. El secretario general de dicho movimiento, constituido por auténticos cuadros de futuros agentes de la DINA, afirma que entre Patria y Libertad y el general Lutz se mantienen relaciones "fluidas" antes del golpe.

Finalmente, para claridad y paz de los Horman, las informaciones oficiales del Poder Judicial de Chile concluyen por considerar la evidente implicación de Augusto Lutz en los hechos que ocasionan las muertes de Ch. Horman y F. Teruggi. El 29 de noviembre de 2011 (37 años y un día después del deceso de Lutz) el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda, al dictar procesamiento por homicidios de ambos estadounidenses, estima decisiva la función operativa del general Lutz en el desenlace de los asesinatos.

Después de 47 años del suicidio de Allende y del inicio del régimen de la Doctrina de la Seguridad Nacional, encauzada por las FF.AA.de Chile en ese momento, todavía es posible entrelazar biografías, tragedias y crímenes en la inagotable historia de la sociedad chilena.

-------------------------------------------------------

Mario Boero Vargas es teólogo y escritor, autor de libros como La herencia de un testimonio: Pasado histórico y memoria narrativa. El caso del general Lutz (Arcos.Madrid.2O13) o Recuerdos pendientes. Teología, sociedad y fe en la memoria chilena. (Arcos. Madrid.2008).

Fue el 4 de septiembre de 1970 cuando Salvador Allende, al frente de la Unidad Popular (UP), ganó las elecciones presidenciales chilenas. Se cumple ahora medio siglo de aquel acontecimiento en el que una coalición de izquierdas, que incluía a los comunistas, obtuvo en las urnas el poder presidencial. Resultó especialmente llamativo que el suceso se hubiera producido en una región -América Latina- inequívocamente dominada por Washington, en un mundo dividido en dos bloques irreconciliables. Era la Guerra Fría, en la que los Estados Unidos y la Unión Soviética pugnaban por controlar el planeta.

Hacía apenas 11 años que Cuba había culminado una revolución que pronto dejó de ser lo que parecía, simplemente nacionalista y casi romántica, para alinearse entusiasmada con Moscú ante los ojos atónitos de la Administración Eisenhower. El siguiente presidente estadounidense, John F. Kennedy, tuvo que afrontar el fracaso de la invasión contra-revolucionaria de Playa Girón (o Bahía de Cochinos), urdida por el gobierno anterior, y la más grave y extremada tensión que vivirían las dos superpotencias: la llamada Crisis de los Misiles, en octubre de 1962, causada por las rampas para cohetes que el Pentágono detectó que los soviéticos estaban instalando en la isla caribeña. Las dos superpotencias estuvieron en aquellos días -como nunca antes ni después- al borde del conflicto nuclear, lo que hubiera tenido unas consecuencias dantescas.

Desde entonces, los Estados Unidos se prometieron que no habría más Cubas en América Latina. Así pues, ante la situación política en Chile hicieron todo lo que pudieron para evitar la victoria de Allende y la UP. No lo consiguieron, pero no cejaron nunca en su empeño de hacerle la vida imposible al nuevo mandatario y a su gobierno. Además de aquella conocida sentencia del Secretario de Estado Kissinger de que no iban a permanecer impasibles ante un pueblo irresponsable (el chileno) que había decidido hacerse comunista, el testimonio de Edward Korry, a la sazón embajador estadounidense en Santiago, nos informó del enorme temor que inspiraba al gobierno de Richard Nixon el hipotético establecimiento de un eje La Habana/Santiago.

El 11 de septiembre de 1973, tan solo mil cien días después de vencer en las urnas, Salvador Allende se suicidaba en la sede de la presidencia, el Palacio de la Moneda, que tras ser impunemente bombardeado por cazas de la Fuerza Aérea estaba sitiado por carros de combate. Al mando de aquel golpe militar apareció el general Augusto Pinochet. Comenzaba una larga, cruenta y cruel dictadura que duraría hasta 1990, aunque todavía hoy se percibe parte de su herencia. El llamado modelo [capitalista] chileno, implantado por la dictadura y sacramentado en la Constitución de 1980, mantiene todavía aristas durísimas que, en especial desde octubre de 2019, está siendo seriamente cuestionado.

Cincuenta años después, aquella victoria electoral y el proceso que abrió, la llegada al poder de un gobierno que pretendía desarrollar la llamada Vía chilena al Socialismo todavía es objeto de análisis y debates académicos y políticos. Sus impulsores trataban de transformar la sociedad de forma pacífica hasta llegar al socialismo, pero desde el respeto a las instituciones y sin salirse del marco constitucional. Para quienes votaron por Allende, se trataba de materializar un sueño: “construir un Chile bien diferente” [como cantaba Inti Illimani]; para los otros, y eran muchos, había comenzado de una pesadilla.

Conviene recordar que el triunfo de Allende había sido muy ajustado: un 36.2 por ciento para la UP, un 34.9 para la derecha de Alessandri y un 27.8 para el centro de Tomic, candidato de la Democracia Cristiana. La Vía chilena al Socialismo había nacido, pues, electoralmente frágil, y contaba con la oposición de más del 62 por ciento de los votantes.

Por supuesto que el futuro no estaba escrito, pero el escenario para Allende y su gobierno era de una dificultad extrema: el mundo se encontraba fracturado en dos por la Guerra Fría, lo que era especialmente explícito en América Latina; contaba solo con el apoyo de poco más de un tercio del electorado; hubo de enfrentar poderosos ataques desde dentro de Chile; además, el nuevo presidente constató tempranamente importantes desavenencias, tácticas y estratégicas, entre los socios de la propia Unidad Popular.

Allende afirmaba públicamente que su objetivo era que Chile fuera como Cuba, solo que pretendía alcanzar esa meta pacíficamente, sin recurrir a la lucha armada. Por razones completamente distintas, ni sus opositores ni una porción de sus partidarios se creían ese discurso, por lo que la polarización política interna del país fue cada vez mayor. Desde el exterior, de Washington al Vaticano, pasando por Bélgica, se torpedeó de manera perseverante el proyecto que Salvador Allende pretendía desarrollar. La ciudadanía se polarizó cada vez más, a favor y en contra de la Vía chilena al socialismo. Especialmente durante y después de la insólita y larguísima visita que Fidel Castro realizó en noviembre de 1971.

Menos de dos años después, el 11 de septiembre de 1973, los militares sacaron las tropas a las calles, impusieron una Junta de Gobierno Militar comandada por Augusto Pinochet, y comenzaron una durísima represión contra los afines a Allende y a la UP. Se trataba de una de las dictaduras llamadas de Seguridad Nacional, como otras en América Latina. Estas partían de la premisa de la existencia de un enemigo interior (“los comunistas”, una etiqueta que se adjudicaba a cualquier opositor a los gobiernos militares) al que había que detectar y neutralizar a cualquier precio.

