El Consejo Profesional de la RTVA ha dado un golpe en la mesa. Este martes todos sus integrantes, en bloque, han presentado su dimisión, seis meses después de que expirara su mandato. Lo hacen, según reza el comunicado, por “responsabilidad” y ante lo que califican como un “bloqueo institucional” que amenaza la independencia informativa dentro de la radiotelevisión pública andaluza.

El comunicado subraya que el artículo 13.1 del Estatuto Profesional de los trabajadores de la cadena pública andaluza es claro: “Una vez finalizado el mandato, debe convocarse un nuevo proceso electoral en el plazo máximo de un mes”. Sin embargo, medio año después, ese proceso ni siquiera se ha iniciado. “No es la primera vez que ocurre”, recuerdan, señalando que el anterior Consejo “llegó a permanecer dos años en funciones”.

El órgano, que representa los intereses profesionales de las redacciones de la televisión y la radio públicas, asegura haber cumplido con todas las obligaciones que le marca el Estatuto: informes sobre la programación, tramitación de quejas y defensa del trabajo territorial, especialmente el de las delegaciones locales, una de las áreas más sensibles en la cobertura informativa de la RTVA.

La situación hace tiempo que es insostenible. Desde marzo de 2024 la Dirección de Informativos de Televisión se niega a reunirse con el Consejo, denuncia el comunicado, "a pesar de que, según el Estatuto del que nos dotó la empresa, dichas reuniones están pautadas cada tres meses". Los integrantes de este órgano afirman que el silencio por parte de la dirección hace que "decenas de quejas y consultas de compañeros sigan sin respuesta". "La última excusa para no hacerlo, a principios de este año 2025, es que con un Consejo a punto de caducar no merecía la pena reunirse", denuncian.

"La defensa del Estatuto Profesional ha sido siempre la principal motivación de todas nuestras actuaciones y su incumplimiento ha sido desde el primer momento denunciado en todos nuestros comunicados. Un incumplimiento que ha sido la norma de actuación de la actual dirección de la empresa, desde asuntos esenciales como el derecho de los andaluces a una información plural, independiente, imparcial, rigurosa y veraz, a asuntos de funcionamiento interno como no informarnos de los nombramientos o cambios en el área de informativos, de la cobertura de acontecimientos, ni de otras decisiones relevantes para el desempeño de la labor de los y las profesionales", han expresado.

El Director de la RTVA, Juan de Dios Mellado, negó estas acusaciones en su última comparecencia ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA en el Parlamento de Andalucía, donde acusó al Consejo, integrado por representantes de la redacción de los medios públicos bajo su responsabilidad, de "manipular" los datos y ofrecerlos de manera "sesgada".

Este órgano afirma llevar tres años esperando una reunión con el director general de la RTVA y cuatro sin recibir respuesta formal a sus informes, algo que el Estatuto también obliga a justificar. Tampoco prosperó su propuesta de reforma del propio Estatuto Profesional, presentada hace casi un año para impulsar una mayor participación interna y transparencia en los procesos de decisión.

El Consejo lanza un mensaje contundente: “No vamos a ser cómplices de la nueva estrategia de nuestra empresa para devaluar un instrumento imprescindible como es el Consejo Profesional de la RTVA”. Reconocen marcharse “con orgullo por la labor realizada, aunque con tristeza por no haber podido ser más útiles”, y apelan a la plantilla para que no se desentienda.

Piden también a la dirección y al Consejo de Administración que cumplan la normativa y convoquen de inmediato las elecciones. Y, sobre todo, llaman a sus compañeros a implicarse: “El Consejo Profesional es un órgano de representación esencial para el buen funcionamiento y la mejora de la información que ofrecemos a la ciudadanía andaluza”.

Canal Sur vive a la deriva de la manipulación desde que a su Dirección General llegó Juan de Dios Mellado directamente desde un departamento del Gobierno del actual presidente andaluz.

