El Banco de España ha trasladado al Banco Central Europeo (BCE) la denuncia que una inmobiliaria española, Inversión Hogar SA, presentó contra Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique, Ignacio Benjumea y Matías Rodríguez Inciarte, todos ellos miembros del comité ejecutivo del Banco Santander, a los que acusa de apropiación indebida y administración desleal en una operación que presuntamente causó un perjuicio de 50 millones de euros a la propia entidad financiera.

La empresa denunciante considera que el comportamiento de los cuatro altos ejecutivos vulnera la “honorabilidad” y la “idoneidad” de éstos como miembros del consejo de administración del banco y contraviene, por tanto, la nueva política de gobierno corporativo del BCE. Al tratarse el Santander de una “entidad significativa”, el Banco de España está obligado a enviar la denuncia al supervisor europeo. A preguntas de infoLibre, un portavoz del BCE ha declinado comentar el estado en que se encuentra la tramitación de la denuncia, asegurando que el organismo “no hace comentarios sobre instituciones específicas”. Tampoco el Banco de España ha querido dar ningún dato sobre el procedimiento amparándonse en la “confidencialidad”. Un portavoz del Santander tampoco ha querido comentar las circunstancias de la operación que originó la denuncia.

La operación denunciada se remonta a octubre de 1996. Inversión Hogar, una inmobiliaria que construía viviendas en Andalucía, solicitó la suspensión de pagos el 30 de abril de 1991. En julio de 1994 el juzgado aprobó un convenio con los acreedores, en virtud del cual el Santander debía conceder un crédito de 3,7 millones de euros a Inversión Hogar y, a cambio, la empresa debía entregarle cuatro fincas, situadas en Mijas y Manilva (Málaga), Mairena del Alfaraje y Alcalá de Guadaira (Sevilla), así como pagarle 1,8 millones de euros. Además, una filial de la inmobiliaria, Atlantic Village, debía abonar al Santander 1,13 millones de euros.

Inversión Hogar pagó los 1,8 millones y entregó las cuatro fincas, valoradas en casi 73 millones de euros. Pero como la filial no abonó sus 1,13 millones y una de las fincas aportadas no pudo registrarse “por falta de superficie bastante según el Plan General de Ordenación Urbana”, el banco no otorgó el crédito de 3,7 millones. El concurso sigue vivo aún hoy: la empresa debe a sus acreedores más de 3.000 millones de pesetas –18 millones de euros–. Santander e Inversión Hogar llevan desde los años 90 enzarzados en los tribunales a costa del convenio.

Pero, mientras tanto, el Santander vendió una de las fincas, ubicada en Mijas, a una sociedad denominada Las Vertientes de Calahonda SL. Lo hizo el 20 de diciembre de 1996, por un precio de sólo 450.759 euros. El terreno, catalogado como “urbanizable programado”, tenía una superficie de 518.000 metros cuadrados; es decir, se vendió por poco más de un euro el metro cuadrado. El convenio por la suspensión de pagos, sin embargo, valoraba la finca en 1,3 millones de euros, aunque ya en 1989 Tasaciones Hipotecarias lo había tasado en 6,3 millones de euros y en 1991 el propio Banco Santander le calculó un precio de 10 millones.

Además, la operación se firmó sólo un día antes de que parte del terreno fuera expropiado para construir la autopista de peaje de la Costa del Sol, la AP-7. En 2008 el Jurado Provincial de Expropiación de Málaga valoró la tercera parte de la finca en 20 millones de euros. Es decir, 44 veces más de lo que pagó la sociedad Las Vertientes de Calahonda al Santander. El resto del terreno esa sociedad lo vendió en 2002 por 7,2 millones de euros a otra, Desarrollos Inmobiliarios Costa del Sol SL. Posteriormente, Las Vertientes de Calahonda recurrió la tasación del jurado de expropiación, elevando aún más el valor de la finca, hasta los 30,3 millones.

