Francisco Granados

El principal acusado de la trama le pide al juez que valore citarlas no como testigos, como había solicitado a comienzos de octubre, sino como imputadas en la causa a tenor de los últimos interrogatorios.

El Gobierno de Aguirre declaró de “excepcional interés general” en 2007 la construcción de un campo de golf en el Canal basándose en un expediente que se elaboró en menos de 48 horas y que está plagado de irregularidades. El acuerdo lo firmó la propia Aguirre.

Los documentos de una empresa que controlaba Francisco Granados destapan los agujeros negros del expediente que en 2006 puso la licitación de las obras del mayor plan de inversión pública, el Prisma, en manos de una empresa sin apenas plantilla y que terminó cobrando más de siete millones.
 

El impacto mediático de la petición formulada el 26 de julio y denegada esta semana para que el tribunal de Gürtel enfrentase a Rajoy y Bárcenas dadas sus contradicciones sobre si hubo o no sobresueldos opacos ha eclipsado la existencia de un circuito contable paralelo admitida en Baleares y Valencia. 

El magistrado García Castellón pide a Hacienda los pagos y cobros de las nuevas firmas de publicidad detectadas. Solo dos de ellas recibieron del ya extinguido Imade, uno de los organismos del Gobierno de Madrid bajo sospecha, tres contratos por 6,25 millones.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevó mucha documentación cuando se realizaron los registros.

La Comunidad de Madrid comunica a la UCO que "no se dispone físicamente" de los documentos relativos a la contratación de Over Marketing en 2006 por dos millones para una campaña de publicidad fantasma.

Como en los hospitales, la Comunidad de Madrid también obligaba a los adjudicatarios de mejora de la red viaria a destinar un porcentaje a "Planes de Información" que no supervisaba ningún funcionario.

Los investigadores creen que las empresas de publicidad que facturaron por esos servicios hicieron en realidad actos para el PP. Los testigos colocan a Granados y al exconsejero de Sanidad Manuel Lamela en el ojo del huracán.

"Creo que la inmensa mayoría de los problemas, de todo tipo, que ha tenido Esperanza Aguirre, durante y después de su paso por el Gobierno (regional) tienen su origen en Ignacio González, en su forma de entender la vida y en su forma de entender la política".

Arpegio, antiguo feudo de Granados y considerada por Anticorrupción como uno de los grandes escenarios del saqueo, ha afrontado desde octubre de 2014 ocho requerimientos de información y otras nueve entregas voluntarias de papeles.

Una firma de publicidad de la familia del exjefe de gabinete Granados y de su esposa, ambos investigados como testaferros del político, recibió pagos de Over Marketing en 2006.

El exgerente del PP madrileño afirmó que él "no ponía en duda" las órdenes de pago provenientes de la secretaría general del PP madrileño.

Granados asegura que Tamayo le comunicó que había pactado con alguien de la antigua dirección del PP de Madrid, pero no aclara si fue con Pío García Escudero.

El interrogatorio al exgerente del partido en Madrid, imputado por varios delitos, entre ellos electoral y pertenencia a organización criminal, confirma que el partido y su fundación jugaban papeles intercambiables. Beltrán Gutiérrez admite que los proveedores eran los mismos y que Fundescam organizaba "cursos de formación de forma más especial cuando se acercaban campañas".

La ministra de Defensa y la actual titular de Economía y Hacienda de Madrid formaban parte del Ejecutivo que en febrero de 2006 encomendó el plan Prisma a la empresa pública Arpegio, entonces feudo de Francisco Granados. La Intervención del Estado sostiene que al hacer ese encargo el Ejecutivo incurrió "en una cuádruple infracción legal". Anticorrupción cree que utilizar Arpegio para el desfalco de dinero público "fue algo planificado desde el primer momento".

Un informe de la IGAE fechado hace un mes e incorporado al sumario de Púnica califica de ilegales los acuerdos del Consejo de Gobierno de Madrid que encomendaron la gestión de 1.000 millones a Arpegio, el antiguo feudo de Francisco Granados. 

Bárcenas, Rato, Granados y dos miembros del clan Pujol afloraron millones de euros que tenían ocultos en el extranjero.

Un relato cronológico del exjefe de área de zonas verdes incorporado al sumario señala a Jaime González Taboada, entonces director general, como persona clave en las presiones a que el funcionario habría sido sometido desde 2008. 

Juan Ignacio Zoido hace nuevo presidente de la sociedad de infraestructuras y equipamientos a Miguel Contreras, un promotor inmobiliario.

Las adjudicaciones, autonómicas y municipales, se sucedieron a lo largo de la década de poder de Esperanza Aguirre. En uno de sus informes, la UCO las denomina "empresas factureras". Todas ellas prestaron servicios electorales al PP en algún momento.

Actualmente la fianza impuesta para salir de prisión es de 400.000 euros.