El Partido Popular (PP) obtuvo en las elecciones generales de hace ya casi cuatro años una holgadísima mayoría absoluta –185 diputados– que le colocó en disposición de aprobar todo tipo de leyes sin la presión de tener que recabar apoyos en otros grupos parlamentarios. Pero la formación de Mariano Rajoy no siempre ha salido sola en la foto. El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió (CiU), divido en dos desde el pasado julio, ha respaldado a los conservadores en más de una quincena de iniciativas legislativas en los últimos años. Algunas, de gran calado y carga ideológica como la reforma laboral, la ley de transparencia o la amnistía fiscal. En estos casos, el Congreso se ha convertido en una especie de isla ajena a las tensiones entre el Gobierno y la formación que ha gobernado la Generalitat.

En Convergència explican estas coincidencias en el marco de la dinámica parlamentaria. Fuentes de la formación consultadas por infoLibre mantienen que el sentido de su voto va guiado siempre por el interés ciudadano independientemente del partido que lo proponga e independientemente de las relaciones entre el Gobierno central y el catalán. 

En el otro lado, en el Partido Popular señalan que, pese a su mayoría absoluta, en esta legislatura han intentado siempre que todas las iniciativas presentadas fuesen acompañadas del mayor consenso posible y que, en el caso concreto de CiU, la cuestión soberanista, ha sido puesta siempre por detrás de los intereses generales.

"No se nos puede acusar de haber ido por libre. Hay iniciativas, como las medidas de regeneración democrática y contra la corrupción, que hemos tenido paradas para negociar con todos y para que todos hiciesen sus aportaciones", defiende un diputado conservador.

"Cuando tomamos una decisión la tomamos pensando en todos los españoles, se llame como se llame el partido que nos apoya o con el que nos sentamos a hablar", añade la misma fuente.

Dos de los primeros apoyos parlamentarios que el partido de Rajoy obtuvo de CiU fueron la ley de estabilidad presupuestaria y la reforma laboral. 

Estos respaldos al partido del Gobierno no les salieron gratis a los nacionalistas catalanes. Les llovieron las críticas de la oposición situándoles como "cómplices" de los recortes del PP. Mientras, la relación entre Rajoy y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, era cada vez más fría.

También tuvo el PP a CiU para una de sus leyes estrella: la de transparencia, un texto que recibió el visto bueno definitivo en septiembre de 2013 y que el resto de partidos vieron insuficiente.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el apoyo de los nacionalistas catalanes al PP en lo relacionado con la ley de transparencia se cerró después de pactar una serie de cuestiones competenciales. CiU consiguió que sea la administración autonómica, y no la central, la que vigile las sanciones interpuestas a cargos autonómicos y locales que incumplan las observaciones en lo relacionado con el buen gobierno.

Después de la ley de transparencia llegarían otras iniciativas como la polémica amnistía fiscal, la ley de seguridad privada, la ley de mutuas, la ley de patentes, la ley que reformó los organismos reguladores, la ley del alto cargo, la ley de transporte terrestre, la ley de seguridad militar, la del mercado de valores, la reforma del sector eléctrico o la ley de tráfico.

El pasado abril, ambos grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo en el Congreso para reclamar al Gobierno que apoyase y dotase de fondos al Mobile World Congress de Barcelona para que siga siendo sede más allá de 2018.

Propuestas de resolución

Otro de los ejemplos de esta sintonía, de este mismo año, puede verse en las propuestas de resolución posteriores al debate sobre el estado de la Nación que tuvo lugar a finales de febrero. A su término, el Congreso aprobó 19 propuestas de resolución. Quince eran del PP, tres de CiU y una de UPN. Por el contrario, los conservadores no aceptaron ni una de las 15 de las iniciativas presentadas por el PSOE, UPyD, Izquierda Plural. PNV o Grupo Mixto. 

Las tres propuestas de resolución de CiU a las que los conservadores dieron sus votos tenían que ver con la dependencia, la ley de segunda oportunidad y la regeneración democrática.

¿Ha afectado el incremento de las tensiones entre Cataluña y el Gobierno a esta relación? Fuentes del Grupo Parlamentario Popular consultadas por este diario admiten que sí. De hecho, mantienen que en aquellas iniciativas con "implicaciones territoriales" han tenido muy difícil entenderse con CiU.

