Cuatro de cada diez españoles (39,3%) valora de forma negativa su salud mental actual y casi el 15% ha tenido ideas suicidas o ha intentado suicidarse, según el estudio La situación de la salud mental en España, elaborado por la Confederación Salud Mental España y Fundación Mutua Madrileña y recogido por Europa Press.

El informe se ha llevado a cabo en 2022 con la participación de más de 2.000 personas, tanto de la población en general como de aquellas que tienen o han tenido problemas de salud mental, así como de profesionales de la sanidad.

Según el informe, el 74,7% de la población en España cree que en los últimos años ha empeorado la salud mental de los españoles. Las tres razones más señaladas como causas de este empeoramiento son las dificultades económicas (91,4%), la incertidumbre ante el futuro (89,0%) y la presión, las exigencias y estrés del día a día (88,8%), seguidas de la pandemia de covid-19 y de la sensación de que vivimos en una sociedad cada vez más individualista y muy competitiva.

"Indudablemente, hay un dato objetivo que indica que la situación se está deteriorando y que, por desgracia, se va haciendo cada vez más preocupante. En 2021 hubo 4.003 suicidios en España, mientras que en 2011 hubo 3.180, lo que supone casi 900 más al año. Tenemos una tasa de 8,4 suicidios por 100.000 habitantes, que todavía está siete décimas por debajo de la media mundial (9,1), pero en 2011 era del 6,8", ha explicado en rueda de prensa el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin.

Así, transcurrido más de un año desde el final de la pandemia, casi 6 de cada 10 españoles (57%) se sienten preocupados, temerosos, deprimidos o tristes. "Por lo tanto valoramos que vivimos en una sociedad pesimista", ha detallado Cooklin.

Sin embargo, y tal como ha detallado el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González Zapico, pese a todos los problemas que sufren, un 11% de la población encuestada no ha compartido con nadie sus problemas de salud mental y un 87,1% no ha compartido su problema de salud mental con sus compañeros de trabajo.

En cuanto a los colectivos más vulnerables, un 61,3% de las personas que ha sufrido problemas de salud mental son mujeres, frente al 38,3% de hombres.

Además de las mujeres, los jóvenes pertenecientes al grupo de edad de entre 18 a 34 años son los que valoran más negativamente su salud mental: solo el 30,8% considera que su salud mental es buena o muy buena. Igualmente, duplican la tasa de ideas o intento de suicidio (31,8%) de la población general (14,5%).

Según revela el informe, cuatro de cada diez personas en España (42,1%) han sufrido una depresión a lo largo de su vida; un porcentaje algo mayor, un 47,6%, han experimentado ataques de ansiedad o pánico; y un 36,9% ansiedad prolongada en el tiempo.

El 14,5% de la población ha tenido ideas suicidas o ha intentado suicidarse. Esto ocurre en mayor medida entre las mujeres (17%) que entre los hombres (11,7%). Sucede lo mismo en el caso de quienes han llegado a autolesionarse: 6,4% de hombres frente a 11,3% de mujeres.

Sin embargo, tal y como ha puntualizado el director general de la Fundación Mutua Madrileña, el 75% del total de los suicidios consumados son en hombres, pese a que las mujeres tienen más intentos e ideación suicida.

Por edad, las ideas o el intento de suicidio (31,8%) y las autolesiones (30,7%) se producen en mayor grado en el grupo de jóvenes de 18 a 24 años.

El informe también refleja que un 18,9% de la población de más de 18 años consume psicofármacos y el 73% de ellos lo hace a diario. Los más utilizados son los ansiolíticos (61,9%) y los antidepresivos (47,2%). El médico de Atención Primaria es quien los prescribe de forma más habitual (55,1%), seguido del psiquiatra (35,2%).

En cuanto a la atención médica, el 26,2% de las personas acude actualmente a un especialista de salud mental: 20,8% a consulta de Psicología y 17,6% a consulta de Psiquiatría.

La suma de estos dos últimos porcentajes supera el 26,2% inicial, dado que en el informe se trataba de una pregunta de respuesta múltiple y algunas personas encuestadas reciben atención de ambas especialidades.

Una de cada cinco personas diagnosticadas con un problema de salud mental ha estado ingresada en un área de Psiquiatría. De ellas, el 60,1% de las personas con un problema de salud mental asegura haber sido ingresado en un hospital de forma involuntaria; un 40,3% dice que recibió poca o ninguna información clara, suficiente y comprensible sobre su trastorno; el 46,3% afirma que recibió poca o ninguna información suficiente acerca de los efectos secundarios de la medicación; y un 48,1% manifiesta que recibió poca o ninguna información sobre todos los tratamientos alternativos.

Una parte del informe evalúa el perfil y la situación de las personas con experiencia propia en problemas de salud mental (denominadas PEP) y lo compara con la población general.

Este grupo lo conforma casi uno de cada cuatro españoles (22,8%) del total de la muestra, y en él se han incluido tanto las personas que han sido diagnosticadas al respecto, como aquellas que en el cuestionario autoevaluaron su salud mental como mala y muy mala.

"La salud mental es algo que atañe a todo el mundo. Nos puede ocurrir un problema así en cualquier momento de nuestra vida", ha advertido González Zapico. En cualquier caso, respecto a las personas que han tenido un diagnóstico de un problema de salud mental, suele producirse en la juventud. En concreto, la edad media de quienes lo han sufrido se sitúa en los 26 años.

Los problemas y relaciones familiares (36,3%) y la autoexigencia en los ámbitos profesional o académico (32,4%) son las dos causas más señaladas por las personas con problemas de salud mental como detonantes para la aparición de los problemas de salud mental.

En materia de terapias, el estudio revela que el 57,1% de los tratamientos se basa en la prescripción de fármacos, seguido por la psicoterapia (47,6%) y la participación en programas sociales de apoyo (27,4%).

De entre las personas diagnosticadas con un problema de salud mental, más de la mitad (58,5%) ha sentido rechazo social por ello en algún momento de su vida por parte de su entorno. Además, el 55% ha sentido en algún momento discriminación, siendo el laboral el ámbito más común en el que se produjo.

La población general considera que no se destinan suficientes recursos al cuidado de la salud mental y aboga por medidas tanto sanitarias como sociales para ayudar a las personas con un problema de salud mental.

Entre ellas señalan, con carácter prioritario, aumentar el número de profesionales de salud mental (67,8%), asegurar la continuidad del tratamiento con el mismo o la misma profesional a lo largo del proceso (48,7%) y la existencia de más centros de salud mental comunitarios (46,4%).

En el plano social, un 58% demanda acciones de apoyo para prevenir el estrés laboral y las situaciones de acoso; un 51,3% la promoción de iniciativas comunitarias para prevenir la soledad y fomentar la resiliencia; y un 48% apela a la inclusión de programas específicos de prevención y sensibilización en el ámbito educativo.

En 9 meses, el servicio de atención del teléfono antisuicidios, el 024, ha recibido 93 mil llamadas. 93 mil peticiones de alguien que estaba en una situación crítica y pedía ayuda a un desconocido. De esas llamadas, un 30% era de personas menores de 30 años. Y este dato es el que nos debe preocupar.

En Mislata, la dirección de un instituto tuvo que dimitir en bloque para que desde la consejería los escucharan, se sentaran y les dieran los medios que estaban reclamando. Más ayuda, más personal especializado para afrontar el problemón que tenían en ese centro: habían detectado que había hasta 15 chavales con actitudes suicidas. 15 chavales a los que no se podía perder de vista, estar encima, vigilarlos, escucharlos, dedicarles un tiempo y un espacio que ellos no tenían pero que era urgente dárselo porque la situación era grave. Tuvieron que dimitir, plantarse para que por fin entendieran quienes tenían que tomar las decisiones lo que estaba pasando en ese centro.

Imaginen ser el padre o la madre de uno de esos chicos o chicas. La impotencia, la desesperación, las noches sin dormir intentando encontrar la manera de ayudar a tu hijo a salir de ese pozo. Ayer una madre relataba su calvario: su hija, con 9 años, ¡con 9 años!, le dijo que ya no podía más, que su cabeza no paraba de trabajar y que ella estaba agotada. Acudió a un especialista, la pusieron en tratamiento, con medicación y aquello la señaló. Era la rara de la clase, la loca. Ahora tiene 15, y sigue en tratamiento, con momentos mejores y con momentos peores.

Todos sentimos en algún momento o en muchos momentos que no podemos más, que estamos a punto de rompernos. Conforme vas creciendo aprendes a pedir ayuda, a encontrar las herramientas que te ayuden con esos baches. Pero los chavales no, y menos en una edad tan complicada como la adolescencia, en la que todo les supera.

Un dato de los que conocíamos ayer: los trastornos mentales se han disparado un 47% desde la pandemia. Es una barbaridad. Pero hay un dato mucho más doloroso, mucho más preocupante y que nos apremia a todos a intentar encontrar soluciones. Sólo en 2020 se suicidaron 314 menores.

Íñigo Errejón, que lleva meses empeñado en situar en el debate público la salud mental, ha logrado que en el Congreso se debata dar un permiso de 2 semanas para personas que cuidan a familiares con trastornos mentales. Personas que, como contaba el propio Errejón en la tribuna, salen de casa cada mañana con la angustia de no saber qué pasará cuando vuelvan, si su madre, pareja o hijo habrá pasado esa línea roja, habrá decidido que ya no puede más.

Somos una sociedad que lleva mucho tiempo pidiendo a gritos ayuda. Afortunadamente, decir que acudes a un psicólogo o psiquiatra ya no es tan estigmatizante como podía ser hace unos años. Pero hace falta más.

El 024 es una herramienta, desde luego. Los datos que daban ayer desde el Ministerio de Sanidad confirmaban que 3.500 de esas llamadas que han recibido han sido derivadas al 112, al teléfono de emergencias. Salvaron vidas, lograron que alguien en un momento muy desesperado de su vida, en el que no veía nada más, ninguna luz al final del túnel, escuchara la voz de alguien al otro lado de teléfono, y le salvara la vida. Necesitamos más herramientas como ésa, todas las que hagan falta para echar un cable a los que están en un momento complicado.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por unanimidad (340 votos a favor) la Proposición No de Ley (PNL) de Más País que insta al Gobierno a crear permisos laborales de hasta dos semanas a los acompañantes de personas en riesgo de quitarse la vida, según ha informado Europa Press.

La PNL, votada finalmente como una enmienda transaccional con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Más País, Ciudadanos y PNV, pide que, "en el marco del diálogo social", se "analice y se acuerde" este permiso para que, "en situaciones puntuales de riesgo inminente", estas personas con ideación suicida "puedan ser acompañadas y cuidadas".

Concretamente, la iniciativa, muy similar a la original, plantea que el permiso lo otorgue el profesional sanitario (médico o psicólogo) que atiende la situación de alto riesgo de suicidio y que lo puedan solicitar las personas en situación de alto riesgo de suicidio para ser cuidados y acompañados.

De este modo, el permiso se concedería a la persona acompañante/cuidadora designada por el paciente en situación de alto riesgo por un máximo de 15 días. Este permiso, además, no supondría que la persona acompañante tengan que renunciar a su salario.

En el debate de la PNL en el Congreso el pasado martes, el portavoz de Más País-Verdes Equo, Íñigo Errejón, resaltó que esta medida sería "una propuesta barata e inmediata ante un problema urgente". "Salva vidas y democratiza el derecho al cuidado", esgrimió.

Errejón insistió en que "es clave" el acompañamiento de las personas con problemas mentales, porque "estar solo multiplica la depresión o la ideación suicida". "En España millones de personas sufren, hasta 11 se quitan la vida en nuestro país al día. Es evidente que esto es un fracaso como país", lamentó.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Al año, se producen un total de 4.000 fallecimientos por este motivo, lo que supone "una cifra récord".

El portavoz de Más País reiteró que estos problemas mentales tienen un causante principal, "el modelo de sociedad actual", que considera "psicológicamente insoportable". "El modelo solo subsiste con psicofármacos. Estamos cada vez más comunicados pero, sin embargo, cada vez estamos más solos", sostuvo.

