El 2 de julio de 1976 se reúne por última vez el Consejo de Ministros de aquel gobierno, presidido ese día por el general De Santiago. Aunque los ministros no lo saben, el día anterior el presidente Arias ha acudido a la Zarzuela, respondiendo a la llamada del rey Juan Carlos I y, encontrándole agobiado, se adelanta al monarca y le dice, según contó luego a sus ministros, “que comprendía lo que quería y que ofrecía su dimisión inmediatamente y sin dificultad alguna”. Uno de ellos anota en su diario: “Sensación general de interinidad y suspicacia, nadie está seguro de nada. Fraga está excitado, verboso y mandón”.

Fin de ese primer gobierno de la monarquía franquista, que había jurado sus cargos el 13 de diciembre de 1975. 202 días. Pero estaba hundido desde finales de marzo, cuando apareció Coordinación Democrática (resultado de la fusión de la JD, Junta Democrática de España, y la PCD, Plataforma de Convergencia Democrática).

Tres preguntas: ¿qué pretendía aquel gobierno?, ¿quiénes y cómo lo hundieron?, ¿qué consecuencia tuvo su naufragio?

Miren la foto y los levitones de la primera línea.

Tercer vicepresidente: Villar Mir, un hombre de empresa, convencido de que la situación política y económica que dejaba Franco era pésima. Con otras palabras: el régimen estaba en descomposición. Seguidor de Fraga. 47 años después, con toda solemnidad, afirmaba que el posterior nombramiento de Suárez como presidente fue un error, un inmenso error.

Segundo vicepresidente: Fraga Iribarne. Detengámonos en su figura. Es el “liberalizador” por antonomasia del régimen desde 1962, despedido en 1968 y vuelto en este momento crítico. Se considera, y lo es, la mente política de este gobierno, el que ha de definir el proyecto a ejecutar. Tiene en su cabeza la reforma del régimen que van a hacer los que le han servido y siguen orgullosos de los servicios que le han prestado. Se ve como el Cánovas del siglo XX. Hará una nueva restauración de la monarquía borbónica. Tiene en su cabeza aquella historia y el Estado franquista, y cree que su diseño restaurativo puede ejecutarse como obra de ingeniería. Ha de contar con el pilar del Estado, su Ejército, cuyo generalato obedecerá la orden que les dio Franco: seguid a quien nombré mi sucesor. A su proyecto entonces se le podía llamar “recomposición del fascismo”. Con el lenguaje de hoy se podría decir que Fraga pensaba en llegar a un sistema de los calificados como “democracias iliberales”, producto de la degradación sistemática de las libertades públicas. Una de las desorientaciones que padeció fue no advertir que la restauración canovista fue precedida de un pronunciamiento militar ante fuerzas progresistas, en radical división y decadencia con fracaso de la Primera República. En la España de 1976, la situación evolucionaba en sentido inverso.

Primer vicepresidente: De Santiago, un teniente general tan contrario a las libertades que algunos pensaron que era el “elefante blanco” esperado en el Congreso el 23-F. Siguió luego como vicepresidente en el primer gobierno de Suárez. Duró muy poco, pues dimitió cuando vio que Martín Villa estaba dispuesto a abrir la puerta a la libertad sindical.

Presidente: Arias Navarro, ministro de Gobernación en el gobierno de Carrero Blanco, ascendido a presidente por Franco para dar sentido a su frase, referida al magnicidio: “No hay mal que por bien no venga”. Puede explicarse así: me habéis dado el pretexto para reprimir sin límites a cuantos se alcen contra mí, e incluso a sangre cuando quiera; lo que se tradujo pronto en los juicios farsa de las condenas y ejecuciones a muerte a finales de septiembre de 1975. La experiencia política de este presidente apodado “carnicerito de Málaga”, era “esencialmente policiaca y represiva”, como anotó uno de sus ministros.

Lo hundimos cuantos creíamos que solo la creciente lucha contra la dictadura era la forma de acabar con ella. Los comunistas en primer lugar. Incluyan en esas filas no solo al PCE, sino también especialmente a los que el catedrático de Historia Contemporánea Julio Pérez Serrano denomina partidos del “segundo maoísmo”: ORT, Partido del Trabajo, MC. Es más, incluyan a lo que quedaba de Bandera Roja, ahora llamada OICE, PUC canario (también maoístas) y LCR. Esos partidos del segundo maoísmo le habían arrebatado al PCE su autoatribuido monopolio de la representación política de la clase obrera movilizada. Habían crecido hasta el punto de que todavía en el primer semestre de 1977 eran los únicos, además por supuesto del PCE, que tenían una militancia organizada de unos cuantos miles de activistas. Los de la “oposición democrática” de derechas cabían en un minibús; los más, en un ómnibus. El PSP de Tierno empezó a crecer en ámbitos profesionales, solo tras su ingreso en la JDE en 1974. El PSOE lo haría desde su iniciativa de constituir la PCD en 1975.

