¿Puede el gobierno laborista británico seguir eludiendo las consecuencias financieras de los trabajos de memoria sobre la esclavitud? Esta es la cuestión que está en juego en la Cumbre de la Commonwealth, inaugurada el viernes 25 de octubre en las islas Samoa (Polinesia).

En vísperas de esta reunión intergubernamental en la que participan 56 Estados, la mayoría de ellos antiguas posesiones del Reino Unido, la BBC ha desvelado un plan de “justicia reparadora” que las naciones del Sur pretenden imponer a la antigua potencia colonial, consistente en una indemnización por la trata de esclavos: 18 billones de libras (21.500 millones de euros), que se pagarían a 14 países caribeños.

Londres lo cortó en seco pero no ha podido evitar que se plantee el tema. El primer ministro de Su Majestad, Sir Keir Starmer, ya ha dejado claro que no hay prevista ninguna compensación y que su Gobierno está decididamente “mirando al futuro” con el cambio climático como prioridad.

El proyecto de documento hecho público por la BBC quita hierro a tal negativa al subrayar la necesidad de un “futuro compartido basado en la equidad” gracias a intercambios “lúcidos, sinceros y respetuosos” sobre el tema de la justicia reparadora.

El comunicado conjunto de la cumbre debería mencionar “las experiencias históricas compartidas vinculadas a ese espantoso comercio que fue la esclavitud y la desposesión de los pueblos indígenas”. Preguntado por la BBC, el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Frederick Mitchell, afirmó que las palabras ya no bastan. Tony Blair sí se disculpó en 2006, pero de tal forma que con sus palabras parecía todo saldado. Los países de la Commonwealth sostienen que las palabras vuelan, pero queda dinero por pagar.

“Es sólo cuestión de tiempo”, declaró Frederick Mitchell, seguro de que el movimiento es inevitable. El ministro bahameño ha recordado que Keir Starmer era partidario de las compensaciones económicas cuando estaba en la oposición. Defendía la justicia reparadora, al igual que el actual responsable del Foreing Office, David Lammy, cuyos padres proceden de Guyana.

En un artículo de opinión publicado el jueves 24 de octubre por el diario londinense The Guardian, el historiador barbadense Hilary Beckles, que preside la Comisión de Reparaciones por los Abusos de la Esclavitud, creada por los países caribeños, afirma con contundencia: “Corregir el mundo en el siglo XXI es un imperativo que se opone a la promoción del miedo y a las actitudes racistas persistentes. No hay enemigos en la empresa de las reparaciones, sólo socios para buscar el desarrollo mutuo y la justicia para todos”.

Esta espinosa cuestión surge en un momento en que se va perfilando la anunciada desintegración de la Commonwealth, que ya se rumoreaba que no sobreviviría a la muerte de la soberana Isabel II (1926-2022). ¿No está ligado a la Corona británica el legado colonial del que quieren desprenderse la mayoría de los países? En Barbados creen que sí. Desde 2021 se han embarcado en una transformación institucional que podría convertirlo en una República. Otros países, como Jamaica, viven un geotropismo similar.

El rey Carlos III intenta frenar esa tendencia centrífuga, como ilustra su reciente viaje a Australia, justo antes de su visita a las islas Samoa. Pero, reflejando los sondeos de opinión (un tercio de la población australiana está a favor de la realeza, a un tercio le da igual y un tercio prefiere la República), el soberano ha tenido que soportar la desafección unida a una protesta, encarnada sobre todo por la senadora Lidia Thorpe, defensora de los derechos de los pueblos aborígenes.

Sin embargo, el árbol de Buckingham no puede ocultar el bosque laborista. Keir Starmer está decidido a ser algo así como un guardián neo-thatcherista de la ortodoxia financiera, cueste lo que cueste políticamente. Nada más llegar al poder, el Gobierno laborista puso fin a un subsidio energético vital para los pensionistas del país, algunos de los cuales no podrán calentarse este invierno. La izquierda inglesa demostró así una ferocidad social que ha dado a los conservadores la oportunidad de mostrarse de repente compasivos, tras catorce años en el poder sin piedad con los más pobres.