En la misma línea, el diputado espetó que la diferencia entre estar solo o acompañado no puede depender de tener "70 euros a la semana para ir al psicólogo". "Esta medida cuesta dinero pero ahorra sufrimiento y vidas", añadió al respecto.

Errejón advirtió, además, de que los familiares y amigos de las personas en riesgo de suicidio que ven que no pueden hacer nada por esta persona "a menudo" derivan también en problemas de salud mental.

Desde el PSOE, el diputado Omar Anguita se comprometió a que este permiso de 15 días fuera financiado públicamente, de forma que "nunca supondría que el acompañante tenga que renunciar a su salario".

Anguita reconoció que España tiene todavía "mucho por avanzar" tanto en materia de suicidio como de cuidado de la salud mental. También apuntó que "queda un camino por recorrer para combatir la estigmatización de las personas que piden ayuda para cuidar su salud mental".

En cualquier caso, recordó que el Gobierno en esta legislatura ha actualizado la Estrategia de Salud Mental, que llevaba congelada desde 2009, y ha puesto en marcha el teléfono de atención al suicidio 024, que desde su funcionamiento ha atendido más de 62.500 llamadas y ha atendido más de 1.200 suicidios en curso.

Pese a apoyar la propuesta, Rosa María Medel, de Unidas Podemos, calificó la solución de Más País contra el suicidio como "un poco pobre" y "un parche". Por ello, propuso un "protocolo de prevención del suicidio" que debería realizar el Ministerio de Sanidad, en coordinación con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Este plan, según la formación morada, debería contemplar, entre otros puntos, ofrecer un seguimiento "estrecho" a las personas con tentativa suicida, en línea con la propuesta de Más País. Además, instó a fomentar la coordinación entre Urgencias, equipos de Salud Mental y servicios de Atención Primaria.

Sara Giménez, de Ciudadanos, se mostró partidaria de la PNL de Más País pero reclamó añadir que se pongan en marcha medidas para "desestigmatizar" los problemas de salud mental en el mundo laboral. "Mejoraría la adopción del permiso por parte de las empresas y los trabajadores", ha asegurado.

La diputada conservadora Rosa Romero, también presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso, afeó a Errejón que su propuesta era "poco rigurosa" y tenía "importantes lagunas para su puesta en marcha". "¿Qué profesional debe dar el permiso? ¿Por qué dos semanas y no tres? ¿Qué criterio profesional hay?", señaló.

En la misma línea, defendió que esta propuesta supondría "empezar la casa por el tejado". "Es una medida aislada en vez de un plan integral. Dejémonos de parches", reivindicó.

Para Romero, lo que España necesita para luchar contra esta lacra es "aprobar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio", que debería estar liderado desde el Ministerio de Sanidad, como "tienen la mayoría de países de Europa".

El número de suicidios registrado durante 2021 en Estados Unidos ha sido el más alto registrado durante los últimos dos años de estudios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del país (CDC) y ha representado un incremento del 2% respecto a las estimaciones del año anterior, de acuerdo con los datos definitivos presentados esta semana por la agencia nacional de salud pública norteamericana, según informa Europa Press.

Un total de 48.183 estadounidenses fallecieron por suicidio como causa confirmada de muerte en 2021, una tasa de 14,1 por cada 100.000 habitantes, tras los descensos registrados en 2019 y 2020 (47.511 y 45.979 fallecidos, respectivamente).

Los nativos americanos y la población indígena de Alaska son los sectores de población más representados, con 28,1 suicidios por 100.000 habitantes, un 26 % más que 2018. Entre la población negra, los suicidios han aumentado un 19,2 % —en particular entre los jóvenes de 10 y 24 años, que han registrado un aumento del 36,6 %— y entre los hispanos, un 6,8 %.

Solo la población blanca ha registrado un descenso en la tasa de suicidios desde 2018, con un 3,9 % menos, de acuerdo con las cifras del estudio definitivo de los CDC, publicado este pasado jueves y recogido por ABC News.

El portavoz de Más País-Verdes Equo, Íñigo Errejón, ha presentado este martes una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a crear permisos laborales de hasta dos semanas a los acompañantes de personas en riesgo de quitarse la vida, una medida "urgente" que considera "sencilla" y complementaria al paquete de actuaciones más amplio para prevenir el suicidio.

Concretamente, la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea que el permiso lo otorgue el profesional que atiende la situación de alto riesgo de suicidio y que lo puedan solicitar las personas en situación de alto riesgo de suicidio para ser cuidados y acompañados.

De este modo, el permiso se concedería a la persona acompañante/cuidadora designada por el paciente en situación de alto riesgo y se renovaría semanalmente con un máximo de dos semanas. Este permiso, además, se financiaría con fondos públicos para que la persona acompañante no renuncie a su salario.

"Queremos que cuando los médicos detecten a alguien que está en riesgo de suicidio puedan habilitar un permiso de hasta dos semanas para el acompañante que esa persona en riesgo de suicidio decida", ha explicado Errejón en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

El objetivo es prevenir la soledad que se puede convertir "en la mejor aliada del suicidio", ha subrayado, para advertir, además, de que los familiares y amigos de las personas en riesgo de suicidio que ven que no pueden hacer nada por esta persona "a menudo" derivan también en problemas de salud mental.

Según ha expuesto el portavoz, la medida ayudaría a "parar" este "ciclo" al disponer los acompañantes o cuidadores de tiempo con la persona afectada. Además, la iniciativa aboga por financiar el permiso con "fondos públicos" para que la persona acompañante "no renuncie a su salario".

"Queremos que permiso lo pague el Estado porque tener el derecho de acompañar a una persona que quiere quitarse la vida, lo cual puede significar salvarle la vida, no puede depender del tipo de trabajo o de la condición económica que tengas", ha defendido Errejón.

A su juicio, esta medida es "sencilla, barata" y de aplicación inmediata y con ella se ayudaría a las personas en riesgo de suicido y su entorno. "No se puede someter a los acompañantes al dolor extra de tener que irse a trabajar sabiendo que dejan en casa a una persona que le dice 'yo me voy a matar' o 'yo me quiero matar'", ha puntualizado en este sentido.

Asimismo, ha precisado que esta propuesta "no sustituye a todo el paquete de actuaciones que hay que hacer" y que, según ha detallado, debe centrarse en incorporar más plazas en hospitales y centros de día, pero "sobre todo más plazas para que haya psicólogos en la Sanidad pública". "Al mismo tiempo que luchamos por todo esto, esta medida (los permisos) es urgente y se puede aplicar desde mañana", ha sentenciado.

Un total de 4.003 personas fallecieron por suicidio en España en el año 2021, lo que supone un incremento del 4,4% respecto a 2019, año anterior a la pandemia del covid-19, según ha informado Europa Press.

Así lo refleja el estudio Evolución del suicidio en España en este milenio presentado este jueves por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM ISCIII) en la Universidad Complutense de Madrid.

El informe revela que en 2020, primer año de la pandemia, un total de 3.941 personas fallecieron en España por suicidio, una cifra que supone un aumento del 3,6% en relación a 2019 y del 5,5% en relación al punto de cambio de tendencia en 2018.

"Las noticias no son buenas, el suicidio, lejos de disminuir, está aumentando. Estaba ya aumentando antes de la pandemia y después de la pandemia el aumento es muy significativo", ha advertido el catedrático en Psiquiatría y director del Centro Colaborador de la OMS para Investigación y Formación en Servicios de Salud Mental en la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis Ayuso.

En la misma línea, el experto ha lamentado que las cifras de suicidio en España "indican una tendencia creciente" y ha asegurado que, aunque "afortunadamente hay muchas personas que hacen un intento de suicidio y no es mortal", por cada "cinco que han intentado suicidarse, uno lo va a repetir".

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de personas fallecidas por suicidio en España en 2021 fue de 8,45 personas por cada 100.000 habitantes.

El estudio presentado este jueves recalca que en 2021 se corroboraron las tendencias poblacionales vistas en años anteriores: una mayor tasa de muertes por suicidio en hombres y en personas de mediana edad (40-64 años) y un aumento de la mortalidad por suicidio en personas no nacidas en España.

En concreto, la mitad de la población que murió por suicidio en España en 2021 tenían entre 40 y 64 años; el 87% nacieron en España, aunque el incremento de migrantes suicidados llegó al 24%; y el 32% vivía en capitales de provincia y el 26% en el medio rural. Además, tres de cada cuatro fallecidos por suicidio fueron hombres.

Ante estos datos, el investigador principal del Grupo de Investigación en Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental de la Universidad Complutense de Madrid, Alejandro de la Torre, ha alertado de que las expectativas "no son muy alentadoras" para el 2022, ya que "se espera que siga la tendencia creciente".

Por ello, los expertos reclaman un Plan Nacional del Suicidio que "implique a todos los agentes sociales". "La conciencia social es fundamental para prevenir el suicidio, cada una de estas muertes podría ser evitada. Se está haciendo mucho pero necesitamos dar algún paso un poco más ambicioso", ha reclamado de la Torre.

En relación a distribución geográfica, se observan las tasas más altas de mortalidad por suicidio (tasas superiores a 10 por cada 10.0000 habitantes) en Galicia (todas las provincias), en Asturias, Castilla y León (provincias de Zamora, León, Palencia, Burgos y Ávila), Aragón (Teruel y Huesca), Cataluña (provincias de Gerona) y Andalucía (provincias de Córdoba, Jaén, Málaga y Granada).

Por su parte, las provincias con mayor tasa de mortalidad por suicidio en 2021 fueron Jaén (13.1 por cada 100.000 habitantes), Zamora (14.2 por cada 100.000 habitantes) y Lugo (15.6 por cada 100.000 habitantes. Un total de 26 de las 50 provincias españolas más las dos ciudades autonómicas (52% de las provincias) sobrepasan la media de mortalidad por suicidio mundial, indicada por la Organización Mundial de la Salud para 2019 (9 fallecidos por cada 100.000 habitantes).

En cambio, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y las provincias de Guadalajara y la Comunidad de Madrid, presentan las tasas más bajas del estado.

Al ser preguntado por la explicación de que la Comunidad de Madrid presente una tasa de suicidio más baja, de la Torre ha indicado que "cuanto más duras han sido las restricciones de la pandemia, la tasa de mortalidad de suicidio ha sido mayor". "Mayor restricción, mayor probabilidad de muerte por suicidio", ha precisado.

En este sentido, José Luis Ayuso ha comentado que en Madrid los hospitales están "obligados" a que cualquier persona que acuda por un intento de suicidio "tiene que ser visto por un psiquiatra antes de siete días". "Eso sabemos que funciona y lo llevamos manteniendo durante muchos años. Esto es una norma general para todos los hospitales", ha dicho.

El estudio apunta que once personas fallecieron al día por suicidio en España en 2021. Las cifras dicen, en línea con lo observado en la serie temporal de 2000-2020, que tres de cada cuatro personas que fallecieron por suicidio en 2021 fueron hombres (en concreto, 2.982 casos).

La mitad de los fallecidos tenía una edad comprendida entre los 40-64 años (2.016 personas). Respecto a las demás franjas etarias, un 31% de los fallecidos tenía 65 años o más, un 13.8% tenía entre 25 y 39 años y un 5% entre 10 y 24 años. No se observó ningún caso de muerte por suicidio en menores de 10 años durante el 2021.

En relación al país de procedencia, el 87% de las personas fallecidas por suicidio (3.490 personas), son nacidas en España; el resto (12.7%) nacieron en otros países.

Respecto al lugar de residencia de los fallecidos, un 32% de las personas fallecidas vivían en capitales de provincia; y casi un cuarto de los fallecidos vivía en zonas rurales (municipios de menos de 10.000 habitantes) o municipios urbanos de entre 10.001-50.000 habitantes (24.6% y 24.7%, respectivamente). El resto, vivían en ciudades grandes (más de 50.000 habitantes, no siendo capital de provincia).

