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Sergio Ríos ejerció como conductor del extesorero y fue captado por comisarios para sustraer información sensible para el PP. También trabajó para Francisco Granados, quien habría pedido datos sobre él porque Villarejo quería interceptar una documentación. Así lo declaró el constructor David Marjaliza, por lo que el PSOE ha solicitado su comparecencia en la Audiencia Nacional.
El juez De la Mata investiga la segunda etapa de la gestión del proyecto, cuando tomó los mandos el ex secretario general del PP de Madrid. Ya ha procesado a su antecesor por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones y malversación.
El empresario ha comparecido a petición propia ante el juez "para desmontar las falsas acusaciones de Marjaliza y para aclarar el asunto".
La Audiencia abre una pieza sobre las operaciones de blanqueo con que los imputados buscaban ocultar el dinero derivado de contratos amañados, pelotazos urbanísticos y otros delitos investigados.
La acusación popular pide que el expresidente regional declare de nuevo como imputado por los negocios que Tecnoconcret, empresa ligada a su hermano y su cuñado, hizo como proveedora de césped artificial para campos de fútbol financiados con el Plan Prisma.
Las acusaciones populares envían su escrito a García Castellón un día antes de que comparezca en la Audiencia el exdirectivo de la cadena de distribución imputado por una operación urbanística bajo sospecha. El magistrado tiene concedida desde septiembre de 2017 la compatibilidad como "tutor on-line del Centro Universitario Ramón Areces"
David Marjaliza declara que entre 1999 y 2002 entregó elevadas personalmente elevadas cantidades a Francisco Granados, entonces alcalde de Valdemoro, y a dos intermediarios que supuestamente hicieron llegar el dinero a los alcaldes socialistas de Parla y Pinto. La mordida era de 1.000 euros por cada vivienda autorizada. Los papeles aportados al juez hablan de más de un millón repartido
El PP lleva gobernando en la Comunidad de Madrid ininterrumpidamente desde hace 25 años y desde 2003 está en manos de Aguirre y sus fieles. Los escándalos de corrupción han sacudido a un partido en tensión permanente.
La Sala de lo Penal remarca que las operaciones anteriores al PGOU de 2004 son "solo una fase" de una presunta actividad delictiva de la trama en Valdemoro (Madrid) "prolongada en el tiempo".
Reabre la causa tras ordenarlo la Audiencia Provincial, que ha acogido un recurso de Granados contra su exsocio.
La Fiscalía recurre a contrarreloj decisiones del juez García Castellón con la inquietud de que quede coja la instrucción, cuyo plazo acaba en junio.
Las dos acusaciones populares piden al juez García Castellón que llame a declarar a un exdirectivo de la firma por una recalificación urbanística que aseguró un pelotazo a uno de los socios de Granados.
La Fiscalía formula un durísimo recurso donde sostiene que García Castellón "vulnera" su derecho a la tutela judicial efectiva con una resolución "incongruente".
La defensa del exconsejero Francisco Granados recibe con euforia el auto de García Castellón que, alegando que se refieren a años anteriores a 2004, deniega a la Fiscalía recabar documentos urbanísticos de Valdemoro.
www.infolibre.es ISSN 2445-1592
