La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha alertado este martes sobre el déficit de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que podría "llevar al colapso el sistema de Formación Vial en España con el cierre de empresas y el despido de miles de trabajadores", ha informado Europa Press.

Tal y como afirma la Confederación, el sistema de obtención del permiso de conducir está sufriendo retrasos que bloquean la actividad de las autoescuelas debido a que la actual plantilla de examinadores de la DGT lleva congelada desde al menos los últimos cinco años.

"La situación es especialmente grave en doce Jefaturas Provinciales de Tráfico, que suponen el 48% de los permisos expedidos en España (Alicante, Baleares, Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Girona, La Rioja, Lleida, Madrid, Navarra, Tarragona y Valencia), en las que llegan a acumularse retrasos para realizar el examen de hasta un mes, además de cambios de fecha de última hora", denuncia CNAE.

En cambio, fuentes de la DGT han señalado a Europa Press que lo que sostiene la CNAE es "exagerado". Si bien reconocen que verano es una época donde hay una mayor demanda –como Navidades, por ejemplo–, este tema "no es nuevo".

En este sentido, las mismas fuentes señalan que los medios "son los que son" y que en muchas jefaturas no existen problemas ni demoras, sino que son "cosas muy puntuales" que intentan solventar. Además, estas fuentes destacan que el tema de falta de reposición de personal público no se trata de una "cuestión de la DGT como tal", sino de toda la administración.

Por su parte, la CNAE critica que los retrasos y los cambios de fecha provocan interrupciones en los procesos de formación de los alumnos, así como parones de actividad de los profesores, lo que genera "una pérdida de calidad formativa y pone en riesgo, en primera instancia, el empleo del profesorado, un colectivo integrado por 17.975 personas".

Por este motivo, las autoescuelas consideran "urgente" la ampliación de la actual plantilla a 943 examinadores, cuando en la actualidad, según datos de DGT, la institución cuenta con 756 funcionarios.

"Desde que se congeló la oferta de empleo público, la DGT ha hecho esfuerzos para mantener y aumentar el número de examinadores", dicen desde la institución, que recuerda que ha perdido más de 800 plazas de empleo público y que ha intentado solventar ese déficit con la oferta de cursos de examinadores y con la creación de la figura del "examinador itinerante", que es enviado a provincias donde hay más demoras.

Así, la CNAE exige una solución ante la falta de examinadores. "Lo hemos repetido por activa y por pasiva: cuando vuelva la temporada alta y aumente considerablemente la demanda de los permisos de conducir, un número importante de jefaturas sufrirá un colapso en las pruebas de circulación", afirma el presidente de la CNAE, José Miguel Báez.

"Éramos conscientes de eso y en todo momento hemos intentado tomar medidas para que eso no suponga un perjuicio para los ciudadanos", expresan desde la DGT.

El Ministerio del Interior anunció este martes la apertura de una "investigación urgente" en torno a "la regularidad de la financiación por parte de la Dirección General de Tráfico de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad realizados por el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza".

Según recoge Europa Press, la Inspección de Servicios, dependiente de la Subsecretaría de Interior, abrió esta investigación urgente por "las informaciones divulgadas por diversos medios de comunicación" acerca de este asunto.

Se trata de una serie de informaciones publicadas por el diario El Mundo que apuntan a que el organismo público habría financiado sin mediar concurso público tres proyectos de investigación sobre educación vial infantil al Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza donde trabajaba Francisco López Valdés, marido de la directora General de la DGT, María Seguí. Fueron 49.950 euros en un año.

La semana pasada, la DGT cesó a su subdirectora adjunta de Conocimiento Vial, Marta Carrera, tras una investigación abierta sobre posibles irregularidades en la concesión de los cursos para recuperar los puntos del carné de conducir.

Según informó entonces este organismo, la investigación se puso en marcha tras unas escuchas entre la subdirectora adjunta y el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, en las que se oye a ambos pactar las condiciones que serán exigidas a las autoescuelas y que posteriormente aparecen en los pliegos técnicos firmados por la subdirectora.

La decisión se adoptó a raíz de la investigación interna abierta como consecuencia de unas escuchas entre la dubdirectora adjunta y el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, tal y como informó la DGT en un comunicado. En dichas grabaciones se escucha a ambos pactar las condiciones que serían exigidas a las autoescuelas y que posteriormente aparecen en los pliegos técnicos firmados por la subdirectora.

