“El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”, suelen decir derechas y ultraderechas. Lógico, la política fiscal es uno de los campos de batalla que los conservadores españoles eligieron hace ya años para ganar apoyos. 

Corría el año 2006 cuando Esperanza Aguirre propuso un sistema de “cheque escolar” que consistía en devolverles a las familias que llevaban a sus hijos a la privada el importe de sus impuestos que se hubieran destinado a la escuela pública. Así, se suponía que se les devolvía lo que habían abonado dado que no hacían uso de ese “servicio”, y de esa manera podían pagar con lo recibido la cuota de su centro elegido, o parte de ella. Era un planteamiento descabellado, mucho más si se extendía al conjunto de los servicios públicos ¿Quien no usa la sanidad pública por tener un seguro privado debe recibir también la correspondiente devolución? ¿Y quien no discurre por las carreteras porque nunca sale de su ciudad? ¿Y quien jamás ha pisado ni pisará un parque ni paseará por un sendero en la montaña? La propuesta se descalifica por sí sola, pero sirve para entender a la perfección lo que significa, en el fondo, la política fiscal: decidir qué es lo que queremos garantizar para el conjunto de la sociedad y lo que queremos dejar a la suerte de cada cual.

El último ejemplo de esta pugna lo estamos viendo en la reacción de la derecha contra la propuesta (quizá globo sonda) del Gobierno de subir las cotizaciones a los autónomos. Es, sin duda, una idea para pensar despacio, darle cuatro vueltas y diferenciar entre distintos colectivos y situaciones. Lo que no tiene sentido –o sí– es proponer que, si los conservadores gobernasen, esas cotizaciones no se tocarían, o incluso se bajarían, y además los autónomos que facturasen menos de 85.000 euros no tendrían que pagar IVA. ¿Qué tiene que ver la cotización de los autónomos, destinada a sufragar asistencia sanitaria, prestación por incapacidad temporal, baja por maternidad o paternidad –entre otros servicios y ayudas– con un impuesto sobre el consumo como es el IVA? Es como esa publicidad de los grandes almacenes que periódicamente anuncia descuentos de “días sin IVA”, mintiendo descaradamente. Una cosa es un descuento del 21% y otra muy distinta que no se pague IVA, lo que es claramente ilegal. Cuesta entender cómo esas campañas no son prohibidas por el efecto perverso que tienen sobre una cuestión tan delicada.

En el fondo, los conservadores hacen un totum revolutum con todo lo que suene a “pagar a Hacienda” para construir una enmienda a la totalidad a las bases del Estado del bienestar. Sin unos ingresos adecuados, los servicios públicos, las prestaciones sociales y los mecanismos de redistribución no son viables. El Estado se convertiría así en algo mínimo ocupado de gestionar policía, ejército y poco más. Una idea, por otro lado, que cuando la derecha gobierna tampoco aplica, pero eso no les impide mantener el mantra. 

Aquí no acaba el problema. El pensamiento mágico aparece por la derecha cuando al mismo tiempo que proclaman la bajada o desaparición de impuestos, reclaman al gobierno de España que incremente el gasto en defensa hasta el llegar al 5%, como pide Donald Trump. La pregunta que hay que plantearse es obvia: Si el Estado recorta impuestos y recauda menos, ¿de dónde obtendrían los fondos para ese incremento del gasto militar? Si, lo han adivinado: de los servicios públicos.

Este pensamiento, por muy mágico –y antisocial– que sea, tiene buena acogida por parte de la población, entre otras cosas porque tampoco la izquierda ha conseguido dar con la forma de explicar que no se “paga a Hacienda”, sino que con los impuestos se financia lo que es de todos y con las cotizaciones –de autónomos o de trabajadores por cuenta ajena– las prestaciones que llevan aparejadas. 

La primera incapacidad de la izquierda para hacer pedagogía en política fiscal la muestra el mismo lenguaje. No se “paga a Hacienda”, ni “al Gobierno”, ni mucho menos a Sánchez, sino que los ingresos van a unas cuentas comunes para sufragar los gastos comunes, tanto por parte de municipios como de Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. Por si fuera poco, se sigue hablando del gasto en educación en vez de inversión en educación, del gasto sanitario en lugar de la inversión en sanidad, del gasto público en lugar de la inversión en servicios públicos. ¿O acaso no es una inversión tener un sistema educativo público de calidad que facilite el ascensor social, una sanidad pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades en el derecho a la vida, o una administración pública con recursos suficientes para garantizar la eficacia de los sistemas democráticos? En aquellos casos donde esto no existe, se comprueba el coste de no tenerlo. El 42% de los enfermos de cáncer en EEUU pierden en su tratamiento todos sus ahorros (ver aquí), los jóvenes japoneses se hipotecan de por vida para financiar sus estudios (ver aquí), ancianos en Líbano que no pueden dejar de trabajar porque no existe una pensión pública ni nada que se le parezca… Sí, eso ocurre hoy en no pocos países del mundo.

