“Inquebrantable”. Así es el apoyo que desde el sector pesquero, acuícola y el del comercio especializado en alimentación han dado a agricultores y ganaderos desde el inicio de la oleada de movilizaciones que salpica el mapa de España estos días. Y tal vez no sea sólo por solidaridad. El Consejo Económico y Social (CES) ha elaborado un informe rotulado como La pesca, la acuicultura y la industria transformadora en España. Retos para su sostenibilidad, a través del que han constatado el “deterioro” del sistema pesquero alimentario español a lo largo de los últimos años. 

De acuerdo a ese estudio, la flota pesquera, mayoritariamente artesanal, cayó entre 2013 y 2022 un 12,3%, hasta los 8.657 buques, reduciéndose en consecuencia las capturas y desembarcos. Pese a todo, España sigue siendo la primera potencia en volumen de pesca y la tercera en número de embarcaciones pesqueras, según datos de Eurostat. Y dentro de esta, Galicia, ya en los últimos días de campaña electoral, fue la comunidad autónoma que en 2022 registró el mayor número de estos barcos, el 49% del total, concentrando igualmente la mayor proporción del arqueo y potencia, con el 42,18 y el 36,52%, respectivamente. Junto a ella, hay otros territorios con cifras altas como Canarias, Cataluña y Baleares, aunque “el peso en arqueo y potencia está más distribuido, destacando en términos generales las flotas vasca, catalana, andaluza y valenciana”, a la luz de lo recogido en el informe del CES.

Por lo que respecta a la acuicultura, el número de establecimientos ligados a esta actividad sufrió entre 2019 y 2021 una bajada del 1,5%, hasta los 5.182, si bien la producción “muestra una trayectoria alcista desde 2013”. Otra reducción destacada es la de las empresas de la industria transformadora de los productos de la pesca y la acuicultura, que el consejo cuantifica en un 14% desde 2012, aunque creció su producción de forma significativa: un 36% en cantidad y un 55%. Además, según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el sistema pesquero alimentario generó en 2020, año más actualizado disponible, un valor añadido bruto equivalente a únicamente el 0,75% del Producto Interior Bruto (PIB). Y aunque en la última década se elevó cerca de un 10%, descontando el valor agregado bruto (VAB) correspondiente a las importaciones de productos agroalimentarios, la expansión fue prácticamente nula, “dando idea de la importancia de las compras al exterior en el mantenimiento del VAB del sector”, se indica en el informe.

A lo expuesto hay que enlazar que las sucesivas crisis “y otros factores relacionados con insuficiencias en la comunicación dirigida a los consumidores, la percepción de riesgos sobre la salud derivados del consumo de estos productos y el escenario inflacionista”, han provocado “una caída acumulada del consumo final de productos de la pesca y la acuicultura del 33% entre 2008 y 2022 en los hogares españoles”, el “38%, si se atiende sólo al pescado”, advierten desde el consejo. Un descenso que “afecta también al consumo extradoméstico –bares, restaurantes, cafeterías…– de estos productos, que entre 2018 y 2022 fue de casi el 11%”. Los autores del informe vinculan el desplome en la elección de productos de la pesca y la acuicultura con alteraciones socioeconómicas como “la pérdida del poder adquisitivo, el abandono de la dieta mediterránea o el cambio de estilos de vida hacia un modelo que dedica menos tiempo a la compra y cocinado de productos frescos” y a otros factores del tipo “la percepción de los riesgos sobre la salud” derivados de comer esos productos “como los relacionados con la presencia de contaminantes o la incidencia de parasitosis”.

En ese dibujo de situación, España se ha convertido en “un Estado miembro –de la Unión Europea (UE)– clave en el comercio comunitario de productos de la pesca y la acuicultura”, dado que “es el primer país importador” de la eurozona y “el tercero que más exporta, en términos de valor”. Esa “importante dependencia importadora” es común a otros países europeos, y en general desarrollados, y se produce principalmente con estados extracomunitarios “en un contexto de mayor globalización de los intercambios comerciales y de deslocalización de la producción y transformación de los productos hacia aquellos países, por sus ventajas comparativas”. Pero en el caso concreto de España, la tasa de cobertura “en la última década se ha situado en torno al 60%, por debajo de la tasa promedio del comercio español”, del 85% y, “muy especialmente, de algunas actividades muy competitivas del sector de la alimentación”. Junto a ello, “las restricciones a las opciones de pesca derivadas de la extensión de las zonas económicas exclusivas y las medidas de regulación pesquera y de la acuicultura” bajo el paraguas de la UE, “han reducido las capacidades de pesca de las flotas comunitarias y la producción de la acuicultura", siendo la última "insuficiente" para "abastecer el mercado nacional”, se especifica en el informe. Y hay más. “Determinados países extracomunitarios basan sus estrategias comerciales en menores costes fijos y, por tanto, productos más baratos, asociados a bajas condiciones socioeconómicas y medioambientales en comparación con los estándares comunitarios”. En definitiva, “las numerosas normativas y políticas que están obligados a cumplir” los operadores de la zona euro, los colocan “en inferioridad de condiciones respecto a dichos países, produciéndose una competencia desleal o falta de level playing field”, mantienen desde el CES.