No había solo que creer en la movilización, sino estimularla; y solo podían hacerlo quienes tenían los pies en la tierra sólida del asociacionismo obrero, popular, vecinal. La oleada de movilizaciones que se produjeron en enero del 76 y la que a comienzo de marzo dio lugar a la matanza de Vitoria abrieron un boquete fatal a aquel gobierno. Más grave aún porque el PCE, desde enero de 1976, tenía el pie tanto en el acelerador como en el freno. Y aún así crecía la movilización. Quienes invocan que esta era fundamentalmente por motivos económicos, y que por tanto su influencia como factor político solo podía ser escaso, obvian por completo la implosión del despertar de la conciencia cívica política cuando confluye con una crisis de naturaleza política. Se activa un espontaneísmo que hace germinar semillas plantadas con anticipación y esfuerzo.

Para documentar lo que aquí he dicho invoco la obra El mito de la transición, del catedrático de Historia Contemporánea y militante del PSUC Ferrán Gallego, que destaca la participación de ORT y del PTE en las huelgas obreras de enero de 1976 y el manejo del freno por PCE y PSUC. Y sobre las acciones de marzo en Vitoria y el papel destacado de ORT y MC y otros y la cuasi ausencia del PCE y del PSOE, baste leer el artículo Memoria de una matanza de hace 50 años, de Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea, publicado en El País el 3 de marzo de 2026.

Para ese hundimiento también fue necesaria la fusión de JDE y PCD en CD (la Platajunta), que se produjo el 26 de marzo y que ha de considerarse una consecuencia y no solo un hecho posterior a la crisis de Vitoria. Con CD entraba en la escena una posible alternativa a la reforma, la liberalización, o como quisieran llamarle, del régimen; ya sin dictador, pero con dictadura coronada, cuya fuerza fundamental estaba en la obediencia de la cúpula militar al rey. Formalmente, con todos los poderes que las leyes fundamentales del régimen establecían para el jefe del Estado y único pivote, aunque poco firme, en torno al que hacer girar y agrupar a los beneficiarios políticos y económicos de una larga dictadura.

Esta potencial alternativa de ruptura con el régimen dictatorial, declaradamente pacífica, era aún débil, poco organizada, llegaba impuesta por las circunstancias (aunque algunos, entre ellos ORT, veníamos clamando por esa fusión). Y esa debilidad la marcaba no su potencialidad para ampliar sus apoyos sociales, sino la propensión de bastantes de sus integrantes a llegar a acuerdos con los detentadores del poder y a darle oportunidades a Juan Carlos I de “borbonear”, aunque fuera poco a poco.

Dicho de otra forma: había costado mucho hacerla aparecer y podía costar muy poco dividirla y anularla como alternativa; aunque no podía evitarse que desde su misma constitución fue un factor político clave, fuente de presión, de influencia variable en intensidad, según las circunstancias cambiantes.

Miren la foto. Verán a un joven Adolfo Suárez, avispado para el ascenso, atrevido para escalar, luego audaz hasta la temeridad cuando las circunstancias se lo exigieron; el político que arrebataría la iniciativa política a la izquierda y al que la inmensa mayoría de la derecha no le agradecería que consiguiera la hegemonía electoral en 1977 y la conservara en 1979 porque había llevado la Transición más allá de donde la había proyectado su mentor Torcuato Fernández Miranda; y lo hizo porque fue más sagaz e inteligente que este y que Fraga juntos.

En una palabra, aquel hundimiento dio lugar a la presidencia de Suárez, iniciándose el tiempo y el proceso complejo, no lineal, de la Transición, culminado en la aprobación de la Constitución Española en diciembre de 1978, que supuso una ruptura con el régimen franquista, derogando todas sus Leyes Fundamentales. Dejémoslo aquí porque esta es otra historia.

Termino pidiéndoles que dirijan su mirada de nuevo a la fotografía. Descubran al conde consorte de Motrico, José María de Areilza, elegido como ministro de Exteriores por Juan Carlos I para que vendiera en el mundo (léase aquí: Comunidad Económica Europea y al primo de Zumosol, EEUU) la idea de que la monarquía iba a traer la democracia.

Recomiendo a los interesados que lean su Diario de un ministro de la Monarquía (Planeta, septiembre de 1977). Describe desde dentro la naturaleza y los avatares de aquel trayecto.

Para quien no disponga de la ocasión, y a costa de extender este artículo, traigo aquí alguna de sus anotaciones.

9 de diciembre de 1975. Me cita Arias en la Presidencia y me dice que, pese a sus deseos de abandonar, el rey le había pedido que no lo abandonase en estos momentos. Me habló de los planes subversivos de la izquierda, refiriéndose a los proyectos de huelgas y desórdenes planificados por la Junta Democrática y el Partido Comunista para los próximos días, y me dice: “Si no unimos nuestro esfuerzo en estas horas difíciles, la monarquía se puede hundir en pocos meses”.

13 de diciembre. Jura del Gobierno. La izquierda, respetuosamente expectante todavía.

12 de enero de 1976. Las huelgas se desmelenan sobre Madrid. Cientos de hombres y mujeres en paro y servicios públicos afectados: metro, correos, teléfonos... Es un plan metódicamente trazado que oí de labios de uno de los dirigentes izquierdistas. Habría que enfrentar esa estrategia con un plan de división del adversario.

13 de enero. Despacho con el presidente Arias. Habla de represión, de hacer frente, de dureza contra el enemigo.

