El PNV abogó este miércoles por promover un cambio legislativo que permita al Ministerio de Hacienda dar "información suficiente" al Parlamento sobre "todos aquellos que defraudan a Hacienda", incluidos el expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol y el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Antes de participar en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, el diputado Pedro Azpiazu –que también es portavoz en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas–, dijo a los periodistas que, previsiblemente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "no va a desvelar gran cosa" el próximo 2 de septiembre cuando comparezca en la Cámara Baja.

"Me imagino que la semana que viene los diputados le preguntaremos al ministro sobre todos los temas que nos interesen y particularmente sobre el tema de Pujol, porque es algo que interesa al conjunto de los ciudadanos", pero "la ley no le permite decir gran cosa, así que no cabe esperar mucho", declaró.

El PP ya advirtió este martes a la oposición de que la Ley General Tributaria impide a Montoro facilitar datos sobre contribuyentes concretos, de manera que no precisará si Jordi Pujol o miembros de su familia se acogieron a la amnistía fiscal. Ante esta situación, Azpiazu propuso "plantear una reforma de la legislación para que desde Hacienda se pueda dar más información al conjunto de los ciudadanos a través del Parlamento".

En opinión del diputado nacionalista, la ley "tendría que permitir dar información suficiente sobre el señor Bárcenas, sobre el señor Pujol y sobre todos aquellos que defraudan a Hacienda".

Por su parte, el portavoz económico de UPyD en el Congreso de los Diputados, Álvaro Anchuelo, acusó a Montoro de utilizar la lista de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal del Gobierno "con fines partidistas" y "según le interesa".

Desde las filas populares, el diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte insistió en que el ministro de Hacienda no va a facilitar en sede parlamentaria ninguna información tributaria sobre el expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol que "trascienda el marco legal de lo que se puede decir".

El portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pedro Saura, denunció que si Montoro opta por no desvelar si el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia se acogieron a la amnistía fiscal, estará utilizando la Ley General Tributaria "como le conviene políticamente", porque sí ofreció esta información cuando el afectado era el extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Lo que no es legal es el fraude"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, contestó al PP diciendo que "lo que no es legal" es el "fraude". "Eso sí es ilegal", sentenció este miércoles durante una rueda de prensa con motivo de la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida en Toledo.

Cayo Lara pidió al titular de Hacienda que publique la lista de defraudadores como ha dicho en algunas ocasiones. "Lleva dos años y aún no lo ha hecho", aseguró.

El Gobierno ha presentado este viernes el llamado Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, un plan de estímulos económicos que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, definió como "un paso clave para consolidar nuestro crecimiento" pero que cosechó férreas críticas por parte de la oposición y los sindicatos, que señalaron que no aporta nada nuevo.

Este plan de estímulo ya fue anunciado hace unos días por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cifró su cuantía en 6.300 millones de euros. La número dos del Ejecutivo, sin embargo, aseguró que el plan supondrá una inversión de 11.000 millones de euros a través de "una serie de medidas dirigidas a emprender y desarrollar una estrategia conjunta [...] de amplio alcance temporal", con el fin de "consolidar la recuperación económica y ampliar sus efectos a todos los niveles". En este sentido, según el Gobierno, a los 6.300 procedentes de las inversiones públicas y privadas se suman otros 4.655 millones en concepto de préstamos a través del ICO y otros organismos.

Pero, ¿cuáles son estas medidas? El Ejecutivo destaca varias de las incluidas en el plan: la prórroga del Plan PIVE –dotado con 175 millones de euros– para la compra de vehículos, la disminución de las comisiones máximas que los bancos pueden cobrar a los comerciantes por las compras con tarjeta de crédito (hasta un máximo del 0,2%) o débito (un máximo de 0,3%) o el pago por anticipado de 1.300 de los 40.000 millones con los que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) rescató a los bancos españoles. Iniciativas que, según Sáenz de Santamaría, servirán para "mejorar el funcionamiento de los mercados y eliminar ineficiencias", todo ello sin alterar "el objetivo de consolidación fiscal".

Fuentes del Ministerio de Economía explican que al mensaje optimista que el Gobierno trata de mandar a los mercados con la devolución de parte del rescate se une la rebaja en la emisión de deuda pública de 65.000 a 55.000 millones de euros. Tanto el adelanto de los 1.300 millones como el recorte en la emisión de deuda deberían consolidar la confianza de los inversores y reducir aún más la carga de los intereses de la deuda. Además, al emitir menos deuda, los inversores dedicarán su dinero a otras operaciones distintas de la compra de deuda, lo que se traducirá en más crédito para el sector privado.

"Si no hay recursos nuevos, es difícil pensar que haya impulso"

No obstante, ni la oposición ni los sindicatos lo tienen tan claro y ya han denunciado que el plan de estímulos del Gobierno no es otra cosa que "humo", en palabras del portavoz de economía del PNV, Pedro Azpiazu. CCOO tampoco queda satisfecho con las medidas aprobadas por el Gobierno. En este sentido, Manuel Lago, economista y miembro del Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO, señala que lo único novedoso del plan de estímulos es que "el Gobierno acepta que hacen falta políticas expansivas para la economía, lo que supone un giro".

