La Junta de Tratamiento del centro penitenciario Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), ha acordado este miércoles que la expresidenta del Parlament Carme Forcadellpueda salir tres días a la semana, entre semana, durante nueve horas.

Según han informado desde la Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia a Europa Press, la Junta le aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el régimen penitenciario, si bien mantiene la clasificación de segundo grado, el ordinario.

Forcadell, condenada a 11 años y medio por el Tribunal Supremo (TS) por el proceso soberanista, podrá salir para hacer labores de voluntariado y para cuidar de un familiar de edad avanzada. La decisión es de aplicación inmediata pero se tiene que comunicar al juzgado de vigilancia penitenciaria que, tras consultar el posicionamiento de la Fiscalía, puede ratificar o anular la aplicación del 100.2.

La resolución que el juzgado de vigilancia penitenciaria eventualmente dictara sobre Forcadell se podría recurrir en última instancia ante la Audiencia de Tarragona. La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia ratificó a principios de enero el segundo grado penitenciario para Forcadell, así como para el resto de presos condenados por el TS por el 1-O.

Sànchez y Cuixart

La Junta de Tratamiento de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), también aprobó la semana pasada que el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, puedan salir por trabajo y voluntariado en aplicación del artículo 100.2.

En el caso de Sànchez, la Junta de Tratamiento le permitió 11 horas diarias en libertad tres días laborables a la semana para un programa de voluntariado, mientras que Cuixart podrá estar en libertad cinco días entre semana, durante nueve horas y media para ejercer un empleo y voluntariado.

Los dos ya han tenido permiso penitenciario ordinario de 48 horas al cumplir a mediados de enero una cuarta parte de la condena a nueve años de cárcel por sedición que les impuso el TS por el proceso soberanista. Además, de ellos, el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, condenado por el TS a 10 años y medio, solicitó a Lledoners la aplicación del 100.2, que le permitiría flexibilizar su régimen penitenciario, sin que ello suponga modificar su segundo grado.

El expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, pedirá su primer permiso penitenciario el martes 14 de enero, al cumplir la cuarta parte de su condena de nueve años por sedición, dictada por el Tribunal Supremo (TS) tras el juicio por el proceso soberanista.

En una rueda de prensa, el abogado Jordi Pina ha asegurado que Sànchez "tiene previsto pedir los permisos reglamentarios" y ha confiado en que la Generalitat confirme su grado penitenciario antes del 14 de enero.

El letrado ha asegurado que si Sànchez obtiene un permiso penitenciario, priorizará pasar el tiempo con su familia, pero ha expresado su "respeto" hacia toda la gente que le apoya.

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha aprobado por unanimidad una propuesta de clasificación en tercer grado para el exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, lo que le permitiría salir de día para trabajar o hacer actividades de reinserción y dormir en la cárcel entre semana. Esta decisión se produce cuando el recluso ni siquiera ha cumplido dos meses de prisión, ya que ingresó en la misma el pasado 17 de enero.

Tras recibir la propuesta, el Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, que depende de Amand Calderó, deberá estudiar la propuesta y decidir si la valida, lo que puede producirse en los próximos días, ha informado la Conselleria de Justicia este viernes. Pujol ingresó en este centro el 17 de enero de este año para cumplir la condena de dos años y medio impuesta por la Audiencia de Barcelona por el caso de amaños de concesiones de ITV.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estudia si procede emprender acciones contra los responsables de la prisión de Lledoners (Barcelona), tras conocer que el exconsejero Josep Rull, uno de los exmandatarios catalanes que cumplen allí prisión preventiva de cara al juicio por el procés independentista en Cataluña, salió del centro el pasado 5 de enero durante unas horas para visitar a su hijo sin ningún tipo de permiso ni del alto tribunal ni tampoco del juez de guardia de Manresa, según ha informado este viernes El Español.

