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Los torturadores franquistas siguen luciendo medallas dos años después del anuncio de su retirada

Frente a la crispación (y el ‘golpismo suave’), datos y argumentos

Asumo que la edad condiciona la percepción de cualquier acontecimiento. Cuando este miércoles por la tarde leí la Carta a la Ciudadanía firmada por Pedro Sánchez (ver aquí), se me vino a la cabeza la imagen de Adolfo Suárez anunciando su dimisión aquel 29 de enero de 1981 (ver aquí). La siguiente pantalla en mi memoria la ocupa Tejero en el Congreso tres semanas después. Esa cadencia de sucesos es hoy completamente imposible. Tranquilidad, pero hasta cierto punto. Mi tesis, sin el menor aroma conspiranoico, consiste en que asistimos (en España y en otras democracias) a procesos golpistas de carácter civil, sin armas ni tricornios ni bigotes machirulos. Por otras vías que tienen que ver con un funcionamiento anómalo de la justicia, con un ecosistema mediático adulterado y con poderes económicos y empresariales que se resisten a aceptar las reglas básicas de la democracia.

Intentaremos argumentar esta tesis en el plano de la Opinión, pero sobre todo vamos a aportar desde infoLibre, en estos días de incertidumbre y sobredosis de elucubraciones, datos informativos contrastados que nos ayuden a participar en el debate abierto tras el paso inédito y arriesgado del presidente del Gobierno: ¿queremos una democracia cuyo debate público está permanentemente distorsionado por calumnias, bulos, insinuaciones, insultos y, sobre todo, inducido por una estrategia de oposición que niega la legitimidad del Gobierno y de las principales instituciones democráticas? No se trata sólo de si Pedro Sánchez sigue o no sigue en La Moncloa. Lo trascendente es si como sociedad estamos dispuestos a ejecutar a un presidente de gobierno a costa de lo que sea, incluida la apertura de un proceso judicial disparatado contra su pareja. Esta es la gota que ha colmado el vaso de Sánchez, pero el vaso estaba previamente repleto, y no ya contra Sánchez, sino contra la democracia.

Empezaré por el final, con nombres y apellidos: la decisión de Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, de abrir una investigación secreta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sobre la base de una denuncia de siete folios presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias, lo que merece es una inspección del Poder Judicial (caducado pero en funciones). ¿Tiene alguna justificación legal iniciar un proceso penal basado en recortes de supuestas informaciones digitales ya desmentidas, sometidas a rectificaciones legales y sin una sola prueba o indicio de veracidad? Peinado da crédito a Manos Limpias como en su día (y durante meses y años) García Castellón dio crédito a la fábrica de falsedades montada por el comisario Villarejo contra Podemos. El juez tomará declaración a dos periodistas por si muestran (bajo secreto) en el juzgado las pruebas que en sus medios no han aparecido para respaldar acusaciones tan gruesas como la de tráfico de influencias o corrupción. 

Es pertinente contextualizar. La denuncia (exitosa) de Manos Limpias llega mes y medio después de que esta trama para cuyos principales dirigentes la Fiscalía llegó a pedir más de cien años de cárcel por extorsionar a grandes bancos y empresas fuera absuelta por el Tribunal Supremo, concretamente por la Sala Penal presidida por Manuel Marchena, que decidió anular la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó en 2021 a cuatro años de prisión al actual querellante contra Begoña Gómez, el ínclito Miguel Bernad, un franquista confeso y orgulloso de serlo (ver aquí). No importa que ni el propio denunciante se crea lo que denuncia (ver aquí): lo que importa es seguir sembrando la duda, atizando la destrucción personal, alentando la deslegitimación política. 

No se trata sólo de si Pedro Sánchez sigue o no sigue en La Moncloa. Lo trascendente es si como sociedad estamos dispuestos a ejecutar a un presidente de gobierno a costa de lo que sea, incluida la apertura de un proceso judicial disparatado contra su pareja

¿Por qué Feijóo señaló ya el día 20 de marzo que iba a presentarse una denuncia contra Begoña Gómez? (ver aquí). Conviene seguir siempre las líneas de puntos que unen acontecimientos y declaraciones si de verdad queremos encontrar algo aproximado a la verdad. Ya explicamos en este mismo Buzón los detalles cronológicos de una estrategia reiterada de deslegitimación política practicada por el PP desde la moción de censura que lo apeó del Gobierno en 2018 (ver aquí). También hemos denunciado la existencia de casos clamorosos de lawfare o de judicialización de la política en España (ver aquí), por más que lo nieguen airadamente esos togados intocables que dedican almuerzos con la prensa a proclamar su destino como “salvadores de España” (ver aquí). Hemos llegado al punto de ebullición de ese clima de crispación buscado intencionadamente por las derechas políticas y mediáticas con el objetivo de impedir que prospere una legislatura gobernada por una coalición de izquierdas con el apoyo (condicionado, por supuesto) de fuerzas nacionalistas e independentistas.

Los resultados electorales de Euskadi y las encuestas sobre el panorama político en Cataluña no ofrecen perspectivas optimistas a la oposición. Si la legislatura no se puede acortar por vías electorales y parlamentarias, valen las que utilizan los medios afines y los jueces de gatillo fácil. Esta es la cuestión clave que plantea la Carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía: ¿está en riesgo la calidad democrática en España? ¿Aceptamos que vale todo para expulsar del poder a quien han refrendado las urnas y las mayorías parlamentarias, nos guste mucho o poco? 

No tengo ni idea de lo que el lunes anunciará Pedro Sánchez. No creo que nadie lo sepa, probablemente ni él mismo a día de hoy. Quienes apuestan por definir el paso que ha dado el presidente como una simple pirueta táctica creo que desprecian los enormes riesgos que asume. No le basta con anunciar si se va o continúa. Ambas opciones contienen consecuencias sísmicas mucho más allá del PSOE o del complejo tablero electoral. Y en ninguno de los dos casos Sánchez puede esquivar su responsabilidad respecto al futuro. Su carta y su reflexión compartida abren un debate profundo y necesario que nos apela a todas y todos los demócratas, y que no quedará resuelto el lunes por la mañana. Entre tanto, puede ser útil, en lugar de elucubrar, ir desgranando datos concretos y comprobables sobre hechos que nos han llevado hasta aquí: desde la actuación de determinados jueces contra Pablo Iglesias e Irene Montero, Mónica Oltra o Ada Colau hasta el uso descarado de los recursos públicos por parte de las derechas para financiar a medios afines; o los montajes de supuestos fraudes electorales que (pronto hará un año) condicionaron los resultados de las elecciones del 28M. 

El lunes conoceremos el alcance de la decisión emocional, personal, pero eminentemente política de Pedro Sánchez. Hasta entonces, y frente a la crispación y el llamado golpismo suave, argumentos y datos. De eso se compone (o debería) la democracia.

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