El paisaje del sector descrito incluye, de otro lado, que las actividades del conjunto pesquero alimentario “siguen mostrando una elevada presencia de hombres, sólo en parte compensada por la frecuencia de mujeres en la industria transformadora, donde son amplia mayoría”, aunque no tanto en puestos directivos, profesionales y técnicos. Por lo tanto, a juicio de los artífices del trabajo, “el sector pesquero alimentario se enfrenta a un doble reto”: fomentar la participación laboral de las mujeres en el área de la pesca extractiva, lo que podría “favorecer el relevo intergeneracional y contribuir a suplir la falta de nuevos pescadores”. Por otra parte, en la actividad de la industria transformadora, estiman que el desafío de las políticas públicas y de los agentes sociales puede consistir, asimismo, “en amortizar las diferencias de género”. No obstante, en ese caso “uno de los aspectos fundamentales consiste en mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres”, apuntan.

En relación a la no existencia de relevo generacional en el ámbito marítimo-pesquero, circunstancia que comparten con el agrícola y el ganadero, el consejo concluye que la necesidad de que se produzca es “elevada”, a partir de los datos del Régimen Especial del Mar –categoría de pesca, acuicultura, industria auxiliar de la pesca y otras actividades que se desarrollan a bordo de buques pesqueros–. “Únicamente el 27% de los trabajadores son menores de 40 años y un 42% del total presentan una edad superior a los 50”, se señala en el documento escanciado. Una circunstancia “agravada por el hecho de que el sector no se está supliendo a un ritmo adecuado por los nuevos graduados”. Los jóvenes prefieren dedicarse a la marina mercante o de recreo frente a la pesca, según se desprende de una encuesta realizada por la Secretaría General de Pesca entre alumnos de programas de formación, dada la percepción que tienen sobre “la peligrosidad y dureza de la actividad, los prolongados periodos de tiempo en los que es necesario ausentarse del hogar y la creencia de que no está suficientemente bien remunerada”. Con todo, en el estudio se plasma que se han tomado algunas medidas “orientadas a mejorar la coordinación de los programas de formación y el tejido productivo del sector y facilitar la transición de los estudiantes al mercado laboral”.

En su intento por desentrañar el estado en el que se encuentra el sector, el consejo pone la lupa después en que la pandemia primero y la invasión de Ucrania por parte de Rusia después, han puesto de relieve “la vulnerabilidad que para la Unión Europea representa la elevada inserción de la actividad productiva en las cadenas globales de valor y las dependencias estratégicas que mantienen respecto de terceros países”, en un entorno globalizado y convulso. En ese punto se asevera que la UE avanza hacia la denominada “autonomía estratégica abierta” que, “a grandes rasgos, persigue alcanzar la autonomía estratégica, al tiempo que se mantiene abierta la economía”, siendo la alimentación una de las esferas “prioritarias” de actuación. El Consejo Económico y Social cree que es ahí donde “los sectores de la pesca y la acuicultura y la industria transformadora pueden desempeñar un importante papel” por “su contribución a la seguridad alimentaria, a la sostenibilidad medioambiental y a la situación socioeconómica de los ámbitos territoriales en los que operan”. En Barbate, municipio gaditano que ha saltado estos días a la actualidad informativa por la muerte de dos guardias civiles que luchaban contra el narcotráfico, saben bien de las consecuencias de que el negocio de la pesca se agote. Pasó en la década de los 90 y las nuevas generaciones apostaron por un nuevo nicho de mercado: el hachís que venía de Marruecos y suponía dinero rápido sin largas jornadas en el mar. Hasta hoy. 

Hecho el diagnóstico, el CES realiza un rosario de propuestas para abordar las deficiencias detectadas que pasan por “una apuesta decisiva por la investigación, el desarrollo y la innovación, así como por la digitalización a lo largo de todo el sistema pesquero alimentario, con un adecuado apoyo financiero y técnico para el sector”; reducir los costes operativos de la energía; o acelerar “la transición energética de la cadena de valor”. A ello suman “seguir avanzando en la simplificación, reducción y agilización” de las cargas y los procedimientos administrativos “en ámbitos como la consecución de licencias, la obtención de permisos, o las obligaciones de presentación de información”; o la puesta en marcha de “campañas de promoción del consumo de productos de la pesca y la acuicultura”. Aboga luego por que “desde las instancias comunitarias” se vele “por el correcto funcionamiento de los sistemas de control de las importaciones de pescado extracomunitarias en todos los Estados miembros” o por el impulso y la aprobación “de planes de igualdad en las empresas”. La música de sus recomendaciones, que son más y que el ministro del ramo, Luis Planas, ya conoce porque le han entregado el análisis; no desentona con las reivindicaciones expuestas por las organizaciones agrarias y ganaderas.  

