El magistrado de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha impuesto fianzas solidarias de 232 millones de euros (264,4 millones de dólares) para el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia Jose Luis Olivas, y contra los banqueros Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Rafael Codoñer y José Cortina, por las ruinosas y presuntamente delictivas inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano.

En el caso de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó el juez les impone una fianza solidaria de 626,9 millones de euros (712,4 millones de dólares). Esta medida cautelar había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez la considera procedente para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran fijar en sentencia.

El magistrado ha tenido en cuenta que los imputados tienen un profundo conocimiento del mundo financiero internacional que aconseja adoptar las medidas necesarias para que no resulten ilusorias la ejecución definitiva de responsabilidades pecuniarias.

Andorra y Suiza

Para calcular las fianzas el juez ha valorado indiciariamente en 198,3 millones de dólares, la divisa en la que se realizaron las operaciones, la cuantía de la apropiación indebida y estafa, más el tercio que prevé la ley. El abono de Ferri y Baldo se incrementa 112 millones de dólares por el delito de blanqueo en relación con sus transferencias a Andorra y Suiza.

El juez explica en siete autos, uno por cada imputado, que los hechos investigados son graves, complejos y aparentemente delictivos. Se investiga si los imputados cometieron delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, y administración desleal por su intervención en las operaciones llevadas a cabo en México, por el grupo Grand Coral.

En concreto, se están analizando las operaciones inmobiliarias denominadas Emerald, la adquisición de las fincas Zacatón y Piedras Bolas, en Baja California y Vinorana en Riviera Maya, así como las operaciones para refinanciar la deuda del citado grupo empresarial.

En el caso de Ferri, Baldo y Poch el juez cifra en 140 millones de dólares las plusvalías que obtuvieron con estas operaciones fraudulentas y que causaron a las entidades bancarias afectadas un perjuicio, según el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB), de 246 millones o 250 millones de dólares, según el Banco de España. Con esas plusvalías, los tres imputados iniciaron una cadena de transferencias bancarias a nombre de sociedades vinculadas a ellos, unas cuentas que estaban en Suiza y Andorra.

Correos electrónicos

En relación con la actuación de los máximos directivos de las entidades bancarias, el juez explica cómo los correos electrónicos intervenidos revelan el malestar de los directivos de tipo medio de Bancaja ante los continuos excesos que llevaban a cabo los empresarios investigados.

Unas quejas, las de los directivos medios, "que parecían no tener eco en sus superiores, los cuales no sólo no parecieron tomar medida alguna para corregir los excesos, sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos".

"Si bien los máximos directivos de las entidades bancarias afectadas, que mantenían una estrecha relación con los empresarios investigados, no sólo no tomaron medida alguna para corregir estos excesos sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos en perjuicio de los intereses de dichas entidades y favoreciendo los intereses particulares de los referidos empresarios", indica el juez en uno de los autos, que prosigue. "Y todo ello en contra de los socios mayoritarios y de las entidades bancarias, generando un perjuicio para las mismas".

Según el juez, José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Banco de Valencia actuó como máximo dirigente de ambas entidades, interviniendo en la autorización de dos de los préstamos que se concedieron con carácter urgente para comprar la finca Vinoramas.

Numerosas irregularidades

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que menciona el juez aportan datos sobre las numerosas irregularidades observadas y la ausencia de control sobre el destino de los fondos en las inversiones realizadas, de forma que los terrenos comprados se revalorizaban de forma elevada en el momento anterior a su adquisición, desviándose las plusvalías generadas a cuentas corrientes de Andorra y Suiza.

En esta actuación "difícilmente explicable" según el juez, el magistrado añade los viajes a Cuba de José Luis Olivas y otros altos cargos acompañando a los empresariosJosé Luis Olivas y sufragados por estos últimos que "difícilmente podrían ser explicados como viajes de negocios".

Una resolución del juez, a la que ha tenido acceso infoLibre, informa a las partes personadas en el caso Banco de Valencia que desde el pasado 16 de junio dos peritos judiciales del Banco de España rastrean diferentes operaciones financieras vinculadas a las sociedades Capital Costa y Capital Residencial, por las que ambos directivos habrían obtenido plusvalías superiores a los 13,9 millones de euros.

Capital Costa fue constituida el 7 de julio de 2005 por la familia Calabuig, cinco de cuyos integrantes están imputados en el caso Banco de Valencia. En diciembre de 2006 el 100% de las acciones fueron adquiridas por la empresa IZPA, vinculada a Domingo Parra, por un importe de 4.352 euros.

