En el año 2023 hubo un total de 322.075 nacimientos en España, que supone la cifra más baja desde el comienzo de la serie en 1941, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press. Los datos del INE revelan que en 2023 hubo 6.629 nacimientos menos que en 2022, lo que supone que el número de nacimientos se ha reducido en un 2% en el último año.

Además, desde 2013, cuando se registraron 424.440 nacimientos, el número de nacimientos ha caído un 24,1 por ciento. El 2014 fue el último año en el que los nacimientos aumentaron y, desde entonces, han descendido cada año.

En la última década los nacimientos de madres de 40 o más años han crecido un 19,3% y ya representan el 10,7 por ciento frente al 6,8% de 2013. Sin embargo, los nacimientos de las madres menores de 25 años han caído un 26% en la última década y suponen actualmente el 9,4% del total, frente al 9,6% en 2013.

Por otro lado, el número de defunciones se redujo un 5,8% en el año 2023, ya que fallecieron 435.331 personas el año pasado, 26.623 menos que en 2022.

El año pasado el número de defunciones sólo aumentó en el grupo de menores de cuatro años (un 1,7% más). En el grupo de 85 a 89 años las defunciones cayeron un 10,8% y en el de 90 años o más cayeron un 6,1%.

ACS es una de esas marcas que están por todos lados. Da igual que mires hacia un puente, un hospital, una residencia de mayores o un carrito de la limpieza que se mueve de un lado a otro en cualquier institución pública. Seguramente, de una u otra forma, la multinacional esté detrás de todo ello. Como también lo está, desde hace ya años, de la formación de los más pequeños. Porque la educación infantil es también otra de las líneas de negocio que interesan a la multinacional presidida por Florentino Pérez. Es más, justamente una de sus filiales es la que se ha hecho con más de la mitad del último gran paquete que ha sacado a concurso la Comunidad de Madrid para la gestión de guarderías en la región. De una quincena de centros, siete han caído en sus manos.

Hay varios modelos de enseñanza de los más pequeños en la región. Por un lado están los centros privados, cuyo coste mensual puede moverse alrededor de los 500 euros. Por otro, los centros de titularidad pública, donde conseguir meter la cabeza suele convertirse en una odisea para padres y madres –este curso las peticiones en el primer ciclo de infantil duplicaban al número de plazas disponibles–. Y, entre medias, aquellos cuyas instalaciones son propiedad de la Administración pero cuya gestión está en manos de empresas privadas previo concurso público. Algunas de ellas son pequeñas firmas o cooperativas. Sin embargo, en los últimos años han entrado a competir con fuerza grandes multinacionales que han visto en la enseñanza infantil una oportunidad de negocio.

El pasado mes de julio, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso licitó el último gran paquete de estas características. En concreto, sacó a concurso dos importantes contratos para la gestión de centros con un alumnado que se mueve entre los cero y los tres años. En juego, las riendas de una quincena de guarderías repartidas por toda la comunidad autónoma. Entraron en la pugna más de una veintena de compañías diferentes. Sin embargo, solo entre seis se repartieron finalmente un pastel cuyos contratos fueron formalizados el pasado mes de diciembre. Y más de la mitad del mismo se lo quedó una sola: Koala Soluciones Educativas, que forma parte del inmenso conglomerado empresarial que alrededor del sector servicios ha levantado el grupo ACS, según figura en su propia página.

La firma se ha hecho con siete de los lotes. E ingresará por todos ellos 8,94 millones de euros. Siete centros que gestionará, si nada lo impide, hasta julio de 2024. Dos de ellos se encuentran en Madrid: Rayuela y Rocío Durcal. El resto, están distribuidos por diferentes municipios situados al sur de la capital. Arte en Getafe, El Naranjo en Fuenlabrada, La Comba en Leganés y Zarabanda y El Manzano en Parla. Según los pliegos de prescripciones, cada una de ellas deberá prestar sus servicios durante al menos diez horas diarias y contar, como mínimo, con dos maestros y una cifra de educadores que varía en función del centro. En total, siempre según lo establecido en los documentos técnicos, entre todas estas escuelas sumarán, al menos, un millar de plazas.

