El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dejado a un paso del banquillo de los acusados al expresidente de Vitaldent Ernesto Ramón Colman y a otras 50 personas por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dictó este jueves el auto de pase a procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pone el foco en la "estructura societaria y de franquicias creada por Colman", y que habría dado "lugar a un modelo abusivo que buscaría el enriquecimiento de la organización a través de diferentes vías".

El magistrado sitúa en la cúspide al que fuera presidente de Vitaldent, a quien acusa de haber "creado un entramado de sociedades instrumentales, situando al frente a personas de su confianza (testaferros), ocupándose realmente de la gestión de todas y cada una de ellas". En esta red, detalla, habrían participado sociedades localizadas en España, Países Bajos, Suiza y Luxemburgo.

Además de a Colman, el magistrado sitúa en lo más alto de la organización a Bartolo Conte. Los dos acusados protagonizaban "un específico rol dentro de una operativa compleja, cuyo objetivo final era la comisión de fraudes masivos (de índole tributaria y contractual) y el blanqueo de los beneficios obtenidos en la estructura empresarial sujeta a comprobación".

Una de las vías utilizadas por la estructura para su enriquecimiento habría sido la de los sobrecostes, como habría quedado reflejado en "las obras de acondicionamiento de los locales, compra de material informático y software para la gestión de las clínicas, arrendamientos de locales en los que se establecen las clínicas y proveedores y laboratorios".

Según el instructor, se habría obligado a los franquiciados a comprar a determinados proveedores y a diferencia de lo publicitado, los beneficios o descuentos que obtenía la marca no redundaban en los franquiciados, sino que, al verse obligados ellos también a pagar un canon del 11%, se traducía en un incremento del precio para los franquiciados y, en el caso de las prótesis, en una disminución de su calidad.

Por otro lado, la red también se habría enriquecido por la inversión en publicidad. El canon anual, un 5% del bruto, no se aplicaba a esos fines. "Al igual que en el caso anterior, de las diligencias de investigación se deriva la existencia de varios documentos que acreditarían el desvío del canon de publicidad abonado por los franquiciados a otros fines", sostiene el juez.

En este contexto, García Castellón relata que la organización también habría perseguido otras vías para sus planes, y entre las que se encuentran la formación de personal para las clínicas, la inversión inmobiliaria y la financiación a los franquiciados.

Asimismo, el magistrado se refiere a la creación de una contabilidad en b y a un sistema de generación mensual y anual de grandes cantidades de dinero opaco fiscalmente. "En un primer momento, cada clínica podía generar en b la cantidad mensual elegida, debiendo entregar el 10% de lo ennegrecido a la organización, estableciendo para ello un sistema de recogidas de dinero en efectivo y facilitando la entrega de metálico en las reuniones anuales de los franquiciados", explica.

Con todo, "el sistema de generación en b habría evolucionado". "De tal modo se exigiría el pago de 10.000 euros mensuales en efectivo, pero únicamente a las clínicas propias y a algunos franquiciados de confianza, utilizando para ello el sistema de recogidas de efectivo diseñado con anterioridad", añade.

El magistrado incide en que desde el año 2005 hasta la instrucción de esta causa, que arrancó en 2015 en los Juzgados de Majadahonda antes de dar el salto a la Audiencia Nacional, Colman constituyó "un entramado societario con la finalidad de eludir sus obligaciones fiscales, obteniendo importantes cantidades de dinero, y de blanquear los beneficios obtenidos con esta actuación".

Ello, asegura el juez, habría "perjudicado a los franquiciados al imponerles una serie de condiciones por el uso de la marca (entre ellas, pago de determinados cánones según su volumen de facturación entre el 10 y el 11 %)".

"Y por actividades que no prestaba, destinando dichos recursos a su enriquecimiento personal, mediante la estructura de sociedades instrumentales al frente de las cuales ha situado a personas de su confianza (testaferros), pero ocupándose realmente de la gestión de todas y cada una de ellas, resultando un solo sujeto a efectos tributarios", apostilla el instructor.