IZPA, Izquierdo y Parra

Pero un informe de la consultora KPMG incluido en el sumario considera que IZPA, que podría reflejar los apellidos de Izquierdo y Parra, aunque formalmente pertenece a Domingo Parra y a su familia, también podría ser propiedad de quien fuera director financiero de Bancaja y posteriormente presidente ejecutivo del Banco de Valencia, Aurelio Izquierdo. Este documento de KPMG sostiene que Izquierdo "reconoce a IZPA como una sociedad en la que posee un 50% de las participaciones a través de su esposa. "Por lo tanto, hemos dispuesto de información suficiente que nos ha llevado a concluir que Parra e Izquierdo poseen un interés compartido en Izpa", destaca la consultora.

De forma paralela a la creación de la empresa Capital Costa, el 12 de junio de 2006, el comité de Riesgos y la dirección general del Banco de Valencia concedieron un crédito de tres millones a la mercantil Capital Residencial, participada en un 30% por la mencionada Capital Costa. El 14 de diciembre de 2006, en la junta general de Capital Residencia, se aprobó la distribución de 5,1 millones en dividendos correspondientes a 2006.

Reparto de dividendos

De hecho, la empresa utilizó el crédito concedido por el Banco de Valencia para llevar a cabo el reparto de dividendos de Capital Residencial a Capital Costa, según el sumario de Parra e Izquierdo, que recibieron 1,5 millones. El 23 de diciembre de 2006, Capital Costa distribuyó el dividendo, por lo que el dinero prestado por el Banco de Valencia habría acabado en poder de ambos dirigentes de la entidad financiera. 

EL 12 de junio de 2007, Capital Residencial recibió una transferencia de la sociedad Desarrollos Urbanísticos Globales de 8,64 millones de euros. El origen de estos fondos, según el sumario, se encuentra también en el Banco de Valencia. En concreto proceden de una póliza de crédito de 12 millones concedidos a la mercantil Casa Amiga, perteneciente a la familia Calabuig. Precisamente en 2007 Capital Residencial repartió 4,7 millones en concepto de dividendos mediante cinco transferencias. Una de ellas tuvo como destino Capital Costa.

Venta de Capital Costa

Tan solo un año después, en 2008, la empresa que el sumario vincula de forma indiciaria a Parra y a Izquierdo vendió la totalidad de sus acciones en Capital Costa a Galbis y Fucsa, pertenecientes a los Calabuig por 12,37 millones. En menos de dos años (desde finales de 2006 hasta 2008), IZPA obtuvo plusvalías por 13,9 millones, derivadas de su inversión inicial de 4.352 euros en Capital Costa, en plena crisis económica de España.

Además, llama la atención que Capital Residencial era la única inversión de Capital Costa, y que no tuvo ningún ingreso por su actividad en 2008. No obstante, la firma se vende por más de doce millones. Según las acusaciones, todas estas plusvalías han perjudicado al Banco de Valencia, pues la entidad financiera no ha recuperado gran parte de la financiación concedida a Capital Residencial.

12 millones de póliza

Asimismo, la póliza concedida a Casa Amiga por 12 millones la aprobó el Banco de Valencia sin garantías iniciales, aunque éstas finalmente se lograron por 9,8 millones, lo que supone un perjuicio de más de dos millones de euros.

Pero las transferencias realizadas por empresas de los Calabuig no acaban ahí, según las acusaciones, que recuerdan que el 17 de febrero de 2010 IZPA recibió en su cuenta corriente 4 millones procedentes al 50% de Fucsa y Galbis.

José Cortina Orrios

Por otra parte, este lunes declarará ante Pedraz, y en calidad de imputado, José Cortina Orrios, uno de los responsables de Bancaja Hábitat que había sido objeto de las querellas presentadas por el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) en el seno del caso Banco de Valencia.

El nombre de Cortinas Orrios aparece en la querella en la que se identifica al expresidente de Banco de Valencia y de Bancaja, José Luis Olivas, además del empresario Ramón Salvador Águeda, dueño de la empresa Residencial Mira Llevant. Salvador está implicado también el caso Brugal, que investiga un posible trato de favor al promotor Enrique Ortiz.

En la pieza separada por la que declarará este lunes Cortina Orrios también denunciados Parra e Izquierdo. El FROB cifra en 300 millones el volumen de las operaciones ligadas a Ramón Salvador.

Según un informe del Banco de España del 30 de septiembre de 2008 incluido en el sumario del caso Bankia, en 2008 la caja valenciana ya tenía serios problemas de liquidez por el empeño de sus dirigentes en financiar mastodónticas promociones inmobiliarias de dudosa rentabilidad. Entre las empresas financiadas por Bancaja destacan cinco que han sufrido importantes problemas económicos a lo largo de los últimos años: el Grupo Soler, el Valencia CF, el Grupo Reyna, el Grupo Polaris y Martinsa-Fadesa. Solo entre estas cinco firmas los créditos considerados de riesgo superaban los 1.100 millones de euros.