Para el CES, de cara al futuro, “el interés de las actividades de la pesca, la acuicultura y la industria transformadora deviene tanto de su capacidad de generar valor añadido (de manera directa o indirecta, a través de sus efectos de empuje y arrastre en otras actividades económicas), como de su papel en la fijación de la población, donde pueden ser decisivas en las comunidades costeras de carácter rural o intermedio”. Información oficial de población evidencia que éstas “agrupan a cerca de 900.000 habitantes” y habría que añadirles “aquellas zonas rurales donde la acuicultura continental y algunas industrias transformadoras tienen gran arraigo y potencial de desarrollo”. La radiografía desvela que en el sector pesquero existe cierto caldo de cultivo para que se desaten protestas y tal vez convendría atender las directrices del CES para que no prenda el fuego iracundo. 

Son habituales las confrontaciones entre los ecologistas, preocupados por el medio natural, su conservación y el mantenimiento de los recursos, y las personas que utilizan los recursos que extraen de la naturaleza para su propia subsistencia, para trabajar. Hay muchos ejemplos: el lobo en el norte de España, la caza en toda su extensión, la minería y el uso del sucio carbón, el regadío en humedales amenazados y regiones secas… sin embargo, hay un sector donde las ONGs ambientalistas y los trabajadores se están poniendo de acuerdo: la pesca. A través de la llamada cogestión pesquera, se sientan en la misma mesa pescadores, activistas, científicos y administraciones para elaborar un plan para la explotación del recurso –el mar y sus especies pesqueras– con el que todos se sientan cómodos. Los científicos, porque se siguen sus recomendaciones; los ecologistas, porque se respeta la regeneración de dichas especies y se reduce la sobreexplotación; las administraciones, porque se cumplen las leyes; y los pescadores, porque no solo no pierden dinero sino que mejoran sus beneficios y su situación laboral.

La cogestión en España solo ha traído, por ahora, alabanzas y satisfacción en los puertos donde se ha aplicado, pero hay varios obstáculos en el camino. Algunos, inherentes a la práctica de poner a sectores tan distintos, y con lenguajes a veces tan diferentes, a buscar un consenso; otros, fruto de la inacción o la desidia de los Gobiernos que tienen que llevar la iniciativa. Todo ello en un contexto de urgencia de zonas de pesca como el Mediterráneo, donde el 80% de las especies están sobreexplotadas a pesar de que la Unión Europea exige que en 2020 no haya ni una sola población pescable en peligro.

"El Mediterráneo es el mar más explotado del mundo. Y la cogestión no es la solución. La solución es la correcta gestión. Pero como no hay una correcta gestión, la cogestión parece la última esperanza". La que habla es Lydia Chaparro, bióloga especializada en Ecología marina y experta en Gestión y Política Pesquera de la fundación ambiental catalana ENT. Hay un problema no solo en términos estrictos de conservación animal, de especies que incluso pueden llegar a la extinción. También en términos de socioeconomía, de la rentabilidad y la propia pervivencia del oficio del pescador. Se trata de la fábula de la gallina de los huevos de oro, tan recurrida cuando se habla de sostenibilidad: si matamos a la gallina, dejará de brindarnos su valiosa puesta. "Hay cada vez menos peces y hay que hacer un mayor esfuerzo pesquero y salir más horas para pescar menos", explica Chaparro. Visto el panorama, determinadas zonas de pesca han apostado por el diálogo en vez de por la imposición.

Raúl García, responsable de Pesca Sostenible de la organización conservacionista WWF, explica a infoLibre el proceso. A veces se produce de manera natural, otras veces se espolea por parte de las Administraciones, pero los beneficios son igualmente palpables. Una vez se establece la mesa de diálogo, se buscan los acuerdos sobre cuestiones sobre las cuotas de pesca máximas o los horarios para salir a faenar. Los pescadores, los más afectados por las decisiones que se tomen, tienen que buscar el consenso dentro de sus propias filas antes de que se establezcan las decisiones definitivas.

