El concejal del PP en el Ayuntamiento de Léon José María López Benito ha dimitido tras el "ultimátum" dado por la portavoz de Cs, Gema Villarroel, por su investigación en el caso Enredadera y como condición a la posición de la formación naranja de apoyar o no la moción de censura contra el alcalde Antonio Silván, impulsada por el PSOE.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Gema Villarroel, le había dado este martes un plazo 24 horas para que dimitiese. Así lo manifestó Villarroel al término del pleno extraordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de León, y convocado por el propio alcalde, para dar explicaciones por la aparición de López Benito en las conversaciones telefónicas grabadas al empresario José Luis Ulibarri.

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos ha cogido el guante lanzado por el alcalde para crear una comisión municipal de investigación sobre el caso Enredadera, pero ha declinado que sea la formación naranja quien presida dicha comisión ya que, según palabras de Villarroel, "el PP no está en posición" de decidir quién debe ser el presidente, algo que tendrán que acordar todos los grupos municipales.

Al respecto, Gema Villarroel ha precisado que se va a encargar "personalmente" de que el formato de dicha comisión de investigación municipal sea el adecuado "de preguntas-respuestas" para que el alcalde "no pueda esconderse como ha hecho hoy" en el pleno extraordinario, "donde no ha aclarado nada y no ha respondido a las preguntas de la oposición".

El Juzgado de Instrucción 2 de Badalona (Barcelona) ha ordenado la madrugada de este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del empresario José Luis Ulibarri, tras ser detenido en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía por el presunto amaño de contratos de aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios, según ha informado Europa Press.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del Juzgado ha finalizado a las 3.00 horas las comparecencias iniciadas sobre las 19 horas de este miércoles de cinco detenidos en la operación, con domicilios en Madrid, Fuenlabrada, Majadahonda y Villanueva de la Cañana.

El juez acordó prisión para Ulibarri, también investigado dentro de la trama del caso Gürtel, y otra persona, y para los otros tres que pasaron a disposición judicial quedaron en libertad con medidas cautelares como retirada de pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial.

Durante este jueves la Policía Nacional continuará con la puesta a disposición judicial del resto de detenidos pendientes de comparecer ante el magistrado instructor, ha precisado el TSJC, que ha explicado que de la cincuentena de detenidos en esta operación, está previsto el pase a disposición judicial de una quincena.

Este miércoles el juzgado ya decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para un detenido, tras tomar declaración a los cuatro detenidos este martes en la provincia de Barcelona y decretó libertad con medidas cautelares para los otros tres –un quinto detenido en Lleida quedó en libertad el mismo martes tras declarar ante la Policía–.

'Operación Enredadera'

Los hechos investigados en la operación Enredadera, según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona, que ha ordenado 55 entradas y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.

El Juzgado de Badalona autorizó la entrada y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet de Vallès, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Detenido el martes como uno de los principales involucrados en una operación cuyo nombre –Enredadera– parece en sí mismo un resumen de cómo la trama de los semáforos y demás aplicaciones para seguridad vial fue escalando y ampliando su campo de acción hasta operar en más de 40 municipios con la connivencia de cargos públicos del PP, el PSOE y Ciudadanos, el leonés José Luis Ulibarri Cormenzana había sido hasta ahora un hombre de suerte.

Empresario multidisciplinar que comenzó con la promoción inmobiliaria para terminar conjugando el negocio del ladrillo con el de la comunicación y el de los servicios, Ulibarri nunca perdió el favor de los poderes establecidos ni siquiera cuando el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le incluyó en junio de 2016 entre los 27 procesados que, todavía sin fecha, deberán sentarse en algún momento en el banquillo por el juicio de la denominada pieza separada de Boadilla en el caso Gürtel.  "La comisión pactada entre Ulibarri y el grupo de Correa Sánchez ascendió a 1.000.000 euros", escribió el magistrado en referencia a cómo el empresario se había hecho en 2005 con un suelo municipal a bajo precio, que es la clave de por qué la Fiscalía Anticorrupción reclama para él siete años de cárcel. 

Ese mismo 2005, cuando nadie podía siquiera imaginar que Baltasar Garzón destaparía cuatro años más tarde lo que la Audiencia ha terminado por definir como  "un sistema de corrupción institucional" ni que la constructora UFC, durante años mascarón de proa del empresario, terminaría en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 4,5 millones, Ulibarri le compró a Francisco Correa el yate Carmen Junior III. Pagó 400.000 euros a través de sus empresas.