Respecto a la gestión del pliego de la concesión de los cursos, la DGT tiene previsto convocar la semana que viene a los 13 licitadores para informarles de la situación actual en la que se encuentra dicho pliego. Además, en el entorno de la investigación, se ha derivado a la fiscalía de Pontevedra, Albacete y Toledo toda la información sospechosa de actos delictivos para que inicien las actuaciones que consideren pertinentes.

La DGT también ha destacado que "uno de los objetivos prioritarios" ha sido el estudio de las intervenciones necesarias para "erradicar la siniestralidad vial, lo que incluye la modificación de los modelos tradicionales de obtención del permiso de conducción y recuperación de puntos, así como la adecuación de las políticas viales a los nuevos retos de movilidad y seguridad vial".

Por este motivo, la DGT admite que las consecuencias de todos estos cambios en el sistema tradicional de formación "pueden generar tensión ante un nuevo modelo de formación de conductores, además de la pugna por el liderazgo del sector de autoescuelas que se está librando entre ellas".

Las autoescuelas que denunciaron a la Dirección General de Tráfico (DGT) el amaño de la concesión de los cursos para recuperar puntos, ya alertaron de irregularidades, tanto al departamento que dirige María Seguí como a los ministerios del Interior y de la Presidencia, "hace 3 o 4 meses", según explicó uno de los impulsores de esta denuncia y portavoz de la plataforma de afectados José Luis Iniesta.

Según explicó, se enviaron cartas y documentos a la directora general de Tráfico, María Seguí, a la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera, --protagonista de las grabaciones filtradas junto al presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)--, la subdirectora adjunta de Administración Económica, María Luisa Alonso y el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, de los que no obtuvieron respuesta "de ningún tipo".

Iniesta explicó a Europa Press que Seguí llegó a convocarles en dos ocasiones para una reunión, pero ambas fechas terminaron por anularse días antes de que se produjera el encuentro.

Junto a las misivas, los denunciantes incluían pruebas, documentales y gráficas, de que había centros que no cumplían con las condiciones impuestas para su adjudicación, como por ejemplo, tener cerca una parada de autobús. "Denunciábamos que algo raro estaba pasando con este concurso, era rara la valoración que se estaba dando para adjudicarlo, con centros y paradas que no existían", según explicó el portavoz de la plataforma.

Precisamente, el pasado jueves 30 de junio se filtraron las grabaciones en las que se escuchaba cómo Carrera y el presidente de CNAE, José Miguel Báez, pactaban las condiciones que serían exigidas a las autoescuelas y que posteriormente aparecían en los pliegos técnicos, firmados por Carrera.

Según cuenta Iniesta, estas grabaciones llegaron a varios compañeros y decidieron hacer "lo que había que hacer, denunciarlo ante la directora general" junto con un correo en el que solicitaban que CNAE fuera excluida del concurso.

10 años ganando el concurso

Iniesta representa a los denunciantes que pertenecen al paquete adjudicado en el último concurso a la Fundación UNED -Fundación Invesford y que implica a los centros de Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana. En octubre de 2015 se hizo público que, por primera vez en 10 años, se rompía el monopolio de CNAE, ya que, además de este paquete, perdía el correspondiente a Galicia, Asturias y Cantabria, que recayó en la consultora PONS Seguridad Vial.

Sin embargo, Iniesta denunció que CNAE "sigue siendo el beneficiario de los cinco lotes" en los que se divide este concurso porque, aunque en un principio recayó sobre otros adjudicatarios "se ha terminado dándole la vuelta de tal manera" que la confederación sigue impartiendo todos los cursos "por decisión directa de la DGT", según informó Europa Press.

"En nuestro lote teníamos una valoración de 100 puntos, el máximo, lo habíamos hecho perfecto y acaba superándonos CNAE", criticó el portavoz, para insistir en que "todo estaba orquestado" y "daba igual lo que hubieran hecho los demás centros, porque estaba todo predestinado". "Es raro que de 7 licitadores que entran en concurso sólo uno se lleve los 5 lotes", declaró

Sobre la respuesta de la DGT a las grabaciones, anunciando "una investigación interna", Iniesta pide que "se haga pública y rápida" porque, mientras, CNAE sigue impartiendo cursos y "siendo la beneficiada". Además, solicitan la destitución de Marta Carrera y que la confederación sea expulsada de este concurso y que "con la ley en la mano" se valore quiénes deben ser los ganadores.