Keir Starmer nunca pierde una oportunidad de mostrar que no es de izquierdas. John McDonnell, ex ministro de Hacienda en el gabinete en la sombra de Jeremy Corbyn y figura progresista de la oposición, marginado del partido tras votar en contra del “discurso del Trono” en julio, ha vuelto a pronunciarse contra el curso político de los acontecimientos.

Declaró a The Independent: “Mirar al pasado esclavista no es una distracción que nos aleje del futuro sino la mejor manera de afrontarlo. Resulta muy decepcionante ver a un primer ministro y a un ministro de Asuntos Exteriores laboristas limitarse a repetir, palabra por palabra, los argumentos políticos de los conservadores”.

No sólo el 10 de Downing Street sigue llevando al pueblo británico a la desesperación mientras la extrema derecha eurófoba del reino, liderada por el demagogo Nigel Farage, está al acecho, sino que este gobierno laborista británico también está ampliando la brecha entre el Norte y el Sur que la guerra en Gaza está ensanchando.

Negar de antemano que esta cumbre de la Commonwealth vaya a ser una sociedad de iguales y negar la demanda de justicia reparadora de las antiguas naciones víctimas de la trata transatlántica de esclavos brinda una oportunidad de oro para la propaganda del Kremlin sobre el “Occidente colectivo” frente al “Sur global”.

Esto ocurre en un momento en que dos perlas de la Commonwealth, India y Sudáfrica, han optado por aparecer junto a Vladimir Putin, anfitrión de una cumbre en Kazán de 32 países vinculados a los Brics, con el objetivo declarado de estructurar un nuevo orden mundial “post-occidental”.

Las antiguas potencias coloniales europeas, que también arrastran las cadenas de la esclavitud, recuerdan a aquellos emigrantes de la nobleza francesa que regresaron tras la Revolución, a los que Talleyrand espetó: “¡No han aprendido nada ni olvidado nada!”

En 1825, el presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, aceptó, bajo la amenaza de una cañonera en la bahía de Puerto Príncipe, que fuera reconocida la independencia de su país (proclamada en 1804), a condición de contraer una doble deuda, que combinaba la indemnización a los colonos y el reembolso de los préstamos, que Haití no pagaría definitivamente hasta mediados del siglo XX.

En un libro publicado en 2022, Les Chaînes de la dette (Las cadenas de la deuda), Thomas Piketty recordaba en su prefacio que las islas en las que Francia practicó la esclavitud –Haití, Guadalupe, Martinica y Reunión– tienen la mayor concentración de esclavos conocida en la historia de la humanidad. Constituían el 90% de la población, mientras que en el noreste de Brasil, el sur de Estados Unidos e incluso en la Antigüedad (Roma y Atenas), la cifra no superaba el 40%.

El economista también calculó el efecto de la gigantesca deuda impuesta a Haití en 1825, equivalente a tres años de producción (o el 300% del PIB, como diríamos hoy), siguiendo al New York Times, según el cual “los pagos a Francia han costado a Haití entre 21.000 y 115.000 millones de dólares en crecimiento económico perdido”.

Hay que recordar que el proyecto de ley de Christiane Taubira de 1998 (ministra francesa de Justicia entre 2012 y 2016, nacida en Cayena, ndt), que reconocía la esclavitud como crimen contra la humanidad, incluía en su primer borrador un artículo 5 que preveía una comisión de reparación, antes de que la mayoría socialista de entonces se opusiera.

Traducción de Miguel López

La Comisión Europea ha pedido a España este lunes que garantice una política fiscal "prudente" durante 2023, limitando el gasto a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo y ofreciendo apoyo temporal a los hogares y las empresas vulnerables al alza de los precios de la energía y a las personas que huyen de la guerra de Ucrania, según informa Europa Press.