En relación a distribución temporal y espacial del suicidio en España en 2021, se observa que en prácticamente todos los meses (excepto enero y agosto) hay mayor número de personas fallecidas en 2021 que en los años de 2019 y 2020.

Asimismo, se observa el mismo patrón estacional que en otros años: un claro aumento de la mortalidad por suicidio en los meses de verano. De hecho, es julio el mes donde se encuentra un mayor número de fallecidos dentro del 2021, superándose los 400 fallecidos por suicidio en un solo mes.

Aunque no han descubierto el motivo de este aumento del suicidio en los meses de verano, el investigador de la Torre ha señalado que este efecto estacional "se da en otras conductas similares, como en la conducta agresiva", un comportamiento en el que "también se observan tasas elevadas en los meses de más calor".

Entre los motivos por lo que ha podido aumentar la tasa de suicidio en España, el experto ha explicado que hay muchos estudios que hablan de que "cuando un famoso se ha quitado la vida, hay un efecto repetición por el mismo método, un efecto llamada". Por este motivo, ha instado a informar de los casos de suicidio "de una forma no morbosa, realista y centrada en la prevención".

Los expertos también han hecho mención al caso del Pantano de Iznájar, situado entre las provincias andaluzas de Córdoba, Granada y Málaga, donde se duplican las tasas de suicidio.

"Estamos haciendo allí un proyecto de prevención del suicidio porque llama mucho la atención que dupliquen las tasas y no sabemos por qué ocurre eso. Puede ser por un tema de imitación, ya que cuando alguien en la familia se suicida suele haber más tasa de suicidio", ha indicado el director del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar (INAD) y catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, Víctor Pérez.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), junto al Instituto Español de Resiliencia (IER) y la Fundación Humanae (FH), ha clausurado el programa de intervención psicológica individualizado destinado a todos los profesionales sanitarios ante la fatiga pandémica, según el cual el covid-19 ha dañado la salud mental del 60% de los profesionales madrileños, según ha informado Europa Press.

En concreto, en el marco de este programa de intervención psicológica, puesto en marcha en noviembre de 2021 y que se ha cerrado este jueves, se ha atendido a 276 sanitarios, de los cuales 57 son médicos, según destacó en la clausura del mismo la presidenta del Instituto Español de Resiliencia (IER), Rafaela Santos.

El mismo, que ha sido posible gracias a la colaboración de empesas y donaciones particulares, ha concluido con "un grado de satisfacción óptimo en el 100% de los casos" atendidos, según la doctora Santos, que ha recalcado que el covid-19 ha dañado la salud del 60% de los sanitarios.

Las tres enfermedades más comunes que se han observado en los pacientes atendidos durante el desarrollo de la intervención han sido, en primer lugar, la fatiga pandémica, también conocida como el desgaste profesional o el síndrome de Burnout; los trastornos adaptativos con sintomatología depresiva, ansiosa o ambas; y, en último lugar y con menos asiduidad, los trastornos de estrés postraumáticos relacionados con las escenas que han presenciado los facultativos durante la pandemia, según ha explicado el secretario general del IER, José Antonio Cabranes.

El programa comenzaba con una consulta médica, para hacer un diagnóstico, y con un estudio de personalidad, para evaluar el nivel de ansiedad, depresión y resiliencia que presentaba cada paciente.

Luego se realizaba un seguimiento personalizado en el que resolvían sus dudas y ofrecían apoyo específico durante dos meses de duración. Además, los sanitarios disponían de formación básica para poder entender lo que les ocurría y transformar su estrés en resiliencia. Para finalizar, se realizaba una consulta de valoración.

"En el Colegio consideramos que el cuidado de la salud mental de todos nuestros colegiados es uno de los pilares fundamentales de nuestra razón de ser. Por eso, estamos orgullosos de haber formado parte del desarrollo de este programa. Además, seguimos impulsando actuaciones de atención y asistencia a las necesidades que puedan requerir los facultativos madrileños", ha destacado el doctor José Antonio Valero, tesorero y coordinador del Programa de Atención Integral del Médico Enfermo (PAIME) del ICOMEM.

Por su parte, el viceconsejero ha subrayado el compromiso de la Consejería y del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para "continuar trabajando en el cuidado de la salud física y emocional de los médicos, ya que los facultativos han tenido que enfrentarse a una gran carga laboral y a un estrés que nunca habían experimentado" al intentar paliar una enfermedad desconocida como era la covid-19.

También han acudido a la clausura Enriqueta Ochoa, psiquiatra y coordinadora técnica del PAIME, y Silvia Palacín, psicóloga del IER, ha indicado el ICOMEM en un comunicado.

Estudiantes se han manifestado este jueves, convocados por el Sindicato de Estudiantes, en ciudades de toda España en defensa de la salud mental y para reclamar un "plan de choque urgente". Por este motivo, la organización ha convocado una huelga estudiantil y concentraciones en Madrid, en Cataluña, Andalucía, el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Extremadura, según informa Europa Press.

"Hablar del suicidio ayuda a prevenir", han coreado los asistentes a la manifestación madrileña, mientras partían de la Plaza de Callao para avanzar por la Gran Vía en dirección a la Plaza de Cibeles.

La huelga estudiantil, según ha asegurado la secretaria General del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorra, ha tenido un seguimiento del 90% en todo el territorio nacional. "Ha sido una huelga con mucho seguimiento", ha señalado Latorre en declaraciones a los medios durante la concentración en Madrid.

En la manifestación de la capital, cientos de estudiantes han pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Defendemos la educación pública, ¡Fuera Ayuso!", apuntaban algunas pancartas portadas por los jóvenes.

Para proteger la salud mental y defender la educación pública, los estudiantes reclaman un "aumento drástico" de los recursos en salud mental para llegar al menos al 15% del gasto total en salud (actualmente es del 5%) y la creación de miles de plazas de psicología y psiquiatría en la Atención Primaria, en Hospitales, y en los colegios, institutos y facultades públicas. "Por una educación sexual, emocional y de prevención de suicidios como parte de los planes de estudio", reclaman.

También exigen una educación pública 100% gratuita desde Infantil a la Universidad, así como la gratuidad total de libros de textos, la supresión de las tasas académicas en Formación Profesional y Universidad y un plan de inversión del 7% del PIB. "¡Ni un euro para la privada-concertada!", han coreado.

Asimismo, los jóvenes han salido a las calles para pedir "un puesto de trabajo digno al acabar los estudios o subsidio de desempleo para todos los jóvenes". "No es posible tener una buena salud mental con salarios de miseria y contratos que nos impiden tener vida social", aseguran.

Por otro lado, los estudiantes han demandado la nacionalización de la sanidad privada y la industria farmacéutica, ya que consideran que la salud "no puede seguir siendo un privilegio de clase ni un negocio, deben estar al servicio de las necesidades sociales".

El Sindicato de Estudiantes ha lamentado que recibir atención psicológica en los hospitales públicos "se ha convertido en una carrera de obstáculos, con listas de espera eternas y centros sin suficientes profesionales en salud mental". "Ante este colapso, nos quieren obligar a desembolsar miles de euros en consultas privadas, para que grandes empresas se forren a costa de nuestro sufrimiento", critican.

Dos de cada tres empresas, en concreto el 65%, ha detectado un aumento del riesgo de padecer el síndrome del "trabajador quemado" en el último año, y casi el mismo porcentaje, un 60%, también observa un incremento entre los trabajadores de lo que se conoce como "renuncia silenciosa": ceñirse estrictamente a las funciones del puesto y no tomarse el trabajo demasiado en serio, ha informado Europa Press.

Así lo revela el II Observatorio Adecco sobre bienestar emocional y factores psicosociales, en el que se señala que un tercio de las empresas aprecia que el fenómeno de la "renuncia silenciosa" está afectando más a los trabajadores jóvenes que a los seniors.

En cuanto a las posibles causas de la "renuncia silenciosa", casi el 60% de las empresas encuestadas piensa que tiene que ver con la falta de consecución de las expectativas de los trabajadores (condiciones de trabajo, salario, etc.). Asimismo, más de la mitad no la ven muy relacionada con la crisis de salud mental postpandémica, mientras que el 32% considera que sí que lo estaría en algún grado.

Seis de cada diez empresas afirman que más de la mitad de sus trabajos tienen un alto componente emocional, pues se trata de ocupaciones en la que hay que tratar con personal fundamentalmente.

Un 12% de ellas reconoce que más de la mitad de sus empleados se han visto afectados por trastornos psicológicos como ansiedad, depresión y estrés postraumático, dos puntos por encima de lo observado en el estudio anterior, realizado en 2021.

En cuanto a los generadores de estrés, el 59% de las empresas cree que éstos se han visto más afectados por la crisis económica y otros factores externos que por las propias condiciones laborales y dos de cada tres los vincula a la carga mental por las tareas a desarrollar.

Casi el 80% de las empresas encuestadas por Adecco asegura que las cuestiones de salud psicológica deberían tener mayor tratamiento en los convenios colectivos. Asimismo, el 92% cree que los poderes públicos deberían dar mayor soporte a empresas y trabajadores en la gestión de la salud mental.

Sobre la digitalización y la flexibilidad en el trabajo, el 43% de las empresas encuestadas aboga por una normativa que busque un equilibrio entre flexibilidad, control del tiempo de trabajo y desconexión/reconexión para un teletrabajo sostenible. Además, el 62% cree que el "tecnoestrés" o la "tecnofatiga" son ya factores de riesgo con impacto en su empresa.

Una vez tuve una reunión con un nuevo director de una empresa con la que colaboraba. Quería conocerme. Estuvimos hablando de todo un poco y llegó un momento en que me preguntó: y además de esto (el trabajo que realizo con ellos) ¿qué más haces? Mi mente se disparó mientras mantenía una gran sonrisa. Yo pensaba: pero si ya no llego a nada, voy siempre corriendo. El trabajo con unos plazos de entrega de locura, mis hijos, la casa y encima que qué más hago.

Veía que esa pregunta estaba esperando una respuesta cargada de diversidad, variedad, en definitiva de cantidad. De más es más y mejor. De mucho hiper, mega o maxi.

¿Y qué respondí para intentar satisfacer a mi interlocutor? Para decorar la situación, se me ocurrió hablarle de mis intereses en diversos campos de la sociología. Pero, eso sí, dándole una gran retahíla de autores, teorías y contenidos diversos para responder a su apetito de cantidad y exceso.

Salí bien del paso, pero creo que si le hubiera dicho que, además de ese trabajo, también era fotógrafa, profesora en una universidad, tenía una pequeña empresa de organización de eventos culturales y un canal de cocina en Youtube… hubiera saciado en mayor medida su ansia derivada del síndrome de la opulencia.

Esta opulencia profesional es sólo un ejemplo de los muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana cargados por la fiebre del más y del exceso. Donde ya nada parece suficiente.

Ya desde pequeños se va inculcando este concepto de opulencia vital. Por ejemplo en las actividades extraescolares que realizan algunos niños. Son tantas que ya no paran ni en casa. O cuando van a celebrar un cumpleaños, que invitan a toda la clase, a lo grande y como generalmente en casa no cabe tanto niño, se va a un sitio enorme, con multiactividades y con megaprecio.

Luego viene la etapa de estudios. En el ámbito académico, la opulencia se refleja en la idea de que cuantos más estudios tengas, mejor. Dobles grados, varios másteres, cursos diversos... Una colección de títulos que no caben ni colgados en una pared.

También está la opulencia personal que se refleja en no parar de hacer cosas todo el día. Ser súper productivo. Cuantas más cosas consigas hacer en un día, más contento estás de ti mismo.

Y la opulencia digital, en las redes sociales… cuanto más y más… mejor. Conseguir más likes, más seguidores, más amigos, colgar más historias… en definitiva pasarte horas y horas.

O la opulencia gastronómica. Hay algunos restaurantes que te sirven unos platos repletos de comida que es imposible terminarlos. Es una puesta en escena que resulta hasta ordinaria. Una muestra de puro despilfarro y derroche.