Los ocho lotes restantes han ido a parar a otra media decena de firmas diferentes. Zahir infancia, Nanas Escuelas Infantiles y Atreyu Blota se han hecho, cada una, con dos centros de educación infantil, mientras que Arci Nature Intervención Social se ha quedado con uno, al igual que Domicilia Aliados por la Integración.

Las tasas de escolarización a nivel nacional en las primeras etapas han experimentado un avance con el paso de los años. Si en el curso 2009-2010, la de menos de un año se situaba en el 7,8%, en el curso 2019-2020 alcanzaba en el 13,1%, casi el doble. Con un año, la cifra se sitúa en el 43,9%, frente al 26,5% de hace una década, mientras que en el caso de dos años se coloca en el 63,1% –frente al 44,4% de hace diez años– y en el de tres años en el 96,1%. Para este curso, y con las cifras sobre la mesa, la Consejería de Educación espera que la tasa de escolarización temprana se incremente en Madrid hasta el 48,8%.

Pero el problema de oferta y demanda sigue estando ahí. "En España, la demanda es más alta que la oferta en el primer ciclo de educación infantil (menos de tres años) en la mayoría de comunidades autónomas", ya avisaba la Comisión Europea en un informe de 2019. Algo que, no obstante, afecta a la mayoría de países de nuestro entorno. Las únicas excepciones, los nórdicos.

Quizá por eso, el Ejecutivo central ha puesto esta cuestión entre sus prioridades en materia educativa de cara a la llegada de los fondos europeos. Así, en su plan de resiliencia incluye una inversión para dotar de equipamiento más de 65.000 nuevas plazas de educación infantil, prioritariamente de uno o dos años. "Permitirá la mejora de los resultados educativos futuros y reducir las desigualdades en el acceso y participación asociadas al nivel socioeconómico de la familia", recoge el documento.

Con este contexto sobre la mesa, las grandes empresas han visto en la educación infantil una oportunidad de negocio. Es el caso de ACS, que a través de Koala gestiona por todo el país 59 escuelas infantiles, con más de cinco millares de alumnos. No es la única. Eulen, que inicialmente se dedicaba a la limpieza, también tiene una rama dedicada a la enseñanza de los más pequeños. "No son empresas que crean realmente en esto, sólo buscan ganar mucho dinero fresco y fácil", explica al otro lado del teléfono Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.

Para la portavoz del sindicato, el estallido de la burbuja inmobilaria fue el punto de partida para la entrada de estas grandes empresas en el juego. Un camino que se encargaron de ir despejando desde la arena política en plena era Aguirre. "Durante la etapa de Lucía Figar como consejera, se dio un vuelco a la educación infantil. Por ejemplo, flexibilizando los requisitos mínimos: se redujeron los espacios, se modificaron las ratios, las infraestructuras empezaron a ser de peor calidad... Fue durante esta época cuando comenzó a impulsarse esa externalización", explica Galvín en conversación con infoLibre.

La entrada de estas grandes firmas en la enseñanza infantil preocupa, y mucho, a la portavoz educativa de CCOO en la región. "Tiene un impacto devastador", dice. Primero, apunta, porque funcionan sobre la idea de "ganar mucho en poco tiempo". "Suelen lograr los contratos haciendo licitaciones a la baja, yendo al mínimo legal. Si la ley establece que, como poco, debe haber una maestra por cada seis unidades, ellos se quedan en eso, en lugar de ofrecer un profesor para cada tres clases", cuenta. Y eso, el quedarse en el "chasis", continúa, tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio que se ofrece: "Peor atención del alumnado, peor material, peor alimentación...".

Y también van "al mínimo legal en salarios". El sueldo de las trabajadoras, asegura al otro lado del teléfono, está solo diez euros por encima del salario mínimo interprofesional. "Son condiciones laborales leoninas. Y cuantas más escuelas infantiles gestionen más representación tienen en la mesa de negociación del convenio", explica Galvín. Por todo ello, defiende una apuesta firme en escuelas infantiles de gestión directa. Porque, sentencia, "no se puede escatimar" en la enseñanza de los más pequeños.

Las empleadas de la Escuela Infantil Genios en Pañales de Fuenlabrada (Madrid) ratificaron en su declaración ante la Policía Nacional la existencia de tratos vejatorios a los niños del centro por parte de la directora de la guardería, ha confirmado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

En su declaración ante los agentes, las empleadas de la escuela infantil han relatado que la responsable del centro tuvo un comportamiento vejatorio hacia los niños de 0 a 3 años que acudían al centro, a los que gritaba, trataba con desprecio e incluso obligaba a comer sus propios vómitos.