Cobraron 17,2 millones

Según la información aportada por Bancaja al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, tal y como adelantó infoLibre, Fernando García Checa (8,8 millones) y Aurelio Izquierdo (8,4 millones), los dos directores generales que rigieron las cuentas de Bancaja entre 2007 y 2010, cobraron de la entidad pública valenciana más de 17,2 millones de euros. A esta cifra hay que añadir otros 7,5 millones que tiene comprometidos Izquierdo en derechos de jubilación. En total, ambos recibirán de Bancaja un mínimo de 24 millones de euros.

El relevo en la dirección general de Bancaja, aprobado por el consejo a finales de agosto de 2007, se justificó de forma oficial como el primer paso en un cambio de estrategia para reducir la dependencia de los resultados de la evolución del negocio inmobiliario. Lo que significaba disminuir ligeramente su implicación en los negocios del ladrillo. Pero la realidad, según se desprende de un correo secreto de Blesa, era mucho más dramática.

El 16 de octubre de 2007 dos directivos de Bancaja, en concreto el director financiero, Miguel Ángel Soria, y el director de Tesorería y Mercado de Capitales, Benito Castillo, se entrevistaron con otros dos responsables de Caja Madrid: el director de Negocio de Tesorería y Mercado de Capitales, Carlos Stilianopoulos; y el director de Negocio Adjunto de Emisiones Propias, Benito Castillo.

Propuestas para obtener liquidez

En la reunión, según el mensaje enviado por Matías Amat a Blesa, Bancaja pidió a Caja Madrid que aceptara una de estas tres propuestas para obtener liquidez: una línea de crédito a tres años por 200 mllones de euros; una línea de liquidez a un año por 100 millones de euros con soporte a su programa de pagarés; o la tercera opción, que consistía en intercambiar los bonos que Caja Madrid tenía en cartera de Caja Castilla La Mancha (90 millones) y Caixa Terrasa (50 millones) por bonos Bancaja: "Esto serviría a Bancaja como reserva de liquidez", apunta Matías Amat a Blesa.

El documento secreto, que fue suministrado por Bankia al magistrado Elpidio José Silva, que ahora se enfrenta a la inhabilitación por enviar hasta en dos ocasiones a Blesa a la cárcel, apunta otros comentarios suscitados por los responsables de Bancaja: "La Caixa está apoyando a través del intercambiario a cajas medianas/pequeñas catalanas; y que algunas cajas pequeñas e incluso alguna mediana tiene problemas serios de liquidez. Esto puede darnos oportunidades a las cajas grandes (ellos se consideran una caja grande)", completa Amat a Blesa, que más abajo en el mensaje explica sus conclusiones.

"No sabían que venían aquí"

"Es posible que utilizaran tu nombre con su presidente (José Luis Olivas) o director general (Aurelio Izquierdo) por alguno de los siguientes motivos: su propio presidente no sabía que venían aquí a pedir liquidez; no se atrevieron a decirle a su presidente que tenía que llamarte; o sabiendo el propio presidente lo utiliza com oexcusa para no tener que llamarte". El mensaje finaliza con un análisis del nuevo número dos de Bancaja: "Por cierto el nuevo director general (Aurelio Izquierdo) es también consejero de NH y tampoco me ha llamado (a mi juicio es un tipo un poco especial)".

Según los datos aportados por un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 2008 fue el año en el que se comercializaron más participaciones preferentes en España entre los clientes minoristas.

"Castillos en el aire"

El contenido del correo electrónico de Blesa contrasta con la declaracón realizada en calidad de imputado de José Luis Olivas ante el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Según su testimonio, que los socios de infoLibre pueden oir en un enlace de esta información, el que fuera presidente de Bancaja y Banco de Valencia negó que la situación de la entidad financiera fuera tan dramática como para obligarle a fusionarse con Caja Madrid. Olivas justificó la decisión del Banco de España de unir las dos entidades financieras por la difícil situación financiera que vivía España, pero no porque Bancaja tuviera problemas para subsistir. Esta versión fue contestada por el magistrado Fernando Andreu, que llegó a decir en relación a la decisión de las autoridades económicas españolas: "No se van a inventar castillos en el aire", queriendo decir que el Banco de España no se habría inventado la dramática situación económica que sufría Bancaja, pero que negó Olivas.