"Es difícil reunir todas esas perspectivas. Pero como lo que se aprueba es aprobado también por los pescadores, el cumplimiento se dispara. Y ya no se hace la vista gorda. A veces somos nosotros los que tenemos que defender a un pescador que se ha pasado cinco kilos y que se arriesgan a perder a licencia. El cambio de actitud es incluso palpable en gente que ha sido furtiva reconocida", explica el activista. "Están de acuerdo porque los pescadores han entendido tanto la ciencia detrás de la sobreexplotación como la parte legal", remata. En caso de que no se alcance un acuerdo mediante la cogestión, la Administración competente tiene la última palabra. Según cifra WWF, alrededor del 35% de las zonas de pesca de España ya funcionan mediante mecanismos participativos. Y se ha notado: explica García que la cifra de especies sobreexplotadas bajó en 2018 hasta algo menos del 80%, frente al 90% de épocas pasadas, gracias a la cogestión. Los lugares donde las especies se recuperan coinciden con los lugares donde se aplica el modelo, asegura.

El ejemplo pionero de cogestión pesquera se encuentra en la captura del sonso (también llamado saltón o barrinaire), una especie demersal (que habita en las profundidades del mar) frecuente en las aguas de Baleares y Cataluña. El Comité de Cogestión del Sonso se constituyó en 2012 tras años de negociaciones, y lo componen pescadores de las cofradías de Arenys de Mar, Blanes, Palamós, Sant Feliu de Guixols y l'Estartit, además de investigadores del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, representantes de Greenpeace y de WWF, técnicos de la Dirección General de Pesca del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña, y de la Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

García cuenta su peculiar historia de éxito, basada en una máxima: los pescadores no participarían en la cogestión si no les supusiera beneficios, más allá de los ambientales. La sostenibilidad del recurso les sale a cuenta. Como se establecen cuotas reducidas y limitadas de pesca por periodos determinados de tiempo, salen menos a faenar, por lo que gastan menos, trabajan menos y obtienen beneficios, ya que el precio de cada ejemplar en la lonja se eleva por la escasez. Y las poblaciones de sonso se recuperan. "Ni siquiera están alcanzando las cuotas que recomendaron los científicos. Salen al mar dos o tres veces al mes, porque ahora están calculando precios y están pensando en dinero y no en volumen, lo cual es un cambio. Y la pesca ilegal se ha reducido a mínimos. En 2012 el kilo de sonso estaba en torno a 70 u 80 céntimos de euro el kilo. Estas últimas navidades, a 35 euros el kilo", explica el responsable de WWF.

Inspirados por el éxito de la cogestión del sonso, la Generalitat de Cataluña publicó en junio del pasado año un decreto para fomentar la cogestión en la pesca profesional, siendo la primera administración autonómica que da el paso. Al calor de la norma nació el plan de gestión pesquera de la gamba de Palamós, un caso de pesca de arrastre que ya está dando sus frutos. En todo el país hay buenos ejemplos. "El marisqueo de Galicia se articula a través de un sistema de cogestión bastante complejo, sofisticado, que está estudiado a nivel internacional", explica García. También destaca Murcia y la pesca del chanquete, Asturias con el percebe o el pulpo, o Conil (Cádiz), donde los diversos actores involucrados han empezado conversaciones al margen del Gobierno municipal y autonómico, a la espera de la creación de una Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP) en la zona. 

Críticas al Gobierno estatal

Tanto García como Chaparro aseguran que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, comandado por Luis Planas, no está haciendo lo suficiente para incentivar la cogestión pesquera e, incluso, "bloquea" los avances en este sentido. "La pesca artesanal continúa sin ser una prioridad, porque no se está actuando como debería para proteger este segmento de la flota, que es tan importante en el Mediterráneo español", afirma Chaparro.

El pasado martes, de madrugada, el Consejo de la Unión Europea (compuesto por los ministros del ramo, en este caso de Pesca) llegó a un acuerdo sobre un plan multianual para la pesca de especies demersales en el Mediterráneo. Participaron, predominantemente, España, Francia e Italia, los países afectados. La propuesta que debatió el Consejo, como suele ser habitual en las negociaciones comunitarias, partió de la Comisión Europea y pasó por el Parlamento Europeo. La ponente encargada de enmendar el texto del Ejecutivo en la Eurocámara, Clara Eugenia Alegría (PSOE), incluyó decenas de referencias a la cogestión, con la intención de que la UE respaldara el modelo. WWF denunció que, en las negociaciones, el Gobierno estaba rechazando cualquier referencia a dichos sistemas participativos. "Creo que se trata de la posición de algunos funcionarios que se oponen, no una posición política, porque Clara Alegría es del PSOE y ha estado defendiendo la cogestión en la ponencia", reflexiona García.