En este punto, fuentes jurídicas difieren de plano con la información aportada sobre lo ocurrido por la Generalitat de Cataluña, competente en las prisiones de dicho territorio, que asegura que Rull recibió un permiso extraordinario de urgencia por parte del citado juzgado de guardia a las cinco de la tarde y salió apenas veinte minutos más tarde de la prisión, para regresar dos horas después. Según el Supremo, dicha autorización judicial nunca se concedió porque dicho órgano no es el competente para ello.

El permiso permitió al preso por rebelión visitar a su hijo menor de edad en el hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona), donde se encontraba ingresado tras haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza al caer al suelo durante un vis a vis familiar con su padre la mañana del día 5 según fuentes penitenciarias catalanas.

La Sala que prevé juzgar a Rull y a otros once exmandatarios catalanes en la próximas semanas discrepa de la versión de la Generalitat y asegura que el permiso de juzgado de Manresa nunca se concedió, y que ha tenido conocimiento de todo lo ocurrido a posteriori. Por ello, estudia que acciones pueden emprenderse contra la dirección del centro de Lledoners. Según los Servicios Penitenciarios catalanes, antes de autorizar el permiso se dirigieron al Juzgado de Guardia de Manresa, que recordó que el Reglamento Penitenciario permite la concesión de permisos extraordinarios de urgencia, señalan.

Martes 31 de julio. El violador y asesino Guillermo Fernández Bueno es capturado en la frontera entre Senegal y Gambia junto a su novia después de llevar nueve días fugado de la prisión cántabra de El Dueso tras escapar durante un permiso penitenciario. Apenas un día antes, el 30 de julio, escapaba Santiago Izquierdo Trancho, que ya había cumplido condena por asesinato, robos y amenazas y que ahora cumplía la última parte de otra pena por tres robos con fuerza en régimen de semilibertad. ¿Hay motivos para que salten las alarmas en el sistema penitenciario? Los datos, al menos, llaman a la calma: en 2016, último año del que hay estadísticas, únicamente cuatro de cada mil presos a los que se les concedieron permisos penitenciarios trató de fugarse durante los mismos, y la cifra no ha dejado de reducirse en los últimos años.

No es habitual que dos fugas de delincuentes condenados por delitos tan graves –Izquierdo Trancho llegó a ser calificado en su día como uno de los presos más peligrosos de España por los delitos por los que ya ha cumplido condena– se produzcan de forma tan seguida. Pero, pese a la alarma social que pueden generar este tipo de casos, lo cierto es que los permisos penitenciarios no son un coladero utilizado por los reclusos para fugarse: según datos de Instituciones Penitenciarias consultados por infoLibre, en 2016 se concedieron un total de 114.375 permisos a 25.524 internos, y de todos ellos únicamente 474 aprovecharon en algún momento para no volver a la cárcel. Es decir, apenas el 0,41% de los permisos se utilizaron indebidamente.

Estos datos se han mantenido estables en los últimos años, con incluso una ligera tendencia a la baja. En 2015 se registró la mejor cifra de la serie histórica –que se inicia en el 2000–, ya que solo el 0,36% de los 117.697 permisos fueron utilizados por sus beneficiarios para emprender la huida, un dato ligeramente inferior al registrado en 2014, cuando un 0,44% de los permisos sirvieron a los presos para fugarse. En cualquier caso, hasta el ligero repunte de 2016, el porcentaje mantuvo un descenso continuado desde el año 2009, cuando la cifra de "no reingresos" en prisión tras un permiso ascendió al 0,59%.

Y si la cifra se ha reducido no ha sido porque se hayan extremado las restricciones a la hora de conceder estos beneficios penitenciarios. Todo lo contrario: el número de permisos concedidos prácticamente se duplicó entre 2000 y 2015 y el número de beneficiarios de los mismos creció en una proporción incluso mayor, mientras que el número de reclusos en las cárceles españolas comenzó a descender a partir del año 2009, cuando marcó su punto máximo del siglo con un total de 76.079 personas en prisión.

