Galicia quiere repensar veinte años después su relación con los molinos de viento

En los últimos días Galicia ha retomado el eterno debate sobre si construir más molinos de viento o acotar a la industria eólica, un dilema social que resurge a menudo desde hace más de dos décadas. Por una parte, los aerogeneradores dejan cada año decenas de millones de euros en impuestos a municipios que solo vivían del campo, pero parece que la riqueza no se ha repartido como debería y muchos pueblos permanecen igual que hace décadas después de ceder parte de sus tierras. 

Xavier Simón ha seguido de cerca la explosión de los molinos desde la Universidade de Vigo, donde dirige el Observatorio Eólico de Galicia. El académico desmiente con cifras buena parte del optimismo que rodea esta industria desde que llegó a mediados de los 90, y acusa a políticos y empresarios de levantar más de 4.000 molinos sin desarrollar un plan que asegure el futuro de los pueblos.

"Se ha hecho a expensas de las comunidades rurales. No hay ningún ejemplo de que las renovables, y especialmente la eólica, haya permitido una mejora de los problemas a los que se enfrenta el medio rural. La gente que vivimos en el campo seguimos sin acceso a servicios públicos de calidad y ni siquiera ha permitido que las granjas sean más rentables", afirma. 

El economista insiste en que hay que abandonar el debate sobre si eólica sí o eólica no, que avivó el director de cine Rodrigo Sorogoyen en la gala de los Goya. La instalación de renovables es indispensable y debe continuar, pero no puede hacerse a partir de una ley eólica sobrepasada por el avance de la tecnología. La primera ola masiva de molinos que se instalaron medían menos de cien metros de altura, pero los modernos superan los doscientos; y si antes se construían en lo alto de los cerros, cada vez se planifican más cerca de los pueblos.

"Entre 1995 y 2008 no hubo oposición. Pero a partir de ahí la oposición creció rápidamente hasta lo que tenemos ahora. Y el principal argumento es que están más cerca de las casas", explica Simón. 

El municipio de Muras, en Lugo, es uno de los mejores ejemplos de cómo fue esa primera hornada salvaje de molinos en Galicia y de las consecuencias que deja la construcción descontrolada. La familia de Manuel Requeijo fue una de las que hace dos décadas vendió parte de su terreno a las eléctricas para construir aerogeneradores, como hicieron muchos de sus vecinos bajo la alcaldía del Partido Popular. Hoy, Requeijo es alcalde de Muras por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y promete que no volverán a "robar" a su pueblo. 

"El metro se vendió a entre 30 y 100 pesetas y si no querías vender te amenazaban con expropiar, Ahora vivimos rodeados de 381 molinos y mires donde mires ves uno. Hay incluso a 200 metros de casas", expone. De hecho, tienen el triste récord de tener más megavatios de eólica instalados que Suiza. 

Pero la fama del municipio no viene de aquí, sino de que en 2015 el actual alcalde sacó adelante una ayuda para pagar la luz de los vecinos con lo que el ayuntamiento cobra en impuestos a las eléctricas. Unos 600.000 euros anuales sirven para dar un cheque de 600 euros a cada hogar y de 1.500 a las pymes, exclusivamente para pagar el recibo. "Es un pequeño acto de justicia social a cambio de vivir rodeados de molinos", reclama Requeijo. 

Las cifras recopiladas por el Observatorio de la Universidade de Vigo demuestran el crecimiento astronómico que ha vivido la eólica en menos de un cuarto de siglo en Galicia. Alrededor de 140 ayuntamientos tienen estas palas y eso genera hoy ingresos de unos 800 millones de euros a sus dueños, el equivalente al 80% de la renta que produce la agricultura y la ganadería, dos sectores que han sido el pilar de la región durante siglos. 

Este impulso a la economía es la principal baza de la patronal eólica para defender su industria. "Ahora escuchamos cómo nos demonizan, pero llevamos 25 años conviviendo con las zonas rurales", afirma Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia. El representante de los empresarios destaca que en 2021 pagaron más de 100 millones de euros en impuestos, principalmente al gobierno central.

Las cifras que expone Xavier Simón ponen en contexto el optimismo de la patronal, y señalan los problemas que hay para que el dinero que dejan las empresas llegue a los vecinos que conviven con los aerogeneradores. El alquiler que recibe un ciudadano por ceder sus tierras a un molino es de media 3.800 euros al año por aerogenerador, el 1,2% de los ingresos que recoge la compañía por cada aparato.

A la Xunta pagan el llamado canon eólico, que luego se reparte entre los ayuntamientos. Los consistorios también cobran IBI por las instalaciones, pero desde los consistorios critican que la cantidad es irrisoria. "Las eólicas sacan beneficios enormes y los concellos deberíamos estar mucho mejor compensados", critica Xosé María Arias, alcalde de Castroverde, en Lugo. Allí reciben unos 80.000 euros al año de las eléctricas por tres molinos. 

El caso de Muras es un buen ejemplo de cómo los beneficios energéticos no terminan de impulsar la economía local. Pese a tener 381 molinos para 640 ciudadanos, su renta media por habitante ha crecido al mismo ritmo que la de los municipios que lo rodean. 

Sólo cuatro trabajadores locales en el reino de los eólicos

Otro de los argumentos destacados por la industria es el empleo que genera en la región. Un estudio de Deloitte para la patronal eólica cifró 5.400 puestos directos e indirectos en toda Galicia en 2021, para 1,1 millones de ocupados que tiene la Comunidad. De nuevo aparece el ejemplo de Muras, donde solo hay cuatro vecinos trabajando en los aerogeneradores pese a que inundan el municipio. 

