Megatendencias Planeta Tierra ISR (Inversión Socialmente Responsable) es el llamativo nombre de un fondo de inversión comercializado por BBVA en España. El reclamo verde al ahorrador es evidente. Sin embargo, en la cartera de empresas del fondo que recibirán financiación, BBVA ha incluido a cinco de las principales compañías mineras del mundo –Antofagasta PLC, Newmont Mining Corporation, Agnico Eagle Mines, Sociedad Química y Minera de Chile e Imerys SA–, a una siderúrgica estadounidense –Steel Dynamics– y a dos fabricantes de vehículos –Deere e Iveco–. También figura en el portfolio la empresa de celulosa Ence, en el centro de la polémica ambiental desde hace décadas en Galicia.

Este producto financiero del BBVA es uno de los fondos regulados por el Artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la UE y en los que, en teoría, sólo se pueden incluir inversiones realmente sostenibles; es decir, aquellas que tienen “objetivos explícitos” de sostenibilidad. Pero esa normativa de la UE, vigente desde 2021, no impide a Megatendencias Planeta Tierra financiar algunas de las actividades que más CO2 expulsan a la atmósfera y, por tanto, más perjudican al clima. El sector de la minería emite 670 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, mientras que el del petróleo y el gas, el más contaminante de todos, alcanza los 7.432 millones, según las estadísticas del London Stock Exchange Group (LSEG). Le siguen la siderurgia y el automóvil.

La investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio on line europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, y basada en datos financieros del London Stock Exchange Group (LSEG), la Bolsa de Londres, revela que 4.342 fondos teóricamente verdes comercializados en Europa invierten 87.000 millones de dólares –81.000 millones de euros– en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías. Son cifras referidas al cuarto trimestre de 2023.

El del BBVA es sólo uno más de los múltiples fondos europeos con etiqueta sostenible y corazón contaminante.

De hecho, los fondos verdes españoles invierten 1.434 millones de dólares –1.340 millones de euros– en la muestra de 200 empresas, líderes en la emisión de CO2, que ha seleccionado la investigación de EIC y Voxeurop. Esa cifra aumenta hasta 1.474,6 millones si se les añaden los 208,6 millones de dólares de fondos domiciliados en Luxemburgo y Finlandia, pero gestionados por Banco Santander, Renta 4 o Magallanes, entre otros. Si además se cuentan los fondos extranjeros –de la estadounidense Templeton o la francesa Amundi, por ejemplo– que comercializan en España entidades como Abanca o Abante Asesores, la cifra se dispara hasta casi los 3.750 millones de dólares.

Por sectores, la inversión favorita de los fondos españoles supuestamente verdes es el sector más contaminante, el petróleo y el gas, que recibe 460,5 millones de dólares, un tercio de la financiación total. Le sigue la industria de la moda, con 446,3 millones. El protagonismo de Inditex es clave para entender el tirón del sector textil entre los gestores de activos locales. El tercero es el sector del automóvil, donde los fondos sostenibles españoles colocan 247,2 millones de dólares. El acero consigue 125,7 millones y la industria aeronáutica, 117,7 millones. El carbón aún se lleva 7,3 millones de los fondos sostenibles vendidos en España.

Con la lupa puesta sobre los bancos gestores, en el cuarto trimestre de 2023 el Santander invertía 347,3 millones de dólares en las 200 empresas que más CO2 emiten de la muestra utilizada en esta investigación. Pero Caixabank supera a la primera entidad financiera española, con casi 472 millones colocados en los mayores contaminadores. BBVA se queda en 104,8 millones.

Los sectores donde más dinero supuestamente verde invierten los tres grandes bancos españoles son el del petróleo y gas, y la industria de la moda, responsable del 10% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Caixabank financia con 157,8 millones de dólares a las petroleras más contaminantes. Por ejemplo, coloca casi 40 millones en Shell y 32,8 millones en la francesa TotalEnergies. En Repsol invierte 27 millones. Donde Santander pone más dinero también es en petroleras, 112,6 millones, con Repsol encabezando sus preferencias –40 millones–, seguida de TotalEnergies –25 millones–. BBVA financia con 36,5 millones a la industria textil y con 32,6 millones al petróleo.