En España empezamos a tener ejemplos. ¿O acaso el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía no es el producto de años de recortes de inversiones en el sistema público, derivación de recursos a la sanidad privada, externalizaciones mal hechas y falta de medios? Si el dinero destinado a sanidad, como a educación o a tantas otras cosas no es una inversión, basta con probar a dejar de invertir y comprobar cuánto nos cuesta. El coste de no invertir.

El debate sobre la fiscalidad debe alejarse de las campañas electorales. Necesita rigor, mucha pedagogía y altas dosis de corresponsabilidad. Los expertos en políticas económicas del bienestar insisten en la importancia de completar la redistribución –las medidas que se aplican para distribuir la riqueza y hacer una sociedad más igualitaria– con medidas de predistribución, las orientadas a prevenir las desigualdades desde el origen, asegurando que existen suficientes guarderías públicas gratuitas, el acceso universal a educación y sanidad de calidad, etc. Máxime, en un momento donde desafíos como la crisis climática, la revolución digital o el incremento de movimientos migratorios nos exigen buenas dosis de inversión pública para garantizar la cohesión social y, en última instancia, la propia democracia.

Debatamos sobre el incremento de cotizaciones, sobre su progresividad o su forma de enfocarlo, pero no olvidemos que en el fondo de la política fiscal reside el modelo de sociedad en que queremos vivir.

Según el estudio realizado por la unidad de estudios de Cetelem, marca comercial de BNP Paribas Personal Finance, el 26% de los encuestados manifiesta tener pensado realizar un desembolso menor en la vuelta al cole 2020 en comparación con los encuestados en 2019 (16%).

Sin embargo, la mayoría (58%) declara tener intención de gastar lo mismo que el año anterior, aunque este porcentaje disminuye con respecto al año 2019 (61%). Mientras, un 16% de los españoles ratifica su intención de gastar más este año, lo que implica un descenso de 7 puntos porcentuales con respecto a aquellos que lo expresaron en 2019.

Por otro lado, el estudio revela que el 49% de los consumidores españoles tienen previsto gastar un máximo de 100 euros mientras que aquellos que prevén gastar una cantidad que ronda entre los 100 y 300 euros supone un 28% de españoles. Un 15% prevé realizar un gasto de entre 300 y 500 euros, y un 9% de españoles prevé destinar este año un importe superior a los 500 euros. En cuanto al top 3 de productos que tienen pensado comprar este año los consumidores españoles se mantiene como años anteriores: el material escolar, los libros y la ropa.

Con motivo de la situación que se vive por la pandemia y de cara a las compras relacionadas con la vuelta al cole, los españoles siguen prefiriendo la tienda física para realizar sus compras. Así, el 52% de los encuestados afirma no haber cambiado sus hábitos de compra en lo que respecta a la vuelta al cole y seguirá comprando este tipo de productos en la tienda física como lo hacía antes de la pandemia.

Sin embargo, un 30% declara que antes del covid-19 realizaba las compras de material escolar en las tiendas físicas y que ahora, con motivo de la pandemia, lo hará onlineonline. Por último, el 18% de los españoles que ya adquiría con anterioridad sus productos de vuelta al cole por internet, lo seguirá haciendo este año.

21,9 niños de media por grupo. Concretamente, 20,9 en la pública y 24,5 en la privada. España es el cuarto país de los 22 miembros de la UE analizados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional con más alumnos por aula en primaria. Así lo muestran los datos que ha hecho públicos el departamento que dirige Isabel Celaá en la edición de 2020 del informe Sistema estatal de indicadores de la educación [ver aquí la serie]. La media de los países de la UE analizados, con datos del curso 2017-2018, es de 19,8, 2,1 alumnos menos por grupo que España. En el sistema público, la diferencia es de sólo 0,7 (20,9 frente a 20,2), pero asciende a 6 en la privada (24,5 frente a 18,5).

El informe no hace comparaciones internacionales en el resto de ciclos. Pero sí permite observar, dentro de España, cuáles son los que acumulan mayor número de alumnos por grupos. En infantil la concentración es de 17,6 (17,7 en la pública y 17,4 en la privada). En primaria, como ha quedado apuntado en el anterior párrafo, de 21,9. En secundaria es de 25,2 (24,9 en la pública y 25,9 en la privada). En bachillerato sube hasta 26 (26,4 en la pública y 24,8 en la privada). En los grados superiores es de 21, en los grados medios de 19,1 y en la FP básica de 12,3. Todo ello con datos del curso 2017-2018.