La investigación comenzó a mediados de octubre, cuando la sección UFAM de la comisaría de Fuenlabrada recibió una denuncia de la Fundación ANAR tras las quejas de varios padres sobre la directora de la Escuela Infantil Genios en Pañales, ubicada en la calle Claveles número 24 de Fuenlabrada, en el barrio Vivero-Hospital.

Tras la toma de testimonios y averiguaciones, los agentes comprobaron que esta mujer, de 51 años y sin antecedentes penales, trataba de forma vejatoria a los niños a los que cuidaba, de entre 0 y 3 años. Se dirigía a los pequeños con insultos, gritos, se burlaba de sus llantos y les alimentaba a la fuerza, les obligaba a comerse su propio vómito en caso de que devolvieran, les pegaba en brazos y manos e incluso les encerraba en el cuarto de baño.

Por todo ello, gracias a las grabaciones policiales, fue arrestada el día 29 de octubre por un delito contra la integridad moral y otro de torturas. La responsable de la escuela infantil lo ha negado todo y ha atribuido la denuncia a una trabajadora despedida, ha indicado Telemadrid. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos.

La Xunta de Galicia ha confirmado este miércoles que está investigando nuevos casos de intoxicación "leve" en escuelas infantiles a las que suministró la misma empresa de catering vinculada con otros episodios de intoxicación detectados hace unos días, y ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad" porque se trata de "casos aislados", según informa Europa Press.

Los nuevos casos de intoxicaciones han afectado a entre 15 y 20 guarderías de la red de escuelas infantiles A Galiña Azul. El Gobierno gallego mantiene abierta una investigación para averiguar si esta problemática guarda alguna relación con las reacciones alérgicas leves registradas el pasado mes de octubre que padecieron varias decenas de menores en las zonas de Cangas y A Coruña.

Todos estos centros cuentan con un servicio de cocina gestionado por la misma empresa. Las primeras reacciones alérgicas detectadas en octubre se dieron por menús de pescado que consistían en palometa. Los técnicos habían estudiando muestras de pescado tanto en crudo, congelado como cocinado y habían constatado la presencia de una sustancia, histamina, por encima de los valores normaleshistamina.

Días después empezaron a denunciarse más casos, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que se tomarían medidas ante esta situación una vez concluyera la investigación sobre la empresa, el servicio de cocina y la proveedora del pescado servido. En un principio, la investigación sospechaba que se trató de un problema de ruptura de la cadena de frío durante el transporte.

Este martes se han detectado nuevos casos de alergias con los mismos síntomas y reacciones que los denunciados en el mes de octubre (manchas rojas que desaparecían con el tiempo, malestar). La diferencia principal radica en que en esta ocasión no se ha tratado de una partida de pescado concreta, sino que se ha servido crema de brécol y calabaza y raxo de pollo con macarrones.

  La coincidencia entre todos los casos de alergias apunta a que la misma empresa está al cargo del servicio de cocina en todas la guarderías afectadas, incluidas en las que se había servido la palometa en el mes de octubre.

Fuentes de Política Social han trasladado que los técnicos de Sanidade han tomado nuevas muestras de estos menús, y que están investigando el origen concreto de las reacciones alérgicas y si tiene relación con los episodios anteriores detectados, por lo que acudieron de nuevo a la sede de la empresa concesionaria.

El Gobierno gallego ha llamado, además, a la tranquilidad de las familias, puesto que los casos han sido muy leves, aunque ha insistido en que se trata de una situación "intolerable" y que se tomarán las medidas "que sean necesarias" una vez se aclaren las circunstancias.

Extremar las precauciones

Los casos de alergias están llevando a las diferentes entidades y administraciones a extremar las precauciones. Este miércoles, a preguntas de los medios, la concejala de Educación de Compostela, Noa Díaz, ha informado de que hubo una comunicación este mismo día con la concesionaria de los comedores, como parte de la reunión de seguimiento del servicio en la ciudad.