El activista de WWF cree que el rechazo del Ministerio tiene que ver con la postura de cargos intermedios de la Secretaría General de Pesca, que con "una visión centralista" buscan limitar la participación local. "Así es más fácil para una Administración. Al final lo ven como una pérdida de influencia, lo cual es absurdo en el siglo XXI", opina. El texto del acuerdo final del Consejo aún no es público, por lo que aún no se sabe cuál será el papel del modelo en el plan multianual. Pero en respuesta a las preguntas de infoLibre, el MAPA no oculta su rechazo a la cogestión en estas negociaciones. "La cogestión, tal y como venía definida en la Propuesta del Reglamento inicialmente, planteaba problemas a Francia, Italia y España, a todos ellos en el mismo sentido, en cuanto a que su redacción podría colisionar con los regímenes jurídicos de los citados países", afirma el departamento de prensa de Agricultura, Pesca y Alimentación. "España, está, por descontado, a favor de la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones", aseguran, pero a través de los cauces habituales: es decir, llamando a la participación en la elaboración de reglamentos, leyes y normas. Pero sin que la propia Administración pierda poder. 

Aun con las reticencias de determinados sectores, la ONG opina que la dinámica, de positiva, es ya imparable, y que está cambiando la mentalidad de muchos pescadores. "La ilusión de todo el mundo, de toda la gente implicada, es brutal. A veces creemos que es un cambio cultural para el que hacen falta generaciones, y realmente no", concluye García.

El debate sobre la lucha contra las especies invasoras, la segunda amenaza a la biodiversidad tras el cambio climático, ha vuelto. Y se presenta con una polarización que va a más y una maraña de decretos, leyes y sentencias. El pasado martes el Congreso aprobó la toma en consideraciónaprobó la toma en consideración, a iniciativa del PP, de una modificación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que es la que regula qué se debe hacer con esta flora y fauna alóctona que supone un peligro para el resto de habitantes del ecosistema. Lo que propone la modificación del PP es que se establezcan excepciones para las especies invasoras que fueron introducidas en el entorno antes de 2007, cuando se promulgó la ley. Pretenden que en determinadas zonas se permita la caza y la pesca de estos animales y su posterior aprovechamiento, y que en el resto solo se prohíba el aprovechamiento. La mira está puesta en especies como la trucha arcoíris, el cangrejo rojo americano o la carpa, que suponen la presa de gran parte de la pesca deportiva o alimentaria de interior. Asociaciones de pescadores conservacionistas, ecologistas y científicos han asegurado que la iniciativa que ha salido adelante en la Cámara Baja supone saltarse una sentencia del Supremo de 2016 y que, de aprobarse la modificación definitivamente, supondría un golpe letal a la biodiversidad española, ya que consideran que, contrariamente a lo que se pueda pensar en un primer momento, ni la caza ni la pesca –al menos, sin control– ayudan a erradicar una población dañina. Las excepciones ayudan menos.

Se considera especie invasora las que es foránea del lugar donde habita y ha sido introducida por el hombre intencional o accidentalmente. Las especies nativas no pueden competir o convivir con las invasoras, por los que son desplazadas o, en el peor de los casos, mueren o se acaban extinguiendo. Este matiz es importante: las que son de fuera pero no causan ninguna interferencia en su nuevo ecosistema son alóctonas, pero no invasoras: para alcanzar este estatus, deben causar un daño al entorno natural demostrado científicamente. El principal argumento del PP para oponerse a parte de la ley de 2007 es que prohíbe la pesca y el comercio de estas especies y, por ello, el impacto económico de sectores como el piscícola y poblaciones que hacen de la pesca su forma de vida.

"Las actividades cinegética y piscícola practicadas de forma racional y sostenible constituyen un sector económico con importante capacidad de generar renta y empleo en miles de pueblos que sin ellas estarían condenados a desaparecer", defendía en el Congreso la diputada conservadora María Teresa Lara i Carbó. La parlamentaria, para dar fuerza a su argumento más allá de los motivos económicos, defiende que las especies que llevan largo tiempo en nuestros ecosistemas no suponen un peligro ambiental ya que no son invasoras sino "especies alóctonas naturalizadas". La iniciativa también propone quitar directamente del catálogo a determinadas especies "por motivos sociales o económicos".  La norma del 2007 prevé que se puede sacar una especie del catálogo, pero siempre que se demuestre científicamente que la fauna o la flora señalada no incurre en ningún peligro. Algo que afirma el PP pero que no piensa demostrar siguiendo los cauces de la norma ya aprobada, por ahora.