Fue Baltasar Garzón quien le incorporó desde primera hora –febrero de 2009– a la lista de imputados de Gürtel. El letrado que entonces asistía a Ulibarri, el ahora fallecido Ignacio Peláez, tuvo un papel determinante en la destrucción de la carrera judicial de Garzón. Fue Peláez quien logró que el el juez fuese inhabilitado por haber ordenado escuchas a los principales acusados con sus abogados en prisión.

Empresario de la comunicación

Ulibarri posee varios diarios locales, es copropietario de la televisión privada autonómica que desde 2009 financia la Junta de Castilla y León –54 millones de subvención directa en los últimos tres años–, dio el salto a Latinoamérica en el negocio inmobiliario a través de Begar Andina (Colombia) y Malofa Comodities (Argentina), ha protagonizado dos concursos de acreedores –UFC y Elodea– , por ejemplo, gestionaresidencias de ancianos en distintos territorios a través de Aralia, una de las empresas investigadas en Enredadera.

Y además de todo eso está acusado en Gürtel de cinco graves delitos de corrupción (prevaricación, falsedad mercantil, fraude a las Administraciones, tráfico de influencias y delito fiscal) por los que se arriesga a siete años de cárcel. Tiene 63 años. Algunos perfiles biográficos dicen que su padre era taxista. Otros, que cartero. Lo único que nadie cuestiona es que comenzó su andadura profesional –es aparejador– en la empresa Teconsa bajo el mando de José Luis Martínez Núñez, un constructor que llegó a estar investigado por un supuesto plan para asesinar a un antiguo dirigente del PP gallego, Xosé Cuiña. Ulibarri terminó enfrentado con su antiguo jefe, ya fallecido.

Ahora es también el hombre que este miércoles esperaba en Badalona a que el juez que dirige la Operación Enredadera decidiera sobre su futuro inmediato. Pero lo que nunca ha sido, al menos hasta hoy, es una especie de Urdangarin 2 condenado al ostracismoUrdangarin 2. Muy al contrario, ahora al igual que en los últimos años se encadenan los titulares que le presentan como una variante local del Ciudadano Kane Ciudadano Kanede Orson Welles o, directamente, del turbio multimillonario y editor de prensa amarilla que inspiró el personaje, William Randolph Hearst.

Sus detractores –muchos y todos dispuestos a aportar detalles bajo juramento de que se les mantendrá en el anonimato– creen hoy que si el juez de Badalona adopta medidas cautelares contra Ulibarri, algunos políticos "tendrán difícil explicar su relación". Entre esos políticos los informantes reservan un papel protagonista al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, del PP. Pero tampoco los socialistas rehúyen su presencia. En 2012, un casino local le rindió homenaje a Ulibarri, ya entonces imputado en Gürtel. Al acto acudieron concejales del PSOE y un senador de la misma formación política.

Y eso lo ilustra, por ejemplo, lo sucedido cada uno de los dos noviembres que han corrido en el calendario desde que en junio de 2016 se aseguró un asiento en el futuro banquillo del caso de Boadilla.

El 17 de noviembre de aquel año, el Diario de León, mascarón de proa del conglomerado mediático de este verdadero poder fáctico de Castilla y León que ahora se encuentra en manos del poder judicial, concedió su premio anual al "Desarrollo Social y los Valores Humanos". En aquella edición, el jurado galardonó a una fundación de carácter filantrópico. De ese jurado, y entre otros notables representantes de la sociedad leonesa, formaban parte la presidenta de la Audiencia de León, el decano de los jueces, el general de Brigada Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León y el Procurador del Común, el equivalente al Defensor del Pueblo en esa comunidad.

Al año siguiente, la historia se repitió casi con idénticos actores: el jurado se reunió el 8 de noviembre de 2017, Diario de León publicó una amplia crónica y la foto de su dueño rodeado por la presidenta de la Audiencia, el juez decano, el Procurador del Común y el jefe de la Guardia Civil en Castilla y León entre otros. Apenas una semana atrás, el primer juicio de Gürtel, el de la llamada Época 1 y en la que Ulibarri no se contaba entre los acusados, había ascendido de nuevo a los titulares de prensa, radio y televisión cuando la fiscal del caso proclamó que con el cobro de comisiones y el pago de sobornos Correa había instaurado "un modo de vida duradero" y firmemente anclado en la corrupción.  La placidez que rezuman las fotografías del momento apuntan a que a aquella mesa en cuya cabecera posaba Ulibarri y donde las botellas de agua se alinean con disciplina ante cada miembro del jurado ni siquiera llegaron los ecos del juicio.  