Este auto del magistrado llega después de que el pasado mes de octubre acordase el archivo de la causa al entender que no quedaban acreditados los hechos delictivos que se atribuían a la antigua directiva. Sin embargo, la Sala de lo Penal revocó esa decisión el pasado mes de noviembre al tiempo que ordenó a García Castellón que dictase auto de pase a procedimiento abreviado.

Los magistrados de la Sala entendían que la investigación desarrollada en torno a Vitaldent originó un cúmulo de indicios sobre la supuesta perpetración de los hechos posiblemente constitutivos de los mencionados tipos penales, tal y como indicaba la Fiscalía Anticorrupción y una acusación particular.

El nuevo equipo directivo de Vitaldent ha negado los supuestos "abusos, coacciones y amenazas" de los que se quejan una veintena de clínicas franquiciadas, diseminadas por toda la geografía española, por negarse a subrogar sus contratos.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press el nuevo director general de Vitaldent, Javier Martín, que esta tarde presidirá en Tenerife el primer encuentro con franquiciados junto al resto del nuevo equipo directivo para presentar el plan de trabajo que ha diseñado la compañía para los próximos años.

Javier Martín explicó que desde febrero hasta noviembre de 2016, cuando se validó la operación de adquisición de Vitaldent por parte de la empresa JB Capital Markets SV SAU, de Javier Botín, se ofreció a los franquiciados la posibilidad de extender el contrato de franquicia en vigor durante 18 meses y sumarse al nuevo proyecto.

Sin embargo, alrededor de cuarenta franquiciados decidieron no adherirse a esta adenda contractual y quedaron ligados por decisión judicial al anterior propietario de los contratos de franquicia, por lo que tienen que ponerse al día de las responsabilidades y las deudas contraídas, precisó Martín.

El director general ha apuntado que la compañía, siguiendo las decisiones judiciales, sigue prestando los servicios de contrato de franquicia porque los contratos "siguen siendo legalmente válidos".

Segunda fase

El nuevo equipo directivo ha transmitido "la ilusión y las ganas por hacer algo único y diferente en el sector odontológico", al tiempo que ha destacado el compromiso que ha adquirido la dirección con la marca y con los pacientes que atiende Vitaldent en la Península y las islas.

Javier Martín indicó que una vez finalizada la primera etapa de transición, se inicia una segunda fase con la puesta en marcha de un plan de acción específico, empezando por Canarias porque es "una plaza muy importante en el universo Vitaldent por su dimensión y por la especificidad de su modelo de negocio".

Este plan de acción forma parte de un paquete de medidas que la nueva directiva va a compartir en una reunión con directores de clínicas y franquiciados de Vitaldent en las islas, que consiste en la puesta en marcha de una serie de prácticas para poder ejecutar en la clínica desde el punto de vista médico y comercial.

También contempla un refuerzo de todas las acciones de marketing –tanto local, como masivo– a través de los canales de comunicación habituales (televisión, radio y vallas exteriores) y finalmente un plan de consecución de objetivos para el siguiente semestre.

El director general ha señalado que el objetivo principal es consolidar a la compañía como líder del sector en España e Italia, desarrollando para ello su estructura organizativa y red de clínicas en ambos países.

"Trabajaremos para que Vitaldent sea reconocida en el futuro como un referente de calidad, compromiso, dedicación y buen hacer para los millones de personas que han pasado y pasarán por nuestras clínicas", indicó.

'Caso Colman'

Con esta nueva etapa, Vitaldent trata de recuperar la actividad tras el escándalo protagonizado por el anterior dueño, Ernesto Colman, pero en cualquier caso el nuevo director general quiere dejar claro que "no existe un caso Vitaldent; existe un caso Colman".

En este sentido, aclaró que si bien todavía hay un supuesto caso de fraude que está siendo investigado por la Audiencia Nacional relativa al anterior propietario, "nunca ha existido un impacto reputacional sobre la marca sobrevenido por una mala praxis, ni por ninguna de las prácticas realizadas en las clínicas Vitaldent".