Entre las empresas contaminantes que reciben fondos verdes españoles se pueden citar, además, a las automovilísticas Mercedes Benz, con 69 millones de dólares, y Stellantis –Peugeot y Citroën–, con 61,7 millones, pero también a la minera Rio Tinto, con 72,7 millones. Una siderúrgica como ArcelorMittal consigue 55,7 millones de ahorradores españoles y Airbus, 53,2 millones.

En las carteras de inversión de los fondos se pueden encontrar otras grandes sorpresas. Así, el portfolio del fondo Santander Sostenible Renta Fija Ahorro incluye al fabricante italiano de superdeportivos Ferrari y Santander Responsabilidad Solidario, a Harley Davidson.

¿Es sostenible invertir en esas firmas? En 2035, la UE obligará a las empresas del sector a rebajar la media de emisiones de CO2 de los vehículos a 95 gramos por kilómetro en 2035. Un Seat León emite entre 125 y 137 gramos por kilómetro. Pero el Ferrari 488 Spider, uno de los modelos más exitosos de la marca del cavallino rampante, expulsa 260 gramos por kilómetro; otros modelos pueden superar los 300. Una moto 1.200 Costum de la marca de Milwaukee emite 120 gramos por kilómetro, pero una Grand Touring pasa de los 142.

Otro fondo verde vendido por el banco de Ana Patricia Botín, Santander Dividendo Europa, permite invertir en la empresa francesa de armamento Thales, en las petroleras Shell y TotalEnergies, en las mineras Rio Tinto y Anglo American, y en dos tabacaleras, British American Tobacco e Imperial Brands. Y ello pese a que entre las exclusiones citadas expresamente en el anexo de sostenibilidad del folleto donde figuran las características del fondo se encuentran las empresas de armas, los combustibles fósiles y las “inversiones expuestas a controversias severas”.

Todos estos son fondos regulados por el Artículo 8 del SFDR. Es decir, son verde claro. “Un cajón de sastre” donde caben fondos cuyo nivel de sostenibilidad “es incluso discutible”, según el informe Desafíos de la inversión sostenible Dark Green, elaborado por la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles de la Universitat Pompeu Fabra, el bufete Gabeiras & Asociados y Triodos Bank.

Por el contrario, Santander Prosperity es un fondo regulado por el Artículo 9, uno de los productos que se suponen verde oscuro. Sin embargo, en su cartera aparece SLC Agrícola SA, uno de los mayores productores agrícolas brasileños de algodón, soja y maíz, que ha sido denunciado y multado por deforestar a gran escala el Amazonas. De hecho, el Fondo de Pensiones del Gobierno noruego se desprendió en 2017 de sus participaciones en la empresa brasileña por este motivo.

A preguntas de infoLibre, Banco Santander indica que no ha “identificado controversias críticas” ni con Ferrari ni con Harley Davidson, que no pertenecen a sectores excluidos por la estrategia del fondo. Además, destaca que ambas empresas se encuentran “dentro del 60% que mejor desempeño tienen en su sector y área geográfica en materia ASG”.

Sobre la cartera de Santander Dividendo Europa, la exclusión que se ha automipuesto el gestor se limita a las compañías de “armamento controvertido”, no a las de “armamento convencional“, entre las que el banco incluye a Thales. Es decir, sólo descartan las minas antipersonas, las municiones en racimo, las armas químicas o biológicas, las nucleares y la munición que contenga uranio empobrecido, según prescribe la Política de Defensa del Grupo Santander. 

Tampoco se prohíben todos los combustibles fósiles, sólo los conocidos como no convencionales –arenas bituminosas, gases de esquisto, hidratos de metano–, por lo que el banco incorpora a sus portolios a Shell y Total, cuya producción de esas fuentes de gases de efectos invernadero “no supera el umbral fijado”. Ni siquiera queda fuera de la lista la minería del carbón, asegura el banco, y las mineras Rio Tinto y Anglo American tampoco exceden los umbrales determinados para esa actividad.

Por lo que a SLC Agrícola se refiere, Santander justifica su inclusión en la cartera de un fondo verde oscuro remitiéndose al proveedor externo que le evalúa las empresas y que no consideró las multas por deforestación impuestas a la brasileña como una “controversia con el máximo nivel de relevancia”.