Bruselas ha solicitado a España, en sus recomendaciones de primavera, que ajuste el gasto a la evolución de la situación de incertidumbre generada por la guerra de Ucrania y, en paralelo, que amplíe la inversión pública en las transiciones verde y digital para garantizar la seguridad energética, recurriendo para ello a los fondos europeos.

Para el periodo posterior a 2023, el Ejecutivo comunitario ha recomendado la implementación de una política fiscal prudente a medio plazo para asegurar una reducción de la deuda "creíble" y "gradual" así como una la sostenibilidad fiscal a medio plazo que se pueda alcanzar a través de la consolidación gradual, la inversión y las reformas.

Además, Bruselas ha advertido a España de los altos niveles de deuda, tanto pública como privada y externa, en un contexto en el que la tasa de desempleo también se mantiene elevada, una advertencia en línea con recomendaciones previas y que tienen una importancia "transfronteriza", según ha señalado en sus recomendaciones semestrales de primavera.

La Comisión Europea ha apuntado que los niveles de deuda se mantienen más elevados que antes de la pandemia y que exceden los niveles "prudenciales", también los ratios de deuda sobre el PIB se sitúan en niveles "muy superiores" a los de antes de la pandemia.

El Ejecutivo comunitario ha observado que España está experimentando "desequilibrios" y, ha apuntado además, que el ratio de deuda sobre el PIB en 2021 ha observado una tendencia decreciente y prevé que esta tendencia se mantenga en 2022 y 2023. En su análisis, la Comisión Europea ha apuntado que los préstamos dudosos han continuando descendiendo.

Bruselas ha recomendado a España reducir la dependencia de combustibles fósiles y acelerar el despliegue de renovables y, especialmente, las instalaciones de autoconsumo, para lo cual le ha pedido que simplifiquen los procesos de autorización y mejore el acceso a la red.

En un paso más, la Comisión Europea le ha instado a aumentar su capacidad de interconexión energética así como la inversión en almacenamiento, en infraestructura de red, en hidrógeno y en la electrificación del transporte y los edificios.

Además, Bruselas ha recomendado incrementar la penetración de viviendas con alta eficiencia energética que sean asequibles, incluyendo en esta medida la renovación del parque.

El Ejecutivo comunitario ha advertido de los riesgos especialmente para aquellas industrias electrointensivas y las más golpeadas por la pandemia y señala que si bien la tasa de desempleo se ha ido contrayendo en 2021, la segmentación del mercado laboral y el desempleo juvenil continúan en niveles elevados.

En todo caso, Bruselas ha mostrado confianza por que la reforma laboral y las medidas implementadas en el marco del plan de Recuperación y Resiliencia tendrá un efecto positivo para corregir tales vulnerabilidades.

En este marco, el Ejecutivo comunitario ha instado a España a que implemente el Plan de Recuperación y Resiliencia así como a presentar los documentos para acceder al programa de Políticas de Cohesión entre 2021 y 2027.

Además, ha abogado por impulsar los niveles de reciclaje e impulsar la economía circular a través de una mayor cooperación entre las autoridades y potenciando la inversión para separar la recogida de basura y las obligaciones de reciclado.

Se trata de uno de los ángulos muertos más llamativos en el debate actual sobre la deuda. Mientras políticos y economistas abordan alegremente la suerte de la deuda pública tras la crisis del covid-19, nadie se detiene en la otra cara de la cuestión: la deuda privada, la contraída por empresas y hogares.

La crisis financiera de 2008, sin embargo, ilustró la carga explosiva que podía contener la deuda privada; la crisis de las subprimes –esas hipotecas concedidas a los hogares pobres que en un principio se suponían indoloras y que luego exigían intereses exponenciales a partir de los dos años– condujo por efecto dominó al casi hundimiento del sistema financiero internacional, salvado in extremis por la intervención de los bancos centrales y los Estados.

En estos momentos vuelve a haber un elefante en la cacharrería; nunca antes las deudas privadas habían alcanzado semejante magnitud en Europa. La cuestión de su sostenibilidad se plantea con mayor incidencia que la de la deuda pública.