Así, la nueva campaña de comunicación de la compañía viene a reforzar el modelo de negocio de la empresa, llamando a la acción a los pacientes, y sin olvidar que Vitaldent ha tenido en los últimos veinticinco años más de siete millones de clientes.

El director general añadió que Vitaldent es, probablemente, la decana del sector empresarial, pues no hay ninguna estructura en cadena con tanta antigüedad, y destacó que la compañía ha demostrado que cuenta con un modelo de negocio sostenible y que está basado en una buena praxis realizada durante años.

La prueba más evidente, según Javier Martín, es que cuando JBC adquirió la empresa en 2016, ésta estaba en tasas de rendimiento respecto al año anterior del 40%, y en estos momentos está en tasas del -10%, lo cual arroja "unos primeros síntomas de recuperación del negocio basado en la confianza de los pacientes".

En cualquier caso, señaló que han transcurrido más de doce meses desde que surgiera el escándalo en la franquicia y "la normalidad es lo que impera en las clínicas, pues el apellido Botín siempre genera confianza para los pacientes y los trabajadores que forman parte del universo Vitaldent".

La cúpula directiva de Vitaldent recibía anualmente 17,25 millones de eurosque ocultaba a la Hacienda pública, según un informe de la Unidad Central de Delincuencia económica y Fiscal de la Dirección General de la Policía recogido en el auto de la operación Topolino. En base a él cada una de las 146 clínicas propias de Vitaldent pagaba un canon mensual de 10.000 euros a la trama.

Cada clínica debía entregar en B la cantidad mensual elegida, debiendo entregar el 10% a la organización, para lo cual se estableció un sistema de recogida de dinero en efectivo y posteriormente fijar en 10.000 euros mensuales esta cantidad.  En base a estos datos, concluye que la cúpula de la empresa recibía 17,25 millones anuales que ocultaba a Hacienda. En el mismo informe, además, se constatan transferencias a Luxemburgo desde junio de 2012 a julio de 2015.

En total, en el operativo fueron arrestadas 13 personas en la Comunidad de Madrid y una en Torrevieja (Alicante) y se practicaron numerosos registros, en los que los agentes se incautaron de hasta 1,2 millones de euros en efectivo –400.000 euros en el domicilio del presidente, 100.000 en el despacho que compartían Conte y Sisinni, 66.000 euros en el de Javier Arteaga y 615.000 en el de su hermano Oscar–, así como un avión valorado en un millón de euros, 36 coches, varios de ellos de alta gama, y varias fincas.

Prisión sin fianza para seis de los detenidos

La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda ha decretado este miércoles prisión provisional comunicada y sin fianza para seis de los arrestados en la operación Topolino contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en Vitaldent, entre ellos el presidente de la entidad, Ernesto Colman, el vicepresidente, Bartolo Conte y otros miembros de la cúpula como los hermanos Javier y Óscar Arteaga, Nicolás Sissini y Yolanda Copete Piris.

En el caso del presidente de Vitaldent, Ernesto Colman, el vicepresidente, Bartolo Conte y los miembros de la cúpula Javier Arteaga y Nicolás Sissini, la juez les imputa delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y apropiación indebida, un delito contable y de organización criminal.

La magistrada les considera responsables de haber diseñado y participar en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa.

También ha acordado el ingreso en prisión comunicada sin fianza de Yolanda Copete Piris y Oscar Alteaga Gálvez, presuntos responsables o cooperadores necesarios de delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento mercantil y oficial y un delito de organización criminal. La jueza ha estimado la prisión provisional, solicitada por el Ministerio Público y la acusación particular, para evitar que los investigados puedan eludir la acción de la justicia fugándose del país.

Asimismo, ha acordado libertad provisional para otros cuatro arrestados en el marco de este operativo que ya han prestado declaración. Se trata de Luis María Aranda Vides, Miguel González-Blanch Roca, Iván Martínez Espinosa y María Jesús Lago. El juzgado les ha retirado el pasaporte y les prohíbe salir del país, además de obligarles a presentarse de forma regular en el juzgado, al estimar que en su caso no se aprecian las circunstancias que regulan la prisión preventiva.