La última reforma de la ley reguladora de Canal Sur tuvo lugar nada más llegar Juanma Moreno a la Presidencia de Andalucía, cuando puso fin a décadas de dominio político del PSOE en esta comunidad. Aquella modificación salió adelante con el apoyo de PSOE y de Vox, como parte de un pacto más amplio de renovación de órganos que requerían mayorías cualificadas, y en nombre de “la garantía de la pluralidad política”, que, según estos partidos, exigía “la modificación y actualización normativa” para que respondiera a la “voluntad democrática reflejada en el Parlamento de Andalucía”. De nuevo, los partidos políticos en el centro de los órganos de decisión y control de los medios públicos.

Aquel pacto situó al periodista Domi del Postigo al frente del Consejo Audiovisual de Andalucía (uno de los poquísimos organismos de estas características que existen en España y que se sitúan en el corazón de la supervisión en el resto de Europa) y mantuvo a Juan de Dios Mellado como director de Canal Sur. Se quedaron fuera del Consejo de Administración las formaciones Por Andalucía y Adelante Andalucía.

La reforma de 2019 redujo de quince a nueve los miembros del Consejo y eliminó el mandato de seis años que garantizaba una separación de la legislatura y, por tanto, de la mayoría de turno, pero mantuvo la obligación de proceder a los nombramientos por mayoría reforzada de tres quintos del Parlamento, lo que al menos obliga a la mayoría de gobierno a buscar un acuerdo con la oposición. También dio entrada al Consejo, con voz pero sin voto, a un representante de los trabajadores.

Esa mayoría reforzada sigue rigiendo también para elegir al director general, pero también se cambió su mandato de seis años a la duración de la legislatura. Y se puso un límite de un año para alcanzar un acuerdo de designación.

Al mismo tiempo, se redujeron de 17 a 13 los miembros del Consejo Asesor, en los que se dan cita representantes de la administración, los sindicatos y los ayuntamientos, entre otras entidades.

Juan de Dios Mellado, que ya había ejercido como director de Comunicación de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2010, en un gobierno del PSOE, llegó a la dirección general de la Radiotelevisión andaluza directamente desde la Dirección General de Comunicación Social de la Junta, un puesto funcionalmente muy próximo al de Juanma Moreno.

Los cambios no fueron bien recibidos por los periodistas andaluces. La Asociación de la Prensa de Sevilla acusó a PSOE, PP e IU de “anteponer intereses partidarios” en la dirección de Canal Sur. En vez de elegir personas “con reconocida cualificación y experiencia profesional”, “buena parte” de los elegidos a propuesta de estos partidos incumplen claramente el perfil. “Por encima de los obligados criterios profesionales, estas formaciones han antepuesto intereses estrictamente partidarios y han propuesto a políticos que se quedaron descolgados y parados en los recientes procesos electorales, a cargos orgánicos y a personas que seguirán trabajando en los partidos con un sueldo pagado por una institución pública”, acusó en su día esta asociación.

En los últimos años, las polémicas que revelan problemas de independencia y manipulación informativa se han sucedido. Las más importantes se derivan de los informes que lleva a cabo el Consejo Profesional de Canal Sur, que ha logrado sobrevivir a la reforma de 2019.

En abril de 2024 sacaron los colores a los responsables de la radiotelevisión andaluza recogiendo “350 ejemplos de malas prácticas periodísticas” en los últimos seis meses, relacionados con “escaletas ideológicas” y “desequilibrio informativo”. La manipulación, denunciaban, se ha “cronificado”. Destacaba un ejemplo: las noticias de Canal Sur dedicaron cien veces más tiempo a la ley de amnistía que a las listas de espera de Andalucía, a pesar de que el primer tema, según todos los estudios, estaba lejos de ser la principal preocupación de los ciudadanos.