La cuestión de la concentración de alumnos por el regreso a las aulas el próximo curso. Los ministerios de Sanidad y Educación obligan a mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros “de forma general”. Comunidades autónomas como Madrid señalan que será “imposible”. En el caso de la educación infantil y primaria, se puede optar por la alternativa de establecer grupos estables de convivencia de entre 15 y 20 alumnos, cuyos integrantes podrían interactuar sin necesidad de mantener la distancia interpersonal, y evitando el contacto con otros grupos. Esta alternativa permitiría también facilitar el rastreo en caso de contagio. La media de alumnos por grupo en infantil en España es de 17,6. En primaria, de 21,9. Los picos se dan en Melilla, con 25,1 y 28,9, respectivamente.

España no sale bien parada de la comparación en primaria con otros 22 países europeos (de la UE-27, no están analizados en el informe Croacia, Bulgaria, Chipre, Malta y Bélgica). Con sus 21,9 alumnos por grupos, sólo tienen más Hungría (21), Países Bajos (23,1), Francia (23,5) e Irlanda (24,6). En los casos de Irlanda y Países Bajos, no está disponible el dato en los centros privados, de modo que la cantidad se obtiene sólo con los privados. Tienen menos alumnos por grupo que España países como Luxemburgo, el primero de la lista con 15,9, Grecia (17,5), Polonia (18,1), Italia (19,1), Suecia (19,5), Alemania (20,9) y Portugal (21,4).

Diferencia entre comunidades

El informe del ministerio permite observar, con datos del curso 2017-2018, cuáles son las comunidades con grupos más o menos cargados de alumnos. En infantil, la comunidad con más niños por grupo es Murcia, con 19,7, seguida de Madrid (18,4), Cataluña (18,2) y Canarias (18,1). En el extremo opuesto están Extremadura, con 15,7, Castilla La Mancha (16,4), Galicia (16,4) y País Vasco (16,6).

En primaria la comunidad con mayor concentración es Madrid: 24 alumnos por grupo. Va por delante de Cataluña (23,1), Comunidad Valenciana (22,6) y Murcia (22,5). Al otro lado están Extremadura (18,2), Castilla y León (18,7), Navarra (19,8) y Galicia (19,7).

Tanto en primaria como en infantil Ceuta y Melilla tienen un significativo número de alumnos más por clase. En el caso de Ceuta, es de 22,6 y 26,9, respectivamente, mientras la media española es de 17,6 y 21,9. Los números de Melilla son aún peores: 25,1 en infantil y 28,9 en primaria.

En secundaria la comunidad con más alumnos por grupo es Cataluña, con 28,2, seguida de Madrid (27,1), Andalucía (26,5) y Comunidad Valenciana (25,9). Las que tienen menos son Extremadura, con 20,3, Aragón (21,4), Galicia (21,8) y Castilla La Mancha (22,8). Ceuta y Melilla vuelven a estar a la cabeza en secundaria, aunque con menos distancia que en infantil y primaria, con 28,6 y 29,6, respectivamente.

En bachillerato es Andalucía la comunidad con más alumnos por clase, con 28,4, siempre según los últimos datos oficiales publicados en el Sistema estatal de indicadores de la educación sobre el curso 2017-2018. La siguen Cataluña (28,2), Canarias (27,9) y Navarra (27,3). En el extremo opuesto se sitúan Extremadura, con 21,1, Castilla y León (21,7), Asturias (22,6) y Castilla La Mancha (23).

Las diferencias de alumnos por grupo son de 4 en infantil (entre Murcia y Extremadura), 5,8 en primaria (entre Madrid y Extremadura), 7,9 en secundaria (entre Cataluña y Extremadura) y 7,3 en bachillerato (entre Andalucía y Extremadura).

El informe muestra numerosas brechas más entre comunidades autónomas, justo cuando los sistemas educativos se van a ver sometidos a una prueba de fuego [ver aquí información en profundidad]. Estas son algunas, extraídas del último informe ministerial:

– El gasto público por alumno es de 9.298 euros en el País Vasco y de 4.727 en Madrid (4.571 euros de diferencia).

– La tasa neta de escolarización a los 17 años es de un 98,9% en el País Vasco y de un 82,4% en Baleares (16,5 puntos de diferencia).

– El número de años en el sistema educativo a partir de los cinco años es de 24 en La Rioja y de 16 en Baleares (8 puntos).

– El número de alumnos por profesor es de 10,3 en Galicia y de 13,9 en Madrid (3,6 puntos).

– El abandono de la educación y la formación entre los 18 y los 23 años es del 6,7% en el País Vasco y del 24,2 en Baleares (17,5 puntos).

– La tasa de graduación en secundaria en el País Vasco es de un 86%, frente a un 69,5% en Balares (16,5 puntos).