El proceso político chileno, tan abrupta como ferozmente abortado, tuvo importantes consecuencias políticas de alcance internacional, particularmente para la izquierda política. La interpretación que se dio al fracaso o la derrota de la Unidad Popular -con ambas categorías se ha analizado la Vía chilena- fue variada: las más simples por acríticas, la de los soviéticos o la de los castristas; la más compleja y novedosa, la de los comunistas italianos.

Lo ocurrido con la Unidad Popular motivó diversos artículos de Enrico Berlinguer, Secretario General del PCI en 1973, publicados en la revista teórica del Partido [Reflexiones sobre Italia tras los hechos de Chile]. De allí surgirán dos líneas de trabajo político que resultaron fundamentales para la izquierda europea: el Compromesso Storico que proponía una colaboración orgánica especialmente con la Democracia Cristiana, y lo que pronto se llamaría el Eurocomunismoompromesso Storico.

Ambas propuestas partían de una nueva lectura del concepto de democracia novedosa para la izquierda política europea, que siempre la había adjetivado con intención peyorativa como parlamentaria, burguesa, liberal, etc. Ahora se pretendía asegurar la fortaleza del llamado Estado del Bienestar, instaurado en Europa tras la II Guerra Mundial, el que había conformado un nuevo escenario de progreso económico y social para los sectores populares. Además, visto lo ocurrido en Chile, los comunistas italianos proponían ir más allá de las estrechas y frágiles mayorías parlamentarias para conseguir el máximo consenso posible en torno a las instituciones democráticas y, a través de una política de reformismo fuerte, cerrarle el espacio al autoritarismo y a las políticas reaccionarias.

La nueva línea se expandió hacia los países del sur de Europa ya en 1975, cuando el PCI y el PCE hicieron una declaración sobre la construcción del socialismo que -aseguraban- debía realizarse en paz y libertad. Poco después, en marzo de 1977, el Eurocomunismo se oficializó cuando los secretarios generales del PCI [E. Berlinguer], del PCE [S. Carrillo] y del PCF [G. Marchais] se reunieron en Madrid y presentaron las líneas maestras de la flamante posición política común.

Es verdad que ni el Compromiso Histórico ni el Eurocomunismo cuajaron como se esperaba, pero eso no tuvo relación alguna con Chile. Lo cierto, sin embargo, es que tanto la nueva concepción de la democracia, como la necesidad de construir mayorías amplias se convirtieron de forma irreversible en planteamientos estratégicos para buena parte de la izquierda política europea, y esta si fue una clarísima consecuencia de la lectura que se hizo del proceso político auspiciado por Salvador Allende y la Unidad Popular.

_________________________

Joan del Alcàzar es catedrático de historia contemporánea de la Universitat de València. Su último libro es 'Política y utopía en América Latina. Las izquierdas en su lucha por un mundo nuevo' (Tirant, 2019). En 1998 fue Perito de la Acusación ante la Audiencia Nacional de España, en el Sumario 19/97 Terrorismo y Genocidio "Chile-Operativo Cóndor", que instruía el juez Baltasar Garzón contra Augusto Pinochet Ugarte y otros por genocidio, terrorismo y torturas.

La senadora y presidenta del Partido Socialista de Chile (PS), Isabel Allende, anunció que presentará su candidatura a las elecciones presidencial chilenas que en noviembre de 2017 elegirán al sucesor de la presidenta, Michelle Bachelet.

Según Europa Press, la formación tendrá que elegir entre varios candidatos ya que aparte de Allende, el expresidente Ricardo Lagos también se postuló como candidato a la presidencia.

"He explicitado mi voluntad de ser candidata, si así lo deciden los socialistas", afirmó Allende en unas declaraciones que recoge el diario La Tercera.

"Le corresponderá al Comité Central del PS decidir el cronograma y el método con el que el Partido Socialista abordará su conducta política frente al desafío presidencial, parlamentario y de representantes regionales del próximo año", aseguró la actual senadora, quien hizo coincidir el anuncio de su decisión con la víspera del 43 aniversario de la muerte de su padre, el presidente Salvador Allende, quien fue asesinado durante el asedio al Palacio de la Moneda en el golpe de Estado del general Augusto Pinochet en 1973.

No obstante, Europa Press señala que la presidenta del PS quiso situar el foco sobre las elecciones municipales del próximo 23 de octubre, donde se verá la fortaleza de la coalición progresista Nueva Mayoría. "Para qué apurarnos tanto si el principal desafío es la municipal, además, si nos va bien ahí podemos tener mejor proyección", apuntó.

"Hoy, quiero invitar a todas y todos los socialistas a trabajar colectivamente, unidos y organizados, en la elaboración de las propuestas programáticas que queremos para el futuro de Chile. Somos nosotros, más que nadie, quienes tenemos el deber de poner en el centro del debate político la solidaridad; la participación ciudadana; el rol de un nuevo Estado para una nueva economía; y un desarrollo inclusivo y sostenible", concluyó Allende.

¿Qué pasó?

“Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”. Con estas emotivas palabras, emitidas a través de Radio Magallanes [escuchar audio aquí], el presidente chileno, Salvador Allende, se dirigió por última vez a sus conciudadanos horas antes de que la tradición democrática del país latinoamericano quedase quebrada por un golpe de Estado que llevaba dos años fraguándose a la sombra. A finales del verano de 1973, Chile pasó a engrosar la lista negra de países de América del Sur sumidos en oscuros sistemas dictatoriales –por aquel entonces Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay estaban dirigidos por gobernantes militares–.

¿Cuándo pasó?

Casi tres meses después del famoso tanquetazo, un intento de golpe de Estado sofocado por el Gobierno de Unidad Popular, los preparativos para una nueva sublevación militar casi estaban ultimados. Augusto Pinochet, por su parte, tardó en pronunciarse. No se mostró favorable a la sublevación militar hasta tres días antes del acontecimiento. Sin embargo, cuando se le propuso encabezar el golpe no dudó en aprovechar la oportunidad.

Así, dos años después de que comenzasen los primeros contactos entre altos cargos de las Fuerzas Armadas chilenas con el objetivo de urdir un plan para derrocar al presidente electo, el 11 de septiembre de 1973, a las 6.00 horas, tropas de infantería de la marina tomaron las calles de Valparaíso.