Según consta en la inscripción del Registro Mercantil, uno de los socios de Las Vertientes de Calahonda era Joaquín Alberto Arrupe Ferreira, abogado apoderado del Banco Santander, y otro era la sociedad Tinre Etablissement, radicada en Liechtenstein. Arrupe Ferreira ha sido apoderado de Santander de Titulización y de Altamira Santander Real Estate. Representa desde hace más de 20 años al Santander en las decenas de juicios que ha tenido que celebrar el banco en los juzgados y la Audiencia Provincial de Málaga.

Ocho días antes de la venta

Tinre Etablissement, por su parte, tenía su sede en Vaduz, la capital de Liechtenstein, y su administrador único cuando se firmó la operación con el Santander era Heinz Batliner, presidente del Verbindung Bank y hermano de Herbert Batliner, abogado del bufete Batliner & Partner, uno de los más importantes del Principado. Ambos aparecieron implicados en esos mismos años en la operación Carburos y en los negocios que llevaron a la cárcel a Mario Conde y Arturo Romaní.

Además, según los denunciantes, la firma de la operación entre Santander y Las Vertientes de Calahonda estuvo llena de "irregularidades". La sociedad fue constituida el 12 de diciembre de 1996, sólo ocho días antes de la compraventa de la finca, así que los denunciantes entienden que en la fecha en que se firmó la operación Las Vertientes de Calahonda "aún no tenía personalidad jurídica ni capacidad de obrar" porque no se inscribió en el Registro Mercantil hasta un mes después, el 20 de enero de 1997.

Este conjunto de circunstancias llevan a los denunciantes a asegurar en su escrito ante el Banco de España que Las Vertientes de Calahonda y sus socios funcionaron en realidad como “testaferros” de los ejecutivos del Santander, que se ocultaban tras el abogado del banco Arrupe Ferreira y de la sociedad radicada en Liechtenstein.

Las Vertientes de Calahonda entró en disolución en octubre de 2009, pero sigue litigando por el precio de la expropiación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los 50 millones de euros que, según la denuncia, los supuestos testaferros han “distraído” del patrimonio del Santander se derivan del precio que el banco dejó de percibir por la finca vendida, por la expropiada y por los intereses acumulados.

Suspensión de pagos "inducida" por el banco

La historia en los tribunales de la caída de Inversión Hogar es larga. Sus gestores fueron juzgados por estafa, acusados por unas 90 familias que le reclamaban más de 300 millones de pesetas –1,8 millones de euros– por unos pisos que pagaron pero jamás vieron. Fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Sevilla en septiembre de 1998. Los jueces no apreciaron “ninguna irregularidad en la gestión ni en la contabilidad”. Por el contrario, señalan los jueces que la empresa hizo “un notable esfuerzo” para concluir las promociones en curso, entregando casi 1.000 viviendas. E incluso aseguran que la suspensión de pagos de Inversión Hogar fue “inducida” por el Santander al “retrasar deliberadamente el pago de certificaciones de obra contra las cuales se entregaban las cantidades pactadas en la póliza de crédito”. “Todo ello derivaba de la intención del banco de reforzar las garantías ante unos riesgos que consideraba insuficientemente cubiertos”, explica la sentencia. También aseguran los jueces que la entidad “desencadenó” así “una decisión que no era esperable por la situación general de la empresa”. Cuando se solicitó la suspensión de pagos, de hecho, el activo de Inversión Hogar era de 8.619,4 millones de pesetas (51,8 millones de euros), superior a su pasivo, de 8.040,2 millones (48,32 millones de euros).

Caso bien distinto es el del convenio de la suspensión de pagos. En 2001 Inversión Hogar pidió la cancelación de ese convenio. En una primera sentencia, en 2006, el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid condenó al Banco Santander a pagar a Inversión Hogar 74,7 millones de euros, el valor de las cuatro fincas entregadas en 1994 más los 1,8 millones abonados, como cancelación del citado convenio, y los intereses.

En ese momento, la inmobiliaria pidió al juzgado como medida cautelar el embargo de un total de 101 millones de euros de la cuenta de tesorería que el Santander posee en el Banco de España. El juzgado cursó la petición al organismo supervisor, pero éste la rechazó con el argumento de que detraer esa suma “particularmente elevada de la citada cuenta de tesorería, podría suponer un desajuste en el cumplimiento por la entidad de sus compromisos” y, por tanto, generar un “impacto en el sistema financiero”.

