Francisco Granados

Arpegio, antiguo feudo de Granados y considerada por Anticorrupción como uno de los grandes escenarios del saqueo, ha afrontado desde octubre de 2014 ocho requerimientos de información y otras nueve entregas voluntarias de papeles.

Una firma de publicidad de la familia del exjefe de gabinete Granados y de su esposa, ambos investigados como testaferros del político, recibió pagos de Over Marketing en 2006.

El exgerente del PP madrileño afirmó que él "no ponía en duda" las órdenes de pago provenientes de la secretaría general del PP madrileño.

Granados asegura que Tamayo le comunicó que había pactado con alguien de la antigua dirección del PP de Madrid, pero no aclara si fue con Pío García Escudero.

El interrogatorio al exgerente del partido en Madrid, imputado por varios delitos, entre ellos electoral y pertenencia a organización criminal, confirma que el partido y su fundación jugaban papeles intercambiables. Beltrán Gutiérrez admite que los proveedores eran los mismos y que Fundescam organizaba "cursos de formación de forma más especial cuando se acercaban campañas".

La ministra de Defensa y la actual titular de Economía y Hacienda de Madrid formaban parte del Ejecutivo que en febrero de 2006 encomendó el plan Prisma a la empresa pública Arpegio, entonces feudo de Francisco Granados. La Intervención del Estado sostiene que al hacer ese encargo el Ejecutivo incurrió "en una cuádruple infracción legal". Anticorrupción cree que utilizar Arpegio para el desfalco de dinero público "fue algo planificado desde el primer momento".

Un informe de la IGAE fechado hace un mes e incorporado al sumario de Púnica califica de ilegales los acuerdos del Consejo de Gobierno de Madrid que encomendaron la gestión de 1.000 millones a Arpegio, el antiguo feudo de Francisco Granados. 

Bárcenas, Rato, Granados y dos miembros del clan Pujol afloraron millones de euros que tenían ocultos en el extranjero.

Un relato cronológico del exjefe de área de zonas verdes incorporado al sumario señala a Jaime González Taboada, entonces director general, como persona clave en las presiones a que el funcionario habría sido sometido desde 2008. 

Juan Ignacio Zoido hace nuevo presidente de la sociedad de infraestructuras y equipamientos a Miguel Contreras, un promotor inmobiliario.

Las adjudicaciones, autonómicas y municipales, se sucedieron a lo largo de la década de poder de Esperanza Aguirre. En uno de sus informes, la UCO las denomina "empresas factureras". Todas ellas prestaron servicios electorales al PP en algún momento.

Actualmente la fianza impuesta para salir de prisión es de 400.000 euros.