En este sentido, la población reclusa a finales de 2016 era de 59.970 personas, prácticamente el mismo número de internos que el que había en 2005. Ese año se concedieron 79.993 permisos a 17.580 reclusos, y el 0,6% de las salidas fueron utilizadas para huir. En 2016, el número de permisos concedidos fue de 114.375 y el total de beneficiarios ascendió a 25.524 personas, pero apenas el 0,41% de las salidas acabaron con el interno en cuestión emprendiendo la fuga.

El juez de vigilancia penitenciaria, figura clave

En cualquier caso, y pese a que en los últimos años ha aumentado su número, los permisos penitenciarios no se dan a todos los presos ni están exentos de condiciones. Para tener derecho a ellos, el recluso debe haber cumplido al menos el 25% de la pena de prisión a la que se le ha condenado y no estar clasificado dentro del primer grado, que se corresponde con un régimen cerrado dentro de la prisión y que se aplica a presos peligrosos o que no se adapten a la vida común con el resto de los encarcelados.

Si se cumplen estas dos condiciones, la concesión de permisos queda en manos del juez de vigilancia penitenciaria, que a la hora de otorgar estos beneficios valora "la condena actual y, especialmente, la evolución del interno en lo referente a la ausencia de sanciones y el buen uso de permisos anteriores", según explica el magistrado José Luis Castro, responsable del Juzgado de Menores y de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.  El juez, señala Castro, decide en función de los informes que recibe de la prisión, y puede también "mezclar un régimen de segundo grado con uno de tercer grado", que implica un régimen de semilibertad para el recluso, que puede disfrutar hasta 48 días de permisos por año y de salidas de fin de semana si así lo autoriza el juez.

Este último método, sostiene el magistrado, "permite controlar de forma muy concreta al interno", ya que "tiene la ventaja de que, a diferencia del tercer grado, no implica la libertad condicional" y "si el interno incumple" las condiciones fijadas "el juez puede dejarlo sin efecto o restringir las salidas". Pero Castro sostiene que ningún método garantiza que no vaya a haber intentos de fuga. "El ser humano es un misterio, y por mucha evolución positiva y pronóstico futuro que se haga, siempre hay un margen para el fracaso", señala el magistrado, que no obstante insiste en que "el número de fracasos en relación al total de permisos anuales es mínimo".

En cualquier caso, el juez sí que señala al menos dos puntos en los que, a su juicio, hay margen de mejora para evitar que los presos se fuguen durante los permisos penitenciarios. En primer lugar, Castro es partidario de "apostar por la tecnología y los medios telemáticos como forma de reducir riesgos", aunque siendo consciente de que "eliminar el riesgo al 100% es imposible". Y, en segundo lugar, el magistrado plantea que "los juzgados penitenciarios tendrían que tener equipos técnicos al margen de la prisión: psicólogos, educadores o criminólogos y trabajadores sociales", que se encarguen de "completar de forma objetiva el informe" que viene de la cárcel y que sirve a la justicia como guía para decidir sobre la concesión del permiso en cuestión.

El Corte Inglés se ha adjudicado un nuevo contrato con la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por un importe de 2,1 millones de euros para calzar a su personal, según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el gigante de la distribución proporcionará calzado y cinturones para empleados públicos al haber resultado adjudicatario de dicho contrato al ser considerada su oferta económica como la más ventajosa.

De esta forma, el importe total asciende a 2,1 millones de euros, estableciéndose el neto en 1,7 millones de euros.

La histórica terrorista de ETA Idoia López Riaño, alias La Tigresa, disfrutará de sus permisos penitenciarios tras acreditar la Audiencia Nacional que no coincidirá con ninguna víctima del terrorismo, requisito que había fijado el Juzgado de Vigilancia de penitenciaria para autorizar su salida temporal de prisión, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

López Riaño se encuentra en prisión por su pasado como integrante del comando Madrid, uno de los más sanguinarios de la historia de ETA y ha mantenido un pulso con este Juzgado porque insistía en que quería disfrutar de un permiso en Rentería (Gipuzkoa).