Como el Santander, además, recurrió la sentencia, la medida no llegó a ejecutarse. Es más, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al banco en julio de 2007. Al igual que el Tribunal Supremo en otra sentencia de 2011.

Los pleitos judiciales continúan

Sin embargo, los pleitos han continuado. El pasado 28 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid desestimó una nueva demanda de una aseguradora, Fianzas y Crédito, y de Urbanizaciones y Construcciones Andaluzas (Urcansa), una filial de Inversión Hogar, por la que reclamaban la nulidad del convenio firmado en 1992 con el Santander con motivo de la suspensión de pagos. También pedían que el banco devolviera a la masa de los acreedores el importe de las fincas entregadas. Según argumentan, “la única causa y finalidad del convenio era el pago de las deudas al Banco Santander y no reflotar a Inversión Hogar”. Es decir, se favorecía supuestamente a un acreedor en detrimento del resto.

La sentencia lo rechaza y dictamina que el convenio “se realizó precisamente para facilitar el buen fin del expediente de suspensión de pagos en beneficio de todos los acreedores”. Inversión Hogar ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión de la jueza.

infoLibre ha preguntado al Banco Santander por todos estos pleitos y por la denuncia ante el Banco de España y el BCE por la supuesta falta de idoneidad de sus máximos ejecutivos. La entidad financiera se ha limitado a contestar que el caso está “juzgado y sentenciado”, pero no ha querido comentar nada sobre la operación con Las Vertientes de Calahonda, la presencia en esa sociedad de uno de sus abogados, o la participación en ella de una firma radicada en Liechtenstein.

La Casa del Rey asegura en su comunicado que puso en manos de Juan Carlos I y de "las autoridades competentes" sendas copias de la misiva del bufete británico Kobre&Kim. ¿Pero cuáles son esas "autoridades competentes", máxime en caso de un relato trazado en un momento en que podía comprometer penalmente no al actual jefe del Estado –cuya inviolabilidad garantiza la Constitución y cuyo interlocutor es el Gobierno– sino al anterior monarca reinante? No se sabe.

El comunicado no aclara en ningún momento el origen de los fondos que a fecha de marzo de 2019 pudieran seguir depositados en la cuenta suiza de la fundación panameña Lucum, aquella para la que, sin su autorización previa ni su conocimiento –así lo asegura el comunicado oficial– el actual rey había sido nombrado beneficiario heredero de su padre. Esa fundación es una de las dos –la otra, Fundación Zagatka, se localiza en Liechtenstein, considerado paraíso fiscal por la UE hasta octubre de 2018– vinculadas a los 65 millones de euros (100 millones de dólares) que el rey emérito habría recibido como regalo de Arabia Saudí.

Ni la Casa del Rey ni el Ejecutivo central han accedido a responder ni a la pregunta sobre quiénes son las "autoridades competentes" receptoras de la carta del bufete. Tampoco a las restantes preguntas que por la mañana hizo llegar este periódico a sus respectivos departamentos de comunicación. Pero lo que infoLibre sí ha podido confirmar es que la Fiscalía especializada en delitos de corrupción no supo nada de aquella misiva hasta que el comunicado de la Casa del Rey vio la luz el domingo al anochecer. Es decir, un día después de que el diario británico The Telegraph desvelase la historia y cuando el país entero se encontraba en pleno shock ante el escenario abierto por el avance del Covid-19 y la paralización de lo que hasta hoy era vida normal. 

¿Y tributó aquel dinero en España?

Tampoco el despacho que ahora representa al rey emérito aceptó despejar distintas incógnitas. Entre ellas figura la eventual tributación de fondos y la comunicación a Hacienda sobre la cuenta suiza abierta en oficinas panameñas del banco Mirabaud. ¿Incluyó en el IRPF el rey emérito las rentas emanadas de aquel depósito del Mirabaud? ¿Presentó ante Hacienda el modelo 720, que informa de los bienes del contribuyente localizados en el extranjero? De momento, no se sabe. 