En esta legislatura, junto a CiU, el PP ha encontrado apoyos en los nacionalistas vascos y, con más frecuencia, en Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, la formación que creó el exministro de José María Aznar Francisco Álvarez Cascos cuando abandonó las filas conservadoras.

“La transparencia hace más fuerte a la democracia”La transparencia hace más fuerte a la democracia, proclamó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso el pasado septiembre cuando se aprobó el dictamen sobre el proyecto de Ley de Transparencia. “A partir de ahora una serie de documentos y expedientes tan importante como contratos, subvenciones, currículos o sueldos serán públicos”, había prometido meses antes en la misma Cámara. Pero lo cierto es que la Administración es de todo menos transparente. Y los sueldos públicos permanecen ocultos para el contribuyente cuyos impuestos los sufragan.

Los diputados de CiU Pere Macías y de Izquierda Unida Ricardo Sixto llevan al menos nueve meses intentando averiguar cuánto cobran los directivos de la empresa pública AENA, que gestiona los aeropuertos españoles y está a punto de ser privatizada. Pere Macías ha presentado en el Congreso cuatro preguntas, la primera el pasado 8 de mayo, sobre las retribuciones que perciben los altos cargos del operador aeroportuario. Ricardo Sixto supera las 50 preguntas sobre diferentes aspectos de la gestión de la empresa; sobre los salarios de su cúpula, “tres tandas diferentes”, asegura. Empezó el 6 de mayo de 2013. La última es del 13 de enero, sobre los escoltas y chóferes de AENA.

La insistencia de ambos tiene que ver no sólo con su interés por la información, sino también con la reticencia del Gobierno para responder. Sixto dice que las respuestas del Ejecutivo son “difusas”. En realidad, se queda corto. Ni una cifra concreta ha deslizado a los diputados a lo largo de estos nueve meses. Se limita a dar porcentajes de reducción de un salario que no precisa, o a recordar que se les suprimió la paga extra de Navidad –al igual que al resto de los empleados públicos–. Fue lo que ocurrió en las primeras y escuetas respuestas.

Tres páginas de porcentajes

Pero tras insistir los parlamentarios, el Gobierno echa el resto y, a ambos diputados, les repite la misma contestación, en teoría más detallada. Porque, en realidad, continúa sin precisar cantidades. Sólo remite “medias” salariales por categorías y, una vez más, porcentajes, producto de comparar los sueldos de los directivos con el máximo legal autorizado. El Ejecutivo da un rodeo de tres páginas llenas de porcentajes, un auténtico acertijo, para eludir la respuesta. Y eso que, escarmentado por el laconismo del Gobierno, Sixto pidió en su penúltima pregunta que se le detallara “claramente” la información.

Tampoco Macías ha desistido en su empeño y el pasado 7 de octubre registró una batería de 39 preguntas, distribuidas en 11 categorías, que son a su vez ampliación de otros tantos interrogantes contestados antes con desgana. Exige cifras concretas –“¿Cuántas personas trabajan en puestos de dirección de AENA…?”, “¿Cuál es el coste de personal de AENA en cada uno de sus aeropuertos?, “¿Cuál es el desglose de ese coste por categoría profesional y ocupación?”, etcétera–. Aún no ha obtenido respuesta.

Para Sixto, el laconismo y el gusto del Gobierno por los rodeos matemáticos tiene un motivo bien nítido: “Hay un interés deliberado por ocultar las retribuciones del personal directivo de AENA”.

La traducción en euros

En cualquier caso, las respuestas dadas a los diputados permiten obtener algunos datos. En AENA 11 altos cargos tienen contratos de alta dirección. De ellos hay cuatro, correspondientes a AENA SA, la sociedad mercantil, que en 2013 cobraron de media “un 42% menos del máximo autorizado”. Ese máximo lo fijó el Gobierno en el decreto 451/2012 de 5 de marzo, que limita las retribuciones de los directivos de la Administración y el sector público empresarial. El máximo autorizado para las entidades consideradas del grupo 1, como AENA, es una retribución fija de 105.000 euros brutos al año, y una retribución variable que puede duplicar esa cantidad. La suma de ambas y de las retribuciones en especie no podrá superar “el doble de la retribución básica”. Es decir, el máximo total deberá ser inferior a 210.000 euros brutos anuales.