Los datos recabados por el Juzgado tras cursar sendas peticiones al Ministerio del Interior y al Gobierno Vasco negaban esta posibilidad porque en Rentería viven en la actualidad ocho víctimas de ETA. La Tigresa, que se acogió a la vía Nanclares, tiene pendientes unos diez permisos penitenciarios que no ha podido disfrutar y que previsiblemente se autorizarán sucesivamente en los próximos meses.

La Audiencia Nacional viene manteniendo que únicamente se concederán los permisos si, tras los informes pertinentes, el interno se acerca cada día a firmar en la comisaría de Policía o cuartel de la Guardia Civil más cercano a su domicilio, y una vez comprobado que "no tiene posibilidad de coincidir con las víctimas de su actividad delictiva o familiares de éstas".

El 22 de septiembre, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desestimó las quejas planteadas en febrero por Idoia López Riaño por supuesto retraso en la tramitación de permisos que debería resolver a su favor el juez de Vigilancia Penitenciaria.

En su resolución, la Comisión Permanente desoía sus quejas, poniendo fin a la vía administrativa y remitiendo a la interna a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde podía plantear un nuevo recurso en el plazo de dos meses si lo estimaba oportuno.

Permiso en abril 

El 13 de abril, no obstante, La Tigresa disfrutó de tres días de permiso después de que la Fiscalía y el juez valoraran su arrepentimiento como integrante en el comando Madrid de ETA. "Las muertes de este comando me duelen en lo más profundo del alma y aún más por no haber podido hacer nada por evitarlas (...) Es absolutamente falso que no asuma mi conducta, no sólo mientras formé parte de ETA, sino igualmente cuando me enfrenté a esa terrible realidad, negándome a seguir por ese camino", confesó López Riaño en un texto remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Un año antes, el mismo juez central de Vigilancia Penitenciaria le denegó este mismo permiso de salida alegando que López Riaño –acogida hace años a la denominada Vía Nanclares– tan sólo reconocía dos de los 23 asesinatos por los que cumple condena. Además, los justificaba diciendo que sus víctimas eran un traficante de drogas y, el otro, un miembro de los GAL.

El exmiembro de ETA Joseba Urrusolo Sistiaga afirmó este martes que la banda "ya no existe" porque "en la práctica está desaparecida", pero considera que, en la actual situación, "no supone más que una traba" para sus propios presos "y para llevar a cabo una actividad política".

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Urrusolo Sistiaga, arrepentido y expulsado de la ETA, que quedó en libertad el pasado mes de febrero tras cumplir una condena de 19 años de prisión, dijo que en ETA "quedan unos cuantos jóvenes que han ido allí".

Además, apuntó que "algunos expresos que están en las estructuras de Sortu tienen más legitimidad e historia que los que hoy en día hablan en nombre de ETA".

"En mi opinión, ETA ya no existe. ya no existe. En la práctica, está desaparecida. Quedan unos cuantos jóvenes que han ido allí. A día de hoy, ETA no tiene ningún sentido. Seguir como siguen, no supone más que una traba para hacer política y para los presos. Para los presos es una carga, porque no les va a traer nada, no va a negociar nada", ha asegurado.

En este sentido, señaló que la cuestión es "cómo se plantea el tema de los presos, sabiendo que deben avanzar en la vía personal", y destacó que "no se puede continuar con lemas como que con la independencia se logrará desactivar todo, que hay que cambiar las leyes".

"Las leyes no van a cambiar hoy en día. A los familiares de los presos hay que decirles la verdad, que no van a cambiar. Con el problema de los islamistas, estamos viendo que en otros países están endureciendo las leyes. Lo que debemos hacer en Euskal Herria es trabajar por la convivencia y eso ayudará a solucionar la situación de los presos", ha indicado.