26 de enero. El cardenal primado Marcelo González, en un aparte (cuando no le oye el cardenal Tarancón), pide que el Gobierno le ayude en el tema económico y me dice: “Son 20.000 curas rurales que malviven con un sueldo de hambre… y son el clero más sano de España frente a los mil curas enloquecidos que andan por ahí predicando la revolución en las ciudades”.

28 de enero. Me viene a ver Gutiérrez Mellado y me dice que se utiliza contra él el argumento de que mantuvo —y mantiene— una actitud racional y moderada en el delicado tema del procesamiento de los oficiales de la UMD. Teme que la condena de los oficiales producirá una notable fisura en la unidad de las Fuerzas Armadas, con imprevisibles consecuencias. Lo menos 500 oficiales se harán republicanos activos ese mismo día.

11 de febrero. Arias Navarro, en la comisión mixta Gobierno-Consejo Nacional, dice: “Se me acusa de querer simplemente continuar el franquismo con un retoque de fachada, pero sin cambiar nada esencial... pues bien sí, es cierto, yo lo que deseo es continuar el franquismo”. Fraga, colorado de ira. Mal empieza la reforma.

5 de marzo. Los sucesos de Vitoria ocupan el tema del día. Todos pendientes de lo que allí ocurre. El presidente, crispado, echa la culpa a los jueces que ponen en libertad a los detenidos cuando no encuentran motivos de procesamiento... Han acuartelado las tropas y el capitán general pregunta si tiene que declarar el estado de guerra en la ciudad. [Marcho] destrozado por la gripe, pero en realidad por la participación directa en un equipo insólito e insoluble a corto plazo que se llama el primer gobierno de la monarquía.

9 de marzo. Encuentro al monarca con mala cara, se queja del presidente y de los medios de comunicación.

27 de marzo. Me llama Fraga, desbordado: que si he leído el borrador final del acuerdo de la Platajunta que sale el lunes, que es intolerable que después de ofrecerles un campo de juego, con unas reglas fijadas con generosidad, salgan ahora con el Frente Popular. ¡Se acabó la tolerancia, se acabó el autorizar reuniones y congresos!

1 de abril. Reunión preparatoria en Presidencia. Hay signos de evidente tensión. Fraga plantea a diestra y siniestra el problema de Coordinación Democrática, su manifiesto y las detenciones, en términos rotundos, implacables. Cuando yo planteo a Fraga determinadas autorizaciones, se opone a uno de los aspectos y lo hace en tono agresivo y violento, casi amenazador.

3 de abril. Viene Fraga a comer a casa. Venimos al tema de la Coordinación Democrática. Insinúa que el Ejército no se moverá ni intentará nada en tanto que se le garantice orden público, antiterrorismo y exclusión del Partido Comunista y [dice]: necesito sacudir de vez en cuando al partido y meter en la cárcel a sus dirigentes; ayer a Montero, hoy a Camacho. Es un planteamiento realista y brutal. Tengo la impresión de que lo que Fraga ha pactado a su manera es, en realidad, el apoyo militar a su candidatura en el caso probable de que Arias renuncie.

8 de abril. La monarquía está retrocediendo a marchas forzadas hacia el franquismo en sus peores acepciones. Encuentro al rey con el espíritu ausente, preocupado, pero sin darse bien cuenta de la urgencia de la situación.

10 de abril. Reunión informal en Presidencia. Fraga trae dos propuestas... Hace una larga explicación de que no habrá nunca riesgo de que las izquierdas manden en España con esta reforma, es decir, que no hay alternativa real de poder abierta para ellos, debido al gran número de cerrojos que el resto de las leyes fundamentales dejan en pie para evitarlo. Se dirige al teniente general De Santiago para tranquilizarlo. El general no dice nada, es un trance revelador.

Jueves Santo. Visito a Torcuato... El Gobierno navega a la deriva... Carlos Arias no puede seguir... El rey tiene que asumir la responsabilidad del cambio.

23 de abril. El Gobierno está prisionero del búnker y de los servicios de información, y quizá Fraga ha sido involuntariamente el autor de ese basculamiento. ¿Vamos derechos al enfrentamiento y a la revolución? Aquí no hay posibilidad, ni propósitos, ni deseo de dialogar con nadie. El franquismo sin Franco —que era su moderador— se prepara otra vez a gobernar con los peores métodos de su larga y triste historia. ¿Será posible?

25 de abril. Veo a Gil Robles. Tiene la autorización de toda la izquierda responsable para visitar al rey y dialogar con él. Quiere verle pronto, antes del discurso de Arias. En el fondo, toda la oposición, incluido el PC, quiere negociar o pactar; no quiere líos ni violencias. Es un momento increíblemente oportuno para jugar a fondo la carta de la monarquía.

27 de abril. Pérez de Bricio cree que no hay solución con Arias en el poder. Piensa que el rey no se atreve a quitarlo. Me sorprende cuando afirma que hay cintas magnetofónicas en que se registran conversaciones del monarca cuando era príncipe de España.

28 de abril. Me llama el rey para decirme que recibirá a Gil Robles. Está indignado con Carlos Arias porque no le ha comunicado el texto del discurso.

30 de abril. Ningún ministro felicita al presidente por su discurso. El tema de la reunión es aprobar la versión definitiva de reforma constitucional. Fraga es el encargado de la operación. El objetivo sigue siendo el mismo: que nunca salga el poder de manos de la actual derecha.