Un informe publicado en enero por el Banco de España estudia precisamente el impacto sobre el empleo local de la instalación de las renovables y los resultados ponen en duda las afirmaciones de la patronal. "En comparación con las inversiones solares, los impactos de las inversiones eólicas son mucho más débiles, con sólo una reducción del desempleo durante la fase de mantenimiento y ningún efecto sobre el empleo [en el municipio]", argumentan los autores. 

No obstante, añaden que su intención no es demostrar que no se la instalación de eólicas no genera puestos de trabajo. Los crea, pero principalmente en las grandes ciudades cercanas, que es donde se suelen asentar las empresas promotoras. "Sin embargo, como se necesita el visto bueno de los pequeños municipios para su construir renovables en ellos, los anfitriones deberían recibir mejores compensaciones para distribuir los beneficios de las inversiones renovables de forma más equitativa", concluyen los académicos. 

Tras el parón que tuvo el sector después de la Gran recesión de 2008, ahora Galicia se enfrenta a una nueva ola de instalación eólica. El pasado 25 de enero la Xunta dio el visto bueno ambiental a 84 nuevos parques eólicos que suman más de 500 molinos, aunque muchos de estos proyectos se espera que caigan con el tiempo porque la Dirección General de Calidad Ambiental les ha exigido cambios en los planos. Este organismo no ha querido participar en el artículo. 

Muchos de estos parques han recibido el visto bueno de la Xunta –o del Ministerio de Transición Ecológica, si superan los 50 MW de potencia– incluso con el rechazo de los ayuntamientos donde se construirán. Por ejemplo, el concello de Cedeira, en Coruña, amenazó hace dos semanas con recurrir una Declaración de Impacto Ambiental Positiva para un parque de 20 molinos que cuenta con luz verde del Gobierno.  

"Son unos aerogeneradores brutales y su instalación está fuera del plan sectorial gallego, que es el marco en el que deberían ejecutar este tipo de proyectos", señala el alcalde Pablo Moreda. El ayuntamiento y los vecinos presentaron alegaciones al proyecto y consideran que les han ignorado deliberadamente.  

Los expertos consultados coinciden en que el poder de un ayuntamiento es limitado, ya que la normativa eólica da la última palabra a las comunidades o a Transición Ecológica. Manuel Pazo, de la patronal difiere: "En mis años de experiencia he aprendido que, si un ayuntamiento no quiere que el proyecto no salga adelante, no saldrá". Mientras que Xavier Simón, de la Universidade de Vigo, compara el poder de un alcalde con el de un ciudadano más, ya que solo puede presentar alegaciones, como todos los afectados.

"Tenemos la capacidad que tenemos. Si un proyecto cumple con la declaración ambiental y tiene permisos de construcción, no podemos prohibir su construcción porque estaríamos prevaricando", opina el alcalde de Castroverde. 

La mayor contestación al desarrollo eólico viene de los grupos ecologistas y asociaciones vecinales de Galicia, agrupados en el movimiento Eólica así non. En este colectivo están entre otros la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. Belén Rodríguez, su secretaria ejecutiva, explica que la situación ahora es más tensa que nunca porque los nuevos molinos de 200 metros tienen un impacto mucho mayor en la biodiversidad y se acercan peligrosamente a las viviendas. "La legislación de los años 90 está obsoleta, ya no tiene sentido que la distancia máxima a una casa sean 500 metros". 

Verónica Torrijos, secretaria de la Federación Ecoloxista Galega, insiste en que ellos están a favor de las renovables, pero creen que "así" no promueven la transición energética justa y propone que haya una ordenación del territorio seria para que no invadan ecosistemas. 

El presidente de la patronal se sorprende con los argumentos de estos grupos sociales. "Primero pedían menos molinos para que tuviesen menos impacto visual, y lo que permiten los nuevos modelos es que uno de ellos tenga la potencia de cuatro de los antiguos", argumenta. "Claro que influyen en el paisaje, pero es algo que asumir si queremos cerrar las centrales de carbón y las nucleares", añade.

"Me dijo que expropiar nuestro monte le costaría 180.000 euros"

Otro de los problemas más repetidos son las expropiaciones de terreno para instalar los aerogeneradores, una práctica que en Galicia siempre ha sobrevolado como una forma de apretar las tuercas a los vecinos que se resistían a vender o alquilar sus tierras a las constructoras. Aunque se recuerde como una practica del pasado, todavía hoy se mantiene esta forma de extorsión, como relata el miembro de una comunidad de montes de Valdeorras, en Ourense. 

Allí, cuarenta comuneros recibieron una propuesta hace dos años para instalar tres molinos en su monte. La mayoría lo vio como una buena oportunidad para hacer un dinero, pero la oferta terminó siendo mucho menor de lo esperado y en el tira y afloja para negociar un mejor precio apareció en el pueblo la figura del conseguidor. 

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"No nos amenazó directamente, pero me envió una noticia sobre una expropiación al otro lado del valle, y me dijo de palabra que nuestro monte le costaría 180.000 euros", relata uno de los miembros de la comunidad. "Ahora mismo dependemos de la buena fe de la empresa, pero tenemos miedo porque se lo pueden llevar por una miseria", añade. 

Xavier Simón, quien recibe apoyo de la Fundación Juana de Vega y la Fundación Isla Couto para financiar el observatorio, relata que allí asesoran a muchas de estas comunidades para que no se precipiten a la hora de negociar con las grandes compañías. 

"Como nos dedicamos a la investigación tratamos de ser ecuánimes, pero en esta balanza hay una parte débil. Podríamos colaborar con los fuertes, cerrar grandes contratos y ganar mucho dinero, pero no estamos en eso", resume.