El Congreso ha aprovechado las conclusiones de la investigación sobre la operación Kitchen para pedir una mejora del control de los fondos reservados, pero la realidad es que la comisión parlamentaria encargada de vigilar su uso y de pedir cuentas al Gobierno lleva ya casi tres años sin reunirse pese a que la ley regula comparecencias de los ministros competentes cada seis meses, según informa Europa Press.

La propuesta es una recomendación promovida por Unidas Podemos e incluida en el documento de conclusiones aprobado esta semana en la comisión parlamentaria que ha investigado la supuesta trama orquestada desde Interior para espiar a Luis Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar al dirigentes conservadores en casos de corrupción.

El texto salió adelante con los votos del PSOE, Unidas Podemos y Bildu, mientras que otros partidos como Esquerra Republicana (ERC), el PNV y la CUP se decantaron por la abstención, y el PP, Vox y Ciudadanos lo rechazaron.

En concreto, en las conclusiones se "estima oportuno una revisión en los procesos y procedimientos sobre el uso y control de los fondos reservados", aunque ya existe una ley específica y una comisión parlamentaria para desarrollar esa misión.

Se trata de la Comisión de control de los Gastos Reservados, que además de recibir informes periódicos sobre el uso de los fondos reservados que manejan Interior, Defensa y Exteriores, es la encargada de ejercer el control parlamentario que exige la ley sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La norma que regula los fondos reservados desde 1995 establece, en su artículo 7, que los créditos destinados a gastos reservados deben estar sujetos al control del Congreso, "a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales".

Y en esa comisión, prosigue, los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados "informarán semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios", por supuesto en sesiones secretas. Es más, la ley añade que la comisión "podrá elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas".

No obstante, la Comisión de control de los Gastos Reservados, también conocida como "comisión de secretos", sigue sin crearse dos años después de arrancar la legislatura, como tampoco se constituyó la anterior (la corta de 2019) por la convocatoria anticipada de elecciones.

De hecho, la última vez que esta comisión se reunió fue hace casi tres años, el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes Generales para dar paso a las fallidas elecciones generales del 28 de abril.

Aquel día el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, acudió a este órgano para detallar, a puerta cerrada, el destino de los gastos reservados que gestionaba su departamento. Lo propio habían hecho días antes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para hablar de sus fondos reservados y, también, de los viajes del presidente Pedro Sánchez, los gastos en inteligencia o la conocida como operación Kitchen.

Esto supone que durante casi tres años no se está ejerciendo el control parlamentario sobre las actividades del CNI, ni sobre el uso de los fondos reservados de los que dispone el Gobierno, un bloqueo que tiene su origen en los vetos cruzados entre los partidos que frena la posibilidad de un acuerdo de mínimos para elegir a los integrantes de la comisión.

Según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna.

Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet. Pero llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político continúa sin resultar propicio.

Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 149 y, si todos ellos se niegan, nadie puede llegar al mínimo de 210.

Tanto Vox como Ciudadanos ya adelantaron al inicio de la legislatura que no pensaban aportar ni un voto a los independentistas advirtiendo de que harían todo lo posible para que no entraran en esta suerte de club selecto con acceso a información reservada. Y el PP tampoco piensa apoyar que Bildu pueda acceder a los secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna.

Pero es que, visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión, por lo que necesitan la ayuda del PSOE y de Unidas Podemos, que recelan de la presencia de los de Santiago Abascal.

Con este ambiente, todo apunta a que la creación de esta comisión se dilate en el tiempo salvo que el PSOE y el PP quieran extender su acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales también a este ámbito y acabar así con esta anomalía de no haber puesto siquiera en marcha dicho órgano.

Los precedentes no son muy positivos, pero en legislaturas anteriores, salvo en las cortas, al menos se llegaba a constituir la Comisión de Gastos reservados.

Así, en la legislatura del 2011-2015, el PP, que gozaba entonces de mayoría absoluta, se negó a permitir la entrada de los distintos candidatos que ERC fue poniendo encima de la mesa alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna, hoy en Bildu. "Con su pan se lo coman", fue la airada respuesta de la entonces diputada Teresa Jordà, la última aspirante rechazada.

Y en 2015 los conservadores se negaron a facilitar el relevo en el puesto que tenía CiU en la Mesa del Congreso y fueron aplazando semana tras semana la posibilidad de que se eligiera al convergente Jordi Xuclà para cubrir la vacante dejada por su compañero Jordi Jané al ser nombrado consejero de Interior de la Generalitat. Su entonces portavoz, Rafael Hernando, alegó que no tendría "mucho sentido" que optara a este puesto institucional en el Parlamento nacional alguien que se definiera como "independentista".