Una denuncia de los franquiciados de las clínicas Vitaldent ha terminado con la cúpula de la empresa en los calabozos. Acusan a la empresa de Ernesto Colman de obligarles a pagar en metálico para engañar a Hacienda. Pero no han sido los primeros que se han levantado contra su franquiciador, en teoría su socio. Las quejas de autónomos y pequeños empresarios, embarcados en el negocio de explotar la marca de otro, se suceden según las franquicias van extendiendo su red. También se han intensificado en los últimos años de crisis, cuando más ha encogido el consumo y más personas han creído ver en el autoempleo una escapatoria al paro.

La última y más numerosa está a las puertas de la Audiencia Nacional y la acometen más de un centenar de franquiciados de los supermercados DIA. Aunque en los juzgados también se encuentran o se han encontrado otras enseñas tan familiares para el consumidor como Yves Rocher, Foster's Hollywood Yves Rochero YoigoYoigo. En otras como Llao Llao, Mail Boxes Mail Boxes–envíos de paquetería– o Restalia  –100 montaditos, La Sureña, The Good Burger– sus franquiciados han empezado a constituirse en asociaciones y plataformas para luchar por sus derechos y combatir lo que consideran prácticas abusivas de las marcas.

Independientemente de la enseña, e incluso del sector, las denuncias de los franquiciados son casi calcadas. La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ha expulsado a Vitaldent de forma cautelar por vulnerar el código deontológico de las franquicias, que obliga a “una gestión saneada y transparente”. Pero lo cierto es que las prácticas reveladas por los franquiciados despiertan sospechas sobre un modelo de negocio que reduce al mínimo el riesgo para el franquiciador y lo carga sobre un tercero. Es la fórmula perfecta si lo que se busca es una expansión rápida de la marca. Grupo Zena  –Burger King, La Vaca Argentina, Domino's Pizza, Cañas y Tapas– cuenta con 490 establecimientos; Restalia reparte 500 restaurantes en nueve país; Llao Llao nació en 2009 y dice estar presente en 28 países. En noviembre anunciaba la apertura de 70 tiendas de helados en Japón este año.

Plan de negocio ficticio, imposición de proveedores

En las demandas judiciales contra DIA, Yves Rocher o Foster's Hollywood, por ejemplo, los denunciantes aseguran que el plan de negocio que el franquiciador está obligado a proporcionar al franquiciado es ficticio. Una simulación, a veces un documento tipo, el mismo para todas las tiendas, que contiene previsiones de clientes y de beneficio irreales. En DIA prometen unos márgenes del 13% que jamás se alcanzan, aseguran los afectados.

En el caso de un restaurante de Foster's Hollywood en Ávila, el plan de negocio preveía 36.000 comensales al año, en una ciudad que no supera los 55.000 habitantes. Tanto el juzgado de instrucción como la Audiencia Provincial de Ávila consideraron abusivas las condiciones del contrato de Foster's Hollywood con sus franquiciados abulenses, que habían dejado de pagar el canon al que estaban obligados por falta de ingresos. La cadena de hamburgueserías es una más de las enseñas propiedad del Grupo Zena, que en 2014 pasó de las manos del fondo de capital riesgo CVC a los de Alia Capital Partners y el líder latinoamericano de la restauración Alsea.

Ese mismo año la Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia (CNMC) le abrió expediente por imponer a sus franquiciados todos los proveedores de productos y servicios, además de fijar los precios que éstos debían ofrecer al público. Ambas prácticas infringen la competencia. La CNMC aún no ha resuelto el expediente, abierto por una denuncia del Servicio de Defensa de la Competencia de Castilla y León.

No existe una ley de franquicias

El caso es que el control es escaso. De hecho, en España el contrato de franquicia carece de regulación legal. No existe una norma específica. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista únicamente le dedica un artículo, que se ha desarrollado en tres decretos-ley posteriores, uno de ellos para crear el Registro de Franquiciadores en 1998. En teoría, todas las empresas están obligadas a enviarle información de los locales que abren y cierran, pero los datos públicos se limitan al número de los establecimientos propios y franquiciados. Y no siempre están actualizados. El registro, dependiente del Ministerio de Economía, tampoco vigila o sanciona a la empresa que no manda información o que envía datos falsos, una competencia que el registro delega en las comunidades autónomas.