Para evitar que sus economías se hundan, los Gobiernos han concedido ayudas, préstamos, garantías y aplazamientos sin miramientos. En nombre del “cueste lo que cueste”, ya se han puesto sobre la mesa cientos de miles de millones de euros. Los déficits públicos de la eurozona alcanzarán una media del 8,8% del PIB en 2020, frente al 6,4% del PIB en 2009, el récord anterior.

Ante la amenaza de la tercera ola de la pandemia, muchos Estados han decidido mantener las ayudas o posponer los vencimientos previstos para la primavera de 2020. En respuesta a las peticiones del Gobierno, los bancos franceses están ofreciendo a las empresas y a los minoristas que consiguieron préstamos garantizados por el Estado en la primavera de 2020 (se concedieron 130.000 millones de euros en préstamos en este marco, el 80% de los cuales están garantizados por el Estado) aplazar el reembolso de dichos préstamos, originalmente previstos a partir de 2021, durante un año o más.

Al mismo tiempo, se han aplicado todas las disposiciones para detener el tiempo y organizar la moratoria. En Alemania y Francia, en particular, se suspendieron los procedimientos de liquidación durante varios meses para evitar una cascada de quiebras. Ello explica que el número de quiebras en Francia sea en estos momentos menor que en 2019.

Esta situación de congelación hace imposible comprender la magnitud del impacto infligido por la crisis sanitaria y los repetidos confinamientos. La multiplicación de los planes sociales, del cierre de empresas, los escaparates de los centros urbanos en los que comienzan a acumularse los anuncios de “traspaso”, “liquidación de existencias” y “se alquilan oficinas” hacen temer lo peor en el momento de una recuperación económica más “normal”.

El 25% de las empresas de la zona del euro pueden sufrir problemas de liquidez

Cuanto más dure el confinamiento, peor será la situación. Muchos no reabrirán. Sin ingresos durante varios meses, algunos ya dicen que no pueden hacer frente a la montaña de impagos (alquiler, suministros, cargas) y créditos que han acumulado durante este periodo de inactividad. Pero, a estas alturas, es imposible cuantificar los daños económicos.

Según un estudio de la aseguradora de crédito Euler Hermes, una cuarta parte de las empresas de la zona euro podría tener problemas de liquidez y se enfrentan a una posible quiebra este año, si los Gobiernos no toman medidas.

La situación en los hogares no es mucho mejor. Aunque las tasas de ahorro han aumentado en la zona del euro debido a la caída del consumo impuesta por los confinamientos, estos nuevos recursos están beneficiando principalmente a los hogares más ricos. Los demás tienen cada vez más dificultades económicas, a pesar de las medidas aprobadas como los ERTE, entre otras.

Las cargas de la deuda relacionadas con los créditos al consumo y los préstamos hipotecarios aumentaron considerablemente durante el periodo. Corren el riesgo de que se hagan insostenibles a medida que se retiren las medidas de apoyo, cuando los ERTE se conviertan en desempleo, salarios más bajos, reducción de las prestaciones sociales y aumento de la precariedad laboral.

“Todo el mundo dice que hay que intentar aguantar, cueste lo que cueste. Se suspenden los préstamos bancarios, las facturas de los proveedores y los alquileres atrasados. La incertidumbre sobre el futuro, sobre cuánto durará esta crisis, complica aún más el problema. Entonces, durante un tiempo, algunos no podrán seguir haciéndole frente. Las pérdidas llegarán con retraso, dentro de un año, un año y medio quizás. Subestimamos el mecanismo de propagación de esta crisis. Es probable que los proveedores, las inmobiliarias y los bancos se vean afectados a su vez. Este efecto retardado aún no se ha medido”, recalca David Cayla, profesor de Economía de la Universidad de Angers.