El presidente, alertado de los movimientos militares en la ciudad costera, ordenó con urgencia localizar a Pinochet, entonces comandante en jefe del Ejército, y a Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea chilena. Sin embargo, ambos se encontraban desaparecidos. Allende se dirigió entonces al palacio presidencial, La Moneda, y, en su primera alocución radiofónica, informó a los chilenos de un levantamiento militar que sólo creía circunscrito al ámbito de la Armada: “Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del Gobierno, del Gobierno legítimamente constituido, del Gobierno que está amparado por la ley y la voluntad del ciudadano”, se escuchó a las 7.55 horas a través de los transistores que tenían sintonizadas las radios Corporación, Portales y Magallanes.

Casi una hora más tarde, pasadas las 8.40 horas, los temores de Allende quedaron confirmados: el golpe de Estado había sido orquestado por los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas, a los que se unieron los Carabineros de Chile. Así, en una proclama leída en las radios Minería y Agricultura y firmada por Pinochet y el resto de dirigentes militares, se pidió al presidente que “entregara su cargo” y se ordenó que la “prensa y canales de televisión” afines al Ejecutivo suspendiesen sus emisiones si no querían sufrir un “castigo aéreo y terrestre”.

Tras la proclama militar, los grupos afines al presidente comenzaron a organizarse para tratar de frenar la sublevación. La Central Única de Trabajadores de Chile llamó a los obreros a ocupar las fábricas y organizar la resistencia. Los militares golpistas ofrecieron a Allende abandonar el país con sus allegados, algo que rechazó el presidente chileno categóricamente. Sin embargo, las intenciones de sacarlo del país ocultaban un intento de asesinato. Esto quedó captado en una conversación mantenida entre Pinochet y el vicealmirante Patricio Carvajal aquella mañana:

–Carvajal: Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país.

–Pinochet: Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país… y el avión se cae, viejo, cuando vaya volando.

Minutos antes de esta conversación, comenzaron las escaramuzas en La Moneda. Los tanques abrieron fuego contra el palacio presidencial. El presidente permaneció en todo momento en el interior del edificio junto a efectivos del Grupo de Amigos del Personales (GAP), su servicio de seguridad. Dos horas más tarde, a las 12.00, cuatro aviones bombardearon durante un cuarto de hora el edificio, que quedó envuelto en llamas. Fue la acción militar más recordada de aquel 11 de septiembre de 1973. Allende no tenía nada que hacer. El golpe militar había sido un éxito.

¿Quiénes fueron los protagonistas?

Después de haber debutado en la política chilena en las elecciones presidenciales de 1952, en las que obtuvo un 5,45% con el Partido Socialista –por aquel entonces se llamaba Frente de Acción Popular–, Salvador Allende consiguió alzarse con la Presidencia de la República en 1970, imponiéndose en las presidenciales al candidato conservador Jorge Alessandri (PN-DR) con un 36,6% de los votos. La elección fue sellada en el Congreso gracias al apoyo del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El nuevo presidente tuvo que hacer frente a una crisis económica a través de políticas recibidas hostilmente por el sector empresarial y los grandes propietarios chilenos. Además, el centro político se fue hundiendo poco a poco y la sociedad se radicalizó cada vez más. Eran comunes los enfrentamientos entre los grupos leales –Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) – y opositores –Patria y Libertad, grupo de extrema derecha– al Ejecutivo.

Pinochet, por su parte, siempre fue visto como un militar constitucionalista dentro de las Fuerzas Armadas chilenas –el tanquetazo fue sofocado, entre otros, por el que luego pasaría a ser el sanguinario dictador–. Por este motivo, tras la dimisión de Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército, dos semanas antes del golpe de Estado, Allende se decantó por Pinochet como el sustituto perfecto para ocupar el puesto que quedaba libre. El presidente de la República siempre confió en el militar que le traicionaría unos días más tarde. Tanto era así que incluso el mismo día 11 de septiembre el líder del Ejecutivo pensaba que el dirigente militar era ilocalizable porque había sido detenido por los golpistas.

En una tercera línea de batalla, aunque no por ello menos importante, Estados Unidos llegó a jugar un papel fundamental en el desgaste del presidente chileno, tanto para impedir que accediese a la Presidencia como para desestabilizar su Gobierno y apoyar posteriormente la dictadura de Pinochet. Aunque no se ha podido esclarecer la implicación directa de Washington en el golpe de Estado de 1973, documentos recientemente desclasificados demuestran la animadversión del presidente Richard Nixon a un Ejecutivo liderado por “el hijo de puta” de Allende.

Así, la conversación mantenida el 14 de septiembre de 1940 entre el entonces Consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, y el secretario de Estado, William Rogers, no deja lugar a dudas: “El presidente opina que se debe hacer todo lo posible para que Allende no asuma el poder, pero a través de los canales chilenos y con un bajo perfil”, dijo Kissinger.

Además, los documentos también revelaron que la CIA estuvo implicada en el atentado contra el general René Schneider, comandante en jefe del Ejército desde 1969 a 1970 muy cercano a Salvador. La inteligencia estadounidense pagó 35.000 dólares al grupo de militares que terminó con su vida.

¿Qué fue de los protagonistas?

Tras resistir los bombardeos, y viendo que el presidente no salía de La Moneda, un grupo de carabineros decide derribar una de las puertas del palacio e introducirse en el edificio. Viendo que todo estaba perdido, el jefe del Gobierno decide rendirse. Sin embargo, en el momento en que todos sus fieles estaban abandonando las instalaciones, Allende agarra su fusil AK-47, obsequio de Fidel Castro, y se dispara en la barbilla, según la versión oficial aceptada por sus familiares y narrada en repetidas ocasiones por uno de sus médicos, que regresó al despacho del líder del Ejecutivo para coger una mascarilla antigás. “Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto”, anunció finalmente el general Javier Palacios. El golpe de Estado había finalizado con éxito.

Tras esto, Chile vivió casi dos décadas de una férrea dictadura encabezada por el general Pinochet en las que la cruel represión política, encarnada por la DINA –policía secreta chilena–, estaba a la orden del día. Después del plebiscito de 1988, en el que el pueblo chileno rechazó que Pinochet fuese candidato en las elecciones de un año después, las primeras tras el mandato militar, el dictador convocó los comicios.

Sin embargo, Pinochet lo dejó todo bien atado con la aprobación en 1978 del Decreto Ley 2191, más conocido como Ley de Amnistía, que amnistiaba a “todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores, hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia del Estado de Sitio”, así como a todas las que se encuentren “condenadas por tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973”. Gracias a esto, el dictador pudo vivir con cierta tranquilidad en el país que dirigió con mano de hierro. Incluso continuó como comandante en jefe del Ejército y fue nombrado senador vitalicio. En septiembre de 2014, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció su intención de derogar el Decreto Ley y poner fin así a la impunidad de los protagonistas de aquellos oscuros años en Chile.