También está la opulencia televisiva, donde hay familias que tienen contratadas 2 o 3 plataformas y no sé muy bien cómo pueden ver tantas películas. Yo para elegir una una plataforma tardo a veces media hora, y acabo mareada de ver tantos títulos.

Así, el listado de opulencias varias por doquier es interminable.

Este síndrome de la opulencia, expresión de la cultura capitalista, se manifiesta por todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Está instaurado como una forma de vida y una manera de entender el mundo. Es una visión superlativa de cualquier aspecto.

La opulencia se ha convertido en el objetivo vital. Esta filosofía de la abundancia cultiva una vida de excesos continuos en diversos ámbitos. Donde acabas siendo un coleccionista de títulos académicos, de trabajos, de tareas, de hobbies, de viajes, de amigos…

Estamos en una espiral absurda y obsesiva que se retroalimenta. Siempre se quiere más. Una perspectiva exagerada que muchas veces roza lo rocambolesco y lo cómico.

Pero claro, la opulencia es un término en sí positivo y aspiracional. Significa riqueza, abundancia y sobra de bienes. Está asociado a estatus, prestigio, poder y triunfo. Desde su propia esencia tiene un lado de exageración y exceso, que remite a algo desmesurado y ostentoso.  

En lenguaje de a pie, es esa idea de ir de sobrado y mostrarlo a lo grande.

El antónimo de opulencia sería la austeridad. Que significa sencillez, moderación, sin excesos.

Aunque el concepto de austeridad está denostado. No tiene el aura aspiracional de la opulencia. Cuando emergen problemas económicos en los países, empieza la impuesta etapa de la austeridad como un mal sobrevenido. Un castigo. Una época oscura de sufrimiento y sacrificio.

Las etapas de austeridad emergen para contrarrestar una etapa irracional de megaopulencia. Actuando como corrector del trayecto y reinstaurador del equilibrio.

Entonces ¿No es un gran error de enfoque tener la opulencia como objetivo vital? ¿No debería ser la austeridad el gran objetivo? Pero una austeridad no entendida como un sacrificio continuo sino como una perspectiva comedida, moderada y equilibrada de vivir, de consumir, de relacionarte.

Este otoño que se plantea como una época de recortes y obligada austeridad es una gran oportunidad para reflexionar y plantearse una filosofía de vida más comedida y acorde con los recursos propios de cada individuo y con los recursos naturales existentes.

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Ana Santos Sainz es socióloga.

Un 45% de empleados públicos consume prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros), según un estudio elaborado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El estudio, presentado este lunes con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, se ha realizado mediante entrevistas a más de 2.000 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas, como Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas, según informa Europa Press.

De acuerdo con los resultados de la encuesta de CSIF, el consumo diario de estos fármacos es casi generalizado en todos los ámbitos de la administración, aunque con especial incidencia en sanidad y educación.

El perfil mayoritario es el de una mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo que consume ansiolíticos a diario por soportar un exceso de carga de trabajo o por pensar que carece del debido reconocimiento profesional.

Según la encuesta, los psicofármacos más consumidos son ansiolíticos (66% de los encuestados reconoce su uso), antidepresivos (43,6%) y somníferos (32,1%). Un 51% de los encuestados asegura consumir estos fármacos a diario, un 13% varias veces a la semana, un 21% alguna vez al mes y un 15% en el último año.

El 76% manifiesta que el trabajo le influye a la hora de consumir estas sustancias: un 54,2% por ciento lo relaciona por un exceso de carga de trabajo, un 44,6% por el escaso reconocimiento profesional y un 37,7% por el mal clima laboral (conflictos, situaciones de acoso, etc.).

Además, un 21,22% relaciona el uso de estos fármacos con la inseguridad laboral (temporalidad, interinidad, etc.), un 20,6% con los problemas con los usuarios a los que presta servicio y un 12,6% con los problemas económicos.

Otro dato significativo de la encuesta es que más de la mitad (55%) de los encuestados reconoce que no consumía esta medicación antes de la pandemia de COVID-19, mientras que el 93% se queja de la ausencia en sus centros de trabajo de iniciativas sobre protección de la salud mental.

Aprovechando el lanzamiento de la encuesta, CSIF ha puesto en marcha la campaña Trabajamos por ti, comprometidos contigo. Promoviendo el respeto y la salud mental en el ámbito laboral, que pretende ofrecer ayuda a los empleados públicos en situación de riesgo psicosocial.

También recoge exigir al Gobierno que ponga en marcha un paquete de medidas centradas en promover la prevención de riesgos para la salud mental en los centros de trabajo.

Entre esas medidas, la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal, ha justificado en rueda de prensa la necesidad de la aprobación de una directiva europea sobre riesgos psicosociales y su desarrollo a través de Real Decreto, así como de realizar evaluaciones de riesgos y gestión psicosocial real en los centros.

De la misma forma, otra de las propuestas de la organización sindical es la de establecer la figura del 'psicólogo en el trabajo' e incluirla en la ley de Prevención de Riesgos Laborales como un miembro más del Servicio de Prevención.

Por último, CSIF aboga por un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incluya los colectivos profesionales más vulnerables, planes de prevención e intervención sobre conductas adictivas en el ámbito laboral y vigilancia de la salud mental en los centros de trabajo. "Sin salud mental no hay salud, es cosa de todos", ha remachado Abascal.

Otro de los puntos clave para CSIF es aumentar el número de plazas en Psicología, Psiquiatría, Enfermería especializada en salud mental y terapeutas ocupacionales, debido al "déficit brutal" de profesionales, tal y como ha denunciado el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas.

Según datos de Eurostat, España dispone de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la UE es de 18. "Para equipararnos a la UE necesitaríamos 5.640 profesionales de esta especialidad", ha detallado. Asimismo, en España hay 9,6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes frente a los 18 de la media UE, por lo que habría que incorporar a 3.948 profesionales para llegar a la media europea.

"No existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas. En concreto, denunciamos que la salud mental supone tan solo del 5 por ciento del gasto sanitario total, frente a la media del 7,5 por ciento de los países de nuestro entorno, según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría", ha añadido al respecto.

Además, Hontangas ha detallado que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media en toda España, aunque la situación varía entre comunidades autónomas: en Andalucía y Castilla-La Mancha puede llegar hasta 4 y 5 meses, respectivamente, para la primera consulta, y en Aragón hasta 9 meses.

Por otro lado, ha lamentado que el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses en España, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón.

Igualmente, el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF ha criticado que la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 "tampoco se ha implantado en todas las comunidades autónomas". Según el sindicato, no está presente ni en Cataluña ni Comunidad Valenciana, por ejemplo; mientras que Cataluña y Madrid, entre otras regiones, tampoco han reforzado sus servicios de salud mental tras la pandemia.

Todo empezó con un grito lanzado por Carmelo Romero (PP) en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. “¡Vete al médico!”, le espetó al diputado de Más País Íñigo Errejón, que desde su escaño hablaba de salud mental, cuyo día mundial se conmemora este lunes. Después vino una especie de #MeToo en el que las redes sociales se llenaron de #YoTambiénVoyAlMédico. A continuación, las cifras: la salud mental llevaba años olvidada y, como mostró Romero, estigmatizada. Por último, la respuesta: un plan nacional, más fondos y más recursos. Pero, ¿ha sido suficiente? Ha pasado un año y medio desde entonces y, como muestran los datos y aseguran los profesionales, más gente pide ayuda, aunque los recursos de los que disponen estén lejos de ser los necesarios.

Era marzo de 2021. Había pasado un año desde el comienzo de la crisis sanitaria del covid y ya se sabía que la enfermedad y las medidas que se tomaron para luchar contra ella habían tenido un efecto muy negativo en la salud mental de los españoles. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) había publicado tan solo un mes antes un barómetro dedicado exclusivamente al asunto. Según reveló, el 9,4% de los españoles se había sentido "decaído, deprimido o sin esperanza" durante "muchos días" en la pandemia, mientras que el 33,3% lo había sentido durante "algunos". El estudio Salud mental y covid-19. Un año de pandemia, elaborado el mismo mes de marzo de 2021 por la Confederación Salud Mental España, por su parte, recogía que el 46% de los españoles manifestó un aumento del malestar psicólogico durante el confinamiento y que un 30% llegó a sufrir ataques de pánico.

Errejón lo quiso poner de relieve en el Congreso. "Si yo digo Diazepam, Valium, Lorazepam, Trankimazin o Lexatin, ¿por qué todos sabemos de lo que estoy hablando?", se preguntó. A partir de entonces comenzó a darse visibilidad al problema y el Gobierno aprobó, en el mes de diciembre, la estrategia de salud mental que sustituía a la última, que fue aprobada en el año 2009. El plan, que tiene vigencia desde este 2022 y hasta 2026 incluye, entre otras cosas, 100 millones de euros de presupuesto y un teléfono de atención al suicidio activo 24 horas al día: el 024.

Esta semana, además, se conoció que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados por el Gobierno incluyen un aumento del 6,7% en la partida sanitaria, que incluye además una transferencia de 500 millones a las comunidades autónomas para infraestructuras en atención primaria y salud mental.

Todo es positivo, pero aún falta mucho camino por recorrer. "Celebramos todas estas medidas, pero hay que ser más audaz. La salud mental estaba tan olvidada que la dotación económica necesaria es muy grande", señala Nel González, presidente de la Confederación Salud Mental España. "Los recursos que se han asignado por el Gobierno nunca habían existido, y es algo simbólico y un primer peldaño para ir corrigiendo los desajustes que tenemos", añade.

¿A qué se refiere? Principalmente, a la falta de profesionales. En España, según recoge un informe del Defensor del Pueblo publicado en enero de 2020 que incluye el dato facilitado por el Ministerio de Sanidad en 2018, hay seis psicólogos en el sistema público de salud por cada 100.000 habitantes. En Europa, de media, son 18. Por otro lado, según reflejó una Proposición No de Ley presentada por Ciudadanos en el Congreso, tan solo hay 9,69 especialistas en psiquiatría por cada 100.000, lo que sitúa a nuestro país solo por delante de Grecia, Italia y Rumanía en la Unión Europea, y a mucha distancia de países como Francia (20,91), Bélgica (20,06) o Suecia (19,12).

"Los recursos humanos son muy escasos y no llegan a la gente que lo necesita", se queja González, que afirma que, durante este último año y medio, han aumentado considerablemente las visitas al psicólogo y al psiquiatra, algo que corroboran los profesionales que, además, apuntan que son cada vez más los jóvenes los que acuden a consulta. "Hemos visto un aumento de la demanda de salud mental, sobre todo en los jóvenes", afirma la psiquiatra Belén González Callado. "Vienen muchos adolescentes, entre 11 y 15 años, muchos con autolesiones, trastornos o problemas emocionales como depresión, sentimiento de abandono y problemas relacionados con el impacto que tienen las redes sociales", completa el psicólogo Luis Fernando López.

Les avalan los datos. Según un estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAD con el apoyo de la Fundación Pfizer, un 24% de los jóvenes españoles dice tener problemas de salud mental con cierta o mucha frecuencia, lo que supone un incremento de más de hasta 18 puntos porcentuales con respecto a los años anteriores (8,6% en 2021 y 6,2% en 2019).

Pero no solo les ha pasado a ellos. Cruz Roja ha registrado un repunte en la demanda al servicio de atención psicológica que pusieron en marcha en 2020. Según sus propios datos, las cifras de llamadas a Cruz Roja Responde este año rondan más los datos pandémicos registrados en 2020 que los de 2021: hasta agosto se ha registrado un 61% más de llamadas que en todo 2021. Además, el teléfono 024 ha atendido desde el pasado 10 de mayo 55.000 llamadas y ha intervenido en 1.000 casos de riesgo de suicidio muy alto o de suicidio en curso, tal y como informó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el pasado miércoles.