Los ejemplos abundan. Desde la cancelación de un reportaje sobre los diez años de Felipe VI, que desató las protestas de los periodistas de Canal Sur (la dirección de informativos levantó una pieza del programa Los Reporteros porque se centraba en la abdicación de Juan Carlos I y pasaba “de puntillas” sobre algunos hechos del reinado de Felipe VI), hasta la permanencia en una tertulia de un periodista recién fichado por el Gobierno de Moreno que hasta ese momento trabajaba para el medio ultra The Objective.

En febrero de 2022, Canal Sur suspendió de empleo y sueldo a un periodista por protestar por una rueda de prensa de una diputada del PP (el reportero reclamó información sobre el contenido del evento, pero no tuvo éxito, por lo que “en señal de protesta” no se sentó frente a la parlamentaria popular). En abril del año pasado, la Comisión de Deontología Periodística reprobó una información de Canal Sur sobre Doñana por “faltar a la verdad”.

Uno de los casos más recientes tuvo lugar en diciembre de 2024. Un informativo de Canal Sur definió a Franco como “el militar que gobernó España durante casi 40 años”, lo que motivó un pronunciamiento del Consejo Profesional de la RTVA considerando “muy grave” el “blanqueamiento” del dictador por parte de la Dirección de Informativos.

En octubre de 2023, los trabajadores de Canal Sur denunciaron las “asfixiantes injerencias políticas” que dicen sufrir en su rutina diaria desde 2020, tras la llegada de Álvaro Zancajo como director de Informativos (que fue cesado en diciembre de ese año por las graves denuncias de manipulación interpuestas por los propios trabajadores y sindicatos), y su sucesora, Carmen Torres, “con quien la degradación del servicio público ha seguido y aumentado”, según sostienen los miembros del Consejo Profesional.

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, ha decidido la destitución de Álvaro Zancajo como director de Contenidos de Informativos y Transición Digital de Canal Sur y será sustituido en el cargo por Carmen Torres, actual directora de la cadena en Madrid.

Fuentes de la dirección de la RTVA han informado este lunes a Europa Press de los cambios que se han decidido en puestos de la cadena autonómica y que, según han querido dejar claro, no están motivados por la huelga de trabajadores de la pasada semana, sino que estaban decididos desde hace tiempo.

Los sindicatos de la RTVA convocaron el pasado 22 y 23 de diciembre una huelga protestando contra el recorte de 14 millones de euros en la cadena, pactado en el acuerdo presupuestario entre PP, Ciudadanos y Vox, como requisito del partido de ultraderecha para dar su apoyo a las cuentas.

La huelga resultó en una pérdida total de la señal durante la mañana del día 22, minutos antes del comienzo del programa Andalucía Directo, y que continuo hasta la mañana del jueves 24 en tres de los canales de la cadena. El 23 de diciembre 150 trabajadores se concentraron en las puertas del Parlamento de Andalucía, durante la votación de los Presupuestos de la Comunidad para 2021, en protesta contra la medida.

Aparte del relevo en la Dirección de Informativos, también ha sido destituida Carmen Estero como directora Corporativa de la RTVA y será sustituida por Raquel Sánchez, una profesional del ámbito privado. También se produce nuevo nombramiento al frente de la Dirección de Organización de RR.HH. y SS.GG. ya que su actual responsable se jubila y lo sustituirá Enrique Díaz.

Las mismas fuentes han informado a Europa Press de que Juande Mellado dará cuenta de estos cambios en la reunión del consejo de administración de la RTVA que se celebrará este miércoles 30.

Susana Díaz insta a Moreno a "romper el acuerdo" con Vox, que amenaza con “serias consecuencias políticas”

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "tiene que romper el acuerdo de recortes" en Canal Sur alcanzado "con la ultraderecha de Vox", tras conocerse la destitución.

“Moreno Bonilla sabía que mantener a Zancajo, con el que trajo la manipulación informativa a Canal Sur, era insostenible", ha comentado Susana Díaz en Tiwtter, desde donde, en referencia al presidente de la Junta, ha añadido que "ahora tiene que romper el acuerdo de recortes con la ultraderecha de Vox".