"Existe, claro que existe una solución. Muchos no quieren oírla, prefieren mirar para otro lado, pero nosotros no le tenemos miedo". El orador realiza una pausa dramática para regocijo de su asesor de comunicación. Sonríe a medias. "No… No le tenemos miedo a nuestra mejor herramienta para subsanar los males de este país… Existe una solución. ¿Y sabéis cuál es? ¡Se llama Educación!". El auditorio estalla en aplausos, los más fervientes militantes ya empiezan a ponerse en pie. "Educación para ser libres. Educación para ser más productivos. ¡Educación para tener una sociedad justa, próspera y para todos!".

Cuesta imaginar una democracia en el mundo, por imperfecta que sea, en donde este discurso no podría pronunciarse. Porque a un político se le puede perdonar que incumpla sus promesas, vacíe las arcas públicas, pegue a su padre o atropelle a una cría de foca. Pero menospreciar el potencial transformador de la educación es un pecado de difícil redención. En este sentido, este artículo no pretende contradecir la sabiduría popular. Se centra más bien en entender las causas de la decepcionante calidad de la educación a nivel mundial. La comunidad internacional tiene parte de culpa por concentrar sus esfuerzos en mejoras cuantitativas en detrimento del aprendizaje. Las consecuencias de la "mala educación" son desastrosas para el crecimiento y el bienestar, especialmente de las personas más pobres del planeta.

Un buen punto de partida es investigar lo que sabemos de la relación entre educación y crecimiento económico. Hasta finales de los años noventa, la literatura académica tendía a centrarse en establecer una asociación entre las dos variables, usando el promedio de años de escolaridad para medir el nivel educativo. Los primeros estudios no podían ser menos controvertidos al encontrar sistemáticamente una fuerte correlación entre ambas variables. No obstante, la correlación no implica causalidad y si bien la educación puede causar el crecimiento, la relación inversa también se antoja razonable. En la misma línea, factores exógenos podrían afectar a ambos en la misma dirección, como la calidad gubernamental. Además, medir la educación de un país por los años de escolaridad promedio obvia el truismo de que la calidad de la educación varía significativamente entre países y que el aprendizaje no es un fenómeno domesticado que solo se produce en las aulas.

Aún así, el consenso de hace un par de décadas albergaba pocas dudas de que más educación en el presente aumenta el crecimiento futuro. Por eso a más de un funcionario de Naciones Unidas se le debió cortar la digestión cuando le llegó el estudio de Lant Pritchett Where has all the education gone? en 19961.

Sin entrar en detalles metodológicos, el economista de Harvard y el Banco Mundial encontró evidencias robustas para concluir que un incremento en la escolarización no aumentaba el ritmo de crecimiento a largo plazo, e incluso parece disminuirlo una vez hechos los controles adecuados. Así lo sugiere el siguiente gráfico que muestra la correlación negativa entre crecimiento del capital humano y crecimiento del PIB por trabajador controlando por el crecimiento del capital físico por trabajador.

Fuente: Pritchett (1996)

Este puzle resulta aún más llamativo cuando se conocen las estimaciones del retorno de la educación —el cambio porcentual en ingresos provocado por un año adicional de escolaridad— a nivel individual. Si regresiones simples suelen mostrar retornos superiores al 8%, también lo hacen estudios que usan métodos más refinados y consistentes2. Pritchett nos propone tres narrativas no excluyentes que podrían explicar esta paradoja. La primera sigue el modelo de signalling de Spence, que entiende la educación como un mecanismo de identificación, no de creación, de capital humano. La idea subyacente es que los empleadores poco saben del talento y la capacidad de trabajo de sus futuros empleados. El éxito educativo se convierte en una señal para que los mejores candidatos puedan demostrar que lo son. La segunda narrativa consiste en que el tipo de capital humano que adquieren los estudiantes es beneficioso y útil para su enriquecimiento personal pero no para el crecimiento del país. Esto sucedería si los trabajadores mejor formados se dedicasen a actividades contraproducentes o generadoras de rentas. La tercera explicación, algo más técnica, es que la demanda de empleo cualificado tiende a estancarse mientras se dispara la oferta y los retornos educativos caen en picado. En definitiva, el estudio sugiere que la educación puede ser útil a nivel individual, pero no a nivel agregado.

