Francisco Granados

Adade propone que el exdirigente del PP sea juzgado por un delito continuado de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a las Administraciones Públicas y falsedad en documento mercantil.

Tras la investigación del cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicar fiestas municipales, la Audiencia Nacional ha procesado a un total de quince personas.

La acusación particular, ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, afirmaba que bajo el mandato de Cospedal "se aprueban y firman todos los modificados y complementarios" de la empresa pública Mintra.

Anticorrupción señala al exgerente Beltrán Gutiérrez como el ejecutor de la trama y diluye el papel de Esperanza Aguirre. Los fiscales del caso Púnica dan por probado que en el partido hubo una caja b que sirvió para financiar las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. Recurren la decisión del juez de separar la investigación del sistema de facturación en b denunciado por el exalcalde de Majadahonda, condenado por el caso Gürtel.

Adade recuerda que las adjudicaciones se hicieron en tiempos de Granados como consejero de Transportes, pero los "modificados" se llevaron a cabo ya con Cospedal en el cargo.

García Castellón da cinco días a las partes para que presenten sus alegaciones para dar por finiquitada la "fase preparatoria" del juicio.

El que fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003, Francisco Granados, habría titulado diferentes vehículos corporativos en Suiza, donde fueron depositados alrededor de 1,5 millones de euros entre 2000 y 2004. 

Las últimas resoluciones judiciales urgen a concluir las indagaciones: la Audiencia Nacional habla de no demorar los plazos y el juez cree que la investigación está "agotada". Anticorrupción está por la labor de mover ficha una vez que pasen los comicios autonómicos para no interferir en el proceso electoral.

Sergio Ríos ejerció como conductor del extesorero y fue captado por comisarios para sustraer información sensible para el PP. También trabajó para Francisco Granados, quien habría pedido datos sobre él porque Villarejo quería interceptar una documentación. Así lo declaró el constructor David Marjaliza, por lo que el PSOE ha solicitado su comparecencia en la Audiencia Nacional.

El juez De la Mata investiga la segunda etapa de la gestión del proyecto, cuando tomó los mandos el ex secretario general del PP de Madrid. Ya ha procesado a su antecesor por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones y malversación.

El empresario ha comparecido a petición propia ante el juez "para desmontar las falsas acusaciones de Marjaliza y para aclarar el asunto".

La Audiencia abre una pieza sobre las operaciones de blanqueo con que los imputados buscaban ocultar el dinero derivado de contratos amañados, pelotazos urbanísticos y otros delitos investigados.

La acusación popular pide que el expresidente regional declare de nuevo como imputado por los negocios que Tecnoconcret, empresa ligada a su hermano y su cuñado, hizo como proveedora de césped artificial para campos de fútbol financiados con el Plan Prisma. 

Las acusaciones populares envían su escrito a García Castellón un día antes de que comparezca en la Audiencia el exdirectivo de la cadena de distribución imputado por una operación urbanística bajo sospecha. El magistrado tiene concedida desde septiembre de 2017 la compatibilidad como "tutor on-line del Centro Universitario Ramón Areces"

David Marjaliza declara que entre 1999 y 2002 entregó elevadas personalmente elevadas cantidades a Francisco Granados, entonces alcalde de Valdemoro, y a dos intermediarios que supuestamente hicieron llegar el dinero a los alcaldes socialistas de Parla y Pinto. La mordida era de 1.000 euros por cada vivienda autorizada. Los papeles aportados al juez hablan de más de un millón repartido

El PP lleva gobernando en la Comunidad de Madrid ininterrumpidamente desde hace 25 años y desde 2003 está en manos de Aguirre y sus fieles. Los escándalos de corrupción han sacudido a un partido en tensión permanente.

La Sala de lo Penal remarca que las operaciones anteriores al PGOU de 2004 son "solo una fase" de una presunta actividad delictiva de la trama en Valdemoro (Madrid) "prolongada en el tiempo".

Reabre la causa tras ordenarlo la Audiencia Provincial, que ha acogido un recurso de Granados contra su exsocio.

La Fiscalía recurre a contrarreloj decisiones del juez García Castellón con la inquietud de que quede coja la instrucción, cuyo plazo acaba en junio.

Las dos acusaciones populares piden al juez García Castellón que llame a declarar a un exdirectivo de la firma por una recalificación urbanística que aseguró un pelotazo a uno de los socios de Granados.

La Fiscalía formula un durísimo recurso donde sostiene que García Castellón "vulnera" su derecho a la tutela judicial efectiva con una resolución "incongruente".