19 de junio. Almuerzo con Robles y Fraga. Sulzberger ha publicado en The New York Times y en Herald Tribune un artículo que contiene declaraciones de Fraga que, en esencia, confirman que el PC será legalizado en un futuro no muy lejano... No de momento.

1de julio. El rey me dice: “Esto no puede seguir, so pena de perderlo todo. El oficio de rey es a veces incómodo. Yo tenía que tomar una decisión difícil pero la he tomado. La pondré en ejecución de golpe, sorprendiendo a todos. Ya estás advertido y te callas y esperas. Antes de lo que se piensa. No hay más remedio”.

Llamo a De Santiago y le pregunto si va a declarar el estado de guerra. Me dice que no. Hablo con Villar Mir y me contesta que no va a devaluar. Me dice Fraga que no se va al estado de excepción. Luego no hay más que una explicación: la dimisión de Arias.

En el libro de Areilza hay mucho más. En particular, lo que cuenta de sus varias entrevistas con Kissinger, que le transmite que no hagan mucho caso a los europeos aunque les pidan la inmediata legalización de los partidos, porque sus democracias no funcionan; que no tengan prisa; que solo convoquen elecciones cuando tengan asegurado el triunfo del partido gubernamental, etc., etc. Pero esta es otra historia.

En el Ateneo de Madrid se hizo un despliegue a propósito del aniversario de la muerte de Franco y el comienzo del reinado de Juan Carlos I. Allí no empezó ni la democracia ni la Transición. Muchos actos. Pocos debates de verdad. Porque estos requieren versiones distintas y aún contrapuestas, con participantes capaces de dar una visión general coherente, después de mirar al microscopio.

A pesar de la ingente y continuada producción académica y memorialística sobre aquel período trascendental, la cultura política democrática de los españoles necesita enriquecerse con sus enseñanzas. Deseo que el Ateneo, en su afán de ilustrar desde el pluralismo, la ensanche y le dé continuidad. Es una necesidad vital.

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José Sanroma Aldea es abogado y ex secretario general de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT).

El 22 de noviembre de 1975, dos días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Confirmó al entonces presidente Carlos Arias Navarro, pero le impuso como ministros a algunos de los políticos franquistas en principio más favorables a la apertura, como Manuel Fraga, al frente de Gobernación.

Pese a tal impulso, el Gobierno Arias fue un fiasco. El presidente temía que las reformas pusieran en peligro la esencia del régimen, por lo que su política resultó vacilante y contradictoria. No solo no se legalizaron partidos y sindicatos, sino que ni siquiera se aprobaron los derechos de reunión, manifestación y huelga. No es de extrañar que Arias suscitara el rechazo tanto de los antifranquistas y de los franquistas liberales como del sector más reaccionario. Este era conocido como “el búnker” y tenía un carácter minoritario, pero con presencia en las Fuerzas de Orden Público (FOP).

Por otro lado, la coyuntura socioeconómica resultaba adversa. La crisis del petróleo (1973) había producido carestía de vida, pérdida de poder adquisitivo, inestabilidad laboral, despidos y progresiva dureza de la patronal a la hora de la negociación de los convenios colectivos. De ahí que el clandestino movimiento obrero, con la impronta del Partido Comunista de España (PCE) y la extrema izquierda, protagonizase un ciclo de protestas de enorme incidencia.

Ese fue el contexto en el que hay que enmarcar los sucesos de Vitoria. Debido a un enconado conflicto laboral, las plantillas de varias empresas de la ciudad mantenían un paro desde comienzos de 1976. Tales movilizaciones no estaban impulsadas por los sindicatos, sino por asambleas de trabajadores.

El 3 de marzo, por tercera vez consecutiva, llamaron al conjunto de la población a una huelga general en solidaridad con su lucha. Por la mañana se registraron piquetes, barricadas, pedradas contra los agentes y cargas policiales. Por la tarde se celebró una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio de Zaramaga. El Gobierno Civil ordenó el desalojo, pero no fue obedecido por las mil personas que se habían reunido allí.

Como Fraga estaba en Alemania, el Gobierno trasladó la responsabilidad a los mandos policiales. Optaron por la mano dura. Incumpliendo el Concordato con la Santa Sede, que protegía el ámbito eclesiástico, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos dentro del templo, por lo que los asistentes a la asamblea se vieron obligados a salir. Los agentes no solo usaron porras y pelotas de goma contra ellos, sino también armas de fuego.

Todavía hay incógnitas por resolver. En palabras del historiador Carlos Carnicero, se trató de “una actuación criminal claramente, pero si hubo una orden directa de actuar así porque era aquello de especial gravedad o fue una decisión de los cuerpos policiales que estaban allí y fue una negligencia, eso es algo que por la documentación no hemos podido saber”.

En total, la Policía Armada mató a cinco trabajadores: Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. A la lista habría que sumar cerca de un centenar de heridos, incluyendo algunos agentes. Por añadidura, el día 6 un manifestante que protestaba por aquella masacre en Tarragona, Juan Gabriel Rodrigo, falleció al caerse de una azotea cuando huía de la Policía.