La oposición al cambio en la ley de Biodiversidad de 2007 está agrupada bajo un manifiesto que firman 17 sociedades científicas, 600 investigadores o científicos de centros y universidades de toda España y 100 organizaciones no gubernamentales. "Las especies que pretende indultar la actual iniciativa parlamentaria se ha demostrado científicamente que constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas", afirma el documento. Las razones de ecologistas y científicos para oponerse a la modificación son numerosas: la ley de biodiversidad no prohíbe la caza y la pesca, las cifras de impacto económico que plantea el PP no son reales y la actividad cinegética y pesquera, si no está bajo el control de un plan de erradicación, no disminuye sino que hace aumentar la población de la especie en cuestión, máxime si se realizan sueltas incontroladas de ejemplares.

Los datos que presenta el PP "son falsos", afirma contundentemente Theo Oberhuber, responsable de Conservación de Ecologistas en Acción. Cifras como que la ley hace que se dejen de ingresar más de 10 millones de euros en las zonas rurales donde se pesca a estas especies. "No hay ningún informe que lo avale. Se ha mentido descaradamente. No ha habido interés en comprobarlo", asegura el activista. Otro dato que se ha difundido, esta vez por parte de La Plataforma en Defensa de la Pesca, es que el 95% de la actividad de la pesca deportiva se sustenta en la carpa y en la trucha arcoíris. "Es una barbaridad, un conjunto de exageraciones", afirma César Rodríguez, portavoz de la organización de pesca conservacionista Ríos con Vida, que reajusta el porcentaje entre un 60 y un 70%.

La disposición de la ley de biodiversidad que provoca las divergencias es la siguiente: "La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos", aunque luego añade una excepción: se permite, previa autorización, siempre que se realice "con fines de control o erradicación, en el marco de estrategias, planes y campañas que, a tal efecto, se aprueben". Oberhuber lo tiene claro: "Ni la ley ni el catálogo prohíbe la caza y la pesca. Está prohibida la suelta y la liberación. Con el fin de campeonatos de pesca, por ejemplo, se hacen liberaciones masivas. Sin esas liberaciones, las poblaciones se reducirían muchísimo", argumenta. Los ecologistas afirman, además, que ninguna de esas "estrategias, planes y campañas" se ha llevado a cabo desde 2007. Rodríguez, por su parte, avisa: "Pensamos que una especie introducida no se puede erradicar. La caza y la pesca no son instrumentos eficaces para ello", pero considera que se pueden llevar a cabo medidas “imaginativas” que ayuden a combatir a las especies invasoras permitiendo la pesca: por ejemplo, cobrando una tasa a los pescadores para la práctica y que el dinero recaudado sirva para atajar el problema por otras vías.

La postura del Supremo

Los contrarios a la modificación de la ley consideran que tienen al Tribunal Supremo de su parte. "Está en la naturaleza de las cosas que la caza y la pesca, lejos de servir a los fines de erradicación de las especies catalogadas, más bien determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la agravación, del status quo actual, dificultando, si no haciendo imposible, su erradicación, que es un objetivo inequívoco de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad", indica la sentencia de la sala en 2013, año en el que tumbó, en parte, un decreto del Gobierno que pretendía introducir las mismas excepciones que ahora plantea en el Congreso.

El Supremo, además, aseguraba que es irrelevante, como ahora vuelve a plantear el PP, que una especie invasora lleve mucho tiempo en el ecosistema para eliminarla del catálogo. La carpa fue introducida en España en los estanques y charcas durante la dinastía de los Habsburgo (1516-1700), y la trucha arcoíris está en el país desde los años 60. Son dos especies consideradas de las 100 invasoras más dañinas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El tribunal se basa en esa clasificación para afirmar que, probado de sobra el daño de estos animales sobre el ecosistema, da igual si se introdujo hace siglos o hace semanas.

El PP, como se demostró este martes, vuelve a insistir en que se puedan establecer excepciones, que incluyen la retirada del catálogo, a las especies introducidas antes de 2007. La diferencia es que ahora lo hacen mediante una iniciativa para la modificación de la ley y no mediante un decreto que, según el Supremo, no podía sobreponerse a una norma de rango superior. El hecho de que los conservadores busquen revertir una sentencia de ese calado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, asegura Unidos Podemos. "La proposición de ley que nos presenta el Partido Popular adolece de graves vicios de inconstitucionalidad por tratar de eludir los efectos de la cosa juzgada, por dirigirse contra la reserva de jurisdicción y por vulnerar la separación de poderes", aseguró el coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, en sede parlamentaria.

A la posible modificación de la ley de biodiversidad aún le queda mucha discusión. El martes se aprobó la toma en consideración con los votos del PSOE, que aún no ha declarado qué posición tomará y en qué puntos se opondrá a los postulados del PP. Vistos los antecedentes y la postura del Supremo, no se descarta que el conflicto pase de lo medioambiental y político, de nuevo, a lo judicial.