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hizo lo que la justicia chilena no pudo. En octubre de 1998, el magistrado emitió un auto de procesamiento y solicitó la detención de Pinochet por “genocidio, terrorismo y torturas”. Un paso que sentó las bases de la jurisdicción universal pero que no llegó a buen puerto. Tras las constantes presiones de Chile, el militar es liberado y trasladado a su país dos años después de su detención. En 2006, Pinochet fallece en Santiago de Chile, un suceso celebrado por muchos y llorado por otros tantos compatriotas.

¿Por qué fue importante?

El derrocamiento de Allende puso fin a medio siglo de tradición democrática en el país, que pasó a engrosar la lista de dictaduras militares que controlaban un gran número de países latinoamericanos. Comenzaban así casi dos décadas en las que las violaciones de derechos humanos se convirtieron en una constante. Diecisiete años en los que más de 40.000 personas, de las que 3.065 están muertas o permanecen desaparecidas, según datos de la comisión pública que recibe e investiga actualmente las denuncias, fueron víctimas de una feroz represión política en la que figuras culturales tan importantes como el cantautor Víctor Jara, entre otras, fueron ejecutadas sin piedad durante los días posteriores al levantamiento militar.

El Tribunal de Ética del Consejo Metropolitano ha decidido aceptar la solicitud presentada el pasado mes de noviembre por un grupo de periodistas representados por el abogado Luis Cuello para expulsar a Edwards.

"La decisión se sustenta en el desempeño que Edwards tuvo a principios de los años 70 como dueño de El Mercurio, figura bajo la cual recibió fondos de la CIA con el fin de desestabilizar mediante operaciones comunicacionales al Gobierno de Allende", ha explicado en un comunicado que recoge Europa Press.

En él, añaden: "A estos hechos se agregó su rol en 1987 como director del mismo medio a raíz de la visita del Papa Juan Pablo II, ocasión en que El Mercurio se prestó para un montaje de los organismos de seguridad del Estado para legitimar la detención y posterior tortura de Iván Barra Stuckrath y Jorge Jaña Obregón".

La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, ha calificado de "histórico" este fallo. "Indica que a estas alturas de nuestra democracia no estamos dispuestos a tener integrantes que hayan cometido actos con los cuales se hicieron cómplices de momentos tan oscuros para Chile", ha dicho.

Olivares ha reprochado a El Mercurio que "silenció atentados a los Derechos Humanos en momentos de dictadura, donde se asesinó, torturó y se desapareció gente". "Que eso implique la expulsión es un hito histórico para nuestra democracia", ha destacado.

A partir de la notificación, Edwards tiene diez días para apelar ante el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, contra cuyo fallo también cabe recurso, aunque normalmente ha confirmado las decisiones definitivas adoptadas por el Colegio de Periodistas.

Con gran orgullo y amplias sonrisas se dejaban retratar los responsables de Economía y Gobierno de nuestro país cuando acudían a ratificar los tratados, condiciones y reformas que nos preparaban en aquellos despachos órganos de prestigio internacional como el FMI, que se prestaban desinteresadamente a tomar las riendas de nuestros destinos dada la irresponsabilidad característica del pueblo español, acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades. Con esas amplias sonrisas, decía, recibían las consignas y las órdenes nuestros representantes asumiendo nuestra condición de caraduras, morosos, delincuentes al fin. Sonreían, sí, mientras estrechaban la mano de los prohombres de la nueva Europa, en su condición de representantes de los sinvergüenzas de España, esos ciudadanos que se gastan los fondos europeos en juergas y que luego se niegan a devolver. Sonreían sin duda, porque se sentían al margen de esa condición de informalidad endémica que caracteriza nuestra picaresca, precisamente ellos que llegaban a las reuniones con los sobres en B en el bolsillo para los gastos de idem.

Sorprendidos se han quedado los señoritos de la nueva Europa cuando les han dado un “zas en toda la boca” estos griegos que, a pesar de pobres, se atreven a abrir el pico en presencia de sus acreedores. Estos prestatarios hacen sinónimo “auditoría de la deuda” de “impago”, dando por hecho que si se estudia minuciosamente cómo se ha llegado a ese montante, aparecerán partidas que nadie en su sano juicio devolvería ya que en parte, ya veremos en qué parte, esa deuda contraída no fue por créditos que revirtieron en el bienestar de la ciudadanía, ni en cubrir acuciantes necesidades básicas, sino que, en algunos casos, esos fondos fueron destinados, por ejemplo, a la compra de armamento, precisamente, al país que dejaba el dinero. Es decir: “Yo te presto el dinero, tú me lo devuelves al día siguiente, a cambio yo te doy unos tanques que no necesitas para nada, y me sigues debiendo el cien por cien del dinero”. Por estas cosillas sin importancia y otras debidas a la mano rota, no del pueblo sino de sus administradores que luego son loados en las cámaras de la alta política por llevar a cabo con mano firme las reformas estructurales profundas, por estas cosas, creen los señores de Europa que si se auditan las deudas, la cosa de cobrar se va a complicar.

Pues estos señores de Grecia, a pesar de pobres, no llegan a esos foros europeos con los pantalones bajados y de rodillas. En tono chulesco sacan a relucir otras deudas que los alemanes contrajeron con ellos durante la segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de turno, aliado de Hitler, le prestó dinero para que pudiera seguir con la contienda, mientras 300.000 griegos morían de hambre. Respondones, han salido respondones.

También es cierto que estas “reformas estructurales profundas” se han dado cuando los neoliberales han arrasado en Europa, y los tecnócratas del FMI, independientes y apolíticos, se han visto desplazados de Latinoamérica donde sembraron el hambre, apoyaron las dictaduras que asesinaban secuestraban y torturaban a los disidentes, y consiguieron endeudar a países para siempre impidiendo el normal desarrollo de los pueblos y condenándoles a una miseria impresentable, a cambio de mantener sus negocios untando a la clase dirigente. No fueron casos aislados, se dio en muchos países que apostaron por la independencia y el desarrollo.

Allende, en Chile, no recibió el menor apoyo del Banco Mundial ni el FMI. Cuando Pinochet llegó al poder regando de sangre las calles se produce, por lo visto, el marco adecuado para invertir el proceso. En Brasil, el régimen democrático de Joao Gilart llevaba tres años con los créditos suspendidos hasta que se produjo el golpe militar, que de nuevo generó la confianza necesaria para invertir la situación. La economía de Brasil se hundió para las siguientes décadas y la corrupción se hizo sistémica. En Nicaragua, donde se apoyó a Somoza a pesar de que sabían que robaba todo lo que se ponía a su alcance, se suspendió ese apoyo el día que hubo las primeras elecciones democráticas en medio siglo y las ganó Daniel Ortega, líder de los sandinistas.