En respuesta a las palabras de Díaz, Alejandro Hernández, diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía, asegura que Mellado, “con sus mamporreros sindicales y el aplauso del PSOE-A, le tuerce el brazo” al Gobierno de la Junta para que rompan el pacto presupuestario. “Auguro serias consecuencias políticas...”, sentencia Hérnandez.

En la misma línea se ha manifestado la cuenta oficial del partido, asegura que “quieren cesar a Álvaro Zancajo para que Canal Sur vuelva a ser un altavoz del PSOE”, y advierte al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que si no pide la dimisión de Mellado como director, “demostrará que maniobra para proteger al PSOE de Andalucía”. “Con Vox que no cuenten para complacer al PSOE”, incide el partido de ultraderecha.

La Comunidad de Madrid quiere auditar los contratos de Telemadrid del pasado año en pleno estado de alarma. La noticia la adelantaba este miércoles la cadena Ser, que informaba que "el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a través de la Consejería de Hacienda, ha activado esa auditoría en plena pandemia del coronavirus, sin tener en cuenta la merma que también sufre Telemadrid a raíz del teletrabajo en varios departamentos, entre ellos, el jurídico o el de administración. La Comunidad de Madrid ha obviado esa situación y ha reclamado ya todos los expedientes de contratación administrativa tramitados y adjudicados en 2019 –en formato Excel– desglosados por el tipo de contrato, el presupuesto de licitación, el valor estimado del contrato, la duración, el procedimiento de adjudicación, si hubo o no publicidad en el concurso y el importe por el que se cerró esos contratos".

Dirección y trabajadores de la cadena pública no salen del estupor: "Es la primera auditoría en 16 años... y mira que han pasado cosas graves en ese tiempo". Algunos recordaban los contratos fraudulentos del fútbol: "Curioso que Díaz Ayuso y el PP de Madrid mande ahora la inspección a Telemadrid. Sus antecesores Aguirre y González no solo no investigaron sino que impulsaron el saqueo", y remitían a infoLibre, que publicó un amplio dossier sobre esa etapa. Conviene recordar que la actual dirección de Telemadrid fue propuesta por el propio PP y aprobada por el Parlamento regional, pero, tras la llegada de Díaz Ayuso al poder, ha realizado constantes críticas a la línea de sus informativos, al tiempo que ponía trabas económicas que impiden cubrir bajas o renovar equipos técnicos. Todo ello cuando esta televisión está recuperando audiencia y credibilidad entre los madrileños.

No obstante, tras la llegada de la pandemia la presidenta regional, que hasta ese momento se había negado a conceder entrevista alguna a la cadena, ha aparecido múltiples veces en los noticiarios y otros programas informativos, tanto en sus actividades institucionales y comparecencias públicas, como en intervenciones exclusivas en Telemadrid. Por todo ello, el anuncio de la auditoría a la cadena en plena pandemia ha sorprendido especialmente, al tiempo que ha desencadenado las críticas de la oposición de la izquierda, que ha llevado a la diputada de IU, Vanessa Lillo, a declarar: "La obsesión persecutoria de este Gobierno con Telemadrid no tienen límites. Ni ética".

Las contradicciones del PP

Mientras esto ocurre en la televisión pública madrileña, el PP nacional prosigue en sus denuncias de manipulación informativa contra TVE, rechazadas a título individual por señalados miembros de la redacción y el propio Consejo de Informativos, órgano de representación del colectivo y garante de una información veraz, plural y equilibrada, así como por la sección sindical de UGT, primera fuerza en el Comité Intercentros.

En paralelo, este viernes los trabajadores de la televisión autonómica de Galicia (TVG) volverán a vestirse de negro en protesta contra la manipulación en sus informativos. Serán ya 101 las semanas en que denuncian que esa televisión está al servicio de los intereses del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en lugar del conjunto de la población.

