Este viernes arranca la primera jornada de paros parciales convocada por el sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro, que tendrá lugar de 9 a 15 horas y con unos servicios mínimos fijados del 58 por ciento sobre la circulación habitual de trenes en esa franja.

El colectivo ha convocado estas movilizaciones, con paros previstos también para el 13 y 15 de marzo, en protesta por la falta de medidas de seguridad de cara a los trabajadores ante la presencia de amianto en trenes y estaciones.

Esta jornada coincide además con la comparecencia en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid del consejero delegado del suburbano, Borja Carabante, para explicar precisamente la gestión que ha desplegado la compañía en relación a la presencia y eliminación de este material tras su prohibición, al ser potencialmente cancerígeno.

Por ello, el colectivo ha convocado una manifestación a las puertas de la Asamblea en la que solicitará la dimisión del consejero delegado y que sea sustituido "por alguien más competente".

A su vez, la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal a raíz del acta de Inspección de Trabajo que proponía una sanción de 191.000 euros a Metro al entender que no tomó suficientes medidas de seguridad, después de que se reconociera la enfermedad profesional a un empleado de mantenimiento que contrajo cáncer por exposición a dicho material.

Por otro lado, la compañía remitió una circular a los empleados de Metro para informar de que más de 90 vagones de trenes de la serie 2000, de los más antiguos, tenían un disruptor que contenía amianto y remarcaba a los empleados la prohibición de manipularlo.

Desde el sindicato aseguran que tanto Borja Carabante como sus antecesores "han ocultado durante años información a todos los trabajadores sobre la crisis del amianto". Asimismo, asegura que el consejero delegado de Metro tachó las pasadas huelgas de "cabezonería" por parte de los maquinistas que pedían "un estudio de seguridad e higiene que analizase las condiciones laborales".

Las líneas más afectadas serán las de la periferia donde tan sólo circularán entre 2 y 5 trenes, mientras que las líneas de más afluencia tendrán entre 12 y 28 trenes, estima el sindicato.

A su vez, el sindicato de Maquinistas ha planteado al consejero delegado de Metro que está dispuesto a desconvocar los paros si firmaba un documento en el que se hace responsable de que, en la actualidad, los usuarios y trabajadores de Metro no están expuestos a amianto.

La práctica de imponer a los adjudicatarios de obra de la Comunidad de Madrid que destinasen el 1% del presupuesto a supuesta publicidad institucional, bajo la que los investigadores de Púnica sospechan que se ocultaban actos para el PP, no fue exclusiva de la Consejería de Sanidad. Al menos hasta mediados de 2014, también la Consejería de Transportes e Infraestructuras aplicó esa cláusula en los contratos para mejora de la red viaria.

Al igual que sucedía con los nuevos hospitales, esas campañas –"Planes de Información", era su nombre oficial– no quedaban bajo la supervisión de ningún funcionario sino de un eventual. Es decir, de un asesor elegido a dedo por los altos cargos de cada consejería: G.R., en el caso de los hospitales; A.R., en el de las carreteras. El primero, y así consta en un atestado de la Guardia Civil incorporado a las actuaciones de Púnica, firmaba cada mes un documento según el cual las empresas encargadas de los "Planes de Información" de los nuevos hospitales habían cumplido su cometido y solo quedaba pagarles. Sobre A.R., que era el encargado de esa tarea en la Dirección General de Carreteras, este diario no ha logrado averiguar si su nombre aparece en la causa de Púnica. Pero el relato de quienes conocían la existencia de esas prácticas en la Consejería de Transportes e Infraestructuras coincide punto por punto con el que se desprende del atestado policial sobre el 1% de los hospitales. 

Fue precisamente el temor de algunos directores de obra a que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales y a incurrir por tanto en una eventual responsabilidad administrativa y/o penal lo que puso en alerta a los sindicatos. En la primavera de 2013, la junta de personal de la Consejería de Transportes e Infraestructura, que representa a los funcionarios, exigió explicaciones a quien en ese momento ya era viceconsejero: Borja Carabante, actual consejero delegado de Metro de Madrid y que entre 2008 y 2011 ocupó la Dirección General de Carreteras.