¿Por qué ha ocurrido esto? Todos los expertos consultados apuntan a la combinación entre la crisis económica y social derivada de la sanitaria y la ruptura del tabú que provocó el movimiento #YoTambiénVoyAlMédico. "Es evidente que la salud mental ha entrado en el debate público y que hablar de ella ya es como hablar del tiempo que hace. Se ha popularizado y a la gente ya le da menos miedo mostrar angustia o ansiedad", señala Javier Padilla, médico, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y autor, junto a Marta Carmona, del libro Malestamos. Cuando estar mal es un problema colectivo (Capitán Swing, 2022).

El título de Padilla y Carmona, además, explora otra cuestión que surge en torno al protagonismo que ha alcanzado la salud mental. ¿Estamos combatiendo su deterioro de manera adecuada? Hay voces que apuntan a que no y el libro es un ejemplo de ello. "En términos generales, la respuesta a estos problemas está circunscrita a la terapia y a la atención especializada, sin ahondar en los factores que pueden favorecer a su alivio", explica el médico y diputado.

González Callado se muestra en la misma línea. "Reforzar el sistema sin ir a las causas no es más que poner parches", añade.

Para ambos, las causas están claras. Son, precisamente, esa crisis económica y social que ha derivado de la pandemia y, también, de la guerra en Ucrania. "Si se hubieran controlado el precio de los alquileres, tendríamos a menos jóvenes que sufren angustia; si se hubiera trabajado para garantizar que las madres solteras no van a tener problemas para el cuidado, también se evitarían problemas. Al final, la sensación de angustia está vinculada con políticas concretas", señala Padilla, que apunta a que es imprescindible luchar contra la precariedad para combatir las cifras de ansiedad y depresión que se sufren en España.

Como especificó la Encuesta Nacional de Salud de España de 2017, el 6,7% de la población de España está afectada por la ansiedad, exactamente la misma cifra de personas con depresión. Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 9% de la población tiene algún tipo de problema de salud mental y el 25% lo tendrá en algún momento a lo largo de su vida. Y como dicen González Callado y Padilla, las condiciones económicas tienen mucho que ver.

Así, el informe Costes socio-económicos de los riesgos psicosociales realizado por UGT señala que entre el 11% y el 27% de los problemas de salud mental en España se pueden atribuir a las condiciones de trabajo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ocho de cada diez personas que sufren problemas de salud mental no tienen empleo.

Para diagnosticar precisamente el papel de la precariedad laboral en el deterioro de la salud mental se creó, el pasado mes de abril, la Comisión de expertos en salud mental y precariedad laboral. La puso en marcha el Ministerio de Trabajo tras un acuerdo del PSOE con Más País a cambio del apoyo del partido de Íñigo Errejón a la reforma laboral de Yolanda Díaz y González Callado, que forma parte de ella, afirma que ya están trabajando en un informe que será presentado oficialmente en los próximos meses.

Cruz Roja ha registrado un repunte en la demanda a su servicio de atención psicológica. Las cifras de llamadas a Cruz Roja Responde rondan más los datos pandémicos registrados en 2020 que los de 2021 y en los ocho primeros meses de 2022 se ha registrado un 61% más de llamadas que en todo 2021, según informa Europa Press.

Personas mayores de 65 años y jóvenes representan el 90% de las personas usuarias del servicio, las que están en situación de soledad no deseada suponen 44%, y con problemas de ansiedad o bajo estado de ánimo más del 70% de los casos.

La combinación de diversos factores como el incremento de precios de alimentos, el impacto socioeconómico de la pandemia, los desastres asociados a la crisis climática y el conflicto en Ucrania impactan negativamente y de forma "exacerbada" en el bienestar y la economía de la población, especialmente en la más vulnerable, según Cruz Roja.

Ante la conmemoración del día mundial de la salud mental, que se celebra el próximo 10 de octubre, Cruz Roja ve fundamental abogar para que la salud mental sea una prioridad a nivel social y gubernamental. En este sentido, Cruz Roja y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja han expresado su preocupación por la posibilidad de una reducción o falta de incremento en la inversión de la salud mental.

Desde su puesta en marcha en 2020, el servicio de atención psicosocial Cruz Roja Te Escucha ha atendido más de 14.000 llamadas de personas que sufren malestar emocional provocado por la ansiedad, el estrés o la depresión.

Entre abril y diciembre de 2020 se llegaron a atender más de 5.650 llamadas; tras la época más dura de la pandemia y el confinamiento, el número de atenciones se redujo en 2021 hasta atender en todo el año 3.491 llamadas. Sin embargo, con datos cerrados a 31 de agosto de 2022, Cruz Roja ha atendido 5.242 llamadas, lo que supone ya un 61% más.

Llama especialmente la atención el aumento considerable de llamadas realizadas por menores de edad, que pasan del 5% del total al 12%, lo que en términos absolutos significa pasar de 147 llamadas a 845, multiplicando casi por cinco la demanda.

Las personas que han llamado a Cruz Roja Te Escucha en 2022 se encuentran en situación de soledad no deseada en su mayoría (44%); seguidas de personas con problemas relacionados con el empleo (19%) y las que presentan enfermedad mental (13%).

Un 38% de las personas que han descolgado el teléfono para hablar con Cruz Roja han manifestado problemas de ansiedad y un 35% bajo estado de ánimo; el duelo por el cambio vital (10%) y los problemas de pareja o de relaciones sociales (7% cada uno) son otros de los problemas registrados, en los que la ideación suicida aparece en un 3% de los casos.

Cruz Roja también ha detectado entre las llamadas recibidas 1.524 casos de personas que necesitaban ayuda adicional a la psicológica con la cobertura de necesidades básicas; es por ello que a este 10,6% de personas usuarias se las ha derivado de manera interna a otros departamentos para que puedan recibir la ayuda correspondiente.

En cuanto al lugar de residencia, el 29,8% de las llamadas proceden de la Comunidad de Madrid, seguidas de Andalucía (18.91%), Galicia (9,18%) y la Comunidad Valenciana (7,89%), Canarias (6,53%), Castilla y León (5,44%), Castilla-La Mancha (4,5%), Cataluña (5,26%)Aragón (2,32%), Murcia (2,2%), País Vasco (2,17%), Asturias (1,52%), Extremadura (1%), Baleares (0,97%) Cantabria (0,6%), Navarra (0,64%), La Rioja (0,35%), Ceuta (0,3); Melilla (0,17%). Asimismo, un 0,1 % de las llamadas procedían del extranjero.

En función de las necesidades de las personas, el servicio ofrece orientación psicológica a todas las personas que contactan, con pautas para el desahogo emocional y orientación en la búsqueda de recursos; asistencia psicológica para aquellas personas que presentan situaciones más complejas o síntomas de trastornos psicológicos que deben ser tratados por profesionales de la psicología clínica o sanitaria; y acompañamiento psicológico y psicosocial, para aquellas personas que lo que demandan es sentirse acompañadas por encontrarse en una situación de soledad no deseada o estar viviendo un momento especial de sufrimiento vital motivado por diferentes causas.

Como novedad, desde mayo de 2022, Cruz Roja Te Escucha cuenta con servicio de traducción que permite atender a las personas en más de ochenta idiomas diferentes; también ha contado con atenciones puntuales especiales, como durante la emergencia del volcán de La Palma en la que se estableció una línea especial para los hogares afectados por la emergencia en la isla, que sigue en funcionamiento a día de hoy. Y que ha atendido más de 500 llamadas.

Un 24% de los jóvenes españoles dicen tener problemas de salud mental con cierta o mucha frecuencia, lo que supone un incremento de más de hasta 18 puntos porcentuales con respecto a los años anteriores (8,6% en 2021 y 6,2% en 2019), expone un estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAD con el apoyo de la Fundación Pfizer, según informa Europa Press.

La investigación, titulada 'Jóvenes en pleno desarrollo y crisis pandémica. Cómo miran al futuro' y presentada este miércoles en la sede de la FAD, en Madrid, se ha realizado consultando a 1.200 jóvenes de 15 a 29 años durante los meses de febrero y marzo de 2022 y arroja resultados sobre el impacto de la pandemia en la juventud española.

Una de las consecuencias más visibles de la crisis de la covid-19, según el informe, ha sido el empeoramiento de la salud mental que destaca como uno de los aspectos en los que la pandemia ha impactado más negativamente, junto a la capacidad económica y el acceso al trabajo.

Así, el documento revela que el 66,8% de la juventud cree que la crisis del coronavirus ha tenido un impacto negativo en la salud mental de las personas jóvenes. La aparición de pensamientos negativos es el indicador psicológico que más empeora: un 53,3% de los jóvenes encuestados dicen tenerlos, porcentaje que aumenta hasta un 58,3% en el caso de las mujeres. Además, los jóvenes de 20 a 24 años son los que más declaran un aumento de la frecuencia de estos pensamientos.

Los autores del estudio han advertido de que las mujeres ocupan la peor posición en todos los indicadores de tipo psicológico, una "brecha de género" que los autores del estudio achacan a las mayores responsabilidades de cuidado que recaen sobre ellas.

"Los cuidados es una responsabilidad que muchas veces cae sobre las mujeres y una pandemia genera un estrés muy alto en las mujeres que tienen que cuidar a los más pequeños y mayores generado problemáticas mayores", ha explicado la directora técnica de Fundación FAD Juventud, Eulalia Alemany.

El teléfono de atención a la conducta suicida 024 atendió en sus cuatro primeros meses de funcionamiento más de 34.000 llamadas, cerca de 1.500 derivaciones a los servicios de emergencia 112 e identificó un total de 585 suicidios en curso.

Así se desprende del balance de actividad de la Línea de Atención a la Conducta Suicida puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad el pasado 10 de mayo, bajo el lema Llama a la vida, ha recogido Europa Press.

Según las cifras del Ministerio, el teléfono atiende actualmente una cifra diaria de alrededor de 300 llamadas. La línea 024 está en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los días del año.

Es gratuita, accesible, inmediata, confidencial y está atendida por personas expertas, para dar apoyo a personas con conducta suicida, familiares y allegados e intervenir, en el caso de ser necesario, en situaciones complejas de alto riesgo.

El 024 forma parte del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, que fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el pasado 11 de mayo y que está dotado con 100 millones de euros de presupuesto.

El pasado 1 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de distribución territorial para el ejercicio presupuestario de 2022 de 16 millones de euros destinados al Plan de Acción Mental y el acuerdo se someterá al CISNS.

A cualquier hora del día o de la noche suenan los teléfonos de la línea 024 de atención a la conducta suicida. Funciona desde el 10 de mayo y lo hace 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día. Es una línea gratuita, accesible, inmediata y confidencial. Está atendida por personas expertas. La puesta en servicio de esta línea fue un compromiso del presidente Pedro Sánchez. Después de escuchar a la sociedad civil, a las familias y a las personas que sufren, no ha permanecido indiferente para dar respuestas a sus demandas y necesidades y ha buscado dar apoyo, tanto a personas que puedan tener conductas suicidas, como a sus familias y personas más cercanas.

El 024 atendió en su primer día de funcionamiento unas 1.000 llamadas, con una duración media de entre 25 y 30 minutos por llamada. Al otro lado, alguien escucha y ayuda tanto a personas que tienen ideas suicidas como a sus familiares. Su necesidad e importancia es indiscutible.

El Gobierno da pasos firmes en las iniciativas relativas a la atención y mejora de la Salud Mental. Apoya la formación sanitaria especializada en Salud Mental. La oferta de plazas de formación desde 2018 se incrementó un 23% en Psiquiatría, un 51% en Psicología Clínica, y un 48% en Enfermería en Salud Mental. En la misma línea están la reciente creación de la especialidad médica de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, para una mejor atención en enfermedades de salud mental de niñas, niños y adolescentes; el Plan de Atención de Salud Mental 2022-2024 que acaba de ser aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que es la hoja de ruta de la renovada Estrategia de Salud Mental para el período 2022-2026, después de 12 años sin actualizar. Son iniciativas del PSOE que se contraponen a los brazos caídos y desinterés de los Gobiernos del PP en lo que se refiere a la Salud Mental.