Más ejemplos. BBVA Europa Desarrollo, un fondo del Artículo 8, no tiene reparo en incluir en su portfolio a la minera sueca Boliden, responsable de uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España: la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en pleno parque de Doñana, en 1998. Un caso que, 26 años después, aún tiene que dirimir el Tribunal Supremo.

“Todas las compañías [de las carteras de inversión] cumplen con salvaguardas mínimas, no hacen daño significativo a ningún objetivo sostenible y tienen contribución positiva medioambiental y/o social”, asegura a este periódico el banco presidido por Carlos Torres Vila. No obstante, admite que la “inversión sostenible” –la verde oscuro, la de Megatendencias Planeta Tierra, por ejemplo– también puede abarcar la financiación de “compañías que, siendo en la actualidad altamente intensivas en emisiones de carbono, están definiendo planes para reducir dicho impacto”.

Ese es, en efecto, el argumento al que acuden tanto los gestores de fondos como las empresas para defender estas inversiones: que son necesarias para ayudar a financiar la transición hacia energías más limpias. Ayudan a Ferrari –lanzará en 2025 su primer vehículo eléctrico, que costará más de medio millón de euros– o a Harley Davidson a electrificarse, por ejemplo.

Sin embargo, la mayoría de los fondos etiquetados como “de transición” –todavía una proporción relativamente pequeña de las inversiones– poseen acciones en empresas emisoras de carbono que carecen de objetivos de descarbonización, puesto que no son obligatorios hasta 2025. El último informe de la empresa francesa de inversión sostenible Carmignac muestra que la Cuota de Transición Climática de su cartera incluye a tres grandes contaminadores: TotalEnergies, la minera Glencore y la energética alemana RWE. Pero a los inversores no se les informa de los planes de reducción de CO2 de estas empresas ni de sus progresos, porque sus acciones pertenecen a la parte no verde del fondo, que no tiene que cumplir la obligación de “no perjudicar” al medio ambiente que les impone el SFDR.

Los bancos españoles sólo comercializan cinco fondos del Artículo 9, esos que deberían ser realmente sostenibles. Representan un raquítico 0,4% de los fondos verdes nacionales, sólo suman 4,95 millones de dólares. Además de los de BBVA y Santander antes mencionados, Cajamar vende Trea Cajamar RV Europa Sostenible, que invierte en las petroleras Shell, BP, TotalEnergies y Aker BP ASA, las mineras Glencore y Antofagasta PLC, Airbus, Stellantis…

Y Caixabank cuenta con otros dos: Caixabank SI Impacto 50/100 RV y Caixabank SI Impacto 0/30 RV. Ambos incorporan en sus carteras no sólo a Repsol y a la minera Anglo American, sino también a la empresa pública China Three Gorges Corporation. Se trata de la responsable de la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la central hidroeléctrica más grande del mundo y probablemente también la más polémica, por el destrozo medioambiental que causó –y sigue causando– en la zona y porque forzó el desplazamiento de 1,24 millones de personas. Además, desde 2020 Three Gorges Corporation se encuentra entre las empresas sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con el Ejército chino.

En otro fondo, aunque del Artículo 8, Caixabank Master RV Emergente Advised By, aparece la india Reliance Industries, la empresa del petróleo y el gas que más financiación recibe de la entidad catalana, 52,5 millones, más incluso que TotalEnergies. Reliance Industries no sólo es la 13ª compañía del mundo que más CO2 emite, según las estadísticas del London Stock Exchange Group, sino que además pesan sobre ella denuncias de corrupción política, fraude, manipulación financiera y explotación de los recursos naturales. En el folleto del fondo, en cambio, se restringe expresamente “la inversión en compañías involucradas en controversias que afectan al ámbito de la sostenibilidad calificadas como muy severas”.

Caixabank responde que apoya a “compañías de sectores más intensivos” en CO2 pero que “cuentan con estrategias de descarbonización”, para conseguir la transición energética. Y justifica sus posiciones en Repsol y Anglo American en el hecho de que son a través de “bonos corporativos verdes, sociales y sostenibles, que incluyen objetivos materiales, verificados externamente por un experto independiente”, y sobre los que se hacen informes de seguimiento.