Incluso antes del covid-19, la situación ya era alarmante. La carga de la deuda de las empresas no financieras y los hogares estaba alcanzando niveles estratosféricos. Según Eurostat, en 2019 representó el equivalente al 234% del PIB en los Países Bajos, el 179% en Bélgica, el 153% en Francia y el 149% en Grecia, por no hablar de Luxemburgo (318%) y Chipre (259%), que (por si fuese necesario) confirman su condición de paraísos fiscales.

El recurso al crédito bancario ha sido siempre una de las señas de identidad del capitalismo europeo. Las disposiciones aplicadas por el Banco Central Europeo tras la crisis del euro, que facilitan la refinanciación de los bancos a tipos negativos, han acelerado aún más la tendencia. Oficialmente, el objetivo es garantizar la financiación de la economía real, inyectar la liquidez necesaria al sistema financiero y económico y apoyar a las pymes.

Sobre todo, los tipos cero han acentuado la financiación de las empresas. Mientras que los rendimientos exigidos al capital (entre el 8% y el 15% y a veces por encima) están totalmente desconectados de la dinámica de la economía real, el crédito les permite compensar estas diferencias. Las empresas, presionadas por sus accionistas, han recurrido masivamente al apalancamiento que proporciona el crédito para mejorar aparentemente sus beneficios, y algunas no han dudado en endeudarse para aumentar sus dividendos o recomprar sus acciones.

En cuanto a los hogares, ante todo son víctimas de las políticas monetarias de los bancos centrales. Por un lado, han apoyado por todos los medios la lucha contra la inflación salarial, lo que ha conducido a lo que el exsecretario del Tesoro estadounidense denomina “gran estancamiento”, es decir, un empobrecimiento continuo de las clases medias. Por otro lado, el apoyo masivo de los bancos centrales al mundo financiero desde 1987 ha dado lugar a una inflación histórica de los activos, empezando por los inmobiliarios.

Para mantener sin ajustes unos mercados inmobiliarios que se habían vuelto inaccesibles ante los precios demenciales exigidos, los bancos han solventado una demanda que ya no era accesible mediante un endeudamiento cada vez más elevado y largo. Así ha sucedido en Suecia, Países Bajos, en parte en Francia y ahora en Alemania. Los préstamos a 25 años se han convertido en la norma, lo que supone una amenaza creciente de sobreendeudamiento.

Desde las primeras semanas del confinamiento, los bancos europeos concedieron aplazamientos de los pagos de intereses y del principal durante un año, o a veces más, a determinados prestatarios en dificultades, tal como recomendaban los reguladores europeos.

“En el caso de Francia, la parte de estos préstamos concertados en forma de moratoria representaba el 12,1% del total de préstamos pendientes en junio de 2020. Es menos que en Italia (13,1%) o Portugal (22,7%), pero mucho más que en Austria (9,6%), España (9,7%) y, sobre todo, Alemania (2,7%)”, sostiene Éric Dor, director de los estudios económicos del Instituto de Economía Científica y de Gestión (IESEG), que concluyó a principios de diciembre un estudio sobre los riesgos de la moratoria y los préstamos garantizados por el Estado para los bancos europeos y franceses.

“Los bancos subestiman los riesgos actuales y están mal preparados para la salida de la pandemia”

Pero más que los porcentajes, son los valores absolutos los que dan la medida de los riesgos para los bancos. Francia está a la cabeza de todas las clasificaciones. El importe de los préstamos sujetos a la moratoria ascendía a 254.000 millones de euros a finales de junio, según el estudio del IESEG, frente a los 186.000 millones de euros de España, los 155.000 millones de Italia y los 22.000 millones de Alemania.

Los bancos han aumentado sus provisiones sobre los préstamos considerados de riesgo. Pero, ¿están realmente a la altura? Para no deteriorar su rentabilidad, ya dañada en un entorno de tipos de interés bajos, los bancos europeos han optado por provisionar sus riesgos en mucha menor medida que sus competidores estadounidenses. En Francia, según un estudio del Banco de Francia, “el coste del riesgo en los nueve primeros meses de 2020 se sitúa en 11.500 millones de euros, lo que supone un aumento de 6.200 millones respecto al mismo periodo de 2019, que sin embargo se situó en un nivel históricamente bajo”.