La renovación de la Estrategia ha sido posible con la colaboración, el consenso y la corresponsabilidad institucional de las comunidades y ciudades autónomas. También gracias a la implicación de los profesionales y sus organizaciones, a la participación de las sociedades científicas; pero sobre todo, de lo más importante, que son las personas con problemas de salud mental, de las asociaciones de pacientes y sus familias.

El Plan de Atención de Salud Mental cuenta con seis líneas estratégicas y más de 40 acciones en las que se incluye formación de profesionales, actividades de sensibilización o mejoras en recursos humanos. Será cofinanciado por las comunidades autónomas y por el Ministerio de Sanidad; ya cuenta con una dotación presupuestaria de 100 millones de euros que provienen de los Presupuestos Generales del Estado: Refuerzo de los recursos humanos en salud mental; optimización de la atención integral a la salud mental en todos los ámbitos del SNS; sensibilización y lucha contra la estigmatización de las personas con problemas de salud mental con campañas y formación; prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida; abordaje de problemas de salud mental en contextos de mayor vulnerabilidad; abordaje de conductas adictivas con y sin sustancia.

En medio de la incertidumbre y los retos abiertos a consecuencia de la pandemia, la salud mental es un objetivo prioritario de las políticas del Gobierno de España. Así se refleja en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en el que tuve el orgullo de poder participar y trabajar en la parte de Sanidad y Salud Pública.

"Recios trazos y no líneas difuminadas, han de contornear la actitud del socialismo español ahora y en todas las horas", escribió Indalecio Prieto el 2 de mayo de 1925, en El Imparcial de Madrid. Así, con recios trazos y sin líneas difuminadas, aborda el Gobierno de España las políticas de Salud Mental.

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Ana Prieto es diputada por Lugo y portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados. Farmacéutica.

El 79,8% de las mujeres jóvenes españolas —de entre 16 y 24 años— han asegurado haber recibido en algún momento de su vida mensajes insistentes, fotos y comentarios sexualmente explícitos, amenazas, insultos, burlas o la publicación de información personal sin consentimiento. Sin embargo, solo el 45% de ellas identifica estos comportamientos como acoso, según informa Europa Press.

Así lo recoge un estudio encargado por el Instituto de las Mujeres sobre las chicas jóvenes y el acoso en redes sociales, realizado por 40dB, con el que se pretende realizar un "foto completa" de la situación que sufren las jóvenes en este sentido.

Tal y como ha explicado una de las autoras del trabajo, Belén Barreiro, una de las mayores sorpresas que se llevaron es el elevado número de mujeres que habían sufrido comportamientos de acoso a través del medio digital (casi el 80%), pero también que solo el 45,7% lo identificaran como tal.

Esto llevó a las autoras a realizar entrevistas personales con las encuestadas para determinar los diferentes comportamientos que estas hayan podido vivir a lo largo de los últimos años en redes sociales y preguntar por situaciones concretas.

Esto las ha llevado a trabajar en el estudio con dos tipos de acoso: el afectivo sexual que, según ha apuntado Barreiro, incluye siempre una situación en la que un hombre acosa de manera insistente y repetida a una mujer a través de redes; y el ciberbullying, que se produce mayoritariamente en el entorno educativo y en el que participa más de una persona llevando a cabo, principalmente, insultos y amenazas de difusión de contenidos falsos o personales de la acosada.

En este sentido, ha explicado que el afectivo sexual es el más habitual, ya que lo ha vivido el 66% de las encuestadas, frente al 34% que dice haber vivido situaciones de ciberbullying. Sin embargo, Barreiro ha advertido que esta última práctica es la que "produce mayores trastornos psicológicos" para quien la sufre, según las respuestas de las encuestadas.

Por comportamientos concretos, el estudio determina que un 32,3% de las jóvenes españolas asegura haber recibido comentarios y fotos sexualmente explícitas sin solicitarlas; mientras que un 25% ha recibido mensajes insistentes para quedar o intimar incluso después de no responder o rechazar la invitación.

Del mismo modo, un 20,5% de las encuestadas asegura haber sufrido amenazas, insultos, burlas o mensajes hirientes a través de sus redes sociales; un 13,2% dice que se han difundido o le han amenazado con difundir secretos, información personal o imágenes sin su consentimiento; y un 9% insultos y amenazas después de no contestar o rechazar a una persona.

Este escenario se produce, según el estudio, principalmente a través de Instagram (80%), seguido de Whatsapp (48%) y Facebook (17%).

En cuanto a las consecuencias de esta situación, el informe recoge que la mayoría, aunque no reconoce en ocasiones estos comportamientos como acoso, "sí tienen claro que les produce sentimientos negativos". Así un 59,3% ha hablado de enfado, impotencia o asco; mientras que un 57,2% también ha mencionado la inseguridad o el temor. Barreiro ha destacado, además, que un 16,3% de las encuestadas han mencionado también la culpa.

La autora ha señalado, en este sentido, el "impacto en la salud mental" que sufren estas mujeres y ha explicado que "6 de cada 10 jóvenes" dice haber sufrido un impacto "de alguna manera". De ellas, "4 de cada 10" ha desarrollado cuadros clínicos de depresión, paranoia, ansiedad o trastornos de la alimentación e, incluso, un 12% ha tenido pensamientos suicidas, según recoge el documento.

Este estudio también ha preguntado a las jóvenes por cómo se comportan tras esta situación y, al respecto, el trabajo destaca de 7 de cada 10 sí modifican su día a día, de las cuales la mayoría evita "volver a casa sola por la noche".

En este sentido, Barreiro advierte de que "el acoso en redes tiene consecuencias fuera" de ellas y que no se debe tratar este asunto como un tema únicamente online. "Ellas trasladan su problema a su vida fuera de las redes", ha advertido la autora, antes de llamar a las instituciones a tener muy presente esta situación de cara a poner en marcha atención, servicios y políticas públicas en esta materia.

Del mismo modo, Barreiro ha mostrado su preocupación en que la mayoría de las acosadas recurrieran ante esta situación a una amiga (57,9%), frente a su pareja (39,4%) o a sus madres (17,9%). Además, advierte de que 6 de cada 10 no denuncian este acoso e intenta "resolver esta situación sola".

La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ha comentado que el estudio interpela a las instituciones a ofrecer "instrumentos de educación sexual, protocolos más ágiles para acercar las políticas públicas a las mujeres más jóvenes y para seguir avanzando para que dichas políticas sea percibidas por las mujeres como una ayuda".

También ha reconocido la necesidad de que las redes sociales establezcan protocolos de denuncia más accesibles de los que tienen en la actualidad.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha advertido de que la violencia online "no es nueva", sino que "traslada" los comportamientos de "dominación" que ya se conocen en otros ámbitos, al digital.

Del mismo modo, ha mostrado su preocupación por el dato que señala que "las mujeres que sufren violencia acuden muy poco a las instituciones" y, por tanto, considera que no se está haciendo bien. "Las mujeres no saben donde acudir y aquí estamos fallando estrepitosamente", ha declarado.

Belén González Callado, psiquiatra madrileña, tiene una visión muy particular de los trastornos de salud mental. La mayoría de los que se sufren actualmente, dice, tienen un origen social, no individual. Lo ve en el centro de salud mental en el que trabaja y desde el que puede hacer, según explica, "un diagnóstico muy general de la situación poblacional". Está en sintonía con la organización a la que pertenece, la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN-Profesionales de la Salud Mental), que siempre ha trabajado tratando de ver la dimensión social que tienen los trastornos mentales.

Por eso no dudó cuando se le planteó formar parte de la Comisión de expertos en salud mental y precariedad laboral que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo tras un acuerdo del PSOE con Más País a cambio del apoyo del partido de Íñigo Errejón a la reforma laboral de Yolanda Díaz. Las reuniones, que comenzarán la última semana del mes de abril, tendrán que derivar, en un plazo de seis meses, en un informe con una serie de recomendaciones para paliar el deterioro psicológico derivado de las condiciones laborales.

¿Por qué es importante la Comisión de salud mental y precariedad laboral? ¿Qué objetivos tiene?

La formación de la Comisión parte de una puesta en común de distintos ámbitos muy diversos para hacer un análisis con una perspectiva más general, colectiva, comunitaria y social de un problema que está siendo acuciante y que está repercutiendo en muchos ámbitos. El deterioro de la salud mental no solamente repercute en lo sanitario, sino también obviamente en lo laboral, donde se producen bajas y ausencias y donde existe un sufrimiento de los trabajadores dentro de las propias empresas. Sin embargo, aunque este sufrimiento se manifiesta con síntomas que llevan a acudir a profesionales de la salud mental, no es un problema de salud mental. Es un problema social. La iniciativa de la Comisión parte de la idea de poder analizar el origen y los factores generadores de este malestar que estamos pudiendo identificar en la sociedad, en las consultas, en atención primaria, en los trabajos y en el ámbito colectivo. Cualquiera que esté en sociedad y comunidad es capaz de darse cuenta del sufrimiento que estamos teniendo los trabajadores y trabajadoras en los ámbitos laborales.

¿De qué manera le llega la propuesta de participar como experta en la Comisión y por qué accede a ello?

En agosto, cuando Yolanda Díaz expone que muchos de los problemas que se están viendo en salud mental tienen como origen una situación de precariedad laboral, y afirma que quieren hacer un comité para analizar la situación, la asociación de la que formo parte escribe una carta al Ministerio de Trabajo para ofrecer su colaboración. Lo hace porque la AEN siempre ha tenido una vocación comunitaria, siempre ha intentado darle una visión social a todos los casos clínicos que le llegan.

El Ministerio tuvo en cuenta nuestra oferta y contó con nosotros, que estamos eternamente agradecidos. Yo, por mi parte, llevaba tiempo interesada en estos temas, trabajando en un centro de salud mental, que es la puerta de entrada al resto de recursos.

¿Qué se hace exactamente desde esos centros?

Ahí se recibe toda la patología mental antes de ser clasificada. Es decir, vemos todos los casos, así que es un lugar muy crudo que permite entender qué pasa. Digamos que es un panóptico, un lugar privilegiado que permite hacer un diagnóstico muy general de la situación poblacional de salud mental. Pero, claro, también tiene su parte negativa, y es la sobrecarga de trabajo.

En el acto de presentación de la Comisión, tomó prestada la frase de "el código postal es más determinante que el código genético" y afirmó que "las condiciones laborales son más determinantes que la serotonina". ¿Qué quiere decir exactamente con esta expresión?

Creo que es una expresión que se visibiliza mucho en todas las patologías. Tu código postal, el espacio donde vives, las condiciones sociales, familiares y de habitabilidad en las que se enmarca tu vida son mucho más determinantes en tu salud que los genes que hayas podido heredar. Solemos entenderlo a revés, con una visión biologicista que cree que lo genético influye más en la salud que las condiciones de vida. En salud pública se ve muy bien, pero es que en salud mental es todavía más evidente. Aunque la mayoría de la población tiene un discurso que se orienta mucho hacia la individualización del sufrimiento psíquico, la realidad es que lo que más influyen son los determinantes sociales, sobre todo las condiciones laborales y materiales en general. Es decir, la persona que se encuentra en una situación de pobreza y tiene que sostener una familia va a tener peor salud mental que aquella persona que tenga unas condiciones materiales y sociales más favorables, independientemente de la bioquímica del cerebro y de la carga genética de ambas. Además, los determinantes sociales también marcan las posibilidades de evolución y de mejoría. Si los psiquiatras y psicólogos tuviéramos acceso a medidas terapéuticas sociales, nuestras intervenciones serían infinitamente más eficaces de lo que son a día de hoy.

Al final, la salud es una cuestión de clase.

Claro. Es absolutamente imprescindible tenerlo en cuenta. No tiene nada que ver la patología mental que se ve en el Barrio de Salamanca con la patología mental que se ve en Leganés. Ni las condiciones de recuperación de los pacientes de Leganés con las de los del Barrio de Salamanca.

¿En qué se diferencian?