La presencia de mercurio, cadmio o plomo afectó durante 2016 "a todo tipo de alimentos", incluido el pescado, según un informe de Ecologistas en Acción recogido por Europa Press que recopila todas las notificaciones sobre contaminación por metales pesados en alimentos. España es uno de los países más notificados por el peligro de contaminación con mercurio en su pescado.

La organización recopila desde 2005 los datos del sistema de alerta rápida para piensos y alimentos (RASFF, por sus siglas en inglés) y señala que este año se han presentado notificaciones que afectan "a todo tipo de alimentos".

En total, en 2016 se notificaron 148 incidencias por metales pesados en alimentos, un 7% más que el año anterior y alcanzó a un mayor número de alimentos. De estas, 53 notificaciones fueron de alerta. La presencia de mercurio en el pescado mercurio en el pescadoy otros productos pesqueros son la primera causa de notificación, en la mayor parte de los casos con origen español.

Las notificaciones de alerta se envían cuando hay riesgo grave de contacto con un alimento, pienso o material que está en el mercado y cuando es, o podría ser, necesaria una actuación urgente en un país distinto al país notificante.

De las notificaciones, 99 fueron por contenido en mercurio en pescado y otros productos pesqueros. Y de esas 99 notificaciones, 68 casos de superación de mercurio en pescado tuvieron como origen España, la mayor parte de las cuales fueron notificadas por Italia (55).

Ecologistas en Acción alerta de la situación de inclusión permanente de España entre los diez primeros países más notificados en los últimos años y advierte de la alta incidencia de notificaciones por niveles de mercurio superiores a los límites legalmente establecidos.

Esto se mantiene a pesar de los trabajos realizados por el punto de contacto español (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN) en el 2014 a partir de la experiencia española. Dichos trabajos, con la participación de España e Italia, permitirían profundizar en los aspectos técnicos de los controles que son la base para las notificaciones de mercurio en el pescado.

Por ejemplo, se han alcanzado valores "muy superiores" a los máximos permitidos, con cantidades de hasta 5,01 mg/kg en filetes congelados de pez aguja azul (Makaira nigricans) procedente de España y detectado en Polonia; 6,7 mg/kg en quelvacho (Centrophorus spp) congelado procedente de Mozambique notificado por Portugal; y de hasta 10,1 mg/kg en lomos de merlín congelados (Makaira indica), procedentes de Vietnam y detectados en Italia.

El nivel máximo de mercurio permitido según la normativa europea según la normativa comunitaria en productos pesqueros es de 0,5 miligramos por kilogramo. Sin embargo en especies como el atún se permite un nivel más alto, de un miligramo por kilogramo.

La organización advierte de que la situación es "mucho más grave" porque los límites establecidos por la Unión Europea (UE) son menos estrictos que los establecidos por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), y referidos a la ingesta máxima semanal de metilmercurio (1,6 microgramos por kg de peso corporal por semana).

Este criterio se establece para proteger al feto en desarrollo expuesto al metilmercurio a través de alimentos contaminados ingeridos por la madre embarazada.

Ecologistas en Acción y otras organizaciones ven positivo que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (ENVI) haya votado por unanimidad la aprobación del texto final sobre el Reglamento de la UE sobre el mercurio, acordado por el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

Finalmente, señala que el voto de la UE podría afectar a la aplicación del Convenio Minamata de la ONU sobre el mercurio, que entrará en vigor 90 días después de que 50 países lo hayan ratificado. Hasta el momento, 35 países han ratificado la convención, pero ninguno de la UE.

La cadena de distribución Carrefour dejará de vender panga en España tanto fresco como congelado, en línea con la decisión que la compañía ya ha tomado en otros países europeos, según informa la Cadena Ser. El motivo es medioambiental: la empresa afirma que existen "dudas" sobre "el impacto adverso de las granjas de panga", como avanzaban en un comunicado hecho público este martes.

La dirección de la empresa en España ha indicado que el panga también dejará de estar a la venta en nuestro país, pero la compañía francesa matizó que el estado de los filetes de esta especie que llegan a Europa es "impecable". El problema está en las sospechas que recaen sobre las granjas de cría del animal –Pangasius hypophthalmus–, comunes en el Sudeste asiático, ya que se cree que el uso de productos agroquímicos y el deficiente estado higiénico de estas instalaciones contamina las aguas circundantes. 

