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Operación Púnica

El arrepentido de 'Púnica' ratifica que hizo pagos para el PP, el PSOE e IU

El empresario David Marjaliza.

A.G.

David Marjaliza, el arrepentido de la Operación Púnica cuyas revelaciones mantienen contra las cuerdas al antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, y al propio partido, se ratificó este martes en lo que ya había avanzado en declaraciones anteriores: que además de a Granados pagó entre 1999 y 2002 por operaciones urbanísticas a alcaldes y concejales del PSOE y a un edil de IU.

Los papeles que el propio Marjaliza aportó en junio al juez de la Audiencia Manuel García Castellón como extraídos de su contabilidad cifran por encima del millón de euros las cantidades que en ese periodo habrían desembolsado él y sus socios por mordidas urbanísticas. Este martes, el empresario insistió en que la tarifa se situaba en 1.000 euros por cada vivienda cuya construcción quedase autorizada, aunque no ofreció cifras globales según distintas fuentes. Remarcó que el partido que mandaba en cada ayuntamiento cobraba más que los de la oposición. Y que a la hora de pagar también se tenía en cuenta el peso de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, en los distintos consorcios urbanísticos creados para el desarrollo de determinadas áreas de cada municipio.

Marjaliza sostiene que entregó personalmente elevadas cantidades a Granados, por aquellas fechas alcalde de Valdemoro, y a un edil de IU de ese mismo municipio madrileño y a quien el empresario identifica como Felipe Rodríguez. En el caso de las localidades de Parla y Pinto, entonces gobernadas por el PSOE, Marjaliza asegura que dio el dinero a dos intermediarios: José Antonio Alonso y José Luis Capita, ambos imputados. Su misión consistía, mantiene Marjaliza, en hacérselo llegar a los respectivos alcaldes: Tomás Gómez, entonces al frente del ayuntamiento de Parla, más adelante secretario general del PSOE madrileño entre 2007 y 2015, ahora alejado de la política y cuyo entorno niega de forma tajante las acusaciones que Marjaliza le dirige desde el inicio de la causa; y Antonio Fernández, regidor de Pinto.

¿Tiene el antiguo socio de Granados certeza de que Gómez y Fernández recibían esos fondos? Fuentes cercanas a Marjaliza responden que no. "Pero lo lógico es que así fuera", agregan. ¿Por qué? Porque los intermediarios le hacían saber a él y a sus socios que en tal municipio se iba a iniciar el proceso para adjudicar la construcción de viviendas y a partir de ahí "se decidía pagar". Ni Felipe Rodríguez, ni Tomás Gómez ni Antonio Fernández figuran entre los investigados. 

En 2017, un informe de la Fiscalía Anticorrupción ya afirmaba que la venta de suelo para desarrollo residencial también “sirvió para engrosar presuntamente las arcas del Partido Popular, Izquierda Unida y PSOE". Es decir, de los partidos "con ediles que eran miembros del consejo de administración del respectivo consorcio urbanístico”.

Pese a que este martes Marjaliza se reiteró en esa línea, su principal objeto de ataque continúa siendo Francisco Granados, el primero alcalde y luego consejero de Esperanza Aguirre que durante años manejó buena parte del urbanismo madrileño a través de la empresa pública Arpegio. Durante su comparecencia hubo un momento de tensión cuando como ejemplo de lo que sucedía mencionó cómo una finca con vivienda de la madre de Granados había ido mejorando de forma ostensible. Esa mejoría, dijo para enfado del abogado de Granados, Javier Vasallo, no se explica con la pensión que cobra una viuda.

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