Siguiendo la consigna “Vitoria, hermanos, no os olvidamos”, se convocó una huelga general para el 8 de marzo. La oposición calculó que habían parado 500.000 trabajadores vascos y navarros. Aunque las fuentes oficiales rebajaban la cifra, reconocieron que tan solo en Guipúzcoa habían hecho huelga 105.000 empleados.

En aquella jornada se sucedieron los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas de Orden Público, que se saldaron con una nueva víctima mortal: un guardia civil mató de un tiro al joven Vicente Antón Ferrero en Basauri. Al día siguiente unas 50.000 personas se concentraron en aquella localidad.

Ningún funcionario fue condenado por el brutal operativo de Vitoria. Tampoco dimitieron sus responsables políticos. Fraga, quien había acuñado el lema “la calle es mía”, se escudó en su ausencia. Al ser incapaz de modernizar las FOP, su imagen reformista y su gestión como ministro fueron muy cuestionadas.

La tragedia de Vitoria tuvo dos consecuencias políticas. Por una parte, empujó a la oposición moderada a fusionar los dos organismos en los que se encontraba dividida. Así se creó la Coordinación Democrática, más conocida como 'Platajunta'.

Por otra, aumentó las tensiones entre Juan Carlos I y Arias, que a la postre provocaron su dimisión en julio de 1976. El rey encargó la formación de un nuevo Gobierno a Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro secretario general del Movimiento. A pesar de la lógica desconfianza inicial de la oposición, el nuevo presidente sumó voluntades y lideró la Transición democrática.

¿Se ha recordado el 3 de marzo de 1976? Sí, pero con dos escollos. Por un lado, el olvido institucional. Durante décadas ni se amparó a las víctimas ni hubo homenajes oficiales. Por otro, la utilización política. Las reivindicaciones del movimiento obrero alavés, en gran medida nutrido por inmigrantes de la España rural, eran laborales, no abertzales. Ni ETA ni su entorno habían tenido incidencia.

No obstante, no tardaron en instrumentalizar los sucesos. El 6 de septiembre de 1980, ETA político-militar asesinó al capitán de la Policía Nacional Basilio Altuna con el pretexto de haber participado en el operativo. Posteriormente, usando la expresión del profesor Jesús Casquete, la izquierda abertzale ha vampirizado la memoria del 3 de marzo.

A pesar de todo, el trabajo del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco, con historiadores profesionales como José Antonio Pérez, Antonio Rivera y Carlos Carnicero, ha servido para localizar las fuentes disponibles, analizarlas, contrastarlas y ofrecer un relato histórico documentado, sólido y riguroso.

En los últimos años, el compromiso de las instituciones ha permitido que las víctimas fuesen reparadas y homenajeadas de manera oficial. En base a la Ley de Memoria Histórica de 2007, entre 2009 y 2010 el Gobierno de España indemnizó a las familias de las víctimas mortales y a los heridos. Posteriormente el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava aprobaron nuevas partidas. En 2024 el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Obispado de Vitoria y las asociaciones Martxoak 3 y Memoria Gara crearon la Fundación Memorial 3 de Marzo, que también recibe aportaciones económicas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Al año siguiente la iglesia de San Francisco de Asís fue declarada Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno de España. En el futuro albergará un museo para recordar los sucesos de Vitoria.

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Gaizka Fernández Soldevilla es responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Se han cumplido 50 años desde que los españoles encendieron la televisión para descubrir la imagen de un Carlos Arias Navarro solo, visiblemente afectado y sentado frente a un micrófono. El entonces presidente del Gobierno fue el encargado de dar la noticia: "Españoles, Franco ha muerto". Ha pasado medio siglo de aquello y, sin embargo, todavía hay muchos que siguen ensalzando al dictador. Los que más, la Fundación Francisco Franco que, por el aniversario, decidió celebrar un acto en el colegio privado concertado San Vicente de Paúl de Zaragoza.

El lugar no fue el elegido en un primer momento. Tuvieron que cambiar de un hotel, primera opción, al colegio después de que la Coordinadora Antifascista de Zaragoza denunciara mediante sus redes sociales que el sábado 29 de noviembre estaba previsto un acto de exaltación al fascismo en el Hotel Centro Coso, S.L. La presión social dio sus frutos y el hotel acabó por desprogramar el evento, aunque esto no impidió que se celebrara.

El medio digital Arainfo pudo comprobar, a través de distintas fuentes, que el acto fascista sucedió en el colegio San Vicente de Paúl. Además, medios como Crónica Global publicaron varias fotografías. En las propias redes sociales de la Fundación Francisco Franco se puede apreciar el interior de la escuela.

En diciembre, Arainfo contactó con el centro concertado para conocer su versión de los hechos. En un primer momento, no obtuvieron respuesta. Después de insistir, el centro negó rotundamente que el acto se hubiera celebrado en sus instalaciones. Cuando el medio les mostró las pruebas que habían recabado, finalmente admitieron lo que había sucedido y argumentaron que se trataba de un "favor entre dos personas particulares, dada la premura que manifestó una de ellas". Además argumentaron que su celebración no figuraba en el registro oficial debido a que se trataba de un "día festivo".

Ahora mismo, la Fundación Francisco Franco está sumida en un proceso judicial que podría acabar con la disolución del grupo, como pide el Gobierno alegando que hace apología del franquismo, humilla a las víctimas de Franco y que no busca un "interés general". El colegio concertado ha insistido en que “no consentiría la comisión de delitos en el seno de sus instalaciones”.