Es difícil desmentir que haya algo de verdad en las narrativas del estudio de Pritchett en 1996. Sin embargo, y afortunadamente para idealistas y funcionarios internacionales, la investigación económica reciente apunta a una relación fuerte y causal entre el crecimiento económico y las habilidades cognitivas de la población: la calidad de la educación sí importa. Los trabajos pioneros de Hanushek, Woessman, Kimko y compañía confirman que la duración promedio de la escolaridad es una aproximación muy imperfecta de la educación y el aprendizaje3. Mientras que la media de años de escolaridad y el nivel inicial de renta per cápita no explican más del 23% de la variación del crecimiento entre los países, al añadir la calidad de la educación se logra explicar el 73% de la variación. De hecho, los años de escolaridad prácticamente no tienen efecto alguno en la tasa de crecimiento. Además, una mejora de una desviación estándar en los test de matemáticas conduce a un incremento del crecimiento de un punto porcentual. Por el efecto compuesto, esta diferencia acaba teniendo repercusiones enormes a largo plazo.

El incremento de la tasa de escolarización es por lo tanto un factor necesario pero no suficiente para la mejora de la educación. Se trata de un objetivo intermedio, cuyo último fin es contribuir al aprendizaje y desarrollo personal de los estudiantes. Por eso sorprende tanto el contraste entre el éxito relativo de la escolarización y el fracaso del aprendizaje. Aunque sigue sin haberse logrado el Segundo Objetivo del Milenio de universalizar la educación primaria, la tendencia es esperanzadora: de 1999 a 2010 la tasa de escolarización global ascendió del 82% al 90%. El gasto global en educación jamás ha sido tan alto, creciendo al 2,7% en términos reales desde 1999. En los países menos desarrollados la misma es aún mayor, superando el 7% anual según la UNESCO. Sin embargo, menos de la mitad de los niños y niñas son capaces de leer textos sencillos o realizar operaciones aritméticas básicas después de completar la educación primaria. En países como Perú, Brasil o Marruecos, más del 60% de los estudiantes no superan la barrera de los 400 puntos en test estandarizados; barrera que los educadores asocian al analfabetismo. En España, el porcentaje de estudiantes que Hanushek y Woessman consideran "iletrados" ronda el 13 %, por debajo de Portugal o Grecia, pero por encima de Francia o Reino Unido. A la luz de la evidencia presentada, cuesta exagerar la magnitud del perjuicio a la prosperidad de los países que causa este déficit cualitativo en la educación.

El menosprecio de la calidad educativa en la esfera pública tiene raíces prácticas y políticas. La cantidad siempre es más fácil de medir que la calidad y los logros ganan cierto sex appeal cuando son cuantificables. La cuantificación de los objetivos políticos suele ser una buena idea, siempre que no se tope con la fastidiosa ley de Goodhart: a veces cuando utilizas una medida como objetivo, esta medida deja de ser relevante. Esto ocurre cuando la verdadera variable de interés (el aprendizaje) no es directamente observable y se recurre a una variable aproximativa (la escolarización). Las autoridades tienen entonces el incentivo de inflar la variable observable pero aproximativa en detrimento de la variable de interés. Aumentar el gasto educativo para inundar escuelas y universidades es sencillo, estético, popular y no implica ninguna delegación de poder. Pero si algo no funciona, más de lo mismo probablemente no sea suficiente.

Afortunadamente, el paradigma educativo parece estar basculando lentamente hacia una focalización en la calidad. La medición del aprendizaje genera reticencias por el peligro de convertir la escuela en un centro de examen que sacrifique la formación en favor de mejores resultados. Esta preocupación puede estar justificada en sistemas educativos avanzados, pero cuando lo medido por los test estandarizados es la capacidad de leer en voz alta o sumar números con decimales el riesgo se estima menor. La educación importa y tomársela en serio implica diseñar agendas amplias que dejen de medirla como una condena penitenciaria (por el tiempo pasado en clase) y se centren en el aprendizaje.

1. Pritchett (1996): Where has all the education gone?, The World Bank, Policy Research Department.

2. Angrist y Krueger (1991), Oreopoulos (2006).

3. Hanushek et al. (2007): Education Quality and Economic Growth.

  *Pablo Peña Corrales es economista y consultor estratégico.

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda a las familias acudir a plataformas de trueque e intercambio de ropa, libros y material escolar, o bien comprar los libros de segunda mano, ya sea a través de librerías físicas, particulares o plataformas online. Según indica la organización, "el consumo colaborativo, además de ser una opción sostenible, puede suponer un importante ahorro".

Además, ha emitido otros consejos para ahorrar de cara a la vuelta al cole. Así, recomienda revisar lo que ya se tiene en casa antes de comprar cosas nuevas, y planificar un presupuesto para evitar las "compras compulsivas". "Estrenar curso no es sinónimo de estrenar mochila o zapatos", señala la OCU.

También aconseja escalonar las compras, sobre todo en ropa y zapatos, ya que OCU considera que no es necesario tener todo a principio de curso. "Quizá las zapatillas de deporte aguantan un par de meses, y aún queda tiempo para comprar el abrigo o plumas", pone de ejemplo.