Que el hipotético futuro penal de Juan Carlos I cobra ahora mayores opciones de convertirse en una realidad se desprende incluso del propio texto difundido por la Casa del Rey. Porque el monarca emérito anuncia en ese comunicado que ya ha designado abogado. Y que será este –el exfiscal anticorrupción Javier Sánchez-Junco– quien, "en el ejercicio del derecho a la defensa" canalice la divulgación de las informaciones que puedan afectarle.

¿Se refiere el padre del actual jefe del Estado al "derecho a la defensa" en la causa que desde el verano de 2018 investiga en Suiza la Fiscalía del cantón suizo de Ginebra y que es la que ha destapado la existencia de la fundación panameña Lucum, a la que se refiere la carta del bufete Kobre&Kim? ¿Se refiere, en cambio, a una posible causa susceptible de ser abierta en el Tribunal Supremo si, con los datos que la justicia helvética curse a España opta Anticorrupción por presentar una querella?

La Fiscalía se niega a revelar el contenido de las investigaciones sobre el AVE a la Meca que abrió en diciembre de 2018. Pero lo que las fuentes jurídicas consultadas sí corroboraron antes incluso de aquella fecha es que llamar a declarar como investigado a Juan Carlos de Borbón es perfectamente posible con la ley en la mano: nadie puede remover ni un papel de ningún posible delito cometido mientras ejercía la Jefatura del Estado pero sí puede rebuscar en el lote completo llegado el caso si lo que está en juego es, por ejemplo, un acto de blanqueo de capitales –afloramiento de fondos de origen ilegal– perpetrado después de su abdicación, en junio de 2014.

En espera de cómo evolucionen los acontecimientos, la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya ha instado a la Agencia Tributaria a ordenar el inicio de una investigación tributaria a Juan Carlos I por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Gestha reclama que se haga "con la misma determinación" que el Rey Felipe VI ha mostrado con su padre.

Días antes de que The Telegraph publicase la información que detonó la renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre, el diario suizo Tribuna de Ginebra había desvelado que en un banco local se localizaba una cuenta con 100 millones de dólares y abierta a nombre de una empresa panameña cuyo único beneficiario es Juan Carlos I. El diario informaba de cómo el dinero fue desembolsado en 2008 por el anterior rey de Arabia Saudí en lo que se considera un «regalo tan suntuoso y secreto» que la Fiscalía suiza está investigando por la sospecha de que pudo servir para blanquear dinero. Y se señala que en 2012, la suma que quedaba en la cuenta fue transferida a la ex amante de Juan Carlos, Corinna Zu-Sayn Wittgientein (ahora conocida como Corinna Larsen). ¿Queda algún dinero en esa cuenta o en alguna otra que pudiera estar conectada a la panameña Fundación Lucum o a la Zagatka de Liechtenstein? De momento, es otra incógnita.

Un juez de Liechtenstein ha archivado la causa por blanqueo de capitales que tenía abierta contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol, según ha confirmado la Fiscalía de ese país al diario La Vanguardia. El periódico informa este sábado de que la causa abierta contra Pujol se sobreseyó el pasado 24 de noviembre, sin que nadie haya sido acusado, según el adjunto del Fiscal General de Liechtenstein Frank Haun.

La jueza de Barcelona que investiga la fortuna de Jordi Pujol en el extranjero había acordado enviar una comisión rogatoria al Principado para obtener información sobre la investigación por blanqueo de capitales al expresident y para averiguar si su familia disponía de cuentas en ese país.

La titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona tuvo conocimiento de esa investigación a través de un oficio de la Oficina Central Nacional de Interpol España, que le informaba de que el juez de la Princely Court of Justice de ese país Michael Jehle investigaba a Pujol por blanqueo.

A través de ese oficio de la Interpol, el juez pedía a la Justicia española información sobre los antecedentes de Pujol y las causas que el expresidente catalán tenga abiertas en España, a los efectos de preparar una comisión rogatoria relacionada con la causa penal por blanqueo de capitales.