Personas que entonces formaban parte de la plantilla en aquel momento recuerdan que no hubo respuesta a sus interrogantes pero que, a partir de entonces, la cláusula se fue esfumando. Lo que la junta de personal preguntó en aquel momento fue muy parecido a lo que la Guardia Civil les ha preguntado ahora a tres cargos de la sanidad madrileña en relación al 1% del pliego de los nuevos hospitales: qué empresas realizaban las campañas previstas en esa cláusula, cómo se las elegía, qué importe facturaban esas firmas de publicidad a los adjudicatarios de obras y con qué criterio "se asigna a personal eventual ajeno a la dirección de cada obra la gestión de dichas facturas".

infoLibre dispone de copia de siete facturas emitidas con cargo a ese 1%. Al menos una de las que se emitieron –por Traci Comunicación– consta entre aquellas que, según la Fiscalía Anticorrupción, se hicieron con contratos fraudulentos de Arpegio, la empresa pública que bajo el control de Francisco Granados gestionó el mayor plan –el Prisma– de inversión pública de Madrid, dotado con 1.000 millones.

El pasado viernes por la mañana, infoLibre comunicó a los portavoces oficiales de la Consejería de Trasportes e Infraestructuras de Madrid los datos que había recabado sobre la aplicación del 1% en la Dirección General de Carreteras y les solicitó la versión de Borja Carabante. Esas fuentes oficiales declinaron cualquier pronunciamiento bajo el argumento de que el juez Eloy Velasco, hasta junio instructor de Púnica, había prohibido taxativamente hablar de los contratos requeridos por la Guardia Civil en marzo. La Consejería ni siquiera se avino a explicar el porqué tras el verano de 2014 la cláusula desaparece en los contratos disponibles a través del Perfil del Contratante. ¿Hay algún nexo entre la desaparición del párrafo del 1% y el estallido de Púnica el 27 de octubre de aquel año? Esa es una más de las incógnitas pendientes.

Campaña de "Sillas de bebé" en la "obra de refuerzo de la M-206"

En teoría, esas supuestas campañas o "Planes de Información" financiados con cargo al 1% y ejecutados por firmas que no se habían sometido a ninguna licitación previa debían publicitar la obra a la que iban vinculadas. Pero entre las facturas obtenidas por infoLibre figura una que en sí misma abona las sospechas. Su concepto dice lo siguiente: "Campaña publicitaria Sillas bebé, referente al 1% de gastos de publicidad según pliego de la obra de refuerzo M-206", al sureste de la Comunidad. El importe asciende a 17.473 euros. 

Este diario inquirió de forma expresa por esa factura a la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Tampoco aquí hubo respuesta. Ni siquiera ante la pregunta de si no ofrece su enunciado más similitudes con una campaña de la DGT que con la que hipotéticamente cabría desplegar para difundir las bondades de una carretera comarcal reformada. La empresa que la emitió no pudo ser contactada.

El 1% impuesto en el pliego de condiciones tanto en hospitales como en carreteras e incluso en contratos relativos al Metro se traducía buena parte de las veces en cifras muy inferiores a las que las operaciones Gürtel y Púnica han sacado a la luz.

Pero precisamente su moderada cuantía les hizo pasar bajo el radar durante años pese a que eran ejecutados por empresas que nadie sabe aún cómo ni con qué criterios ni por quién resultaban elegidas. Y que su supervisión se encomendaba a cargos de confianza y no a funcionarios. Entre esas empresas figuran varias que ya están siendo investigadas en Púnica por presunta financiación ilegal del PP. Entre ellas, Over Marketing y sus sociedades satélite, cuyo propietario ya admitió hace cinco años que había recibido contratos amañados también en Madrid. Y que había hecho actos gratis para el PP. Entre las compañías del grupo Over figura Traci Comunicación.

Over Marketing y otras empresas investigadas por presunta financiación del PP se repartieron más de 23 millones en contratos públicos de Madrid durante la década de poder de Esperanza Aguirre. Esas cifras no incluyen ni lo que facturaron a las adjudicatarias de la construcción de hospitales –más de dos millones– ni a adjudicatarias de obras licitadas por Transportes e Infraestructuras.