Todo ello a pesar de que el Banco Mundial tiene impuesta como condición prioritaria en sus actuaciones no atender a las condiciones políticas, sino exclusivamente económicas.

Saco esto a relucir porque para muchas personas de mi generación el FMI representaba al mismísimo demonio, ya que era causa generadora de pobreza, guerras y totalitarismo en los países en vías de desarrollo así como el Tercer Mundo donde, insisto, se convertían en el mejor aliado de dictaduras criminales. Cuál sería nuestra sorpresa al verle al timón de una Europa compuesta por países soberanos cuando nadie les había elegido para desempeñar tal papel, emboscados en ese huevo Kinder llamado troika junto al Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Su pretendido carácter técnico, alejado de la política, causaría risa si no fuera por lo dramático del asunto. En cualquier caso, no son tipos de fiar y ponerse en sus manos equivale a un suicidio. Ellos saben por qué “auditar”, o sea, repasar la cuenta, lo que hace cualquiera en un restaurante, les parece un ataque frontal en la línea de flotación de sus intereses y a cualquiera que lo proponga lo tratan de radical antisistema.

Pues ya les han salido unos niños respondones que pueden sentar un precedente inadmisible al presentarse ante ellos y decirles: “Tantos millones, ¿de qué? Me lo expliquen”. Porque mientras daban el dinero, por lo visto, a espuertas, no se preocuparon de dónde iba a parar. Sólo tienen claro que les asiste el derecho a imponer las normas que les permitan recuperar lo invertido, con esos intereses sometidos al capricho de la prima de riesgo, que opera siempre en el mismo sentido y parece regirse por la ley del embudo, también llamada de libre comercio o de lógica económica. Estas reformas para compensar la deuda pasan por cargarse la educación, la sanidad, las pensiones, la asistencia a los necesitados, los servicios sociales y, como consecuencia, el aumento de la mortalidad en nuestros hospitales y la aparición de la desnutrición infantil en pleno siglo XXI.

Si transigen con Grecia este negocio se les puede ir de las manos y he aquí el problema. Los griegos no han ido a negociar de tapadillo, por lo bajini y al margen de la transparencia, que es como se hacen estas, sino al estilo macarra. Como cuando el dueño del bar le pregunta al cliente: “¿Cuándo me vas a pagar lo que me debes?”, y este, plantándole encima de la barra el vaso de caña vacío, le responde: “¿Tú qué te crees, que yo soy adivino?”.

Ya se sabe que, cuando el pobre exige sus derechos, irrita, la justicia se confunde con la arrogancia, con la insolencia.

En esas estamos, se está acabando el chollo allende los mares y nos están aplicando esa medicina que en su día le prescribieron a los que nos parecían “pobres latinoamericanos”, pero que, en algunos casos, han sabido quietarse el yugo y nos advierten a gritos de los efectos secundarios. Y uno se pregunta: “Si tan beneficioso es el remedio, ¿por qué no se lo dan a su padre?”, dicho, claro está, desde el respeto.

En fin, ya lo han visto en la portada de infoLibre, mientras tanto los bancos pagan a Hacienda sólo el 2,5% de sus beneficios.

El señor Rajoy, a diferencia de Syriza, no está dispuesto a pedir explicaciones en defensa del bienestar y la soberanía nacional que tanto les gusta a los patriotas: él es mucho más honrado.

Un poco de marcha no nos vendría mal: “¿Somos marines o somos princesas?”.

Desde luego recuerdo también lo que fue parte viva de mi adolescencia y de mi juventud. Las palabras dignas de Salvador Allende, su más pronto que tarde, sus alamedas libres del futuro, salen de radio Magallanes una vez más y caen sobre la fotografía de Carmelo Soria, el diplomático español asesinado. Caen sobre las imágenes de la dictadura, los desaparecidos, los torturados, los exiliados y los luchadores clandestinos. Caen sobre las mentiras de la prensa partidaria de los golpistas y de la embajada norteamericana. Caen sobre los actos de solidaridad internacional con la democracia chilena y caen sobre los funerales de Franco (Pinochet presente). Caen también sobre los poemas de Neruda, Violeta Parra, Gonzalo Rojas, Oscar Hahn, Gonzalo Millán, y sobre Rafael Alberti, y Antonio Machado, y Luis Cernuda…

Es inevitable que al visitar el Museo de la Memoria de Chile y al observar los trabajos de la Comisión de la Verdad me acuerde de la historia de España, del Museo y la Comisión que nunca existieron en mi país. Mientras las víctimas del franquismo eran desamparadas, los torturadores recibían medallas policiales en la democracia y los descendientes biológicos o políticos de los asesinos ocupaban los cargos de Gobierno.

Veo una habitación de exiliada chilena, sus pocas cosas, su cartel de Víctor Jara, su maleta sin deshacer (porque en la pobre cama de hierro, más de pensión que de domicilio, sólo se piensa en regresar a la patria), y me parece estar leyendo la Memoria de la melancolía de María Teresa León. No se compra nada que pese, nada que ate a un lugar extranjero, siempre vivir en tránsito, sin raíces, aunque sea durante 40 años.

Las fotografías de los fusilados, las cartas a la familia horas antes de la ejecución, los libros censurados y la dignidad clandestina me hablan a la vez de Chile y de España, y me hablan sobre todo de la vida de la gente. Una sociedad es un tejido y resplandece en la bandera de un barco cuando representa a todo un pueblo y habla de la vida cotidiana, de los despertadores y las cocinas, no de los negocios de un rey y de su nobleza. Es difícil identificarse con un himno oficial que se aleja de las calles, el rumor de los talleres y la soledad de los desamparados. Los golpes militares rompen ese tejido. Sólo es posible volver a coser lo que se ha partido en dos con una memoria democrática limpia capaz de devolverle la dignidad a los espacios públicos y al sufrimiento privado.

La democracia española quedó sin raíces sólidas cuando se permitió la impunidad y el olvido de los crímenes del franquismo. La insoportable falta de respeto al bien común tiene mucho que ver con la falta de justicia a la hora de reparar el dolor de las víctimas individuales. Los herederos del franquismo, los que se han negado por sistema a condenar el golpe de Estado de 1936, roban, mienten, venden los intereses de España al negocio extranjero, no dimiten, no dan explicaciones, no saben lo que es la virtud republicana. Piensan que gobernar un país es adornar los navíos del rey, las cuentas del IBEX-35, abrir distancias entre las élites y la ciudadanía y separar la España oficial de la España real. Confunden la normalidad con el vasallaje.