Hace apenas un año, nadie habría apostado por este anuncio sobre la lucha contra la evasión fiscal: los gobiernos se comprometen a poner en práctica el intercambio automático de información a partir de 2017. Hace dos años, se habría considerado simple y llanamente inconcebible. Sin embargo, el pasado miércoles 29 de octubre, en Berlín, 93 países se comprometieron a compartir de forma automática, en 2017 o 2018, información fiscal. Y, por ende, esto supone asestar un golpe muy importante al secreto bancario y al fraude fiscal. En efecto, el intercambio automático de datos es la herramienta más útil en materia de transparencia fiscal. Hace años que las asociaciones de lucha contra el fraude lo consideraban uno de los objetivos fundamentales.

Este sistema implica que con carácter anual, las entidades financieras de un determinado país tengan que reunir la información financiera (saldos de las cuentas, intereses, dividendos y otros ingresos) que posean de los ciudadanos extranjeros con una cuenta abierta en dicho Estado y comunicarla a la administración fiscal correspondiente, a su vez encargada de proporcionársela al país en el que residen sus ricos clientes. En resumen, quita las ganas de intentar defraudar al fisco. Además, a partir de los acuerdos adoptados el pasado miércoles 29, los bancos tendrán que conocer y comunicar la identidad real de aquellos que se esconden tras las cuentas de los trusts trusts(Jersey es un campeón en la materia), de las fundaciones o de las eventuales sociedades pantalla, responsables de ir borrando tras de sí cualquier rastro.

El acuerdo berlinés se ha alcanzado bajo la égida de la OCDE –el club que reúne a 34 países ricos–, al que el G20 le encomendó la misión de coordinar la lucha mundial contra la evasión fiscal, y que fue el encargado de organizar un foro fiscal muy activo que reagrupa a más de 120 países. Este foro, que adquirió el compromiso de luchar contra los paraísos fiscales, ha logrado hitos notables en poco tiempo, dicho sea de paso.

“Que un número tan importante de jurisdicciones haya decidido intercambiar automáticamente informaciones relativas a las cuentas financieras pone de manifiesto que es posible lograr un cambio importante cuando la comunidad internacional une sus esfuerzos al servicio de un objetivo preciso y ambicioso”, se congratuló el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurria. “Para los defraudadores, el mundo es un terreno cuyas dimensiones se reducen rápidamente”.

58 países, de entre los cuales 51 firmaron el acuerdo en Berlín, han aceptado intercambiar de forma automática información sobre las cuentas antes de septiembre de 2017. Entre los firmantes se encuentran territorios que merecen, sin medias tintas, el calificativo de paraíso fiscal, como las Bermudas, las islas Vírgenes Británicas, Liechtenstein o Jersey. Algunos países, con Luxemburgo a la cabeza, son territorios que han luchado con uñas y dientes durante años por preservar el secreto fiscal. Al margen de Austria, que ha obtenido una moratoria de un año, los países de la Unión Europea entran a formar parte de esta primera oleada, lógicamente, conforme a la decisión adoptada relativa al intercambio automático de información en el seno de la UE, validada definitivamente el 14 de octubre.

Otros 35 países se han dado de plazo hasta 2018 para sumarse al acuerdo, entre estos Estados se encuentra Suiza (que oficialmente se rindió en mayo), China, Bahamas, Mónaco, Singapur, Arabia Saudí o la región de Hong Kong. Hasta el último momento, se mantuvieron las negociaciones con el fin de que se sumara el máximo número de países posible. A veces, estas negociaciones fueron dirigidas directamente por el responsable de Fiscalidad de la OCDE, el francés Pascal Saint-Amans, muy activo en la materia desde 2009. Bahamas, Belice, Brunei y los Emiratos Árabes Unidos también se subieron al tren in extremis. Se trata de todo un éxito para Saint-Amans, que además coordina los esfuerzos cada vez más sofisticados puestos en marcha por la comunidad internacional para impedir a las multinacionales que comentan fraude en el pago de los impuestos.

Para los centros financieros offshore que, desde hace años, si no décadas, han amasado una fortuna merced a la evasión fiscal de sus clientes, estamos ante compromisos revolucionarios. “Se trata de un logro considerable”, se ha vanagloriado en el diario económico Les Échos el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, entre los países ricos convocantes y que dirigió todo el proceso, con Alemania y Francia, en 2013. Su homólogo francés Michel Sapin también se regocijó en Le Mondepor esta “etapa decisiva e irreversible en la lucha contra el fraude fiscal” y por este “cambio de época”.