En este sentido, la concejala ha asegurado que se hacen inspecciones y controles sanitarios "muy rigurosos para que esto no ocurra" y que se ha pedido "un mayor control" y "que extremen las precauciones":

El ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, ha anunciado este lunes que devolverá un año de su sueldo por su responsabilidad en la manipulación de documentos para eliminar su nombre, el del primer ministro, Shinzo Abe, y el de la primera dama, Akie Abe, tras una controvertida compra de terrenos por parte de una guardería en medio de un escándalo de corrupción.

Así ha reconocido que "los funcionarios nunca deben falsificar documentos administrativos o presentar esos documentos falsificados ante el Parlamento" y ha vuelto a pedir disculpas por lo ocurrido.

Las declaraciones del ministro, que se ha vuelto a negar a dimitir, han tenido lugar poco después de que el Ministerio de Finanzas desvelara que 20 de sus miembros harán frente a medidas disciplinarias por sus responsabilidad en el escándalo.

El informe determina que las falsificaciones fueron ordenadas por el entonces jefe de la Oficina Financiera, Nobuhisa Sagawa, quien defendió en reiteradas ocasiones el acuerdo con la guardería Moritomo Gakuen, según ha recogido la cadena de televisión local NHK.

En el centro del escándalo están unos terrenos comprados en 2016 por la guardería Moritomo Gakuen, en la prefectura de Osaka y vinculada a Abe, su esposa, y otros destacados políticos del país que apoyan su línea conservadora de enseñanza.

Los terrenos fueron vendidos a la guardería por un precio inferior a su valor de mercado, lo que desencadenó acusaciones de favoritismo debido a que Akie Abe era una de las personas que entregaba donaciones al centro.

Tras ello, el Ministerio de Finanzas presentó en 2017 los documentos de la venta, si bien surgieron denuncias sobre que habían sido manipulados, lo que finalmente ha sido confirmado este lunes.

La popularidad del Gobierno de Japón ha caído diez puntos hasta el 39 por ciento en medio de las crecientes sospechas en torno al caso, según un sondeo de opinión divulgado el viernes por la agencia de noticias nipona Jiji. Es la primera vez que la popularidad del equipo de Abe se sitúa por debajo del nivel de rechazo, en un 40,4 por ciento.

El primer ministro del país se ofreció a presentar su dimisión en caso de que se demuestre cualquier lazo que le vincule con la controvertida compra de los terrenos, si bien por el momento no se ha pronunciado al respecto.

La flexibilidad de los horarios de trabajo para poder conciliar la vida laboral y familiar en Europa es aún "muy insuficiente", algo que se acrecienta en España, uno de los países de la Unión Europea donde más difícil es esta conciliación, según el Informe de Evolución de la Familia Europea en 2014 del Instituto de Política Familiar presentado esta semana.

Este estudio diferencia entre aquellos horarios que están totalmente definidos por la empresa, aquellos fijos pero con "cierta flexibilidad", los horarios flexibles y los que están totalmente definidos por el trabajador.

Así, según los datos facilitados, se observa que en España el 88,2% de las empresas definen totalmente el horario de sus trabajadores, cifra que asciende hasta el 95,3% en Letonia –el país con menor flexibilidad– y que baja hasta el 44,8% en el caso de Finlandia, donde la flexibilidad horaria es mayor.

Se aprecia, de este modo, que la mayor parte de los horarios en Europa siguen estando marcados por las empresas. Aún así, comienzan a verse diferencias en algunos países donde este porcentaje desciende y aumenta, en su lugar, el de aquellas empresas con horarios más flexibles, como ocurre en Finlandia, Suecia, Alemania y Dinamarca.

Si la información sobre la situación de la familia en Europa es "preocupante" para el Instituto de Política Familiar, la coyuntura en España es aún peor. De este modo, el texto señala que es uno de los países que menos porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destina a la familia, con solo el 1,4% –frente al 2,2% de media en la UE y al 4,1% de Dinamarca, por ejemplo–.

España es, junto a Portugal, el país de la UE15 que menos dinero destina a la familia. Otro dato: en lo que se refiere a las prestaciones familiares por persona y año, España destina 309 euros, mientras que la media de la Unión Europea es de 560, cifra también lejana del máximo europeo: Luxemburgo dedica 2.935 euros a este efecto.

Además, el 60% de los españoles asegura que no usan la guardería porque las consideran "muy caras", lo que hace que tan sólo una de cada siete personas hagan uso este servicio en España (14,5%). Se trata de un número muy inferior a la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 31% de las personas, y aún menor si se compara con Dinamarca, el país que más uso hace de las guarderías, un 69,6%.