Otro caso significativo se produce en los medios públicos autonómicos de Andalucía. Este mismo miércoles, el Sindicato de Periodistas de Andalucía ha pedido al Director General de la RTVA, Juande Mellado, que tome medidas para evitar que Canal Sur siga a la deriva de audiencia en un momento en el que más se necesita su aportación como servicio público. En su escrito relatan como el pasado 19 de abril, Canal Sur TV registró el peor dato de audiencia de toda su historia, un 5,4 por ciento de cuota a lo largo de todo un día, "lejos de ser una cifra aislada, la televisión andaluza pierde miles de telespectadores diarios y presenta una tendencia a la baja en programas e informativos, por debajo del 8 por ciento en todo el mes salvo un día.

Además, esto ocurre en un momento en el que no dejan de crecer las críticas a los informativos, dirigidos por Álvaro Zancajo, desde todos los ámbitos de la sociedad civil andaluza y en el que se ha producido una centralización absoluta de contenidos, prioritariamente de carácter político, que deja a las delegaciones provinciales con una presencia testimonial en las escaletas y a las informaciones de interés público, en el más absoluto de los olvidos".

En su escrito afirman que "el descrédito de audiencia ha llegado hasta tal extremo que hasta las comparecencias del presidente de la Junta de Andalucía, que en otras comunidades autonómicas presentan datos por encima de las dos cifras, se ven menos que los propios informativos de Canal Sur. Y mientras crecen los programas y contenidos de carácter político en Canal Sur y se extiende la práctica de la opinión sobre la información, programas de larga trayectoria y reputación en la cadena, se suprimen o se relegan a la redifusión".

La proximidad electoral dificulta los acuerdos políticos, o al menos su exposición ante la opinión pública. Es de manual. Pero pocas veces esta realidad se expresa de forma tan clara. PP y Ciudadanos, los dos partidos gobernantes en Andalucía, el PSOE, el partido más votado y líder de la oposición, y Vox, la ultraderecha de la que depende el Gobierno, han anunciado esta mañana un gran acuerdo para la renovación de la RTVA, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo Audiovisual. Adelante Andalucía (Podemos-IU) no descarta sumarse hoy mismo al acuerdo.

El acuerdo reparte así los nueve miembros en los consejos de administración de RTVA y del Consejo Audiovisual de Andalucía: tres miembros para el PSOE, dos para PP, dos para Cs, uno para Adelante y otro para Vox.

El bloqueo en la renovación de las cúpulas de estos órganos, que duraba ya cinco años en el caso de la RTVA y entre uno y tres en el resto, era una losa sobre la normalidad institucional en Andalucía. Se trata de órganos de extracción parlamentaria para controlar y compensar el poder del Ejecutivo, pero la formación de las mayorías en los mismos se ha había alcanzado con correlaciones de fuerzas distintas de las actuales. Por ejemplo, el consejo de administración de la RTVA no tenían miembros de los nuevos partidos. Joaquín Durán, subdirector general de la RTVA, lleva en funciones desde 2013. Desde la misma fecha no hay director general. Una anomalía.

Durante la legislatura pasada, durante el pacto PSOE-Cs, no se produjo la renovación. Ahora al fin se ha acordado. El acuerdo entre PSOE (33 diputados), PP (25) y Cs (21), al que se ha sumado Vox (12), garantiza la mayoría reforzada de tres quintos necesaria (66 escaños). La formación de Abascal no es matemáticamente necesaria para el acuerdo, ni tampoco la de Adelante Andalucía. No obstante, todos los partidos coinciden en que lo democráticamente idóndeo es un acuerdo por unanimidad. 

Socialistas, populares y Ciudadanos anunciaron un acuerdo entre ellos, sin mencionar a Vox. No obstante, la formación del juez Francisco Serrano aseguró a este medio que "forma parte" del pacto.