Las grietas territoriales de la identidad española no encuentran solución, entre otras razones, porque la palabra España se negó a adecentar su pasado. Sólo aquí, en el Museo de la Memoria de Chile, me siento español. Mi España, como escribió Cernuda, es la de Benito Pérez Galdós. También la de Antonio Machado y Federico García Lorca, o la de otros muchos nombres que llevo en la memoria. Me duele que no haya en mi país un museo de estas características. Pero en este museo chileno me siento en mi patria.

La magnífica idea puesta en marcha en la II República española de llevar la cultura a todos los rincones del país a través de las llamadas Misiones pedagógicas, ni cayó en saco roto ni perdió su estela, recogida a su desaparición tras la Guerra Civil por países como Chile o Uruguay. En el primer caso, el modelo fue impulsado a partir de 1970 por Salvador Allende a través del Instituto Nacional de las Artes en una empresa multidisciplinar con cabida para la promoción de la música, el teatro, la literatura o cualquier otra forma de creación.

Aquella labor, recogida en las 40 primeras medidas del Gobierno Popular (fue concretamente la número 40, aunque de las tempranas en ponerse en práctica), ha quedado parcialmente ocultada entre los muchos acontecimientos históricos que se han sucedido estas últimas cuatro décadas en el país latinoamericano. Rescatándola del olvido, y poniéndola en comparación con la experiencia española, la cineasta y periodista Carolina Espinoza ha rodado el documental El tren popular de la cultura, con testimonios de este y aquel lado del charco.

Para terminar la película, Espinoza ha abierto una campaña de crowdfunding con el fin de recaudar los 4.000 euros que necesitaría para finalizar las labores de posproducción de sonido y sacar la cinta a la luz el próximo mes de mayo, en un estreno a dos bandas en Madrid (en el Teatro del Barrio) y en Chillán, Chile (en el Teatro Lázaro Cárdenas).

Como corresponsal de una radio chilena en España, Espinoza supo de la iniciativa hace cinco años. “Entrevisto a un concertista chileno que participó en la experiencia, y me cuenta una historia alucinante”, recuerda. “El gobierno de Allende, el primer gobierno socialista del mundo elegido en las urnas, organiza dentro de su programa, entre otras medidas, el acceso a la cultura y la educación libre y gratuita, que son cosas que, transportadas a 40 años después, siguen estando vigentes, lo que demuestra una conciencia social muy adelantada a su época”.

A partir de aquel encuentro, la reportera comenzó a investigar sobre lo que queda hoy de aquellos días, no solo en su país sino también en España. Con la crisis, el proyecto se quedó aparcado en un limbo al que, al cabo del tiempo, Espinoza acudió para rescatarlo. “Ahora en Chile se está reivindicando la educación y en España se están perdiendo los derechos”, subraya, “por lo que el tema está vigente absolutamente”.

Aunque el programa de Allende era más abarcador, lo mismo que el plantemiento de las Misiones, Espinoza ha puesto el acento en la iniciativa de viajar en tren a los pueblos más recónditos para que, cuando la gente no podía ir a la cultura, esta fuera a ellos. La idea ya la habían imaginado antes los agitadores de propaganda rusos, y en España se había replicado con el Teatro del pueblo, que formaba parte de las Misiones pedagógicas y que se desarrolló en paralelo a La Barraca de Federico García Lorca y Eduardo Ugarte.

“En Chile, el teatro se inspiró sobre todo el Teatro del pueblo”, señala Espinoza. “Cuando llegaban a un pueblo, se entrevistaban con los distintos líderes para conocer los problemas de la población, y a partir de ahí hacían una representación con una vertiente social”.

De entre los actores, mimos, humoristas, cantantes, poetas e incluso sociólogos o periodistas que viajaban en aquellos vagones con rumbo al Chile profundo, la reportera ha entrevistado a una veintena de ellos. “Muchos me dicen que la experiencia de haber participado es lo más importante de sus vidas”, apunta. “Es gente que creía absolutamente que su don artístico no servía de nada si no llegaba a la última persona. Son testimonios que te conmueven”.

Tras la “involución absoluta” que supuso la dictadura de Pinochet, hubo quien no lo pudo contar, también quien acabó en el exilio o unido a la resistencia. De ahí que las entrevistas hayan sido también complicadas, porque se trata de “un proceso del que es incómodo hablar. No obstante, fue un sueño muy bonito, pero lo que pasó después, cada uno lo vivió como pudo”.

Del lado español, dada la lejanía en el tiempo con la II República, ya no quedan testigos directos de la labor de las Misiones, puesto que el último participante falleció hace dos años. El recuerdo lo aportan varios especialistas en aquella época, así como los habitantes de algunos de los pueblos que cruzaron aquellos trenes. “Quedó huella”, certifica Espinoza. “Ahora la gente tiene otro vocabulario, otro interés por la cultura”.

El Gobierno de Chile anunció el pasado jueves su intención de derogar el decreto ley 2.191 del 10 de marzo de 1978, más conocido como ley de amnistía, según recogió este viernes el diario chileno El Mercurio. La propia presidenta chilena, Michelle Bachelet, dispuesta a cumplir con el compromiso de su programa electoral, propuso promulgar "con suma urgencia" un decreto ley que derogue la disposición aprobada en plena dictadura militar de Augusto Pinochet entre los años 1973 y 1978. De esta manera podrán ser juzgados, en un futuro, todos los delitos cometidos entre ese periodo y que se encontraban resguardados bajo el paraguas de la amnistía.

Según marcaba el texto redactado por la ministra de Justicia de la época, Mónica Madariaga, "concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictivos durante la vigencia de la situación de estado de sitio, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas". 

El Gobierno chileno ya se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular este decreto y para ello presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido. El anuncio fue hecho el pasado 8 de julio, al someterse en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es estado parte.

Desde Naciones Unidas se había solicitado a Chile que derogase esta ley de amnistía para que ningún crimen de lesa humanidad quedase impune y para que no hubiese espacio para la interpretación.

El nuevo decreto permitirá investigar, sin traba judicial alguna, casos como el del diputado del partido derechista Renovación Nacional, Rosauro Martínez Labbé, presuntamente implicado en la muerte de tres opositores chilenos durante la dictadura militar –Patricio Alejandro Calfuquir, Próspero del Carmen Guzmán y José Eugenio Monsalve, militantes del Movimiento de Izquierda Radical (MIR)–. El político salió este viernes en libertad bajo una fianza de 19.502 euros, a pesar de que el diputado solicitase una fianza de 200 euros.