España es el país de la UE que más panga importó en 2015. Las importaciones alcanzaron 23.179 toneladas en 2015 y un valor de 47,6 millones de euros, según datos recabados por la emisora. Los proveedores provienen mayoritariamente de Vietnam, seguido de Indonesia, Tailandia, Bangladesh y Birmania.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado sendos recursos interpuestos por la Xunta e Insuiña, filial de Pescanova, contra la sentencia que obligaba a la Administración autonómica a pagar 1,09 millones de euros a la empresa en concepto de indemnización tras la anulación del proyecto para instalar una planta de engorde en Cabo Touriñán, en un espacio integrado en la Red Natura 2000.

De este modo, en una sentencia con fecha de este 24 de febrero, que recoge Europa Press, el Supremo confirma el fallo de 2012 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en relación con el plan aprobado en 2005, todavía con el popular Manuel Fraga al frente del Gobierno gallego, y que posteriormente impidió seguir adelante el Ejecutivo bipartito, liderado por el socialista Emilio Pérez Touriño, al detectar "irregularidades" en su tramitación.

Ahora, ante las pretensiones de Xunta y Pescanova, el Supremo ve "legal" la decisión del bipartito de impedir la factoría en Rede Natura, aunque entiende que hubo perjuicio para la compañía, y avala la cuantía tasada en su día por un informe pericial, que supera los 1,09 millones, casi 123.000 euros correspondientes a estudios ambientales, topográficos, analíticos, prospecciones y certificaciones y los otros 970.000 derivados de instalaciones técnicas en montaje.

Insuiña había pedido más de 9,32 millones de euros, pero el Supremo, como antes el TSXG, reconoce "unos concretos perjuicios como consecuencia de la aprobación de un proyecto (...) que, aún cuando había sido aprobado, posteriormente se ha dejado sin efecto", pero rechaza la reclamación de las "perspectivas de ganancia" por parte de Pescanova, porque "dicha instalación era imposible de ser efectiva a la vista de la decisión sobre nulidad del planeamiento que la autorizaba, haciendo imposible la obtención de dichos rendimientos".

"Dicha planta en modo alguno era conforme a la legalidad urbanística tras la modificación del planeamiento para adoptarlo a la legalidad, lo cual constituía una exigencia de la misma Administración", establece, para descartar que la factoría pudiese haber proporcionado a Pescanova el rendimiento que esta plantea.

En cuanto a la modificación del planeamiento, los magistrados apuntan que tuvo por finalidad "la subsanación de un vicio de nulidad de pleno derecho".

La Xunta aseguraba que no era aplicable el principio de la confianza legítima y que tampoco concurría uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial, el de la efectividad del daño.

No obstante, el TS desestima los recursos de casación interpuestos por ambas partes y la oposición a los mismos que se hacen por la contraria, lo cual, según indica, "determina que no proceda hacer concreta imposición de costas".

El Consello de la Xunta de julio de 2005 aprobó el plan sectorial a partir del cual se tramitó la planta de Touriñán. Sin embargo, en 2006, la Xunta bipartita PSOE-BNG emitió un informe que ponía de manifiesto "irregularidades en la tramitación" de dicho plan.

En acatamiento de dicho informe, ordenó iniciar la revisión y modificación del plan sectorial y suspender su eficacia y la tramitación de los proyectos que a su amparo debieran instalarse en espacios integrados en la Red Natura.

En 2008, ya con Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, se aprobó el nuevo plan gallego de acuicultura, como consecuencia de la revisión del plan sectorial de los parques de tecnología alimentaria, que sustituía al de 2005, que se declaraba sin efecto.

Pescanova, por su parte, optó por abrir en Mira (Portugal) en 2009 la planta de producción de rodaballo, que supuso una inversión de 140 millones de euros.

A la actriz Érica Rivas, que comenzó a trabajar a principio de los años 90 tanto en cine, televisión como en teatro, le está empezando a llegar el reconocimiento internacional por su personaje de novia fuera de control en la película Relatos salvajes, dirigida por el argentino Damián Szifrón.

La cinta se encuentra entre las nominadas a Mejor película de habla no inglesa en los Oscar 2015, que tendrán lugar en la madrugada del domingo de este fin de semana. Hace dos semanas, el filme ya logró el Premio Goya 2015 a la Mejor Película Iberoamericana.

En una entrevista concedida a Nawta, Rivas admite que en un principio concebía su vida como actriz "como algo medio borroso, como un sueño". Pero la vocación no desapareció, aunque si bien afirma no tener un momento claro por el que dijera "ahora quiero ser actriz".

Rivas admite también sentirse " una chica Almodóvar" por la cercanía que siente con los personajes de las películas del director español, su humor y su forma de contar las cosas. Pero no sólo dive verse influenciada por Almodóvar, sino por todos aquellos directores que transmiten un tipo de "impresión de sus expreisones artísticas". "Soy una chica que tiene todas las personas y artistas que me han conmovido y por supuesto que Almodóvar es uno de ellos", afirma.

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