Juanma Moreno (PP), Juan Marín (Cs), Susana Díaz (PSOE) y Francisco Serrano (Vox) están dentro del pacto. Vox se suma el acuerdo a pesar de ser partidario de cerrar Canal Sur, el Defensor del Pueblo y el Consejo Audiovisual. Finalmente la formación de Santiago Abascal se sentará en el Consejo de Administración de la RTVA, así como en otros órganos de extracción parlamentaria. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, justificó la presencia de Vox en el consejo en que permite trabajar en la "racionalización del gasto" y la "neutralidad informativa".

El PSOE y Vox no se han sentado juntos durante la negociación, según ambas partes. 

Falta todavía por sumarse al acuerdo Adelante Andalucía (17 diputados), espacio liderado por Teresa Rodríguez (Podemos) y Antonio Maíllo (IU). Adelante asegura a través de un portavoz oficial que está pendiente de su incorporación, que podría producirse a lo largo del día, pero considera insuficiente su representación en el Consejo de Administración de la RTVA –un asiento, al igual que Vox, que tiene menos escaños–. Adelante también quiere "garantías para la actual plantilla de Canal Sur y el modelo público de gestión".

La unanimidad, relevante en las reformas institucionales, aún no está asegurada.

Nuevos presidente director general de RTVA

El acuerdo incluye el nombramiento de los periodistas Juan de Dios Mellado como director general de la RTVA y Rafael Porras como presidente del Consejo de Administración. Mellado fue nombrado en febrero director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía por el Gobierno de PP y Cs. Antes había sido director de La Opinión de Málaga, entre otros medios. Porras es delegado de Expansión en Andalucía desde enero de 2019. Antes estuvo en la edición andaluza de El Mundo, entre otros medios. Ambos son firmas reconocibles del periodismo andaluz. Los dos han cubierto la mayor parte de su trayectoria en Málaga, la tierra del presidente Juanma Moreno y su mano derecha, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo.

Bendodo ha explicado este miércoles en el Parlamento que lo previsto es que el actual Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, continúe al frente de la institución, al igual que Antonio López, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía (el cual no ha agotado aún su mandato). El periodista e historiador Antonio Checa será presidente del Consejo Audiovisual. El consejero de Presidencia calificó como "histórico" el acuerdo. 

La derecha andaluza no puede cerrar Canal Sur sin el respaldo de los andaluces en un referéndum, por mucho que la formación ultraderechista liderada por Santiago Abascal haya puesto esa condición para facilitar una investidura que desaloje al PSOE de la Junta de Andalucía.

Para cerrar Canal Sur es necesario suprimir el artículo 210.3 del estatuto andaluz, que obliga a la comunidad autónoma a tener “un servicio de radiotelevisión pública”. “Mientras no sea reformado el Estatuto de Autonomía” debe haber “al menos un canal de radio y televisión de titularidad pública y gestionado de manera directa por la Administración”, como corroboran los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía. Otra cosa es que tengan que tener la entidad de la actual RTVA o puedan ser algo mucho más limitado en términos de presupuesto y capacidad de penetración social.

De hecho, si la Junta decidiese privatizar la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), estaría obligada a crear al menos un canal de radio y otro de televisión para sustituirla.

Suprimir el artículo que obliga a la comunidad andaluza a tener “un servicio de radiotelevisión pública” es posible, pero exige una propuesta que cuente con el respaldo de al menos 72 diputados, dos tercios de la Cámara. Así lo establecen el procedimiento para la reforma del estatuto, incluso si los promotores de la iniciativa decidiesen hacer uso del llamado “procedimiento simplificado”, el que regula el articulo 249 del estatuto, como reconocen los servicios jurídicos de la Cámara andaluza y ha certificado, a instancias de infoLibre, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional efe la Universidad de Granada, informa Ángel Munárriz.