La investigación del caso Villarejo sigue poniendo al descubierto nuevos detalles sobre el funcionamiento de la denominada policía política. El Ministerio del Interior gastó entre 2012 y 2015, con Jorge Fernández Díaz al frente del departamento, medio millón de euros de fondos reservados para financiar Kitchen, una operación ideada supuestamente para proteger al PP en el caso de su caja B. El dinero público fue destinado, entre otras cosas, a los dispositivos para la colocación de cámaras y micrófonos en el domicilio donde el extesorero Luis Bárcenas guardaba documentación, a los sobornos de su exchófer o a los seguimientos a su familia y otras personas de su entorno, aunque los investigadores sospechan que también se pudo pagar con esos fondos al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y el hijo del extesorero conservador. La documentación secreta, a la que ha tenido acceso la Cadena Ser, acredita también que la disposición de ese dinero fue aprobada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, imputado desde hace dos semanas en el marco de la séptima pieza del caso Villarejo, en la que se investigan todos los detalles de Kitchen.

El número dos de Interior durante la época de Fernández Díaz no ha tardado en desmentir las informaciones publicadas. Así, en un comunicado, Martínez ha señalado que los hechos que se le atribuyen son “radicalmente falsos” y que la indiciaria implicación de su persona “constituye una grave lesión del derecho al honor” si no existe “un fundamento sólido para tales insinuaciones”. A pesar de ello, las informaciones publicadas han marcado buena parte del debate político. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado justo antes del acto de apertura solemne de la actual legislatura que abrirá una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios para exigir al PP que asuma su “responsabilidad política”. “Creíamos que Adriana Lastra iba a anunciar la apertura de una ronda de contactos para dirimir responsabilidades políticas por los ERE, que supuso un desfalco para los más desfavorecidos de 700 millones de euros”, han respondido desde la formación conservadora.

La utilización y control de este dinero está regulada por ley desde el año 1995 –hasta entonces sólo regía una circular de los años sesenta–. Aprobada con el visto bueno de casi la totalidad de la Cámara Baja en un contexto de continuas noticias sobre el uso irregular de estos fondos, la norma 11/1995 establece que dicha partida incluida en los Presupuestos Generales debe destinarse a “sufragar” todos aquellos desembolsos “que se estimen necesarios para la defensa y la seguridad del Estado”. “Dichos gastos se caracterizan respecto a los demás gastos públicos por la prohibición de publicidad y por estar dotados de un especial sistema de justificación y control”, continúa la ley, que establece también que “toda la información relativa a los créditos” destinados a desembolsos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, “tendrán la calificación de secreto, de acuerdo con las leyes vigentes en materia de secretos oficiales”. En las cuentas de 2018, las últimas aprobadas, la partida de dinero público dedicada a estos menesteres se situó en los 27,86 millones de euros.

La Comisión de Gastos Reservados

La Ley, además, establece en su artículo 4 que sólo podrán consignarse créditos destinados a gastos reservados en los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior y Defensa, correspondiendo “exclusivamente” a los titulares de dichos departamentos “determinar la finalidad y destino de estos fondos y las autoridades competentes para ordenar su realización”. Además, estos ministros deben informar “periódicamente” al presidente del Gobierno “sobre la utilización de los créditos para gastos reservados que se hayan consignado”. Un dinero que, además, está sujeto al escrutinio del Congreso de los Diputados a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, ante la que tendrán que rendir cuentas semestralmente los ministros con tales partidas asignadas. “Las sesiones serán en todo caso secretas y sus miembros vendrán obligados a no divulgar las informaciones obtenidas”, establece la norma, que también contempla la posibilidad de elaborar un informe anual destinado al Tribunal de Cuentas y al líder del Ejecutivo.

Este órgano de la Cámara Baja está encabezado por la presidenta del Congreso y varios diputados, que necesitan el respaldo de al menos tres quintos del hemiciclo en votación secreta mediante papeleta en urna. Según explica a infoLibre un exmiembro de la Comisión de Gastos Reservados, suelen formar parte los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Diputados a los que, recalca, no se les suele ofrecer en las reuniones “datos muy pormenorizados”. “Se nos explicaban las cantidades y las materias a las que se dedicaban, pero de forma muy genérica. El control era, por tanto, muy superficial”, asegura este exdiputado, que también recuerda que se les permitía “tomar notas” pero no revelar detalles sobre lo que se había tratado en el encuentro. Sólo durante la XII Legislatura, la última larga hasta la fecha –2016 a 2019–, se abordaron en la Comisión de Gastos Reservados cuestiones como la supuesta existencia de información elaborada por el CNI sobre Pablo Iglesias, el ataque informático WannaCry, los audios de Corinna o la Operación Kitchen.