“Es normal que los inversores estén un poco perdidos”, reconoce Cristina Martínez, Investment Product Manager de Triodos Bank, que se define como “entidad de crédito ética”. Por ese motivo, se declara a favor de una regulación “más exigente” que la actual. “El SFDR es mal usado por muchos de nosotros, porque se ha convertido un sistema de divulgación en un sistema de clasificación de fondos”, lamenta. En una etiqueta que, sin embargo, no garantiza el desempeño en materia de sostenibilidad de una inversión.

Según el informe Desafíos de la inversión sostenible Dark Green, casi el 20% de las empresas del Artículo 9 analizadas tienen “controversias con algún factor ASG [Ambientales, Sociales y de Gobernanza], residuales en el enfoque ambiental pero más relevantes en el social y de gobernanza”. De ahí que esas taras puedan “poner en duda la naturaleza sostenible” de los fondos verde oscuro, “sobre todo en lo relativo a su exposición a sectores controvertidos como el tabaco, el alcohol, el juego o el armamento, así como a la minería o el petróleo”, resaltan sus autores.

A juicio de Cristina Martínez, es evidente que hay empresas que no deberían estar en esas carteras. “Algunas tienen un score [puntuación] alto sólo porque han aprobado políticas de sostenibilidad, pero eso no quiere decir que hagan algo en ese ámbito”, advierte. El informe de la Pompeu Fabra también critica que no se pueda verificar que el 100% de los activos financiados por los fondos estén alineados con objetivos de sostenibilidad. Muchas veces, el ahorrador invierte a ciegas.

O confundido. Otro informe, sobre La inversión sostenible y responsable en España, elaborado por Spainsif, una asociación integrada por las principales entidades financieras españolas, y patrocinado por DWS, el mayor gestor de fondos alemán, filial de Deutsche Bank, concluye que el inversor minorista no comprende “de manera suficiente” las cuestiones ASG. Esa es al menos la respuesta que da al menos un tercio de las 60 entidades encuestadas al respecto.

A la confusión contribuyen los métodos utilizados por los bancos y gestores para confeccionar esas carteras supuestamente verdes. Uno de ellos es el best-in-class, por el que se seleccionan las empresas que mejor rinden en términos ambientales, aunque pertenezcan a los sectores más contaminantes. Un sistema, advierte el informe de la Pompeu Fabra, que “arroja dudas sobre el verdadero carácter transformador de las carteras y sobre la calificación de algunos fondos como del Artículo 9”.

También induce a engaño el uso que hacen las empresas de la “intensidad de carbono” como indicador de sus emisiones. Al medirlas no como un volumen bruto sino como las emisiones por cada euro que producen, las empresas pueden reducir el CO2 por cada tienda abierta o por cada coche fabricado, al mismo tiempo que aumentan el total de dióxido de carbono expulsado a la atmósfera si la producción crece.

Preguntado al respecto el BBVA, que aplica el “uso intensivo de CO2 medio” para confeccionar las carteras de inversión de sus fondos, asegura que se trata de un indicador “alineado con lo establecido en la normativa europea”. Una métrica relativa, añade, permite conocer las emisiones actuales y su evolución histórica, de forma individual y en comparación con las de su sector. Así, sostiene, el banco puede discernir qué empresas tienen un mejor comportamiento. Caixabank también defiende la validez de ese indicador relativo porque, dice, le permitir “discriminar entre aquellas empresas que están avanzando de manera satisfactoria respecto a las que van más rezagadas” . Además, no es el único indicador que emplea.

Una tercera vía de escape para los fondos es el hecho de que en muchos casos se limitan a replicar índices elaborados por agencias de calificación como MSCI. Si la agencia de Morgan Stanley considera, por ejemplo, que TotalEnergies se ajusta al objetivo mínimo del Acuerdo de París –2ºC de calentamiento–, porque se ha comprometido a reducir las emisiones en sus plantas petrolíferas, la multinacional francesa aparecerá en los portfolios de todos los fondos que repliquen sus índices. Aunque, al mismo tiempo, TotalEnergies aumente su producción de hidrocarburos.