Finalmente, solo cinco países no se han adherido al acuerdo, situándose de facto en la lista negra de territorios no cooperantes. Se trata de Vanuatu y Nauru (Oceanía) y las Islas Cook (Pacífico), pero también el Golfo de Bahrein y Panamá, único centro financiero de envergadura que se ha quedado fuera del juego de la cooperación internacional.

La apisonadora norteamericana

Este espectacular hundimiento del secreto bancario mundial ha sido rápido. En 2009, numerosos países aceptaron ceder al intercambio de información, bajo petición, en respuesta, caso a caso, a las demandas recibidas de las administraciones fiscales o de las autoridades judiciales de los países socios, muchas veces cuidadosamente seleccionados.

Sin embargo, fue en 2010 cuando las cosas comenzaron a cambiar, a raíz de la votación en EEUU de la ley Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), tras conocerse la acción de los bancos suizos, entre ellos, UBS, en el país. Promulgada en junio de 2014 en un centenar de países, la ley Fatca impone unilateralmente el intercambio automático de datos a los bancos que tienen clientes norteamericanos. En caso de que tal intercambio de datos no se lleve a cabo, los beneficios obtenidos en territorio de EEUU tributan al 30%.

Tras haber cedido a la apisonadora norteamericana y después de años de resistencia, Luxemburgo y Austria aceptaron acto seguido, en marzo, renunciar al secreto bancario referido a sus vecinos europeos. Esta victoria se vio ratificada definitivamente el 14 de octubre en la UE.

Estos avances, ¿cuánto pueden suponer para los Estados, que arañan de donde pueden en este periodo de penurias? Es imposible determinarlo con exactitud, pero la OCDE calcula que desde 2009, la veintena de países que se han unido para acabar con el secreto bancario, han recaudado más de 29.000 millones de euros adicionales en impuestos. En Francia, a finales de mayo de 2014, más de 24.000 contribuyentes poco sensibles iniciaron el para regularizar sus cuentas, aunque solo 6.300 de ellos lo completaron. Más del 80% de estos expedientes estaba relacionado con dinero oculto en Suiza.

El oro, los cuadros o los jets privados escapan al control

Sobre el papel, los individuos ricos deseosos de esconder su fortuna al fisco tienen motivos para estar preocupados, en tanto en cuanto las salidas que hasta ahora tenían a su alcance pasan a ser arriesgadas. Sin embargo, todavía tienen largos meses por delante para organizarse bien y para explorar nuevas vías que aún tienen a su alcance. Porque, por supuesto, las soluciones de la OCDE no aportan respuestas para todo. En primer lugar, será necesario asegurarse de que en la práctica funcionan, para lo que será necesario establecer controles estrictos, que requieren de tiempo y de dinero. Porque nada garantiza que territorios como China, Singapur o Hong Kong, por citar algunos ejemplos, estén tan comprometidos como para dejar a un lado su soberanía en asuntos tan importantes.

No obstante, aunque fuese el caso, seguirá habiendo un importante agujero en la red contra el fraude elaborada por la OCDE. Comenzando por el hecho de que, en lo que respecta a las cuentas abiertas antes de 2016, el intercambio de información solo afecta a aquellas con ¡más de 250.000 dólares! También supone un problema que EEUU, al aprobar su poderosa ley Fatca, no se haya visto obligado a ratificar los acuerdos de la OCDE. Porque si bien la ley Fatca garantiza al Fisco norteamericano la obtención de las informaciones que desea, el texto legislativo es por contra más laxo en lo que concierne a las obligaciones de EEUU para con sus socios.

Dicho de otro modo, los bancos norteamericanos no tendrán que proporcionar a otros países todos los datos de que disponen... Una cuestión peliaguda, habida cuenta de que numerosas sociedades registradas en Delaware, paraíso fiscal interno, solo son tapaderas muy poco controladas, que sirven para ocultar la identidad de los defraudadores.