La investigación judicial alrededor de este último asunto, además, ha permitido conocer los detalles de la orden que regula el gasto de los fondos reservados dentro de Interior. Según esta normativa, a la que tuvo acceso Vozpópuli, el dinero se ingresa en la cuenta corriente que el ministerio tiene abierta en el Banco de España. Cada cierto tiempo, se podrá hacer “una propuesta de disposición de fondo” al ministro, el cual dará “la orden de pago oportuna”. No obstante, el texto recoge la posibilidad de que el titular de la cartera pueda “delegar en la Secretaría de Estado de Interior”. Las cantidades, que se retiran en metálico, se ingresan “en la caja del ministro o en la caja de la Secretaría de Estado” para poder ser repartidas posteriormente en función de las solicitudes que haya hecho, por ejemplo, la Policía Nacional o la Guardia Civil. Eso sí, para poder efectuar dicha distribución “se exigirá la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos en la anterior entrega”. Información que se debe reflejar desde un punto de vista “orgánico, funcional y por operaciones sobre los empleos dados”.

Una reforma y varias condenas

Durante la XII Legislatura, Unidos Podemos planteó sin éxito en el Congreso la posibilidad de reformar la norma de 1995 que regula el uso y control de este dinero público a fin de cumplir con “la exigencia del conjunto de la ciudadanía respecto a la transparencia” y homologar “la legislación española con la de los principales países democráticos en materia de clasificación y desclasificación”. La proposición de Ley registrada por el diputado Joan Mena planteaba que la información sobre estos desembolsos pasase a ser pública “una vez transcurridos 10 años desde su clasificación como gasto reservado”, un límite temporal que “excepcionalmente” podría ser ampliado por otra década cuando se acreditase que la divulgación de esta información pudiera “ocasionar un problema efectivo a la seguridad y a la defensa nacional”. Además, la reforma también contemplaba la inclusión de un apartado en el artículo 7 de la Ley 11/1995 para establecer que la Comisión de Gastos Reservados tiene que ser constituida “transcurridos treinta días hábiles” desde la sesión de investidura.

En la exposición de motivos de la proposición de Ley, el grupo de Unidos Podemos recordaba el “uso inadecuado por parte de diferentes gobiernos de este tipo de gastos”. En octubre de 2004, por ejemplo, la Sala de lo Penal del Supremo confirmó la condena de siete años de cárcel para el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, seis años para el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado y cuatro años para el ex director de Seguridad del Estado Julián Sancristóbal por el caso Fondos Reservados. El Alto Tribunal consideró acreditada en su sentencia una malversación de 645 millones de pesetas –3,8 millones de euros– procedentes de estas partidas asignadas al Ministerio del Interior. La Audiencia Provincial de Madrid, cuyo fallo confirmó el Supremo, estimó probado que el que fuera secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Felipe González se lucró personalmente “en cantidades importantísimas” y sustrajo “mucho más dinero a favor de otros”, entre los que se encontraban el resto de condenados y el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán.

Cinco años más tarde, en 2009, el Alto Tribunal dio otro nuevo varapalo a Vera confirmando una condena de año y medio de prisión por malversación de caudales públicos en el conocido como caso Maletines. La sentencia previa, de la Audiencia de Madrid, consideró probado que el ex secretario de Estado de Seguridad ordenó el pago de dinero con cargo a los fondos reservados de Interior a las mujeres de los expolicías José Amedo y Michel Domínguez para compensar la disminución de ingresos que supuso la entrada de los dos exagentes a la cárcel en 1988 por el caso GAL. Según la resolución judicial, la suma de dichos abonos mensuales, que tenían como objeto garantizar el silencio de Amedo y Domínguez, ascendió a 29,7 millones de pesetas –unos 180.000 euros–, a los que se sumaban otros 176 millones de pesetas –1,05 millones de euros– entregados en Suiza a las mujeres de los policías y otras 903.000 pesetas –unos 5.400 euros– con las que se sufragaron dos operaciones quirúrgicas de las esposas de los exagentes.