En sus fondos Triodos Bank no replica índices ajenos, asegura Cristina Martínez, y sólo vende los del Artículo 9, los que deberían ser sostenibles pata negra. Pero su cuota es pequeña, apenas 25 millones de euros en una plataforma que lanzó en España en 2021. Ya sea claro u oscuro, lo verde vende. Desde marzo de 2021, el crecimiento en España de los fondos sostenibles –tanto del Artículo 8 como del 9– ha sido espectacular: han pasado de representar el 9,8% del patrimonio total al 34,9% a finales de marzo de 2023, según el informe de la Pompeu Fabra. Se han más que triplicado en dos años. ¿Quiénes son sus principales clientes? El estudio de Spainsif dice que fondos de pensiones de empleo, organizaciones benéficas y religiosas, y fundaciones, además de ahorradores individuales. Todos ellos creen estar ayudando a detener el calentamiento global pero, en realidad, pueden resultar víctimas de una estrategia global de greenwashing –hay quien lo llama hipocresía verde– de la que son cómplices las grandes empresas y el sector financiero.

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Esta es la historia de una provechosa operación financiera y del posterior triángulo societario, y quizá fiscal, que trazaron quienes consiguieron ese rotundo beneficio. Los gestores del fondo Peninsula Capital, creado por el presidente de Mediaset España, Borja Prado, multiplicaron con una sola operación el dinero que habían invertido en el operador privado del AVE italiano y, ocho meses después, dos de ellos se vendieron a sí mismos dos veces, triangulando a través de dos empresas pantalla en Emiratos Árabes Unidos, las acciones que poseían en un puñado de sociedades del holding. Dos años después, Prado también se las vendió a sí mismo, aunque sin pasar por Oriente Próximo. Sus acciones no salieron de Luxemburgo.

En abril de 2018, los titulares de la prensa, española e internacional, dieron buena cuenta del “golpe” que dio la gestora Peninsula Capital cuando el fondo estadounidense Global Infraestructure Partners (GIP) compró por 1.980 millones de euros el primero operador privado de alta velocidad de Italia –y de Europa–, Nuovo Transporto Viaggiatori (NTV). Un auténtico pelotazo, porque sólo un año antes, Peninsula Capital, uno de cuyos accionistas más destacados es el ahora presidente de Mediaset España, Borja Prado, había adquirido el 12,8% de la empresa italiana por 66 millones de euros. Los de Nueva York pagaron por esa participación 243,78 millones de euros. Peninsula Capital, por tanto, se embolsó 177,78 millones, más 3,73 millones en dividendos. Un total de 181,51 millones, casi el triple de lo que había pagado.

El negocio y sus relucientes cifras fueron ampliamente publicitadas. No era para menos. En Italo, la marca con la que NTV explota los trenes de alta velocidad en Italia, compartían sociedad Luca Cordero di Montezemolo, expresidente de Ferrari, y otro gran empresario italiano, Diego della Valle, presidente de la marca de calzado de lujo Tod’s, con el banco turinés Intesa Sanpaolo y la aseguradora Generali. En 2017, NTV había facturado 455 millones de euros y cerrado con unos beneficios de 33,8 millones. En 2021 los triplicó, hasta 104,37 millones.

Además, España tenía un interés adicional. Peninsula Capital es la creación de uno de los más prominentes ejecutivos del país, Borja Prado, quien antes de llegar a la televisión había presidido Endesa y Mediobanca para la Península Ibérica y Latinoamérica. Tal es así que, al anunciarse su entrada en Italo, hubo quien loó la “alianza” de Prado con Montezemolo para “impulsar la alta velocidad italiana”. Una operación que confirmaba los estrechos y lucrativos lazos del directivo con Italia.

Pero cuando se apagaron los focos, el negocio siguió un recorrido no menos sugestivo. Un rastro que han seguido Mediapart, infoLibre e Il Fatto Quotidiano, todos ellos miembros del consorcio European Investigative Collaborations (EIC). Peninsula Capital fue creada en marzo de 2016 por Borja Prado, cuando aún era presidente de Endesa, junto con dos socios: Javier de la Rica, con quien había trabajado en el italiano Mediobanca, y Stefano Marsaglia, también alto ejecutivo de la entidad milanesa.

Como suele ocurrir con los fondos de inversión, Peninsula se compone de toda una red de sociedades, la mayoría registradas en Luxemburgo, pero también en Londres. Incluye sociedades de inversión, que poseen las participaciones y cobran dinero de los inversores; y sociedades de gestión, propiedad a partes iguales de Borja Prado y sus dos socios. Estas últimas reciben comisiones de gestión y una parte de los beneficios de las operaciones de Peninsula. Por ejemplo, la sociedad de gestión de la operación de NTV era Peninsula Capital II, propiedad a partes iguales de Prado, De la Rica y Marsaglia.

El 11 de diciembre de 2018, ocho meses después de cerrarse la rentable venta de NTV al fondo estadounidense GIP, De la Rica y Marsaglia vendieron sus participaciones del 33,3% en cuatro sociedades de gestión –Peninsula Capital, Peninsula Capital II, Peninsula Capital III y Peninsula Promoters– a dos sociedades constituidas en la zona franca del aeropuerto de Sharjah, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos (EAU). Además de un conocido paraíso fiscal. Las sociedades son MBB Holding FZE y Casan Holding FZE. El precio de compraventa no consta en el Registro Mercantil de Luxemburgo.

Pues bien, ese mismo día, De la Rica y Marsaglia también crearon, en Luxemburgo, otra sociedad, Peninsula Holding, propiedad al 50% de MBB y de Casan, y donde ellos figuran como administradores, junto con Joost Anton Mees y Johannes Laurens de Zwart, dos ejecutivos de Peninsula Capital.

Y, de nuevo el 11 de diciembre, vendieron a Peninsula Holding las participaciones de MBB Holding FZE y de Casan Holding FZE en las cuatro sociedades citadas, por un importe de 19,2 millones de euros –9,6 millones cada uno–. De esa suma, 16,5 millones fueron pagados en efectivo por Peninsula Holding. Es decir, tanto MBB como Casan recibieron cada una 8,25 millones de euros. Todas estas operaciones figuran en los documentos que estas sociedades han inscrito en el Registro Comercial de Luxemburgo.

En resumen, De la Rica y Marsaglia se vendieron a sí mismos sus acciones de Peninsula dos veces el mismo día, a través de dos paraísos fiscales, lo que parece no tener ningún sentido económico más allá de que se trate de un plan de optimización fiscal, destinado a localizar en Sharjah parte del dinero que ambos ganaron gracias a Peninsula. Posteriormente, al recibir dividendos y luego vender otras acciones de Peninsula, recibieron grandes sumas de dinero adicionales a través de sus empresas emiratíes. Una de las preguntas que los gestores del fondo no han respondido a EIC es si MBB Holding fue creada por De la Rica y Casan Holding por Marsaglia. Lo que dicen los registros es que el mismo día que el italiano abandonó su cargo como administrador de Peninsula, el 28 de julio de 2021, Casan Holding vendió también todas su acciones en el fondo. Y que De la Rica había constituido en Luxemburgo, el 31 de marzo de 2021, otra sociedad con el mismo nombre que la emiratí: MBB Luxembourg.

Las FZE, Free Zone Establishments, son sociedades de responsabilidad limitada con un solo accionista, que bien puede ser una persona física o jurídica. Deben tener al menos dos directores y un secretario, pero las leyes emiratíes permiten que todos esos cargos los desempeñe la misma persona. En los Emiratos hay más de 40 zonas francas, donde se permite crear sociedades en sólo unas horas con un gasto de apenas 1.440 euros. Pueden ser de propiedad extranjera al 100%, no pagan impuesto de sociedades y la repatriación de capitales no está sujeta a ningún gravamen.

España firmó en 2007 un convenio para evitar la doble imposición con los Emiratos Árabes Unidos, que además suscribieron en septiembre de 2018 el acuerdo para el intercambio automático de información de cuentas financieras. En el IRPF los residentes en España están obligados a declarar las rentas que obtengan también en cualquier otro lugar del mundo.

Borja Prado, en cambio, se quedó con sus participaciones en las cuatro sociedades gestoras y en un quinta, Peninsula Europe GP, hasta que casi dos años después, en noviembre de 2020, las vendió también a Peninsula Holding, la empresa de Luxemburgo propiedad de De la Rica y Marsaglia a través de las dos sociedades de Emiratos citadas. A cambio, se convirtió en accionista del holding luxemburgués junto con los dos citados.

Pero, en esta última operación, el precio al que se le pagó la acción fue poco más de la mitad del que cobraron sus socios cuando vendieron sus participaciones dos años antes: 5,1 millones de euros.

EIC ha preguntado a los tres socios de Peninsula Capital y al propio fondo por estas transacciones, si las declararon a Hacienda y si responden a un plan de optimización fiscal, pero ninguno de ellos ha respondido.

El 31 de marzo de 2021 Javier de la Rica creó MBB Luxembourg, de la que posee el 100% y a la que se incorporó como administrador el pasado 1 de noviembre Borja Prado. MBB Luxembourg, con domicilio en el Gran Ducado, compró acciones de Peninsula Holding que eran propiedad tanto de su homónima en Emiratos como de Borja Prado, de tal forma que en junio de 2022 los dos únicos accionistas del holding eran el presidente de Mediaset España y MBB Luxembourg al 50%.

Pero esa distribución duró poco. En noviembre del año pasado, entraron en el capital de Peninsula Holding los tres hijos de De la Rica –Borja, Marta y Bruno–, cada uno con un 8,4%. De manera que ahora la sociedad pertenece en un 49,8% a Borja Prado, en un 24,7% a MBB Luxembourg –es decir, a Javier de la Rica– y en un 25,2% a los tres hermanos De la Rica, lo que suma otro 49,8%. El 0,2% restante está en manos de Borja Klingenberg, director de Operaciones de Peninsula Capital y antes jefe de gabinete del presidente de Endesa y vicepresidente de Mediobanca para España y Portugal.

Desde que Peninsula y el resto de los accionistas vendieron NTV al fondo GIP, el AVE privado italiano ha mejorado considerablemente sus cifras, tanto de viajeros como contables. Y cambiado su propiedad. En septiembre de 2018 dio entrada a la aseguradora alemana Allianz, que posee un 11,5% del capital. También el fondo de pensiones de los trabajadores de la industria danesa, IP Infra Investors, y el de los funcionarios de Misuri, Molagers, tienen un 7,6% y un 0,6%, respectivamente. El fondo GIP se ha quedado con el 76,6%, mientras que otro 7,7% sigue en manos de seis “reinversores”, accionistas que en 2018 vendieron al fondo de Nueva York pero continúan en NTV, entre ellos no sólo Montezemolo, sino también Peninsula Capital a través de PII1.

Quien abandonó el exitoso fondo de Borja Prado es Stefano Marsaglia. En julio de 2021 vendió sus acciones a los otros dos socios por varios millones de euros, que acabaron en su sociedad de Sharjah, Casan Holding FZE. En julio de 2019, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo, declaraba como lugar de residencia los Emiratos Árabes Unidos. Desde agosto de 2022, Marsaglia es miembro del consejo de administración de Generali, la mayor aseguradora italiana y cuyo principal accionista es Mediobanca. El año pasado creó además una gestora, llamada Azzurra Capital, domiciliada en Dubái y que cuenta en su consejo asesor con Flavio Cattaneo, otro de los “reinversores” de NTV, su actual vicepresidente ejecutivo y, en el momento de la venta a GIP, consejero delegado de la compañía. Cattaneo también acompaña a Marsaglia en el consejo de administración de Generali.

GIP tampoco es un desconocido en España, porque es el tercer mayor accionista de Naturgy, con el 20,6% del capital.

La Delegación de Economía y Hacienda en Madrid ha adjudicado este jueves, tras el acto público de apertura de ofertas de la subasta, los dos vehículos de la marca Ferrari que fueron donados por el rey Juan Carlos y entregados a Patrimonio de la Administración General del Estado por un importe conjunto de 443.842 euros.

El precio de salida de ambos vehículos era de 375.000 euros, por lo que la adjudicación de los mismos se ha realizado a un precio un 18% superior al de salida de la subasta.

El primero de ellos ha sido adjudicado al concesionario Argüelles Cars, situado en Madrid, por un importe de 201.555 euros, frente al precio de salida en la subasta de 195.000 euros. Se trata de un modelo FF, color negro.

El otro vehículo, también un Ferrari modelo FF, en este caso gris plateado, se ha adjudicado a Álvaro Alonso Sánchez, por un precio de 242.287 euros, frente a los 180.000 euros del precio de salida en la subasta fijada por el Estado.