No se diferencian tanto en la manifestación sintomática. La mayoría de patologías que vemos ahora son ansiedad o depresión, es decir, o que la situación que tienes te angustia mucho o te pone muy triste. La diferencia está en que las condiciones de vida que tienen las personas que viven en Leganés son tan desfavorables que es muy difícil que puedan salir de una situación de ánimo bajo o que puedan salir de una situación de angustia vital, porque está perfectamente justificada, es una reacción coherente a su situación vital. Se espera, y con lógica, que haya más sufrimiento donde las condiciones de vida son más difíciles que en aquellos lugares donde las condiciones de vida no son tan complicadas.

En este sentido, en la presentación de la Comisión, también mencionaba que los problemas psicológicos que tienen origen social, como en el ámbito laboral, no deberían de acabar en centros de salud mental. ¿Desde dónde y cómo deben abordarse estos problemas, entonces?

Esta es la trampa social que tenemos ahora mismo: el sistema está organizado de tal manera que las personas que no son lo suficientemente productivas como se exige son derivadas a una especie de trastienda social, que sería la salud mental, para ser reparadas y poder volver otra vez a ese sistema, que es enfermizo. Es una especie de circuito: cuando aparecen los problemas de salud mental en personas trabajadoras, todo el discurso social se orienta a que es esa persona la que no está rindiendo lo suficiente, que algún problema tiene, así que tendrá que revisarse. Entonces es cuando acude a los técnicos, que somos los médicos, y se medicaliza el problema. Ahí, su sufrimiento deja de ser un problema social, un problema de un sistema que enferma, y empieza a ser un problema individual.

Poder romper ese circuito cerrado es muy complicado porque en el sistema capitalista en el que estamos funciona. Las empresas o instituciones son capaces de extraer el máximo rendimiento de sus trabajadores, y cuando estos no pueden ofrecer ese 150% que se les pide, tienen dos opciones: o se van y son sustituidos por otro trabajador o entran en una baja. ¿Quién pierde aquí? El trabajador, que enferma, y el Estado, que sostiene a ese trabajador enfermo. Nunca pierde la empresa que exige por encima de lo que debería exigir. Los beneficios que genera este circuito son muy grandes para quienes tienen la capacidad de organizar el discurso social, así que es difícil de romper. Hace falta tener muchas ganas de meterse en líos, pero es que esto es como un monstruo sin ojos que se dirige a un precipicio, de alguna manera lo tenemos que parar. Me recuerda a la crisis climática: podemos negarla, pero hasta cierto punto. Tenemos que hacernos cargo de este problema y es el Estado quien tiene que tomar cartas en el asunto.

¿De qué manera extraen al máximo las empresas? ¿Cuáles son esas prácticas laborales que dañan tanto la salud mental?

En consulta se ven varios tipos de personas. Por un lado, las que se encuentran en situación de precariedad laboral, las que no encuentran un anclaje laboral que les permita construir una identidad con respecto al trabajo, que es algo que la mayoría de personas solemos hacer. Estas personas se encuentran desvalorizadas socialmente porque internalizan esto como un problema propio. "Si no tengo trabajo es porque no soy lo suficientemente bueno para tenerlo". "Si me despiden de varios trabajos o no me pagan lo suficiente es porque yo no soy lo suficientemente buena para estar ahí y no me lo merezco". Hay un proceso de devaluación personal generalizada y de desesperanza en estos casos. Esto lo estamos viendo bastante en jóvenes, que no tienen ningún tipo de perspectiva futura, lo que hace también que no sean capaces de hacer frente a las crisis sobrevenidas que les puedan ocurrir en la vida.

En adultos, además de esta sensación de devaluación personal y de poca valía, encontramos que existe un círculo vicioso entre la precariedad laboral, la pobreza, las malas condiciones de vida y el sufrimiento psíquico que afecta a todos los ámbitos de su vida. Por ejemplo, no tener acceso material a condiciones que te permiten tener una buena salud física empeora tu salud mental, eso hace que tomes más fármacos y que te encuentres en entornos de exclusión, por lo que tampoco mejorarás tus condiciones de vida materiales.

Por último, y yo creo que esto es lo más frecuente en consulta, vemos mucha tolerancia a situaciones de explotación o de acoso laboral sistemáticas que se permiten por el miedo a perder el empleo. Las personas que lo sufren, además, se encuentran entre la espada y la pared: sufren unas condiciones laborales absolutamente intolerables pero no tienen la opción de irse, porque quedarían en una situación de precariedad económica que no les dejaría sobrevivir.

¿Ha visto ejemplos de esto en consulta?

He tenido varias pacientes que han venido a raíz del ERE que se hizo en el sector de la banca. Acudieron porque no se las incluyó, lo que ya les lesionó mentalmente, y porque precarizaron mucho su trabajo. Se les dificultaba realizarlo y además se les denigró. Y tenían esas dos opciones: o aguantaban o se iban. No es casualidad además que todas fueran mujeres, madres y cuidadoras que sufrían horarios intolerables para la conciliación. Esto son prácticas de empresa, no de un jefe o de un compañero. En salud mental no vemos mobbing, vemos estructuras. Sistemas que someten a los trabajadores a condiciones de explotación bajo amenazas de hacer mucho daño.

Y estas personas, cuando acuden a consulta, ¿lo hacen identificando el problema como algo laboral y social o, como decía antes, como un problema individual?

Lo que tienen en común todos los casos es que se presentan como problemas subjetivos individuales. Es decir, problemas de trastorno mental. "Algo me pasa a mí en mi cabeza que tengo ansiedad y depresión". Ese es el discurso y el autodiagnóstico. Casi todos lo traen. Dicen que tienen una ansiedad o una depresión muy grande que les impide ir a trabajar. No identifican que el trabajo les provoque los síntomas, sino que los síntomas les impiden trabajar. Esa es la presentación sistemática de todos los casos. Obviamente, ante esa presentación, a no ser que una sea muy consciente de los entornos laborales en los que nos movemos y tenga la mirada muy puesta en los determinantes sociales de la salud mental, se tiende a entender que efectivamente lo que le ocurre a esa persona tiene que ver con su serotonina, por lo que necesita un antidepresivo o un ansiolítico. Hace falta abrir una brecha epistémica para introducir el discurso que diga: "Oye, ¿cómo estás en el trabajo?". Hace un par de semanas, una trabajadora me decía que no entendía por qué le presionaban tanto en el trabajo, si ella era muy flexible. Cuando le pregunté qué era ser flexible me respondió que todos los días se iba tres horas después de su hora de salida y que trabajaba los fines de semana. Le dije que eso no es flexibilidad, sino abuso laboral, y le sorprendió. Jamás se le había ocurrido porque en los entornos laborales en los que nos encontramos las condiciones de explotación y precarización son la norma, no la excepción.

¿Y España está preparada para abordar el deterioro de la salud mental desde la perspectiva que explicas y no como uno meramente sanitario? Parece que la Comisión va por este camino...

El problema es que ahora mismo las situaciones de abuso laboral tienen poca salida realista más allá de que te produzca un sufrimiento psíquico y estés de baja, con una cierta protección institucional. Es una manera medicalizada de proteger al trabajador, pero es una perversión del sistema, es utilizar mal ambas partes: la de protección y la médica. Cuando desde lo sanitario damos respuesta a un problema social, lo que hacemos es convertirlo al lenguaje sanitario, así que inevitablemente contribuimos a que esos problemas sociales se sigan entendiendo como problemas de salud y no sociales, laborales o de violencia de género. La intervención eficaz sería que esos problemas no llegaran a salud mental, conseguir que ningún trabajador precarizado, explotado o abusado llegue a salud mental.

¿Y qué herramientas podría tener?

Es la paradoja que nos encontramos en consulta. Yo puedo introducir una narrativa más social en la que aclaramos que lo que le ocurre al paciente es el resultado de una situación de abuso laboral o de precariedad, pero no por eso el paciente deja de tener ansiedad o depresión. Es verdad que se reconduce y por lo menos ya no se vive de manera tan estigmatizante, porque deja de ser un problema individual para enmarcarse dentro de una situación social. Tanto es así, que los síntomas se viven de manera distinta. Sin embargo, incluso introduciendo esta narrativa más justa socialmente, los pacientes no tienen recursos. Ni económicos, para demandar a la empresa, ni de organización, mucho menos en ese momento en el que están destrozados psíquicamente. Pero es que ni siquiera conocen los recursos a los que tienen derecho, y ese es un problema muy grande que me encuentro con frecuencia. No saben que pueden acudir a un sindicato, al comité de empresa, a un abogado laboralista... No son conscientes de que eso existe ni conocen sus derechos laborales. ¿Cómo nos va a extrañar entonces que cualquier problema lo entiendan como personal?

Sin embargo, aun así, parece que cada vez se habla más de la salud mental condicionada por los determinantes sociales y los aspectos laborales. No obstante, a veces se dice que quien lo denuncia, en su mayoría jóvenes, pertenecen a una "generación de cristal". ¿Tiene sentido decir eso? ¿La precariedad ha aumentado o hay más conciencia frente a ella?

El modelo de precariedad, temporalidad, inseguridad laboral e impunidad para poder exigir a los trabajadores más de lo que se debería ha aumentado, sobre todo después del covid. La pandemia ha sido una excusa para poder precarizar muchos puestos laborales. Después de que se haya depuesto la demanda y de que se haya normalizado el consumo previo, lo que encontramos es que varias empresas que habían reducido trabajadores no han vuelto a contratar para tener el mismo número que antes. Esto supone un mayor grado de explotación, pero los trabajadores que se quedan tienen mucho miedo al paro o al despido y a la crisis social en la que estamos. Mi sensación es que la precariedad ha aumentado y eso hace que la sensación sea de mucha más inseguridad. La diferencia es que nos encontramos en un entorno social que tiende a entender desde lo médico cualquier problema que exista. Sería distinto si la ansiedad y la depresión provocadas por problemas laborales se denominaran frustración, cabreo, indignación y tristeza. En ese caso probablemente lo manejaríamos de manera distinta porque por eso no vas al psiquiatra ni al psicólogo. El hecho de que se medicalice hace que se pueda ver como una fragilidad mayor porque somos una sociedad de enfermos que, claro, pide ayuda a los técnicos de la enfermedad. Podemos entender “generación de cristal” como una que está tendiendo a identificar el sufrimiento que tenemos, y eso es importante. Identificar los problemas y ponerlos en común no nos hace una "generación de cristal", sino que es una generación más sensible y autoconsciente.

Ahora bien, al discurso extendido de visibilización de la ansiedad y la depresión, que está muy bien, siempre le sigue una respuesta que es "pide ayuda", "vete al médico", y no todos los sufrimientos sociales deberían ser susceptibles de trabajarse desde la salud mental. Eso es poner tiritas. Hay que ir al origen del problema.

Ese discurso del "vete al médico" ha provocado que cada vez más gente acuda a terapia, sea por un problema individual o social. ¿Puede hacerse cargo la salud mental actual de todos los problemas que le llegan?

La salud mental ya estaba absolutamente desbordada. Si todos los sufrimientos sociales y humanos los tienen que recoger los técnicos del sufrimiento psíquico, es absolutamente inabarcable. Los recursos de salud mental llevan en un estado de extrema precariedad desde hace muchos años, sobre todo en la Comunidad de Madrid. De hecho, entre los años 2000 y 2018 lo que vimos fue una desinversión que provocó que el presupuesto y la ratio de trabajadores descendiera. En 2018 vimos que se cambiaba un poco la tendencia, pero sobre todo invirtiendo en ámbitos hospitalarios, no en comunitaria, que son los centros de salud mental que operan como eje. Estos ámbitos, mucho más volcados en la comunidad, están cada vez con menos recursos y más demanda. Por supuesto que hace falta una inversión, pero una ingente. Ya hacía falta hace mucho tiempo.

El alzhéimer es la forma más común de demencia y afecta a unas 800.000 personas en España, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). Esta patología compleja y multifactorial, que suele desarrollarse después de los 65 años, tiene un fuerte componente genético. Se cree que la mayoría de los casos están causados por la interacción de diferentes factores de predisposición genética y ambientales.