En los últimos días, la Mesa del Congreso de los Diputados se ha negado a tramitar varias preguntas por escrito al Gobierno en relación al supuesto uso de fondos reservados del Estado para silenciar una relación entre el rey emérito Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey. La última negativa se hizo pública este lunes, cuando se conoció que el órgano de gobierno de la Cámara baja ha inadmitido una pregunta a este respecto del diputado de IU Ricardo Sixto argumentando que, al afectar el asunto a fondos reservados, no podría ser debatido en el pleno del Congreso. La Mesa ofrece una segunda razón para apoyar su razonamiento: el hecho de que la figura del rey es inviolable según la Constitución. No obstante, según los expertos consultados por infoLibre, este segundo motivo no sería óbice en ningún caso para que el Congreso pudiera investigar el asunto.

La pregunta al Gobierno que registró Sixto el 18 de enero era la siguiente: "¿Tiene constancia el Gobierno de que entre 1996 y 1997 se utilizaron fondos reservados para comprar el silencio y la discreción de una conocida actriz que mantenía una relación con el rey don Juan Carlos?". A esta cuestión, la Mesa respondió que el Ejecutivo no puede responder por escrito la pregunta –tal y como solicitaba Sixto– porque los temas que afecten a fondos reservados deben ser tratados "a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados" y, de paso, recordaba al diputado "la previsión del artículo 56.3 de la Constitución, por la que se establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".

Pero si bien es cierto que las preguntas relativas a la utilización de fondos reservados tienen que realizarse en la comisión correspondiente –y la información que allí se trate está sujeta a secreto–, la inviolabilidad del rey que recoge la Constitución no es óbice para que el Congreso indague sobre si este dinero se dedicó a pagar el silencio de Bárbara Rey. Así lo confirman varios expertos en Derecho Constitucional consultados por este diario, que aseguran que, en todo caso, la previsión constitucional protegería al rey de cualquier consecuencia legal que pudiera derivarse de un mal uso de los fondos.

El Gobierno o el CNI "no pueden negarse a dar información al Congreso escudándose en la irresponsabilidad legal del rey", sostiene Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV). Con él coincide Francisco Caamaño, ex ministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, que explica que "la inviolabilidad del rey afecta a eventuales responsabilidades penales", pero no impide "investigar el destino de los fondos públicos", por mucho que sean reservados. "Se trata del típico recurso que se utiliza para espantar", apunta Caamaño en referencia al argumento ofrecido por la Mesa.

Sin embargo, los juristas consultados coinciden en señalar que, al haberse producido los supuestos pagos en la etapa en la que el rey Juan Carlos ocupaba el puesto de jefe del Estado, la inviolabilidad del cargo sí le protegería de cualquier responsabilidad que se derivase de una investigación que desvelara un uso ilegal de los fondos reservados. "El rey quedaría exonerado de ese mal uso, y aunque siempre tiene que haber una persona responsable, nunca podría ser él", explica Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED.

La Comisión de fondos reservados ni se ha constituido

De esta manera, según los juristas consultados, si se pidieran explicaciones en la comisión correspondiente –la de control de los créditos destinados a gastos reservados– la Mesa tendría que aceptar a trámite la iniciativa. No obstante, no parece posible que se aborde el tema en sede parlamentaria a corto plazo, ya que la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados ni siquiera se ha constituido todavía en esta XII Legislatura.

En esta comisión se sientan, habitualmente, los líderes de cada uno de los grupos parlamentarios, y estos tienen el deber de guardar secreto de todo lo que se aborde en ella. Pero la última legislatura en la que estuvo constituida fue la X, que tuvo lugar entre 2011 y 2015, ya que en la fallida XI Legislatura no llegó a crearse la comisión y, seis meses después de que se haya iniciado la legislatura actual, tampoco ha llegado a constituirse. En este órgano debe comparecer periódicamente el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, y los ministros que disponen de fondos reservados: Interior, Defensa, Exteriores y Presidencia (como responsable del CNI).

El posible uso de fondos públicos para comprar el silencio de Bárbara Rey era conocido desde años, ya que ha sido publicado en varios libros sobre la vida de Juan Carlos I. No obstante, el asunto se puso de nuevo de actualidad hace unos días tras revelar Okdiario que agentes del Cesid (el actual CNI) depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero que, presuntamente, recibió la vedette. No hay unanimidad sobre el dinero que pudo recibir: unas versiones hablan de un ingreso único de 500 millones de pesetas (tres millones de euros) y otras de pagos mensuales durante años. También está bajo sospecha la contratación de la actriz en televisiones públicas, que se habría realizado por indicaciones de la Casa del Rey.