"Sin otra salida que la ley"

En este sentido, afirmó que ETA "ha dejado a los presos a merced de la Ley, sin otra salida", y criticó que, "durante años, algunos se obstinaron con la lucha armada y con llevar la actividad de ETA hasta el límite, hasta un lugar donde no hay salida, tanto algunos de la organización, como algunos que están en los aparatos de Sortu". "Y ahora la cuestión es cómo sales de esa situación", ha dicho.

En esta línea, reclamó a la izquierda abertzale, y "a los que actualmente tienen responsabilidades", que planteen "con seriedad" la cuestión de los presos porque "no se va a solucionar repitiendo los mismos lemas de siempre".

"¿Desde donde va a llegar la flexibilidad de la política penitenciaria?, ¿planteando así las cosas?, ¿continuando diciendo que estás orgulloso de lo que has hecho?, ¿así va a llegar la flexibilidad?. Ahí está el problema", aseguró.

El Gobierno "pasa"

Asimismo, consideró que, tanto antes como ahora, el Gobierno de España "pasa bastante de la situación de los presos", ya que, "no es un problema para ellos, y seguir pensando que buscan la división y esto y lo otro, es otra parte de la literatura que hay en torno a ETA, porque pasan".

"La situación de los presos es un problema para la izquierda abertzale y para sus familiares. y para sus familiares. Actualmente, incluso en la sociedad y en las calles de Euskal Herria se vive bastante lejos el problema de los presos, y dentro (en prisión) es parecido", aseguró.

El Defensor del Pueblo contiene en su informe anual [ver PDF] reparos al modo en el que Instituciones Penitenciarias investiga las denuncias de malos tratos que se producen en las cárceles. Según dice, el sistema empleado "posee indudablemente un componente intimidatorio que ha de ser evitado", informa Europa Press.

Las reservas de esta institución se refieren tanto al método empleado como a que sea uno de los responsables del propio centro en el que presuntamente habrían tenido lugar los malos tratos quien efectúe las investigaciones.

"Se aprecia que el sistema empleado para este tipo de averiguaciones preliminares y sumarias, consistente en un interrogatorio formal por parte de un subdirector de seguridad del centro, posee indudablemente un componente intimidatorio, que esta institución considera ha de ser evitado", dice el informe recogido por Europa Press, que recuerda que "el objetivo es obtener la confianza de la persona privada de libertad que está expresando una queja".

Recomienda el Defensor del Pueblo que esas entrevistas personales debería hacerlas alguien ajeno a la plantilla de la cárcel ya que una denuncia de malos tratos "puede implicar a uno o varios compañeros de plantilla de quien recibe el testimonio, o incluso al propio receptor de la queja".

"Retrasos considerables"

La institución que preside Soledad Becerril pide también "la puesta en servicio en todos los centros penitenciarios de sistemas de videovigilancia adecuados" ya que, según dice, "la adopción de estas medidas en los escasos centros penitenciarios que ya disponen de sistema de vigilancia que permiten grabación 24 horas de todas las cámaras del establecimiento, sufre retrasos considerables".

El informe cita un caso en el que un preso pidió asistencia judicial y su queja "no fue atendida por la administración, aduciendo para ello que el sistema de grabación de imágenes existente en el centro guarda las grabaciones efectuadas durante un periodo máximo aproximado de veinte días a partir de cual se graba encima de las preexistentes en el disco duro".

El Defensor del Pueblo también advierte sobre el tratamiento para las personas ingresadas en centros penitenciarios con enfermedades mentales: "Existen en los centros penitenciarios ordinarios unas infraestructuras inadecuadas para ese colectivo".

Un total de 366 presos de ETA que cumplen su pena en distintos centros penitenciarios del Estado español pedirán al Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, que acabe con su situación de dispersión, empezando por medio centenar que están enfermos, son mayores de 70 años o han cumplido 20 o más años de cárcel.