Lago hace hincapié en uno de los puntos que también ha resaltado con mayor énfasis este viernes Sáenz de Santamaría: las medidas recogidas en el plan no van a suponer ninguna modificación en los objetivos de déficit, por lo que –explica– los 11.000 millones "no son recursos nuevos, sino que se trata de optimizar fondos que estaban en otros sitios". "Y si no hay recursos nuevos, es difícil pensar que haya impulso de la economía", recela el economista, que denuncia que el Gobierno ha cogido "partidas que ya existen, medidas que ya están en marcha, les ha puesto un nombre y las ha presentado".

Y es cierto que algunas de las medidas que presentó la vicepresidenta del Gobierno ya se habían planteado anteriormente. Es el caso, por ejemplo, de la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) –del cual se dice que estará dotado de hasta 350 millones de euros anuales procedentes, en su mayoría, de fondos europeos–, ya que este organismo ya estaba planteado en el Programa Nacional de Reformas aprobado el pasado mes de abril y enviado a la Comisión Europea, si bien en el documento no se menciona la dotación presupuestaria.

Lo mismo ocurre con las actividades que llevará a cabo este Fondo, que "destinará la mayor parte de los recursos a cofinanciar actuaciones de eficiencia energética en edificios de uso residencial y no residencial", lo que supondrá una inversión estimada de 892 millones de euros, según el Ejecutivo. En el Programa Nacional de Reformas ya se recogen diferentes partidas destinadas a este fin, y se especifica que "las actuaciones en materia de eficiencia energética contarán con apoyo de los fondos estructurales" de la UE.

De la misma forma, también estaba contemplado en el programa enviado a Bruselas en abril el Plan de Vivienda 2013-2016, si bien en el plan de estímulos del Ejecutivo se cifra en 200 millones de euros la cantidad que se destinará a "actuaciones de rehabilitación edificatoria para la eficiencia energética" y en el Programa Nacional de Reformas se habla de una inversión de tan sólo 155 millones.

"Meras modificaciones" de normas

Lago también asevera que algunas de las medidas incluidas en el plan son "meras modificaciones normativas", y pone como ejemplo la modificación de la Ley de Unidad de Mercado, de la cual el Gobierno sólo dice "generalidades" como que se reforzará la cooperación interministerial o se continuará trabajando en las conferencias sectoriales. De igual forma, Lago también recuerda que otra de las iniciativas contenidas en el plan de estímulos, la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, es algo que lleva "diez años" planeando sobre el sector.

El economista, igualmente, critica que los cálculos del Gobierno sobre la inversión privada que complementa a la pública en el plan son meras "estimaciones, por llamarlas de forma amable", y pone como ejemplo la previsión relativa a los puertos. Según el Ejecutivo, "se adaptarán los periodos concesionales de los puertos a los plazos de las concesiones portuarias en Europa", lo que incentivará la inversión privada para mejorar las infraestructuras y "generará un impacto estimado en la inversión privada de 150 millones de euros anuales". Lago, por el contrario, señala que ese dato es una mera previsión basada en que el Gobierno estima que, al aumentar el tiempo por el que se ofrecerá a las empresas la concesión, éstas invertirán más, algo que no está, a su juicio, asegurado.

UGT tampoco queda satisfecha con las medidas aprobadas por el Gobierno, y señala igualmente que son "en su mayor parte actuaciones ya aprobadas y comprometidas con anterioridad", y que lo único que "puede considerarse" realmente una novedad es la prórroga del Plan PIVE. "El Gobierno pretende hacer pasar por nuevo lo que en realidad ya está aprobado, y pretende hacer creer que está habilitando una importante dotación presupuestaria para tirar de la economía cuando en realidad nada de ello está asegurado", denuncia en un comunicado el sindicato.

"De los fondos que deben sustentar esas medidas (los 6.300 millones de euros de los que se habla), prácticamente la mitad ya están comprometidos, porque son fondos europeos, y así figura en el Programa Nacional de Reformas. La otra mitad corresponde a la cofinanciación que exigen las condiciones de utilización de esos fondos europeos, de tal manera que, si no hay esa financiación de igual cuantía y complementaria, no se pueden utilizar los que aporta Europa", explica el sindicato, que en relación a los 4.600 millones de euros habilitados para prestamos a través del ICO asegura que es una iniciativa que "en el pasado se ha demostrado ineficaz en ausencia de otro tipo de medidas que aseguren la utilización y canalización de esos fondos hacia proyectos productivos viables de futuro".

Rechazo de la oposición

Y entre la oposición, también rechazo. Mientras el PP aseguraba que el plan de estímulo "consolidará" la recuperación y la trasladará más rápido a las pymes, el PSOE lo calificó de "mero maquillaje para encubrir la reducción de inversión" y su responsable de Economía y Empleo, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha asegurado que las medidas son "insuficientes" y "cosméticas. "Lo que se invierte por un lado se recorta por otro", indica por su parte el diputado socialista Pedro Sánchez, que ha denunciado que "como siempre, lo que no dicen es dónde recortan".

IU, por su parte, hizo hincapié en el argumento de que el plan supone "un mero baile de cifras" porque la "inmensa mayoría" de iniciativas "ya estaban aprobadas", un discurso similar al del PNV, que aseguró que casi todas las medidas estaban "anunciadas y previstas" y denunció que "lo poco que no es humo" se afronta con recursos europeos y créditos.