Otro forma de ahorrar de cara al inicio del nuevo curso escolar es fijarse en las ofertas y descuentos que lanzan muchos establecimientos. Para OCU, hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar, pero recuerda que "a veces lo barato sale caro". "Si sólo necesita cinco cuadernos, mejor olvidarse de esa súper oferta de diez", advierte la organización de consumidores.

Por último, alerta de que en ropa y material hay muchas diferencias de precio, por lo que recomienda buscar y comparar antes de decidir qué comprar. Según la OCU, en libros de texto, dependiendo del punto de venta donde se realice la compra, se puede ahorrar hasta un 25%.

Las familias gastarán de media por niño casi 400 euros – 392,08 euros concretamente– en gastos básicos de la vuelta al cole, como mochila, zapatillas, material de papelería, chándal y libros, según un estudio del comparador de precios idealo.es.

Además, este gasto podría subir o bajar según varíe el precio del producto. En concreto, tal y como informa la web, el precio medio de las zapatillas es de 46,02 euros, pero puede oscilar entre los 31,27 euros y los 57,49 euros. En el caso de las mochilas, el precio medio es de 47,59 euros, pero pueden variar dependiendo de marcas y modelos, entre los 29,99 euros y los 59,99 euros.

A este gasto, habría que añadir también desembolsos variables relacionados con el colegio al que acuden los más pequeños. Según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) citado por la web, en el caso de necesitar uniforme el gasto varía entre los 132 euros y los 204 euros, dependiendo de si el centro sea público o privado. Además, en el caso de la escuela privada, el gasto medio por niño a la hora de hacer la matrícula asciende hasta los 277 euros, con una cuota mensual media de 368 euros.

Asimismo, hay que tener en cuenta los gastos de comida y transporte a los que los padres tendrán que enfrentarse mensualmente durante el año escolar. Según datos de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI) recogidos por el portal, en los colegios públicos el gasto medio mensual entre comedor y transporte es de 205 euros, aumentando a 285 euros en los colegios concertados y hasta a 330 euros en los privados.

"En septiembre los padres tienen que afrontar un gran gasto extra con el regreso de sus hijos al colegio", ha afirmado el responsable internacional de idealo.es, Mikko Fiorani, que recomienda comparar precios y artículos antes de realizar las compras para que los gastos se ajusten al presupuesto familiar y se pueda obtener un ahorro "muy importante". Además, aconseja realizar un inventario de las cosas que se necesiten comprar, para así sólo adquirir lo realmente necesario.

Alargar la educación obligatoria hasta los 18 años, es decir, que todos los alumnos tengan que empezar a estudiar el bachillerato o una FP de grado medio. Esta es una de las propuestas en materia educativa con las que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones, según adelantó este lunes la Cadena Ser. La idea no es nueva –de hecho, la propuso el entonces ministro socialista Ángel Gabilondo en 2009, aunque no llegó a plasmarse en el programa de las generales de 2011– pero ha puesto sobre la mesa varios asuntos.

Entre ellos, cómo puede contribuir a luchar contra el abandono escolar, hasta qué punto es viable obligar a estudiar a alumnos casi adultos, si puede mejorar la perspectiva laboral de los jóvenes u otro aspecto muy relevante: la financiación. Sobre esta última cuestión los socialistas no han dado más detalles. Para conocer cuál es el impacto económico de esta medida habrá que esperar a mitad de noviembre, cuando el PSOE definirá su programa en una conferencia política, señala un portavoz.

Aunque con matices, los analistas a los que ha preguntado este periódico valoran la propuesta, pues entienden que dejar la escuela sin tener como mínimo una credencial de educación superior es salir muy poco preparado para el mercado de trabajo. Consideran, además, que la única vía para asumir el objetivo de Europa 2020 de lograr un 85% de titulados de Educación Secundaria Superior implica la escolarización universal de ese tramo de edad y, por tanto, gratuita. 

No obstante, subrayan otros problemas que esta medida puede plantear. Entre ellos, el citado de la financiación, pero también cómo puede influir en un profesorado que tendría que enfrentarse al reto de ver cómo cambia el perfil de su alumnado. Hay quien piensa también que habría que empezar por mejorar lo que ya existe y no funciona y que, si hay que elegir, mejor enfocarse en garantizar el acceso gratuito a la educación de 0 a 3 años, pues se considera muy sólida la evidencia científica que relaciona la educación infantil con el rendimiento de los estudiantes, además del retorno que esta escolarización genera en materia, por ejemplo, de conciliación laboral. 

La adaptación del profesorado

"Lo que yo buscaría sería asegurar lo que ya tenemos y garantizar cuestiones como la educación de los más pequeños, los que tienen entre cero y tres años, pero en escuelas infantiles y con profesionales y con recursos adecuados", dice Jurjo Torres, catedrático de Organización Escolar de la Universidad de A Coruña.