Recomendaciones al Ejecutivo español

De la misma manera, la organización internacional también lleva solicitando al Gobierno español actuaciones en este sentido. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe el pasado mes de agosto en el que pedía "eliminar todos los obstáculos jurídicos de carácter interno que puedan impedir investigaciones judiciales de los casos de desapariciones forzadas", haciendo referencia a la Ley 46/1977 (ley de amnistía). 

El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, también solicitó al Ejecutivo español "valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo".

No obstante, esta no fue la primera vez que Naciones Unidas solicitó al Gobierno del PP actuaciones en materia de memoria histórica y persecución de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura franquista. El pasado 2 de julio, el Grupo de Desapariciones Forzosas de la ONU publicó un informe en el que solicitaba al Ejecutivo español que se juzguen todas las desapariciones “de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde que comenzaron”, eliminando los obstáculos jurídicos que puedan impedir dichas investigaciones y tratando de asegurar que las desapariciones forzosas no sean crímenes sujetos a amnistía.

El periodista y uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, aseguró a infoLibre que el Ejecutivo chileno "ha dado un gran paso por los derechos humanos puesto que priva de argumentos a los que agarrarse a todos aquellos sujetos al decreto chileno".

En relación al texto jurídico español, Silva consideró que "la ley de amnistía es un ordenamiento hecho a medida" por un "Parlamento no democrático en el que no estaban representadas todas las ideologías políticas". "Muchos partidos republicanos y de izquierda no fueron legalizados hasta después de aprobarse el texto", incidió el fundador. 

El periodista, que definió la ley como "la gran coartada del Poder Judicial español", apuntó que dicho texto jurídico "nunca ha sido efectivo" y aclaró que el único punto en el que se pudo usar como argumento "fue en el caso de los torturadores 'Billy el Niño' y 'Muñecas'". No obstante, quiso reiterar que "la tortura es un delito que no prescribe".

Preguntado por el futuro que le espera a la norma en España, Silva no dudó en afirmar que "el verdadero problema para tumbarla es la ausencia de apoyo político en el Parlamento, algo que no sucede en Chile".

Una amnistía con "valor simbólico"

Por su parte el PP, en palabras del diputado Pedro Gómez de la Serna, no se mostró conforme "con la consideración que se hace de la ley de amnistía". El conservador añadió que esta disposición tiene para su partido "un valor simbólico en cuanto a la reconciliación de los españoles". Estas palabras fueron pronunciadas en la Diputación Permanente celebrada en el Congreso de los Diputados la última semana de agosto. En esta cita, los grupos de la oposición intentaron, sin éxito, que el Gobierno explicase que medidas iba a implementar para aplicar las observaciones de los varapalos de Naciones Unidas en materia de memoria histórica.

Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) criticó este viernes, en relación a los informes emitidos desde la ONU, que el Gobierno mantenga una actitud "obstruccionista" con las víctimas del franquismo, algo que está "en la línea de una incomprensible actitud de condescendencia hacia el régimen anterior".

El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, advirtió de que la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 impone una serie de obligaciones al Gobierno, como es la localización e identificación de las más de 114.000 personas que siguen en fosas comunes, una situación "inaceptable" en una sociedad democrática.

"No resulta aceptable el argumento del Gobierno de que no dispone de medios económicos, porque ello podría explicar una reducción de las partidas presupuestarias, pero no la absoluta paralización que se ha producido de las actuaciones institucionales", apostilló Bosch.

Otras amnistías latinoamericanas

Chile no se convertirá en el primer estado latinoamericano en derogar una ley que respalda los delitos cometidos durante periodos dictatoriales. En realidad, seguirá la estela iniciada hace años por Argentina.

En el país del tango, la llamada Ley de Pacificación Nacional, más conocida como ley de autoamnistía –aprobada durante la dictadura militar y que dejaba extinguidas "las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982"–, fue derogada en 1983 por el Gobierno de Raúl Alfonsín. La abolición de esta norma permitió condenar a Jorge Rafael Videla y a Emilio Massera a cadena perpetua.

En el año 2003, el Congreso Nacional argentino también derogó la Ley 23.492 de Punto Final, otro texto jurídico incubado durante el mismo periodo de la dictadura militar y que protegía a todos aquellos que hubiesen cometido durante estos años delitos de desaparición forzada.

El resto de países latinoamericanos continúan con sus respectivas leyes de amnistía derivadas de los diferentes conflictos internos. Uruguay, por ejemplo, ratificó en 2011 la llamada Ley de Caducidad, que permitió a los responsables de crímenes durante el periodo dictatorial (1973-1985) salir impunes.

La ONU también solicitó a El Salvador a finales de agosto la derogación de la ley de amnistía aprobada en 1993, según recogió el rotativo salvadoreño El Mundo, y aludiendo al dictamen que emitió en 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicitaba la abolición del texto jurídico. 

El Tribunal de Apelaciones de Santiago de Chile ordenó este lunes al Estado pagar una indemnización de 185 millones de pesos (cerca de 241.000 euros) a los familiares de un detenido desaparecido durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En su fallo, el tribunal determinó que se debe indemnizar con 125 millones de pesos (unos 163.000 euros) a Amelia Caballero Nadeau, esposa de Anselmo Radriagán Plaza, y con otros 60 millones de pesos (alrededor de 78.200 euros) a su hermana Cecilia Radriagán Plaza, según informó Europa Press.

La sentencia revoca así el fallo del 27º Juzgado Civil de Santiago, que determinó que la pensión que reciben las demandantes era suficiente como reparación por la desaparición de Radrigán Plaza el 12 de diciembre de 1974, según ha informado la emisora chilena Bío Bío.

Radriagán Plaza era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el momento de su detención por parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que se produjo cuando paseaba por la calle García Reyes de la capital.

Fue visto por última vez epocos días después en Villa Grimaldi, uno de los principales centros de detención y tortura durante la dictadura de Pinochet, donde fue torturado por las fuerzas de seguridad.

En agosto de 2010 fueron condenados a penas de cuatro años de cárcel cinco agentes de la DINA por su papel en la detención de Radrigán Plaza, si bien a todos ellos se les concedió la libertad vigilada.

Acaban de cumplirse 40 años del golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el presidente socialista, Salvador Allende, pero en Chile los fantasmas del pasado siguen marcando el presente de la política. Cuatro décadas después aquel baño de sangre que derivó en un régimen militar durante 17 años (1973-1990) no ha caído en el olvido. Ni para unos ni para otros. De hecho, la polarización social en Chile ha surcado toda la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales y legislativas que se celebran este domingo. Al frente de una amplia coalición, llamada Nueva Mayoría y que incluye desde democristianos hasta comunistas, la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010) puede obtener un triunfo arrollador a sus 62 años y regresar al palacio de La Moneda. Los sondeos apenas le conceden un 14% a su principal rival, la derechista Evelyn Matthei, de 60 años.