Cuando un trabajador tiene un hijo, también necesita permisos de maternidad. Este aspecto, según este estudio, muestra que España también está muy por debajo de la media de la Unión Europea, pues en nuestro país se dan 16 semanas, mientras que la media de la UE se sitúa en 27,7. Suecia, por su parte, es el que más permiso da: más de 77 semanas de permiso por maternidad.

Con todos estos datos, el estudio concluye alarmando de una inversión de la pirámide poblacional que puede provocar "consecuencias del invierno demográfico que serán catastróficas".

Por esto, insiste en que los problemas de la familia "se están agravando" y que el panorama futuro "es desolador". Aún así, sí matiza: esto "no quiere decir que la familia se hunda o que vaya a desaparecer", sino que hay varias asignaturas pendientes.

Convertir a la familia en "una prioridad política", que se recupere su importancia y sus funciones sociales, que se reconozca a la familia y la maternidad como "pilares fundamentales" de las políticas de igualdad y que se resuelvan sus principales necesidades son, de este modo, algunas de sus principales reivindicaciones.

Son las 14 horas. Dos pequeñas corretean por una céntrica calle madrileña bajo el sol de un domingo que, sin duda, es diferente. Desde uno de los balcones de la calle Monteleón número 28 del barrio madrileño de Malasaña, la madre de una de ellas las observa. “Ya llegan”, afirma con una sonrisa Mery mientras saluda a las niñas. Desde la acera las chiquillas agitan enérgicamente sus manos devolviendo el saludo a las mujeres que se han apiñado en la galería para recibirlas. Se trata de cinco madres solteras que han decidido luchar por una vivienda digna, para ellas y para sus hijos.

La mañana del 26 de abril llegaron a La Leonera nuevos inquilinos. Cinco madres solteras, dos abuelas y ocho niños son ahora sus residentes. La Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), junto con la Asamblea de Vivienda Centro, abrió las puertas del céntrico bloque de pisos. Vacío desde hace 17 años y sin nadie que aparentemente lo reclame, las 11 viviendas que lo conforman son ahora el hogar de cinco familias apaleadas por la crisis económica y los recortes sociales.

Sin ayudas y sin ingresos

“No hay ayudas para las madres solteras”, explica Vicky de 37 años y madre de dos niños a infoLibre. “No hay ayudas para las guarderías, ni hay trabajo que permita compatibilizar cuidar a los más pequeños y además poder pagar una casa con dos hijos”, recalca esta madre soltera que con menos de 900 euros mensuales tiene que hacer frente al alquiler, el agua, la luz y las necesidades más básica de toda su familia. “Cuando te ves en esta situación te planteas pagar la casa o la comida de tus hijos –expone Vicky–, y al final decides que primero se come y luego se paga”.

Con un café en las manos, recién traído por una de las muchas personas que apoyan la causa de estas mujeres, Mery se recuesta sobre uno de los colchones que guarnecen su improvisado nuevo hogar. La emoción del día de ayer, cuando entraron a ocupar el céntrico edificio madrileño, pasa factura: “Más aún si estás embarazada de ocho meses y medio”, asegura. Mery tiene 24 años y es madre de una niña de seis. En pocas semanas pasarán a ser uno más en la familia. “Con unos ingresos de 270 euros al mes y una manutención de 20 euros cada seis meses, cantidad que el padre de la pequeña estima adecuada, no es posible vivir”, relata desalentada esta madre soltera.

Ante la falta de apoyo por parte del Estado y la extinción de ayudas sociales, muchas de estas mujeres acuden a su familia más cercana en busca de respaldo. Sin embargo, “la mayoría de nuestras madres son también madres solteras, jóvenes y con dificultades para llegar a fin de mes”, explica Vicky. Así sucede con dos de las abuelas que también ocupan La Leonera. Con 55 años la madre de Mery, en número rojos desde hace meses, recibe una pensión de 380 euros. “Trabaje durante 17 años como camarera, hubo épocas en las que gané bastante dinero, pero no pensé en el futuro y lo gasté”, relata entre la tristeza y el aplomo. Después cayó en depresión. A la espera de que un tribunal médico decida si seguirá recibiendo la asignación por enfermedad, trata de ayudar a su hija, a su nieta y al bebé que viene en camino “con lo que puede”.