Este episodio se enmarca, además, en un contexto de creciente desvío de recursos públicos desde la educación pública hacia la privada concertada en Aragón. Recientemente, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha destinado más de 20 millones de euros procedentes de la educación pública a empresas educativas privadas. Siete de los millones se destinaron a la concertación del bachillerato y 13,2 a subvencionar en empresas privadas la enseñanza de 2 a 3 años.

El empresario Juan Miguel Villar Mir, fundador del grupo industrial e inmobiliario que lleva sus apellidos, ha fallecido este sábado en Madrid a los 92 años, según ha informado en un comunicado Ferroglobe, empresa del Grupo Villar Mir.

Nacido en Madrid en 1921, Juan Miguel Villar Mir era doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (número uno de su promoción), licenciado en Derecho por la Universidad Complutense (San Bernardo), diplomado del Economic Development Institute de Washington D.C. y diplomado en los Cursos Superiores de Administración de la Empresa de la Escuela de Organización Industrial EOI, según informa Europa Press.

Era dos veces catedrático por oposición de la Universidad Politécnica de Madrid y pertenecía a cuatro Reales Academias, siendo Académico de Número de la de Ciencias Morales y Políticas y la de Ingenieria.

Sin haber pertenecido jamás a ningún partido político, fue requerido para desempeñar, y desempeñó, los cargos de vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Hacienda en el primer Gobierno de la Monarquía, al comenzar la transición política española.

En 1967 se lo designó presidente del Fondo Nacional de Protección del Trabajo para, posteriormente, convertirse en presidente de Altos Hornos del Mediterráneo e Hidrónitro Española.

Años mas tarde, en 1987, tras la adquisición de Inmobiliaria Espacio y la empresa de construcción Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón, sentó las bases para construir el imperio que levantaría durante los próximos años.

Por un precio de una peseta además de la deuda, Villar Mir decidió quedarse con Obrascón a pesar de los miles de millones que tenían de pasivo a corto y largo plazo. Posteriormente, en 1998 adquirió la constructora navarra Huarte, que había entrado en suspensión de pagos y meses más tarde pasó a controlar Laín, que ya cotizaba en Bolsa de manera que terminó por alumbrar un conglomerado que ya estaba en el mercado: Obrascón Huarte Laín, OHL.

En 2006 se hizo con la totalidad de sus participaciones, tras lanzar una OPA por el 100% de su capital.

Después de tres décadas al frente de OHL, Villar Mir abandonó la presidencia del grupo en 2016 y su hijo, Juan Villar Mir de Fuentes, ocupó su puesto.

El 12 de mayo de 2021 abandonó, definitivamente, sus funciones ejecutivas y pasó a ocupar la presidencia de honor de Grupo Villar Mir.

Finalmente, en marzo de 2023, Grupo Villar Mir abandonó definitivamente el capital de OHLA, la sociedad ahora controlada por los Amodio, tras traspasar a Tyrus, un fondo vinculado a la deuda de Villar Mir, el paquete accionarial del 7% que ostentaban por 23,5 millones de euros.

En el año 1995, quiso presentarse a las elecciones para ser el presidente del Real Madrid, aunque finalmente se unió a la candidatura de Ramón Mendoza, con el que ejerció de vicepresidente del club. Posteriormente, en 2006 concurrió a los comicios contra Ramón Calderón y resultó derrotado.

El Rey Juan Carlos le concedió un marquesado en 2011.

El panteón del cementerio de El Pardo donde se enterrará al dictador Francisco Franco tras su exhumación del Valle de los Caídos se sufragó con fondos del ayuntamiento de Madrid para parados y costó 11,5 millones de las antiguas pesetas del año 1969 (69.000 euros de los actuales), si bien por entonces el salario mínimo se situaba en 18 euros al mes, informa Europa Press.

Tanto las obras de construcción como la decoración interior a cargo de diversos artistas se cargaron a los fondos del Recargo de la Décima para la Prevención del Paro Obrero, el impuesto sobre propiedades rústicas e industriales creado en 1931 por los ministros socialistas Indalecio Prieto y Largo Caballero que debía destinarse a obras municipales en las que se contratase a parados.

En documentos de la época del Archivo General de la Villa de Madrid consultados por Europa Press, no se especifica el número de desempleados contratados para la obra, pero sí que el 40% del presupuesto se destinó a pagar a escultores y otros artistas que decoraron con materiales nobles el interior del panteón, dotado de capilla y cripta.

Entre los artistas elegidos figura Santiago Padrós, el autor del mosaico que decora la gigantesca cúpula de la Basílica del Valle de los Caídos, y a quien también se encargó la realización de sendos mosaicos en mármol, esmalte vítreo y oro en la bóveda central de la cripta y en la del presbiterio de la capilla del cementerio de El Pardo. La escultora peruana Susana C. Polac es la autora de las lámparas colgantes que decoran la capilla y la cripta, mientras que la vidriera de hierro forjado de la puerta principal es obra de José Luis Alonso Coomonte, ya que falleció sin poder completar el trabajo el artista al que inicialmente se encargó el proyecto, José Espinós.