Nueve años después de que en febrero de 2009 trascendiera que había sido uno de los principales empresarios beneficiados por los manejos de la trama Gürtel, el leonés José Luis Ulibarri aparece ahora situado en el centro de una segunda red de corrupción, esta dedicada a manipular adjudicaciones sobre seguridad vial en ayuntamientos de toda España y gobernados por PP, PSOE y Ciudadanos.  Entre los detenidos hay alcaldes y concejales de esos tres partidos.

Bautizada como Enredadera, la operación que bajo el impulso de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF dirige un juzgado de Badalona desencadenó este martes una treintena de detenciones, registros a 21 ayuntamientos, requerimientos a otros 18 y entradas en una docena de empresas, cinco de ellas al menos pertenecientes o vinculadas al conglomerado societario de Ulibarri.

Aunque la Operación Enredadera permanece bajo secreto, ya ha trascendido que la empresa Aplicaciones Gespol SL se presenta como la principal receptora de los contratos investigados. Aplicaciones Gespol perteneció a la compañía Bilbomática hasta que en 2016 fue adquirida por la división ambiental de Sacyr, Valoriza. Tanto la sede de Aplicaciones Gespol como la de Bilbomática y la de Valoriza figuran entre las instalaciones que ha registrado la Policía. Sus responsables constan asimismo entre los principales investigados. Los contratos investigados se extienden desde 2010 hasta ahora.

Entre los ayuntamientos bajo la lupa hay ocho de capitales de provincia. Seis de ellos se vieron alcanzados por la oleada de registros: Lleida, León, Palencia, Huesca, Oviedo y Teruel. Y a dos más –Logroño y Vitoria–, la Policía les entregó sendos requerimientos de documentación al igual que hizo con la Diputación de Alicante.

Promotor inmobiliario y propietario de varios periódicos y de la cadena de televisión privada autonómica que gestiona la concesión otorgada por el Gobierno de Castilla y León, José Luis Ulibarri se encuentra pendiente de juicio en el caso Gürtel por la denominada pieza separada de Boadilla.

En esa vista, para la que la Audiencia Nacional aún no ha fijado fecha, se enfrenta a siete años de prisión por varios delitos de corrupción derivados de la adjudicación de suelo a bajo precio que en 2005 logró del Ayuntamiento de Boadilla su empresa Begar para construir 139 viviendas.

Otra de las mercantiles con que en aquella época operaba Ulibarri y cuyo nombre afloró durante la investigación de Gürtel, Peñalba Servicios Inmobiliarios, está ahora también investigada aunque su actual denominación es otra: Enantar SA.

Todo apunta a que el empresario se sitúa en el vértice de esta red. Una de las empresas sometidas a registro es Aralia Servicios Sociosanitarios, adjudicataria de contratos públicos en diferentes comunidades y una de las compañías señeras de Ulibarri. Otras cuatro comparten domicilio social con la anterior: Utebo, Anento, Enantar y Arcor.

Entre los detenidos, además del propio Ulibarri y su hombre de confianza, Miguel Hernán Manovel, hay alcaldes, concejales y mandos de las distintas Policías Locales que encomendaron a Aplicaciones Gespol distintos servicios relacionados con la seguridad vial previo amaño presunto de los contratos. 

Fuentes jurídicas aseguraron este martes no obstante que ahora solo pasarán a disposición judicial una quincena de los arrestados. Y que lo previsto era que los restantes quedasen en libertad el martes por la noche y sean llamados a declarar ante el juez en una segunda fase.

Suspensiones de militancia y arrestos de policías

Entre las 14 personas cuyo arresto ordenó el juez de Badalona –las restantes detenciones se produjeron como consecuencia de los registros– se cuenta el alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, así como sus correligionarios Sadat Maraña, asesor en la Diputación de León, y Juan Carlos Fernández, concejal en el también municipio leonés de San Andrés del Rabanedo. El partido de Albert Rivera ya los ha suspendido de militancia.

Idéntico anuncio lanzó la dirección federal del PSOE. De ese partido están investigados, al menos, la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Eugenia Gancedo, y Juan José Simón, administrador de una de las compañías investigadas y que fue concejal en la también leonesa localidad de Astorga. 

En Villanueva de la Cañada (Madrid) fue detenida la concejal del PP Julia Tortosa.

A lo largo de la jornada se sucedieron los arrestos y registros a manos de distintas Policías Locales. La primera detención que trascendió fue la del jefe de ese Cuerpo en el municipio madrileño de Fuenlabrada, feudo histórico del PSOE y uno de los 16 que en Madrid están siendo objeto de investigación. En la lista madrileña se integran localidades de importancia como Alcobendas, Parla, Torrelodones y Pinto.

Los jefes de las Policías Locales de Oviedo, Huesca, Tiana (Barcelona) y Vélez Málaga figuran en la lista de investigados.