En DIA e Ives Rocher los franquiciados aseguran que no tienen ningún control sobre los pedidos que adquieren. El sistema informático lo administra la marca, no ellos. Los pedidos se cobran siempre, con independencia de si la tienda vende la mercancía y el franquiciado no puede modularlos en función de sus necesidades. Así pues, el franquiciado, no el consumidor, se convierte en el cliente de la marca, protestan. En ambas empresas, pero también en las marcas del grupo Restalia, la obligación de proporcionar ofertas al consumidor final o precios muy bajos termina por minar los ingresos del franquiciado. “Nos obligan a vender a pérdida”, resumen. Otra práctica prohibida por la ley.

“Algunos no quieren trabajar”

Abrir una clínica de Vitaldent exige una inversión cuantiosa, 280.000 euros. Para estrenarse con 100 Montaditos hacen falta 150.000 euros y pagar un canon de entrada de 30.000 euros más. En Mail Boxes es necesario poner sobre la mesa 55.000 euros. DIA pide un canon de entrada de 12.000 euros, así como un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Pero la mayoría de las franquicias son mucho más modestas: la inversión media es de 68.900 euros, según el informe La franquicia en cifras 2015, elaborado por Mundofranquicia Consulting. Muchos de los denunciantes son despedidos de sectores ajenos al mundo del comercio o de la empresa en general, que han capitalizado su prestación de desempleo, invertido sus ahorros, hipotecado su casa para “emprender”. Y lo han pagado con la ruina, se lamentan.

En general, más del 50% de los emprendedores no consigue superar los dos primeros años de actividad. Es más, según las organizaciones de autónomos, el mayor índice de “mortandad” se produce en el primer año.

Los franquiciadores se defienden asegurando que las “disconformidades”, y por tanto los pleitos judiciales, son mínimos, que su modelo de negocio es transparente y rentable, y que los malos resultados son producto de la falta de implicación del franquiciado o de su falta de pericia empresarial. Hace sólo unos días, el propietario de las tabernas Lizarrán se ponía “a disposición de sus franquiciados”, tras el cierre de todos sus locales en Galicia y de cinco de ellos sólo en Madrid, según publicó economíadigital.es. “Algunos no quieren trabajar suficientemente, otros tenían una pésima ubicación, aunque algo de culpa tendrá la empresa por no haber sabido seleccionar adecuadamente a los franquiciados”, explicaba.

“El franquiciado apenas tiene beneficios”

Sin embargo, la firma JP Morgan vino a dar la razón a los descontentos, en concreto a los de DIA, en un informe para inversores que publicó el pasado mes de febrero. Según su análisis, el modelo de negocio de la cadena de supermercados, basado en unos márgenes anormalmente altos y unas ventas menguantes, es “insostenible”. Unos márgenes que DIA consigue “a costa de sus franquiciados”. JP Morgan utiliza el término “canibalización”.

“El franquiciado [de la cadena española] apenas tiene beneficios”, asegura el informe. No gana dinero pese a que “gestiona ciertos costes mejor” que DIA en sus tiendas propias. El informe cita como ejemplo los costes de personal, de residuos y por robos. Por ejemplo, al tratarse de autónomos o emprendedores, los franquiciados “trabajan más horas sin cobrar horas extraordinarias”. “En otras palabras”, concluyen los analistas de JP Morgan, “DIA se queda con la mayor parte de los ahorros de costes generados por el franquiciado en personal y otros conceptos”. El 60% de las 7.583 tiendas de la cadena son franquicias.

En España funcionan 1.114 franquicias, que facturaron en 2015 un total de 18.667 millones de euros. Según el informe anual sobre el sector que elabora Tormo Franquicias Consulting, emplean a 341.966 trabajadores.