Es cierto que los socialistas proponen también retomar el proyecto de ampliación de la educación infantil Educa3 que ya pusieron en marcha en 2008, con 100 millones de presupuesto anuales que las comunidades autónomas debían completar. En 2012, este programa fue eliminado con el argumento del Ministerio de Educación de que esta etapa es “asistencial” y no educativa. Ahora, el PSOE tampoco ha concretado cómo lo financiará.

Torres ve también el "peligro" de que es una ampliar la escolarización obligatoria hasta los 18 años puede ser algo económicamente muy costoso. Y apunta que esta medida supondría también aumentar los conciertos educativos a esa etapa. "Yo pondría la condición de que esta propuesta no acabe convirtiéndose en un negocio con la concertación de nuevos ciclos", añade. También Rafael Feito, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, alude al componente económico, si bien añade que parte de las dificultades pueden partir de la adaptación del profesorado.

"El tipo de alumnado cambiaría y eso requiere también una actualización por parte de los docentes, que son los que tienen que hacer el esfuerzo de que la escuela sea un lugar atractivo, no algo soporífero... Desde luego, lo destacado es que si no conseguimos que prácticamente el 100% de nuestros chicos acaba en FP o bachillerato nos va a seguir yendo tan mal como nos va", asevera. 

José Saturnino Martínez, sociólogo especializado en educación y desigualdad social, coincide con Feito en destacar las consecuencias que puede tener sobre el profesorado. "Lo que aprendimos con la LOGSE es que al ampliar de 14 a 16 la edad de escolarización cambió el perfil de los alumnos. Entonces, el profesorado no se reconvirtió al nuevo tipo de alumnado. Y eso es algo que sí debería ocurrir de ponerse en marcha esta medida. Eso requiere formación adicional y cambio de cultura en los docentes. No se trata de cambiar la ley y poner más recursos, sino de que lo suceda dentro de las aulas sea más atractivo para los chavales de 16 y 17 años", asevera. 

Coto al fracaso escolar

En este punto sale a colación uno de los principales problemas del sistema educativo español: el elevado número de jóvenes que abandona los estudios sin graduarse, al menos, en bachillerato o FP. Actualmente España es líder de la Unión Europea en fracaso escolar, con una tasa del 21,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado prematuramente el sistema. La clave es saber si alargar por ley la educación obligatoria contribuirá a modificar este escenario. 

En términos generales, los expertos consideran que no. "Este cambio normativo debería ser el último paso de una serie de reformas que llevarían mucho tiempo. Si durante cinco o diez años haces esos cambios podrías conseguir que el abandono educativo terminara siendo algo residual y, entonces, no sería problemático obligar por ley a los pocos que quedaran a seguir en el sistema. Ahora, si empiezas con ley, es muy posible que se generen disfunciones", analiza José Saturnino Martínez. 

Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, abre, además, el melón de hasta qué punto puede ser contraproducente obligar a permanecer en las aulas a jóvenes que no quieren estar en ellas. "El objetivo debe ser que todos los estudiantes sigan hasta los 18 o más, pero no vía obligatoriedad", señala. A su juicio, tendría que hacerse eliminando los costes directos e indirectos de la escolarización –libros, material escolar, transporte, comedor...– y ofreciendo "una enseñanza más atractiva, pertinente y relevante a unos jóvenes que ya no pueden ni deben ser obligados a permanecer en las aulas contra su voluntad". 

El gasto medio por hogar fue de 27.098 euros en el año 2013, un 2,7% menor que en 2012, según la Encuesta de Presupuestos Familiares publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los hogares redujeron su gasto especialmente en hoteles, cafés y restaurantes (-8,5%) por el menor gasto en comidas y bebidas fuera del hogar; en ocio, espectáculos y cultura (-8%), y en bebidas alcohólicas y tabaco (-7,8%), debido principalmente al menor gasto en tabaco, que disminuyó un 9,7% en 2013.

Frente a todos estos recortes, el único grupo en el que las familias incrementaron sus gastos fue el de la enseñanza, con un aumento del 8,6% respecto a 2012.

En términos absolutos, los hogares gastaron en el año 2013, de media, algo más de 1.000 euros menos que en 2012. Hoteles, cafés y restaurantes fue el grupo donde más redujeron su gasto (208 euros menos), seguido de transportes (200 euros menos), y ocio, espectáculos y cultura (133 euros menos).

Por subgrupos, destacó la disminución del gasto en comidas y bebidas fuera del hogar (con un menor gasto de 210 euros) y la utilización de vehículos personales (123 euros menos). Entre los que aumentaron su gasto, destacaron los medicamentos, con un incremento de 34 euros, y otros servicios relacionados con la vivienda (agua, basura, gastos comunitarios, etc.), con un aumento de 14 euros.