Bachelet y Matthei fueron amigas de la infancia porque crecieron en una base militar de la Aviación, donde sus padres estaban destinados. La historia las enfrentó más tarde al tomar partido Alberto Bachelet por el Gobierno legítimo, una fidelidad que le costó morir en prisión de un paro cardiaco tras sufrir todo tipo de torturas y vejaciones. Por el contrario, Fernando Matthei no movió un dedo por su antiguo colega, ocupó cargos en la Junta Militar y antepuso “la prudencia al coraje”, según confesó en un libro publicado hace 10 años. Matthei, exministro de Pinochet, podrá votar hoy por su hija a sus 88 años. Bachelet no pudo disfrutar del orgullo de ver que su hija alcanzaba la presidencia democrática de Chile en 2006 y que este domingo puede lograr de nuevo la victoria.

Pero esa larga sombra de Salvador Allende no se extiende sólo a las biografías de las dos principales candidatas, sino que abarca también un debate electoral donde, de nuevo, se discute sobre el reparto desigual de la riqueza en un país con un crecimiento económico del 5%, pero con enormes bolsas de pobreza; donde las movilizaciones estudiantiles han ocupado las calles en los últimos años en favor del acceso a la educación; donde se baraja incluso otra nacionalización de la industria del cobre, que fue el detonante del golpe contra Allende respaldado por la CIA; o donde cabe la posibilidad de un regreso de los comunistas al Gobierno chileno por primera vez desde 1973.

Bachelet abandonó la presidencia en 2010, con un 85% de popularidad, por el imperativo legal que impide que el jefe del Estado de Chile repita su mandato. A Bachelet le sucedió en La Moneda un dirigente de la derecha, Sebastián Piñera, que se despide con apenas un 35% de respaldo social. Por ello, las posibilidades de Evelyn Matthei parecen escasas e incluso algunos analistas pronostican que se verá desplazada de la segunda plaza y no podrá disputar, llegado el caso, una segunda vuelta con Bachelet.

El triunfo de Bachelet, que en los últimos años ha sido la responsable de ONU-Mujeres, devolvería el poder a la izquierda que ha gobernado en Chile desde el final de la dictadura en 1990, salvo el último periodo de Piñera.

La campaña de Nueva Mayoría descansa sobre tres reformas: constitucional, fiscal y educativa. El amplio y variado conjunto de fuerzas políticas que apoya a Bachelet pretende reformar la Carta Magna, heredada del régimen castrense aunque retocada durante la democracia, de forma que la Constitución incluya un extenso catálogo de derechos fundamentales, al tiempo que crea un sistema electoral más representativo. En segundo lugar, los favoritos proponen una fiscalidad más justa y progresista que penalice a las rentas altas de tal forma que unos mayores ingresos permitan financiar una educación pública y de calidad, el tercer gran objetivo de Bachelet. No deja de ser significativo que una de las líderes del movimiento estudiantil de Chile, la comunista Camila Vallejo, figure a sus 25 años como una de las candidatas en las listas de la Nueva Mayoría.

En cualquier caso, la campaña electoral chilena a las presidenciales y las legislativas ha sido la más polarizada desde la reinstauración de la democracia y la doctora Bachelet (médico de profesión, otra coincidencia con Allende) no se fía de las encuestas y se muestra muy prudente en sus promesas “para no caer en la demagogia”, según sus propias palabras, o por “una ambigüedad calculada”, a juicio de sus oponentes. Además, los comicios de este domingo están definidos también por la incógnita de que se trata de la primera ocasión en que el voto no es obligatorio en Chile y, por tanto, el comportamiento electoral puede sufrir modificaciones en función de la participación. Por otra parte, ganar la presidencia no basta para impulsar los cambios que anuncia Bachelet, ya que necesitará de una mayoría cualificada en el Parlamento donde se eligen 120 diputados y 20 senadores.

“Necesito un Parlamento que se la juegue por los cambios que Chile precisa”, manifestó la candidata en un reciente mitin en Rancagua. En última instancia, los chilenos tienen la última palabra a la hora de decidir si el legado de Allende sigue vivo en la hija de uno de sus colaboradores, al que la lealtad a la democracia le costó la vida. Una huella vigente, y no sólo un fantasma del pasado, que Bachelet reivindicó durante su anterior mandato como presidenta.

Un caso judicial vinculado al golpe de Estado de Pinochet relaciona a las dos principales candidatas a las elecciones de noviembre en Chile, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei. La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ha rechazado procesar al padre de la candidata presidencial de la gobernante Alianza, Evelyn Matthei, por su presunta implicación en la muerte del padre de la candidata presidencial de la opositora Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, según informa Europa Press.

La Sala Tercera ha confirmado el fallo emitido el pasado 2 de agosto por el juez Mario Carroza, quien consideró que "los nuevos antecedentes expuestos por la parte querellante no son suficientes", según ha citado el diario chileno La Tercera.

Se trata de la tercera vez que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos pide a la justicia chilena que procese al ex jefe de la Fuerza Aérea Chilena (FACH) Fernando Matthei por la muerte del general Alberto Bachelet.

Bachelet fue recluido en la Academia de Guerra, dirigida por Matthei, por seguir siendo leal al presidente Salvador Allende tras el golpe de Estado perpetrado el 11 de septiembre de 1973 por el general Augusto Pinochet contra el Gobierno del líder socialista.

Aunque durante muchos años la versión oficial sostuvo que Bachelet murió por un infarto natural, finalmente la justicia chilena ha determinado que se debió a las habituales torturas que sufrió durante su reclusión.

A pesar de que las víctimas de la dictadura militar han insistido en responsabilizar a Matthei de la muerte de Bachelet, la familia de la ex presidenta chilena siempre ha creído que no estuvo implicado, o al menos directamente.

Bachelet y Matthei forjaron una estrecha amistad durante los años previos al Golpe de Estado, ya que ambos estuvieron destinados en la misma base militar, pero con el advenimiento del régimen castrense sus vidas tomaron caminos muy distintos.

Sus hijas crecieron juntas, pero al igual que sus padres sus sendas se separaron tras el golpe de Estado. Bachelet sufrió el acoso de las autoridades interinas, lo que la llevó a exiliarse, mientras que Matthei pasó a formar parte de los nuevos círculos de poder.

Ahora, Matthei y Bachelet se enfrentarán en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 17 de noviembre en Chile. Matthei intentará renovar el mandato del centro-derecha y Bachelet pugnará por devolver a la izquierda a La Moneda.