Invisibles para el Gobierno

A pesar de pertenecer a diferentes generaciones comparten vivencias parejas: precariedad laboral e invisibilidad para el Ejecutivo. “Durante un año trabaje como limpiadora, me daban de alta por horas y la mayor parte de mi sueldo me lo pagaban en negro –explica Mery–; cuando me quede en el paro me explicaron que sólo había cotizado dos meses”. Después de trabajar como personal de limpieza y camarera, esta veinteañera decidió seguir estudiando. Con la ayuda de las becas Remi logró obtener el título de peluquería. “Desde que hemos llegado aquí –afirma–, los vecinos nos han mostrado su apoyo, las trabajadoras de la peluquería de la esquina se han ofrecido a ayudarme y quizá, si hay suerte, tenga trabajo después de dar a luz, por el mes de septiembre”.

La historia de estas mujeres, marcada por el infortunio y la precariedad, las ha unido en una misma lucha: la defensa del derecho a una vivienda digna. “Todas nosotras nos conocemos de casi toda la vida –afirma Vicky–, hemos crecido en el mismo barrio, hemos jugado en las mismas calles y yo, que soy la más mayor, he visto como crecían”. Sin subsidios, sin pensiones alimenticias y sin ingresos estas cinco madres solteras reivindican “un alquiler social asequible”.

Las protagonistas de esta historia denuncian al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid y al Gobierno, por el abandono de sus obligaciones y responsabilidades con las personas necesitadas. “Durante años solicitamos al IVIMA un piso de protección oficial –asegura la madre de Mery–, pero siempre nos fue denegado, a pesar de encontrarnos en una verdadera situación de necesidad”.

En un comunicado emitido por Vivienda Centro, este colectivo señala que los bancos y cajas “son las responsables últimas de la crisis que nos ha abocado a esta situación de vulnerabilidad y desamparo mientras constructoras, promotoras e inmobiliarias se han lucrado a nuestra costa”. El Gobierno no sólo rescata y protege a los principales culpables de la actual tesitura económica, también “se dedica a recortar los derechos básicos de todas y todos, y las mujeres somos en muchos casos las más perjudicadas por estas políticas”, puntualizan.

¿Sin alternativas? La lucha por Derecho Universal

Es en este escenario donde las ocupas de La Leonera han decidido actuar. La constructora Promociones La Fuente de Parla S.L. es, en teoría, la propietaria de este bloque de 11 pisos. Sin embargo, la empresa se encuentra inactiva y no presenta sus cuentas desde el año 2010. Por lo tanto, apuntan desde la PAH, lo más probable es que estas viviendas estén en manos de alguna entidad bancaria. “Nuestro propósito es que, una vez el propietario de la finca se ponga en contacto con nosotras, podamos negociar un alquiler social”, afirma Mery.

El apoyo de los vecinos a estas mujeres es doble: por un lado comparten su lucha por una vivienda digna, pero además estiman que la empresa titular de estos pisos merece pagar los platos rotos. Este céntrico edificio no sólo cuenta con 11 viviendas, también está provisto de un parking de última tecnología por el que muchos en el barrio avanzaron un depósito, explican desde la plataforma Vivienda Centro. Después de que la constructora se fuera a pique los vecinos se quedaron sin parking y sin dinero.

"Ni casas sin gente, ni gente sin casas"

El edificio, reformado hace unos años, se encuentra en perfectas condiciones de habitabilidad, a pesar de no contar aún con suministros de agua y luz. A lo largo de esta semana, las cinco madres de familia trasladaran todos sus enseres a su nuevo hogar. Cada piso será concedido a una familia en función del número de hijos. “Son once pisos, cinco de ellos ya han sido ocupados, otros cinco serán para madres en nuestra misma situación y de nuestro grupo de conocidos –explica Mery–, queremos proteger a nuestros niños y que no entren desconocidos”.

Esta es la historia de cinco mujeres solteras, de dos abuelas y ocho niños. Aquel edificio cerrado durante 17 años tiene ahora nuevos inquilinos que corretean y juegan en sus escaleras y descansillos. Y han escrito en la pancarta que preside La Leonera el lema de su lucha: “Ni casas sin gente, ni gente sin casas”.