Como las respuestas del Gobierno no precisan si las retribuciones medias a las que hace referencia son sólo las fijas o las totales –pero sí precisa que incluyen las retribuciones en especie–, los cuatro directivos antes citados cobran una media de 121.800 euros brutos al año. Los otro siete con contratos de alta dirección, correspondientes al ente público AENA Navegación Aérea cobran una media de 163.800 euros brutos anuales. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, percibe un sueldo de 78.185 euros al año.

Estos son los directivos de primer nivel. Los de segundo, otras 31 personas, cobran una media de 88.200 euros al año. Los 10 directores de los aeropuertos medianos, una media de 75.600 euros anuales. Y los responsables de los pequeños, 61.000 euros. Además, AENA tiene 170 directores de División, de los cuales 27 ingresan 71.888 euros al año.

1,27 millones para pagar a la cúpula, ERE para 1.167 trabajadores

Según consta en las últimas cuentas de AENA publicadas en su página web, las del ejercicio de 2012, la empresa pública gasta en retribuciones de su cúpula directiva un total de 1,27 millones de euros, de los cuales 159.000 se los lleva su consejo de administración. El Gobierno asegura que nueve directivos dejaron de cobrar ese año dietas por asistir a consejos de administración. Lo que sumado a la supresión de la paga extra navideña produjo un ahorro del 13% en el monto total de retribuciones de los directivos.

Las cuentas de 2012 cifran en 2.202 el número total de directivos en el grupo. Entonces la plantilla total de AENA era de 12.916 trabajadores, un 3,3% menos que el año anterior. Su presupuesto de personal fue entonces de 1.105 millones de euros. En octubre de 2012 la empresa pública presentó un ERE para 1.164 empleados que concluyó en enero de 2013. Hasta que el grupo Tragsa presentó el suyo, el pasado noviembre, fue el despido colectivo de mayor volumen ejecutado por una compañía estatal en España. El ERE le ha costado a AENA 168,4 millones de euros. Cerró 2012 con unas pérdidas de 69 millones, casi un 64% más que el ejercicio anterior. También es la empresa pública española más endeudada: 12.884 millones de euros. El Gobierno planea vender hasta un 60% de su capital a empresas privadas. En principio, la operación estaba prevista para el próximo mes de marzo.

Coches y escoltas

El interés de Sixto y Macías por los directivos de AENA se despertó tras conocerse que había licitado el alquiler de un Audi A3 para su directora financiera que debía tener, según especificaba el pliego de condiciones, “tapicería en cuero napa beige, cuadro de mandos trufa-beige pistacho, moqueta del mismo color y techo de seda beige”. El concurso fue suspendido en cuanto se hizo público el capricho de la directiva. El Gobierno explicó entonces a los diputados que los directivos de AENA disfrutan de 83 vehículos como parte de su retribución en especie. El 30% del valor del coche y su combustible tiene esa consideración. De esos 83, cinco son propiedad del grupo, y su coste anual, 600 euros; el resto los conducen los directivos en régimen de renting, con un coste medio anual de 7.200 euros. Llenar sus depósitos supone 3.200 euros más.

Ahora Sixto quiere saber por qué se ha “consolidado” el contrato de escoltas para el presidente de AENA y su director de Navegación Aérea que solicitó el anterior responsable de la empresa, Juan Lema Devesa, con motivo del conflicto con los controladores aéreos, que incluyó una huelga encubierta durante el puente de la Constitución de diciembre de 2010. Según desvela el Gobierno, ese contrato tiene un importe de 65.538 euros. Y se ha mantenido, tres años después de superado ese momento de tensión, para el actual presidente, José Manuel Vargas. El diputado de IU cree que si ya de por sí era “discutible” la iniciativa de Lema Devesa, su prolongación con Vargas “no se sustenta” mientras se está aplicando en AENA un “severo plan de ahorro” que ha implicado 1.167 despidos.