Aún no existe cura; los medicamentos disponibles se dirigen principalmente a ralentizar el deterioro cognitivo y a reducir ciertos trastornos del comportamiento. Por ello, uno de los principales retos de la investigación es caracterizar mejor sus factores de riesgo y proponer nuevas dianas terapéuticas.

Ahora, investigadores de Europa, EE.UU y Australia han identificado 75 regiones del genoma asociadas al alzhéimer. De ellas, 42 son nuevas, es decir, nunca se habían implicado en la enfermedad. Los resultados, publicados en Nature Genetics, aportan más conocimientos sobre los mecanismos biológicos implicados y acercan un mejor diagnóstico y tratamiento.

El equipo internacional, que cuenta con participación española, realizó un estudio de asociación de todo el genoma (conocido como GWAS) sobre el mayor grupo de pacientes creado hasta ahora, bajo la coordinación del director de investigación del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia (Inserm), Jean-Charles Lambert.

“El componente genético de las formas comunes de la enfermedad de Alzheimer es muy elevado, especialmente para una patología asociada al envejecimiento. Entender dicho componente es uno de los principales retos de la comunidad investigadora”, explica a SINC Lambert.

La muestra consistía en 111.326 personas a las que se les había diagnosticado la enfermedad o tenían parientes cercanos con esta afección, y 677.663 controles sanos, cuyos datos proceden de varias grandes cohortes europeas agrupadas en el consorcio European Alzheimer & Dementia BioBank (EADB) con el objetivo de examinar factores de riesgo genético asociados a aspectos concretos de la patología.

“Tras este importante descubrimiento, caracterizamos estas regiones para darles un significado en relación con nuestros conocimientos clínicos y biológicos, y así comprender mejor los mecanismos celulares y los procesos patológicos implicados”, continúa el experto.

Desde hace años se conocen bien dos fenómenos patológicos cerebrales relacionados con la enfermedad de Alzheimer: la acumulación de péptidos beta-amiloides y la modificación de la proteína Tau, cuyos agregados se encuentran en las neuronas.

En el nuevo trabajo, los científicos confirmaron la importancia de estos procesos. Sus análisis de las distintas regiones del genoma confirman que algunas están implicadas tanto en la producción de péptidos amiloides como en la función de la proteína Tau.

Además, su observación también revela que una disfunción de la inmunidad innata y de la acción de la microglía –células inmunitarias presentes en el sistema nervioso central que eliminan las sustancias tóxicas– intervienen en esta patología.

“Por último, este estudio muestra por primera vez que la vía de señalización dependiente del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) está implicada en la enfermedad”, añade Lambert. “Estos hallazgos confirman y amplían nuestros conocimientos sobre los procesos patológicos implicados en la enfermedad y abren nuevas vías de investigación terapéutica”.

Por ejemplo, confirman la utilidad de la realización de ensayos clínicos de terapias dirigidas a la proteína precursora del amiloide, la continuación de la investigación sobre las células microgliales iniciada hace unos años y la focalización en la vía de señalización del TNF-alfa.

Asimismo, los investigadores idearon una puntuación de riesgo genético para evaluar mejor qué pacientes con deterioro cognitivo desarrollarán, en los tres años siguientes a su manifestación clínica, la enfermedad de Alzheimer.

Los investigadores idearon una puntuación de riesgo genético para evaluar mejor qué pacientes con deterioro cognitivo desarrollarán, en los tres años siguientes a su manifestación clínica, la enfermedad de Alzheimer.

“Aunque esta herramienta no está pensada aún para su uso en la práctica clínica, podría ser muy útil para categorizar a los participantes según su riesgo y mejorar la evaluación de los medicamentos que se están probando. Igualmente, permitirá optimizar los ensayos terapéuticos y, por tanto, acelerar el desarrollo de terapias eficaces”, subraya a SINC Lambert.

El equipo quiere ahora continuar su investigación en un grupo aún más amplio y desarrollar otros enfoques de biología celular y molecular para determinar su papel en el desarrollo de la patología.

Igualmente, como la investigación se ha realizado principalmente en poblaciones caucásicas, una de las consideraciones para el futuro será realizar el mismo tipo de estudios en otros grupos para determinar si los factores de riesgo son los mismos, lo que reforzaría su importancia en el proceso fisiopatológico.

“La enfermedad de Alzheimer es la demencia más común entre muchas otras. Sin embargo, el diagnóstico clínico es incorrecto en un 20% de los casos. Hay una gran cantidad de trabajo por hacer para comprender mejor el componente genético de estas poblaciones”, concluye.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

El confinamiento decretado en marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia de la covid-19 dio lugar a descensos en los niveles de contaminación del aire, ruido y actividad física en las ciudades totalmente insólitos hasta la fecha.

Las consecuencias de estos cambios para la salud de las personas variaron en función de la rigidez de los encierros de cada lugar y del contexto local, lo que ha proporcionado datos valiosos sobre cómo las medidas de emergencia pueden afectar a la población.

Un estudio publicado en Environmental Pollution y liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación “la Caixa”, ha tratado de dar respuesta a qué lecciones se pueden extraer de aquello para futuras políticas de planificación urbana y de preparación ante emergencias.

Para establecer las comparaciones, el equipo de investigación seleccionó tres ciudades europeas con distintos grados de confinamiento: Barcelona, donde se decretó un confinamiento estricto; Estocolmo, donde las medidas fueron mucho más laxas y sujetas a la responsabilidad y el “sentido común” individuales; y, por último, Viena, que contó con unas reglas intermedias.

Para cada una de las tres urbes, recopilaron o estimaron datos relativos a la contaminación del aire, ruido y actividad física de tres momentos distintos en el tiempo: antes de la pandemia, durante el confinamiento más estricto y en el período de desconfinamiento posterior.

En un primer paso, el equipo calculó las diferencias entre los niveles prepandémicos y pandémicos de las exposiciones ambientales y comportamientos de salud mencionados. En un segundo paso se compararon con datos de los sistemas sanitarios y se tradujeron en cuántos diagnósticos anuales de infartos de miocardio, ictus, depresión y ansiedad podrían haberse evitado o bien producido de manera adicional en cada ciudad si los cambios en la contaminación atmosférica, el ruido, la actividad física y las visitas a espacios verdes se hubieran prolongado durante un año.

La primera conclusión del trabajo corroboró que el grado de rigidez de las medidas de confinamiento decretadas estaba directamente relacionado con la disminución registrada en las exposiciones y comportamientos estudiados.

Así, la ciudad con un confinamiento más duro, Barcelona, fue también la que registró mayores descensos con respecto los niveles prepandémicos de contaminación atmosférica, ruido, actividad física y visitas a espacios verdes. Concretamente, durante el primer confinamiento las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) cayeron un 50 % de media, los niveles de ruido diarios se redujeron en 5 decibelios (dB (A)) y la actividad física disminuyó en un 95 %.

En Viena, la contaminación por NO2 cayó en un 22 %, y la media diaria de ruido se redujo únicamente en 1 dB (A), mientras que la actividad física decreció en un 76 %. En lo que respecta a Estocolmo, los niveles de NO2 cayeron un 9 %, la media diaria de ruido se redujo en 2 dB (A) y la actividad física cayó un 42 %.

Una vez cuantificadas las variaciones registradas en cada urbe con respecto a la etapa de prepandemia, el equipo calculó el impacto que cada uno de estos cambios tendría sobre la salud. Para ello, se basaron en evidencias de estudios previos que establecieron relaciones entre cada una de las exposiciones y comportamientos estudiados y diversas enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales.

Por último, con el fin de que se reflejase la verdadera magnitud que los cambios estudiados podrían tener a largo plazo, se simuló con ayuda de un modelo de datos el impacto que el confinamiento hubiese tenido en caso de haberse extendido durante todo un año.

El análisis puso de manifiesto que la actividad física es el factor con un mayor impacto sobre la salud. De esta manera, una hipotética extensión del confinamiento estricto en Barcelona durante todo un año se habría traducido en un incremento del 10 % en los ictus e infartos de miocardio y en aumentos respectivos del 8 y del 12 % en los diagnósticos de depresión y ansiedad, como consecuencia del descenso generalizado de la actividad física.

La reducción de la actividad física en Viena durante todo un año, a su vez, habría podido conducir a un aumento del 5 % de la incidencia anual de ictus e infartos de miocardio, así como repuntes del 4 y del 7 % en los diagnósticos de depresión y ansiedad, respectivamente.

Incluso en Estocolmo, la ciudad con el descenso más leve en los niveles de actividad física, se habrían producido efectos negativos para la salud en caso de que la situación hubiese durado un año. El modelo estimó incrementos del 3 % en las incidencias respectivas de ictus e infartos de miocardio, de un 2 % en los diagnósticos de depresión y de un 3 % de los casos de ansiedad.

“Esto nos aporta lecciones para el futuro para saber cómo se pueden hacer medidas con un buen balance riesgo-beneficio. Se trata de un ejemplo de cómo una intervención en salud pública tiene consecuencias poblacionales. Incluso cambios pequeños a nivel individual en actividad física, al ser llevados a gran escala, pueden tener efectos poblacionales en salud enormes”, señala Pedro Gullón, epidemiólogo y médico especialista en medicina preventiva y salud publica, en declaraciones al Science Media Centre (SMC) de España.

La lectura positiva de los datos proviene de los descensos registrados en la contaminación atmosférica y acústica. Se estima que, en caso de haberse sostenido durante todo un año la reducción en las concentraciones de NO2 registradas durante el primer confinamiento, en la ciudad de Barcelona se habrían podido prevenir un 5 % de los infartos de miocardio, un 6 % de los ictus y un 11 % de los diagnósticos de depresión.

En Viena, los descensos estimados serían del 1 % para ictus e infartos de miocardio y del 2 % para los casos de depresión. En Estocolmo únicamente se observaría un efecto y sería positivo: la prevención del 1 % de los diagnósticos de depresión.

Igualmente, el impacto que las mejoras en los niveles de ruido habrían tenido a largo plazo en Barcelona se estima en la prevención de un 4 % de los infartos de miocardio anuales, un 7 % de los ictus y un 4 % de las depresiones diagnosticadas. En Viena se habría podido reducir un 1 % la incidencia de infartos de miocardio, ictus y depresiones. Y, por último, para Estocolmo se calcula una reducción del 2 % en los diagnósticos de infartos de miocardio y depresiones y del 4 % de ictus.

“Pese a las diferencias observadas en las tres ciudades, hay un patrón que se repite. Los beneficios de salud que derivarían de la mejora de la calidad del aire y del ruido no lograrían compensar los efectos profundamente negativos de la caída en los niveles de actividad física”, resume Sarah Koch, investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio.

Mark Nieuwenhuijsen, director del programa de Contaminación atmosférica y entorno urbano del ISGlobal indica que: “En términos de salud urbana, los confinamientos y desconfinamientos posteriores nos brindaron la posibilidad de generar pruebas muy valiosas y de entender cómo este tipo de estrategias de emergencia pueden tener impactos más amplios para la salud de la población”.

“Los resultados de nuestro estudio muestran los beneficios que se podrían obtener si se aplican políticas de planificación urbana que permitan reducir notablemente la contaminación del aire y el ruido y, al mismo tiempo, fomenten la actividad física y el contacto con espacios verdes”, subraya el experto.

Sin embargo, el estudio tiene ciertas limitaciones. “Los resultados son sólidos y de calidad, aunque las personas autoras del artículo reconocen algunas limitaciones importantes. Creo que las principales limitaciones tienen que ver con (1) el uso de datos de Google para medir la actividad física, que pueden no ser representativos de la población; (2) que los modelos que usan asumen que un confinamiento durante 12 meses hubiese sido igual que las 10 semanas que estuvo aplicado; (3) que no pueden tener datos sobre cómo esto puede afectar a desigualdades en salud ya existentes o incluso si las pueden estar exacerbando”, concluye Gullón.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología