En un conocido poema de Federico García Lorca, Romance sonámbulo del Romancero gitano, el verde encarna a la vez la vida y la muerte. Esa dualidad se repite hoy en muchos paisajes agrícolas que llamamos verdes, pero donde no se escucha un insecto ni crece una sola mala hierba. Detrás de ese mar uniforme de clorofila se esconde la misma paradoja que intuía Machado en sus versos: un campo que parece vivo, pero está exhausto.

Este 24 de octubre, día mundial contra el cambio climático, vuelve a recordarnos que el verdadero enemigo de la vida no son las renovables, sino el cambio climático que intentan frenar. En plena moda de la “Rural-Guerrilla Fashion”, donde se confunde rebeldía con rechazo a la transición energética, hace falta recuperar una defensa valiente y racional de las renovables. Hoy se habla más de los impactos de una planta mal gestionada que de los estragos diarios de los combustibles fósiles. Que el árbol no nos impida ver el bosque: las renovables son una oportunidad para la biodiversidad y sin renovables no hay futuro posible.

En los últimos cinco años, los estudios por la consultora EMAT en más de una docena de parques solares han documentado una recuperación real de la biodiversidad dentro de los recintos. Allí donde antes había fertilizantes, herbicidas y maquinaria agrícola, hoy proliferan herbazales naturales, insectos, aves (incluso esteparias) y pequeños mamíferos. La tranquilidad —sin cazadores ni tractores— y la ausencia de productos químicos crean un entorno inesperadamente fértil.

Para ponerlo negro sobre blanco, nada mejor que dar ejemplos y números concretos: en la planta de Talayuela Solar, por ejemplo, se detectaron un 35% más de especies de aves que en los terrenos agrícolas colindantes. En Magascona-Trujillo III reaparecieron ánades y garzas tras recuperar pequeñas charcas. En El Quintillo, las cámaras registraron zorros, ginetas y conejos donde antes solo había monocultivo de cereal.

Pero estas plantas no son las únicas: en las plantas fotovoltaicas de Minglanilla I y II (Cuenca), el seguimiento ambiental realizado tras su puesta en marcha ha documentado un cambio radical. El estudio —basado en censos de fauna, flora e insectos dentro del perímetro de la planta— contabilizó 417 especies distintas, de las cuales un 42% son plantas, 38% insectos y 14% aves. No se trata de un entorno virgen: antes de la construcción, el terreno era agrícola intensivo, sin vegetación natural ni refugios para fauna. Hoy, gracias a un manejo sin pesticidas, la recuperación de suelos y la creación de refugios específicos, los paneles solares comparten espacio con lavanderas, cernícalos, abejas, reptiles y pequeños mamíferos. En menos de dos años, un área monótona y empobrecida se transformó en un ecosistema funcional con vegetación autóctona y presencia de especies polinizadoras y depredadoras naturales.

Esto no es una metáfora: son datos objetivos. Entre 2021 y 2025, los estudios de EMAT en plantas solares de toda España mostraron un patrón inequívoco: cuanta más antigüedad y mejor gestión ambiental, más biodiversidad. En los proyectos con varios años de funcionamiento, la variedad de aves ya alcanza niveles considerados altos según los índices científicos. El manejo adecuado —pastoreo controlado, nidales, refugios, charcas, apicultura— multiplica las especies y convierte terrenos antes degradados en corredores vivos donde energía y naturaleza coexisten. No es una promesa teórica, sino una constatación de campo: una planta solar bien diseñada puede albergar más vida que el terreno previo.

Pero el efecto positivo de las plantas no se limita solo al interior de las platas: existe un desborde del impulso positivo de la biodiversidad más allá del vallado, guiados por los programas de compensación ambiental bien diseñados.

Un ejemplo que vale más que mil campañas comunicativas: en el Nudo Zarzón (Extremadura), los promotores destinaron unas 1.000 hectáreas de superficie a restaurar hábitats esteparios, conectados con zonas ZEPA cercanas. En menos de dos años, las mediciones de campo muestran una recuperación de la cubierta vegetal de hasta el 60%, el retorno de aves esteparias como el sisón, la ganga y la avutarda, y el asentamiento de polinizadores y pequeños mamíferos en zonas donde antes no existían. Además, el programa ha permitido generar una red de hábitats conectados con las ZEPAs vecinas de La Serena y Campiña Sur, creando un corredor ecológico funcional en una de las regiones con mayor densidad fotovoltaica del país.

Los resultados sobre la AVUTARDA común (Otis tarda) han sido contundentes: se ha demostrado una presencia estable en las reservas de pasto y márgenes agrícolas restaurados; las zonas de exhibición y reproducción (leks) identificados pasaron de 1 a 3 en dos campañas (frente a uno antes de las obras), con incremento del número de machos territoriales y un uso regular del área por avutardas durante los meses cálidos, con 2 ejemplares adultos censados en 2024. La especie usa la sombra de apoyos eléctricos y transformadores como refugio térmico, lo que confirma adaptación funcional del hábitat restaurado.

En cuanto al SISÓN común (Tetrax tetrax), el seguimiento post-obra confirmó una recolonización efectiva de las áreas restauradas del Nudo Zarzón. Entre 2023 y 2024 se registraron seis machos territoriales —uno de ellos radiomarcado— y tres hembras en vuelo y alimentación en zonas donde no existían registros desde 2014. Estos individuos utilizan la planta de Puerta Palmas como espacio reproductor (lek), evidenciando la recuperación del hábitat. A escala regional, el programa de seguimiento contabiliza 30 sisones marcados entre 2021 y 2024, con densidades estables y aumento del número de cantaderos activos respecto a los censos de 2016, lo que confirma la eficacia de las medidas compensatorias.

También se han conseguido resultados positivos sobre la GANGA ortega (Pterocles orientalis) donde también se ha registrado una recolonización (más lenta que la del sisón, pero sostenida). Se han confirmado entre 3 y 5 ejemplares reproductores, frente a la ausencia total de registros entre 2014-2021. La Ganga ortega se ha detectado dando uso regular de las parcelas compensatorias y charcas ganaderas del Nudo Zarzón; observada en vuelo, posada y en alimentación, indicador de hábitat funcional.

En paralelo, la campaña de conservación de la carraca europea, impulsada por la Junta de Extremadura con fondos de compensación de proyectos renovables, ha obtenido excelentes resultados. Después haber experimentado una drástica reducción del 80% en su área de distribución en las últimas décadas, y un descenso poblacional de 700 parejas reproductoras a principio de los noventa a 173 parejas en 2019, las medidas tomadas en la Planta Solar Fotovoltaica Arenales (Cáceres) han conseguido un aumento de la población reproductora del 25% en dos años. Hoy el 75% de las parejas reproductoras de Carraca en Extremadura se reproducen en cajas nido instaladas como medidas compensatorias.  

Al final, todo se reduce a una evidencia que cuesta decir en voz alta: las renovables no matan la vida, la devuelven. Donde antes el verde era solo fachada —un campo de monocultivo sin insectos ni canto—, hoy crece un verde nuevo, más silencioso, más honesto. El de la hierba que vuelve a brotar bajo los paneles, el de las aves que regresan, el de los suelos que respiran otra vez. Es hora de entenderlo sin prejuicios: la energía limpia no es una moda, es una forma de reconciliar al ser humano con la tierra. Y defenderla no es un gesto ideológico, es un acto de sentido común. Porque si algo ha demostrado este país es que cuando se deja espacio a la luz, la vida siempre encuentra la manera de volver.

__________________

Martín Behar es Director de Estudios y Medio Ambiente de UNEF.

El Tribunal de Justicia de la UE valida los plazos que venían empleando las administraciones públicas españolas, entre ellas la Xunta, para tramitar las evaluaciones ambientales de todo tipo de proyectos con impacto en el territorio, entre ellos los parques eólicos. Así lo hace en una sentencia con la que da respuesta a una cuestión prejudicial formulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que quería que el tribunal europeo aclarase si es correcto que la Xunta esté sometiendo a exposición pública decenas de parques eólicos antes de disponer de todos los informes sectoriales de las diversas administraciones implicadas, los cuales no pueden así ser consultados por la ciudadanía interesada en presentar alegaciones.

Según el tribunal europeo, la normativa comunitaria "no se opone" a que las administraciones y departamentos sectoriales implicados sean consultados "al mismo tiempo que el público interesado, sin que este tenga derecho a formular posteriormente" nuevas alegaciones.

La sentencia del Tribunal de la UE avala así la interpretación que ya había hecho el Tribunal Supremo español sobre esta cuestión, favorable a la actuación de la Xunta. Sin embargo, no supone el desbloqueo de decenas de parques eólicos que el Tribunal Superior de Galicia mantiene paralizados de forma cautelar por otra cuestión: su posible riesgo ambiental si se comienza su construcción antes de que la propia justicia evalúe si la administración los autorizó de forma correcta.

En la batalla judicial y política sobre el modo en que se está desarrollando el sector eólico, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha venido adoptando una postura garantista de los valores ambientales en juego y de los derechos de la ciudadanía frente a los intereses económicos de las empresas y las políticas de impulso de las energías renovables.

El conflicto sobre el que ahora se pronuncia el Tribunal de la UE comenzó con la decisión del TSXG de anular en enero de 2022 la autorización que la Xunta dio a un parque eólico en Corme. El tribunal gallego censuró que la Xunta redujera de 30 a 15 días el plazo de exposición pública del proyecto y que esta se realizara antes de que la Xunta obtuviese todos los informes sectoriales necesarios, lo que impedía su consulta por parte de la ciudadanía.

Según el TSXG, esos informes de todas las administraciones implicadas "deben obtenerse antes del trámite de información pública", y en ese caso se tramitaron "al mismo tiempo", por lo que la población interesada no pudo "ejercer plenamente su derecho a participar de forma efectiva y con pleno conocimiento de todas las opciones que se presentaban" sobre el "contenido, alcance y definición del proyecto".

Sin embargo, en diciembre de 2023 el Tribunal Supremo revocó aquella sentencia del TSXG y no solo avaló los 15 días de exposición pública, sino también que esta se hiciera sin contar todavía con los informes sectoriales. Según el alto tribunal, la legislación europea "no indica exactamente cómo ensamblar estos trámites" y "no impone expresamente que el trámite de consultas a las autoridades se efectúe necesariamente antes del trámite de información pública para incluir en este la información que de aquellas se obtenga".

Pero tras esa sentencia del Supremo, en marzo de 2024, a raíz de otra causa sobre otro parque eólico —en este caso A Raña III, en Mazaricos, recurrido por la asociación Petón do Lobo— el TSXG decidió preguntar al Tribunal de la UE si la interpretación del Supremo es correcta conforme a la normativa europea, la Directiva 2011/92/UE.

La Xunta —y el Estado que la respaldó después, ya que la cuestión no solo afectaba a los eólicos gallegos sino a todo proyecto con impacto territorial en España— consideraban que, en línea con el pronunciamiento del Supremo, la directiva europea "ofrecía a los Estados miembros diversas opciones procedimentales sobre el momento en que debían realizarse la información pública y las consultas a las autoridades", lo que a su juicio se respetó en la ley estatal de 2013 que transpuso la norma comunitaria.

Sin embargo, el TSXG argumentaba que el mandato de la directiva europea a los Estados miembros "es claro: deben garantizar que los principales informes sectoriales se pongan a disposición de los interesados para que puedan ejercer el derecho [...] de formular sus alegaciones con anterioridad a la toma de decisión sobre los efectos ambientales".

Así que la cuestión analizada por el Tribunal de la UE era si el público interesado debía disponer durante su plazo de alegaciones de todos los informes sectoriales o si estos pueden ser obtenidos al mismo tiempo. Según la sentencia leída este viernes en el Tribunal de la UE, la directiva europea "debe interpretarse en el sentido de que no se opone" a una normativa de un Estado miembro, como la española, que permita que "las autoridades que puedan estar interesadas en ese proyecto debido a sus competencias sean consultadas al mismo tiempo que el público interesado, sin que este último tenga derecho a formular posteriormente ante las autoridades competentes sus observaciones u opiniones sobre los dictámenes emitidos por las autoridades consultadas".

No obstante, al margen de este debate, el TSXG mantiene paralizados cautelarmente decenas de parques eólicos en toda Galicia por otra cuestión jurídica: el periculum in mora, o posible riesgo de que su construcción mientras la justicia analiza sus permisos provoque situaciones irreversibles si finalmente hay sentencias firmes contrarias a esos parques. Así, esas decenas de parques están detenidos temporalmente mientras el tribunal no analiza el fondo de la cuestión sobre si la Xunta analizó correctamente sus impactos ambientales.

De hecho, también el Supremo paraliza cautelarmente parques de competencia estatal por su posible riesgo mientras analiza el fondo del asunto sobre si el Gobierno de España evaluó correctamente su impacto. Una cuestión distinta a los tiempos de tramitación y obtención de los informes sectoriales ahora avalados por el Tribunal de la UE, que no levanta las suspensiones cautelares dictadas en los últimos meses. Suspensiones cautelares que están siendo también avaladas por el Supremo y sobre las que el Gobierno de España quiere establecer que no corran los plazos que tienen las empresas para lograr sus autorizaciones definitivas.

Iberdrola ha inaugurado en Bretaña (Francia) el parque eólico de Saint-Brieuc, uno de los dos primeros del país. Con hasta 496 MW de capacidad y una producción anual de 2 millones de megavatios hora (MWh), suministrará energía segura, autóctona y libre de emisiones a cerca de un millón de personas de la región.

Con una inversión de 2.400 millones de euros, el proyecto comenzó a desarrollarse en el año 2012, aunque no ha entrado en plena operación hasta 2024, tras tres años de construcción. El parque está compuesto por 62 turbinas de 8 MW cada una, las más potentes instaladas en Francia hasta la fecha. 

Los trabajos de construcción han generado más de 1.700 empleos, de los que 500 son locales, y han contado con la participación de empresas punteras como Siemens-Gamesa, encargada de la fabricación de los aerogeneradores; el consorcio Navantia Windar, de las cimentaciones y piezas de transición; Haizea, de las torres; Prysmian, del cableado, o Van Oord, de la instalación. En total, han participado más de 150 compañías europeas, de las que 60 son españolas.

El parque de Saint Brieuc supone un fuerte impulso para la industria eólica marina en Francia. Para su construcción se han puesto en marcha una nueva fábrica de aerogeneradores en Le Havre y otra en Brest. Asimismo, ha demostrado las capacidades de Iberdrola en la tecnología eólica marina, tanto para encontrar soluciones técnicas a los retos que supuso la dureza del suelo marino, compuesto por roca basáltica, y las grandes mareas de la zona como para movilizar la cadena de suministro. 

Sobre la inauguración, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha comentado que “sienta las bases del sector eólico marino en Francia y demuestra el potencial de esta tecnología para impulsar la autonomía energética, la competitividad y la reindustrialización de Europa, contribuyendo además a los objetivos climáticos, en línea con el informe Draghi”.

Saint Brieuc es el cuarto parque eólico marino en operación de Iberdrola, tras los de West of Duddon Sands y East Anglia One, en Reino Unido y el de Wikinger, en Alemania. Además, la compañía tiene otros cuatro parques en construcción: en 2025 entrarán en funcionamiento Baltic Eagle, en Alemania, y Vineyard Wind One, el primero a gran escala de los Estados Unidos; y, en 2026, se pondrán en operación East Anglia Three y Windanker.

La inversión en los parques operativos y en construcción supone ya 15.000 millones de euros. Además, en el último mes, Iberdrola se ha adjudicado dos nuevos proyectos: East Anglia Two, en el Reino Unido; y New England Wind 1, en el estado de Massachusetts (EE.UU.). Una vez concluidos, la inversión total del grupo en eólica marina superará los 25.000 millones de euros.

Además, de este nuevo parque eólico marino, Iberdrola opera once proyectos eólicos terrestres en Francia y cuenta con una cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos en distintas fases de desarrollo. La compañía tiene oficinas en París, Lyon, Nantes, Nancy, Burdeos, Limoges y Marsella, además de instalaciones de operación y mantenimiento para sus distintos activos.

Un quebrantahuesos ha muerto por primera vez en España golpeado por un aerogenerador, según ha informado la ONG Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) y ha recogido Europa Press. Además, este ejemplar era el último de la especie en la zona.

Así, la FCQ ha detallado que técnicos de la organización y agentes de protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón han hallado el cadáver mutilado de la quebrantahuesos Masía bajo las aspas de uno de los aerogeneradores del complejo eólico Refollas (Castellón, Comunidad Valenciana). En concreto, el cuerpo ha aparecido en el municipio turolense de Luco de Bordón (Aragón), a tan solo 15 metros de la muga con Castellón y a 40 metros del aerogenerador.

La baliza satelital que portaba el ejemplar, que era monitorizada a diario por la FCQ, alertó de una anomalía de actividad que hizo sospechar que Masía había sufrido un accidente. Cuando los profesionales se personaron en el lugar, solo pudieron confirmar la muerte de la quebrantahuesos, que presentaba "signos evidentes" de impacto. De hecho, tal y como recoge la ONG, el equipo forense del Centro de Recuperación de Fauna silvestre del Gobierno de Aragón ha confirmado a primera hora de este martes 11 de junio la muerte de Masía por politraumatismos severos.

A juicio de la organización, este suceso evidencia "el impacto mortal que los complejos eólicos mal concebidos tienen sobre la biodiversidad española". La entidad, que dirige el proyecto europeo LIFE, ya prepara la denuncia de los hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel (Aragón).

"Mientras las empresas invierten ingentes cantidades de dinero en grandes campañas de autopromoción para convencer a la sociedad de la sostenibilidad del proceso de producción de energía eólica, los hechos demuestran que la realidad es otra: la de la muerte diaria de cientos de animales en España, muertes que suceden de forma anónima y que solo son evidenciadas cuando se dispone de balizas con tecnología satelital como las empleadas en el seguimiento de especies amenazas", ha criticado el presidente de la ONG, Gerardo Báguena.

Masía había sido liberada en el Maestrazgo en julio de 2022 junto al macho Sabino. Solo cuatro meses después, Sabino murió electrocutado en una línea eléctrica.

Con la muerte de Masía, desaparece el último quebrantahuesos que sobrevolaba los cielos de Teruel. Según Báguena, "el actual despliegue eólico en España en áreas de gran valor ecológico, sin las pertinentes medidas tecnológicas que reducen la mortalidad de las aves, pone en riesgo los esfuerzos invertidos por instituciones europeas y nacionales, centros de investigación y oenegés en el propósito de recuperar especies amenazadas".

La Comisión Europea ha abierto una investigación formal para determinar si la entrada de capital chino en el desarrollo de parques eólicos en cinco países de la Unión Europea, entre ellos España, supone una ventaja indebida que distorsione la competencia en el mercado comunitario, según informa Europa Press.

Así lo ha anunciado desde Estados Unidos la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, durante un discurso en Princeton en el que ha advertido de que China es para la UE "a la vez, un socio, un competidor económico y un rival sistémico" que se ha forjado una "posición fuerte" a nivel global "no siempre jugando limpio".

"Puedo anunciar que hoy lanzamos una nueva investigación sobre proveedores chinos de turbinas eólicas. Investigamos las condiciones para el desarrollo de parques eólicos en España, Grecia, Francia, Rumanía y Bulgaria", ha indicado la liberal danesa.

Según indican fuentes comunitarias, Bruselas tiene indicios de que algunos fabricantes del sector y otras compañías activas en el mercado interior "pueden haberse beneficiado de subsidios extranjeros que les han asegurado una ventaja injusta" sobre otros competidores y que ello "puede haber distorsionado la competencia".

Las nuevas reglas de la Unión Europea para proteger sectores clave de distorsiones por subsidios extranjeros permiten a Bruselas investigar si existen subsidios extranjeros a empresas que optan a contratos públicos en la UE y medir sus efectos, de modo que pueda imponer medidas correctoras si se establece que estos apoyos suponen una distorsión de la competencia.

Si se confirman las irregularidades cuyas sospechan motivaron la apertura de la investigación, Bruselas puede acordar compromisos con las empresas para corregir las distorsiones o prohibir la adjudicación de los contratos.

La batalla judicial entre la patronal eólica y las organizaciones ecologistas no cesa en Galicia. Este martes el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) comunicó que otros 13 proyectos eólicos quedan paralizados de manera cautelar y son ya más de una veintena los que han sido congelados en el último año. El enfrentamiento en los tribunales comenzó la pasada primavera, cuando la Xunta dio el visto bueno a la construcción de unos 75 parques de molinos y las organizaciones civiles contestaron con una ola de recursos. Los promotores eólicos y el gobierno autonómico denuncian desde entonces una campaña de "judicialización" del sector que pone en riesgo miles de millones en inversiones.

El choque entre renovables y vecinos no es exclusivo de esta región, pero es en Galicia donde ha habido una mayor contestación social organizada, liderada por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), aunque también hay otras como Petón do Lobo, Ecoloxistas en Acción y agrupaciones de afectados. Adega presentó recursos el año pasado contra más de 30 proyectos y hasta ahora ha logrado paralizar dos y anular definitivamente otros dos, en Bustelo y Campelo, por fragmentación indebida.

Galicia fue hasta 2007 la potencia eólica del país y el sector lleva de capa caída desde entonces. Los promotores y la industria esperaban que durante esta década, cuando hay una apuesta muy fuerte por la energía renovable, Galicia recibiese un nuevo impulso, pero la lucha judicial han descafeinado sus previsiones. Aunque no hay un conteo oficial, la Asociación Eólica de Galicia calcula que más de 20 parques se han suspendido de forma cautelar, con una potencia equivalente a 600 megavatios.

"Llevamos cuatro años parados por cuestiones judiciales y hay más de 6.000 millones de euros de inversiones en riesgo. Galicia ha atraído a fábricas electrointensivas, proyectos de baterías, hidrógeno… y tenemos PPA (contratos de venta de electricidad) comprometidos. Si nos quedamos sin eólica, estas empresas se irán a otras comunidades autónomas, como Aragón", afirma Manel Pazo, presidente de la patronal eólica gallega.

En el centro de la disputa se encuentra la Sala Tercera del TSXG, la que ha llevado todos los recursos de la eólica y que ha terminado chocando con el Tribunal Supremo por este asunto. Uno de los argumentos jurídicos que sirvieron al TSXG para paralizar el año pasado más de una decena de proyectos fue los supuestos errores de procedimiento que tuvo que la Xunta a la hora de otorgar la declaración de impacto ambiental de los parques de molinos. La administración recortó la fase de exposición pública —limitando la capacidad de los afectados para recurrir—, y no dio acceso a las partes afectadas a los informes sectoriales elaborados por las consellerías sobre el impacto de estos proyectos eólicos.

La Xunta y los promotores eólicos recurrieron al Supremo este argumento y el Alto Tribunal les dio la razón en diciembre, anulando parte de la estrategia de los magistrados gallegos para paralizar la expansión de los molinos. Sin embargo, este martes el TSXG desveló que desde la sentencia del Supremo ha paralizado cautelarmente otros 13 parques de molinos en Galicia, esta vez argumentando que hay deficiencias en la evaluación del impacto ambiental de los molinos y que están en un área "no recomendada" por el Ministerio de Transición Ecológica.

El anuncio ha levantado al sector de la eólica y al gobierno gallego, que esperaban que la decisión del Supremo diese por fin carpetazo a la batalla judicial sobre las instalaciones renovables. La Asociación Empresarial Eólica, la patronal nacional, afirma que el TSXG "se basa ahora en la zonificación ambiental del MITECO", y entienden que "esta utilización es cuestionada desde varios ámbitos jurídicos, porque el mapa de zonificación no tiene rango normativo propio y es una herramienta de apoyo".

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (PP), también entró este jueves en la polémica: "Creemos que [la decisiñon del TSXG] tiene gravísimas consecuencias. Tengo que respetar las decisiones judiciales. Lo que no puedo es callarme frente a sus consecuencias, decir que no me gusta y que, en este caso, me resulta muy curioso que después de un pronunciamiento claro, categórico, sin ninguna duda, del Tribunal Supremo, esto no valga para nada", según declaraciones recogidas por Galiciapress.

La asociación ecologista Adega contesta, sin embargo, que se ha intentado trasladar la idea de que el TSXG ha cambiado su modus operandi tras la sentencia del Supremo, y que ahora ha tenido la ocurrencia de paralizar proyectos basándose en la protección ambiental, pero esta fórmula no es nueva. "Se está tergiversando la realidad porque argumentos para la paralización por motivos ambientales ha habido siempre. En todos los recursos que hemos presentado nosotros se han recogido fallos en la evaluación del ecosistema o en la caracterización de las especies afectadas por el parque eólico", apunta Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva de Adega.

El TSXG pide ayuda a Luxemburgo

Coincidiendo con el anuncio de las 13 nuevas paralizaciones, el TSXG publicó el miércoles que ha elevado una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si los afectados por los proyectos eólicos deben recibir o no los informes sectoriales durante el proceso de consulta pública. Aunque el TSXG admite la sentencia del Supremo del 21 de diciembre, los cuatro magistrados de la sala de lo Contencioso creen que podría haber un error en la trasposición que la ley de evaluación ambiental estatal y la normativa gallega hicieron de la Directiva europea de evaluación ambiental.

Según explican desde la Asociación Eólica de Galicia, este paso por ahora no tiene consecuencias porque el TJUE no ha admitido a trámite la consulta, pero de hacerlo podría suponer un tsunami de paralizaciones cautelares en todo el sector energético. Según su interpretación, supondría que la legislación española de evaluación ambiental sería errónea y los afectados podrían recurrir cualquier obra que haya pasado por este proceso de examen, y quedarían congelados hasta que se pronuncie el tribunal europeo, un proceso que puede durar fácilmente dos años.

Galicia fue hasta 2007 la potencia española de la industria eólica, pero Castilla y León, La Mancha y Aragón la adelantaron por la derecha. Durante los siguientes años la preocupación de los gallegos fue que la ralentización de esta industria castigase la economía regional, mientras que hoy lo que temen en las zonas rurales es que su expansión se haga a costa de la naturaleza y sin dejar empleo en la zona. En todo caso, los molinos de viento no parecen preocupar a la gran mayoría de los gallegos, según el CIS, y en campaña electoral el tema ha pasado desapercibido.

En el debate a cinco de la televisión autonómica el asunto se trató de refilón, recuerda Diego Mo Groba, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Santiago. "No parece que sea un tema que preocupe estos días, o por o menos no es un mensaje que hayan tratado de colocar los partidos", afirma. "La Sanidad y los pellets han sido los asuntos más polémicos, pero creo que la eólica es un tema de nicho que preocupa en los lugares donde tiene impacto", añade el experto. También afirma que el PP ha tratado de jugar los comicios en clave nacional, centrando el debate en la amnistía y los errores de Pedro Sánchez.

En abril del año pasado el movimiento contra la eólica cogió mucha fuerza en Galicia después de que 75 proyectos de construcción recibiesen en enero una declaración ambiental positiva, un paso preliminar para su instalación. En esas fechas, el Ministerio de Transición Ecológica también publicó las zonas donde se podrán construir en los próximos años centenares de molinos flotantes, y buena parte irán frente a la costa gallega, una noticia que encendió todavía más el debate.

Sin embargo, el CIS de enero de Galicia arrojó que este asunto apenas tendrá impacto en las elecciones de este domingo. El paro, la sanidad y el desgaste político de la Xunta son la principal preocupación de los ciudadanos, mientras que el medioambiente es el principal problema del 0,8% de los encuestados. La última protesta contra la eólica, en noviembre, apenas congregó a unas decenas de personas frente al parlamento autonómico.

La construcción de molinos en Galicia llegó como una ola entre 1995 y 2007, y durante esos años apenas contestación social. La crisis económica y el recorte a las primas de las renovables hundieron el mercado en la siguiente década, pero ahora se espera que vuelva a despegar con las nuevas generaciones de molinos de mayor tamaño. Sin embargo, una parte de la población está preocupada por el impacto ambiental de los aerogeneradores en zonas de montaña.

En Galicia hay unos 4.000 molinos en funcionamiento con una potencia de 3.900MW, el 12,7% de la potencia instalada en España. A estos se suman, según Red Eléctrica, otros 7.216MW de potencia en forma de molinos que ya tienen permisos de conexión a la red y que solo falta instalar. Es decir, hay miles de aerogeneradores esperando a ser construidos en la región de aquí a 2030, aunque una parte probablemente se caiga. 

Adega, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, es una de las más combativas con la Xunta y ha llevado en el último año más de una treintena de proyectos a juicio para tratar de frenarlos. La ONG entiende que algunos promotores han fragmentado proyectos eólicos para facilitar y acelerar la tramitación ambiental, porque a partir de 50MW de tamaño es el Ministerio de Transición Ecológica el que evalúa, y por debajo es la Xunta. En otros casos, Adega cree que la Conselleria de Medio Ambiente ha sido muy laxa al estudiar el impacto de los molinos en el entorno. De momento, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado dos proyectos denunciados por la organización ecologista y ha paralizado cautelarmente un tercero.

 "Hemos encontrado proyectos ubicados en ecosistemas de turberas o humedales. La Xunta ha promovido una oleada de molinos sin hacer los deberes en conservación", critica Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva de Adega. Se refiere a que en la región llevan más de 15 años intentando ampliar las tierras protegidas por la Red Natura 2000, una zona donde no se puede levantar molinos, pero la Xunta ha evitado aumentar su extensión. De hecho, solo el 12,3% del territorio está dentro de la Red Natura 2000, mientras que en el resto de comunidades autónomas supera el 20%.

La patronal del sector, la Asociación Eólica de Galicia, ha declinado participar en el artículo debido a la cercanía de las elecciones. Un profesional que prefiere no dar su nombre lo explica así: "Por primera vez hay una sensación de no se sabe qué va a pasar", dice en referencia a las elecciones del domingo, donde los dos bloques llegan prácticamente igualados. Esta fuente reconoce que la industria eólica ha estado durante mucho tiempo en Galicia en el punto de mira y se ha politizado por el enfrentamiento entre promotores y ecologistas, por lo que entiende que estos días el sector mantenga un perfil bajo.

Otro de los problemas que denuncian diferentes actores es la falta de planificación de la Xunta sobre el sector eólico. Su construcción no está estructurada en un plan de ordenación ni se combina con una política industrial para dejar empleo en la zona. "En 2017 se liberalizó el sector y ahora llega un boom de proyectos que no mejoran la economía de los pueblos ni de la comunidad autónoma", critica Xavier Simón, director del Observatorio Eólico de Galicia, vinculado a la Universidad de Vigo. "No hay obra civil ni impulso industrial y aquí solo quedan algunas fábricas de tubos, pero las palas vienen de Portugal o el extranjero", añade.

La producción de molinos era una industria potente en Galicia hasta que Gamesa y Vestas cerraron sus dos fábricas de componentes en 2021, y ahora prácticamente toda la fabricación eólica regional corre a cargo de GRI, una filial de Gestamp, que tiene una fábrica de tubos que sirven de pilar para los molinos ubicada en Carballiño (Ourense), donde fabrica unas 500 torres al año para exportar al extranjero. También quedan algunas empresas de montadores o ensambladores de eólica, pero el sector está desmantelado.

Por otra parte, el debate a cinco emitido en TVG dejó unas declaraciones de la candidata de Podemos, Isabel Faraldo, prometiendo la creación de una empresa pública eléctrica en Galicia para que los molinos dejen beneficios en los municipios. El argumento es que la comunidad produce mucha más energía de la que consume, y esos molinos sirven para alimentar a otras regiones importadoras de energía, una crítica que también se ha escuchado en otras comunidades autónomas, especialmente las que rodean a Madrid. En 2021 Galicia generó un 138% de la electricidad que consumió, es decir, que exportó una buena parte, aunque otras cinco comunidades produjeron un porcentaje todavía mayor.

Normalmente son las regiones más grandes las que más energía generan, pero las organizaciones civiles reclaman que este esfuerzo repercuta sobre la población local. Una parte es a través de impuestos, y en 2021 la eólica en Galicia pagó 100 millones de euros en tributos, según sus cifras. El problema es que ese dinero no termina impulsando la economía local, por eso Adega reclama un plan territorial antes de instalar los miles de molinos pendientes. 

El municipio de Muras (Lugo) es un claro ejemplo de cómo los beneficios energéticos no logran ayudar a los vecinos. Pese a tener 381 molinos para 640 ciudadanos, su renta media por habitante ha crecido al mismo ritmo que la de los municipios que lo rodean en los últimos años.

El segundo mayor fabricante de aerogeneradores del mundo y el principal actor del sector eólico en España será rescatado por el gobierno alemán. Siemens Energy confirmó este miércoles que recibirá avales del Estado alemán para tapar el agujero provocado por Siemens Gamesa, el fabricante de aspas ubicado en País Vasco, que en junio descubrió un fallo técnico en sus molinos con un coste mil millonario para la compañía matriz, ubicada en Alemania. La mayoría de la ingeniería de Siemens Gamesa se ubica en España, donde tiene nueve fábricas y donde 5.000 trabajadores están a merced de lo que decida la cúpula extranjera, reclaman los sindicatos.

Siemens Energy, dueña de Gamesa, recibirá un aval del gobierno alemán de 7.500 millones para acceder a una línea de crédito de 11.000 millones de un consorcio de bancos, y otros 1.000 millones en préstamos sin cobertura pública. Aunque no se trata de un rescate al uso –no es una inyección de dinero público–, sí que lo es de forma indirecta, ya que si la empresa falla en la devolución del crédito, el Estado tendrá que hacerse cargo de él con esos 7.500 millones.

España también ha anunciado que busca la fórmula para ampliar esos avales a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), puesto que Siemens alertó en octubre de que necesita crédito por valor de 15.000 millones y con la aportación de la banca alemana no es suficiente. Estos préstamos permitirán a la compañía acceder a crédito para seguir funcionando y atender a sus pedios pendientes, que tienen un valor de 110.000 millones.

Siemens Energy también presentó resultados este miércoles para el año fiscal que terminó en septiembre, donde registró pérdidas de 4.588 millones de euros, seis veces más que las pérdidas del año anterior. Gamesa aportó a esa cifra 4.347 millones de pérdidas, y se espera que el año que viene pierda otros 2.000 millones. 

El quebradero de cabeza comenzó cuando la firma reveló en junio una avería que afectaba a sus molinos 4.X y 5.X, de los que hay casi 3.000 instalados en el mundo, aunque afecta a los rodamientos y las aspas de solo algunos de ellos. La compañía ha reservado 1.600 millones para reparar estas averías, que se dan solo en sus molinos terrestres, cuya tecnología aportó en su día a Siemens Energy la antigua Gamesa tras su fusión de 2017. Además de las pérdidas directas en reparaciones, Siemens Gamesa ha paralizado la venta de nuevos aerogeneradores terrestres, ampliando las pérdidas.

En todo caso, los sindicatos achacan los fallos técnicos en la eólica a la dirección alemana de la compañía, que ha designado en apenas cuatro años a tres CEO diferentes para Siemens Gamesa, y ha acelerado la producción, poniendo en riesgo el diseño. "El problema es la gestión. No se han cumplido plazos que teníamos [en el pasado] para lanzar nuevos modelos", señala Clara Fernández, secretaria general de Comisiones Obreras (CC.OO.) en esta empresa. 

Otro ingeniero del sector eólico incide en esta versión. "He leído muchas veces que de alguna manera se culpa a España por estos errores, pero los fallos son de la compañía. Se ha corrido en el diseño de nuevos modelos más grandes, más potentes y que pueden generar más energía a menor coste, pero por correr ha resentido la fiabilidad", afirma. 

La noticia del rescate no ha pasado desapercibida en España, donde Siemens Gamesa es un pilar del sector eólico: más de la mitad de los molinos que funcionan ahora en el país los ha fabricado esta compañía. Por el lado del empleo, CC.OO. y UGT temen que el agujero contable que ha dejado la filial, unido a que el sector eólico está de capa caída, de pie a la venta de algunas de sus fábricas españolas a otras compañías o incluso su traslado al extranjero. 

Gamesa tiene unos 5.000 empleados en el país y según afirma Clara Fernández, todavía no les han comunicado qué va a ocurrir con ellos: "La dirección no se ha puesto en contacto todavía y parece que nos enteraremos el 21 de noviembre". Ese día celebra el Capital Market Day, donde la empresa vende sus propuestas a los inversores.

Por ahora, dijo este miércoles Christian Bruch, presidente y consejero delegado de Siemens Energy, "no hay ningún plan concreto" para deshacerse del negocio español, aunque en el sector sobrevuela desde hace meses la venta de Gamesa Gearbox (que fabrica la caja de cambios del molino) y Gamesa Electric (los generadores eléctricos), que juntas incluyen ocho plantas y unos 1.000 empleados. La novena fábrica de la compañía en España está en Ágreda (Soria) y allí se ensamblan las góndolas del aparato, aunque sobre esta no se ha barajado la opción de venta.

La situación de Siemens Gamesa también tendrá eco en la industria renovable en España. Gamesa empezó a construir molinos en los 80 en el País Vasco y a comercializarlos a gran escala en los 90, siendo uno de los pioneros del sector en Europa. Si finalmente la compañía reestructura su negocio, debilitaría mucho la posición de España en la carrera por la energía verde, según Pedro Fresco, director general de AVAESEN, la patronal renovable de la Comunidad Valenciana. "Sería un duro golpe para toda la cadena de valor de la eólica. Estamos hablando de que hoy se puede fabricar un aerogenerador al completo en España", destaca.  

Emilio González, profesor de Economía de Comillas ICADE, insiste en que una deslocalización de Gamesa sería un revés para la economía, pero que es consecuencia de la decisión que tomó la empresa de vender su marca a Siemens, porque si ahora la empresa matriz tiene que recortar, empezará por sus empleados españoles y no por los alemanes.  

El fiasco técnico de Siemens Gamesa ha llegado además en el peor momento, cuando el sector eólico sufre además una caída de la actividad muy fuerte por el incremento de los costes de producción, que ha provocado que se cancelen proyectos en todo el mundo y se recorten los márgenes de beneficio, especialmente en la eólica marina. La subida de los tipos de interés también ha ralentizado la economía, al tiempo que el despliegue de renovables está en duda en países como Reino Unido, al que podría seguir Estados Unidos si ganan los republicanos en las elecciones de 2024. 

Miles de personas, más de 2.000 según los organizadores, han rodeado este domingo la sede de la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela para reclamar la paralización de la aprobación de los 77 proyectos eólicos que ya han recibido la declaración de impacto ambiental positiva y cuya puesta en marcha creen que "implicará daños irreparables", recoge Europa Press.

Con una cadena humana bajo la lluvia y con el lema Rodeamos a Xunta. Non á depredación macro-eólica especulativa, la Coordinadora Eólica Así Non da por cumplido "con creces" el reto de rodear la Xunta "como la Xunta pretende rodear a los gallegos y gallegas con parques e infraestructuras eólicas".

Así, los manifestantes han vuelto a reclamar una transición energética "justa y sostenible" y no "a costa de todo". Por eso, demandan a la Xunta una planificación energética "ordenada y al servicio del pueblo", la ampliación de la red de espacios naturales protegidos y la "restitución de los derechos de participación pública en los procesos de autorización".

Del mismo modo, advierten de que "los daños" de la aprobación de todos estos proyectos eólicos pueden ser "irreparables, tanto ambiental como socialmente".

Al finalizar la marcha, han leído un manifiesto en el que han exigido al Gobierno gallego que deniegue las autorizaciones de "las docenas de macroparques eólicos a los que la Consellería de Medio Ambiente ya otorgó permiso ambiental el pasado mes de enero".

Estos 77 parques eólicos, explican, tienen de plazo límite hasta este martes, 25 de abril, para poder conseguir autorización previa administrativa por parte de la Xunta.

Asimismo, reclaman la "inmediata paralización" de unos 150 expedientes eólicos que la Xunta, apuntan, "aún mantiene en tramitación".

Eólica Así Non, conformada por más de 200 colectivos del ámbito ecologista, sindical, vecinal y comunidades de montes, ha recordado que llevan más de dos años "reclamando una nueva planificación pública, ordenada y al servicio del pueblo". "Ahora la paralización de todos los proyectos es más necesaria que nunca", exponen.

"Los gallegos y gallegas no podemos ni debemos tolerar este asalto a cara descubierta de las grandes multinacionales especuladoras de la energía, ni gobiernos que, para favorecerlas, ponen en riesgo el futuro de todo un país", reivindican.

Por último, piden tanto a la Xunta como al Gobierno central que "recapaciten" para "evitar la destrucción irreparable del país" y caminar hacia una transición energética "justa y sostenible" que "respete al pueblo gallego y a Galicia".

Alberto Núñez Feijóo inicia a la inversa el camino que recorrió Manuel Fraga cuando dejó la Presidencia del PP estatal para aspirar a la de la Xunta. Lo hará casi dos décadas y media después y tras derogar durante sus trece años de mandato buena parte de las leyes que había impulsado su antecesor. Un revisionismo —o “reformismo”, como lo califica el propio Feijóo— que supuso aplicar con éxito dispar una agenda liberal-conservadora presentada a veces como socialdemócrata. Estos son los 13 hitos que resumen las principales zonas oscuras de sus 13 años de gobierno en Galicia.

Tras la dura campaña electoral de 2009 contra el gobierno de coalición PSdeG-BNG, una de las primeras políticas que revirtió Feijóo nada más llegar a la presidencia fue la que planificaba un sector eólico con participación pública y proyectos industriales ligados a los aerogeneradores. El nuevo gobierno del PP anuló a finales de 2009 el denominado concurso eólico que estaba en marcha y lo sustituyó por un nuevo proceso de reparto de parques. 

Años después el Tribunal Supremo condenó las ilegalidades cometidas tanto en la anulación del concurso previo —por el que aún se siguen pagando indemnizaciones— como en el nuevo proceso que se abrió a continuación. Más de una década después, la política eólica sigue siendo de las más polémicas que desarrolla la Xunta, con sucesivas sentencias que condenan su gestión.

Uno de los pilares de la estrategia de oposición del PP de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de coalición de PSdeG y BNG consistió en señalar una supuesta “imposición” del gallego en Galicia. Lo hizo especialmente desde que, en 2007, aquel Ejecutivo aprobó un decreto que fijaba un “mínimo” del 50% de las materias escolares en lengua gallega, norma que desarrollaba a su vez el Plan General de Normalización aprobado por unanimidad en tiempos de Fraga y que había sido inicialmente apoyada por los populares.

De la mano de grupos minoritarios que caricaturizaban Galicia como una especie de dictadura lingüística, Feijóo prometió derogar aquel decreto y, en el penúltimo día de 2009, presentó el texto llamado a sustituirlo, una nueva normativa para “pasar” del supuesto “monolingüismo” y la “imposición” en las aulas a la “normalidad”, la “cordialidad” y el “trilingüismo”. Aseguraba también el entonces nuevo presidente que su decreto gantatizaba que los padres iban “a decidir” sobre la presencia de castellano y gallego en la enseñanza, pretensión que después fue tumbada por la Justicia.

La famosa “casilla en el sobre de matrícula” prometida por Feijóo para que padres y madres condicionaran el idioma de la enseñanza no llegó nunca a entrar en vigor, pero sí el resto de la norma a partir del curso 2011-12. Culminaba así el primer retroceso en la protección legal de la lengua gallega en la historia de la autonomía, contradiciendo el espíritu de la Ley de Normalización Lingüística, que señala el carácter “progresivo” de la recuperación del uso del idioma. Desde entonces, la Xunta evita divulgar los resultados de sus evaluaciones sobre el resultado del decreto y, al mismo tiempo, Feijóo desdeña las consideraciones de entidades que, como el Consejo de Europa, reclaman la “inmediata” eliminación de las “limitaciones a la docencia en gallego”. “Allá los autores del informe”, aseguró al ser preguntado al respecto en 2019.

En mayo de 2011 fueron detenidos el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia, su subdirector de Información Especializada, Carlos Silva, y varios empresarios, entre ellos Jorge Dorribo, en el marco de una investigación por presunto fraude en subvenciones públicas. El Igape es una entidad que depende de la Xunta y que es clave en el reparto de ayudas públicas. Comenzaba el caso Campeón, que finalizaría en 2017 con la condena por corrupción de Varela de Limia, Silva y del diputado autonómico del PP Pablo Cobián.

Feijóo no sólo defendió que sus cargos públicos únicamente habían realizado una “mala gestión” pero no tenían responsabilidad penal, sino que avaló que la Xunta, que participó en el proceso judicial, no formulara acusaciones contra ninguno de ellos y se centrara exclusivamente en los empresarios implicados. Un año después de que la sentencia por corrupción fuese firme, el presidente gallego reconoció expresa y públicamente al exdirector del Igape condenado.

El Pleno de la Diputación de Ourense hizo efectivo el 26 de enero de 2012 el relevo de quien había sido su presidente desde 1987, José Luis Baltar, por su hijo Manuel. Tres años antes el padre ya había cedido a su vástago el mando del PP provincial en lo que supuso la primera gran derrota interna de Feijóo desde su llegada a la presidencia del partido y de la Xunta. Fue en un congreso en el que los Baltar vencieron al candidato de Feijóo, Juan Manuel Jiménez Morán, tras enchufar el padre ilegalmente en la Diputación a 104 personas próximas al partido.

Por aquellos hechos Baltar padre acabaría en 2014 condenado por prevaricación, pero Feijóo ya no volvió a dar la batalla por el control de una provincia que tanto le ha facilitado unos resultados electorales indispensables para sus sucesivas mayorías absolutas, pero que también se ha enfrentado a decisiones de la Xunta como la de intentar cerrar la sala de partos del hospital de Verín hace dos años. 

El domingo 31 de marzo de 2013 el diario El País reveló la amistad que Feijóo mantuvo durante años, en la década de los noventa, con Marcial Dorado, entonces conocido contrabandista y posteriormente condenado por narcotráfico. El entorno del presidente intentó presentar aquello como unas fotos puntuales sacadas de contexto, aunque las imágenes probaban una amistad duradera entre el político popular y el contrabandista y revivieron toda una época de connivencia entre el PP y las actividades delictivas en la costa gallega.

A pesar de la polvareda que supuso aquella información, y de que quedaron cuestiones sin aclarar como los posibles contratos entre empresas de Dorado y el Servicio Galego de Saúde o qué delegado del Gobierno de España le alertó de la existencia de las fotos, los populares dieron por amortizada la polémica con la siguiente mayoría absoluta, en 2016. 

El mismo día en que Feijóo presentó el texto de su decreto “del plurilingüismo”, el 30 de diciembre de 2009, el Consello de la Xunta aprobaba sin hacerlo público destinar un millón de euros a un informe de la consultora KPMG sobre la fusión de Caixa Galicia con Caixanova, las dos principales entidades financieras de Galicia. Poco después y aunque no lo era, el Gobierno gallego presentó un resumen de los resultados de aquel trabajo como una “auditoría” que “avalaba” la fusión. En noviembre de 2010, el propio Consello tramitó un informe de apenas cinco páginas autorizando una operación que también tenía el visto bueno del Banco de España.

Nacía así Novacaixagalicia, una nueva caja de ahorros marcada por la “solvencia” y la “galleguidad”, había defendido la Xunta, pero que duró como tal apenas unos pocos meses. A mediados de 2011, las nuevas normas estatales forzaron su bancarización transfiriendo su negocio al nuevo Novagalicia Banco, que a su vez acabaría precisando de un rescate estatal del que el Banco de España da por perdidos unos 9.000 millones de euros. El Gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy, decidió vender la entidad por la vía rápida y así, a finales de 2013, se la adjudicaba al grupo venezolano Banesco por mil millones de euros.

De aquella compra salió la actual Abanca, que entró en beneficios poco después de comenzar a operar. Mientras, en el Parlamento, la comisión de investigación sobre la fracasada fusión de las cajas está a punto de cumplir ocho años, cinco de ellos completamente paralizada. En la actualidad el bloqueo continúa.

A finales de agosto de 2015, el astillero Navantia llevaba a cabo en Ferrol la botadura de uno de los dos floteles (hoteles flotantes) que la petrolera mexicana Pemex encargó y construyó en las rías gallegas. El 9 de febrero del presente año, en una comparecencia pública, el presidente de México, Andrés López Obrador, señalaba que el “contubernio” de los negocios de la petrolera estatal azteca en Galicia apadrinados por la Xunta resultaron claves en su crisis con España.

Lo hacía casi una década después de aquel 24 de mayo de 2012 en el que el telediario de la TVG interrumpió su emisión para conectar en directo con la sede de la Xunta y retransmitir la firma del acuerdo con Pemex. Entonces se prometieron millares de empleos y la construcción en Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, dos quimiqueros, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de A Coruña. Pero todo quedó en una polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la adquisición de los astilleros de Barreras, que acabaron quebrando. De por medio, una estela de promesas incumplidas, investigaciones judiciales y del propio Gobierno mexicano, litigios, sospechas, sombras y muchas dudas aún por resolver. 

La extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, detenido en España e impulsor, de la mano de la Xunta, de sus principales negocios en Galicia, y su colaboración con la Fiscalía mexicana estrechó aún más el cerco. El Ministerio Fiscal investiga si los negocios de la petrolera en Galicia debieron ser llevados a cabo o si hubo algún aspecto irregular en ellos, al igual que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), que llevan tiempo investigando la fracasada colaboración entre la Xunta y la empresa mexicana. 

En marzo de 2016 el Tribunal Supremo tumbó la decisión que tomó la Xunta en 2009, poco después de la llegada de Feijóo a la presidencia, de retrasar la durante mucho tiempo postergada reforma del principal sistema de transporte público de Galicia: el autobús. Fue entonces cuando el Gobierno gallego inició un polémico proceso de reestructuración de líneas y servicios que aún ahora está llegando a su final y cuya valoración habrá que hacer dentro de unos años.

Mientras, como con gobiernos anteriores, la apuesta principal de los ejecutivos de Feijóo tanto a través de sus Presupuestos como en sus discursos públicos siguió siendo la construcción de infraestructuras, con todo tipo de promesas incumplidas y relegando a un segundo nivel el debate sobre los servicios y la movilidad que esas obras públicas podrían facilitar. Un foco en las inversiones por encima de la gestión de los servicios que tiene en la alta velocidad ferroviaria uno de los ejemplos más claros y recientes, con las principales obras —ahora sí— ya finalizadas pero con una similar indefinición a la de hace una década en relación con la configuración futura de la red gallega y de sus servicios sin que hasta ahora supusiera para el Gobierno gallego un motivo de especial preocupación.

El domingo 15 de octubre de 2017 la mayor ola de incendios de la última década arrasó con miles de hectáreas en toda Galicia y acabó con la vida de cuatro personas. El fuego puso en evidencia de manera dramática el abandono progresivo del rural y la mala planificación territorial a pesar de años de propaganda oficial y sucesivas reformas parciales de las normativas de montes e incendios o urbanísticas. 

Las cifras de hectáreas quemadas, no obstante, disminuyeron notablemente en los años siguientes mientras la respuesta de Feijóo era culpar a supuestos terroristas que la Fiscalía no fue capaz de encontrar. También anunciar nuevas leyes de incendios, de ordenación territorial o de impulso del rural. Pero, al mismo tiempo, la Xunta siguió flexibilizando la ocupación del territorio y defendiendo la primacía de proyectos urbanísticos o empresariales sobre otras consideraciones. Haciendo la vista gorda en la aprobación de planes municipales, por lo que fue condenada por la justicia en varias ocasiones, defendiendo el aumento de las plantaciones de eucaliptos y que la papelera Ence siga ocupando terreno público costero de la ría de Pontevedra autorizando ilegalmente parques eólicos o minas a pesar de su impacto ambiental.

El 11 de febrero de 2009, cuando acababa de explotar el caso Gürtel, Mariano Rajoy compareció ante la prensa en la sede central del PP para, rodeado por múltiples dirigentes del partido —entre ellos sus barones territoriales— asegurar que aquello no era más que una “trama contra el PP”. Alberto Núñez Feijóo pudo evitar aquella incómoda fotografía porque estaba en plena campaña electoral en Galicia pero también logró esquivar la cuestión siempre que fue interrogado sobre ella. Incluso cuando las preguntas se referían a Pablo Crespo, el número dos de la trama, antiguo secretario de organización del PP en Galicia y miembro del consejo de Portos de Galicia en la etapa de Feijóo en la Consellería de Política Territorial, de la que dependía la entidad en aquellos años.

La onda expansiva de la Gürtel se volvió a cruzar en el camino político de Feijóo en 2018 cuando la Audiencia Nacional dictó la sentencia sobre la conocida cómo primera época de la trama, condenando a sus principales líderes y certificando la financiación del PP con dinero negro desde su fundación. El presidente de la Xunta, que había reducido todo el caso a que Luis Bárcenas “no fue un tesorero muy ejemplar y eso pudo contaminar el PP”, pasó a estar en el centro del escenario después de que, el 1 de junio de aquel año, la moción de censura presentada por el PSOE como respuesta a la sentencia puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy. 

Como es sabido, buena parte de las miradas internas se volvieron entonces hacia Feijóo como el mejor colocado para la sucesión. Pero, en una comparecencia que desató la euforia en el seno del PP gallego, renunció a concurrir a la elección interna porque, según sus propias palabras, aún faltaba más de media legislatura en Galicia y “fallar a los gallegos” sería tanto como fallarse a sí mismo.

Nunca en la historia de la autonomía el PP tuvo una jornada de resultados electorales tan mala como la que vivió en 2019 y cuyos efectos aún se mantienen en buena parte de las instituciones. En las elecciones generales de abril los populares perdieron por primera vez unos comicios en el global de Galicia y se vieron superados por el PSdeG. En la repetición de las generales de noviembre volvieron a ser la fuerza más votada, pero empataron a escaños con los socialistas y perdieron de nuevo ampliamente frente a la suma de fuerzas de izquierdas.

De por medio, en mayo, tras años de sucesivos cambios impulsados personalmente por el propio Feijóo en las candidaturas municipales de las principales ciudades, las últimas elecciones locales celebradas hasta el momento, hicieron de Arteixo (poco más de 30.000 habitantes) el ayuntamiento gallego de mayor tamaño con alcalde o alcaldesa del PP. Los populares vieron cómo no sólo no podían gobernar ninguna de las siete ciudades gallegas sino que Baltar cedía la alcaldía de Ourense a Gonzalo Pérez Jácome, líder de una formación antisistema y a quién Feijóo había calificado como “letal” para la ciudad, a cambio de conservar la presidencia de la Diputación provincial, la única de las cuatro aún en manos del PP. Solo la cuarta mayoría absoluta de Feijóo en las elecciones gallegas celebradas un año más tarde logró mudar la tendencia, pero constató el debilitamiento de los populares especialmente en la provincia de Pontevedra.

Cuando el Servicio Galego de Saúde confirmó el primer caso de la covid en Galicia, a principios de marzo de 2020, hacía apenas un mes que Alberto Núñez Feijóo había confirmado la convocatoria de las elecciones gallegas para el 5 de abril, el mismo día en el que el lehendakari Urkullu había llamado a las urnas en Euskadi. Aquella convocatoria electoral quedó sin efecto mediante un inédito proceso de desconvocatoria tras el cual llegaría una nueva llamada a las urnas, finalmente para el 12 de julio.

Este contexto preelectoral es imprescindible para entender buena parte de los movimientos de Feijóo y de su Ejecutivo en las primeras semanas de la pandemia, marcadas por los rifirrafes con el Gobierno de España. Desde los reproches por la falta de material sanitario como mascarillas y batas de protección hasta las discusiones por la duración del estado de alarma, pasando por la afirmación de que el gabinete de Pedro Sánchez “había fracasado” en la lucha contra la pandemia cuando había pasado menos de un mes de su inicio o ligar a la gestión de la Xunta la menor incidencia del virus en Galicia en aquella primera ola.

Una vez pasadas las elecciones —con otra mayoría absoluta para el PP—, los enfrentamientos continuarían a cuenta de, por ejemplo, los criterios de reparto de las vacunas, aunque los datos acreditaran que Galicia recibió las que le correspondían en cada fase del proceso, o la aplicación y retirada de las diversas restricciones para intentar contener los contagios. Esa pugna pre y postelectoral se transformó en una especie de ruido de fondo, tanto mientras el virus causaba entre la población gallega un impacto relativamente menor al de otros puntos de España en términos de mortalidad como cuando Galicia destacó positivamente en todos los indicadores de vacunación.

Desde 2009 hasta hoy, Galicia ha perdido más de 33.000 empleos industriales y sufre una debacle en el sector que no se detiene. El lento desmantelamiento de la industria eólica y de todo lo vinculado con los molinos de viento ahondó especialmente la crisis que padece el norte gallego. El cierre de Vestas y Gamesa se sumó al de muchas otras empresas en los últimos años. 

No sólo en en lo eólico, obviamente. Las amenazas y cierres parciales y definitivos que pesan sobre gigantes como Alcoa —en A Coruña y en A Mariña—, la crisis del naval, el anunciado desmantelamiento de la central térmica de As Pontes —ahora reactivada temporalmente por la crisis energética— y otras muchas empresas importantes en crisis certifican la ausencia de políticas y modelos industriales alternativos ante los cambios que exigen, desde hace tiempo, la lucha contra el cambio climático y los nuevos horizontes económicos.

La captación de fondos europeos para novedosos y sostenibles proyectos, liderada por una sociedad de mayoría privada que encabeza Abanca, es ahora mismo la esperanza para una reactivación plasmada en la polémica ley del mismo nombre, con la que Feijóo pretende desregular permisos ambientales y subvenciones a empresas y empleo público. Con ella la Xunta permitirá, por ejemplo, que sean empresas privadas las que evalúen las alegaciones de los ciudadanos contra proyectos con impacto ambiental.

La repercusión de estos trece hitos de Feijóo en Galicia fue dispar en el debate político y social gallego. En parte por un sistema de medios de comunicación condicionado en el sector privado por la publicidad y el reparto discrecional de dinero de la Xunta y en el sector público por el control político de la CRTVG que desde hace cuatro años tiene su principal foco de crítica en el movimiento Defende A Galega. Son las dos vertientes de la política de comunicación de un ejecutivo que ha prestado una especial atención a su proyección pública por encima de otras consideraciones.

Con este equipaje Feijóo pone rumbo a Madrid y deja una Galicia que es hoy más pequeña que cuando empezó a presidirla en 2009, si se atiende a lo que solo en los últimos años viene siendo identificado por el presidente como el principal problema de su tierra, el demográfico. Si hace 13 años había 2.767.000 personas viviendo en Galicia, según la última cifra oficial equivalente ahora son 2.695.000, unas 70.000 gallegas y gallegos menos.

Sin embargo, hasta hace dos años la Xunta no decidió dar al problema el máximo rango político e impulsar una ley específica para combatirlo. Su resultado aún está por ver. Pero no serán las políticas demográficas de Feijóo una carga para quien lo suceda ahora o en los próximos años. “Por responsabilidad”, dijo él mismo, su ley demográfica, lo que él considera el gran hito de sus últimos años al frente de la Xunta, no concreta medidas porque no quería “hipotecar” a los gobiernos que le sucedan cuando inicie su carrera en Madrid.

Miles de personas han salido a la calle en León para apoyar a los 360 trabajadores de la fábrica de aerogeneradores que la multinacional danesa Vestas quiere cerrar en Villadangos de Páramo. Tras una pancarta, En defensa de la industria y los puestos de trabajo, no al cierre, y convocados por los tres sindicatos presentes en el comité de empresa, CCOO, UGT y CGT, los leoneses no sólo exigen la continuidad de la factoría de Vestas, sino que también protestan por el desmantelamiento industrial de la provincia.

“El sentido de la manifestación es concienciar a la ciudadanía de que, cuando una fábrica se cierra, muere parte de una ciudad y de una provincia”, ha declarado a los periodistas el presidente del comité de empresa, Juan Francisco Cabezas.

“Vestas no se vende” gritaban los 5.000 leoneses, según calcula la Policía Local, que han recorrido el centro de la ciudad este jueves. A la manifestación se han unido incluso el alcalde de León, Antonio Silván, y el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, ambos del PP. También ha acudido desde Madrid el secretario general de CCOO, Unai Sordo. “No podemos admitir que una multinacional que recibió recursos públicos se marche sin ningún ejercicio de responsabilidad”, ha advertido, no sin antes recordar los “beneficios millonarios” que ha obtenido.

La compañía danesa recibió subvenciones públicas, procedentes de la UE y gestionadas a través del Gobierno y la Junta de Castilla y León, por importe de 13,5 millones de euros. En el último semestre, Vestas ha anunciado unos beneficios de 286 millones de euros. Sin embargo, parece determinada a continuar adelante con el cierre de la factoría leonesa y a trasladar su producción a China, India, Argentina y Brasil. En julio clausuró también la que tenía en Vilafranca del Penedés (Barcelona), despidiendo a sus 44 trabajadores. Aún mantiene otras dos, en Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real).

Este viernes los responsables de la empresa se han citado a las nueve de la mañana con los representantes de la plantilla en una reunión que, temen los trabajadores, servirá para presentarles el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). De momento, Vestas sólo les ha ofrecido “recolocaciones”, en otras empresas de la zona y en las fábricas de Viveiro, Daimiel, Argentina y Brasil. “A garantizar un plan de recolocaciones está obligada la empresa como parte del ERE”, replica Pablo Martínez, representante de UGT en el comité. “No nos valen”, concluye.

Alternativas

Así que la plantilla no oculta su decepción por la respuesta de Vestas a los requerimientos del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León para que mantenga la actividad en Villadangos de Páramo, un municipio de poco más de 1.000 habitantes. El fabricante de aerogeneradores es casi la única planta industrial de la provincia. De ella dependen, además, una cuarentena de empresas, por lo que la desaparición de la factoría pone en peligro hasta 1.500 empleos indirectos. La compañía también ha prometido a sus trabajadores hacer un estudio para determinar qué fábricas podrían implantarse en Villadangos. Mientras, la Junta castellanoleonesa se ha comprometido a buscar un comprador. “La empresa es muy jugosa, viable, con instalaciones nuevas y trabajadores muy cualificados”, asegura Ángel Manuel Santos, responsable de Industria de CCOO en León.

La razón que la multinacional danesa aduce para cerrar en León es que uno de los tres modelos de aerogeneradores que fabrica allí está obsoleto y otro casi ya no tiene demanda en Europa. “Pero se sigue vendiendo en 74 países del resto del mundo”, opone Pablo Martínez. “El tercer modelo ha bajado en ventas, pero no tanto como para cerrar la planta”, subraya. “El eólico es un mercado en auge, y los modelos que se fabrican en Villadangos del Páramo son los Ferrari de ese mercado”, apunta además Ángel Manuel Santos.

La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, cree que la decisión de Vestas obedece “a razones oscuras” que no han sido “suficientemente explicadas”.

La multinacional danesa Vestas mantiene su decisión presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la factoría de aerogeneradores que abrió en 2005 en Villadangos del Páramo (León), lo que supondrá el despido de 360 trabajadores y pone en peligro el puesto de trabajo de otros 2.000 empleos indirectos repartidos en una cuarentena de empresas de Castilla y León. Tras reunirse este lunes los responsables de la empresa –con el vicepresidente, Jean-Marc Lechêne, y el director de Operaciones, Tommy Nielsen, a la cabeza– con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como con el secretario y el director general de Industria Raül Blanco y Galo Gutiérrez, el Gobierno anunció al apertura de una “línea de negociación permanente” para “minimizar el impacto” del cierre de la factoría en León buscando “alternativas industriales” para la comarca.

La vaguedad de los términos en que se expresó el ministerio en la nota oficial publicada tras la cita no ha tranquilizado a los trabajadores, según han explicado a infoLibre sus representantes de UGT y CCOO. En el comunicado sólo se menciona la “apuesta” de Vestas por “seguir invirtiendo” en las plantas de Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real), a las que pretende convertir en “referentes de producción para Europa”. Pero nada dice de la fábrica de Villadangos de Páramo. Los representantes de los trabajadores aseguran que el ERE, que la empresa no presentó este lunes como “gesto de buena voluntad” ante la reunión con la ministra, será presentado este mismo viernes.

En cualquier caso, esperan obtener más información este martes después de que los gestores de Vestas se reúnan también con los responsables de la Junta de Castilla y León. La consejera de Economía, Pilar del Olmo, había asegurado por la mañana que la multinacional danesa había “vetado” al Gobierno castellanoleonés por haber sido “demasiado beligerante” en sus anteriores conversaciones.

“La empresa ha acudido a la reunión con la ministra más para explicar por qué ha tomado la decisión de cerrar la planta más que para negociar”, precisó por su parte un portavoz de Vestas a este periódico.

Los representantes sindicales creen que ahora se abre la posibilidad de vender o subrogar la planta leonesa, una opción que el comité ofreció a la empresa en su día pero que ésta rechazó en favor del cierre. Pablo Martínez, representante de UGT en el comité de empresa, recuerda que General Electric adquirió en 2017 otro grupo danés del sector, LM Wind Power, que cuenta con factorías en Ponferrada (León), As Pontes (A Coruña), y Castellón. Pagó 1.500 millones de euros. LM Wind Power fabrica palas para aerogeneradores.

Las razones y los beneficios

El pasado junio, Vestas anunció el cierre de tres de las cuatro líneas de producción de la factoría de Villadangos de Páramo. Pero en una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la consejera Del Olmo les comunicó –al mismo tiempo que a los trabajadores– que el cierre sería total. La consejera de Economía, que ha afeado a la multinacional sus “formas inaceptables”, asegura que la clausura de la planta leonesa obedece a “razones oscuras”, que no han sido “suficientemente explicadas”.

La multinacional danesa aduce que uno de los tres modelos de aerogeneradores que fabrica en León está obsoleto y que otro casi ya no tiene demanda en Europa. “Pero se sigue vendiendo en 74 países del resto del mundo”, opone Pablo Martínez. “El tercer modelo ha bajado en ventas, pero no tanto como para cerrar la planta”, subraya. “El eólico es un mercado en auge, y los modelos que se fabrican en Villadangos del Páramo son los Ferrari de ese mercado”, apunta además Ángel Manuel Santos González, responsable de industria de CCOO en León. La intención de Vestas es trasladar la producción a China, India y Argentina. “Ganan mucho dinero y quieren ganar mucho más”, resume Santos González.

En el primer semestre del año, Vestas ha anunciado unos beneficios netos mundiales de 286 millones de euros. La empresa declina dar los resultados de su negocio en España. No obstante, en su último informe financiero publica un aumento de su cartera de pedidos, medida en megavatios, en Europa, Oriente Próximo y África del 60% con respecto al mismo periodo de 2017. De los 1.623 megavatios conseguidos en esa área, la mayor parte procede de España, seguida de Suecia y Noruega, destaca el documento. “Se espera que el mercado español sea un mercado clave en el medio y largo plazo”, avanza también el informe anual de resultados de 2017. Este año Vestas prevé facturar 10.500 millones de euros. Del Olmo reveló igualmente que uno de los argumentos esgrimidos por la compañía danesa para cerrar la planta leonesa y trasladar la producción fuera de Europa es que en esos nuevos mercados los gobiernos la obligan a instalar una planta de producción si quieren presentarse a las subastas de plantas eólicas.

El representante de UGT apunta, además, que las fábricas en países como Rusia “ni siquiera son propiedad de Vestas”, sino que se trata de lo que la empresa denomina “contractors”, compañías locales con las que subcontratan la producción.

Devolución de subvenciones públicas

La Junta de Castilla y León también ha acusado de “deslealtad institucional” a la empresa. La multinacional recibió 13,5 millones de euros en ayudas comunitarias gestionadas a través de la Administración castellanoleonesa y el Gobierno central. Entre ellas, 12,2 millones en incentivos regionales por una inversión prometida de casi 50 millones de euros que finalmente se redujeron a 33,2 millones en 2013. Y 1,25 millones más para proyectos de I+D.

Además, Vestas debió reintegrar en 2013, 2014 y 2017 parte de las subvenciones recibidas por incumplir las condiciones que la normativa exige. No mantuvo la inversión prometida durante cinco años en el caso de una ayuda que le concedió la Junta de Castilla y León en 2010, por lo que tuvo que devolverla íntegra, 409.016 euros, más 50.370 euros por interés de demora. Otro tanto le ocurrió con una ayuda del Gobierno de Castilla-La Mancha, de 9,94 millones de euros, por la que se había comprometido a mantener 495 puestos de trabajo en su factoría de Daimiel. Tuvo que devolver 29.839 euros más 5.363 euros por interés de demora. Y por incumplir su compromiso de inversión de 33,2 millones citado más arriba, en 2017 se le redujo la subvención de 5,98 millones en casi 100.000 euros, según se extrae del Boletín Oficial del Estado (BOE).

El caso es que el plazo para no tener que devolver el importe íntegro de las ayudas recibidas, cinco años, expiraba el pasado mes de junio, un mes antes de anunciar el cierre de la factoría de Villadangos de Páramo. En julio también cerró otra de sus plantas, la de Vilafranca del Penedés (Barcelona) y despidió a sus 44 trabajadores, con indemnizaciones de 33 días por año más una paga lineal de 800 euros por año de antigüedad. La planta se dedicaba a reparar los aerogeneradores, una actividad que desde entonces realiza directamente en los parques eólicos una subcontratada alemana, ZF Aftermarket.

En huelga una planta con Premio a la Excelencia 

Vestas presume de tener 92 gigavatios instalados en 79 países, lo que supone un 16% de cuota de mercado y la convierte en el líder mundial en el sector eólico. Cuenta con una plantilla global de 23.900 empleados. Uno de sus principales accionistas es el fondo de inversiones Blackrock, aunque el portavoz de Vestas rehúsa precisar el porcentaje de capital en sus manos o siquiera si es mayoritario. Blackrock es el primer accionista del ÍBEX 35, con participaciones en Santander, BBVA, Caixabank o Telefónica, por ejemplo.

Además de su discutida gestión de subvenciones públicas, la multinacional eólica tiene abierto un frente con la Agencia Tributaria. La Audiencia Nacional dirimirá si Vestas cumplió con sus obligaciones fiscales entre 2006 y 2009. Según explica su portavoz, se trata de un problema entre las agencias tributarias española y danesa, ya que ambas reclaman que parte del beneficio de la compañía debería haber tributado en su país y no en el otro. “Se ha producido una doble imposición para el grupo, pues los mismos resultados han tributado simultáneamente en España y Dinamarca, situación contraria a los más elementales principios de tributación y contraria al ordenamiento de la UE”, sostiene el portavoz.

Los trabajadores de Villadangos de Páramo se encuentran en huelga desde el pasado 16 de julio, por lo que la producción lleva casi dos meses parada. Ya han sido despedidos 180 empleados temporales. Los que aún quedan desconfían, pese a las palabras del ministerio tras la reunión del lunes, de lo que pueda ocurrir en las plantas de Viveiro y Daimiel. La primera produce componentes para la planta de León y la segunda, palas que se ensamblan en la factoría que ahora puede desaparecer. El secretario de industria de CCOO cree que el cierre de Villadangos estaba planeado desde hacía meses y que Vestas ha “engañado a todos”, a los trabajadores y a la Junta de Castilla y León. El comité de empresa y el propio gobierno autonómico repiten que la planta es “competitiva” y “viable”. “Es la única del grupo capaz de producir diferentes modelos de forma simultánea”, resalta Ángel Manuel Santos. De hecho, los trabajadores de León han enseñado a empleados de Vestas en 12 países distintos los procesos que utilizan. “Somos empleo de calidad, con una formación muy especializada”, añade. Pablo Martínez recuerda que, sólo 15 días antes de anunciar el cierre, la planta de Villadangos de Páramo recibió del propio grupo danés un Premio a la Excelencia por su gran desempeño. Ahora la quiere cerrar por obsoleta.

Así, detallan que el exministro Trillo –actualmente embajador de España en Londres– habría recibido un total de 354.560 euros en tres años, mientras que el exdiputado Pujalte 75.000 en uno, ambos mediante sus respectivos despachos de asesoría. Los dos dirigentes conservadores argumentan que "asesoraban verbalmente" al Grupo Collosa.

Cabe destacar que esta empresa, dedicada especialmente a las obras públicas, se benefició por la construcción de parques eólicos en Castilla y León. Durante la investigación de esta trama, Hacienda descubrió pagos de esta empresa a los despachos de Trillo y Martínez Pujalte.

La Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto pago de comisiones por importe de 110 millones de euros para facilitar la instalación de parques de energía eólica en Castilla y León, que vincularía con esta práctica a altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo, según ha publicado este lunes el diario El País.

Entre los involucrados por la autorización de los parques eólicos, el informe de Hacienda -de 94 folios y fechado el pasado 30 de diciembre–, cita a "autoridades públicas de Castilla y León", a "empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques", a "los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas" y a "las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones".

El doumento detalla "siete operaciones en las que las eléctricas pagan a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta", detala el diario. 

La Junta de Castilla y León defiende la legalidad de las autorizaciones 

El consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha asegurado este lunes que las autorizaciones sobre los parques eólicos que investiga la Agencia Tributaria "se ajustan a la legalidad", según un primer análisis de los expedientes realizados por técnicos de su departamento. Villanueva se ha referido así a una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la Agencia Tributaria,

Los expedientes a los que se refiere Hacienda en los informes son los de 35 parques autorizados entre 2004 y 2007 y entre las personas que pudieron haberse beneficiado de esta situación estarían el que fuera viceconsejero y secretario general de la Consejería de Economía Rafael Delgado y el exconsejero delegado de la empresa pública Excal –dedicada a impulsar las exportaciones– Alberto Esgueva, propietario de algunas empresas beneficiadas.

El titular de Economía y Empleo, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, ha asegurado que la Junta no ha tenido acceso a la denuncia, pero se ha puesto a disposición tanto de la Agencia Tributaria como de la Fiscalía o, si fuera necesario, del juzgado que corresponda, para poner a su disposición los expedientes administrativos a los que se hace alusión, ya que por el momento no se han solicitado a la Junta.

Villanueva ha explicado que tras conocer la información se ha dado instrucciones a los servicios técnicos, que han revisado los expedientes para conocer su situación y se estudia la posibilidad de extender este análisis y control a todos los referidos a energía eólica tramitados por la Junta. De este primer análisis, ha explicado, los técnicos han trasladado que la tramitación administrativa ha sido "correcta", "ajustada a la legalidad", "a derecho" y se han cumplido los plazos.

Procedimiento reglado

El procedimiento administrativo, según el consejero, es el que la Comisión Nacional de la Energía informó que se debe seguir en estos casos, que es "largo, complejo, complicado", está regulado por decreto y se inicia con la solicitud de los promotores para la ubicación en un lugar concreto de un parque eólico.

A este respecto, ha incidido en que la Administración, una vez que ha dado la autorización, no tiene participación ni relación alguna con esas operaciones, que es una cuestión que corresponde a empresas o particulares, y ha reiterado que la Junta, sus servicios técnicos y territoriales que tramitan estas autorizaciones lo han hecho corrección y transparencia.

El consejero ha incidido en que si alguna empresa se dirige a la Administración para hacer una solicitud se aplica la norma y se resuelve la autorización, lo que además conlleva una parte de tramitación medioambiental, ya que se requiere un informe sobre su impacto y, de ser negativa esta evaluación, no se podría autorizar.

A este respecto, ha asegurado que la Consejería nunca ha tenido una queja por el posible beneficio a empresas e incluso los empresarios han trasladado que se trataba de un procedimiento muy "transparente". Además, ha incidido en que nunca se han producido impugnaciones nada más que de tipo ambiental por parte de asociaciones ecologistas, todo ello a pesar de que el Boletín Oficial de Castilla y León publica hasta tres o cuatro veces el procedimiento que sigue cada autorización.

En cuanto a la figura de Rafael Delgado, el consejero ha recordado que trabajó con él muchos años y ha afirmado que es una persona "muy preparada, al tiempo que ha pedido respeto para las personas, a las que cree que no se puede "enjuiciar" antes. Por lo que se refiere a Esgueva, Tomás Villanueva ha aclarado que no se entra a conocer quiénes son los socios de las empresas que realizan las solicitudes, que además se registran en los servicios territoriales.

En este sentido, Villanueva ha aseverado que si hubiera tenido conocimiento de algún tipo de irregularidad, que no le consta, se hubieran tomado medidas.

Las energías renovables se han convertido en una fuente casi inagotable de información que afecta a sectores muy diversos, desde la ecología y la industria, a la regulación normativa o el juego financiero. En el sector fotovoltaico, 50.000 inversores se han visto afectados por los recortes de primas. También en el sector eólico hay polémica. La oferta de cobertura de riesgos de la banca a las empresas del sector, mediante productos derivados complejos, ha acabado en un pleito del grupo vallisoletano Inversores Empresariales Vapat, uno de los grandes del sector, contra los cuatro grandes de la banca: Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell.

El Banco Sabadell, líder de la operación sindicada de los cuatro bancos con Vapat, confirmó a infoLIbre la existencia de la demanda. La entidad que preside Josep Oliú, sin embargo, declinó hacer más comentarios sobre la misma. 

La cobertura de riesgos es uno de los principales problemas de las empresas del sector de energías renovables. Es así porque la mayoría de los proyectos se financian a través de project finance (deuda instrumentada). La financiación se obtiene a tipo de interés variable y las empresas asumen un nivel importante de riesgo. Para evitar ese riesgo, los bancos ofrecen productos derivados que cubren las posibles pérdidas. Pero como ha sucedido con las cláusulas suelo, a menudo es el banco el que se cubre de todo riesgo y gana, suceda lo que suceda con los tipos.

Operaciones con riesgo

En el caso del grupo Vapat, con el que infoLibre intentó contactar sin lograrlo, el producto de la polémica es un sawp, un contrato firmado con el grupo de bancos en el que ambas partes pactan un determinado tipo de interés a fecha fija, convirtiendo un tipo variable a tipo fijo. Dependiendo de la evolución de los tipos, el cliente puede ahorar o perder mucho dinero. La operación tiene sus riesgos porque los contratos se cierran fuera de los mercados organizados y no hay transparencia en la formación de los precios.

Precisamente Vapat patrocinó en enero una jornada en la Asociación Empresarial Eólica (AEE) para analizar los contratos de cobertura de riesgos,. "Los denominados productos de cobertura (swaps, collars, caps….) son unos grandes desconocidos, a pesar de que pueden llegar a ocasionar pérdidas cuantiosas" explicaba la convocatoria de la Asociación.

En la jornada participaron Prosper Lamothe, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UAM y Miguel Pérez Somalo, socio y vicepresidente de la empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (AEFI).

Dificultades para calcular

En su ponencia, Pérez Somalo destacó, entre otras cosas, que los derivados están diseñados "para profesionales con niveles similares de conocimientos, información y medios técnicos. Los clientes no pueden calcular el valor razonable de estos instrumentos estructurados pues se necesitan herramientas analíticas muy avanzadas, acceder a datos de mercado muy complejos y aplicación de métodos de cálculo (Simulaciones de Montecarlo, Black Scholes…etc.) fuera de su alcance. Es por esto que se crea una asimetría en relación a los precios que favorece a la parte que sabe valorar el activo."

Fuentes bancarias sostienen que si bien es cierto que el producto sindicado colocado a Vapat es complejo, un inversor como el grupo mencionado está en condiciones de comprender todo el alcance del contrato. "El empresario Rafael González-Vallinas (Vapat) es alguien que bien se puede considerar un inversor cualificado" señalan.

Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla. En los años 2009 y 2010, la banca financíó los proyectos eólicos y fotovoltaicos al tiempo que vendió coberturas de riesgo. La demanda de Vat sugiere que quien se cubría en realidad era de la banca

Vapat, que tiene instalados en España 471 MW de potencia en decenas de instalaciones eólicas, forma parte de la junta directiva de la Asociación Empresarial Eólica.Su representante figura como suplente del órgano en el que también se sienta Caixabank.

¿Cuánto valen en 2013 en España 14 parques eólicos (421,8 Megavatios), dos plantas fotovoltaicas (20 MW) y dos termosolares (100 MW)? Un euro. En realidad, un euro y la capacidad para asumir una deuda de entorno a 900 millones, con la carga financiera que conlleva. Este es el precio que pide el grupo constructor y de servicios FCC por su división de energías limpias, según han confirmado fuentes al tanto de las negociaciones. Un portavoz de FCC se limitó a señalar que "el proceso de desinversiones sigue el cauce y el calendario previstos".

La oferta de FCC certifica el fin de las apuestas de los grandes grupos por las energías limpias. Fue algo que hicieron empresas como ACS, Acciona o Abengoa, además del grupo que preside Esther Alcocer Koplowitz. La oferta muestra también a qué punto han llevado al sector los cambios normativos aprobados por el Gobierno, que han frenado las primas a las renovables y han comprometido su rentabilidad hasta el punto de ahogar el negocio.

En el caso de FCC,  inmerso en un proceso de venta de activos por valor de 2.300 millones, lo que se busca es un gestor (un "vehículo") que permita al grupo traspasar un negocio que hoy no es rentable y que no encuentra comprador. FCC eliminaría de su balance una deuda de en torno a 900 millones que pesa como una losa en sus cuentas. Fuentes cercanas a las negociaciones precisan que esa deuda ya está "desconsolidada" en libros al tratarse de un activo en venta, aunque el traspaso efectivo permitiría, añaden, deshacer la carga de forma "real".

A cambio del aparcamiento, FCC. según fuentes al tanto del proceso, se comprometería con el gestor elegido a repartir los beneficios de una hipotética venta  si cambiaran las expectativas y se encontrata un comprador.

Negociación con la banca

En la negociación hay otra parte fundamental: los bancos. Para que el aparcamiento de los activos renovables tenga éxito, los bancos deben aceptar una rebaja ("quita" es una palabra maldita en el sistema financiero) en las cantidades que iban a ingresar por financiar los proyectos.

Según las últimas cuentas del grupo FCC, la división de 'energía verde' que el grupo edificó a partir de 2008 presenta actualmente fondos propios por unos 80 millones de euros y un pasivo total asociado de unos 957 millones de euros.

Sólo en el primer trimestre arrojó pérdidas de 112 millones de euros por el ajuste de 158,9 millones realizado en el valor de los activos como consecuencia de los cambios legislativos aprobados por el Gobierno para el sector.

En primavera, el consejero delegado de FCC, Juan Béjar,  presentó un plan estratégico para tres años. Sus puntos fundamentales eran reducir la deuda actual del grupo hasta el entorno de 5.200 millones de euros (un 28% menos) y desinvertir por importe de 2.300 millones.