El Gobierno no responderá en sede parlamentaria sobre el supuesto uso de fondos reservados del Estado para silenciar una relación entre el rey emérito Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey. La Mesa del Congreso de los Diputados se ha negado a admitir a trámite una pregunta parlamentaria del diputado de IU Ricardo Sixto -que se encuadra en el grupo parlamentario de Unidos Podemos- al respecto, argumentando que, al afectar el asunto a fondos reservados, no podría ser debatido en el pleno del Congreso, y recordando que la figura del rey es inviolable. Esta negativa se une a la que ya se hizo pública el viernes, cuando la Mesa inadmitió varias preguntas de Joan Mena, diputado de En Comú Podem, sobre el mismo tema.

Sixto registró la iniciativa el pasado 18 de enero, unos días después de que se hicieran públicas varias informaciones que aseguraban que el Estado utilizó parte de sus fondos reservados para comprar el silencio de Bárbara Rey con respecto a su supuesta relación con el ahora monarca emérito, que entonces ejercía las funciones de jefe del Estado. La pregunta parlamentaria del diputado de Unidos Podemos al Gobierno era la siguiente: "¿Tiene constancia el Gobierno de que entre 1996 y 1997 se utilizaron fondos reservados para comprar el silencio y la discreción de una conocida actriz que mantenía una relación con el rey don Juan Carlos?".

Pero la cuestión no tendrá que ser respondida por el Gobierno, ya que la Mesa del Congreso -en la que tienen mayoría el PP y Ciudadanos– decidió no admitirla a trámite, tal y como hizo con las cuestiones de Mena. Según argumenta el órgano de gobierno de la Cámara baja en su respuesta a Sixto, a la que ha tenido acceso infoLibre, la pregunta no puede ser formulada al Ejecutivo porque los temas que afecten a fondos reservados deben ser tratados "a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados".

Asimismo, la Mesa le recuerda a Sixto "la previsión del artículo 56.3 de la Constitución, por la que se establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Básicamente, ese artículo de la Carta Magna impide que el monarca sea sometido a ningún proceso judicial.

La Mesa del Congreso ha bloqueado este jueves las preguntas que había registrado el diputado de En Comú Podem Joan Mena sobre el presunto uso de fondos reservados por parte del antiguo CESID –actual Centro Nacional de Inteligencia– para comprar "el silencio de una conocida actriz española que mantenía un presunto romance" con el Rey Juan Carlos I, en referencia a la actriz Bárbara Rey.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara ha desechado las iniciativas sin debate, limitándose a seguir el criterio fijado por los letrados de la institución, que establece que los asuntos relativos a los fondos reservados sólo puede tratarse en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso.

Así, las preguntas de Mesa no han sido calificadas porque, según establece la legislación vigente, el Gobierno no puede informar de estos asuntos si no es a través de la citada comisión. Se da la circunstancia de que, seis meses después de iniciada la legislatura este órgano, del que forman parte un miembro de cada grupo parlamentario, habitualmente el portavoz, aún no se ha creado.

En concreto, Mena pretendía que el Gobierno le aclarara si, como han publicado algunos medios de comunicación en los últimos días, el antiguo CESID utilizó fondos reservados para tapar el supuesto romance del rey emérito con Bárbara Rey.

En su iniciativa, el diputado se hacía eco de esos medios que aseguran que los servicios de inteligencia depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias para la actriz Bárbara Rey, en el marco de una "operación secreta" que tenía como objetivo que la actriz "no descubriera las relaciones que desde el inicio de la Transición mantenía presuntamente" con el entonces jefe del Estado y que no "difundiera unos vídeos privados".

El diputado de Esquerra Unida i Alternativa (la marca catalana de IU) detallaba en su texto que los espías españoles se encargaron de abrir una cuenta en una entidad luxemburguesa en septiembre de 1996 a la que, tres meses después, transfirieron una primera cantidad de 26,3 millones de pesetas (160.000 euros).

Tras conocer estas informaciones, Mena pedía que el Gobierno le explique si tenía conocimiento de estos hechos, le especificase cuánto dinero se pagó a Bárbara Rey y bajo qué concepto fueron esas cantidades asumidas "directa o indirectamente" por los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo preguntaba al Ejecutivo si cree que los fondos reservados están previstos para este tipo de asuntos, si los pagos se ajustaron a la ley, si tiene previsto iniciar alguna investigación para "depurar responsabilidades" y si cree que la Casa del Rey debe dar "explicaciones públicas" por este tema.