Además, Olivas reconoció en su testimonio en la Audiencia Nacional que él y Rodrigo Rato fueron obligados a iniciar las conversaciones de fusión de forma improvisada: "Rato estaba en la sede de Bankia y en un cuarto de hora se presentó en la reunión con el Banco de España. Y ahí le dijeron que querían que nos integráramos en el SIP que estaba creando y que debíamos a negociar pronto. Dijeron que si era necesario nos dejaban un despacho en la propia sede del Banco de España "y empiezan ustedes a hablar y empiezan a avanzar en cuanto al proceso de negociación". En marzo de 2011 Rato anunció la fusión de las entidades dentro de la nueva matriz BFA-Bankia.

Morosidad elevada

Además, un informe de morosidad a 29 de febrero de 2012 muestra como ésta se disparó en Bancaja muy por encima del resto de entidades financieras que formaron Bankia. En concreto, el incremento de la morosidad en tan solo un año fue de 3.155 millones de euros, lo que supone un 77,1% del aumento de la morosidad de Bankia. El gran aumento de los problemas de Bancaja se originan en el crédito promotor, es decir entre las grandes empresas.

El principal accionista del Banco de Valencia era Bancaja, y posteriormente Bankia, que obtuvo en la salida a Bolsa de julio de 2011 un total de 3.092 millones de euros de 347.338 clientes. Apenas meses después el precio de las acciones se desplomó, por lo que todos los accionistas perdieron la mayor parte de su inversión. El Banco de España cifra en 22.424 millones de euros las ayudas que necesitó Bankia para evitar la bancarrota.

El presidente de la entidad era Rodrigo Rato. El que fuera hombre fuerte de los Gobiernos de José María Aznar fue elegido presidente de Caja Madrid el 28 de enero de 2010. Desde allí pilotó el proceso de creación del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, nacida en 2011. El nuevo banco fue el resultado de la fusión de siete cajas de ahorros (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja). Rato se vio forzado a dimitir como presidente de Bankia el 7 de mayo de 2012, y fue reemplazado por José Ignacio Goirigolzarri. 

Bankia era la propietaria de un tercio de las acciones de Banco de Valencia, y su sobreexposición al negocio del ladrillo podría haber alejado a miles de inversores. Las diferentes inspecciones del Banco de España pusieron de manifiesto la existencia de diferentes problemas en la viabilidad del banco. El propio gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aseguró en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Bankia, Fernando Andreu, que el deterioro del Banco de Valencia se conocía desde 2009, año en el que sus directivos iniciaron la compra irregular de sus propias acciones para mantener de forma artificial su precio.

"Precios muy superiores"

Pero esta actividad supuestamente irregular que llevó a cabo la dirección del Banco de Valencia hizo que que la entidad financiera perdiera 23 millones de euros entre enero de 2009 y mayo de 2011. Y todo en un intento de sostener el precio de sus acciones, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que se basa en las inspecciones llevadas a cabo por el Banco de España en la entidad financiera valenciana durante los primeros siete meses de 2011. "La operatoria con acciones propias en los últimos ejercicios ha permitido que la cotización del valor se haya mantenido a precios muy superiores a los que hubiera tenido sin su actuación", concreta el organismo regulador tras la inspección llevada a cabo en julio de 2011.

Según el informe anual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 2011, en el sector de la banca se produjeron caídas importantes en los precios de las acciones, "especialmente castigadas debido a las carteras de deuda soberana y la exposición al sector inmobiliario de estas entidades". Este era el caso de Banco de Valencia, entidad financiera que pertenecía en un 27% a Bankia.

23 millones de euros

En los casi dos años y medio durante los que el Banco de España detectó este tipo de actuaciones irregulares con las acciones del Banco de Valencia, en un 8% de los casos el banco valenciano protagonizó más del 20% de las transacciones de sus propios títulos. En el 28% de los casos, las autocompras por parte de la entidad financiera valenciana fueron superiores al 10% del total. "El quebranto por esta actividad en el periodo ha sido de 23 millones de euros", especifica un informe del Banco de España.

Tras detectar estas presuntas irregularidades, el departamento jurídico del Banco de España recomendó que se alertara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que es el organismo que controla la legalidad en la compraventa de los títulos. infoLibre se ha puesto en contacto con un portavoz de la CNMV para tratar de conocer si este organismo fue informado de las presuntas irregularidades. "La CNMV no habla de los expedientes. Y mucho menos si estos están incluidos en casos investigados por los tribunales", especificaron fuentes del organismo presidido por la exministra de Medio Ambiente y expresidenta de la Asamblea de Madrid Elvira Rodríguez.

Imputado en dos casos

El expresidente del Banco de Valencia es José Luis Olivas, que también fue máximo responsable de Bancaja y el número dos de Rodrigo Rato en Bankia. Olivas está imputado en los casos Bankia y Banco de Valencia,casos BankiaBanco de Valencia, al igual que su sucesor, Aurelio Izquierdo. También está imputado el ex consejero delegado de la entidad valenciana Domingo Parra.