72 diputados es una cifra que está fuera del alcance de una hipotética alianza entre las dos derechas (PP y Cs) y la ultraderecha de Vox, que suman 59 escaños (26, 21 y 12, respectivamente). Y aunque no fuera así, la derecha tendría que superar un último obstáculo: la supresión del artículo que mandata la exigencia de la radiotelevisión andaluza tendría que ser refrendada por los andaluces a través de un referéndum, como cualquier otra reforma estatutaria.

Así lo reconoció el PP andaluz apenas unas horas después de que su secretario general, el murciano Teodoro García Egea, sugiriera en una entrevista emitida por Antena 3 la disposición de su partido a aceptar la propuesta de Vox de cerrar RTVA, una idea a la que, de momento, Ciudadanos no se ha opuesto. Para poner fin a las especulaciones en torno a esta posibilidad, que inmediatamente desató la preocupación en las filas del PSOE y de Adelante Andalucía y especialmente entre los trabajadores de la radio y la televisión andaluza, la formación de Pablo Casado distribuyó entre sus dirigentes un argumentario en el que subraya que la existencia de RTVA es una previsión estatutaria que sólo puede modificarse por mayoría de dos tercios del Parlamento, inviable en estos momentos, y exige la convocatoria de un referéndum.

Eso no significa que el PP de Juanma Moreno renuncie a modificar el actual modelo de RTVA. El argumentario afirma que lo que pretende es que Canal Sur sea “un servicio público al servicio de los andaluces y no un instrumento político al servicio de ningún partido”.

Juanma Moreno asegura que en Andalucía se necesita “otro modelo de televisión pública” en el que sus profesionales, que “los hay muy buenos, tengan la voz y el protagonismo y tener así una televisión equilibrada, independiente y de calidad, para que los andaluces podamos disfrutarla”.

El Consejo está en funciones desde 2014

La actual ley de la radio y televisión pública en Andalucía data de 2007 y establece un Consejo de Administración de quince miembros que, tras la reforma de hace 11 años, se elige por una mayoría del Parlamento andaluz de tres quintos —la Cámara también decide, por el mismo procedimiento, cuál de sus integrantes se convierte en presidente; antes era una decisión del Gobierno autonómico—. El mandato es de seis años, para desvincularlo de las legislaturas políticas, que no pueden durar más de cuatro.

El anterior Parlamento andaluz fue incapaz de cumplir la ley. Los quince miembros actuales del Consejo de Administración de la RTVA están en situación de interinidad desde que agotaron su mandato en mayo de 2014 y su renovación sólo será posible mediante un amplio acuerdo que sume a PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía los votos del PSOE o de Vox. A menos que, tal y como sugiere la formación de Juanma Moreno, PP, Cs y Vox utilicen su mayoría absoluta para modificar por su cuenta la ley que regula la radio y la televisión pública en Andalucía y cambien las reglas de juego como hizo Mariano Rajoy con RTVE nada más ganar las elecciones de 2011.

Desde que las elecciones andaluzas confirmaron su entrada en el Parlamento andaluz con doce escaños, Vox ha incluido entre las propuestas que trasladará a PP y Cs el cierre de Canal Sur, aunque hasta este miércoles, como reconoció su presidente, Santiago Abascal, desconocían que hiciera falta una mayoría de dos tercios y un referéndum. En conversación con los periodistas, Abascal admitió que quizá tuvieran que “replantear” su propuesta.

La idea de suprimir Canal Sur ha motivado una inmediata respuesta por parte del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), con el respaldo del conjunto de organizaciones que forman parte de la red de colegios de periodistas de toda España en representación de los profesionales de Cataluña, Galicia, Murcia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco. También se ha pronunciado en contra el Consejo de Informativos de RTVE, para el que “la única reforma posible sólo puede pasar por potenciarlo y por mejorar las garantías de independencia de todo poder político”.

El CPPA, a través de un comunicado, rechazó “cualquier intento de limitar la libertad de expresión y poner en riesgo uno de los principios básicos de la democracia”.