Otro punto negro lo constituye Suiza, que ha logrado que las informaciones intercambiadas entre los países solo estén destinadas al fisco, pero que no puedan ser explotadas por la justicia de los países socios. Además, ha impuesto la “reciprocidad”. Los Estados no transmitirán informaciones más que a aquellos países que hagan lo mismo por ello. Lo que excluye claramente a los países en vías de desarrollo, que rara vez están en condiciones de poner en marcha la maquinaria precisa para intercambiar información aun cuando los países pobres son las principales víctimas de la evasión fiscal, que sus élites practican alegremente. Además, la cuestión de la reciprocidad no siempre es pertinente. El interés de Suiza, por ejemplo, de disponer de informaciones procedentes de África es muy relativo, mientras que a la inversa es fundamental para garantizar un reparto de los recursos en un continente pasto de corruptos.

Le Tax Justice Network, la ONG más beligerante en la lucha contra la evasión fiscal, lleva una relación detallada precisa y técnica de las lagunas legislativas que los países firmantes se han comprometido a solucionar. Se muestra relativamente pesimista. En un informe detallado, esta ONG aplaude lo que considera “un primer paso para acabar con el secreto bancario”, pero apunta las múltiples formas que tienen a su alcance los defraudadores para continuar delinquiendo. Señala por ejemplo que no se van a tener en consideración las informaciones relativas a la posesión de empresas o de bienes inmobiliarios, ni tampoco de oro ni obras de arte depositadas en cajas fuertes o puertos francos.

Así, los trusts o fundaciones que gestionan activos financieros, pero solo por una persona, quedan excluidos de este intercambio automáticotrusts. Y puesto que solo se ven concernidos los datos financieros, la organización TJN advierte de que el dinero invertido en coches de lujo, yates o jets privados o en propiedades inmobiliarias de lujo seguirán escapando a las miradas indiscretas del Fisco, que, falto de medios de verificación eficaces, no tendrá más alternativa que creer, como si fuese la Biblia, las informaciones proporcionadas por los ricos defraudadores a las instituciones financieras que han constituido sus sociedades pantalla. La transparencia completa y total aún esta lejos.

Traducción: Mariola Moreno

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado para el próximo 12 de noviembre como imputados a once personas que habrían colaborado en las actividades presuntamente delictivas desarrolladas por el hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola.

Entre los imputados se encuentran los exsuegros de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés y Mercé Riera, y su excuñado Ramón Gironés Riera, así como los empresarios Carlos Sumarroca Claverol, Carlos Sumarroca y el presidente de la constructora Isolux Corsán, Luis Delso. El juez, que cursa una nueva comisión rogatoria a Andorra en relación con una transacción de 2,4 millones de euros, imputa indiciariamente a los nuevos encausados delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

Ruz investiga, según un auto dictado en febrero pasado, las transacciones que 17 empresas del ámbito de la construcción y los servicios que "directa o indirectamente" declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña" realizaron a cinco sociedades propiedad de Pujol Ferrusola y su esposa (Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing).

Por su parte, Jordi Pujol padre ha asegurado que "nunca" ha tenido cuentas bancarias en Liechtenstein. "Y no les diré nada más", se ha limitado a decir este miércoles a las puertas de su casa de Barcelona en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press. Y es que la Interpol, a instancias de un juez de Liechtestein, ha pedido información sobre "antecedentes y condenas" de Pujol al Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, que mantiene abierta una investigación sobre el expresidente tras confesar que tuvo dinero sin regularizar en el extranjero.

Un juez de Liechtenstein investiga al expresident de la Generalitat Jordi Pujol  por un supuesto delito de blanqueo de capitales y ha pedido a la justicia española información sobre sus antecedentes y las causas que tiene abiertas en España, informa El País. El País

La Oficina Central Nacional de Interpol España ha comunicado en un oficio a la jueza de Barcelona que investiga la fortuna oculta de la familia Pujol-Ferrusola la petición que el juez de Liechtenstein, Michael Jehle, ha tramitado con el objetivo de «preparar una solicitud de comisión rogatoria» relacionada con la causa de blanqueo.