El pasado 1 de junio se sacaron a subasta ambos vehículos, por segunda vez, tras quedar desierto el primer intento, en octubre de 2015. En aquella ocasión el precio conjunto de los dos coches ascendía a cerca de 700.000 euros, casi el doble del precio de licitación de esta nueva subasta (375.000 euros). El precio de los vehículos nuevos asciende a más de 725.000 euros.

Los dos Ferrari fueron un regalo con el que el primer ministro emiratí obsequió al rey Juan Carlos a finales de 2011 después de que este asistiera al gran premio de Fórmula 1 en el que competía el piloto español Fernando Alonso.

Lo recaudado por la venta de los vehículos ingresará en las arcas del Estado, como ocurre con los objetos decomisados por las fuerzas de seguridad que se subastan, según indicaron a Europa Press en fuentes de Patrimonio del Estado.

Dos años largos después de que su defensa alegase una “enfermedad degenerativa” que afectaba a sus facultades mentales para evitar el embargo de sus bienes en el caso Marsans, Carlos de Borbón-Dos Sicilias permanece en el consejo de administración de Cepsa SA.

Un comunicado oficial publicado por la petrolera el pasado martes y en el que anuncia el nombramiento de nuevo consejero delegado confirma que el primo del rey continúa ocupando uno de los ocho asientos del máximo órgano de dirección de la petrolera. Su nombre aparece precedido de las siglas S. A. R., que significan Su Alteza Real

De Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria y al que el rey concedió el título de infante de España en 1994, era consejero de Marsans, buque insignia de Gerardo Díaz Ferrán. Tras la quiebra, el administrador concursal  pidió que se determinase cuál era su estado de salud cuando en octubre de 2009 firmó las cuentas anuales de Marsans, que reflejaban el desvío de 221 millones de euros a otra empresa de Díaz Ferrán, Teinver.

A cuánto ascienden las retribuciones de los consejeros es un dato que Cepsa, exenta de cotización, no desvela en su informe de responsabilidad corporativa. Pero no es una incógnita que la petrolera está controladaal 100% por el fondo soberano –es decir, gubernamental– de Abu Dhabi IPIC. El resultado de la compañía en 2012 después de impuestos ascendió a 591,2 mllones de euros. 

Abu Dhabi mantiene una magnífica relación con la Corona española.

En noviembre de 2011, aunque la noticia no trascendió hasta siete meses más tarde, el primer ministro de los Emiratos regaló a Juan Carlos I dos Ferraris. Valorados en 500.000 euros, la Zarzuela aparcó literalmente los dos lujosos vehículos para su posterior entrega a Patrimonio Nacional. Qué ha ocurrido con ellos es un misterio.

Ayer, un portavoz oficial de Cepsa declinó valorar el hecho de que un familiar de Carlos de Borbón-Dos Sicilias hubiese aportado al juzgado en 2011 un informe médico para acreditar que el aristócrata era víctima de una patología causante de “lagunas de memoria” y dificultades del habla. 

Denegación de la solicitud de embargo

El primo del rey, se limitó a asegurar el portavoz de Cepsa, “ es consejero desde 1987”, con lo que no se trata de que haya sido “ratificado ni nombrado” esta semana. En realidad, y así consta en la última memoria anual de la operadora, la última reelección de De Borbón-Dos Sicilias como consejero se produjo “el 25 de junio de 2012”. 

Su reelección llegó, por tanto, un año y tres meses después de que uno de sus yernos, Pedro López Quesada, compareciera como testigo ante la juez del caso Marsans y afirmase lo siguiente: "Dada la dignidad de Su Alteza, nos preocupaba que siguiera atendiendo unas responsabilidades que no tenía la necesidad ni obligación de atender”.

Finalmente, la juez de lo Mercantil denegó la petición de embargo solicitada por los administradores concursales de Marsans contra  De Borbón-Dos Sicilias y los otros consejeros de la empresa, entre ellos un hijo del antes poderoso y hoy caído en desgracia Gerardo Díaz Ferrán, preso en la madrileña cárcel de Soto del Real desde diciembre. Hasta octubre de 2012, el infante Carlos de Borbón figuró igualmente como consejero de la inmobiliaria Reyal Urbis.

Precisamente la ruina de Marsas y su vaciamiento de bienes para eludir las reclamaciones de los deudores fue la clave que llevó al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a dictar orden de prisión para Díaz Ferrán eludible bajo fianza de 30 millones de euros.