En un análisis más detallado, las parcelas en las que el gasto medio por hogar disminuyó más en 2013 respecto al año anterior fueron vacaciones con todo incluido (-15,2%), servicios médicos no hospitalarios (-9,8%) y comidas fuera del hogar (-9,1%).

En cambio, los subgrupos que más aumentaron su gasto medio fueron los medicamentos y otros productos farmacéuticos, con una tasa del 9,2%; y otros servicios relacionados con la vivienda, con un incremento del gasto del 1,8%, y alquileres (+1,1%).

Por su parte, el gasto medio por persona en el año 2013 fue de 10.695 euros, lo que supuso una disminución del 2,7% respecto al año anterior. El gasto total en consumo del conjunto de los hogares residentes en España, medido en términos corrientes, disminuyó un 3,1% en 2013 en comparación con el año anterior.

En términos constantes, es decir, eliminando el efecto de los precios, el descenso fue del 4%. Los grupos de ocio, espectáculos y cultura, bebidas alcohólicas y tabaco y hoteles, cafés y restaurantes registraron los mayores descensos.

Un tercio del presupuesto, a la vivienda

Durante 2013, los hogares dedicaron la mayor parte de su presupuesto a tres grandes grupos: vivienda, agua, electricidad y combustibles (con un gasto medio por hogar de 8.964 euros, el 33,1% del presupuesto), alimentos y bebidas y no alcohólicas (4.098 euros, el 15,1%) y los transportes (3.121 euros, el 11,5% del presupuesto).

Dentro de los alimentos y bebidas no alcohólicas, lo más consumido por las familias fue la carne (3,6%); el pan (2,3%); leche, queso y huevos (1,9%), y pescado (1,8%), mientras que en el grupo de transportes destacó el gasto destinado a carburantes y lubricantes (5%), automóviles (2,3%) y mantenimiento y reparaciones de vehículos (2,2%).

Según la encuesta, el perfil del sustentador principal (persona que más aporta al presupuesto común del hogar) es un elemento diferenciador en el gasto del hogar, tanto en el gasto en sí como en su evolución a lo largo del tiempo.

Los hogares sustentados por parados, los que menos gastan

Así, según la situación respecto a la actividad del mismo, el mayor gasto (30.713 euros) correspondió a los hogares cuyo sustentador principal estaba ocupado, con un gasto un 13,3% superior a la media. Por su parte, los hogares que registraron menor gasto fueron aquellos cuyo sustentador principal estaba parado (17.985 euros), valor que se situó un 33,6% por debajo de la media.

Precisamente, los hogares cuyo sustentador estaba parado fueron los que más redujeron su gasto, un 6,1% respecto a 2012, mientras que los que dependen de un jubilado o retirado fueron los que menos recortaron los gastos (-1%).

En lo que respecta a la estructura del gasto según la situación en la actividad, los ocupados fueron los que dedicaron un mayor porcentaje de su presupuesto a hoteles, cafés y restaurantes (9,9%) y a ocio, cultura y espectáculos (6,4%).

En el caso de los hogares cuyo sustentador principal es jubilado o retirado, destacó la proporción del gasto que destinaron a la salud, que estuvo significativamente por encima de la del resto de hogares (4,4%), y a la enseñanza, cuyo gasto relativo se situó por debajo de la media (0,4%). Por su parte, los parados sobresalen por destinar más dinero que la media a la alimentación (17,5% frente al promedio del 15,1%).

Por tipo de hogar, los formados por una persona o una pareja de 65 o más años fueron los que dedicaron una mayor parte de su presupuesto a la vivienda (44%) y a la alimentación (16,9%), si bien la parte que destinaron a hoteles y restaurantes fue inferior a la media de todos los hogares (4,8% frente a 8,3%), al igual que el porcentaje destinado a transportes (5,6% frente a 11,5%).

Por su lado, los hogares con hijos menores de 16 años fueron los que menos dinero inviertieron en la vivienda (28,8%, cuatro puntos menos que la media) y los que más destinaron a ropa (6,5%), ocio (6,8%) y enseñanza (2%).

País Vasco, Madrid y navarra, con más gasto

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor gasto medio por persona en 2013 fueron País Vasco (con 13.573 euros), Comunidad de Madrid (12.850) y Navarra (12.212).

Por el contrario, Canarias (con 8.465 euros), Extremadura (8.941 euros) y Andalucía (9.140) registraron los menores gastos por persona.

De esta forma, el gasto medio por persona en País Vasco fue un 26,9% superior a la media nacional, mientras que Canarias se situó un 20,8% por debajo del promedio.