Mientras el mundo bancario, apoyado en particular por el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, lucha por reanudar el pago de dividendos, suspendido desde marzo –objetivo logrado, en parte–, el presidente de la Autoridad Europea de Supervisión Bancaria, Andrea Enria, considera que los bancos no están siguiendo las recomendaciones dadas frente a la pandemia. “Los bancos subestiman los riesgos actuales y están mal preparados para la salida de la pandemia”, advirtió el responsable de controlar las 117 mayores entidades bancarias.

Esta advertencia se repitió en el informe de estabilidad financiera del BCE publicado en noviembre. “Las provisiones de los bancos de la zona del euro se mantienen en niveles inferiores a los de crisis anteriores y a los de otros países, en particular Estados Unidos”.

“Las provisiones bancarias también son más bajas de lo que sugieren los resultados históricos, aunque esto puede explicarse en parte por el impacto de las medidas políticas históricas para reducir el riesgo crediticio”, continuó, antes de su advertencia final de que los bancos podrían enfrentarse a una segunda oleada de préstamos malos o incobrables, especialmente si los Gobiernos retiran sus garantías crediticias y las moratorias antes de que la economía se haya recuperado completamente.

La cuestión de la solidez del sistema bancario europeo, planteada incluso antes de la pandemia, es tan destacada que el BCE está planteando la posibilidad de crear un banco malo europeo, que podría hacerse cargo de la mayor parte de los préstamos dudosos que se pudren en los balances de los bancos para sanearlos. En su opinión, esto permitiría consolidar los bancos y posibilitaría nuevas concentraciones y la creación de megabancos europeos, que completarían el gran mercado financiero europeo. Inexistente, de momento.

Es probable que la idea resurja pronto. Pero por otras razones, esta vez con carácter de urgencia. Con la tercera ola de la pandemia y la reanudación de los confinamientos en toda Europa, las esperanzas de un rápido repunte de las economías europeas quedan definitivamente enterradas. El enfoque supuestamente provisional de “cueste lo que cueste”, aplicado por los Gobiernos para apoyar a todos los agentes económicos sin distinción y sin contrapartida, puede dejar de ser sostenible a largo plazo.

Para los bancos, esta posible retirada podría plantear rápidamente la cuestión de su solidez. A menos que consigan, como han hecho tantas veces en el pasado, organizar una gran transferencia de deuda privada a las finanzas públicas.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este martes al Congreso un préstamo de 4.900 millones de dólares (unos 4.150 millones de euros) para ayudar al Gobierno de Puerto Rico a pagar sus deudas mientras busca recuperarse del paso huracán 'María', según fuentes oficiales.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, había pedido ayuda a través de líneas de crédito a fines de septiembre, afirmando que su administración estaba en apuros y no esperaba ingresos en el corto plazo.

Con una carga de casi 72.000 millones de dólares (cerca de 60.940 millones de euros) en deuda, Puerto Rico hacía frente problemas de liquidez incluso antes de que el huracán más poderoso que ha azotado a la isla en casi 90 años destruyera la red eléctrica, viviendas y otra infraestructura hace casi tres semanas.

El territorio, hogar de 3,4 millones de personas, declaró la bancarrota en mayo.

El préstamo por desastres propuesto por el Gobierno de Trump incluiría un avance de 150 millones de dólares (alrededor de 127 millones de euros), según estas fuentes, que han hablado bajo condición de anonimato.

"El préstamo de 4.900 millones de dólares los ayudaría con los problemas de liquidez en el corto plazo", como nóminas de pago y pensiones, han señalado. "El dinero no puede ser usado para pagar deuda", ha resaltado.