Otros 97 lo harán en el Estado francés también por vía judicial, en una iniciativa sin precedentes en el Colectivo de Presos de la banda, EPPK.

A través de escritos de queja "individualizados" en los que cada recluso expone su trayectoria personal y los derechos que creen que se le han conculcado, los internos pretenden que el Juez de Vigilancia Penitenciaria demuestre "que es el garante" de la legalidad, pese a que la Fiscalía se pueda oponer al fin del alejamiento.

En caso de que se les deniegue la solicitud de "reagrupamiento en cárceles de Euskal Herria" por este órgano judicial, recurrirán a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; posteriormente, al Tribunal Constitucional; y, si fuera necesario, al Tribunal de Estrasburgo, según explicó el abogado de presos de ETA Iñaki Goioaga.

En este sentido, también subrayó que su "ambición" es que "los escritos de quejas" prosperen por vía jurídica en el Estado español. Sin embargo, mostraron su disposición a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si fuera indispensable.

Según los datos que facilitó, en la actualidad, son 466 presos de ETA los que están dispersados en 77 cárceles. Seis de ellos, gravemente enfermos, se encuentran en situación de prisión atenuada; tres "dispersados en tres cárceles de Euskal Herria"; 357 en 44 prisiones del Estado español; 97 en 28 centros penitenciarios del Estado francés; uno en Inglaterra, uno en Portugal y uno en Alemania. De esta forma, un total de 190 reclusos están a más de 800 kilómetros de su lugar de origen.

Los presos gravemente enfermos que tramitarán su quejas en esta fase inicial (de 50 reclusos) son Josetxo Arizkuren Ruiz; José Ramón López de Abetxuko Likiniano; Inmaculada Berriozabal Bernas; Gari Arruarte Santa Cruz; Iñaki Etxeberria Martin; o Jose Miguel Etxeandia Meabe. En cuanto a los internos con 70 o más años, se sumarán Pablo Gorostiaga González; Patxo Murga Luzuriaga; Txente Askasibar Barrutia; Sebastián Etxaniz Alkorta; Isidro Murga Luzuriaga; y Karlos Trenor Dicenta.

Vulneración de derechos humanos

Goioaga defendió que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional tiene la oportunidad de demostrar que es "el garante" del cumplimiento de la legalidad, acabando con la situación de dispersión de los presos de ETA, en base a las "quejas individuales" que están presentado en el órgano judicial por "vulneración de derechos humanos fundamentales y penitenciarios".

Los internos de ETA decidieron emprender la vía judicial para reclamar su traslado a cárceles vascas, después de que las peticiones que realizaron ante Instituciones Penitenciarias fueran denegadas.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, en la que estuvo acompañado de la abogada Haizea Ziluaga, Iñaki Goioaga señaló que esperan no tener que recurrir al Tribunal de Estrasburgo porque "sería triste que el mecanismo del Estado español funcione a través de impulsos internacionales".

"Lo que está en cuestión aquí es si se respeta o no el principio de legalidad y si estamos o no en un Estado de Derecho. En estos momentos, es inaceptable mantener la situación de dispersión y en estas condiciones", añadió.

A su juicio, esto "es indefendible, a no ser que se haga bajo criterios de crueldad o de venganza. Vamos a ganar este recurso por la vía jurídica aquí, y ésa es la ambición que tenemos". Iñaki Goioaga también afirmó que "se supone que en un Estado de Derecho hay una independencia del poder judicial". "Veremos también, en concreto, el papel de la Fiscalía en este recorrido", dijo para mostrar su escepticismo ante la postura que pueda adoptar el ministerio público.

En caso de que el informe del Fiscal sea contrario a la pretensión de los reclusos, el letrado cree que tiene que ser el juez de Vigilancia Penitenciaria el que debe demostrar que "existe la división de poderes".