La información pública es “un derecho fundamental” y el Colegio de Periodistas de Andalucía “no permanecerá impasible ante la amenaza del cierre de la Radio Televisión Pública autonómica por meros intereses políticos, ni permitirá que se ponga en duda el trabajo de los medios y sus profesionales”.

Los medios públicos, como señala la Unesco, “deben estar protegidos institucionalmente y deben tener garantizada su financiación para que puedan ejercer sus funciones centrales para la consolidación de las democracias”.

Los periodistas andaluces se proponen mantenerse “firmes en su defensa” con el fin de “garantizar un servicio público que es esencial para la ciudadanía, que debe ser reflejo de la diversidad cultural, política y de cualquier otra índole, desde la independencia y el respeto a un necesario marco de convivencia pacífica en Andalucía, bajo los principios de la igualdad y la no discriminación”.

Ha obviado que ese cierre no es una decisión política cualquiera, ya que el organismo audiovisual andaluz está incluido en el Estatuto de Autonomía, lo que obligaría a un cambio estatutario, imposible sin un acuerdo mayoritario muy por encima de los escaños que ha obtenido la derecha en estas elecciones.

No se trata, sin embargo, de un brindis al sol, anunciado mientras se negocian posibles pactos. Existen desgraciados antecedentes que otorgan a estas declaraciones un carácter de amenaza contra los medios públicos de comunicación perpetrados por gobiernos del PP: en enero de 2013, José Antonio Sánchez, director general de Telemadrid, ejecutó un ERE que dejo en la calle a 861 trabajadores, prácticamente dos tercios de la plantilla, con el visto bueno del presidente madrileño, Ignacio González, el mismo que afirmó, meses después, que si la Justicia declaraba nulos esos despidos "cerraría la empresa".

La amenaza no se consumó, ya que el fallo judicial declaró "improcedentes" los despidos, pero no acordó la nulidad, por lo que a partir de ese momento la televisión autonómica madrileña descendió hasta la irrelevancia, consagrada a ejercer como medio de propaganda del PP. Tan solo en el último año, y tras la llegada a la dirección de un grupo de profesionales comandado por José Pablo López, Telemadrid intenta, trabajosamente, volver a contar con el favor de unos espectadores que habían borrado a ese medio del mando de sus televisores.

Pero la  amenaza contra los medios públicos se materializaba otra vez meses después. En la madrugada del 29 de noviembre, los trabajadores de Canal Nou decidían mantener la emisión a pesar de que el cierre había sido decretado en la tarde anterior. Fueron horas de tensión y forcejeo que culminaron con el cierre definitivo de la radiotelevisión pública en la mañana del día siguiente. Canal Nou ya no existía, una eliminación que el presidente de la Generalidad Valenciana justificaba desde la sede de su Gobierno: "No seré yo quien cierre un colegio o un hospital para mantener RTVV, es la decisión más difícil que hemos adoptado hasta ahora, pero no nos queda otra". De esta forma, Alberto Fabra insistía en que su prioridad era mantener "la sanidad, la educación y los servicios sociales". Después se sabría que una parte importante de los alumnos daban clase en barracones improvisados, que el hospital de Alzira, cedido a la iniciativa privada, se declaraba en suspensión de pagos y que la radiotelevisión pública había sufragado con cuarenta millones de euros la Formula 1, o había participado en el derroche de dinero público que pasó a manos privadas con motivo de la visita del papa a València.

En víspera del cuarenta aniversario de la Constitución del 78, otro significado dirigente del Parido Popular, en este caso el citado García Egea, insiste en el manido argumento de confrontar el gasto en medios públicos de comunicación con la inversión en Sanidad. Ojalá no se se cierre el medio que tiene como obligación estar al servicio de todos los andaluces. Y ojalá que no nos enteremos dentro de unos meses o años que los endoscopios nunca llegaron a los hospitales de Almería, sino a los bolsillos privados de gentes que al ser llamados por la Justicia imiten, con la vergonzosa suficiencia de un antiguo correligionario: "Es el mercado, amigos".