El sábado, Rosselló escribió a Trump pidiendo un amplio paquete de ayuda de al menos 4.600 millones de dólares (unos 3.893 millones de euros) a través de una variedad de programas del Gobierno, en lo que llamó un "pago inicial para los esfuerzos de recuperación del huracán" mientras la isla evalúa los daños.

"Sin medidas extraordinarias para enfrentar la paralización de la actividad económica en Puerto Rico, la crisis humanitaria se profundizará", dijo Rosselló en la carta, advirtiendo de que la situación podría llevar a un éxodo desde la isla hacia Estados Unidos continental.

Moody's estimó la semana pasada que el coste total del huracán para Puerto Rico, incluida la producción perdida, rondaría entre 45.000 y los 95.000 millones de dólares (entre 38.083 y 80.400 millones de euros).

El director de Presupuestos de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, ha indicado este miércoles que las autoridades de Puerto Rico no deberían atenerse a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la retirada de la deuda pública puertorriqueña por el paso del huracán María por la isla.

Mulvaney ha señalado que la Administración Trump tienen la intención de presentar ante el Congreso un paquete de ayudas para las labores de recuperación tras los desastres naturales, el cual incluye una serie de cuantías para Puerto Rico.

No obstante, el director presupuestario ha manifestado que esto no significa que la deuda se vaya a eliminar. "No vamos a ofrecer retirar el pago de la deuda de Puerto Rico", ha insistido, según ha recogido la cadena de televisión ABC.

El dirigente estadounidense indicó el martes que el Gobierno tendría que eliminar la deuda pública de Puerto Rico tras el paso del huracán por la isla, donde han muerto al menos 34 personas, según el último balance oficial.

"Deben mucho dinero a sus amigos de Wall Street, pero vamos a tener que eliminar todo eso", aseveró el dirigente estadounidense durante una entrevista con Fox News. "Pueden despedirse de todo eso", añadió.

Puerto Rico, que llevaba una década sumida en la recesión, se enfrentaba al pago de una deuda de 74.000 millones de dólares (62.800 millones de euros) antes de que tuviera lugar el fenómeno meteorológico.

La deuda de las entidades españolas con el Banco Central Europeo (BCE) subió un 9,6% en abril respecto a marzo, hasta los 135.763 millones de euros, y rompió una racha de seis meses consecutivos a la baja. De esta forma, se sitúa en su mayor nivel desde enero de este año, según los datos provisionales publicados este martes por el Banco de España.

No obstante, la deuda mantiene su descenso interanual iniciado hace más de un año y se ha reducido en 46.610 millones de euros desde abril de 2014, lo que supone un recorte del 25,5%.

La deuda de las entidades financieras se incrementó en casi 80.000 millones de euros en marzo de 2012 y superó los 200.000 millones. Ahora se sitúa claramente por debajo de esta barrera y muy lejos del máximo de 388.736 millones registrado en agosto de 2012.

Este importe es el saldo vivo que las entidades residentes en España aún tienen pendiente de devolver al instituto emisor europeo como consecuencia de la financiación que el organismo les ha concedido previamente.

La deuda de las entidades españolas con el Banco Central Europeo (BCE) se ha reducido un 30% en diciembre en tasa interanual, hasta los 141.338 millones de euros, por lo que ahonda en niveles mínimos desde enero de 2012, según los datos provisionales publicados este miércoles por el Banco de España.

La deuda de la banca con el organismo que preside Mario Draghi mantiene la tendencia a la baja desde hace más de un año. De este modo, el descenso registrado en tasa interanual alcanza un importe de 60.527 millones de euros. De noviembre a diciembre, este importe se ha recortado un 6,4%.

La deuda de las entidades financieras se incrementó en casi 80.000 millones de euros en marzo de 2012 y superó los 200.000 millones. Ahora se sitúa claramente por debajo de esta barrera y muy lejos del máximo de 388.736 millones registrado en agosto de 2012.

Este importe es el saldo vivo que las entidades residentes en España aún tienen pendiente de devolver al instituto emisor europeo como consecuencia de la financiación que el organismo les ha concedido previamente.