El sucesor de Espinós en su taller, Esteban Tornin Portomarín, sí hizo la verja que decora la bajada a la cripta, siguiendo el boceto de Espinós. Otros de los artistas contratados para la decoración del panteón fueron el escultor Fernando Cruz, quien hizo en diversos materiales una escultura de la Virgen del Carmen sentada con el Niño Jesús de pie sobre su regazo, así como Federico Coullaut, autor del Cristo crucificado en madera para el altar de la capilla.

Los pliegos de condiciones de la obra detallaban que los profesionales de los distintos oficios que participaran en la obra, especialmente en el ámbito de la cantería, marmolistería y hormigones, habrían de ser "de primera categoría y de la confianza del arquitecto director de las obras", mientras que no se hace mención alguna a la necesaria contratación de desempleados.

Incluso describía minuciosamente las condiciones que deberían cumplir los materiales usados. Por ejemplo, se pedía que el agua para la confección de morteros fuera "lo más pura posible; preferible a la de fuente o pozo" y la arena empleada en la construcción "limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual, si fuera necesario, se tamizará y se lavará convenientemente". Hasta se previó la colocación de uno o varios pararrayos.

Decisión de "la Superioridad"

La decisión de acondicionar el cementerio de El Pardo y construir una capilla que hasta entonces no tenía la tomó la corporación municipal con Carlos Arias Navarro como alcalde el 30 de abril de 1969. La memoria del proyecto explica que la obra se hace "cumpliendo lo ordenado por la Superioridad". Curiosamente, Arias Navarro, que sería nombrado presidente del Gobierno tras el asesinato de Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, está enterrado en el mismo cementerio.

La urgencia en la ejecución –se fijó un plazo de seis meses– alegando "circunstancias imprevisibles" y la necesidad de contar con empresas y personal especializado sirvió para justificar que todas las adjudicaciones se hiciesen bajo la fórmula de la contratación directa, en lugar del concurso. Eso sí, en ningún documento se menciona quién o quiénes serían los usuarios de la cripta, donde en la actualidad sólo reposan los restos de la mujer de Franco, Carmen Polo.

El diseño de la edificación corrió a cargo del arquitecto de Patrimonio Nacional Ramón Andrade Pfeiffer y el contrato de obras lo ganó J.Quijano S.A., frente a otras cuatro propuestas presentadas. Con capacidad para 60 personas sentadas, el panteón se construyó con muros de granito y pavimento de mármol. Se compone de una sola nave de planta cuadrada presidida por el atrio, rectangular, por donde se accede a la cripta. En su lateral izquierdo está la sacristía, con puerta de acceso al atrio y a un vestíbulo con entrada directa mediante una escalera exterior, según los planos originales.

El coste de su mantenimiento en los 50 años siguientes a su construcción se calculaba en 25.000 pesetas anuales, el equivalente a la mitad de un sueldo anual de administrativo en esa época.

La documentación de la época consultada por Europa Press en el Archivo de la Villa atribuye la propiedad del solar sobre el que se levantó la capilla del cementerio de El Pardo al ayuntamiento de Madrid, si bien documentación más reciente del Boletín Oficial del Estado señalaba a Patrimonio Nacional como propietario del citado panteón.

El 26 de abril de 2019, iniciado ya por parte del Gobierno de Pedro Sánchez el procedimiento para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, este panteón quedó desafectado de Patrimonio Nacional vía real decreto y pasó a depender de Patrimonio del Estado. Tras el aval del Tribunal Supremo al proyecto del Gobierno para exhumar a Franco y reinhumar sus restos en el panteón de El Pardo, los nietos de Franco dirigieron un escrito al Consejo de Ministros solicitando el derecho de uso del panteón.

La familia Franco ha librado una larga batalla judicial para intentar frenar el proyecto del Ejecutivo y lograr, al menos, que los restos del dictador fueran trasladados –una vez exhumados– a la cripta de la catedral de La Almudena, donde está enterrada la hija del general, Carmen Franco.

El Ayuntamiento de Madrid ha retirado distinciones honoríficas a ocho personas y cinco entidades relacionadas con el franquismo y la dictadura como Carlos Arias Navarro, José Moscardó, Pilar Primo de Rivera, Agustín Muñoz Grandes o a la Sección Femenina (la rama de mujeres de la Falange), una iniciativa presentada por el Comisionado de la Memoria Histórica que ha contado con el respaldo de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y la oposición del PP.

El presidente del Pleno, Mauricio Valiente, defendió que esta propuesta es "una primera piedra en la construcción de una política pública de memoria histórica democrática en la ciudad". La propuesta viene de Alcaldía, por lo que no sería necesario que fuera sometida al dictamen de la comisión, pero les ha parecido oportuno que pase por este foro para ganar en "consenso".

"Es una necesidad para la ciudad y para la sociedad y porque se lo debemos a las víctimas", declaró Valiente, que ha sido contestado con aplausos por representantes de las asociaciones de memoria presentes en el Pleno como invitados, que han desplegado una pancarta con fotografías de los represaliados.

Se trata de "honrar el recuerdo de los que lucharon por la democracia y por la libertad del país". Es, en palabras del edil, "un acto de justicia que merecen quienes dieron la vida por la democracia y las libertades".

El concejal del PP Pedro Corral explicó el voto en contra de su grupo en el hecho de que los reconocimientos retirados eran vitalicios, por lo que se han extinguido con su muerte. Lo que se hace así es "responsabilizar a sus descendientes". El PP afeó a Ahora Madrid el "uso sectario del pasado" y que retiren ocho distinciones a unos "gerifaltes franquistas" pero mantengan el doble.

Ciudadanos votó a favor de la propuesta aunque, como criticó su portavoz de Cultura, Sofía Miranda, el comisionado no debería servir para los "tejemanejes" de algunos cuando tendría que ser un órgano apolítico que aplicara objetivamente la ley de Memoria Histórica.

También reprochó la falta de tiempo para analizar el dictamen antes de la comisión de Cultura de la pasada semana. Valiente le espetó que "sobran poses y maniobras para desviar la atención".

La socialista Mar Espinar contestó a Miranda a su vez que el comisionado hace una labor que en ningún caso puede ser apolítico y aplaudió que empiece a engrasarse una ley que "el PP se negó a aplicar".

También aplaudió la celeridad de los trabajos del comisionado y recordó, mirando a la bancada del PP, que el Ayuntamiento aprobó en 2009 por unanimidad la retirada de honores a Francisco Franco. "Entonces todos estuvimos de acuerdo y entonces no pasó nada. No tengamos miedo a la concordia", espetó a los conservadores.

Retirada de distinciones

El Comisionado propone retirar el título de hijo predilecto de Madrid a José Moscardó Ituarte, militar que participó en la sublevación militar, y a Carlos Arias Navarro, fiscal en consejos de guerra, director general de Seguridad y presidente del Gobierno durante la dictadura de Francisco Franco.

Por otra parte, recomiendan retirar la medalla de oro de la ciudad a la Bandera de la 1ª Línea de la Vieja Guardia de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Madrid, compuesta por combatientes falangistas en las calles del Madrid y del cuartel de la Montaña, en el inicio de la Guerra Civil.

También a la Delegación Provincial de Sindicatos de Madrid, que agrupaba al sindicato obligatorio para obreros y empresarios y que constituyó un instrumento político y económico parejo al partido único del régimen franquista.

La Escuadra de Caza García Morato es otra de las propuestas para la retirada de la medalla de oro. Fue una unidad militar aérea del bando sublevado creada por Joaquín García Morato que se convirtió en una de las más famosas de la Aviación Nacional. Algunos de sus integrantes lucharon después en la Segunda Guerra Mundial junto a la Luftwafe.

El comisionado también ha señalado a la Organización Juvenil de Madrid (OJE), un movimiento de voluntariado integrado en la Delegación Nacional del Frente de Juventudes, dependiente a su vez de la Secretaría General del Movimiento, el partido único del franquismo. Valiente explicó en el Pleno que la mención a la que se refiere fue a la otorgada en 1965, nada que ver con la asociación actual, a la que ha reconocido el trabajo que realiza.

La retirada de honores también es para la Delegación Nacional de la Sección Femenina, una parte orgánica de las que componía el Movimiento, dedicada a la formación social, cultural y política de la mujer española.

En la misma línea, el Comisionado de Memoria Histórica propone al Pleno municipal retirar las medallas de oro a personas como Blas Pérez González, fiscal y presidente del Tribunal Supremo y ministro de la Gobernación en los años de represión de la posguerra, que colaboró con la sublevación militar.

Eijo Garay, Pilar Primo de Rivera, José Moscardó...

Entre los nombres se encuentra el de Leopoldo Eijo y Garay, obispo que fue nombrado consejero nacional de FET y de las JONS, y Pilar Primo de Rivera, jefa de la Sección Femenina de Falange Española, uno de los instrumentos relevantes de adoctrinamiento y propaganda política de la dictadura.

También se propone la retirada de la medalla de oro a José Moscardó Ituarte, militar que intervino en la sublevación militar; Agustín Muñoz Grandes, militar que colaboró y participó en la sublevación militar y que fue posteriormente jefe de la División Azul llegando a combatir junto a las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial; José Finat y Escrivá de Romaní, embajador de España en la Alemania nazi, y Camilo Alonso Vega, militar que participó en la sublevación y que llegó a ministro de Gobernación entre 1957 y 1969.

El Comisionado ha adoptado este acuerdo tras revisar, analizar y valorar la actuación del Ayuntamiento de Madrid en materia de menciones y distinciones de carácter honorífico. La decisión ha sido adoptada por unanimidad de su presidenta, Francisca Sauquillo, y los vocales José Álvarez Junco, Amelia Valcárcel, Teresa Arenillas, Andrés Trapiello, Santos Urías y Octavio Ruiz-Manjón.

Han circunscrito su examen a las especialidades de Hijo Predilecto y Medallas de Oro de la ciudad, por entender que sólo en dichas clasificaciones había casos que pudieran tener relación directa con el objeto de su estudio.

Estas propuestas se caracterizan por la ausencia de efectos jurídicos prácticos dado el carácter vitalicio de los honores y distinciones concedidos y que quedaron extinguidos al morir sus destinatarios.

El órgano colegiado considera que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica impone la obligación de llevar a cabo la declaración de intenciones y de voluntad política de retirar los honores y distinciones otorgados por el Ayuntamiento de Madrid a aquellas personas, colectivos o entidades que impliquen exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la dictadura franquista.